HONDURAS: EL SILENCIO CÓMPLICE

En Honduras, en el 2009 – hace por tanto más de ocho años – se inauguró una estrategia novedosa del golpe de Estado que luego habría de tener amplio éxito en América Latina. Se trataba de la destitución de los presidentes elegidos por mayorías populares sobre la base de acusaciones sobre la irregularidad e ilicitud de sus actos de gobierno – o de actos de corrupción – aireados por la prensa y los medios de comunicación, apreciados como tal por los jueces, sancionados posteriormente por órganos institucionales del Estado, preferentemente al Parlamento. Este golpe blando cuyo primer caso fue la destitución del presidente Mel Zelaya en Honduras, habría de continuarse en años sucesivos con gobiernos progresistas, como sucedió con el proceso que condujo al golpe parlamentario en Paraguay que depuso al presidente Fernando Lugo en el 2012,  y siguió esos mismos derroteros de manera aún más intensa,  con el impeachment de Dilma Rouseff como presidenta de Brasil en el 2016.

En Honduras, este golpe de estado permitió una represión generalizada sobre las capas populares, amenazó al sindicalismo proclamando un virtual estado de sitio  (como recordó el blog hermano  Ciudad Nativa entonces en dos ocasiones, http://ciudadnativa.blogspot.com.es/2009/07/honduras-el-golpe-de-estado-amenaza.html  y http://ciudadnativa.blogspot.com.es/2009/09/represion-en-honduras-hay-que-acabar.html   ) y se desató sobre los colectivos indígenas, pero  también afectó selectivamente a los sectores de profesionales situados en lugares considerados “sensibles” para el gobierno usurpador, en concreto la judicatura. Un grupo de jueces y una magistrada de tribunal de apelaciones, miembros de la asociación Jueces para la Democracia,  fueron destituidos en un acto claramente contrario a la constitución y a los derechos básicos de la inamovilidad e independencia judicial, como declararía la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en una muy importante sentencia de 5 de octubre de 2015 (Caso López Lone y otros vs. Honduras) que ordenó la reposición de éstos en la carrera judicial, a lo que el gobierno de Honduras se ha negado pretextando excusas insuficientes que una nueva sentencia de la Corte de supervisión de cumplimiento de sentencia el 25 de mayo de 2017 desbarata con argumentos poderosos, declarando que el Estado no ha dado cumplimiento a la decisión principal del litigio, por lo que mantiene abierto “el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de la medida de reparación ordenada en el punto dispositivo décimo sexto de la Sentencia, relativa a la reincorporación de las víctimas Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza a cargos similares a los que desempeñaban al momento en que fueron destituidos como juez y magistrada”. Era evidente que el gobierno heredero del golpe no aceptaba que personas claramente alineadas con posiciones contrarias al mismo pudieran regresar a sus puestos en el poder judicial, y en este empecinamiento vulnera los compromisos internacionales a los que la república hondureña se haya vinculada.

En ese contexto, se han producido las elecciones del 27 de noviembre de 2017, en las que se ha producido la situación inédita de un recuento de los votos en el que el candidato de la Alianza de oposición, el ingeniero Salvador Nasralla iba en cabeza, con más de cinco puntos por delante del candidato a la reelección como presidente por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, hasta que se suspendió éste por un corte de luz para posteriormente proclamar la victoria del candidato oficialista por escaso margen. La oposición denunció la inflación irregular de los votos en medio de innumerables denuncias de manipulación de actas, y se produjo, sólo 48 horas después, una multitudinaria manifestación en Tegucigalpa y una concentración posterior durante la noche delante del Instituto de Formación Profesional donde se guardan las actas aún no escrutadas, concentración que fue duramente reprimida por la policía nacional con escenas de violencia que han sido reproducidas ampliamente por las redes sociales. Esta movilización cobró cuerpo además en forma de tomas de carreteras, manifestaciones y otras acciones de protesta durante el 30 de noviembre en más de 53 puntos del país. El gobierno decretó el estado de excepción para poder incrementar la represión policial y militar.

La represión de los ciudadanos, mientras protestan ante el hecho insólito de que todavía no se ha decidido la elección, que espera la revisión de las actas al comienzo sin la presencia de interventores de Alianza de Oposición, excluidos por el gobierno, y la mirada benevolente de la delegación de la OEA, ha sido rechazada por elementos muy significativos de la policía -   el “comando especial Cobra” http://www.hispantv.com/noticias/honduras/361586/policia-huelga-reprimir-manifestacion-crisis-electoral  - , que se han negado a obedecer las órdenes del gobierno para reprimir el descontento popular en pleno estado de sitio. La Confederación Sindical de las Américas (CSA) ha expresado su preocupación y su solidaridad con el pueblo hondureño, exigiendo el respeto a la voluntad popular sin fraude ni represión  (http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12203).

La situación por el momento es estacionaria, y se centra en el cotejo de las 5.174 actas impugnadas, comparando las firmas de las mismas con las que aparecen en los cuadernillos de la votación, junto con una serie de exigencias de transparencia que por el momento no han sido atendidas. El tercer candidato del partido liberal ha reconocido el triunfo de Nasralla, pero el gobierno no está dispuesto a permitir ese resultado.

Hay que estar por consiguiente atentos a la evolución y al resultado final de este proceso, pero ante todo hay que presionar desde Europa al gobierno hondureño para que cese en el oscuro manejo del escrutinio electoral y abandone cualquier tentativa de represión autoritaria. El silencio al respecto de nuestros medios de comunicación más influyentes junto con la inacción del gobierno implica un grado de connivencia con el fraude electoral que se está pretendiendo y evita condenar la represión policial y militar frente a la movilización ciudadana. Desde las fuerzas políticas españolas se comprueba ese mismo silencio en el Partido Popular y Ciudadanos, cada vez más alineado con una práctica autoritaria y excluyente del poder. Unidos Podemos, como CC.OO. y UGT en el campo sindical, han expresado su preocupación y han exigido un apoyo a la democracia en Honduras. El PSOE lamentablemente, ha guardado también silencio, lo que contrasta con su posición en el 2009 claramente enfrentada al golpe de estado en aquel país, y las críticas coherentes que efectuó de la actuación del PP que convalidaba de hecho el golpe mediante su presencia en las elecciones posteriores en las que no se permitió que se presentara la oposición.

Honduras es un país estratégico en Centro América, con una importantísima base militar norteamericana, y ha sido desde hace mucho tiempo un Estado en el que la oligarquía terrateniente y financiera impide con violencia cualquier cambio político de orientación democrática, que pretenda extender y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Defender hoy la Alianza de Oposición y el resultado electoral que ha conseguido, venciendo al candidato oficialista, es importante porque la lucha por la democracia en España y en Europa es inseparable de una posición política clara de afirmación de sus elementos centrales en todo el mundo. Las elecciones no se convocan para que ganen los partidos que están en el gobierno, por mucho que un resultado electoral sea insatisfactorio, es necesario integrarlo en la acción de discusión y de debate – también de transacción y de inclusión - que impone el espacio de la política como forma de organización de la sociedad y esta conclusión básica debe guiar la actuación de todos los que se dicen demócratas. 

Defender la democracia en Honduras es tan decisivo como hacerlo en cualquier país europeo en donde esté amenazada – como efectivamente sucede en algunos casos, como sabemos – y, desde luego en España. O en Catalunya, por no perder el enlace con el tema que asalta día tras día nuestras sobremesas y nuestras opiniones y nos hace olvidar que más allá de nuestras fronteras se requiere nuestra solidaridad activa y no un silencio cómplice con el fraude y el autoritarismo.