MITOS Y FALSEDADES SOBRE LAS PENSIONES. HABLA JOAQUIN APARICIO

El tema de las pensiones está produciendo, como no podía ser menos, una amplia serie de comentarios y reflexiones. Ayer se traía a este blog la opinión de Unai Sordo que planteaba u debate sobre retomar la iniciativa desde la izquierda – social y política -  en torno a un pacto de Estado sobre las pensiones que conectaran las cuantías de éstas con el IPC, eliminara el factor de sostenibilidad e introdujera otras medidas correctoras de la actual situación, aprovechando la presión derivada de las movilizaciones, como una fórmula que permitiera invertir, antes de las elecciones del 2019, la situación de parálisis política, obstaculizada por la actuación del gobierno. Ahora del blog “Desde mi cátedra”, de la red de bitácoras de Parapanda, traemos a ésta la reflexión que hace Joaquín Aparicio  desmontando el argumentario que han defendido el gobierno y su partido junto a Ciudadanos y por tanto explicando las razones profundas de la necesidad de un cambio legislativo que realmente conecte la regulación normativa con los principios presentes en el art. 50 de nuestra Constitución. Este es el texto que importamos:

LAS FALACIAS DE M. RAJOY Y CIUDADANOS SOBRE PENSIONES EMPIEZAN A QUEDAR AL DESCUBIERTO

Joaquin Aparicio Tovar

El gran apoyo que la ciudadanía ha dado a las convocatorias por unas pensiones dignas hechas por plataformas de pensionistas y sindicatos está empezando a romper el muro de falacias y obscuridad que sobre esta materia férreamente han construido los poderes financieros a través de sus órganos mediáticos, académicos y políticos.

Una primera falacia que queda al descubierto tiene que ver con los procedimientos legislativos. El PP y Ciudadanos están apelando al consenso en un asunto como este, que descubren ahora ser “de Estado” y que no debe utilizarse como arma arrojadiza en la contienda electoral. Pues bien, la ley 23/2013, que introdujo el índice de revalorización con abandono de la referencia al IPC y ha traído el aumento este año de las pensiones un 0,25 %, así como el factor de sostenibilidad que se aplicará el 1 de enero de 2019, fue aprobada en solitario por el PP siguiendo sus arraigados hábitos de despreciar cualquier forma de consenso cuando dispone de la mayoría parlamentaria suficiente. Lo hizo aún dejando en el estado moribundo en el que está el Pacto de Toledo. Pero, además, el consenso reclamado hoy es falso porque exigen el mantenimiento  de ese índice de revalorización y del factor de sostenibilidad.

La segunda falacia tiene que ver con el respeto a la Constitución. El PP y Ciudadanos son llamados “constitucionalistas” por los medios del establishment, pero solo usan la Constitución como cachiporra para ser utilizada en la “cuestión catalana”, no cuando se trata de derechos sociales. En concreto, pasan por alto que tanto el art. 41, como el 50 de la Constitución mandan a los poderes públicos garantizar pensiones periódicamente actualizadas y suficientes ante los estados de necesidad. Suficientes, no mínimas. Ese es un mandato constitucional que no queda al capricho del Gobierno de turno y, por ello, la afirmación de M. Rajoy de subir las pensiones cuando se pueda es contraria a él. No es “cuando se pueda” sino que se tiene que poder, y para eso cualquier Gobierno tiene a su disposición no pocos medios, lo que no tiene el Sr. Rajoy es voluntad política. Es más, al defender el mantenimiento del factor de sostenibilidad se está negando a sí mismo la posibilidad de subidas futuras de la pensión, pues ese factor es un mecanismo de ajuste automático (esa es su gran virtud para sus defensores) de la cuantía inicial de la pensión  en función de distintos índices, básicamente la expectativa de vida de la cohorte de los pensionistas que llegan a la edad pensionable calculada cada cinco años, y los ingresos y gastos del Sistema, que inevitablemente traerá una rebaja, como el mismo Gobierno reconocía en el Programa Nacional de Reformas de 2014 enviado a la Comisión Europea al afirmar que gracias al factor de sostenibilidad se producirá “una minoración del gasto de largo plazo del Sistema de pensiones, estimada en 0,5 % del PIB en el horizonte del 2050”, lo que implica que cada pensionista recibirá una pensión más baja y, de ese modo, se afirma en ese documento, se neutraliza el impacto del aumento de la esperanza de vida. Es decir, se penalizará vivir más.

La tercera falacia tiene que ver, otra vez, con la herencia recibida ya que se repite el mantra de que un exceso de gastos fue lo que nos llevó a la crisis. Hay que recordar que en 2007 la Seguridad Social tenía superávit que permitía engrosar el Fondo de Reserva,   el Estado español no tenía déficit, sino también superávit, que la deuda pública era  del 35,6 % del PIB, muy inferior a la alemana (hoy con las políticas del PP está casi en el 100 %), pero había una gran deuda privada. La crisis de 2008 no empezó en España y fue producida por los excesos del capital financiero desregulado sin que nadie le haya obligado a encarar sus responsabilidades. El problema estaba en que, entonces como ahora, el sistema fiscal español es injusto, el Estado recauda poco de acuerdo con los estándares europeos y lo hace, básicamente, a través de las rentas del trabajo y del consumo (IRPF e IVA). Es regresivo en contra de lo mandado, otra vez, por la Constitución. En ese contexto no puede olvidarse que en torno al 83 % de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social provienen de cuotas calculadas sobre los salarios de los trabajadores y, por tanto, cuando el desempleo aumenta y los salarios se devalúan, de modo inevitable se resienten sus ingresos mientras los gastos en prestaciones son ineludibles.

Esto lleva a la cuarta falacia, que tiene que ver con que solamente creando empleo se pueden subir las pensiones. Es claro que el pleno empleo, al que nuestra Constitución manda orientarse la política económica, es altamente deseable, no solo para la financiación del Sistema de la Seguridad, pero aquella afirmación esta implícitamente manteniendo que la financiación de las pensiones ha de hacerse a partir de cuotas calculadas sobre los salarios, cuando en parte alguna está establecido que necesariamente tenga que hacerse de ese modo. Esa es una trampa para meter las pensiones en la jaula de la contributividad, que consiste en distinguir entre prestaciones contributivas, que son aquellas de naturaleza dineraria que se proveen sin exigir a cambio prueba de la necesidad a la persona perceptora, y no contributivas o asistenciales, que en cambio si piden esa prueba, esto es, demostrar que no se tienen recursos personales para afrontar la situación de necesidad. Las contributivas exigen por lo general el cumplimiento previo de determinados requisitos. La jubilación, por ejemplo, exige un periodo de cotización mínimo de 15 años, cosa que no se pide para las asistenciales. La trampa viene cuando se mezcla aquella distinción con la financiación al ligar la financiación de las contributivas con las cotizaciones y la de las  las asistenciales con los impuestos generales. Pero como se acaba de decir, en parte alguna está dicho que las prestaciones contributivas, entre ellas las pensiones de jubilación, tengan que financiarse de ese modo, muy por el contrario, el art. 109 de la vigente Ley General de la Seguridad Social dice que las prestaciones contributivas se financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero deja abierta la puerta para que, si es necesario, se financien también con otros recursos, en especial con impuestos.

Lo anterior nos lleva a la sexta falacia: la de que la demografía obliga a reducir y recortar las pensiones. El razonamiento es más o menos este: Puesto que todos los  Sistemas de la Seguridad Social que merecen ese nombre ponen en práctica el esencial principio solidario a través del mecanismo financiero de reparto, es decir, los activos actuales sufragan las prestaciones de los pasivos actuales, y puesto que en el futuro (se dice 2050) habrá muchos pasivos por el alargamiento de la esperanza de vida y pocos activos por la bajada de las tasas de natalidad, a lo que hay que habría que añadir los efectos de la menor necesidad de trabajadores para producir bienes y servicios merced a la utilización de las nuevas tecnologías, la conclusión es clara: de nuevo hay que reducir las pensiones. Pero este razonamiento no es correcto porque, por una parte, las proyecciones demográficas a largo plazo no son exactas, por otra, y esto es muy importante y se mezcla con lo anterior, ese razonamiento pasa por alto que la financiación de las pensiones no solo se puede hacer con cuotas sobre salarios, sino que si con menos trabajadores se pueden producir más bienes y servicios no se ve bien porqué no se puede dedicar a las pensiones una parte del aumento del PIB que trae el progreso científico y la nueva organización de la producción. Claro es que eso exige medidas fiscales progresivas, es decir, los que más tienen deben pagar más. Debe recordarse que desde finales del siglo XX en todo el mundo, y muy acusadamente en España, se ha revertido la situación en el reparto de la riqueza total frente a la situación anterior en la que el trabajo superaba a las rentas del capital en el reparto de la renta nacional. Hoy el 54 % del PIB va a las rentas del capital y el 46 % a las del trabajo. Parece que la lucha de clases existe y por el momento la va ganando la oligarquía, como reconocía el financiero norteamericano Warrent Buffet.  Con un sistema tributario justo se puede garantizar la vida digna de los pensionistas. Pero eso, claro, no es del agrado de los patrones de Ciudadanos y del PP.

Las reformas de 2011 y, sobretodo, de 2013 traen una reducción de las pensiones para llevarlas hacia un mínimo que en algunos casos no será ni de subsistencia y, de ese modo, tratan de favorecer los fondos privados de pensiones en los que tiene puesto el ojo el capital financiero. En 1994 el Banco Mundial preconizaba construir los sistemas de protección social en base a tres pilares, uno publico, universal, obligatorio y de reparto, un segundo de capitalización con gestión privada, pero obligatorio y colectivo  ligado a la negociación colectiva y un terceo de capitalización, voluntario, individual y privado. Pero a la vista del fracaso y del drama que ese esquema trajo allí donde se aplicó (en muchos países de América Latina) el Banco Mundial hizo un poco de autocrítica y en 2004, si abjurar del todo del esquema de los tres pilares, preconizaba un reforzamiento del primero, del público y de reparto. La Comisión Europea, sin embargo, recomienda a los Estados esa vieja receta del Banco Mundial. Anima a fomentar los fondos de pensiones, a pesar de que reconoce su escasa rentabilidad y sus altos costes y pasa por alto que rompen el esquema solidario del Sistema de la Seguridad Social en una huida a la más vieja técnica de atención de las necesidades sociales: el ahorro. Ignora también que solo los más pudientes pueden ahorrar. ¿Qué va a ahorrar quien apenas puede llegar a fin de mes? Los fondos de pensiones ligados a la negociación colectiva, por otro lado, estarían dirigidos a una especie de “aristocracia obrera” de las grandes empresas. Disciplinadamente el Gobierno del PP, en el citado Programa Nacional de Reformas, reconocía paladinamente que tiene “voluntad de fomentar la previsión social voluntaria”. No es de extrañar que los medios dominantes de construcción de la opinión, cuya propiedad está en manos del capital financiero, amplifiquen esas falacias y manipulen la información, pero no parece que convenzan a los miles de personas que se ha echado a las calles estos días.

Margaret Thatcher y sus secuaces repetían de continuo el slogan “There Is Not Alternative” (TINA) a su política neoliberal y autoritaria, pero ahora se ve que en materia de pensiones y en otras muchas claramente “There Is Alternative”, hay alternativa. Volviendo a la primera falacia conviene recordar que el 5 de julio de 2017 el Grupo Parlamentario Unidos Podemos- en Marea, presentó una propuesta de ley que fue admitida por la mesa del Congreso y publicada en su Boletín de 8 de septiembre para revertir las reformas de 2011 y 2013 y modernizar el Sistema de la Seguridad Social. Esa proposición, entre otras cosas, prevé eliminar el factor de sostenibilidad y volver a la revalorización de acuerdo al IPC, pero fue vetada por el Gobierno en uso abusivo del art. 134.6 de la Constitución, demostrando su incapacidad o miedo a un debate abierto cuando no tiene mayoría absoluta. En esa proposición se articulaban mejoras de la financiación que ya mismo son posibles. Igual suerte han corrido otras proposiciones más recientes para eliminar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad hoy cuestionados. Este desprecio del Parlamento es preocupante. No es de extrañar que la gente se movilice en la calle.