El tema de las pensiones está produciendo, como no podía
ser menos, una amplia serie de comentarios y reflexiones. Ayer se traía a este
blog la opinión de Unai Sordo que
planteaba u debate sobre retomar la iniciativa desde la izquierda – social y
política - en torno a un pacto de Estado
sobre las pensiones que conectaran las cuantías de éstas con el IPC, eliminara
el factor de sostenibilidad e introdujera otras medidas correctoras de la
actual situación, aprovechando la presión derivada de las movilizaciones, como
una fórmula que permitiera invertir, antes de las elecciones del 2019, la
situación de parálisis política, obstaculizada por la actuación del gobierno.
Ahora del blog “Desde mi cátedra”, de la red de bitácoras de Parapanda, traemos
a ésta la reflexión que hace Joaquín
Aparicio desmontando el argumentario
que han defendido el gobierno y su partido junto a Ciudadanos y por tanto
explicando las razones profundas de la necesidad de un cambio legislativo que
realmente conecte la regulación normativa con los principios presentes en el
art. 50 de nuestra Constitución. Este es el texto que importamos:
LAS FALACIAS DE M. RAJOY
Y CIUDADANOS SOBRE PENSIONES EMPIEZAN A QUEDAR AL DESCUBIERTO
Joaquin Aparicio Tovar
El gran apoyo que la ciudadanía ha dado a las convocatorias por unas
pensiones dignas hechas por plataformas de pensionistas y sindicatos está
empezando a romper el muro de falacias y obscuridad que sobre esta materia
férreamente han construido los poderes financieros a través de sus órganos
mediáticos, académicos y políticos.
Una primera falacia que queda al descubierto tiene que ver con los
procedimientos legislativos. El PP y Ciudadanos están apelando al consenso en
un asunto como este, que descubren ahora ser “de Estado” y que no debe
utilizarse como arma arrojadiza en la contienda electoral. Pues bien, la ley
23/2013, que introdujo el índice de revalorización con abandono de la
referencia al IPC y ha traído el aumento este año de las pensiones un 0,25 %,
así como el factor de sostenibilidad que se aplicará el 1 de enero de 2019, fue
aprobada en solitario por el PP siguiendo sus arraigados hábitos de despreciar
cualquier forma de consenso cuando dispone de la mayoría parlamentaria
suficiente. Lo hizo aún dejando en el estado moribundo en el que está el Pacto
de Toledo. Pero, además, el consenso reclamado hoy es falso porque exigen el
mantenimiento de ese índice de
revalorización y del factor de sostenibilidad.
La segunda falacia tiene que ver con el respeto a la Constitución. El PP y
Ciudadanos son llamados “constitucionalistas” por los medios del establishment,
pero solo usan la Constitución como cachiporra para ser utilizada en la
“cuestión catalana”, no cuando se trata de derechos sociales. En concreto,
pasan por alto que tanto el art. 41, como el 50 de la Constitución mandan a los
poderes públicos garantizar pensiones periódicamente actualizadas y suficientes
ante los estados de necesidad. Suficientes, no mínimas. Ese es un mandato
constitucional que no queda al capricho del Gobierno de turno y, por ello, la
afirmación de M. Rajoy de subir las pensiones cuando se pueda es contraria a
él. No es “cuando se pueda” sino que se tiene que poder, y para eso cualquier
Gobierno tiene a su disposición no pocos medios, lo que no tiene el Sr. Rajoy
es voluntad política. Es más, al defender el mantenimiento del factor de
sostenibilidad se está negando a sí mismo la posibilidad de subidas futuras de
la pensión, pues ese factor es un mecanismo de ajuste automático (esa es su
gran virtud para sus defensores) de la cuantía inicial de la pensión en función de distintos índices, básicamente
la expectativa de vida de la cohorte de los pensionistas que llegan a la edad
pensionable calculada cada cinco años, y los ingresos y gastos del Sistema, que
inevitablemente traerá una rebaja, como el mismo Gobierno reconocía en el
Programa Nacional de Reformas de 2014 enviado a la Comisión Europea al afirmar
que gracias al factor de sostenibilidad se producirá “una minoración del gasto
de largo plazo del Sistema de pensiones, estimada en 0,5 % del PIB en el
horizonte del 2050”, lo que implica que cada pensionista recibirá una pensión
más baja y, de ese modo, se afirma en ese documento, se neutraliza el impacto
del aumento de la esperanza de vida. Es decir, se penalizará vivir más.
La tercera falacia tiene que ver, otra vez, con la herencia recibida ya que
se repite el mantra de que un exceso de gastos fue lo que nos llevó a la
crisis. Hay que recordar que en 2007 la Seguridad Social tenía superávit que
permitía engrosar el Fondo de Reserva,
el Estado español no tenía déficit, sino también superávit, que la deuda
pública era del 35,6 % del PIB, muy inferior
a la alemana (hoy con las políticas del PP está casi en el 100 %), pero había
una gran deuda privada. La crisis de 2008 no empezó en España y fue producida
por los excesos del capital financiero desregulado sin que nadie le haya
obligado a encarar sus responsabilidades. El problema estaba en que, entonces
como ahora, el sistema fiscal español es injusto, el Estado recauda poco de
acuerdo con los estándares europeos y lo hace, básicamente, a través de las
rentas del trabajo y del consumo (IRPF e IVA). Es regresivo en contra de lo
mandado, otra vez, por la Constitución. En ese contexto no puede olvidarse que
en torno al 83 % de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social provienen
de cuotas calculadas sobre los salarios de los trabajadores y, por tanto,
cuando el desempleo aumenta y los salarios se devalúan, de modo inevitable se
resienten sus ingresos mientras los gastos en prestaciones son ineludibles.
Esto lleva a la cuarta falacia, que tiene que ver con que solamente creando
empleo se pueden subir las pensiones. Es claro que el pleno empleo, al que
nuestra Constitución manda orientarse la política económica, es altamente
deseable, no solo para la financiación del Sistema de la Seguridad, pero
aquella afirmación esta implícitamente manteniendo que la financiación de las
pensiones ha de hacerse a partir de cuotas calculadas sobre los salarios,
cuando en parte alguna está establecido que necesariamente tenga que hacerse de
ese modo. Esa es una trampa para meter las pensiones en la jaula de la
contributividad, que consiste en distinguir entre prestaciones contributivas,
que son aquellas de naturaleza dineraria que se proveen sin exigir a cambio
prueba de la necesidad a la persona perceptora, y no contributivas o
asistenciales, que en cambio si piden esa prueba, esto es, demostrar que no se
tienen recursos personales para afrontar la situación de necesidad. Las
contributivas exigen por lo general el cumplimiento previo de determinados
requisitos. La jubilación, por ejemplo, exige un periodo de cotización mínimo
de 15 años, cosa que no se pide para las asistenciales. La trampa viene cuando
se mezcla aquella distinción con la financiación al ligar la financiación de
las contributivas con las cotizaciones y la de las las asistenciales con los impuestos
generales. Pero como se acaba de decir, en parte alguna está dicho que las
prestaciones contributivas, entre ellas las pensiones de jubilación, tengan que
financiarse de ese modo, muy por el contrario, el art. 109 de la vigente Ley
General de la Seguridad Social dice que las prestaciones contributivas se
financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero deja abierta la
puerta para que, si es necesario, se financien también con otros recursos, en
especial con impuestos.
Lo anterior nos lleva a la sexta falacia: la de que la demografía obliga a
reducir y recortar las pensiones. El razonamiento es más o menos este: Puesto
que todos los Sistemas de la Seguridad
Social que merecen ese nombre ponen en práctica el esencial principio solidario
a través del mecanismo financiero de reparto, es decir, los activos actuales
sufragan las prestaciones de los pasivos actuales, y puesto que en el futuro
(se dice 2050) habrá muchos pasivos por el alargamiento de la esperanza de vida
y pocos activos por la bajada de las tasas de natalidad, a lo que hay que
habría que añadir los efectos de la menor necesidad de trabajadores para
producir bienes y servicios merced a la utilización de las nuevas tecnologías,
la conclusión es clara: de nuevo hay que reducir las pensiones. Pero este
razonamiento no es correcto porque, por una parte, las proyecciones demográficas
a largo plazo no son exactas, por otra, y esto es muy importante y se mezcla
con lo anterior, ese razonamiento pasa por alto que la financiación de las
pensiones no solo se puede hacer con cuotas sobre salarios, sino que si con
menos trabajadores se pueden producir más bienes y servicios no se ve bien
porqué no se puede dedicar a las pensiones una parte del aumento del PIB que
trae el progreso científico y la nueva organización de la producción. Claro es
que eso exige medidas fiscales progresivas, es decir, los que más tienen deben
pagar más. Debe recordarse que desde finales del siglo XX en todo el mundo, y
muy acusadamente en España, se ha revertido la situación en el reparto de la
riqueza total frente a la situación anterior en la que el trabajo superaba a
las rentas del capital en el reparto de la renta nacional. Hoy el 54 % del PIB
va a las rentas del capital y el 46 % a las del trabajo. Parece que la lucha de
clases existe y por el momento la va ganando la oligarquía, como reconocía el
financiero norteamericano Warrent Buffet.
Con un sistema tributario justo se puede garantizar la vida digna de los
pensionistas. Pero eso, claro, no es del agrado de los patrones de Ciudadanos y
del PP.
Las reformas de 2011 y, sobretodo, de 2013 traen una reducción de las
pensiones para llevarlas hacia un mínimo que en algunos casos no será ni de
subsistencia y, de ese modo, tratan de favorecer los fondos privados de
pensiones en los que tiene puesto el ojo el capital financiero. En 1994 el
Banco Mundial preconizaba construir los sistemas de protección social en base a
tres pilares, uno publico, universal, obligatorio y de reparto, un segundo de
capitalización con gestión privada, pero obligatorio y colectivo ligado a la negociación colectiva y un terceo
de capitalización, voluntario, individual y privado. Pero a la vista del
fracaso y del drama que ese esquema trajo allí donde se aplicó (en muchos
países de América Latina) el Banco Mundial hizo un poco de autocrítica y en
2004, si abjurar del todo del esquema de los tres pilares, preconizaba un
reforzamiento del primero, del público y de reparto. La Comisión Europea, sin
embargo, recomienda a los Estados esa vieja receta del Banco Mundial. Anima a
fomentar los fondos de pensiones, a pesar de que reconoce su escasa
rentabilidad y sus altos costes y pasa por alto que rompen el esquema solidario
del Sistema de la Seguridad Social en una huida a la más vieja técnica de
atención de las necesidades sociales: el ahorro. Ignora también que solo los
más pudientes pueden ahorrar. ¿Qué va a ahorrar quien apenas puede llegar a fin
de mes? Los fondos de pensiones ligados a la negociación colectiva, por otro
lado, estarían dirigidos a una especie de “aristocracia obrera” de las grandes
empresas. Disciplinadamente el Gobierno del PP, en el citado Programa Nacional
de Reformas, reconocía paladinamente que tiene “voluntad de fomentar la
previsión social voluntaria”. No es de extrañar que los medios dominantes de
construcción de la opinión, cuya propiedad está en manos del capital
financiero, amplifiquen esas falacias y manipulen la información, pero no
parece que convenzan a los miles de personas que se ha echado a las calles
estos días.
Margaret Thatcher y sus secuaces repetían de continuo el slogan “There Is
Not Alternative” (TINA) a su política neoliberal y autoritaria, pero ahora se
ve que en materia de pensiones y en otras muchas claramente “There Is
Alternative”, hay alternativa. Volviendo a la primera falacia conviene recordar
que el 5 de julio de 2017 el Grupo Parlamentario Unidos Podemos- en Marea,
presentó una propuesta de ley que fue admitida por la mesa del Congreso y
publicada en su Boletín de 8 de septiembre para revertir las reformas de 2011 y
2013 y modernizar el Sistema de la Seguridad Social. Esa proposición, entre
otras cosas, prevé eliminar el factor de sostenibilidad y volver a la
revalorización de acuerdo al IPC, pero fue vetada por el Gobierno en uso
abusivo del art. 134.6 de la Constitución, demostrando su incapacidad o miedo a
un debate abierto cuando no tiene mayoría absoluta. En esa proposición se
articulaban mejoras de la financiación que ya mismo son posibles. Igual suerte
han corrido otras proposiciones más recientes para eliminar el índice de
revalorización y el factor de sostenibilidad hoy cuestionados. Este desprecio
del Parlamento es preocupante. No es de extrañar que la gente se movilice en la
calle.
2 comentarios:
Análisis perfecto.
Interesante artículo de Joaquin Aparicio sobre pensiones, creo que leerlo es obligatorio para todos los sindicalistas, por su clarividencia y su objetividad, no solo leerlo, si no también, copiar y pegar en cada uno de nuestros muros, para que llegue a cientos de miles de trabajadores comprometidos en la reivindicación por las pensiones públicas.
Venancio Cuenca López
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