LAS MANIFESTACIONES POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES Y SUS MOTIVACIONES

El 17 de marzo ha visto de nuevo una importante movilización popular, esta vez convocada en torno al tema de las pensiones. Por la mañana, centenares de miles de manifestantes han desfilado en todas las capitales y pueblos importantes del país, reiterando su protesta como lo hicieron ya en las concentraciones del 22 de febrero. Pese a la lluvia y el frío, las noticas de prensa daban 30.000 personas en Barcelona en una convocatoria de la Marea Pensionista de Catalunya con el apoyo de UGT y CCOO, y en Madrid, miles de personas bajo la nieve y la lluvia han marchado desde la Puerta del Sol a la plaza Drumen convocados por la Mesa para el Blindaje de las Pensiones, también con el apoyo de CCOO y UGT, donde se ha leído un manifiesto por Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y Maria Botto como representantes del mundo artístico. En Castilla La Mancha se han juntado, en las cinco capitales, más de 25.000 personas, y las manifestaciones han sido también muy potentes tanto en Sevilla y en Valencia como en Valladolid y Zaragoza, entre otros lugares. En Euskadi, como es habitual, la concentración de Vitoria  ha sido muy numerosa, perola de por la tarde en Bilbao, ha reunido a ciento cincuenta mil asistentes. Y aun al redactar esta nota quedan por computar nuevas cifras de participantes en la manifestación de Madrid  de la Coordinadora por las pensiones públicas por la tarde, que aunaba al tema  de las pensiones el rechazo ante la Ley de Seguridad ciudadana – la ley mordaza – y el derecho a la libertad de expresión y de algunos otros lugares.

Lo que está en marcha por tanto es un proceso de movilización muy extensa que se ha ido preparando con tiempo – se deben recordar las marchas por las pensiones de octubre de 2017 y la Iniciativa Legislativa Popular, rechazada por el Congreso– y que pone en cuestión directamente las políticas sociales del gobierno del PP con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, que condena a una buena parte de la población retirada del trabajo a unas pensiones insuficientes y a un empobrecimiento relativo de la renta percibida. Junto a ello, las reformas en el sistema de pensiones han sido inducidas directamente por las políticas de austeridad en los países del sur de Europa, con reformas muy restrictivas en Grecia y Portugal, así como en Italia y en España. Entre nosotros, la reforma se hizo en dos tiempos. En una primera fase, en enero del 2011, se llegó a un acuerdo con los sindicatos que generó un intenso debate en el interior de los mismos, y que obedecía a un intento de contener una regulación más restrictiva de derechos y de resistir por tanto hasta encontrar un momento posterior de recuperación de los mismos (una valoración del mismo en este mismo blog, El acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones)

El acuerdo sin embargo erosionó en una buena parte la legitimidad sindical en la lucha contra las políticas de austeridad y fue utilizado en el 15-M como uno de los ejemplos de la carencia de representatividad sindical, comparándola con la de los partidos políticos. La llegada al poder del PP en noviembre del 2011, precedida de la reforma de la Constitución con la introducción de la regla de gasto del art 135 CE, y el impulso de una nueva reforma laboral, revalorizó la estrategia sindical del conflicto frente al cesarismo político-financiero del gobierno de Rajoy, que negaba cualquier posibilidad de concertación o diálogo sobre las reformas planteadas, ante todo las relativas al control del gasto público, congelación de salarios y de empleo, y una intensa reforma laboral. Pero en el 2013 el gobierno popular puso en marcha una segunda fase de reformas que rompían una buena parte de los compromisos logrados en el 2011, y que fundamentalmente se concentraba en la introducción del factor de sostenibilidad del sistema a partir del 2019, frente a la previsión inicial de que entrara en vigor a partir del 2027. Esta segunda fase es la que ha sido combatida de forma más directa, y es actualmente uno de los elementos centrales de la protesta de los pensionistas.

En efecto, el movimiento que agrupa a los pensionistas en las sucesivas mesas, mareas, plataformas o coordinadoras, concentra sus reivindicaciones en el rechazo a un aumento irrisorio de las pensiones de un 0,25% anual , a la vez que exige la revalorización de las mismas conforme al Indice de Precios al Consumo (IPC), de manera que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. En las pensiones se aprecia asimismo una brecha de género muy pronunciada, ante las divergencias en el cómputo de las contribuciones de los trabajos de cuidados de las mujeres, la retirada temporal del trabajo, la incidencia mayoritaria en ese colectivo del trabajo a tiempo parcial y del trabajo precario. Esta situación debe compensarse de forma inmediata, con medidas más incisivas que las que se aprobaron en el Acuerdo del 2011.

El problema de la financiación es otro de los elementos centrales del conflicto. Se reivindican pensiones públicas y suficientes, por lo que se exige un impulso fuerte a la financiación pública, via presupuestos generales del Estado a través de los impuestos, y la realización de reformas en el sistema contributivo, en especial destopar las cotizaciones y suprimir las bonificaciones a la seguridad social de modalidades contractuales que realmente no tienen luego la continuidad en el empleo que se supone. Asimismo se quiere mantener una cierta relación entre el último salario y la pensión recibida que sea relativamente razonable, en torno al 75 u 80%, frente a las previsiones actuales de un 50% a partir de la puesta en práctica de las medidas de reforma. Por último, se rechaza la idea de un sistema de pensiones progresivamente reducido a una serie de prestaciones prácticamente asistenciales o mínimas.

Junto a ello, se pide la derogación de la reforma del sistema de pensiones efectuada en el 2013 por el PP en solitario, y en concreto la introducción del factor de sostenibilidad del sistema que entrará en vigor en enero del 2019. Ello significa que los parámetros fundamentales del sistema se revisan al fijar la cuantía inicial de la pensión por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúa la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en el periodo de 2019 a 2023. Su aplicación a partir del 2019 está produciendo un “efecto llamada” hacia la jubilación antes de que se inicie su aplicación, incrementando el gasto en pensiones y desincentivando la prolongación de la vida laboral. Es razonable esta reacción, puesto que la puesta en práctica del factor de sostenibilidad a partir del año que viene y su revisión cada cinco años supondrán una reducción del 5% de la cuantía global de las pensiones cada diez años, hasta llegar a una reducción del 20 por ciento en el 2050. Se trata de un “instrumento automático”, como señala la Ley 23/2013, es decir irreversible, regresivo y no revisable ni recuperable una vez fijado, aunque tras la jubilación no se cumplan los parámetros previstos. La idea de la ley es muy clara: son los pensionistas quienes deben asumir los riesgos de su propio envejecimiento, de manera que ser más viejo supondrá, necesariamente, una minoración de las prestaciones, una reducción de la calidad de la pensión que va a recibir. Es evidente que se trata de un “instrumento” que debe ser eliminado.

Un elemento polémico en el movimiento actual es el papel del Pacto de Toledo y la función de consenso entre las fuerzas políticas sobre los rasgos uniformadores del sistema. Para unos, sigue siendo válida la idea de un “pacto de Estado suscrito por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario” que afirmen un sistema público de pensiones suficientes y dignas”, en el que se de entrada a los colectivos de pensionistas como participantes del mismo. Para otros sectores, sin embargo, el Pacto de Toledo no cumple las expectativas requeridas por los colectivos de pensionistas, está fuertemente cuestionado por su alineación bipartidista en torno a los recortes de prestaciones sobre la base de la “sostenibilidad” del sistema y por tanto se debe sustituir por reivindicaciones directas de realización inmediata, como una pensión mínima de 1.080 €, y la recuperación de lo perdido desde el 2011.

Más allá de la divergencia en el conjunto de reivindicaciones, otro tema de debate que resulta muy interesante es el de la edad pensionable. El acuerdo del 2011 fijó la edad ordinaria de jubilación en 67 años tras un largo proceso transitorio que culmina en el 2027, al tiempo que mantiene la de 65 años para aquellos que hayan cotizado 38 años y seis meses. Es una decisión que busca la “sostenibilidad financiera” del sistema pero carece de razones demográficas convincentes y produce efectos negativos especialmente al exigirse sin tener en cuenta la calidad del empleo, dificulta la regulación de las edades de la jubilación anticipada, penaliza a quienes se jubilen viniendo de la situación de no activo y retarda el derecho a la pensión pública dos años más. Es por tanto posible reabrir un debate sobre la edad de jubilación, junto con la flexibilidad que el sistema puede tener al respecto jugando también con categorías conexas como la jubilación anticipada o la jubilación parcial. Al margen de lo que políticamente se discuta, es evidente que la movilización que está en marcha va a imponer una reflexión de los juristas del trabajo sobre la posible regulación del sistema de pensiones. Ya hay algunas referencias importantes, como la proposición de ley sobre la reforma de las pensiones y otras medidas del orden social, presentado por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea – al que nos hemos referido en este blog Un proyecto de reforma del sistema de las pensiones - , y que el gobierno ha vetado en aplicación del art. 134.6 CE por entender que conllevaba “aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”. Pero el editorial de la próxima Revista de Derecho Social correspondiente al primer trimestre del 2018, se ocupará de este tema, y a él dedicará también su sección de Debate. Esperamos que los lectores del blog y los suscriptores de la revista no se lo pierdan.

Las movilizaciones del 17 de marzo deberán sin duda volver a proponerse en fechas cercanas, en coordinación con otras reivindicaciones sociales que se irán acumulando hasta el verano. El problema de la redistribución del excedente económico que se está produciendo con la recuperación desigual que estamos padeciendo. No es necesario insistir en el papel que el sindicalismo confederal está asumiendo en estos procesos. Como ha afirmado Unai Sordo, el secretario general de CCOO, “es perfectamente posible que hoy, ya, se pueden tomar medidas para mejorar los ingresos del sistema y revalorizar las pensiones para que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo”. Además de la conexión virtuosa que se está dando entre el sindicalismo y los movimientos sociales, y con independencia de los desencuentros parciales que se han producido, lo que es evidente es que estos conflictos tienen que ocupar asimismo la esfera de la acción política, hasta ahora paralizada e inmunizada frente a las exigencias de cambio social y de recuperación de derechos.

Esto requiere la formación sólida de un bloque político de cambio que asuma el eje de los derechos sociales de manera unitaria, y rompa por tanto desde el mismo una situación de frustración y de parálisis del poder público, centrado únicamente en preservar las posiciones de privilegio social y consolidar las cada vez más extensas zonas de desigualdad material y formal que ha ido ampliando con sus decisiones a partir del inicio de la crisis. Revertir esta situación es hoy en día ineludible, y el terreno de las pensiones es uno de los elementos que ayudan a componer un marco regulativo que tendrá que irse afirmando en el futuro inmediato, modificando las líneas generales impuestas a partir de las políticas de austeridad y sustituyéndolas por nuevas reglas que restablezcan los derechos perdidos y que construyan alternativas mejores y más eficaces para el disfrute del derecho al trabajo y las condiciones materiales de una ciudadanía social fuertemente debilitada.