viernes, 2 de noviembre de 2018

UN DIA CUALQUIERA. (EXPERIMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN)



No es una referencia a la película chilena que acumula cinco historias de amor sobre el eje de la casualidad y los encuentros inesperados. Es simplemente un ejercicio de composición que se basa en el acopio relativamente arbitrario de las noticias que se han asomado a la prensa digital el día de hoy – día de difuntos, por cierto – y que componen un marco de sentido para la ciudadanía que basa en la información su juicio político. Ya dirán las lectoras y lectores de este blog si el experimento les resulta entretenido y ante todo provechoso.

Ante todo Catalunya y las peticiones de Fiscalía y Abogacía del Estado. Quim Torra y Roger Torrent responden a la Fiscalía: "Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice" y Ada Colau reclama a la Fiscalía que reconsidere las acusaciones contra los líderes independentistas. Pero entre tanto Casado denuncia la "complicidad" del Gobierno con "los delitos de los independentistas". En un debate en el Congreso la semana pasada, Sánchez aprovechó para recordar al PP que en la época de Federico Trillo defendió que la rebelión debía estar vinculada a golpes militares. Algunas formaciones entendieron entonces que era un "gesto" del presidente hacia las fuerzas independentistas, a las que necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019.  La Abogacía del Estado ha dejado fuera la acusación de rebelión en su escrito de calificación para el juicio del procés y esa rebaja en las penas no responde a un "gesto" para las fuerzas independentistas. "Esto no es una cuestión de gestos es una cuestión técnico-jurídica. No se trata de gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía del Estado basándose en parámetros técnico-jurídicos", ha enfatizado la Ministra de Justicia, que a su vez ha vuelto a evitar pronunciarse sobre un hipotético indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés frente al intento de Ciudadanos y PP, que plantean que se prohíba esa figura de perdón gubernamental para los delitos de rebelión y sedición. Lo que la ciudadanía puede pensar por tanto es que la cuestión catalana está lejos de pacificarse con estas calificaciones penales, que a su vez ponen en riesgo la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de Sánchez. Tenemos (seguimos teniendo) un problema.

El marido de Cospedal encargó a Villarejo investigar a Javier Arenas. Pero Cospedal justifica su encargo a Villarejo: "Yo solo cumplía con mi obligación". Como era predecible Casado marca distancias con Cospedal. Pero no pasa nada más. Nada se altera ante la revelación de estas conversaciones que revelan el entorpecimiento de la justicia en el caso de la financiación ilegal del Partido Popular. Una molestia innecesaria, diría el Partido Popular que refuerza su testosterona españolista mientras se desentiende de este asunto como algo residual. Nadie del aparato de la justicia entiende necesario interesarse por estas conversaciones reveladas.

Una broma simpática e inocente en El intermedio de Dani Mateo parodiando la solemne lectura de la Constitución con la lectura de un prospecto medicinal contra el resfriado casi le cuesta el puesto. La cadena retira el video y pide excusas, Dani Mateo abandona Twitter "un rato" a raíz de la polémica por el sketch de la bandera, una clínica rompe su contrato con el presentador y la Guardia Civil ha instado a respetar la bandera de España porque aseguran que "no hacerlo no es humor" desde su cuenta oficial de Twitter. Teniendo en cuenta los antecedentes judiciales con los que se cuenta en el tiempo reciente sobre la libertad de expresión en nuestro país, la ciudadanía informada pronostica que la represión de estas manifestaciones humorísticas se incrementará en un país cada vez menos pluralista que se constituye en torno a la exclusión de la crítica a las instituciones que marcan un principio de autoridad incontestable, como la Monarquía, la unidad de España, la bandera. Y este futuro posible no deja de producir un escalofrío inquietante, porque anuncia un clima terrorífico en un Halloween cotidiano en este país.

Son noticias que siempre traen a la memoria la presencia indudable del franquismo en nuestra realidad cotidiana actual. El Gobierno confía en modificar la ley de memoria histórica para evitar que Franco sea enterrado en la Almudena y el Arzobispado de Madrid se desmarca del recurso de los benedictinos contra la exhumación de Franco, lo que son noticias tranquilizadoras. El lento camino del conocimiento de los crímenes del franquismo, que desmiente esa imagen que la derecha da de un patriarca autoritario y equivocado que sin embargo garantizó años de paz y de tranquilidad a España, sigue adelante. Investigaciones históricas demuestran que la finca de Queipo de Llano usó esclavos del franquismo, y la declaración del Parlamento europeo instando a la legalización de las organizaciones que ensalcen la memoria de los dictadores fascistas es muy estimulante. Aunque haya opiniones relevantes que entiendan que es más preocupante la emergencia de la extrema derecha actual en Brasil que la polémica sobre la exhumación de Franco, para España ese tema seguirá siendo clave en la determinación del contenido realmente democrático de nuestra cultura política.

Como suele ser costumbre, las noticias que se refieren a la realidad laboral quedan en segundo o tercer término. Salvo que se asomen declaraciones solemnes como la del Presidente del Banco de España, que se posicionan contra la mejora salarial de las rentas más bajas como un elemento económicamente negativo para la producción de riqueza en el país, presentado bajo el prisma de una retracción en el empleo. No importa al Banco de España que la temporalidad y los bajos salarios sean hoy un panorama extendido y común en el tejido productivo español, y que por tanto la subida del salario mínimo tiene una función reequilibradora y compensadora de esta desigualdad social y salarial, que además produce un estímulo al consumo. El Banco de España está solo obsesionado por mantener las altas retribuciones de los directivos financieros y alentar la descapitalización de los bancos a través de suculentos dividendos a los accionistas. Pero estas declaraciones son carnaza para excitar a los medios de comunicación para los cuales cualquier mejora de las posiciones de los y las trabajadoras es un peligro para sus privilegios de clase.

Los trabajadores no están de moda ni son objeto de scoops ni de primicias informativas. Las huelgas que están realizándose y los convenios colectivos en negociación conflictiva no son objeto de atención. A veces son mencionados como héroes anónimos e individuales, siempre sin relación con el hecho organizativo colectivo y mucho menos el sindical, que si se menciona es siempre como una referencia a la ineficiencia o a la ausencia de ese sujeto representativo. Ese primer plano – siempre como actores secundarios, sin embargo – está reservado a los trabajadores autónomos. Unas veces dando relevancia a los llamados falsos autónomos, pero más recientemente sobre el régimen de cotización de los trabajadores autónomos. Como ha señalado Mari Cruz Vicente en un artículo publicado hoy en Eldiario.es, es un debate que se plantea a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos que recogía en su punto 5.1 el compromiso de "reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja", que se ha traducido en un debate sobre subida de las cotizaciones que la derecha mediática y política ha esgrimido como prueba de la maldad intrínseca del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos, y que ha situado a estas fuerzas en la posición defensiva de afirmar que no se subirán las cotizaciones a nadie.

Sin embargo, los verdaderos elementos de juicio sobre este problema no salen a la superficie en un debate tan superficial (y perdonen la redundancia). Los temas reales los plantea muy bien la secretaria de acción sindical de CCOO en el artículo citado: “Claro que hay que vincular las cotizaciones en el régimen de autónomos a sus ingresos reales. Es la única manera de mejorar su protección social. Y eso implicará mayores cotizaciones en muchos casos. Hay que hacer obligatoria la prestación por "cese de actividad" (el paro de los autónomos que hoy es de cotización voluntaria), para que realmente sea útil (hoy es marginal). Y hay que evitar que a través de la utilización perversa de la figura del trabajo autónomo se introduzca un verdadero "caballo de Troya" laboral, como en parte ya está ocurriendo y más ocurrirá si se abren las brechas de coste entre el trabajo por cuenta ajena (con un SMI que subiera a 900 euros)  y el coste del trabajo autónomo si se mantiene la posibilidad de elección de base de cotización a voluntad del cotizante”. El 87’5 % de los cotizantes del RETA lo hacen por la base mínima de cotización una base de cotización que resulta un 58% de media inferior a la del Régimen General, lo que se traduce en la reducción de la pensión y una evidente reducción de los ingresos del sistema. Por no hablar de la “desazón” ideológica que produce esa apología de la infracotización como un elemento que combate la corresponsabilidad tributaria de aquellos que más perciben sobre los que menos son remunerados. Y eso sin mencionar la utilización abusiva de la figura del autónomo, “la utilización perversa de la figura del trabajo autónomo a través de falsas cooperativas de trabajo asociado. Empresas de sectores avícolas o cárnicos las utilizan instrumentalmente para externalizar riesgos, rebajando costes que influyen en bajos salarios y escasas cotizaciones. No de forma marginal. Hablamos de sectores con 90.000 puestos de trabajo de los que 15 mil corresponden a supuestos cooperativistas. Nuestra actuación ha regularizado una parte de esta situación, además de derivar sanciones de más de 200 millones de euros”. Argumentos poderosos que ayudan a entender la necesidad de armar un debate serio político y social sobre algo que no puede despacharse sobre la base de afirmaciones tan tajantes como simples y erróneas.

Recorre al final una duda a quienes leen (leemos) las noticias de un día cualquiera. ¿A quién interesará que el Director General de la Agencia Tributaria, sobre los datos provenientes de un acuerdo de información entre los 100 paises de la OCDE, haya informado públicamente que  son 457.000 millones de euros – el 40% del PIB nacional – lo que tienen una amplia lista de personas en el extranjero? Revela una práctica continuada y constante de evasión de impuestos, pero no parece preocupar mucho a la opinión pública o al menos a sus influencers más conspicuos.

Sin embargo como a Rosa Montero, también a muchos nos preocupa Brasil, donde parece que el recién elegido Presidente cuenta ya con el juez Moro, quien llevó a cabo la persecución penal contra el expresidente Lula da Silva, como ministro de justicia e interior, mandando un mensaje que cuestiona muy directamente su imparcialidad en el proceso y la clara orientación política e ideológica de sus intervenciones en el mismo, pero también nos inquieta esa caravana de inmigrantes que provjene de Honduras y atraviesa ahora México camino a Estados Unidos, una caravana del dolor que previsiblemente será reprimida con fuerza por la potencia autoritaria y despótica del gran señor del Norte, que ya ha anunciado que disparará sobre la multitud indefensa. Una geopolítica de la desposesión que recorre todo el mundo.

El resumen de este recorrido por la información disponible este día de difuntos conduce a una conclusión ya presentida. Uno busca las noticias que le dicen algo y le permiten pensar de diversa manera la realidad, utilizar esa información para proyectar respuestas y abrir debates que cuestionen la situación política y social en las que estamos. Un conjunto de datos y de argumentos que sirvan para que intentemos cambiar el curso de las cosas. Como cualquier día, como todos los días.



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