No es una referencia a la película chilena que acumula
cinco historias de amor sobre el eje de la casualidad y los encuentros
inesperados. Es simplemente un ejercicio de composición que se basa en el
acopio relativamente arbitrario de las noticias que se han asomado a la prensa digital
el día de hoy – día de difuntos, por cierto – y que componen un marco de sentido
para la ciudadanía que basa en la información su juicio político. Ya dirán las
lectoras y lectores de este blog si el experimento les resulta entretenido y
ante todo provechoso.
Ante todo Catalunya y las peticiones de Fiscalía y Abogacía del Estado. Quim
Torra y Roger Torrent responden a la Fiscalía: "Sánchez ha decidido no
actuar, que es lo mismo que ser cómplice" y Ada Colau reclama a la
Fiscalía que reconsidere las acusaciones contra los líderes independentistas. Pero
entre tanto Casado denuncia la "complicidad" del Gobierno con
"los delitos de los independentistas". En un debate en el Congreso la
semana pasada, Sánchez aprovechó para recordar al PP que en la época de
Federico Trillo defendió que la rebelión debía estar vinculada a golpes
militares. Algunas formaciones entendieron entonces que era un
"gesto" del presidente hacia las fuerzas independentistas, a las que
necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019. La Abogacía del Estado ha dejado fuera la
acusación de rebelión en su escrito de calificación para el juicio del procés y esa rebaja en las penas no
responde a un "gesto" para las fuerzas independentistas. "Esto
no es una cuestión de gestos es una cuestión técnico-jurídica. No se trata de
gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía del Estado
basándose en parámetros técnico-jurídicos", ha enfatizado la Ministra de
Justicia, que a su vez ha vuelto a evitar pronunciarse sobre un hipotético
indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés frente al intento de Ciudadanos y PP, que plantean que se
prohíba esa figura de perdón gubernamental para los delitos de rebelión y
sedición. Lo que la ciudadanía puede pensar por tanto es que la cuestión
catalana está lejos de pacificarse con estas calificaciones penales, que a su
vez ponen en riesgo la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de
Sánchez. Tenemos (seguimos teniendo) un problema.
El marido de Cospedal encargó a Villarejo investigar a Javier Arenas. Pero Cospedal
justifica su encargo a Villarejo: "Yo solo cumplía con mi obligación".
Como era predecible Casado marca distancias con Cospedal. Pero no pasa nada
más. Nada se altera ante la revelación de estas conversaciones que revelan el entorpecimiento
de la justicia en el caso de la financiación ilegal del Partido Popular. Una
molestia innecesaria, diría el Partido Popular que refuerza su testosterona españolista
mientras se desentiende de este asunto como algo residual. Nadie del aparato de
la justicia entiende necesario interesarse por estas conversaciones reveladas.
Una broma simpática e inocente en El
intermedio de Dani Mateo parodiando la solemne lectura de la Constitución
con la lectura de un prospecto medicinal contra el resfriado casi le cuesta el
puesto. La cadena retira el video y pide excusas, Dani Mateo abandona Twitter
"un rato" a raíz de la polémica por el sketch de la bandera, una
clínica rompe su contrato con el presentador y la Guardia Civil ha instado a
respetar la bandera de España porque aseguran que "no hacerlo no es
humor" desde su cuenta oficial de Twitter. Teniendo en cuenta los
antecedentes judiciales con los que se cuenta en el tiempo reciente sobre la
libertad de expresión en nuestro país, la ciudadanía informada pronostica que
la represión de estas manifestaciones humorísticas se incrementará en un país cada
vez menos pluralista que se constituye en torno a la exclusión de la crítica a
las instituciones que marcan un principio de autoridad incontestable, como la
Monarquía, la unidad de España, la bandera. Y este futuro posible no deja de
producir un escalofrío inquietante, porque anuncia un clima terrorífico en un
Halloween cotidiano en este país.
Son noticias que siempre traen a la memoria la presencia indudable del
franquismo en nuestra realidad cotidiana actual. El Gobierno confía en
modificar la ley de memoria histórica para evitar que Franco sea enterrado en
la Almudena y el Arzobispado de Madrid se desmarca del recurso de los
benedictinos contra la exhumación de Franco, lo que son noticias
tranquilizadoras. El lento camino del conocimiento de los crímenes del
franquismo, que desmiente esa imagen que la derecha da de un patriarca
autoritario y equivocado que sin embargo garantizó años de paz y de tranquilidad
a España, sigue adelante. Investigaciones históricas demuestran que la finca de
Queipo de Llano usó esclavos del franquismo, y la declaración del Parlamento
europeo instando a la legalización de las organizaciones que ensalcen la
memoria de los dictadores fascistas es muy estimulante. Aunque haya opiniones relevantes
que entiendan que es más preocupante la emergencia de la extrema derecha actual
en Brasil que la polémica sobre la exhumación de Franco, para España ese tema
seguirá siendo clave en la determinación del contenido realmente democrático de
nuestra cultura política.
Como suele ser costumbre, las noticias que se refieren a la realidad
laboral quedan en segundo o tercer término. Salvo que se asomen declaraciones solemnes
como la del Presidente del Banco de España, que se posicionan contra la mejora
salarial de las rentas más bajas como un elemento económicamente negativo para
la producción de riqueza en el país, presentado bajo el prisma de una retracción
en el empleo. No importa al Banco de España que la temporalidad y los bajos
salarios sean hoy un panorama extendido y común en el tejido productivo
español, y que por tanto la subida del salario mínimo tiene una función
reequilibradora y compensadora de esta desigualdad social y salarial, que
además produce un estímulo al consumo. El Banco de España está solo obsesionado
por mantener las altas retribuciones de los directivos financieros y alentar la
descapitalización de los bancos a través de suculentos dividendos a los
accionistas. Pero estas declaraciones son carnaza para excitar a los medios de
comunicación para los cuales cualquier mejora de las posiciones de los y las
trabajadoras es un peligro para sus privilegios de clase.
Los trabajadores no están de moda ni son objeto de scoops ni de primicias informativas. Las huelgas que están
realizándose y los convenios colectivos en negociación conflictiva no son
objeto de atención. A veces son mencionados como héroes anónimos e
individuales, siempre sin relación con el hecho organizativo colectivo y mucho
menos el sindical, que si se menciona es siempre como una referencia a la
ineficiencia o a la ausencia de ese sujeto representativo. Ese primer plano – siempre
como actores secundarios, sin embargo – está reservado a los trabajadores
autónomos. Unas veces dando relevancia a los llamados falsos autónomos, pero
más recientemente sobre el régimen de cotización de los trabajadores autónomos.
Como ha señalado Mari Cruz Vicente en
un artículo publicado hoy en Eldiario.es, es un debate que se plantea a raíz
del acuerdo entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos que recogía en su
punto 5.1 el compromiso de "reformar, dentro de 2019, el sistema de
cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales,
de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización
más baja", que se ha traducido en un debate sobre subida de las cotizaciones
que la derecha mediática y política ha esgrimido como prueba de la maldad
intrínseca del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el grupo parlamentario de
Unidos Podemos, y que ha situado a estas fuerzas en la posición defensiva de
afirmar que no se subirán las cotizaciones a nadie.
Sin embargo, los verdaderos elementos de juicio sobre este problema no
salen a la superficie en un debate tan superficial (y perdonen la redundancia).
Los temas reales los plantea muy bien la secretaria de acción sindical de CCOO
en el artículo citado: “Claro que hay que vincular las cotizaciones en el
régimen de autónomos a sus ingresos reales. Es la única manera de mejorar su
protección social. Y eso implicará mayores cotizaciones en muchos casos. Hay
que hacer obligatoria la prestación por "cese de actividad" (el paro
de los autónomos que hoy es de cotización voluntaria), para que realmente sea
útil (hoy es marginal). Y hay que evitar que a través de la utilización
perversa de la figura del trabajo autónomo se introduzca un verdadero
"caballo de Troya" laboral, como en parte ya está ocurriendo y más
ocurrirá si se abren las brechas de coste entre el trabajo por cuenta ajena
(con un SMI que subiera a 900 euros) y
el coste del trabajo autónomo si se mantiene la posibilidad de elección de base
de cotización a voluntad del cotizante”. El 87’5 % de los cotizantes del RETA
lo hacen por la base mínima de cotización una base de cotización que resulta un
58% de media inferior a la del Régimen General, lo que se traduce en la
reducción de la pensión y una evidente reducción de los ingresos del sistema.
Por no hablar de la “desazón” ideológica que produce esa apología de la
infracotización como un elemento que combate la corresponsabilidad tributaria
de aquellos que más perciben sobre los que menos son remunerados. Y eso sin
mencionar la utilización abusiva de la figura del autónomo, “la utilización
perversa de la figura del trabajo autónomo a través de falsas cooperativas de
trabajo asociado. Empresas de sectores avícolas o cárnicos las utilizan
instrumentalmente para externalizar riesgos, rebajando costes que influyen en
bajos salarios y escasas cotizaciones. No de forma marginal. Hablamos de
sectores con 90.000 puestos de trabajo de los que 15 mil corresponden a
supuestos cooperativistas. Nuestra actuación ha regularizado una parte de esta
situación, además de derivar sanciones de más de 200 millones de euros”. Argumentos
poderosos que ayudan a entender la necesidad de armar un debate serio político
y social sobre algo que no puede despacharse sobre la base de afirmaciones tan
tajantes como simples y erróneas.
Recorre al final una duda a quienes leen (leemos) las noticias de un día
cualquiera. ¿A quién interesará que el Director General de la Agencia
Tributaria, sobre los datos provenientes de un acuerdo de información entre los
100 paises de la OCDE, haya informado públicamente que son 457.000 millones de euros – el 40% del PIB
nacional – lo que tienen una amplia lista de personas en el extranjero? Revela
una práctica continuada y constante de evasión de impuestos, pero no parece
preocupar mucho a la opinión pública o al menos a sus influencers más conspicuos.
Sin embargo como a Rosa Montero, también a muchos nos preocupa Brasil,
donde parece que el recién elegido Presidente cuenta ya con el juez Moro, quien
llevó a cabo la persecución penal contra el expresidente Lula da Silva, como
ministro de justicia e interior, mandando un mensaje que cuestiona muy
directamente su imparcialidad en el proceso y la clara orientación política e
ideológica de sus intervenciones en el mismo, pero también nos inquieta esa caravana
de inmigrantes que provjene de Honduras y atraviesa ahora México camino a
Estados Unidos, una caravana del dolor que previsiblemente será reprimida con
fuerza por la potencia autoritaria y despótica del gran señor del Norte, que ya
ha anunciado que disparará sobre la multitud indefensa. Una geopolítica de la
desposesión que recorre todo el mundo.
El resumen de este recorrido por la información disponible este día de
difuntos conduce a una conclusión ya presentida. Uno busca las noticias que le
dicen algo y le permiten pensar de diversa manera la realidad, utilizar esa información
para proyectar respuestas y abrir debates que cuestionen la situación política
y social en las que estamos. Un conjunto de datos y de argumentos que sirvan
para que intentemos cambiar el curso de las cosas. Como cualquier día, como
todos los días.
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