LA POLITICA DEBE SERVIR PARA CAMBIAR LAS COSAS EN LO CONCRETO

(En la foto, Joaquín Aparicio en el Curso de Toledo habla de los derechos de Seguridad Social como eje vertebrador del Estado social)

El sindicalismo se define por su anclaje en la realidad social, en los lugares de trabajo, desde donde procede a elaborar formas de acción y experiencias que se condensan en reglas sobre la retribución y el tiempo de trabajo, las condiciones en las que éste se presta y la forma de mejorarlas. En una fusión entre el proyecto propio, las circunstancias concretas en las que éste se expresa, la capacidad de movilización del colectivo afectado y la solidez de las decisiones del empresario, la actuación del sindicato se puede plasmar en el acuerdo colectivo o en toda una gama de soluciones entre las cuales la acción a través de los tribunales es también relevante.

En tanto figura de representación general del trabajo, el sindicalismo también tiene que desplegar una actuación potente frente a los poderes públicos, puesto que es en esta dimensión socio-política en donde se juega la regulación tanto de los derechos de seguridad social como los derivados de políticas fundamentales para la definición de las condiciones de existencia de la clase, como las políticas de empleo, las políticas fiscales, la sanidad o los servicios públicos de interés general. El propio marco institucional que disciplina las relaciones laborales entra también en el ámbito de la interlocución política del sindicalismo, normalmente a través de un proceso tripartito de diálogo social. Esta dimensión de la acción sindical la hace incidir directamente sobre la esfera de la política y por ello se habla con propiedad del sindicato como un sujeto político, que elabora y defiende un propio proyecto de regulación social diferenciándose de otras formaciones colectivas de representación general de la ciudadanía por su origen directamente conectado con el trabajo remunerado y por los medios de los que se vale para ejercitar su influencia en la generación de las normas sobre estas materias, que son los instrumentos clásicos de la acción sindical, consulta y negociación, movilización social y huelga.

La relación entre la política y el sindicato por tanto se suele reconducir a la bilateralidad que se establece entre el sindicalismo y los poderes públicos, frecuentemente inserta en un mecanismo en el que interviene también la representación del empresariado y que se denomina diálogo o concertación social. Este carácter tripartito no debe borrar lo que es esencial y es la relación directa de interlocución que el sindicalismo establece con la capacidad de normación que tienen los poderes públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, y que por consiguiente mantiene su autonomía sin depender ni hallarse condicionado por la búsqueda razonable de un acuerdo con todas las partes presentes en la concertación social. Una autonomía, la de lo político, que fundamentalmente se predica del gobierno en tanto poder público y que le permite además establecer otro tipo de interlocuciones con los sujetos directamente relacionados con la representación ciudadana a través del procedimiento electoral y su función en un sistema de pluralismo político y construcción de mayorías que sostengan la acción de gobierno.

La visión de la política desde la perspectiva sindical está condicionada por la manera en la que se concibe la acción sindical con carácter general y que conecta la intervención sindical en las empresas y en los sectores de producción con la lógica reivindicativa y de consolidación de posiciones de garantía de derechos laborales que también se extiende a la relación bilateral con los poderes públicos. Es decir se concibe la política como un medio para conseguir resultados concretos, una cuestión que para cualquier sindicalista aparece como una conclusión obvia y segura.

No es esta sin embargo la orientación de sentido con el que actualmente se presenta el ámbito de la política desde los planteamientos de algunos partidos o desde la representación mediática de este terreno. Mientras que al finalizar el año el acuerdo presupuestario entre el gobierno y el grupo confederal de Unidos Podemos permitió que se asomara a la discusión y al debate el tema estrella del acuerdo sobre el salario mínimo, o posteriormente el preacuerdo del gobierno con los sindicatos en la mesa del diálogo social sobre la derogación de aspectos centrales de la negociación colectiva, llevó a primera página la discusión sobre la función y los límites del diálogo social y la necesidad de cambiar el marco legal para que la negociación colectiva pudiera incrementar su efectividad en línea con lo pactado en el IV AENC, a partir de las elecciones andaluzas de diciembre del 2018, el debate socio-económico ha prácticamente desaparecido del espacio de la política.

La situación actual es muy decepcionante porque el debate político en estos dos últimos meses se conduce a través de un largo proceso de desinformación y de manipulación ideológica, centrando el interés en un cierto metalenguaje de las élites políticas y de los formadores de opinión, muy alejado de lo que constituye el eje de la cotidianeidad de la ciudadanía, las condiciones de trabajo y los derechos de seguridad social, sobre cuya regulación no hay un debate actual ni forma parte del discurso habitual de la gran mayoría de la fuerzas políticas, en especial de la oposición al gobierno en España personificada por el Partido Popular y Ciudadanos, que no incorporan estas materias a la representación de la realidad que ofrecen en su discurso.

De hecho, la deriva del discurso político dominante hacia lo inconcreto y su sustitución por un conjunto de convenciones lingüísticas sin constatación empírica o decididamente confrontadas con los datos de los que se dispone, es un fenómeno que no parece remitir sino que se acelera conforme va avanzando el año, de forma que aparece mediáticamente como la única manifestación posible de la acción política. En algunos momentos esta tendencia se expresa de manera explícita, como ha explicado recientemente el líder del PP con ocasión de la presentación de los candidatos de este partido en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de este año. Para este líder político de la oposición, no es preciso elaborar un programa que detalle las actuaciones concretas que la política municipal o autonómica del PP va a llevar adelante si obtiene el gobierno del Ayuntamiento o de la Comunidad autónoma. Esta práctica, que relaciona la acción política con los intereses concretos de los vecinos y de la ciudadanía en barrios, municipios o regiones, se define ahora como un hecho perjudicial – “esos programas eternos que no leen ni los candidatos” – y debe ser sustituido por la enunciación de ideas generales –“las que han funcionado siempre, las de Smith y las de Friedman”- no detallando ni precisando por tanto la concreción de estas ideas.

En esta declaración pública aparecen claramente las líneas por las que discurre hoy el debate político dominante. El discurso fluye ahora exclusivamente sobre las grandes nociones abstractas de fuerte contenido ideológico, sin contenido real, que no deben ser lastradas por datos derivados de la realidad social, económica o política. En ese proceso, por tanto, no solo se difumina la referencia a la materia económica y social, sino que estos temas se abordan desde una serie de palabras de orden – liberalización, desregulación, menos estado y más sociedad – que no pueden ser interceptadas por ningún tipo de comprobación empírica ni por consiguiente soporta análisis críticos de la forma en la que se quiere trasladar a la realidad social esos grandes principios generales. La insistencia en sintonizar el campo del discurso político con nociones genéricas enunciadas como principios de desarrollo incierto pero dotadas de una potente energía ideológica que confronta en el plano de la eficacia y de la victoria a un discurso que se enuncia también en forma genérica e indeterminada como un pensamiento antiguo y derrotado – el socialismo – y contrario a la libertad y al mercado, pero siempre cuidando que el debate no pueda anclarse en una propuesta concreta ni en un proyecto detallado.

No es necesario recalcar que esta forma de considerar la política es enormemente negativa. Desincentiva la participación de la ciudadanía y evita que se pueda crear opiniones formadas sobre proyectos reales que afecten a las condiciones concretas de existencia de las personas concernidas. Procura además el confinamiento del debate político sobre la regulación del trabajo y de la protección social en el ámbito restringido del sindicato, al que se le niega el acceso al escenario principal de la acción política, ocupado en exclusividad por el discurso mixtificador vigente que crea falsa conciencia.

Reaccionar contra esta tendencia es algo importante que debe irse materializando a través de la progresiva afirmación de la forma de contemplar la política por parte del sindicalismo.  La política debe servir para cambiar las cosas en lo concreto. Recordar ese elemento central en la conformación de la participación democrática es hoy un objetivo prioritario.