LOS DERECHOS DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO A DEBATE

El profesorado universitario discute muy poco sobre sus derechos. La construcción de la carrera profesional que ha ido marcando la legislación les ha conducido a una fuerte competitividad individual sancionada por las acreditaciones que les permiten la expectativa de una plaza – de contratado o de funcionario – y que por tanto se conecta directamente con un discurso del mérito y de la capacidad medida objetivamente sobre la base de un número importante de aportaciones en diversos campos, fundamentalmente el de la investigación, que deberían asegurar su éxito y promoción profesional.

Esta construcción de la profesionalidad sobre el esfuerzo personal, en su caso incorporado a un trabajo en equipo pero en competencia con otros grupos de investigación, en una ininterrumpida escalada de pruebas y valoraciones – acreditaciones a ayudantes doctor, contratados doctor, titulares, catedráticos, sexenios de investigación, proyectos nacionales, regionales y europeos, contratos de colaboración en régimen de competitividad, etc – hace que este personal haya perdido cualquier referencia a su condición de trabajador o empleado público provisto de derechos que garantizan un determinado tratamiento normativo delimitador de situaciones de tutela, individual y colectiva. Un solo ejemplo podrá bastar para expresar esta idea. La obtención de un sexenio de investigación no se valora en lo que tiene de complemento salarial, sino en función del prestigio que incorpora al reconocimiento del impacto y excelencia del trabajo del profesorado en tanto investigador universitario. Por consiguiente, la cuestión salarial no es relevante en este – como en tantos otros – aspecto sino el sexenio aparece como un ascenso en la jerarquía de los saberes del profesorado, como una distinción de la comunidad científica al esfuerzo personal.

Sin embargo, la postración y en ocasiones el ensañamiento de las restricciones presupuestarias contra la Universidad – en la UCLM la llegada del PP al gobierno regional supuso la reducción de más del 60% del presupuesto de investigación y la no renovación de los contratos de más de 200 profesores asociados – ha llevado a situaciones de extrema precariedad en el profesorado, en un doble sentido. En primer lugar, mediante la restricción de las figuras de contratación laborales a tiempo completo, incluidos los ayudantes, que dificulta de manera importante las posibilidades de acceso de nuevos contingentes a la universidad provenientes de becas o contratos de investigación, que además se dotan en un número reducido. En segundo término, mediante la utilización prioritaria de la figura del asociado a tiempo parcial, un tipo de profesorado que empieza a representar el grueso de los docentes en muchas universidades, contrariando los ratios entre profesores permanentes y temporales y funcionarios y laborales que señalaba la legislación universitaria y, lo que es aún peor, utilizando esta figura contractual a tiempo parcial que requiere un empleo principal fuera de la universidad como mano de obra precaria y permanente mediante el llamado “falso asociado” (en paralelo al “falso autónomo”). La creación de una figura no prevista en la ley del contratado doctor interino, como fórmula para evitar la consideración de este contrato por tiempo indefinido y estable, como estaba previsto legalmente, es otra muestra de esta precarización acentuada – y no contestada – en las universidades públicas. Forma parte de esta degradación de las condiciones de empleo del profesorado universitario la discriminación entre el personal temporal e interino respecto del personal estable funcionario o contratado al negar a éstos capacidad investigadora general y apartarlos por tanto de la posibilidad de concursar a los sexenios de investigación, una cuestión que ha suscitado alguna respuesta positiva mediante acuerdos sindicales en algunas universidades.

El profesorado universitario español tiene salarios más bajos que el resto de sus colegas europeos y una mayor dedicación docente. Cada vez más su cometido profesional se encuentra atravesado por labores fundamentalmente burocráticas que obligan a confeccionar decenas de informes, transcripción de actas, asistencia a reuniones y formar parte de tribunales de toda clase. El llamado período lectivo se ha ido aumentando y no hay disponibilidad – salvo por arreglos intradepartamentales – de poder dedicar algún tiempo a efectuar estancias de estudio o de investigación salvo las reguladas por becas o ayudas específicas, escasas y en régimen de competitividad una vez más. El tiempo de formación del profesorado se tiene que obtener del tiempo de ocio del mismo, como también el reciclaje de los profesores seniors. La institución del “año sabático” se construye jerárquicamente y la ausencia del profesor se carga sobre el conjunto de miembros del departamento que permanecen en el centro de trabajo de donde se ausente justificadamente el sabático, que realmente es una figura excepcional. Los propios mecanismos de formación se han degradado significativamente tanto por la forma de computar éstos a través de la actividad del investigador medida en presentación de comunicaciones, paneles o asistencias a toda clase de congresos y seminarios, como por la inexistencia de un protocolo en el que se precise el recorrido de las diversas fases que componen la totalidad del proceso.

La Universidad pública está bajo asedio. No solo porque el presupuesto del que le dotan es manifiestamente insuficiente y ha sido especialmente castigado tras las políticas de austeridad – con diferencias no obstante entre las Comunidades Autónomas, la de Castilla La Mancha posiblemente ostente el dudoso privilegio de ser la más postergada de todas – sino porque en las regiones en las que gobierna la derecha proliferan las universidades privadas que el estado alimenta en condiciones de igualdad con las universidades públicas, con la merma consiguiente de la calidad de la enseñanza y su consideración como un servicio público. Las tasas universitarias han aumentado de manera exponencial y en muchas regiones los estudios universitarios – en las universidades públicas – requieren un núcleo familiar estable que los sostenga desde una posición económica desahogada. Las becas de estudio son insuficientes y la progresiva mercantilización de los masters universitarios no favorece tampoco el acceso a la enseñanza superior como una opción libre y voluntaria de los ciudadanos que la requieran.

Hay mucho de qué preocuparse, pero el profesorado universitario discurre sobre estos asuntos como si no estuviera concernido y se tratara de aspectos más bien anecdóticos narrados por una u otra persona, es decir, no les asigna un carácter colectivo y problemático. Ese es – entre otros – el motivo por el que la actuación sindical es percibida como algo “extraño” al actuar universitario de su personal docente e investigador, porque el sindicato desvela una estructuración plenamente insuficiente de los recursos públicos y consiguientemente una larga serie de irregularidades y de problemas de difícil solución de carácter esencialmente colectivo y que trasciende el encuadramiento académico de gestión y administración de los asuntos cotidianos, que para el profesorado se reparte entre la acción de los organismos públicos universitarios en sus diferentes niveles (Rectorado, Junta de Gobierno, Decanatos, Departamento) y su actuación individual. Rescatar esa perspectiva colectiva resulta disfuncional al modelo y por eso en tantas ocasiones se expresan no tanto las autoridades académicas cuanto el profesorado más “profesionalizado” en el sentido de afirmar que la acción sindical es disfuncional a la proyección académica individual de cada individuo.

En este contexto tan complicado, Joaquin Pérez Rey, como Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM y Francisco Trillo  como profesor de ese mismo departamento en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, han organizado una Jornada de Estudio que se celebró el 21 de febrero pasado en Ciudad Real, en retransmisión en directo via streaming  y en videoconferencia con los campus de Albacete, Toledo, Talavera, Cuenca y Almadén. El objetivo de la jornada era reflexionar sobre las condiciones en las que actualmente trabajan los profesores de universidad en la UCLM. “Reflexionar desde una perspectiva crítica porque estas condiciones no son las mejores, ni por la situación de financiación de las universidades ni por la precariedad en la que muchas veces se desarrolla la actividad científica y docente”, como manifestó a la prensa  Pérez Rey, quien añadió que “si la universidad no trata bien a su propio personal, es evidente que el trabajo se basa muchas veces en el esfuerzo no recompensado”.

La Jornada estaba organizada directamente por el Departamento de Derecho del trabajo y Trabajo social de la UCLM, con la colaboración no obstante del Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social UCLM-CCOO y la participación del sindicato de enseñanza de CCOO de Ciudad Real. En ella, tras la presentación de la misma, intervinieron en primer lugar Carmen Perona, abogada y responsable del gabinete jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO, que expuso las líneas generales de la litigiosidad más abundante del profesorado universitario, la que corresponde a la negación de la capacidad investigadora a temporales e interinos y, posiblemente de mayor trascendencia, la relativa al profesorado asociado a tiempo parcial y la utilización espúrea de tal figura como mano de obra temporal sobre la que reposa la docencia, con indicación muy detallada no solo de las sentencias del Tribunal de Justicia europeo sino de su recepción ( y de alguna forma neutralización) por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A esta intervención siguió un enorme debate, también por videoconferencia, sobre diversos asuntos siempre en vías de demanda judicial, incluido de manera muy recurrente la violación de los derechos de conciliación entre la vida laboral y la profesional

Este fue justamente el tema que abordaría Patricia Espejo, profesor ayudante doctor en la Facultad de Ciencias sociales de Cuenca, con lo que concluyó la sesión de mañana del encuentro. Por la tarde, Juan Carlos Álvarez Cortés, profesor titular DTSS en la Universidad de Málaga, donde ha sido tanto representante de los trabajadores como posteriormente vicerrector de profesorado en dicha universidad, presentó una intervención crítica sobre la carrera profesional del profesorado universitario, y Ricardo Morón Prieto, profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, quien habló de la importancia de la negociación colectiva en la determinación de los derechos individuales y colectivos del profesorado universitario. La jornada tuvo un seguimiento directo e indirecto en el ámbito de la UCLM, pero todos los asistentes e invitados coincidieron en que se trataba de una iniciativa que debería ser exportada a otros distritos, como forma de interesar a una buena parte del profesorado que vive en la precariedad o que se encuentra en unas situaciones de exclusión de derechos básicos. La inminencia de las elecciones a Juntas de Personal y a Comités de Empresa en las distintas universidades avalan la conveniencia de este tipo de encuentros de extraordinario interés.

La organización de esta Jornada por otra parte, ha sido fruto de un compromiso político y profesional de los profesores Pérez Rey y Trillo Párraga que  no cabe sino agradecer y celebrar. Una iniciativa fundamental que sirve como llamada de atención a quienes ignoran que también el profesorado universitario tiene que conocer los derechos de los que norma y convenio colectivo disponen y que delimitan de forma directa su posición universitaria, su “modo de estar” en el trabajo concreto de la docencia e investigación de la Universidad.

EL ATAQUE A LA SEDE DE LA CONC EN BARCELONA

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) es una confederación sindical que forma parte de la C.S. de CC.OO. del Estado español. Desde su inicio ha sido el sindicato más votado en las elecciones a miembros de Comités de Empresa y Delegados de Personal en esta Comunidad Autónoma. En estas elecciones (2019), ostenta un 42,64% de representación entre los trabajadores y las trabajadoras catalanas. El día 20 de febrero reunió a 1.000 delegados, el activo sindical, en el Casino de la Alianza de Poble Nou en la idea de que la agenda social y la reversión de la reforma laboral no se borrara del debate político actual. Al día siguiente, con ocasión de la jornada de lucha convocada en protesta por el juicio a los dirigentes del procès que se está desarrollando en el Tribunal Supremo de Madrid, los Comités de Defensa de la República (CDR) han atacado, en el curso de una manifestación por Vía Laietana, la sede de la CONC, dando patadas a las puertas, efectuando pintadas en las que se les llamaba esquiroles y traidores, lanzando huevos y pintura y botes de humo, todo ello grabado oportunamente por una prensa siempre atenta a las grandes ocasiones.

Para mí (y disculpen que hable en primera persona por esta vez) la CONC ha sido siempre una escuela de pensamiento, un espacio de debate y un semillero de amigos. He tenido la suerte de compartir con Jose Luis López Bulla un ya largo camino de conversaciones y empeños comunes, a él, como recuerdo siempre, se debe la iniciativa de este blog y la recreación de un territorio de libertad e igualdad en la mágica ciudad de Parapanda, cuya historia podrá describir seguramente en breve Javier Tébar. Con Joan Coscubiela he tenido ocasión de aprender a hacer sindicato y dirigir un proceso de discusión colectiva, sigo felizmente en frecuente contacto con él en su nueva tarea en la Escuela sindical de CC.OO. He departido con la amable personalidad, siempre abierta a interrogarse sobre lo nuevo que nace, de Joan Carles Gallego. He conectado muy bien con Javier Pacheco, su firme defensa de la autonomía sindical y de la autonomía política catalana en un marco federal aun por construir. Me he comprometido con Jordi Ribó, en escuchar en cuanto me sea posible esas canciones rojo intenso que canta en su coral obrera. Son innumerables las amigas y amigos que tengo asociados a esas siglas, y que se han manifestado en tantos y tantos encuentros en la propia sede de Via Laietana – los últimos con Joan Herrera y Rosa Sans en la Fundación Cipriano García – y mucho antes en Ronda San Pere, entre el gabinete de abogados y el CERES con Miquel Falguera y Ramòn Alós. Tantos amigos magistrados están para mí conectados a su experiencia en la CONC, ante todas Ascensió Solé. Me he sentido siempre orgulloso de formar parte de esta multitud de mujeres y hombres que trabajan colectivamente su propio proyecto de regulación social en el que el trabajo no es sólo una variable económica que asegura la existencia social, sino el elemento político y democrático que es capaz de desvelar las fronteras de un nuevo horizonte de convivencia libre de explotación y de alienación de las personas. Este enlace afectivo y emocional explica el sentido de esta entrada del blog.

Huevos y pintura, gritos de esquiroles y de traidores por no haber convocado la huelga general el 21 de febrero. Patadas a las puertas de la sede central de la CONC. Todo ello grabado por la prensa gráfica sin que pareciera necesaria la intervención de la fuerza pública. Al fin y al cabo se trataba del mayor sindicato de Cataluña, que ha merecido un ataque más violento que la sede de Foment del Treball, la patronal catalana que, como todo el mundo sabe, está unos metros más adelante y frente a la que los manifestantes solo han encendido botes de humo y pegado pegatinas de república en construcción. Este trato menos severo se debe a lo mejor a que no querían que esta asociación patronal volviera a interponer una demanda contra la Intersindical – CSC proponiendo la declaración de ilegalidad de las huelgas que estos convocaban por tratarse de una huelga política en el marco del procés, al que ya este blog se ha referido en su momento (La huelga política no es ilegal). Frente a la Jefatura Superior de Policía, siempre remontando la calle, los manifestantes han sido más cautos y sólo han lanzado consignas contra la Policía Nacional.

Donde la furia republicana no juzgó conveniente hacerse presente fue en el Corte Inglés, en Plaza de Cataluña. Ni en cualquier comercio, grande o pequeño, que funcionaban con plena normalidad, como por cierto todo el sector industrial. Allí seguro que las fuerzas y cuerpos de seguridad habrían intervenido para preservar la libertad de comercio. Felizmente no hubo lugar y los CDR la respetaron en difícil coherencia con la supuesta convocatoria de una huelga general no seguida por tantos y tantos trabajadores y trabajadoras a ella llamados, que no respondieron, salvo en la enseñanza universitaria, a esa llamada. Pero no se puede culpar a los manifestantes por no asumir lo que es un piquete de huelga. Lo que se trataba es de señalar al renegado y dejar patente que el sindicato que ha obtenido el mayor respaldo de los trabajadores catalanes es un traidor a la nación catalana y un esquirol porque no ha convocado una huelga de protesta frente al juicio político que se está desarrollando en Madrid. Señalar, marcar al enemigo es no obstante arriesgado. Ante todo porque mediante ese acto se construye un antagonismo por los dos lados. Si los CDR entienden que la CONC es el enemigo, por ese mismo acto, se considera que los CDR son enemigos de la CONC. Un mal asunto.

El acto ha sido condenado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. También el Conseller de Trabajo de la Generalitat, Chakir El Homrami.  El eurodiputado Ernest Urtasun. Es de suponer que también por otros partidos políticos y sindicatos. Sin embargo, no me ha sido posible verificar este extremo, y ello porque me parece que el ataque a una sede sindical no tiene la relevancia suficiente como para ser una noticia que requiera mucho comentario. De hecho el experimento que he realizado de manera completamente acientífica ha provenido de los mensajes de twitter que llegan a mi cuenta. En ellos fotos y comentarios críticos con el ataque y de apoyo a la CONC tenían su origen en personas relacionadas directamente con el sindicalismo y con organizaciones sindicales, con un abrumador predominio de CCOO. Sin embargo, los tweets de los partidos de izquierda que llegaban a mi cuenta no abordaban esta noticia. Tampoco en el rastreo de los digitales se encuentra nada sobre este asunto.

Es obvio que para una buena parte de los sujetos políticos y los medios de comunicación, la noticia no ha revestido significación especial. La respuesta desde la CONC ha sido la que se podría esperar de una gran organización de masas. No entrar en la dinámica de las descalificaciones y de los insultos. En el ADN de la CONC está el diálogo, la solidaridad, la resistencia y el compromiso por la igualdad y la libertad. Y son bien conocidas sus posiciones críticas respecto de la prisión preventiva de los dirigentes político catalanes. En el mensaje que acompañaba a la foto que abre esta entrada, su respuesta es bien indicativa de ello: “CCOO estima el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Por eso nos duele que hoy se haya agredido a algunas de nuestras sedes. Denunciamos la violencia. El diálogo es la vía de solución para el conflicto político. Agradecemos muchísimo las muestras de solidaridad que hemos recibido durante todo el día”.

La base social de la CONC es la Cataluña popular y trabajadora. Es la organización de masas con más arraigo en las trabajadoras y trabajadores de este país. Que una parte importante y activa del movimiento independentista los considere un enemigo y les cubra de insultos y zafiedades no sólo es un error porque se contradice con el propio discurso de mayorías en el debate sobre la cuestión catalana, sino un dato que deben tener en cuenta las fuerzas políticas que actúan en él y que mantienen posiciones intermedias, como Los comunes. De la capacidad de autocrítica de las fuerzas independentistas ya sabemos que no hay que esperar nada, cada vez más idénticas a sus contrarias nacionalistas españolas en la consideración de la estructura territorial del Estado como el único problema que puede ingresar al debate político y conforme al cual se debe medir a los participantes en el mismo.

Toda nuestra solidaridad con la CONC desde la blogosfera de Parapanda. Y un gran abrazo colectivo.

ROSA MARIA MATEO, PREMIO ABOGADOS DE ATOCHA DE CCOO DE CASTILLA LA MANCHA

La memoria de los abogados de Atocha, el asesinato de cinco abogados por pistoleros fascistas en enero de 1977, ha sido mantenida todos los años por la Fundación Abogados de Atocha que creó la USMR de CCOO. A partir del 2002, el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha instituyó, a instancias de CCOO de esta región, un premio Abogados de Atocha que se concedía anualmente intentando turnar personalidades nacionales con otras extranjeras de relevancia en la defensa de la democracia y la libertad. La victoria electoral del Partido Popular en mayo del 2011 llevó a la presidencia de la Junta a Maria Dolores de Cospedal una de cuyas primeras decisiones consistió en anular la concesión del premio y por tanto cancelar el compromiso de la Junta con la memoria democrática simbolizada en la conmemoración de aquella matanza de abogados de CCOO y del PCE.

El pretexto para ello fue, como los lectores podrán imaginar, la restricción presupuestaria porque se conoce que el gasto producido por la entrega de los premios debía ser descomunal. Nada más lejos de la verdad, sin que sea necesario comparar esta supuesta austeridad presupuestaria con los fastos que el gobierno y el partido que lo formaba dedicaban a las actividades religiosas, con ese acendrado fervor por las mantillas y los pebeteros de incienso que acompañaba a la práctica de esta formación política. Lo que con ello estaba afirmando el Partido Popular era el distanciamiento pleno de su partido con la memoria de los luchadores antifranquistas o, por mejor decir, que no consideraba un símbolo democrático el sacrificio de tantos jóvenes comunistas que perdieron la vida por defender la causa de la clase trabajadora frente a la opresión de la dictadura y la complicidad del poder privado en la represión del movimiento obrero.

En respuesta a este acto indigno, CCOO de Castilla La Mancha, y el que en aquel momento era su secretario general José Luis Gil, decidieron convocar, ya en solitario, el premio Abogados de Atocha, organizándolo a sus expensas de forma autónoma. Desde entonces, se han ido desgranando una serie de nombres prestigiosos en la resistencia antifranquista unos y otros en el significado democrático no solo de su trayectoria vital, sino de su actividad profesional. Nombres como el del abogado comunista Manolo López (que se otorgó de forma póstuma al haber fallecido unos meses antes de la concesión) de la entonces magistrada Manuela Carmena o del también magistrado Martín Pallín, de la abogada y ex diputada y senadora socialista Paquita Sauquillo, de Enrique Lillo como abogado de CCOO que simbolizó como nadie el combate jurídico y político de los trabajadores frente a un poder privado robustecido por la degradación de derechos de la reforma laboral, el de la escritora Almudena Grandes, y el fresco impresionante de sus nuevos episodios nacionales sobre la vida bajo la dictadura franquista, o el del cantautor Raimon, un icono de la resistencia antifranquista que reivindicaba una España federal sobre la base de un Estado plurinacional, son claro ejemplo de la intención ejemplarizante de esta iniciativa de las CCOO de Castilla La Mancha a lo largo de estos años.

El premio correspondiente al 2019 ha recaído en Rosa Maria Mateo, que es la presidenta de RTVE a partir de 2018 tras un período de turbulencias políticas en torno a un medio que con el Partido Popular se había convertido en un instrumento de manipulación y de tendenciosidad informativa. En ella CCOO de CLM remarcaba sin duda la figura de una profesional de la información comprometida con la democracia y la constitución de 1978, simbolizada fundamentalmente en que fuera elegida para la lectura del manifiesto conjunto de todos los partidos políticos democráticos el 27 de febrero de 1981, tras el golpe de estado de Tejero y otros rebeldes y sediciosos, y cuya honestidad y compromiso servían para exponer públicamente la necesidad de una profesionalidad libre e independiente, en la que la falsedad consciente, el insulto o la difamación de una parte, o la animadversión explícita y la manipulación política de otro constituyan el modo de actuar de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación actualmente.

No es nada fácil. La situación actual de los medios de comunicación, propiedad de grandes oligopolios que gestionan directamente su orientación ideológica y la imponen no solo como línea editorial del medio sino como forma cotidiana de informar sesgadamente sobre la realidad, no se compensa de momento con unos servicios públicos donde la información también está lastrada por ese proceso de creación de estados de opinión que provocan los medios privados y políticamente activos. La continua presencia además en las redes de las noticias falsas, bulos y rumores que se propagan sin control ni capacidad de distanciamiento, y que han encontrado incluso un patrón muy irruptivo de intromisión diferenciada sobre grupos de personas para influir y modelar sus decisiones (no sólo) electorales y para orientar su opinión, contribuyen a hacer de la comunicación y de la información un espacio tóxico para la democracia en el que una buena cantidad de profesionales – muchos de los cuales viven su actividad laboral en términos precarios, inseguros y mal remunerados – no conocen otra forma de hacer periodismo si no es apegándose al aprovechamiento del engaño, la manipulación o el insulto. La presencia ubicua de las llamadas “tertulias” en donde no cabe un razonamiento matizado sino que predomina la velocidad en la devolución del insulto o del infundio y la propia construcción de un discurso simple y por tanto siempre incompleto, impiden una pedagogía democrática que está en la base de la propia libertad de información en el ámbito de la esfera pública de ciudadanía que el Estado liberal teorizaba.

La elección de Rosa María Mateo responde por consiguiente a esta preocupación sindical, que es consciente de la impotencia de sus medios autónomos de información y que la realidad cotidiana que se basa en el trabajo y gira en torno a las formas organizativas que lo representan se encuentra plenamente devaluada e invisibilizada en el panorama mediático actual. La propia galardonada, antes del acto, comentaba las críticas que le había supuesto en RTVE que hubiera recibido este premio, considerado no como una conmemoración ligada a la democracia y la libertad que funda el Estado social definido en nuestra Constitución, sino como un acto de parte o partidista incompatible con su función institucional. Lo que supone la permanencia de una línea ideológica anclada en la derecha (trina y una) de nuestro país que desvincula la matanza de Atocha de la construcción de la democracia.

El acto de entrega del premio se celebró en el Teatro Rojas de Toledo, generosamente cedido por la alcaldesa Tolón. A ella asistieron una larga serie de militantes y asiduos al sindicato, junto con un número importante de miembros de diferentes instituciones de la región. Fue muy nombrada la presencia de la patronal regional manchega, acudió el vicepresidente de la Junta y secretario general de Podemos de la región, José García Molina, pero seguramente el papel estelar lo desempeñó la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio que además en su intervención, respondiendo a una cuestión que públicamente le había planteado Paco de la Rosa, secretario general de CCOO de CLM, afirmó que una vez disueltas las cámaras el 5 de marzo, el Gobierno piensa proponer a la mesa del diálogo social un texto de urgencia en el que se recupere aspectos concretos que reviertan la regulación de la reforma laboral del 2012. La universidad estuvo representada de manera muy importante, como también compañeros de televisión de la galardonada, como otras organizaciones sociales y entidades públicas, la Inspección de Trabajo, asociaciones de autónomos, junto con representantes de otros órganos sindicales, la Fundación 1 de Mayo con Ramón Górriz y Bruno Estrada, miembros de la Comisión ejecutiva de la C.S. de CC.OO. como Paula Guisande, además de la plana mayor de la Fundación Abogados de Atocha con Francisco Naranjo y Alejandro Ruiz Huerta, y el secretario general de la USMR – CCOO, Jaime Cedrún entre tantos otras muchas personas.

En esta entrada del blog  en la que se glosa este importante acto de concesión del premio anual Abogados de Atocha de CCOO CLM, se incorporan algunas fotografías del acto, espléndidamente conducido por Carolina Vidal, y la presencia tan aplaudida de Antonio Arrogante después de su peripecia sanitaria reciente.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES. RETOS PARA EL DERECHO DEL TRABAJO

Nadie habla de Europa en el debate político actual. Todo se desarrolla como si la variable europea, que ha sido determinante en la imposición de las políticas de austeridad, no tuviera trascendencia. Tampoco se analiza la previsible quiebra de la legitimidad europea y la incapacidad de reacción de la UE pese a haber lanzado la iniciativa del pilar social europeo. Sin todo ellos temas que sin embargo asoman con relativa frecuencia a este blog, convencidos de que la interrelación entre el nivel nacional-estatal y el supranacional europeo es un elemento decisivo en orden a la articulación de un proyecto de resistencia y de reconstrucción democrática.

Claro que somos muchos los que abordamos esta perspectiva integrada europea, aunque lamentablemente este tipo de enfoque no tenga reflejo en la difusión mediática del debate político, ni por otra parte el relato mantenido fundamentalmente por las fuerzas políticas hoy en liza lo ignoren de manera expresa. La dimensión sindical y social reivindica desde hace tiempo esta perspectiva europea, pero lo hace de forma crítica, señalando sus déficits e incomprensiones respecto de lo que debería constituir el eje de actuación de la Unión Europea en torno al reforzamiento de la democracia y al desarrollo de los derechos sociales.

Desde hace mucho tiempo, este enfoque es compartido también por organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas la red de Juristas Europeos de los Trabajadores, un significativo grupo de abogados laboralistas de toda Europa – realmente en su inicio de la Europa Central, de Gran Bretaña y de Francia – que desde el comienzo de la crisis han duplicado su actuación  buscando la ampliación de la red al sur de Europa y manteniendo posiciones radicalmente opuestas a las decisiones políticas derivadas de la gobernanza económica europea.

Este año han realizado su conferencia anual en Frankfurt. Francisco Trillo  y Antonio García – Muñoz Alhambra, ambos profesores de la UCLM y este último actuando en la conferencia como consultor de CCOO, han participado en la misma como ponentes. La crónica de este evento la suministra Paco Trillo en rigurosa primicia para este blog.

Los días 15 y 16 de febrero ha tenido lugar el sexto encuentro organizado por la red European Laywers for Workers Network (ELW). Después de las Conferencias de Bruselas, París, Berlín, Madrid y Florencia, Frankfurt ha sido la ciudad anfitriona de este evento que ha reunido a más de sesenta expertos procedentes de quince países diferentes. El apoyo de otros colaboradores ha sido fundamental como es el caso de IG Metall, quien puso a disposición de los organizadores sus magníficas instalaciones.

El tema de la Conferencia, en línea con los debates más actuales del Derecho del Trabajo, ha sido la relación entre los nuevos modelos de negocio, fundamentalmente aquellos relativos a las denominadas plataformas digitales, y las formas de trabajo que estos arrojan. Para ello, la organización elaboró un programa bien trabado en el que se analizaron los aspectos de la relación laboral más expuestos al impacto de la organización empresarial que se esconde tras la Gig economy.

Tras una intervención inicial del responsable del Gabinete Jurídico de IG Metall (Frankfurt), Boris Karthaus, quien insistió en la importancia de la acción jurídica promovida por y desde la acción sindical en relación con las nuevas formas de trabajo (digitales), tuvieron lugar cinco densas intervenciones que abordaron las materias más controvertidas del Derecho del Trabajo de las plataformas digitales. Aspectos como la calificación de la relación de trabajo, los derechos colectivos, el régimen jurídico del tiempo de trabajo, o la protección de la salud de los trabajadores, fueron los principales temas abordados junto a la presentación de algunas estrategias sindicales y jurídicas desarrolladas hasta el día de hoy.  

La reconstrucción del tiempo de trabajo fue presentada por Cristina Inversi, Lecturer en la Universidad de Manchester, quien, a partir del estudio del caso Deliveroo en diversas ciudades inglesas, procedió a desmontar el misticismo del que se ha rodeado la teórica capacidad de los trabajadores de elegir la cantidad y distribución de su tiempo de trabajo. Así, llamó la atención sobre la diferente forma de expresarse aquella libertad en función de la dedicación, a tiempo parcial o completo, de los “riders”. A mayor dedicación -necesidad-, dicha libertad parece menguar en la práctica a través de la amenaza de salarios menores y de la posible desconexión del “rider”. Aude Cefaliello, contribuyó con una interesante presentación sobre los riesgos laborales que se derivan de las plataformas digitales, entre psicosociales y musco-esqueléticos, apuntando una relación entre la organización que provoca el riesgo, la identificación del empresario y la calificación de la relación de trabajo.

La segunda mesa del día 15 de febrero comenzó con la intervención de Reingard Zimmer en materia de derechos colectivos. El foco de atención de esta presentación se localizó en la importancia creciente de dotar a los trabajadores de un gran paraguas de derechos colectivos a través de los cuales hacer efectivos sus derechos, también relacionados con la calificación de la relación de trabajo. En ese sentido, Francisco Trillo, que tenía encomendado profundizar sobre las vías de reconstrucción de la laboralidad en el ámbito del trabajo en plataformas digitales, señaló la importancia que a estos efectos ha tenido la degradación/precarización del estatuto jurídico del trabajador por cuenta ajena a propósito de las políticas de austeridad, todavía hoy vigentes. Jan Cremers expuso con contundencia los fenómenos más relevantes de fraude empresarial, tanto en materia laboral, fiscal como medioambiental. De esta forma, Cremers delineó una relación directa entre estos comportamientos fraudulentos y la conformación de un mayor beneficio empresarial.

Al día siguiente, la conferencia dio comienzo con la intervención de Christiane Benner, co-secretaria general de IG Metall (Frankfurt), quien relató la experiencia del sindicato con el trabajo en plataformas en las diferentes fases de conflicto, defensa jurídica y negociación. A partir de ahí, tuvieron lugar dos paneles donde se dio cuenta de las principales estrategias sindicales y jurídicas desplegadas en el seno de algunos Estados miembro. El primer panel fue desarrollado por Esther Lynch (ETUC), Emilie Durlach (CFDT), Ewa Podgórska (NSZZ) y Antonio García-Muñoz Alhambra (UCLM/CCOO), quienes con carácter general avanzaron una serie de estrategias sindicales diferenciadas en función del desarrollo e implantación del trabajo en plataformas digitales en cada experiencia nacional. Todos ellos coincidieron en la urgente necesidad de impulsar una Europa más social a través de la movilización sindical y, más concretamente, a propósito de estas “nuevas” formas de trabajo.  

La Conferencia concluyó con una exhaustiva narración de las experiencias judiciales producidas en la materia. Este panel lo conformaron Declan Hendy (UK), Bas van Dis (Netherlands) y Elena Gramano (Italia) en donde se dieron cuenta de las convergencias judiciales hacia la laboralidad de estas nuevas identidades laborales de la digitalización.

En resumen, un encuentro entre juristas europeos – muchos de ellos dedicados a las tareas universitarias – que permite una coordinación informada sobre una de las urgencias que se plantean tanto al movimiento sindical como a la reflexión académica y profesional sobre las nuevas identidades laborales que pueblan el mundo de la digitalización y que requieren una respuesta en el marco de la regulación institucional de una parte y de la integración en las estructuras sindicales de otro.

Es un tema hoy en pleno candelero. La semana que viene el CGPJ dedicará un curso de formación a jueces y magistrados sobre los derechos digitales reconocidos en la LO 3/2018 de protección de datos, y el 28 de febrero el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO presenta su 53ª Jornada de Estudio en Madrid sobre “Los efectos laborales de la nueva regulación de protección de datos personales”, con especial atención a las obligaciones empresariales, las garantías frente a las tecnologías de control empresarial, las facultades de los representantes de los trabajadores, y en fin el papel de la negociación colectiva. Conocer en qué medida en los países de Europa más importantes se está construyendo un espacio colectivo y normativo de regulación de las nuevas formas de trabajo en la digitalización y su consideración como fenómenos en donde ley y convenio colectivo pueden intervenir eficazmente; entender que sin la implantación de figuras de representación colectiva en ellas, estas formas de trabajar se degradan como actividad productiva y se encuadran en un marco de disminución de derechos que pone en cuestión la misma noción de trabajo decente.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: TANTO POR HACER

Nos lo habían dicho, pero al final hasta la comparecencia de hoy a las diez de la mañana, no ha sido oficial: el día de las elecciones generales será el 28 de abril, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Una fecha que coincide con el día internacional de la salud laboral y antecede al “puente” del 1 de mayo. Atrás quedan las declaraciones del presidente Sánchez en las que enfáticamente aseguraba que llegaría en todo caso al 2020 y que “si fracasan los Presupuestos, gobernaré con Decretos” (PedroSanchez gobernará aunque no le aprueben los presupuestos). Poco dura la alegría en la casa del pobre, como diría mi inolvidable tía Viti.

Dejando de lado las consabidas explicaciones sobre la necesidad de recomponer el tablero político, la inamovible cuestión catalana que sabemos reconducida al peor de los escenarios posibles, y otras zarandajas mediáticas, lo que de verdad importa es comprobar en qué medida sirvió a los intereses ciudadanos estos ocho meses de gobierno del PSOE tras la moción de censura al gobierno del PP de Mariano Rajoy y más en concreto los efectos de esta etapa de gobierno sobre la  cuestión social, que es, pese a que los grandes medios conspiran para ocultarla y hacerla invisible, la cuestión principal en este país tras los seis años de aplicación de las políticas de austeridad por los gobiernos del PP.

En los periódicos digitales más interesantes se enumeran algunas de las carencias o por mejor decir las medidas que la convocatoria de elecciones no podrá llevar a cabo. Lo que en esta entrada se quiere poner de relieve por el contrario es lo que el gobierno ha hecho hasta ahora en políticas sociales, cuáles han sido sus referencias para ello, el alcance de las reformas efectuadas y finalmente el significado de los temas que han quedado pendientes.

Conviene recordar brevemente, en efecto, que antes de la moción de censura que desalojó felizmente al nefasto gobierno del PP de Mariano Rajoy, el PSOE mantuvo una escasa actividad legislativa, y además fue paralizada por el gobierno del PP sobre la base del art. 134.6 CE según el cual el Gobierno puede negar su conformidad a una proposición de ley si ésta supone “aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”. En efecto, una proposición de ley del Grupo socialista para la modificación de la subcontratación de servicios laboral (art. 42 ET) fue vetada por el gobierno y el Tribunal constitucional en STC 44/2018, de 26 de abril, entendió que este veto es inconstitucional porque debe justificarse mínimamente. La proposición de Ley se tramitó a partir de ahí y es ese testo al que el gobierno confiaba la introducción de importantes modificaciones de la norma laboral en materia de registro de jornada y negociación colectiva, como luego se verá.

En ese período previo, la mayor actividad legislativa de reforma corresponde al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos – En Comú  Podem. En Marea, con una larga serie de proposiciones de ley de entre las cuales solo se ha tramitado hasta el momento la proposición de ley sobre igualdad salarial y eliminación de la brecha de género, pero donde hay un dilatdo elenco de temas bien desarrollados que dan cuenta de un proyecto de regulación de las relaciones laborales que desmonta los elementos centrales de la reforma laboral del 2012 y desarrolla aspectos importantes de un programa progresista de derechos laborales. El aislamiento institucional en el que paradójicamente se mueven estas iniciativas - ¿no es el Parlamento el espacio en el que se producen los grandes debates que interesan a la opinión pública? - impiden que sean conocidas por la ciudadanía en general y ni siquiera por una buena parte de los que serían sus protagonistas, las y los trabajadores del Estado español.

A partir del 2 de junio de 2018, se entra en una fase caracterizada por una serie de declaraciones y acuerdos que no necesariamente van a tener una traducción normativa, pese a la trascendencia de alguna de estas decisiones.  En efecto, se entra en un período de declaraciones a cargo de diferentes miembros del gobierno que en muchas ocasiones se desmienten unos a otros sobre los propósitos de reformas incoherentes entre sí sobre la reforma laboral y sobre la seguridad social. Pese a que en la justificación política del nuevo gobierno resultaba un elemento clave la derogación de la reforma laboral y la reconstrucción de las garantías precisas para enlazar  las pensiones con el IPC, el resultado concreto de estos compromisos se postergaban a lo que se decidiera en el diálogo social o en el Pacto de Toledo, en el bien entendido de que el Gobierno pretendía priorizar la reforma de algunos aspectos de la reforma del 2012 especialmente en materia de negociación colectiva y la derogación de la reforma de Seguridad social del 2013.

La firma del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020 (IV AENC) en julio de 2018 entre CCOO y UGT se una parte y CEOE-CEPYME de otra, contenía dos elementos fundamentales, el establecimiento de un salario convenio mínimo de 14.000 € anuales, 1.000 € al mes y un compromiso de diálogo con los interlocutores sociales y el gobierno para intervenir sobre aspectos concretos de la reforma laboral del 2012 especialmente en materia de negociación colectiva. Esta última estipulación permitió al Gobierno incentivar el diálogo social a través de la apertura de mesas de negociación sobre este particular y por consiguiente dilatar la resolución de aspectos centrales y perentorios de la reforma esperando la conclusión de un acuerdo entre los interlocutores sociales que le garantizarían el acuerdo del Congreso en la convalidación de un Decreto Ley al respecto. Mientras tanto, la única señal de acción concreta por parte del gobierno en materia laboral fue la aprobación de un Plan Director para el Trabajo Digno el 27 de julio 2018 que comprometía la actuación de la Inspección de Trabajo en el incumplimiento del fraude en la contratación temporal y tiempo parcial y en la persecución de los supuestos de falsos autónomos, lo que habría que arrojar buenos resultados en los siguientes meses.

En octubre de 2018 se llega al trascendental Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem – En Marea que contiene un importante contenido laboral y social: tanto el SMI a 900 euros, como la revalorización de pensiones, la derogación del factor de sostenibilidad, la reforma del contrato de obra y servicio desligándolo de la duración de la contrata, la eliminación de la preferencia aplicativa del convenio de empresa y el establecimiento de la ultra actividad sin límite, el subsidio de mayores de 52 años, la nueva contribución de los autónomos, la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, la ratificación de la Carta Social Europea modificada, y en general todo un programa de prestaciones en dependencia, mejoras en el desempleo, junto con la promesa de configurar un grupo de estudio para la realización de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Es mucho más que un acuerdo sobre los presupuestos, da sentido y fuerza a un programa de gobierno y permite por tanto pensar en un horizonte de reformas que reviertan durante el tiempo de la legislatura los elementos más negativos de la reforma laboral del 2012 y las reformas en materia de Seguridad social del 2013. Con este Acuerdo, la identidad social del gobierno queda marcada y definida por los objetivos sociales del mismo, aunque se asistirá posteriormente a continuas tensiones en el seno del PSOE para achatar o incluso anular el alcance de estos compromisos, que en unos casos se resolverá positivamente mediante la presión de los votos de Unidos Podemos y que en otras ocasiones se buscará su solución en el aplazamiento de la toma de decisiones al respecto.

Por último, la urgencia sindical por revertir la reforma laboral logró que en diciembre del 2018 se llegara a un preacuerdo entre Gobierno y CCOO y UGT sobre derogación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, reponer la ultra actividad de los convenios, establecer el registro de jornada, reformar el art 42 ET para que los trabajadores “secundarios” de la contrata cobren el salario de los trabajadores de la empresa principal, reestablecer la jubilación forzosa pactada en convenio y el subsidio de mayores de 52 años. La CEOE-CEPYME se opuso a este acuerdo con una sobreactuación en la prensa que no sólo buscaba establecer implícitamente un principio de veto ante cualquier reforma laboral que no contara con su anuencia, sino que quería bloquear la incorporación de estos temas a una norma de urgencia como el Decreto-Ley. El gobierno fue sensible a este veto y derivó la regulación de estos temas a la proposición de ley que se estaba tramitando sobre modificación del art. 42 ET sobre subcontratación de obras y servicios, donde iba a incluir las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores pactadas bilateralmente con los sindicatos y sin embargo mediados a través de las enmiendas al texto tramitado.

Es a finales de año cuando se produce el único impulso gubernativo a las reformas sociales, mediante una emanación en cadena de decretos y sobre todo de Decretos –Leyes que luego habrán de ser convalidados por el Parlamento. De manera muy sintética se pueden recordar los principales temas de esta intervención: En primer lugar y de manera destacada, el RD 1462/2018, de 21 de diciembre por el que se fija el salario mínimo para el año 2019 en 900 euros al mes / 30 € día. En la misma dirección, el RDL 24/2018, fija un incremento de las retribuciones de los empleados públicos en un 2,5 %. Se trata sencillamente de recoger el II Acuerdo para la mejora para el empleo Público firmado con los sindicatos del sector con el Ministro Montoro  que el PP no había puesto en práctica.

Además otros aspectos de relieve: Nueva jubilación parcial en el RDL 20/2018 para los trabajadores de la industria manufacturera, coeficiente de temporalidad para incremento cotización en contratos temporales de corta duración, cotización de becarios y estudiantes en prácticas a la Seguridad Social, Jubilación forzosa en convenios colectivos, todo ello en la norma “escoba” RDL 28/2018, que aun contiene otras prescripciones como la derogación de contratos e incentivos que la reforma del 2012 había previsto como “excepcionalidad social” ante las cifras de desempleo en la crisis, vinculados a la tasa de desempleo de un 15%, derogación del Contrato de Apoyo a los Emprendedores (CAE) que había sido impugnado por inconstitucional al prever un período de prueba de 1 año, del contrato de primer empleo Joven y de una larga serie de incentivos económicos aparecidos en el 2012 y 2013.

Además, el RDL 25/2018 prevé ayudas especiales y prestaciones en la “Transición justa” de la minería del carbón, fruto de un Acuerdo entre las Federaciones de Industria de CCOO y UGT  y la patronal del Carbón, o la compatibilidad de la pensión de jubilación con los derechos de autor y promesa de modificación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos en el RDL 26/2018. El gobierno a su vez ha iniciado los trámites para ratificar la Carta Social Europea revisada en 1995, pero no sabemos si también lo hará con el protocolo de reclamaciones colectivas. No parece tampoco que cumpla su compromiso de ratificar el Convenio 189 de la OIT.

En materia de Seguridad Social, aunque lo más importante quedaba para la Ley de Presupuestos, se establece la revalorización de las pensiones en un 1,6% y un 3% las pensiones mínimas y no contributiva y la subida de las bases mínima de cotización en el porcentaje de aumento del salario mínimo, junto con el “destope” leve – un 7% - de las bases máximas de cotización. También se prevé el incremento del período de percepción de la prestación por cese de actividad hasta 24 meses (frente a los 12 actuales) para los Trabajadores Autónomos y aumento del 1,25 % para estos de las bases mínimas de cotización en la Seguridad Social, y la creación de un “convenio especial para los afectados por la crisis”, para “recuperar” dos años de cotizaciones a la Seguridad Social perdidos durante la etapa de la crisis económica, al objeto de completar lagunas de cotización, mediante la suscripción de este convenio con la TGSS. Finalmente, mejora en la cuantía de la pensión de viudedad (un 4%).

Este tipo de reformas son sin embargo muy modestas – salvo la relativa al Salario Mínimo – en relación con las que deberían haberse aprobado y han quedado pendientes ante la convocatoria de elecciones. Basta con enunciar las más conocidas para entender su importancia: Vinculación de las pensiones al IPC y derogación del factor de sostenibilidad (el eje de la reforma del 2013 en la que tanto el pacto político como el acuerdo social eran plenamente coincidentes), ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, y ante todo las reformas urgentes ya señaladas sobre la desvinculación del contrato de obra y servicio de la duración de la contrata, la implantación del registro de horas –al que en poco tiempo nos obligará el TJUE – el establecimiento de un principio de igualdad salarial y de condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados respecto de los previsto en el convenio sectorial como mínimo garantizado, la derogación del principio de preferencia aplicativa del convenio de empresa o la afirmación del principio de ultra actividad una vez extinguido el convenio colectivo, elementos todos ellos centrales en el acuerdo tanto con los sindicatos como con Unidos Podemos que sin embargo ahora decaerá al no poder terminar la tramitación del texto legislativo en el que se incluían.

La emanación de normas de urgencia por parte del Gobierno en el período que resta hasta la disolución de las cámaras y las elecciones no parece que pueda pasar el filtro de una Diputación Permanente en donde tiene mayoría el PP y Ciudadanos. Por tanto el grueso de las reformas acordadas quedarán una vez más sin poder aplicarse. Un rasgo inquietante de la actuación del gobierno del PSOE que no ha sabido – ni tal vez querido – arbitrar los medios para llevar a la práctica los pactos establecidos. Un éxito para la CEOE que ha visto confirmada su capacidad de vetar las reformas laborales que no tengan su consentimiento, y que posiblemente espera que el resultado de las elecciones le permita seguir manteniendo el eje ideológico que reivindica respecto de la negociación colectiva de empresa fundamentalmente. Un horizonte negativo para la negociación colectiva que tiene que afrontar una irresponsable actitud de algunas patronales territoriales y de sector que se niegan a aplicar los compromisos adoptados en el IV AENC en un contexto legislativo inconveniente. Un incumplimiento evidente de núcleo central de los acuerdos alcanzados en el plano social y político que posibilita una vez más la no reversibilidad de los aspectos más negativos de la reforma laboral del 2012 de la que precisamente en estos días se cumplen siete años de ominosa vigencia.

Posiblemente no es ahora el momento para insistir en la movilización ya iniciada que actualmente tiene que cambiar de rumbo ante el anuncio de elecciones generales y la amenaza de que éstas sean ganadas por la ultraderecha tripartita y neoliberal que se ha manifestado de forma explícita en la Plaza de Colón el domingo 10 de febrero. Tiempo habrá para calibrar ésta, teniendo en cuenta además que se cruza en ese tiempo la importante convocatoria de la huelga feminista del 8 de marzo. Ahora solo queda recordar qué pese a haber trabajado duramente y haberse empeñado tanto los sindicatos más representativos y la izquierda parlamentaria en sintonía con los planteamientos de la ciudadanía social, sus esfuerzos han sido baldíos no sólo por la connivencia entre las fuerzas de la derecha y las que representan el independentismo catalán, sino por la incapacidad del gobierno del PSOE en encontrar las vías apropiadas en el tiempo oportuno para dar satisfacción a los acuerdos básicos que legitimaban su presencia institucional y daban confianza en su gestión de gobierno al servicio de los que han sido castigados por las políticas de austeridad en los últimos seis años.

LA INVISIBILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES SINDICALES

En los últimos días, hemos sido bombardeados con la inminencia de una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid que tenía por objetivo preservar la unidad de la nación española y que había sido precedida de una fuerte descalificación personal y política del presidente del gobierno a cargo de los dirigentes políticos de la oposición tripartita en la que se integran, por orden de gradación a la derecha extrema Ciudadanos, Partido Popular y Vox. La manifestación ha generado a su vez innumerables comentarios sobre la base de la fotografía final de la misma con los tres partidos en pie de igualdad y la presencia en la concentración de significativas personas e instituciones, desde el ex ministro del interior Corcuera, y la incorporación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a la pancarta de Abascal, el líder de Vox, hasta el vedetismo de dos personajes mediáticos, el premio nobel Vargas Llosa y el ex ministro socialista francés Manuel Valls, flamante candidato a alcalde de Barcelona.

La temática sobre la que se construye la protesta era, como se sabe, la negociación del gobierno con los independentistas catalanes en el marco de las conversaciones para obtener el apoyo a los presupuestos presentados en el congreso, unos presupuestos que en líneas generales responden a unos acuerdos con Unidos Podemos y que plantean una mayor capacidad de gasto social y de inversiones. La protesta de la derecha no habla de este objetivo sino de la “traición” que supone intentar abrir un proceso de diálogo con el presidente de la Generalitat y los partidos que gobiernan Catalunya, lo que para este frente tripartito de partidos supone una claudicación de la idea nacional y por tanto un motivo seguro para la destitución del presidente del gobierno.

Todos hablan / hablamos de este asunto. Nadie sin embargo coloca la agenda social en el centro de las preocupaciones del país, como si la opinión pública no pudiera debatir más que a propósito de la estructura emocional de la nación española, envuelta en el color rojigualda de la bandera omnipresente.

Y sin embargo, coincidiendo con este evento político interno, se han producido en toda Europa en la semana pasada algunos hechos que deberían haber llamado la atención de los medios de comunicación. Si la convergencia entre la CGT francesa y el movimiento de los Chalecos Amarillos a partir de una huelga general el 5 de febrero no mereció apenas comentarios, mucho más en sordina pasó la convocatoria de una asamblea de cuadros sindicales de CCOO y UGT realizada en Madrid, en la Caja Mágica, el 8 de febrero viernes, con la asistencia de 10.000 delegadas y delegados en un mar de banderas rojas y violetas. Bajo el tema de “Más Hechos, menos palabras”, la asamblea sindical  se inscribía en la campaña de movilización acordada por las dos centrales para exigir a las organizaciones empresariales el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva; para exigir la aprobación de los consensos alcanzados con el Gobierno en las mesas de diálogo social para mejorar derechos laborales y sociales, así como la derogación de la reforma de pensiones de 2013; para impulsar la lucha por la igualdad y contra la brecha salarial; para establecer un contrapeso a las presiones que recibe el Gobierno para concretar avances sociales, y para romper el bloque sistemático que ejerce la mesa del Congreso y los grupos parlamentarios a las reformas que necesitan los trabajadores y trabajadoras. Un conjunto de temas cuya relevancia y trascendencia son evidentes, pero que apenas llamó la atención de algunos comentaristas económicos y un discreto lugar en las páginas interiores de los periódicos digitales al uso.

La movilización sindical en España no tenía nivel para situarse en las primeras noticias del día, pese a los muy cuidados e interesantes discursos de Pepe Álvarez y Unai Sordo, cuyo contenido debería ser escuchado con atención, y no solo por el Gobierno. Pero tampoco la inmensa manifestación sindical unitaria que al día siguiente, 9 de febrero, colapsó Roma y llenó la plaza de San Juan de Letrán de aquella ciudad en donde el recién elegido secretario general de la CGIL, Maurizio Landini exigió que el gobierno escuchara al pueblo del trabajo y cambiara el rumbo de la política económica, un discurso que no sólo no ha gustado a los miembros de la Lega de ese gobierno, sino que ha sido atacado en toda la línea por el inspirador del Movimiento 5 estrellas - ¿el relator del movimiento? – Beppe Grillo. Tampoco la huelga general prevista para mañana, 13 de febrero en Bélgica merecerá una sola nota de redacción de los periódicos ni desde luego las televisiones.

El trabajo no es ya un espacio sobre el que la información está interesada. Invisibilizándolo como elemento social y político, es decir como elemento central de la cohesión social y como clave de la inclusión democrática de las clases subalternas que propenden a construir espacios más amplios de ciudadanía social, se esconde también y fundamentalmente la figura social que lo representa, el sindicato como representante general de éste. La idea es la de desplazar el centro de gravedad de la discusión política hacia un espacio de debate alimentado por la crispación y el conflicto perpetuo con instituciones y adversarios predeterminados cuya solución a través de transacciones mutuas tras el conflicto no es aceptada y se denuncia como una práctica incompatible con la democracia. 

La libertad de información se transmuta en libertad de empresa, la que rige los propósitos de los grupos económicos que dominan los principales medios de comunicación privados en nuestro país. La pedagogía que llevan a cabo los medios de comunicación y a la que se arrastra a la opinión pública española – con la complicidad, voluntaria o forzosa, de los partidos democráticos – descorporeiza la realidad social que refleja la problemática material del trabajo y fomenta el desdibujamiento de los sindicatos, una subjetividad potente y activa que sin embargo es borrada del espacio virtual con la idea de obtener su desvitalización efectiva en la vida real, alejando de las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía los temas que deberían ser su preocupación más acuciante: la nivelación salarial y la recuperación de condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, la revalorización de las pensiones y la derogación del factor de sostenibilidad, la reversión de los elementos más negativos de la reforma laboral del 2012, cuyo séptimo aniversario tampoco ha sido recordado posiblemente para que no se pudiera hablar de las consecuencias gravosas de devaluación salarial e incremento exponencial de la desigualdad como efecto inmediato de estos procesos normativos.

Es este por tanto un aspecto extremadamente negativo que complica de forma adicional la situación de los sindicatos en nuestro país. Un país acostumbrado a la mentira y a los insultos como práctica habitual de una estrategia de la crispación que desprecia y excluye cualquier planteamiento divergente del proyecto autoritario que se quiere imponer como forma “nacional” frente a la forma democrática y la complejidad que ésta reúne. Un país donde el símbolo más evidente de la tolerancia cómplice del oligopolio de los medios de comunicación con la ultraderecha es la presencia de tres periodistas leyendo un manifiesto plagado de mentiras e inexactitudes, tres profesionales de la información cuya praxis asume la falsedad y el odio como ejercicio cotidiano de su actividad.

Reaccionar frente a esta construcción inducida de una realidad proto-fascista de la que el trabajo es inexistente porque se le niega una cualidad política o social diversa de su condición estricta de mercancía, y, en la que consecuentemente, se anula la presencia, la voz y la imagen de las figuras sociales que lo representan, los sindicatos, es cada vez más urgente. Una tarea en la que hay que ser conscientes que la democracia se juega mucho y las y los trabajadores bastante más.

CONGRESO INTERUNIVERSITARIO OIT EN SEVILLA SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO

Con ocasión del centenario de la OIT se abrió hace ya un año un espacio de debate académico que comenzó en la Universidad carlos III de Madrid, continuó mediante la coordinación de los diferentes grupos de estudio en la Universidad de Castilla La Mancha y finalmente ha culminado en el Congreso Interuniversitario sobre el futuro del trabajo que se celebra en Sevilla los días 7 y 8 de febrero de 2019.

Se trata en efecto de un evento en el que coinciden en el ámbito de la universidad la presencia de los mandantes de la OIT, es decir, empresariado, sindicatos y gobiernos en torno al objeto de discusión, el futuro del trabajo, descompuesto en torno a cuatro grandes “conversaciones” que giran sobre “Trabajo y Sociedad”, “Trabajo Decente para todos”, “Organización del trabajo y de la producción” y “Gobernanza del Trabajo”. La estructura del encuentro se hace cargo del tripartismo fundante de la OIT, y en la primera parte del mismo, una larga serie de mesas redondas se han dedicado a la comparecencia de las autoridades – con la presencia de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio – seguida de la de los interlocutores sociales, y la presentación del Informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de título también indicativo, Trabajar para un futuro más prometedor, que lleva a cabo Rebeca Grynspan , secretaria general de la SG Iberoamericana (SEGIB), que ha formado parte de esta Comisión Mundial, a la que ha introducido Yolanda Valdeolivas, como secretaria de estado de empleo del gobierno español.

El Congreso después se despliega en la presentación de las comunicaciones académicas en sesiones paralelas estructuradas sobre la base de las respectivas “conversaciones”, entre las cuales se han seleccionado por el comité científico tres de cada una que se expondrán el viernes como anticipo de la intervención de invitados académicos propuestos por cada uno de los grupos, empresarios, sindicatos y gobierno. Por el grupo de jóvenes investigadores de la UCLM, se expondrá una comunicación en el marco de la conversación sobre la “gobernanza” elaborada por Milena Bogoni, Oscar Contreras y Gratiela Moraru, y en el día de mañana otra por parte de Concha Sanz. El interés que ha levantado este evento se atestigua por el número muy corpulento de comunicaciones presentadas: 130 ponencias en este Congreso, 359 personas que han participado a lo largo de todo el proceso, 60 universidades españolas, 8 europeas, 12 americanas.

El motivo principal del Congreso se asienta sobre una consideración ambivalente que es simultáneamente optimista y pesimista sobre un futuro tecnológico sobre el que la imaginación despliega una larga serie de interrogantes que generan a partes iguales confianza e incertidumbres. Cambia el trabajo, la forma de producir y la manera de trabajar y estas mutaciones no sólo inciden en el empleo sino la relación entre igualdad y cohesión social como variables ancladas en las transformaciones que se experimentan en la actividad laboral.

Joaquín Nieto como Director de la Ofinic de la OIT en España mencionó una serie de fenómenos apreciables a nivel global : la importancia de las cadenas globales de suministro (en las que trabajan ahora 600 millones de trabajadores), la digitalización y el trabajo en plataformas, unas visibles y otras menos, miles de personas que buscan trabajo por internet, diseño, tratamiento de textos, nuevos trabajadores que prestan sus servicios sin Derecho del Trabajo, sin tutela laboral, los nuevos jornaleros del siglo XXI que carecen de cualquier protección laboral o social.

Desde otra perspectiva, se resalta que nuevos cambios son ineludibles si se tiene en cuenta la realidad del cambio climático, la necesidad de una transición energética que hará que decenas de millones de trabajadores empleados en sectores energéticos, deberán transformar su actividad, con evidente impacto sobre los empleos y la necesidad por consiguiente de ayudas públicas que favorezcan y disminuyan los efectos negativos de tales transiciones.

El mundo en el que vivimos no es solo un escenario de metacrilato y omnipotentes chips que acoge una aceleración frenética del ritmo de las existencias individuales en un mundo desarrollado que posibilita un mercado laboral líquido y ágil que va a dar mayores oportunidades a las personas que en él participen.  Es ante todo un mundo profundamente desigual y escindido entre regiones ricas y pobres y en el que una buena parte de sus territorios sufren la guerra y la desesperación del hambre y el peligro cotidiano que les lleva a arriesgar su seguridad, su posición social y su propio arraigo personal en un territorio determinado. Esta desigualdad impulsa flujos de inmigración mucho más potentes y multitudinarios - 260 millones de emigrantes en la actualidad, pero es un fenómeno que se incrementa exponencialmente – que a su vez plantea reacciones defensivas de los mercados de trabajo nacionales y comportamientos xenofóbicos cada vez más influyentes en los países de destino.

La atención a las “instituciones laborales” pivota ante todo sobre los nuevos modelos de negocios y el cambio en la organización del trabajo. Pero la presencia sindical y la función que estas figuras representativas pueden desempeñar en este nuevo escenario se considera en los discursos dominantes subsidiaria o impotente. Es cierto que la reflexión sobre el sistema sindical vigente, la enorme diferenciación nacional de estos modelos y la preponderancia del sindicalismo de empresa como fórmula general preferida por las ideologías economicistas neoliberales, plantea problemas específicos que sin embargo no son muy atendidos en el debate actual, salvo en lo referido a la presencia del sindicato como agente global de negociación con las empresas transnacionales.

El encuadramiento de los rasgos caracterizadores de ese “futuro del trabajo” no está por tanto cerrado, aunque haya una reflexión cuantitativamente muy importante. Es cierto que sobre lo que ya se ha debatido llega el momento de las propuestas, que es el elemento básico del título de esta discusión global, es decir, el escenario sobre el que se quiere incidir, el trabajo que queremos. Desde la OIT, cualquier proyecto de regulación tiene que enfocarse desde la metodología del diálogo social, en el marco de una nueva gobernanza compartida y participada. Además de ello, la relevancia de la formación y de la educación comprendida como un proceso permanente y continuo, parece aseverarse como una necesidad adecuada a los nuevos tiempos. La otra línea de desarrollo es la de promover una garantía laboral universal. Es decir, la consideración general y universal de un trabajo que reúna los derechos y principios fundamentales de la declaración de la OIT de 1998: prohibición del trabajo forzoso e infantil, el respeto del derecho de libre sindicación y de negociación colectiva, La garantía de un principio de igualdad en el acceso en el trabajo y de no discriminación. Este tipo de exigencias como reglas laborales fundamentales de carácter mínimo e imprescriptible, con independencia del grado de desarrollo económico de cada país y de que el mismo haya o no ratificado los convenios internacionales que los regulan y garantizan, es un objetivo largamente enunciado por la OIT pero que dista mucho de haberse realizado de manera efectiva.  Además se estima que es imprescindible un salario vital, el control del tiempo y la seguridad en el trabajo. Y procurar Invertir en la protección social en un modelo productivo más sostenible.

Lamentablemente en la agenda del futuro del trabajo no se incluyen estrategias que aborden los problemas importantísimos que la financiarización de la economía mundo está planteando precisamente a las relaciones laborales en esta etapa de la globalización, cuestiones que dificultan la extensión de los derechos laborales a nivel global y que se expresan dramáticamente en la apropiación por parte de los mercados de la deuda de las decisiones democráticas en los estados sobre la base de obtener el pago de los intereses a la vez que se exigen reformas de estructura que devalúan de manera intensa titularidad y ejercicio de los derechos laborales y sociales. La relación entre el sistema fiscal y la capacidad de generar amplias zonas de protección social es asimismo ignorada, como la existencia de paraísos fiscales frente a los cuales no se ha planteado una acción internacional decisiva. Y, entre otros grandes problemas planteados a nivel global, las formas de control de la codicia corporativa de las grandes empresas transnacionales es un punto que también queda en sordina.

El congreso por tanto ha iniciado sus trabajos y a lo largo del día de hoy se irán exponiendo en comisiones separadas las comunicaciones que se han ido presentando. Muchas de ellas no se corresponden con esa visión global, sino que reposan exclusivamente sobre la perspectiva europea o sobre análisis y propuestas respecto de instituciones nacionales, estudios de caso y otros valiosos aportes, pero posiblemente sin relación real con el objeto del congreso, el futuro del trabajo que queremos desde una perspectiva global. La extraordinaria acogida interdisciplinar a esta llamada está seguramente incentivada por el sistema de clasificación y acreditación que en España simboliza la ANECA, y la enorme cantidad de textos repercute negativamente sobre el tiempo de exposición que está más cerca de un abstract que de una contribución científica. La diversidad de los temas y la inexistencia de una selección temática interna también distrae del interés de los asistentes. Y previsiblemente su publicación, si existe, pasará completamente inadvertida salvo que el autor o la autora de la misma la rehaga y procure presentarla de forma autónoma a una revista indexada y de impacto porque en caso contrario no sacará de ello ningún provecho académico. Naturalmente no se podrá efectuar ningún debate ordenado o desordenado sobre las aportaciones efectuadas, puesto que lo que único que se pretende es que los participantes puedan defender sus ponencias y no que éstos interactúen los unos con los otros en un espacio de debate.

Pero con las reflexiones críticas que se puedan efectuar, es evidente que el esfuerzo efectuado y el mero hecho de tantas personas provenientes de la Universidad se reúnan para reflexionar y analizar propuestas y realidades derivados del trabajo es muy loable y sin duda ha permitido que una buena parte de la sociedad se implique en el proyecto dirigido y promovido por la OIT y que la Universidad asuma, aunque sea parcialmente, su misión de análisis y conciencia crítica sobre el mundo que habitamos.