CONVOCATORIA DE ELECCIONES: TANTO POR HACER

Nos lo habían dicho, pero al final hasta la comparecencia de hoy a las diez de la mañana, no ha sido oficial: el día de las elecciones generales será el 28 de abril, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Una fecha que coincide con el día internacional de la salud laboral y antecede al “puente” del 1 de mayo. Atrás quedan las declaraciones del presidente Sánchez en las que enfáticamente aseguraba que llegaría en todo caso al 2020 y que “si fracasan los Presupuestos, gobernaré con Decretos” (PedroSanchez gobernará aunque no le aprueben los presupuestos). Poco dura la alegría en la casa del pobre, como diría mi inolvidable tía Viti.

Dejando de lado las consabidas explicaciones sobre la necesidad de recomponer el tablero político, la inamovible cuestión catalana que sabemos reconducida al peor de los escenarios posibles, y otras zarandajas mediáticas, lo que de verdad importa es comprobar en qué medida sirvió a los intereses ciudadanos estos ocho meses de gobierno del PSOE tras la moción de censura al gobierno del PP de Mariano Rajoy y más en concreto los efectos de esta etapa de gobierno sobre la  cuestión social, que es, pese a que los grandes medios conspiran para ocultarla y hacerla invisible, la cuestión principal en este país tras los seis años de aplicación de las políticas de austeridad por los gobiernos del PP.

En los periódicos digitales más interesantes se enumeran algunas de las carencias o por mejor decir las medidas que la convocatoria de elecciones no podrá llevar a cabo. Lo que en esta entrada se quiere poner de relieve por el contrario es lo que el gobierno ha hecho hasta ahora en políticas sociales, cuáles han sido sus referencias para ello, el alcance de las reformas efectuadas y finalmente el significado de los temas que han quedado pendientes.

Conviene recordar brevemente, en efecto, que antes de la moción de censura que desalojó felizmente al nefasto gobierno del PP de Mariano Rajoy, el PSOE mantuvo una escasa actividad legislativa, y además fue paralizada por el gobierno del PP sobre la base del art. 134.6 CE según el cual el Gobierno puede negar su conformidad a una proposición de ley si ésta supone “aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”. En efecto, una proposición de ley del Grupo socialista para la modificación de la subcontratación de servicios laboral (art. 42 ET) fue vetada por el gobierno y el Tribunal constitucional en STC 44/2018, de 26 de abril, entendió que este veto es inconstitucional porque debe justificarse mínimamente. La proposición de Ley se tramitó a partir de ahí y es ese testo al que el gobierno confiaba la introducción de importantes modificaciones de la norma laboral en materia de registro de jornada y negociación colectiva, como luego se verá.

En ese período previo, la mayor actividad legislativa de reforma corresponde al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos – En Comú  Podem. En Marea, con una larga serie de proposiciones de ley de entre las cuales solo se ha tramitado hasta el momento la proposición de ley sobre igualdad salarial y eliminación de la brecha de género, pero donde hay un dilatdo elenco de temas bien desarrollados que dan cuenta de un proyecto de regulación de las relaciones laborales que desmonta los elementos centrales de la reforma laboral del 2012 y desarrolla aspectos importantes de un programa progresista de derechos laborales. El aislamiento institucional en el que paradójicamente se mueven estas iniciativas - ¿no es el Parlamento el espacio en el que se producen los grandes debates que interesan a la opinión pública? - impiden que sean conocidas por la ciudadanía en general y ni siquiera por una buena parte de los que serían sus protagonistas, las y los trabajadores del Estado español.

A partir del 2 de junio de 2018, se entra en una fase caracterizada por una serie de declaraciones y acuerdos que no necesariamente van a tener una traducción normativa, pese a la trascendencia de alguna de estas decisiones.  En efecto, se entra en un período de declaraciones a cargo de diferentes miembros del gobierno que en muchas ocasiones se desmienten unos a otros sobre los propósitos de reformas incoherentes entre sí sobre la reforma laboral y sobre la seguridad social. Pese a que en la justificación política del nuevo gobierno resultaba un elemento clave la derogación de la reforma laboral y la reconstrucción de las garantías precisas para enlazar  las pensiones con el IPC, el resultado concreto de estos compromisos se postergaban a lo que se decidiera en el diálogo social o en el Pacto de Toledo, en el bien entendido de que el Gobierno pretendía priorizar la reforma de algunos aspectos de la reforma del 2012 especialmente en materia de negociación colectiva y la derogación de la reforma de Seguridad social del 2013.

La firma del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020 (IV AENC) en julio de 2018 entre CCOO y UGT se una parte y CEOE-CEPYME de otra, contenía dos elementos fundamentales, el establecimiento de un salario convenio mínimo de 14.000 € anuales, 1.000 € al mes y un compromiso de diálogo con los interlocutores sociales y el gobierno para intervenir sobre aspectos concretos de la reforma laboral del 2012 especialmente en materia de negociación colectiva. Esta última estipulación permitió al Gobierno incentivar el diálogo social a través de la apertura de mesas de negociación sobre este particular y por consiguiente dilatar la resolución de aspectos centrales y perentorios de la reforma esperando la conclusión de un acuerdo entre los interlocutores sociales que le garantizarían el acuerdo del Congreso en la convalidación de un Decreto Ley al respecto. Mientras tanto, la única señal de acción concreta por parte del gobierno en materia laboral fue la aprobación de un Plan Director para el Trabajo Digno el 27 de julio 2018 que comprometía la actuación de la Inspección de Trabajo en el incumplimiento del fraude en la contratación temporal y tiempo parcial y en la persecución de los supuestos de falsos autónomos, lo que habría que arrojar buenos resultados en los siguientes meses.

En octubre de 2018 se llega al trascendental Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem – En Marea que contiene un importante contenido laboral y social: tanto el SMI a 900 euros, como la revalorización de pensiones, la derogación del factor de sostenibilidad, la reforma del contrato de obra y servicio desligándolo de la duración de la contrata, la eliminación de la preferencia aplicativa del convenio de empresa y el establecimiento de la ultra actividad sin límite, el subsidio de mayores de 52 años, la nueva contribución de los autónomos, la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, la ratificación de la Carta Social Europea modificada, y en general todo un programa de prestaciones en dependencia, mejoras en el desempleo, junto con la promesa de configurar un grupo de estudio para la realización de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Es mucho más que un acuerdo sobre los presupuestos, da sentido y fuerza a un programa de gobierno y permite por tanto pensar en un horizonte de reformas que reviertan durante el tiempo de la legislatura los elementos más negativos de la reforma laboral del 2012 y las reformas en materia de Seguridad social del 2013. Con este Acuerdo, la identidad social del gobierno queda marcada y definida por los objetivos sociales del mismo, aunque se asistirá posteriormente a continuas tensiones en el seno del PSOE para achatar o incluso anular el alcance de estos compromisos, que en unos casos se resolverá positivamente mediante la presión de los votos de Unidos Podemos y que en otras ocasiones se buscará su solución en el aplazamiento de la toma de decisiones al respecto.

Por último, la urgencia sindical por revertir la reforma laboral logró que en diciembre del 2018 se llegara a un preacuerdo entre Gobierno y CCOO y UGT sobre derogación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, reponer la ultra actividad de los convenios, establecer el registro de jornada, reformar el art 42 ET para que los trabajadores “secundarios” de la contrata cobren el salario de los trabajadores de la empresa principal, reestablecer la jubilación forzosa pactada en convenio y el subsidio de mayores de 52 años. La CEOE-CEPYME se opuso a este acuerdo con una sobreactuación en la prensa que no sólo buscaba establecer implícitamente un principio de veto ante cualquier reforma laboral que no contara con su anuencia, sino que quería bloquear la incorporación de estos temas a una norma de urgencia como el Decreto-Ley. El gobierno fue sensible a este veto y derivó la regulación de estos temas a la proposición de ley que se estaba tramitando sobre modificación del art. 42 ET sobre subcontratación de obras y servicios, donde iba a incluir las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores pactadas bilateralmente con los sindicatos y sin embargo mediados a través de las enmiendas al texto tramitado.

Es a finales de año cuando se produce el único impulso gubernativo a las reformas sociales, mediante una emanación en cadena de decretos y sobre todo de Decretos –Leyes que luego habrán de ser convalidados por el Parlamento. De manera muy sintética se pueden recordar los principales temas de esta intervención: En primer lugar y de manera destacada, el RD 1462/2018, de 21 de diciembre por el que se fija el salario mínimo para el año 2019 en 900 euros al mes / 30 € día. En la misma dirección, el RDL 24/2018, fija un incremento de las retribuciones de los empleados públicos en un 2,5 %. Se trata sencillamente de recoger el II Acuerdo para la mejora para el empleo Público firmado con los sindicatos del sector con el Ministro Montoro  que el PP no había puesto en práctica.

Además otros aspectos de relieve: Nueva jubilación parcial en el RDL 20/2018 para los trabajadores de la industria manufacturera, coeficiente de temporalidad para incremento cotización en contratos temporales de corta duración, cotización de becarios y estudiantes en prácticas a la Seguridad Social, Jubilación forzosa en convenios colectivos, todo ello en la norma “escoba” RDL 28/2018, que aun contiene otras prescripciones como la derogación de contratos e incentivos que la reforma del 2012 había previsto como “excepcionalidad social” ante las cifras de desempleo en la crisis, vinculados a la tasa de desempleo de un 15%, derogación del Contrato de Apoyo a los Emprendedores (CAE) que había sido impugnado por inconstitucional al prever un período de prueba de 1 año, del contrato de primer empleo Joven y de una larga serie de incentivos económicos aparecidos en el 2012 y 2013.

Además, el RDL 25/2018 prevé ayudas especiales y prestaciones en la “Transición justa” de la minería del carbón, fruto de un Acuerdo entre las Federaciones de Industria de CCOO y UGT  y la patronal del Carbón, o la compatibilidad de la pensión de jubilación con los derechos de autor y promesa de modificación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos en el RDL 26/2018. El gobierno a su vez ha iniciado los trámites para ratificar la Carta Social Europea revisada en 1995, pero no sabemos si también lo hará con el protocolo de reclamaciones colectivas. No parece tampoco que cumpla su compromiso de ratificar el Convenio 189 de la OIT.

En materia de Seguridad Social, aunque lo más importante quedaba para la Ley de Presupuestos, se establece la revalorización de las pensiones en un 1,6% y un 3% las pensiones mínimas y no contributiva y la subida de las bases mínima de cotización en el porcentaje de aumento del salario mínimo, junto con el “destope” leve – un 7% - de las bases máximas de cotización. También se prevé el incremento del período de percepción de la prestación por cese de actividad hasta 24 meses (frente a los 12 actuales) para los Trabajadores Autónomos y aumento del 1,25 % para estos de las bases mínimas de cotización en la Seguridad Social, y la creación de un “convenio especial para los afectados por la crisis”, para “recuperar” dos años de cotizaciones a la Seguridad Social perdidos durante la etapa de la crisis económica, al objeto de completar lagunas de cotización, mediante la suscripción de este convenio con la TGSS. Finalmente, mejora en la cuantía de la pensión de viudedad (un 4%).

Este tipo de reformas son sin embargo muy modestas – salvo la relativa al Salario Mínimo – en relación con las que deberían haberse aprobado y han quedado pendientes ante la convocatoria de elecciones. Basta con enunciar las más conocidas para entender su importancia: Vinculación de las pensiones al IPC y derogación del factor de sostenibilidad (el eje de la reforma del 2013 en la que tanto el pacto político como el acuerdo social eran plenamente coincidentes), ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, y ante todo las reformas urgentes ya señaladas sobre la desvinculación del contrato de obra y servicio de la duración de la contrata, la implantación del registro de horas –al que en poco tiempo nos obligará el TJUE – el establecimiento de un principio de igualdad salarial y de condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados respecto de los previsto en el convenio sectorial como mínimo garantizado, la derogación del principio de preferencia aplicativa del convenio de empresa o la afirmación del principio de ultra actividad una vez extinguido el convenio colectivo, elementos todos ellos centrales en el acuerdo tanto con los sindicatos como con Unidos Podemos que sin embargo ahora decaerá al no poder terminar la tramitación del texto legislativo en el que se incluían.

La emanación de normas de urgencia por parte del Gobierno en el período que resta hasta la disolución de las cámaras y las elecciones no parece que pueda pasar el filtro de una Diputación Permanente en donde tiene mayoría el PP y Ciudadanos. Por tanto el grueso de las reformas acordadas quedarán una vez más sin poder aplicarse. Un rasgo inquietante de la actuación del gobierno del PSOE que no ha sabido – ni tal vez querido – arbitrar los medios para llevar a la práctica los pactos establecidos. Un éxito para la CEOE que ha visto confirmada su capacidad de vetar las reformas laborales que no tengan su consentimiento, y que posiblemente espera que el resultado de las elecciones le permita seguir manteniendo el eje ideológico que reivindica respecto de la negociación colectiva de empresa fundamentalmente. Un horizonte negativo para la negociación colectiva que tiene que afrontar una irresponsable actitud de algunas patronales territoriales y de sector que se niegan a aplicar los compromisos adoptados en el IV AENC en un contexto legislativo inconveniente. Un incumplimiento evidente de núcleo central de los acuerdos alcanzados en el plano social y político que posibilita una vez más la no reversibilidad de los aspectos más negativos de la reforma laboral del 2012 de la que precisamente en estos días se cumplen siete años de ominosa vigencia.

Posiblemente no es ahora el momento para insistir en la movilización ya iniciada que actualmente tiene que cambiar de rumbo ante el anuncio de elecciones generales y la amenaza de que éstas sean ganadas por la ultraderecha tripartita y neoliberal que se ha manifestado de forma explícita en la Plaza de Colón el domingo 10 de febrero. Tiempo habrá para calibrar ésta, teniendo en cuenta además que se cruza en ese tiempo la importante convocatoria de la huelga feminista del 8 de marzo. Ahora solo queda recordar qué pese a haber trabajado duramente y haberse empeñado tanto los sindicatos más representativos y la izquierda parlamentaria en sintonía con los planteamientos de la ciudadanía social, sus esfuerzos han sido baldíos no sólo por la connivencia entre las fuerzas de la derecha y las que representan el independentismo catalán, sino por la incapacidad del gobierno del PSOE en encontrar las vías apropiadas en el tiempo oportuno para dar satisfacción a los acuerdos básicos que legitimaban su presencia institucional y daban confianza en su gestión de gobierno al servicio de los que han sido castigados por las políticas de austeridad en los últimos seis años.