EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA DOCTRINA PORRAS SOBRE CONTRATOS TEMPORALES E INTERINIDAD. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY

Los juristas del trabajo andamos agitados desde ayer con la lectura de la Sentencia del pleno del Tribunal Supremo, con un voto particular de Fernando Salinas y Rosa Virolés, que ha zarandeado de nuevo el problema de la compatibilidad de nuestra legislación con la directiva europea sobre contratos temporales. El Tribunal Supremo ha entendido mayoritariamente que nada debe ser modificado en la regulación de la interinidad y de la temporalidad, en lo que supone una afirmación más conservadora que lo que propuso la comisión de expertos en materia de contratación temporal bajo el gobierno del PP. Joaquín Pérez Rey, conocido experto en la materia y fundamentalmente comentarista privilegiado en este blog, nos hace una primera valoración de este fallo (nunca mejor dicho) que, aunque sea fin de semana, se publica para general conocimiento.

El TS ejerce de sepulturero de Porras. Breve comentario la STS 13-3-2019

Joaquín Pérez Rey

Como saben los aficionados al entretenimiento televisivo las buenas series se resisten a terminar, aunque en ocasiones languidecen. Algo similar, aunque menos espectacular dado el lenguaje plúmbeo de los juristas y su deficiente manejo de twitter, sucede con la serie de más éxito laboral de los últimos tiempos, el juego de tronos del Derecho del Trabajo: la saga Porras, como acostumbra a llamarla el profesor Rojo Torrecilla.

Acabo de tener acceso al último capítulo: la STS del Pleno de 13 de marzo de 2019 (núm. 207/2019) que integra en nuestro ordenamiento la respuesta que el TJUE dio en Porras II a la cuestión prejudicial elevada por la propia Sala IV del TS.

Teníamos razón para dudar.

En ella, que cuenta con voto particular, la mayoría del Tribunal se decanta finalmente por la postura más conservadora y autocomplaciente con nuestro sistema de contratación temporal, asumiendo que el caso Porras no ha sido otra cosa que una torpeza del TJUE. Se asume el relato según el cual el Tribunal europeo fue engañado por el TSJ de Madrid (sus premisas las obtuvo de «la redacción de la cuestión prejudicial remitida por la Sala de Madrid») y actuó con palmaria ignorancia del derecho español, dando lugar a conclusiones que producían «grandes dificultades de comprensión» y que felizmente han sido «reconducidas» por el propio TJUE en Montero Mateos, Grupo Norte Facility y Porras II (todas ellas comentadas en este mismo blog), negando que «quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no de lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas». Declaración que se «corresponde plenamente» con los razonamientos del TS. Teníamos razón, advierte regodeándose el Alto Tribunal español, para dudar de la indemnización de 20 días a la finalización de los contratos temporales.

Poca novedad hay aquí pues, como es bien conocido, esta negativa ya estaba plenamente operativa en la doctrina judicial como consecuencia de la rectificación del TJUE. Por eso lo más interesante de la sentencia que comentamos no es su aproximación a la cláusula 4 de la Directiva 99/70, sino sus conclusiones respecto de la incidencia que en el debate puede tener la cláusula 5 de la norma europea.

Ni 20, ni 12, ni diferencia injustificada de trato para los interinos

Recuérdese que lo más original de la cuestión elevada por el TS era la pregunta acerca de si era conforme a la Directiva en su apartado 5 la negación de indemnización a los interinos y su reconocimiento al resto de temporales. Un intento, en suma, de llevar al ámbito del Derecho de la UE las diferencias entre temporales entre sí que indudablemente quedaban fuera del principio de no discriminación, pero que podrían ser relevantes desde la prevención de abusos de la contratación temporal que es el otro eje de la norma europea.

El TJUE respondió al TS dejándole completa libertad para decidir si una indemnización reconocida al término de un contrato temporal es o no una medida «apropiada» o equivalente para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la contratación temporal sucesiva. No obstante, el Tribunal europeo no dejó de «sugerir» que este tipo de indemnizaciones nada tenían que ver con las medidas derivadas de la cláusula 5 de la Directiva.

Y esta sugerencia es asumida en su integridad por el TS para quien «la mera imposición de una indemnización, como la establecida para los otros contratos temporales, no sólo no constituye una sanción por el uso abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación temporal». Nada que ver entonces con las exigencias de la cláusula 5 de la Directiva.

Estas exigencias pasan, en nuestro ordenamiento, por la proscripción del fraude de ley y la transformación en indefinido del contrato lo que se garantiza a los interinos, satisfaciendo así y de «modo completo» las exigencias que respecto de ellos derivan de la cláusula 5 de la Directiva, sin que tenga, por tanto, incidencia alguna su apartamiento no solo de las indemnizaciones por fin de contrato, sino también de la regla 24/30 del art. 15.5 ET.

La conclusión no se hace esperar: los interinos -en este caso por sustitución- no tienen derecho desde luego a una indemnización de 20 días a la conclusión de su contrato, pero tampoco a la de 12 días prevista para otros temporales pues tal exigencia carece de apoyo en el Derecho de la UE.

¿Y en el derecho nacional? También cierra el TS las puertas a la posibilidad de esgrimir el ordenamiento interno como impeditivo de la diferencia de trato entre interinos y otros temporales. La diferencia se justifica por las especiales características de la interinidad por sustitución respecto de otros contratos temporales: existencia de un trabajador con reserva de su puesto, puesto que no desaparece con el cese del interino y por el hecho de que implica un modo de garantizar el derecho al trabajo de la persona sustituida (art. 35.1 CE) [esto último, por cierto, es bien discutible. Lo que garantiza el derecho al trabajo de la persona sustituida es la suspensión de su contrato con derecho a la reserva del puesto, no la solución técnica ideada para ofrecer a las empresas fórmulas de sustitución de su personal).

Voto Particular: entre los 20 días derivados de la excepción Montero Mateos y los 12 por no existir razones objetivas para excluir a los interinos

La complacencia de la sentencia mayoritaria con nuestro sistema de temporalidad y sus resultados encuentra una respuesta crítica en el voto particular que formula Salinas Molina y al que se adhiere Virolés Piñol.

En él se ofrecen dos soluciones alternativas a la posición mayoritaria.

La primera pasa por entender que en este caso era aplicable la excepción Montero Mateos (ap. 64 de la STJUE 5-6-2018) al tener el contrato analizado una duración inusualmente larga e imprevisible. Esta excepción, que la posición mayoritaria había descartado por motivos procesales, debería haber conllevado una indemnización de 20 días. Se alinea a sí el VP con algunas posiciones ya conocidas en la doctrina de los TSJ y que, dicho sea de paso, resultan discutibles en el marco de una excepción que impone «recalificar el contrato como fijo» y por tanto aplicar los cauces extintivos del despido.

La segunda, formulada de forma subsidiaria, propugna la indemnización de 12 días y lo hace básicamente por entender que es una conclusión que no impide el Derecho de la UE, al contrario, la alienta, y por descartar que existan razones objetivas que justifiquen la distinción entre interinos y los demás temporales. 

Pero más allá de estas soluciones concretas cabe destacar del voto particular su intento de hacerse cargo de la complejidad del problema, advirtiendo el deficiente funcionamiento de nuestro sistema de contratación temporal, en especial en el ámbito público y propugnando una interpretación más acorde con los principios que animan la regulación europea de la contratación temporal. Un escenario menos conformista del propugnado por la mayoría y, por qué no decirlo, más pegado a la realidad de unos contratos que, como el propio voto particular recuerda, muchas veces se perpetúan de tal modo que enlazan con la jubilación de sus titulares.

El debate por tanto sigue vivo, aunque ya muy concentrado y sin la potencialidad expansiva que propició el primer pronunciamiento Porras.

¿Qué nos queda de Porras?

Los rescoldos de Porras cada vez calientan menos, pero no se apagan del todo.  

La excepción Montero Mateos promete seguir animando el debate, una vez que ya ha sido manejada por el TS respecto del contrato de obra y servicio ligado a contratas y es esgrimida por el VP como acabamos de ver. Repárese además que la mayoría descarta su aplicación por motivos procesales y no de fondo, de modo que habrá que esperar a otra oportunidad para seguir indagando cuál es su verdadero alcance.

No es descartable tampoco, y el voto particular es un firme apoyo en esta dirección, que el trato diferencial entre interinos y el resto de los temporales dé el salto al debate constitucional para que se despeje definitivamente si el mismo obedece o no a causas justificadas.

Como advertíamos, la trama languidece en espera del volver a captar de nuevo la atención del público.

Hasta aquí este fugaz comentario sobre el que sin duda volveremos. Seguramente será la RDS, que en apenas unos días estrenará una nueva y flamante sección de comentarios a la jurisprudencia del TS, la que ofrecerá su ya proverbial hospitalidad, solo comparable a la de este blog que ahora me acoge.