12 CONGRESO DE CCOO. UN GRAN SINDICATO ANTE GRANDES RETOS

 

Los días 21, 22 y 23 de octubre se ha celebrado en Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas y del municipio de Coslada, el 12 Congreso de CCOO. En él se ha renovado como Secretario General a Unai Sordo por amplísima mayoría, 659 votos a favor y 44 abstenciones, es decir, con un 93, 7% de respaldo de los delegados, y se ha elegido una nueva Comisión Ejecutiva Confederal de 11 personas, 5 hombres (Carlos Bravo, Carlos Gutiérrez, Agustin Martín, Vicente Sánchez y Mariano Sanz) y 6 mujeres (María Cardeñosa, Cristina Faciaben, Empar Pablo, Mari Cruz Vicente, Carmen Vidal y Carolina Vidal), es decir, una composición paritaria por género. Sobre la base del lema “Actuar para avanzar”, CCOO propone una serie de prioridades para el próximo período que reafirma su concepto de organización autónoma portadora de un proyecto político, económico y social de España en el contexto histórico actual de la fase post-Covid y en el marco del espacio supranacional europeo.

La propuesta sindical

La prioridad primera enunciada en este 12 Congreso habla de la necesidad de intervenir en la dialéctica que enfrenta los modelos diferentes y contrapuestos de organización social, lo que implica disputar la hegemonía cultural en la construcción de un nuevo modelo social y económico a partir de una decidida política de amplias alianzas tanto en la sociedad civil como en los espacios propiamente culturales, sin olvidar la esfera internacional. El segundo terreno de acción es, naturalmente, el de recuperar, fortalecer y extender derechos. En esta propuesta más propiamente reivindicativa, se aúnan tanto las materias relativas al empleo de calidad y con derechos, la lucha contra la precariedad y la salud laboral y el impulso a la igualdad, como la exigencia de la definición de políticas de industrialización e i+D+i, junto con el abordaje de la transición a la economía digital, o, finalmente, las redes de protección y pensiones y la garantía de rentas, junto con el resto de políticas públicas de salud, vivienda y fiscalidad, así como la indicación de los “espacios naturales de intervención sindical” en los que se pueden gestionar estos objetivos, es decir, el diálogo social, la negociación colectiva y la acción sindical en la empresa. La última parte de la propuesta habla de la extensión y el fortalecimiento de la organización sindical como el medio idóneo de extender y fortalecer los derechos, de manera que “a mayor organización, mayores y mejores derechos”. En esa línea destaca la necesidad de adecuar la estructura del sindicato a los cambios que se producen en el tejido productivo y en el mercado de trabajo, tanto en las nuevas identidades laborales como en las formas de combatir o adecuar la organización a la externalización productiva y la segmentación laboral, comparando el mapa que puede surgir de la realidad social y la presencia representativa, afiliativa y organizativa del sindicato.

La fuerza y el empoderamiento del sindicato

CCOO es una organización social fuertemente implantada en España. Pese a la crisis, que en el ciclo 2011-2015 le hizo perder afiliación, el incremento afiliativo ha sido constante desde 2017, de los casi 921.000 afiliados de ese año a los 977.000 del 2020, lo que es especialmente interesante porque se ha seguido produciendo, aunque con un aumento pequeño, en el año de la pandemia y del confinamiento. En este último año, el peso de la afiliación femenina ha sido muy fuerte, y ello también se ha recogido en la composición de los órganos de dirección del sindicato, no sólo en el nivel confederal, sino en las organizaciones de rama y territoriales del mismo. Es una Confederación en la que los ingresos propios por actividad se elevan al 84,30% de todos los recursos de que se dispone, deforma que tan sólo el 13,54 % de estos ingresos proviene de programas finalistas para formación o por representación.

CCOO es el primer sindicato del país en número de representantes en los órganos de representación de trabajadores y empleados públicos. Más de 94.000 delegados de los Comités de empresas y Juntas de Personal, que suponen el 35,6% de los mismos a nivel estatal. Junto con UGT, que con sus 83.000 delegados representa al 32,8% de la cifra total de representantes, constituye la organización confederal de mayor representatividad entre la totalidad de trabajadoras y trabajadores del país. Desde 1988 sin apenas fluctuaciones sustanciales, CCOO ha mantenido una política de unidad de acción sindical que hace que el sindicalismo confederal tenga una posición fuerte y unitaria tanto en los procesos de negociación con el poder público como con las asociaciones empresariales, y que en líneas generales, la negociación colectiva de eficacia general y normativa sea el instrumento de regulación de las condiciones de trabajo y empleo prácticamente generalizado entre todas las ramas de producción, territorios y empresas.

La reforma del marco institucional de las relaciones de trabajo: modernizar y democratizar el sistema

En esta etapa post-Covid, en un momento en el que el Plan de Recuperación y Resiliencia se compromete a efectuar una importante modernización de la regulación jurídica del sistema de relaciones laborales que debe culminarse antes de final de año, surge ya la urgencia de efectuar una buena parte del proyecto de reformas que el movimiento sindical lleva reivindicando desde la inversión del ciclo político y la moción de censura que expulsó al Gobierno de Rajoy. Un conjunto de materias que se sintetizan en la expresión “derogar la reforma laboral del 2012” y que realmente se trata de reivindicar modificaciones en los “aspectos más lesivos” de ésta en materia de negociación colectiva y de subcontratación, junto con otros elementos nuevos de indudable importancia, como la necesaria reformulación del marco legal en materia de contratación temporal, y que ha sido objeto de muy numerosas reuniones entre los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Ministerio de Trabajo, desde marzo de este año 2021.

La CEOE ha mostrado su hostilidad a la dirección que emprende este camino reformista. Mientras que en la situación de excepción, se han dado pasos conjuntos a través del diálogo social, la posibilidad de ver recortadas las muy poderosas facultades de dirección y control que les reconoce la legislación laboral del 2012, su dominio sobre el ajuste del empleo tanto respecto de la utilización desaforada de la contratación temporal como el abaratamiento y facilitación del despido sin control colectivo y en fin, la plena libertad en la organización de las formas de externalización de costes, hace que la asociación patronal no esté dispuesta a una reforma que reequilibre esta profunda asimetría de poder. El problema es que esta posición es compartida por el área de economía del gobierno, que ha sabido jugar a su favor aprovechando el giro que en el 40 congreso del PSOE se ha dado hacia un mayor protagonismo político del ala mayoritaria del Gobierno, anulando la importante presencia activa de la Ministra de Trabajo y su equipo en la gobernanza exitosa del diálogo social. Sobre esta base, se ha creado una crisis muy importante al desautorizar plenamente a Yolanda Díaz como la persona que debe seguir llevando a cabo el proceso de negociación de las reformas comprometidas con Europa, sustituyéndola por un pool de seis ministros encabezados y dirigidos por la Vicepresidenta Nadia Calviño. Esta, que encabezó la delegación gubernamental que asistió a la apertura del congreso de CCOO, declaró que no había nada avanzado sobre el contenido de la reforma, solo contactos preparatorios, y que la verdadera negociación se iniciaría bajo su dirección en el marco del diálogo social.

El golpe de timón lo ha avalado el propio presidente Sánchez, lo que ha provocado que Unidas Podemos haya solicitado formalmente una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno ante la evidente injerencia en las competencias del Ministerio de Trabajo que esta decisión ha provocado. El hecho está lejos de ser un incidente que pueda ser gestionado prudentemente, puesto que las consecuencias de esta decisión son de extrema gravedad: Por primera vez en la historia se impide a la Ministra de Trabajo liderar el proceso de diálogo social, se ignora el proceso ya muy avanzado de intercambio de posiciones entre las partes, y se desautoriza la concreta gobernanza de esta reforma en la que el Ministerio de Trabajo ha invertido mucho tiempo y esfuerzo,  provocando un conflicto político y sindical que parece directamente encaminado a erosionar la figura política y el prestigio social de Yolanda Díaz, pero que puede acabar con la experiencia reformista del gobierno.

Defender el diálogo social desde la firmeza y la movilización

La acogida que el Congreso de CCOO dio a Yolanda Diaz, la excelente intervención de ésta en la que reivindicó al sindicalismo español y en especial a CCOO su papel central en la construcción y el mantenimiento de la democracia, constituyó desde luego una señal respecto del fuerte apoyo que la posición del Ministerio encuentra entre los delegados de CCOO, pero también de lo extendido de su apoyo entre la clase trabajadora del país. Como se sabe, la Ministra de trabajo afirmó con claridad que “vamos a derogar la reforma laboral a pesar de las resistencias, que las hay y son muchas”, una posición de firmeza y de compromiso que fue recibida con entusiasmo por el Congreso de CCOO. Algo que Unai Sordo ha defendido como un reto inminente que el sindicato debe superar. La propuesta de reiniciar un proceso de negociación como si lo que se ha trabajado y discutido no tuviera ninguna importancia, implica un desprecio evidente al valor del diálogo social. Un valor que se niega a la representación de los trabajadores, cuyos intereses son, en esta nueva perspectiva, invisibilizados e ignorados en una suerte de reseteamiento de lo negociado hasta ahora. Una acción desatenta a la realidad de las mayorías sociales que sostienen el bloque de investidura, pero también un profundo error motivado por la competición electoral futura entre PSOE y el Frente Amplio que promueve Yolanda Díaz.

Es un hecho que refleja una tendencia aun más preocupante: pasada la fase de excepcionalidad social, una larga parte de las élites económicas no está dispuesta a una modificación importante de las reglas de juego y en consecuencia al cuestionamiento de las grandes líneas generales que estaban en la base de la reforma del 2012 y las políticas de austeridad. Esas “resistencias” están instaladas de manera transversal también en el área económica del Gobierno, coincidente parcialmente con los intereses del empresariado, pero realmente arraigadas en una concepción profundamente dogmática de la creación de riqueza según los paradigmas monetaristas que justificaron las políticas de degradación de derechos en el ciclo de la crisis financiera.

Unai Sordo, como también Pepe Álvarez, han comprometido a sus organizaciones en una potente movilización si se impide llevar a efecto el ideario reformista al que se han comprometido los dos partidos en el programa de gobierno, un compromiso que retóricamente quiere patrimonializar el PSOE, y que en la realidad se disolverá una vez más, en la conservación de las reglas que disciplinan la articulación de la negociación colectiva, favorece la devaluación salarial, confirma la precariedad como un destino inevitable para jóvenes y mujeres con la finalidad de que la extrema desigual distribución de la riqueza siga constituyendo la regla a la que nos debemos, por la fuerza de las cosas y la hipocresía de un tipo de política profundamente equivocada, someter la mayoría de las personas que trabajan.

La presión tiene que redoblarse ahora, en estos días.  Luego puede ser demasiado tarde. Este es el gran reto al que se enfrenta el movimiento sindical y en especial CCOO.