HUELGAS EN LA INDUSTRIA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 

Este tardío otoño está trayendo una ola creciente de conflictividad. En el reflujo de la pandemia, se ha producido un importante repunte de los precios, insuflados por el aumento de los costes de la energía. Las asociaciones empresariales se enrocan en una defensa de los márgenes de ganancia que aseguren su rápida recuperación en un contexto dominado por la esperanza de grandes inversiones de dinero provenientes de los fondos europeos. La reforma de la negociación colectiva, anunciada y prometida al menos desde la Navidad del 2018, no se ha producido, y la legislación de la crisis sigue vigente, con su potente carga antisocial.

En este contexto, los sindicatos de la industria han comenzado una serie de movilizaciones en distintos sectores. En primer lugar, en el sector de la automoción, donde se encuentran amenazados más de 15000 empleos, ante la crisis de los semiconductores, el aprovisionamiento de materias primas, los problemas logísticos y la electrificación de la movilidad - la escasez de microchips - y frente a los cuales la inacción del Ministerio de Industria es inconcebible. La concentración el 22 de noviembre ante este Ministerio ha generado al menos la convocatoria de la mesa tripartita del auto para el diálogo social, cuya evolución se habrá de seguir en los próximos días o meses. Pero no parece que la titular de Industria se encuentre especialmente motivada para desarrollar una política de intervención activa de su departamento en el abordaje de planes de reindustrialización efectivos.

La crisis del auto se manifiesta asimismo en el conflicto de Pilkington en Sagunto, ante los despidos de un tercio de la plantilla y la deslocalización a Italia de la fabricación de parabrisas, una huelga indefinida que prosigue con movilizaciones de alta participación ciudadana en la región, y que puede extenderse a otras empresas, como Mahle, amenazada de cierre en su fábrica de Vilanova y Mataró. A las 22 horas del miércoles 24 se consiguió un preacuerdo que hace que se quede la línea de laminado en Sagunto y que se eviten los despidos "traumáticos". La huelga y el apoyo cerrado de la población de Puerto Sagunto han sido claves para alcanzarlo.

Junto a estos problemas centrales para una industria fundamental como la del automóvil, que exige mecanismo de ajuste temporal como los ERTEs mientras dure la “tormenta perfecta” en la que se encuentra el sector por las causas ya señaladas, a lo que se añade la necesidad de inversiones que garanticen lo que se ha venido en llamar “la soberanía industrial” de nuestro país que garantice la fabricación propia de semiconductores para seguir produciendo en momentos de gran demanda, se despliegan otra serie de conflictos directamente ligados a la negociación colectiva, siempre en este sector de la industria.

Sucede con el convenio del metal de Alicante, en el que juega un papel importante la industria juguetera de Ibi, y en donde la patronal del metal alude al clima de “incertidumbre” para no admitir subidas salariales que se correspondan con el alza de los precios, y las dos jornadas de huelga convocadas – la última, del 23 de noviembre, con altísima participación y presencia en las calles – presionan en este sentido. En el convenio del metal de Toledo, la propuesta de la patronal supone un retroceso importante en los derechos laborales de descanso, permisos, reducción de pluses, incremento del capítulo disciplinario. Comienza en este sector la movilización por el convenio.

El caso más conocido, en razón de su presencia en los medios, es el del convenio del metal en Cádiz, una provincia que constituye el enclave industrial más fuerte de Andalucía que ha sufrido fuertes embates derivados de la deslocalización y desinversión industrial, desde la situación en astilleros hasta el cierre de Delphi. Se trata ahora del convenio de la industria auxiliar del metal, dedicada a la fabricación de productos básicos de hierro y ferroaleaciones, construcción de barcos y estructuras flotantes, aeronáutica y su maquinaria, fabricación de estructuras metálicas y sus componentes y carpintería metálica como las principales actividades de la industria del metal en Cádiz, que da empleo a más de 30.000 trabajadores, la gran mayoría en las empresas auxiliares que subcontratan o trabajan para las grandes compañías tractoras en ese territorio, Navantia, Airbus, Dragados y Alestis. Hay algunos interesantes informes periodísticos que dan cuenta también de la incidencia negativa de la precariedad y los frecuentes incumplimientos del convenio en un modelo “anclado en el miedo” a la pérdida de trabajo y la exclusión (https://www.infolibre.es/politica/metal-metal-miedo-precariedad_1_1213861.html).

Los empresarios gaditanos ofrecen una subida salarial fija del 2% en 2021, 2022 y 2023 y al final de este último año una revisión que actualizara los salarios de estos tres años con base en el IPC, con lo que los trabajadores recuperaban, en una paga y, dentro de dos años, el poder adquisitivo que hubieran perdido en estos tres ejercicios. Con ello, afirmaban, se podía asegurar una previsión financiera que les permitiera recuperar lo no ganado durante la pandemia. Los sindicatos pretenden que la subida sea conforme el IPC interanual para no perder poder adquisitivo y que esta condición se consolide.

Como de costumbre, una huelga por la negociación de un convenio colectivo, se ha convertido para los medios en un espectáculo que debe explotarse sobre la base de las acciones de toma de la calle que ha llevado consigo la huelga indefinida declarada en este sector. La policía ha mostrado, como lamentablemente es usual, una actitud represiva de la huelga que ha culminado, simbólicamente, con la aparición de una tanqueta para reprimir a los manifestantes y en imágenes muy deplorables de la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad golpeando a ciudadanos sin motivo. Se trata de un conflicto que está plenamente anclado en la comunidad ciudadana, que responde de manera unitaria y colectiva apoyando estas reivindicaciones. La represión de los derechos de manifestación y huelga ha sido motivo de conflicto en el seno del gobierno de la nación, donde la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo ha recalcado que se trata de un colectivo que ejercita derechos constitucionales protegidos al máximo nivel y que por tanto determinados medios de actuación sobre los mismos son plenamente criticables, cuestionando por tanto la utilización de material de guerra en la represión de las manifestaciones de los huelguistas. El conflicto sigue abierto y la autoridad laboral autonómica no piensa intervenir ni mediar por el momento.

Una señal inquietante sobre la necesidad de mejora de las y los trabajadores de muchos sectores de este país que en este momento histórico demuestran su hastío hacia una sociedad esencialmente desigual que les sitúa cotidianamente en el lado perdedor y derrotado de las relaciones sociales.  Una situación que puede ser aprovechada demagógicamente desde el discurso político antidemicrático -como ya lo ha hecho Abascal desde Vox, pese a que su partido se negó a aumentar inversiones y carga de trabajo en la Bahía de Cádiz en una iniciativa parlamentaria – y que es una llamada de atención al gobierno sobre la necesidad de reformas profundas y progresivas que consoliden una ordenación legislativa del trabajo que posibilite la consolidación de derechos individuales y colectivos fuertes y bien garantizados.

Ya cerrada esta entrada, se informa que se ha logrado un preacuerdo. El acuerdo consta de la firma de un convenio a tres años en el que se alcanzarán subidas del 2% anual hasta 2024. Llegada esa fecha la industria se compromete a revisar mediante una cláusula de retraso el poder adquisitivo perdido como consecuencia de los posibles aumentos del índice de Precios al Consumo. Los sindicatos habrían renunciado, de confirmarse el acuerdo, a un 0,5%, ya que se sentaban a negociar con la exigencia de un 2,5% de revalorización. La Patronal comenzaba la negociación hace nueve días con una propuesta inferior al 1,5% y tendrá que pagar si, como se prevé, la inflación sigue creciendo en el futuro próximo. De confirmarse su aceptación por las asambleas de trabajadores, sería una muy buena noticia.

Siempre en el amplio sector industrial, también en la industria cárnica, se ha llevado a cabo una movilización importante, esta vez también con éxito. En efecto, se había convocado huelga de la industria cárnica para los días 25 y 26 de noviembre y del 3 al 8 de diciembre para la negociación de un convenio colectivo. El momento de la huelga estaba elegido con acierto porque ponía en peligro el suministro en Navidad de las grandes superficies y otros comercios dedicados a la alimentación. El anuncio de la huelga ha hecho que los empresarios se avengan a negociar y a acordar: los salarios subirán el 3% este año, el 2,75% el que viene y el 2,5% en el 2023, además de contar con cláusulas de revisión salarial en función del IPC. Hay que tener en cuenta, según los datos de que se dispone, que muchas de estas empresas habían ampliado sus márgenes de beneficios, dado que según datos de la Federación Empresarial de Industrias Cárnicas (Fecic), la producción en el 2020 de todo el sector aumentó el 5,1%, hasta los 7,5 millones de toneladas.

Aunque el tema del convenio se ha logrado cerrar, hay que tener en cuenta que en este sector son muy frecuentes los abusos consistentes en reemplazar y sustituir la contratación de trabajadores por cuenta ajena para la realización de estas actividades industriales de elaboración de productos cárnicos y su posterior venta y distribución, por trabajadores autónomos, una cuestión a la que en las páginas de este blog se ha analizado en varias entradas (https://baylos.blogspot.com/2021/08/dos-sentencias-y-un-mismo-problema-los.html) En estos subterfugios se utiliza la cobertura formal de un contrato mercantil de prestación no directamente con los autónomos, sino que este contrato se efectúa a través de la  cooperativa de trabajo asociado que encuadra a los trabajadores supuestamente autónomos, con el consiguiente fraude a la Seguridad social y la facilidad en la extinción de la relación laboral y la peligrosidad en la prestación laboral, entre los efectos más negativos. Por eso desde el ámbito sindical, se preconiza una reforma de la legislación laboral de forma que  se establezca de manera taxativa que los empresarios “no podrán subcontratar la realización de obras o servicios así como cualquier actividad productiva, industrial de elaboración o transformación de productos para su posterior venta o distribución, o subcontrataciones en mataderos y lugares de sacrificio de aves y animales en general, así como otras actividades empresariales de otra naturaleza, como transportes o logística entre otras, a través de cooperativa de trabajo asociado que hayan optado por la aplicación del régimen de autónomos en vez del régimen general de la Seguridad Social”, una reforma que debería integrarse en la que se está debatiendo en el seno del diálogo social sobre los mecanismos de externalización productiva.

Debe resaltarse que en estos conflictos, como el que se abre en las conservas y salazones en Vizcaya, donde los cuatro sindicatos representativos del país han declarado huelga para el 30 de noviembre, ante la cerrazón de la patronal en defender la congelación salarial y pérdida de poder adquisitivo, negándose a negociar el resto de materias planteadas en las distintas plataformas por parte de los sindicatos, relacionadas con la precariedad o la salud laboral, se enmarcan en los procesos de negociación de las condiciones de trabajo. En estos procesos, asume una especial relevancia el tema salarial y el poder adquisitivo de los salarios, además de la reacción ante sectores especialmente castigados por la precariedad.

Por eso, el eje decisivo que explica estas movilizaciones está determinado directamente por el intercambio salarial básico. Es la determinación del salario y, de forma complementaria, la calidad del empleo y la necesaria restricción de la precariedad del mismo lo que sostiene el conflicto. Los sindicatos confederales no pueden esperar a la adopción de acuerdos que modifiquen las reglas a las que se somete la negociación colectiva para defender con ahínco estos elementos mínimos de defensa de la condición básica del trabajo subordinado, la remuneración suficiente y un empleo de calidad.

La situación es especial. El desbloqueo de los convenios condiciona la posibilidad de una recuperación económica que no puede basarse en la percepción de ayudas y subvenciones a los empresarios que no se repercutan en el aumento de salarios y por tanto en un cierto esquema redistributivo de los beneficios económicos. Importantes sectores de la representación institucional del empresariado español demuestran una actitud prepotente y hostil frente las reivindicaciones del colectivo de los trabajadores, empeñados en mantener a través de los bajos salarios su diferencial de ganancia. En esta dirección camina también el contagio de estos sectores por las actitudes políticas de oposición a las reformas del gobierno que llevan a cabo el PP y Vox – dando por descontado que Ciudadanos se encamina lentamente a su decrepitud y extinción – que alentando el conflicto pretenden deducir del un descontento social que deslegitima la obra del gobierno. Política de deslegitimación de la coalición progresista y posiblemente nostalgia de la imposición sin resistencia del programa máximo de reivindicaciones empresariales que llevó a cabo la reforma del 2012, alientan esa actitud inflexible. No es este o no debería ser el camino que guía a la CEOE en cuanto sujeto general de la representación económica, que está inserta en el proceso complejo de reformulación del marco institucional de las relaciones laborales. Pero si no hay cambios significativos, el conflicto social se irá extendiendo de manera cada vez más acelerada ante el bloqueo de la negociación colectiva por parte empresarial. Y posteriormente puede ir cargándose de otras determinaciones más intensas, exigiendo cambios mucho más profundos de las estructuras fundamentales de las relaciones de trabajo en un contexto de fatiga y malestar social en la fase post Covid 19. Permaneceremos atentos a estas evoluciones.