EL EXTRAÑO CASO DE CÓMO LA REFORMA LABORAL PROGRESISTA SE TRANSFORMÓ EN INMOVILISTA PARA PERMITIR QUE SIGUIERA VIGENTE LA REFORMA LABORAL DEL 2012 A LA ESPERA DE NUEVAS Y FUTURAS REFORMAS PROGRESISTAS

 

La necesidad de convalidar el RDL 32/2021 ha provocado en el debate político una enorme turbulencia sobre la base de un “frente de rechazo” al acuerdo social firmado el 23 de diciembre entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, que cobró forma jurídica en la norma de urgencia publicada el 29 de diciembre de 2021. El “frente común” encabezado, al decir de los medios, por el diputado de ERC Gabriel Rufian (https://www.eldiario.es/politica/rufian-carga-yolanda-diaz-avisa-frente-comun-socios-gobierno-reforma-laboral_1_8668411.html) cuenta con huéspedes seguros en el no, como los grupos de Junts y la CUP, que están fuera de la mayoría que sostiene al gobierno, pero integra asimismo a Bildu y pretende incorporar a PNV, Compromís y Más País, según las propias declaraciones, aunque parece que estos últimos se han desmarcado de esta posición. Con ello el RDL 32/2021 carecería de los apoyos suficientes para ser convalidado y por consiguiente desaparecería del ordenamiento jurídico, manteniéndose en vigor la normativa precedente derivada de la reforma laboral del 2012.

La idea que subyace a esta oposición es clara: "La reforma laboral ni tan solo es una reforma, es un maquillaje", lo que viene a significar, en la jerga de los políticos, que nada de importancia se ha modificado respecto de la legislación vigente, de manera que  ERC y el frente común que impulsa “no puede apoyar una reforma que no toca la indemnización por despido, que no dota de más medios a la inspección de trabajo, que no contempla o recupera los salarios de tramitación, que no dota a la administración de mecanismos para frenar EREs abusivos, que no lucha contra la precariedad o la falsa precariedad de contratos, o que no hace prevalecer los convenios autonómicos frente al resto". Las causas del rechazo son, por tanto y ante todo, los aspectos que no se han abordado en el acuerdo tripartito que se centraba sobre las materias previstas en la llamada componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se envió a Bruselas en el contexto del Plan europeo Next Generation, entre las que no se encontraba la regulación del despido individual ni colectivo. La referencia a los medios a la Inspección de Trabajo debería efectuarse en puridad al Plan Estratégico de la Seguridad Social aprobado por Resolución del 28 de noviembre de 2021, que contiene un sustancial reforzamiento de las potestades de la ITSS, y la alusión a la lucha contra la precariedad de los contratos se deberá referir a que la reforma radical de la temporalidad y de sus causas en el RDL 32/2021 a la que en este blog ya se ha aludido (https://baylos.blogspot.com/2021/12/la-busqueda-de-la-estabilidad-en-el.html) no le parece suficiente al partido impulsor de esta iniciativa política.

El único tema sobre el que este “frente común” manifiesta una objeción que tenga que ver con lo acordado es el relativo a la “prevalencia” de los convenios sectoriales de ámbito autonómico sobre los estatales, que es una reivindicación que tiene más sentido en comunidades autónomas como la vasca o la gallega en la que existe un sindicalismo de nacionalidad representativo, que en el caso vasco además es mayoritario respecto al sindicalismo confederal de ámbito estatal. Esta es sin embargo  una materia más complicada que lo que se sugiere en este slogan puesto que la estructura territorial de la negociación colectiva sectorial se asienta sobre el ámbito provincial en muchas ocasiones -lo que hace que en comunidades como Navarra se confundan por tanto provincia y comunidad -,y por otra parte, el art. 84.3 ET permitía, ya desde la reforma de 1994, que en el ámbito de la comunidad Autónoma se negociaran convenios que se desgajaran del convenio estatal siempre que se obtuviera el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación, con el límite de algunas materias que se reservaban en todo caso al tratamiento de las mismas en el convenio estatal, una facultad que jamás, desde su incorporación al ET, se ha ejercitado, y, finalmente, es posible arbitrar una articulación de unidades de negociación como la pretendida en función de un acuerdo interprofesional de los regulados en el art. 83 ET en el ámbito autonómico. Es decir que el tema es más complejo que el que sugiere una simple prevalencia de la unidad de contratación de la Comunidad Autónoma respecto de la estatal, muy diferente de las competencias estatales / CCAA que conocemos a partir de la regla de distribución de competencias en la Constitución y que parece que es la regla que miméticamente se quiere aplicar a este asunto.

Lo que es evidente es que el RDL 32/2021 como expresión del acuerdo social tripartito no ha generado ninguna pérdida de derechos laborales, frente a lo que era la regla general de todas las reformas del mercado de trabajo en España desde 1984 en adelante. Al contrario, ha incrementado el ámbito de ejercicio de los mismos. Ese es un hecho notorio que nadie puede negar. Las encuestas de que se dispone confirman esta impresión en la percepción de los ciudadanos, incluidos los votantes de las fuerzas contrarias a la reforma laboral, como han señalado algunos medios de comunicación (https://www.infolibre.es/politica/mayoria-votantes-erc-bildu-apoyan-reforma-laboral-partidos-plantean-tumbar_1_1217401.html)  Por eso el reproche se dirige hacia lo que no aborda el Acuerdo, en especial que no haya modificado las reglas básicas sobre la regulación del despido, salvo en lo que se refiere al ensanchamiento del ámbito de la improcedencia derivado de la contratación temporal irregular y la obstaculización del despido colectivo a través de los ERTE y en su momento el mecanismo Red como técnicas de interposición ante la extinción del contrato de trabajo, aunque estas cuestiones no son mencionadas en las críticas al Acuerdo y al RDL 32/2021.

Pero esas carencias no alcanzan a encubrir otros elementos de disenso posiblemente más determinantes. Uno explícito, según el cual la nueva reforma laboral es un texto "personalista" de Yolanda Díaz, lo que implica la descalificación del mismo porque "ERC no negocia ni vota proyectos personales". Lo que sugiere una cierta obsesión personalista de quien así argumenta, porque definir como proyecto personal el proceso de negociación entre los sindicatos, la patronal y el gobierno que sobre este tema se ha ido desarrollando a partir de marzo del 2021 y que ha culminado, nueve meses después en un acuerdo social tripartito, es algo verdaderamente desacertado y sin conexión alguna con la realidad. Refleja más bien una obsesión negativa respecto de la posibilidad política de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo como figura relevante en la conformación de una izquierda transformadora que pueda constituir un peligro para la audiencia electoral del republicanismo catalán en próximas elecciones y que precisamente había encontrado en la consecución de un acuerdo progresista con todos los agentes sociales un elemento muy significativo de su capacidad de dirección política. El segundo punto, implícito, es el de la consideración negativa del acuerdo social como elemento de legitimación democrática de las políticas sociales, en la medida en que el resultado del mismo se solapa y en gran medida condiciona el acuerdo político-partidista, de manera que la capacidad de supeditar la decisión fundamental de gobierno al consenso con las minorías que lo sostienen, queda extraordinariamente limitada por el acuerdo social, que constituye la llave de una forma de gobernanza socio-política de lo social fuera del ámbito partidista y electoral. La condición subalterna del acuerdo social a la decisión política en sede parlamentaria que puede mejorar o empeorar el resultado del pacto social es el segundo elemento que fundamenta ese posicionamiento.

El resultado de este movimiento de rechazo a la reforma laboral es paradójico. Más allá de coincidir con el rechazo del Partido Popular y de Vox a la reforma, lo que supone la no convalidación del RDL 32/2021 es la restauración de la normativa laboral hasta el momento vigente, que no es otra que la que proviene de la reforma del 2012 como aplicación de las políticas de austeridad. Retorna la prioridad aplicativa plena del convenio de empresa sobre el sectorial, la ultra actividad limitada al plazo de un año, la subcontratación de las empresas multiservicios, el contrato de obra y servicio determinado como causa imprecisa de la temporalidad y la eventualidad sin límites, las sanciones por el incumplimiento de la contratación irregular en bloque, no en razón de cada caso concreto de incumplimiento, la restricción del contrato fijo discontinuo, el desarrollo del ajuste  de empleo a través de los despidos colectivos sin la posibilidad de los ERTE, el despido colectivo de los trabajadores en las administraciones públicas ante la falta de cobertura presupuestaria, los largos periodos de contratación temporal en los proyectos de investigación universitarios, la inoperancia del contrato en formación y en prácticas, en fin, todos los cambios que según el promotor del “frente común” contienen el “maquillaje” de la realidad laboral que serán sustituidos por el sistema normativo nacido en el 2012 que a su juicio la reforma laboral debería haber anulado de raiz. De esta manera, denunciando el inmovilismo de la reforma del 2021 se consigue que la reforma del 2012 recobre su vigencia a la espera de nuevos horizontes futuros de emancipación y de progreso en el marco, eso si, de una economía de mercado y de libertad de empresa en la que la cantidad de la indemnización por despido sea el elemento determinante de la dignificación de las condiciones de trabajo. Verdaderamente una extraña reivindicación desde un enfoque que se pretenda progresista. ¿En ello se resume realmente la propuesta política de Esquerra Republicana de Catalunya en materia laboral?