En esta
serie sobre las elecciones europeas, es interesante recordar la importancia que
en el contexto de futuro de la Unión Europea se ha dado al llamado “Pacto verde”
o a la transición ecológica que junto con la digital acumulan los objetivos de
la Unión. La Secretaría Confederal
Sostenibilidad Medioambiental de CCOO con motivo del día mundial de
medio ambiente, que se celebra hoy, 5 de junio, ha elaborado este comunicado al
respecto que Azahara Merino ha hecho llegar al titular de este blog y
que por su interés y oportunidad, se da a conocer a continuación con un pequeño comentario añadido:
“El debate público sobre las
políticas de la transición verde -y en particular, el Pacto Verde Europeo-
tiene una relevancia, tanto en nuestro país como en el conjunto de la UE-27, en
el marco de las próximas elecciones europeas que en España se celebrarán el 9
de junio.
La UE apostó por diseñar un
“European Green Deal” (Pacto Verde Europeo) con el objetivo de transformar la
UE en una “sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente
en el uso de los recursos y competitiva, en el que no habrá emisiones netas de
gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado
del uso de los recursos”. Este Pacto Verde, presentado por la Comisión Europea
en 2019, se configura como un paquete de iniciativas políticas que incluye la
Ley del Clima Europea, la Estrategia de adaptación al cambio climático, la
Estrategia sobre la biodiversidad, la Estrategia Industrial Europea, Plan de
Economía Circular, de agricultura, finanzas sostenibles, Transición Justa,
entre otras.
Si la UE quiere cumplir con los
objetivos climáticos para 2030, es necesario que en la próxima legislatura se
acelere la implementación de las normativas ya aprobadas, de forma armonizada a
nivel nacional y garantizando su cumplimiento. Así como, plantear nuevas
medidas para alinear a la UE con el objetivo climático para 2040 que se
negociará tras las elecciones de junio 2024. Para ello, resultará clave la
movilización de más inversiones públicas y privadas, ya que según un estudio del
Institute for Climate Economics, el déficit de inversión climática para
alcanzar los objetivos de 2030 es alrededor de 406 mil millones de euros al año
(un 2,6% del PIB de la UE).
No obstante, el desarrollo de las
iniciativas políticas incluidas en el Pacto Verde Europeo está condicionadas
por diversos motivos. Así, por un lado, el Consejo Europeo acordó el 22 de
diciembre de 2023 -y con el objetivo de aplicarlo a partir de 2025- la “Reforma
del marco de la gobernanza económica de la UE”, planteándose una vuelta a las
reglas de fiscalidad que imponen unos límites estrictos a los niveles de
déficit público y de deuda de los Estados miembros.
Las nuevas restricciones
impuestas pueden tener un impacto significativo en las políticas de inversión
pública que, tal como plantea la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en
el documento “Reforma de la gobernanza económica: Prioridades de la CES contra
la austeridad y a favor de las inversiones” -adoptado en la reunión del Comité
Ejecutivo de 26-27 de marzo de 2024-, no solo va a perjudicar a los recursos
destinados a materias de ámbito social sino también aquellas destinadas a
consolidar las necesarias transiciones verde y digital.
A esto se suma un escenario
político caracterizado por el auge creciente que ha experimentado la extrema
derecha en la UE, y cómo está condicionando las posiciones de los partidos
conservadores tradicionales en materias como inmigración o las políticas de
transición verde. En este sentido, los datos estadísticos reflejan cómo la
extrema derecha ha ido avanzando. El voto en Europa a la derecha radical en
2004 era del 6%, a partir de la crisis migratoria siguieron al alza alcanzando
el 11% de los votos, hasta la actualidad, donde en 2022 llegó al 17%.
En este día internacional del
Medio Ambiente hay que recordar que España y Europa están en estado de
emergencia climática. Porque las consecuencias de la crisis ecológica ya
están desencadenando problemas, olas de calor cada vez más frecuentes, sequías
y precipitaciones extremas, crisis de biodiversidad e invasión de vectores y
especies invasoras.
Hay que recordar que España es
un país vulnerable y esa conciencia del problema debe ser importante a la hora
de elegir nuestra papeleta en las elecciones del próximo domingo 9.
Hay partidos que quieren imponer
un retroceso en los avances sociales conseguidos a nivel europeo en diferentes
ámbitos -derechos laborales, migraciones, igualdad de género y diversidad,
medio ambiente-. A modo de ejemplo, en el programa electoral de VOX de las
elecciones generales de 2023 afirmaban rotundamente querer abandonar los
“acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del
interés general”, como el Acuerdo de París, querer derogar la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética y suspender cualquier “norma climática
impuesta por las élites globalistas”.
Asimismo, capitalizan
políticamente el descontento y el rechazo social de los grupos de población más
vulnerables y los territorios más afectados por las medidas de lucha contra el
cambio climático. La extrema derecha vende “seguridad” y “protección” frente a
los costes que implican la transición verde en términos sociales y
territoriales.
En este escenario, el papel de la
sociedad y del sindicato es especialmente relevante para garantizar una
transición justa e inclusiva fortaleciendo la dimensión social de las políticas
de transición verde y afrontar sus costes adversos -personales, sociales,
territoriales-. Para CCOO y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el
futuro pasa por defender la aprobación de una Directiva de Transición Justa
que anticipe y gestione de forma equilibrada los cambios y sus efectos así como
una revisión del marco de gobernanza económica que no suponga la vuelta de la
austeridad y de margen suficiente a los Estados para aumentar las inversiones
necesarias para la transición verde justa.”
El documento de CCOO como se ve,
insiste en algo muy evidente en lo que se ha hecho hincapié en las entregas
anteriores de esta serie, y es en señalar la doble urgencia de la transición
ecológica en un contexto de cambio climático y de especial vulnerabilidad de
parte importantes del territorio del Estado español, y la necesidad de
encontrar una fuerte inversión pública que sostenga este desarrollo. Eso
implica necesariamente frenar la vuelta a la austeridad, que convierta las
medidas y avances logrados en los últimos años en mecanismos permanentes en
lugar de soluciones sólo para tiempos de crisis. Que se fortalezca la
capacidad de la Unión Europea para garantizar la cohesión social y que se
elimine de una vez y para siempre la amenaza de las políticas de austeridad y
los recortes antisociales.
En esa dirección cobra sentido un
Pacto Verde Europeo mejorado sobre el que aparece en los documentos hasta ahora
aprobados que, combatiendo el retorno propuesto por las fuerzas políticas
liberales y conservadoras a la austeridad a través de la rigidez de las reglas
de la gobernanza económica, desarrolle una política industrial fuerte que
permita a la UE ocupar un puesto relevante en la competencia entre China o Estados Unidos, que potencie la
transición energética hacia la descarbonización completa de la economía y que
contribuya a que la Unión Europea recupere su papel de liderazgo como promotora
de una planificación ecológica en clave democrática a escala global.
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