SOBRE EUROPA Y EL 9 DE JUNIO (IV): ¿A QUIEN INTERESA EL PILAR SOCIAL EUROPEO?

 

Dando ya por asumido que no ha sido posible trasladar a la ciudadanía la importancia de abrir un espacio de debate sobre el proyecto político que los distintos partidos y coaliciones pretenden defender en el Parlamento Europeo, capturado el discurso por el viento plebiscitario en torno al presidente del gobierno y a la corrupción a la que se achaca a su mujer o, en menor medida, por la promulgación de la ley de amnistía contra la cual se organizan rezos marianos ante la sede del PSOE, esta entrada pretende simplemente discurrir sobre la importancia del Pilar Social Europeo y la conveniencia de preservarlo y desarrollarlo en los próximos cinco años, lo que conduce a una clara y evidente orientación de voto sobre la base de los programas de los partidos concurrentes.

Para los laboralistas, el Pilar Social Europeo viene a ser lo que la Agenda 2030 para el llamado pensamiento woke, objeto ambos de los denuestos de la extrema derecha. El Pilar Social sin embargo, es menos conocido y por tanto se beneficia de esa falta de interés de las fuerzas reaccionarias (hoy llamadas iliberales) por su significado y desarrollo en el marco del proyecto europeo. Un gran amigo y colega de la UCLM, Antonio Garcia-Muñoz me hacía notar hace días la aparente contradicción entre los constitucionalistas y europeístas críticos sobre la fase post-covid de la Unión Europea, y la recuperación de las estructuras básicas del ordoliberalismo en las nuevas reglas de gobernanza en la Unión (de cuya argumentación se puede encontrar una excelente muestra en el último artículo de Agustín J. Menéndez con ocasión del 50ª aniversario de la CES publicado en la Revista de Derecho Social nº 105) y el fervor con el que los iuslaboralistas europeos han acogido los resultados de este quinquenio, en la base de cuyo entusiasmo se encuentra la “floreciente legislación” europea de desarrollo del Pilar Social (como se comprueba de la lectura de Claire Kilpatrick, “The Roaring 20s for Social Europe. The European Pillar of Social Rights and burgeoning EU legislation”, publicado en Transfer 29 , 2023). Se trata posiblemente de la expresión de la dualidad básica sobre la que los juristas críticos afrontamos el tema europeo a través de la cual se quiere llamar la atención sobre el problema central de la constitución europea que es frecuentemente olvidado o reprimido ideológicamente en el discurso dominante, sin que ello impida tener en cuenta los importantes avances normativos que se han logrado en esta etapa de transición marcada, en las políticas económicas, por el programa Next Generation.

Lo cierto es que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que fue aprobado en el 2017 justamente como intento de recuperar legitimidad para la Europa social tras la desafección generalizada, especialmente en el sur y este de la Unión ante las políticas de austeridad fruto de la gobernanza económica europea que se ensañaron con las condiciones de existencia precarias de gran parte de la población, contiene una serie de principios que han sido objeto de desarrollo normativo en el derecho de la Unión, a través de varias normas en materia laboral, fundamentalmente Directivas, muchas de ellas o las más relevantes adoptadas en el final de la legislatura, y que requieren ahora un esfuerzo de concreción y desarrollo en el derecho interno, lo que en el caso de España supondrá la apertura de nuevos procesos de intercambio político y previsiblemente de diálogo social sobre su realización específica. No hay más que pensar en la Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, la Directiva sobre salarios mínimos adecuados, o la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, pero también otras pendientes de desarrollo completo como la Directiva sobre condiciones de trabajo trasparentes y previsibles, una vez completada en el RDL 2/2024, la trasposición de la Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y profesional.

Pero en el Pilar Social hay otro tipo de compromisos cuyo desarrollo todavía no se ha producido y en el que desde luego la composición del nuevo Parlamento Europeo que se vota el 9 de junio será determinante. Entre ellos, el derecho a la protección frente al despido, un tema en el que la Carta Social Europea está activando de manera muy decisiva en orden a la indemnización adecuada y disuasoria, y que necesariamente abre el tema de las garantías sobre el despido que en España será uno de los elementos centrales del debate social inminente, y el entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos, que exige a su vez un amplio espacio de discusión y de debate, sobre la base de precisar las indicaciones que se desprenden del Reglamento de Inteligencia Artificial y que también se prolonga en la Carta de Derechos digitales que se debe ir desplegando en los ordenamientos internos.

La preocupación porque el próximo Parlamento que marque el rumbo de una nueva Comisión para este quinquenio sea capaz de armonizar una política económica que no asfixie el espacio de la intervención pública en el gasto social y la inversión en las transiciones digital y sostenible y que siga desarrollando los derechos contenidos en el Pilar Social es por tanto el elemento que marca las preferencias de voto en la convocatoria del próximo domingo.

Es decir, dando por supuesto que hay que oponerse al avance de la derecha liberal y la ultraderecha autoritaria, pero convergente en la política económica con las orientaciones que los países “frugales” y la dogmática macroeconómica imperante  vuelven a sostener como guía de la gobernanza, la orientación del voto discurre por dar el apoyo a planteamientos de izquierda que comprometen su actuación de forma inequívoca en la tutela y desarrollo de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo. Este es por tanto el dato que es definitivo en la selección de la fuerza política que se entiende que lo va a defender de manera clara.

La orientación de la campaña en clave principalmente interna, como si fueran elecciones generales, ha contagiado a la mayoría de sus actores y de sus discursos, que con mucha dificultad han sabido separarse del campo de juego en el que la derecha y la ultraderecha, junto con la mayoría de los medios de comunicación, les han sabido situar. La relevancia de la denuncia del genocidio y de los crímenes de guerra que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza, ha cobrado felizmente una autonomía propia, y ahí la izquierda del PSOE ha podido encontrar una afirmación clara de su propuesta autónoma, diferente y exigente en la presión contra la guerra, el despegue armamentítico y militar, y la urgencia de la paz.

En cuanto a las candidaturas, la del PSOE camina hacia la nominación de Teresa Ribera para algún puesto en la Comisión, y la que suma a Bildu, ERC y BNG, privilegia la cuestión nacionalista en una Europa de las Naciones sobre la consideración transversal de la protección del trabajo ante las libertades económicas. En el plano concreto que interesa, PODEMOS se centra más en la importancia de los servicios públicos y la inversión pública obligatoriamente funcionalizada a la inversión en educación y sanidad, junto con una prestación europea de ingresos suficientes y lucha contra la pobreza en general y en sectores específicos como la infancia. Se manifiesta aquí una tendencia muy potente en la izquierda según la cual se desplazan las coordenadas de la acción de reformas al espacio de la ciudadanía y su relación con el Estado, sin que cobre relevancia el espacio de dominación del poder privado en la empresa y su relación con el trabajo, una identidad ya subsidiaria en la determinación de la acción política. Aunque es una tendencia que también se puede chequear en una parte del discurso político que se desarrolla en SUMAR, lo cierto es que el programa de esta coalición enuncia una “agenda laborista” en la que se incluyen elementos como la democracia en el trabajo, el tiempo de trabajo, el salario mínimo o la homogeneización de las condiciones de trabajo “por arriba” en el nivel europeo, junto a un apartado frente al retorno de las políticas de austeridad – al que ya nos hemos referido en otras entradas de esta serie – y una muy detallada propuesta de reforma en materia de migraciones y asilo, en la que Estrella Galán es una especialista cualificada.

Este es por tanto el sentido de esta reflexión sobre la opción política elegida en esta importante convocatoria electoral. Votaremos – e incitamos a los lectores de la amable audiencia a seguir este consejo – a SUMAR no solo porque de este modo tomamos partido claramente por la paz y contra el genocidio en Gaza, que la figura de Manu Pineda representa con la autoridad de su trayectoria política y personal, y entendemos que es necesario una concepción de la inmigración y del asilo que sea compatible con el respeto de los derechos humanos, sino que, en cuanto juristas del trabajo, entendemos que el trabajo es un elemento básico de la constitución social de la Unión Europea, y que defender su identidad colectiva como grupo social y como elemento de cohesión en Europa resulta imprescindible, ampliando y consolidando el conjunto de derechos que amortigua su consideración como mercancía y como elemento fundamental de ajuste ante la crisis.

Seamos optimistas frente al clima actual de toxicidad y de chabacanería en el lenguaje y en la argumentación de la llamada “política”, también a menudo entre las fuerzas que aspiran a un cambio social continuado tanto en nuestro país como en el espacio supranacional europeo. Ambos interconectados, no permitamos que se pongan en peligro otra vez los elementos fundamentales de la existencia social de la clase trabajadora, en España y en Europa.