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El
seminario italo-español de derecho del trabajo que se celebrará en Castel San
Pietro Terme (BO)los días 9 y 10 de mayo
de 2024 consolida una larga tradición de comparación científica iniciada
oficialmente en 1987 por Maria Emilia Casas Baamonde y Umberto Romagnoli.
Reactivado tras la pandemia de 2022 en La Palma, en las Islas Canarias, en años
anteriores el seminario de estudio se ha celebrado en diferentes sedes de
Italia y España, con la misma fórmula organizativa. El debate versa sobre temas
de actualidad científica, gestionados de una manera informal que fomenta la
participación de todos los participantes. Las sesiones propuestas han variado a
lo largo del tiempo, pero siempre han contado con colegas llamados a introducir
y explorar los temas identificados con el objetivo de activar un debate abierto
y libre. La conclusión de la sesión constituye la base de las conclusiones
generales del seminario, que se reiterarán el último día del mismo. La idea
cultivada a lo largo del tiempo es estrechar aún más el vínculo entre el
Derecho laboral italiano y el español y entre los estudiosos participantes.
Durante
el seminario, cada uno hablará en su propia lengua (italiano, español), sin
traducción simultánea.
El seminario 2024 está dedicado a
Trabajo, Explotación, Remuneración. Diálogo sobre los «códigos» del trabajo
en transformación. Las cuatro sesiones previstas tienen la ambición de
reflexionar conjuntamente sobre dos tiempos clave: la explotación y la
remuneración, objeto de dos proyectos de investigación de gran interés nacional
(PRIN), que se combinarán con extrema libertad. Asisten al seminario más de 30 profesores y
profesoras de universidades italianas y españolas. Organizan el seminario Antonio
Baylos – Jaime Cabeza – Laura Calafà – Andrea Lassandari – Margarita Ramos
A continuación, un texto que quiere
procurar el debate sobre la primera de estas cuestiones
LA EXPLOTACION LABORAL Y LAS
PARADOJAS DEL DERECHO
Antonio Baylos
I
Hablar de explotación no está de
moda entre juristas. Y es arriesgado en un ámbito, el jurídico, que prefiere
conceptos menos hirientes. Además, como noción, es polisémica. La explotación
es el presupuesto de la relación salarial, sin la cual no se concibe el proceso
de valorización del capital. Desde esa perspectiva clásica, funda también el
dominio de clase y, en el preciso ámbito de lo jurídico, está en la base de la
subordinación que caracteriza la relación laboral regulada por el derecho del
trabajo. La explotación es el fundamento a su vez de la dominación de género
que encarna el patriarcado, en un doble círculo de explotación para las mujeres
y trabajadoras. Por tanto es la condición de procedibilidad del sistema
económico y de su ordenación social básica, en la que se fundamenta el sistema
de dominio de unas personas sobre otras vigente en nuestro planeta en la
actualidad.
II
Pero no es este el sentido de uso
del término en esta ocasión. Se trata de recuperar esta noción dentro de la normalidad
del derecho y en concreto del Derecho del Trabajo. Es decir, en la
descripción de los términos empleados para representar las características del
sistema jurídico-laboral, lo que en este Seminario se denomina con propiedad
los códigos del Derecho del trabajo en transformación.
En una primera aproximación, la
explotación se presenta como un concepto que resume la no aplicación de las
normas (protectoras) del Derecho del Trabajo a una situación laboral en la que
una persona presta a otra sus servicios de manera subordinada a cambio de una
remuneración. La inaplicación de la norma laboral implica a su vez la elusión
de la tutela colectiva y sindical y el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la relación de seguridad social que se superpone a la puramente
contractual en el nivel individual. Es decir, la actividad no se reconoce como
laboral en el sentido en el que se define por el ordenamiento, carece de los
mecanismos e instituciones que se regulan en el Derecho del Trabajo y se
incumplen a su vez los deberes contributivos que esta relación lleva aparejada
con el sistema de Seguridad Social. Esta situación priva al trabajo de sus
atributos como derecho a obtener una existencia digna y refuerza el carácter
exclusivamente mercantil de la fuerza de trabajo.
Pero puede también significar
que, definida la relación de trabajo como plenamente incursa en el ámbito de
protección del Derecho del Trabajo, se traspasan de manera amplia todos los
límites que la normativa legal y la convencional han dispuesto en una rama de
producción o en una empresa determinada, de manera que en estos casos la
explotación se hace coincidir con un fenómeno de incumplimiento grave de los
estándares mínimos de protección en el trabajo (salario mínimo, jornada máxima
de convenio, salud laboral).
La primera de las versiones
coincide con lo que se vino en denominar “huida del derecho del trabajo”, en la
que se conectaba la actividad prestada al estatuto de autonomía del prestador, con
la cobertura de un contrato civil o mercantil. Un esquema que también utilizaba
la descentralización productiva y la subcontratación cuyos eslabones finales de
la cadena recaían en personas que trabajaban por cuenta propia. En estos
supuestos la dependencia económica respecto de las empresas comitentes era
plena, pero la autonomía en la prestación de servicios se reputaba esencial a
la conservación del propio modo de negocio. Esta “huida” del derecho laboral
suponía también la evitación de las garantías que acompañan a un trabajo
decente, especialmente las garantías colectivas y sindicales, y asimismo el
desplazamiento de la carga contributiva a la persona que prestaba la actividad
para le empresa. Al final de la escapada se encontraba el individuo aislado de
la solidaridad colectiva de la acción sindical, sin ninguna limitación en el
contenido de su actividad que el que derivara de los términos del contrato, y
con el peso de la contribución profesional en forma de cotizaciones sociales
gravitando sobre él.
Lo que desde esta perspectiva se
define como explotación laboral es sin embargo contemplado desde otro punto de
vista como un elemento positivo propio de la evolución de los sistemas de
organización del trabajo y de la configuración del tejido empresarial. En una
de las clásicas paradojas entre las que convive el Derecho del trabajo, estos
procesos se inscriben en la lógica de la flexibilización que se apodera del
razonamiento jurídico sobre las políticas del derecho a partir de mediados de
la década de los 80 en toda Europa y adquiere una connotación positiva, en
paralelo a la debilitación del principio de estabilidad del empleo y del
prototipo normativo de la relación de trabajo, fragmentada en diversas formas
de empleo flexibles. La “huida” hacia el trabajo autónomo, es una de las
posibilidades que se ofrecen en este nuevo horizonte de la flexibilización
marcado por la modernización de las organizaciones empresariales y la
introducción de nuevas tecnologías, posteriormente reforzada, ya en nuestro
siglo, con la idea del emprendimiento como figura social típica en la creación
de riqueza, que reposaba sobre esta misma combinación de autonomía y
responsabilidad individual fuera de los límites que marcaba el Derecho del
Trabajo.
De esta manera, la propuesta
interpretativa que definía como explotación el trabajo desarrollado fuera de
las fronteras protectoras del derecho del trabajo se confrontaba con las que
integraban estas situaciones en el marco de un más amplio proceso de
flexibilización de las relaciones laborales, en las que el emprendimiento
debería ocupar un papel estelar en la identidad del tejido empresarial
contemporáneo y de la vitalidad y dinamismo de un mercado de trabajo
profundamente escindido y segmentado en torno a la precariedad de las
relaciones que se desplegaban en él. Lo que se prolongaba en una visión de la
economía sumergida – un espacio abierto a la explotación – como un elemento
natural del sistema económico que reaccionaba frente a los excesos regulativos del
ordenamiento jurídico sobre el mercado, en especial respecto al incremento de
la presión fiscal en una lógica redistributiva, que se reputaba dañina para el
andamiento general de una economía competitiva.
III
No tiene esta ambivalencia la
segunda versión de la explotación laboral que se produce dentro de las
fronteras del derecho del trabajo, aprovechando en buena medida una situación
de precariedad en el empleo y de desempleo masivo y de inexistencia de
representación sindical en los lugares de trabajo para proceder a forzar
incumplimientos graves de los estándares mínimos de protección del trabajo. Frente
a ello, se propone una respuesta sancionatoria, represiva, de estas conductas,
con cargo a las instancias públicas administrativas, y la posibilidad al menos
teórica de resarcimiento individual o colectivo a través de la tutela judicial
de los damnificados.
Cuando a este sentido de
explotación laboral se añade un elemento subjetivo que hace referencia a
identidades colectivas predeterminadas o a situaciones vitales que propician
lesiones graves a personas o generan situaciones de riesgo grave, se acentúan
los rasgos sancionatorios del sistema jurídico a través de la categoría de la
vulnerabilidad o de identidades o sujetos vulnerables. Es lo que sucede
emblemáticamente con las personas inmigrantes y las mujeres, normalmente además
en una relación de interdependencia e interseccionalidad entre los caracteres
de raza y de género. Un proceso de explotación agravada en determinados
sectores que se consideran espacios apropiados para ello: el trabajo agrícola,
el trabajo doméstico, la asistencia a domicilio, pero que se pueden aumentar a
voluntad. Basta con leer las noticias para hacerse una idea.
El desplazamiento hacia la
vertiente sancionatoria pública alcanza el máximo nivel en estos supuestos, y
se residencia en el derecho penal. Pero la tipificación y sanción penal
diversifica su origen y fundamento. Porque aborda de manera diferente las
conductas que suponen vulneración de la libertad personal entendida como
derecho humano y las que se ciñen a la vulneración grave de los derechos
básicos de los trabajadores. En el primer caso se tipifica como delito el
trabajo forzoso y las formas modernas de esclavitud o de servidumbre, en donde
es inexistente incluso la libertad formal para obligarse por contrato a prestar
un trabajo para otro, y este desvalor social es también aplicable a las
mercancías para cuya fabricación o distribución se haya empleado trabajo
forzoso, como prescribe el reciente Reglamento Europeo que prohíbe la venta,
importación y exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Pero
asimismo se castiga la llamada “trata de personas” definida como “el
reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas,
mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción,
secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una
persona que tiene control sobre otra persona”, y en donde resulta
imprescindible que con ello se persiga la explotación laboral de la misma (“con
fines de explotación”).
En el segundo se concentra la
explotación laboral “común” como imposición de condiciones ilegales de trabajo
que en el caso español cobra cuerpo en el art. 311 CP mediante la sanción de
las conductas que atenten de forma más grave contra los derechos y condiciones
laborales de las personas trabajadoras. Entre los penalistas españoles hay un
debate en curso respecto de la forma de encajar esta graduación delictiva, la
coherencia del bien jurídico protegido, los déficits de la descripción de los
supuestos de la acción típica, etc., motivados por la presentación de un
proyecto de ley contra la trata de seres humanos y los delitos de explotación,
sin que se proceda a modificar de nuevo el título de los delitos contra los
derechos de los trabajadores. Pero lo que conviene resaltar es la diferencia
entre derechos humanos y derechos de los trabajadores en la lógica graduatoria
de la explotación.
La explotación se sitúa aquí en
el espacio público sancionatorio, en la paradoja de que para forzar la
aplicación del derecho del trabajo el punto de vista se sitúa ahora en el
castigo por no aplicarlo, con la disonancia añadida de que en muchas de estas
situaciones no se trata solo de la preservación de las normas laborales sino de
las condiciones generales de la dignidad de la existencia humana.
IV
¿Cómo prevenir, sacar a la luz,
efectuar labores de intermediación pública y colectiva para diluir los momentos
de explotación laboral? ¿Qué rol puede corresponder a las estructuras
normativas del Derecho del Trabajo? Posiblemente sea practicable una acción
coordinada de estructuras públicas de diferentes niveles territoriales y
ámbitos funcionales – desde el empleo hasta el trabajo social – de las que
seguramente cabe encontrar valiosas experiencias en nuestros dos ordenamientos
que merecerían ser explicadas y difundidas. Tampoco hay que desdeñar la
capacidad del sindicato más representativo en este terreno que lleva a cabo en
razón de la importancia que en su función representativa de carácter general
reviste el aspecto socio-político de las relaciones de trabajo. El sindicato, tanto
como agente institucional del mercado de trabajo como, de manera muy intensa,
como agente de inserción social que actúa en relación directa con los poderes
públicos para suministrar a la población inmigrante en particular elementos
básicos de ciudadanía, como la vivienda o la sanidad, o que genera una red de
puntos de información que buscan trasladar al inmigrante la información y
orientación más útil sobre sus condiciones de vida y trabajo o sobre medidas de
asistencia social y otras ayudas posibles de las Administraciones públicas
concernidas, cumple una función de intermediación importante.
El caso es que también aquí se
produce un desplazamiento del tratamiento de la explotación laboral a como
paliar sus efectos a través de los instrumentos que proporciona el Estado
social (art. 1.1 CE). O, si se quiere, se traslada el conflicto del espacio del
trabajo al de la ciudadanía, en el que se despliega una lógica inclusiva
frecuentemente acompañada de prestaciones sociales de carácter público y del
reconocimiento de derechos de ciudadanía social a través de sustitutivos de la
nacionalidad como la residencia o el empadronamiento. Es posible que esta
realidad se aproveche para revalorizar la noción de ciudadanía como “referente
axiológico” del derecho del trabajo y por ende para transferir la subjetividad
dinámica del derecho del trabajo al concepto de persona, como sucede en la
tipificación penal aludida, considerando la identidad “situada” del ciudadano
que trabaja insuficiente para explicar la complejidad de un nuevo momento
histórico en la transformación del ordenamiento jurídico laboral.
Pero no olvidemos las paradojas y
las perplejidades que rodean también a estas nociones, más aún en contraste con
la de explotación laboral con las que se conectan. En muchas de las situaciones
a las que nos estamos refiriendo, la explotación del trabajo de estas personas
está precedida de la deshumanización de las mismas, una circunstancia que les
niega en la práctica la condición de
personas (con derechos humanos) como sucede con demasiada frecuencia respecto
de la inmigración africana o de medio oriente y ahora aparece descaradamente en
otras situaciones no tan alejadas de la misma como demuestra la anatomía del
genocidio en Gaza. La noción de ciudadanía europea, profundamente anclada en el
espacio nacional-estatal, no solventa el problema de las personas migrantes de
terceros países ni ha supuesto ningún contrapeso a la creciente hostilidad
hacia la movilidad humana desde fuera del perímetro de protección de la
fortaleza Europa. Al contrario, parece que la ciudadanía europea, celosa como
está de su situación de bienestar (relativo) entiende que éste puede resultar
alterado negativamente por quienes, paradójicamente, solo pueden cubrir sus
necesidades vitales mediante el trabajo en términos de explotación laboral y
precariedad vital. Las recientes tendencias xenófobas que se propugnan en
muchos países europeos introducen el concepto de enemigo como forma de tratar
políticamente a estas personas. Aquí tampoco el Derecho del trabajo tiene un
rol protagonista, ni se puede hablar de una “ciudadanía laboral” que pudiera
prescindir del elemento de la nacionalidad. La vertiente securitaria y de
control junto con la progresiva asunción de la noción de “ilegalidad” del
inmigrante oscurece la dimensión ciudadana de este trabajo en movimiento.
La reforma del sistema europeo de
migración y asilo aprobada en diciembre de 2023 se inscribe lamentablemente en
esa misma dirección. Más allá de estas obsesiones de protección y de control de
las personas y de las fronteras, las políticas migratorias de la UE está
funcionalizadas a los mercados laborales de los diferentes países europeos, lo
que se produce mediante la selección de trabajadores “útiles” y la
estratificación de la población emigrante, que vuelve a plantear pata muchas
personas la opción entre la realización de un trabajo en condiciones de
explotación evitando mientras se pueda la persecución y la deportación como
horizonte final de su trayectoria inmigrante.
