LOS RESULTADOS DEL REFERENDUM EN ITALIA

 

El resultado de los cinco referéndums en Italia impulsados por la CGIL no ha conseguido su objetivo al no alcanzar el quórum requerido por la norma: el 50% + uno de las personas censadas para votar, lo que suponía haber logrado que votaran al menos 25 millones de personas. No ha sido así. Han ejercido su derecho electoral en torno a 14 millones de personas, un 30,5% de la población, un 29,8% si se tiene en cuenta el voto de los italianos e italianas del exterior. Es interesante analizar en detalle los resultados para posteriormente efectuar algunas consideraciones sobre este tema.

La primera variable analizada ha sido la territorial. Han votado más personas en el centro y en el norte de Italia, y ha habido más abstención en las regiones del sur y en las dos islas, Cerdeña y Sicilia. Casi han llegado al 40% Toscana y Emilia Romagna (39 y 38,5% respectivamente), seguidas de Liguria y Piamonte (35%), Marche, Umbria y Lazio (entre el 32 y el 31%). Sin  embargo, ha habido un pico abstencionista en el Trentino – Alto Adige (22,7 %) y una participación por debajo de la media nacional en Valle de Aosta (29%), el Veneto (26,2%) Friuli-Venezia- Giulia  y Molise (27%) . En general el sur, salvo la región de Basilicata (31%) se ha movido entre el 29,8% de Campania o Abruzzo, el 28% de la Puglia, al 23,7% de Calabria. En las islas, mientras que en Cerdeña se obtenía el 27,3%, en Sicilia se detenía en el 23%.

Por lo demás, el voto en las grandes ciudades ha sido mayor que en las pequeñas, pero salvo en alguna en la que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales, en ninguna se ha superado el umbral del 50% aunque se ha estado cerca (por ejemplo, en Bolonia, se ha llegado al 47,67%, en Turín el 42%). En cuanto a las franjas de edad, han votado fundamentalmente los menores de 40 años y los mayores de 60, las cohortes de personas entre 40 y 60  han sido las más abstencionistas. Y por género, las mujeres han votado más que los hombres (7% más).

La segunda variable es la distribución del voto en torno a las cinco preguntas planteadas a la ciudadanía. Es interesante observar que apenas hay variaciones en las cuatro primeras relativas al trabajo sobre la derogación de la Job Act y la fijación de topes indemnizatorios más altos en los despidos de las pequeñas empresas, los contratos temporales y la responsabilidad de las empresas principales en el caso de las subcontratas (un resumen de estas propuestas refrendarias se publicó en esta entrada del blog https://baylos.blogspot.com/2025/04/los-referendums-de-junio-en-italia.html) que han obtenido un consenso formidable, casi rayano en el 90% de las respuestas positivas con escasas diferencias entre ellas, aunque la que más síes ha obtenido ha sido la que implicaba reponer en el ordenamiento jurídico italiano la readmisión forzosa ante el despido ilegítimo.

Sin embargo, no ha sucedido asi con la quinta cuestión, que implicaba la reducción del tiempo de residencia a cinco años para obtener la nacionalidad italiana. Ahí el porcentaje de negativas a la pregunta ha alcanzado el 35% frente a un poco más del 65% que lo aprobaba. Las razones que se dan desde el posicionamiento político del Movimiento 5 Estrellas, que ha dado libertad de voto a sus militantes sobre esta cuestión, aunque Conte ha dado a entender claramente que él votaba por el sí, pero resulta interesante comprobar que la mayor parte de los votos favorables a reducir el tiempo de residencia para inmigrantes se han dado precisamente en barrios y zonas de alta presencia de inmigrantes, por lo que la repulsa a este tema se localiza más bien en las zonas residenciales urbanas en donde posiblemente las alarmas lanzadas por los grandes medios de comunicación y sostenidos por el gobierno que asocian inmigración y delincuencia han podido tener su influencia.

Lo que si es evidente es que el referéndum ha tenido desde el comienzo la hostilidad no solo de las organizaciones empresariales y de los agentes financieros – lo que en definitiva parecería coherente con el sesgo laboral y garantista de esta iniciativa – sino del gobierno en pleno y de las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha que lo sostiene, además de la de otros grupos políticos denominados de centro – Calenda y claro está, el propio Renzi – que han optado no por batirse sobre el rechazo a estas preguntas y por consiguiente por integrar en el debate público las razones que avalarían el “no”, sino que, posiblemente conscientes de que el resultado de esta consulta les sería adverso, han optado por silenciarla en los medios de comunicación – en donde prácticamente no han existido debates ni siquiera noticas sobre el desarrollo de las campañas del sindicato por movilizar a la ciudadanía al voto, explicando su contenido – y por recomendar explícitamente a la población que no acudiera a votar.

Expresar explícitamente la desafección frente a la participación de la ciudadanía en la participación democrática directa a través de la emanación del voto personal y directo sobre la conveniencia de derogar leyes que resultan contrarias al interés colectivo tal como se expresa a partir de los resultados de la consulta, es evidentemente una opción política que atenta contra la cultura democrática y que pretende a la postre desinstalar el componente de la acción ciudadana de control de la actuación legislativa y sustituirla por un aislamiento de los individuos de su capacidad de intervenir directamente en la determinación de los intereses colectivos de los grupos en los que éstos se integran. Supone además avalar el desinterés cada vez más amplio de importantes sectores de la población que se desvinculan del mecanismo electoral y no participan en las convocatorias para la provisión de cargos electivos en el Estado, la Región o los ayuntamientos, demostrando una crisis fuerte del instrumento de representación.

En esta ocasión el gobierno italiano y las fuerzas políticas de la derecha y ultraderecha han atacado directamente el mecanismo de participación directa que la Constitución italiana prevé a través de referéndum derogatorio. Autoridades del Estado como el presidente del senado La Russa recomendó la abstención y la presidenta del Consejo de Ministros – que quiere que se le siga denominado en masculino, presidente – Meloni, afirmó que iría al colegio electoral pero no votaría. El mensaje era claro, “ir al mar”, despreocuparse de un debate político fundamental que resituaba la cuestión del trabajo en el centro del espacio público, porque ese tipo de problemas no interesan al común de los individuos que deben aprovechar el día de descanso semanal para su propio ocio o su negocio, no para intervenir sobre las decisiones que afectan a la generalidad de las personas que trabajan. Y a partir de ahí la respuesta política no se ha hecho esperar: hay que subir el número de firmas necesarias para solicitar un referéndum, no puede el Estado organizar estas consultas a capricho de organizaciones o de partidos que quieren retar al gobierno legítimamente constituido con mayorías parlamentarias estables, etc. sin que desde luego se piense en poder rebajar el quórum exigido del 50% que ya en algunas elecciones como las últimas europeas, no se alcanza.

El resultado ha sido por tanto la derrota de esta propuesta participativa que protagonizaba el sindicato. Una derrota de la que se enaltece el gobierno y los partidos que lo sostienen, que cuentan como voto de confianza el número de quienes no han votado. Y una derrota que sirve para que los adversarios de los dirigentes de las fuerzas políticas que apoyaron este referéndum exijan responsabilidades y cambio de política. En especial en el seno del Partido Democrático, donde se cuestiona el giro a la izquierda que ha llevado a cabo Schlein, dado que el Job Act fue precisamente una ley impulsada por el PD cuando el presidente del gobierno y del partido era Renzi, pero también en 5 Estrellas, donde el “frentismo” (relativo) de Conte es criticado por muchos de la vieja guardia (Beppe Grillo, el fundador histórico y luego garante del movimiento recomendó hacer una “parrillada” en juego de palabras con su apellido, en vez de ir a votar). Pero sobre todo representa una derrota para la CGIL, que es quien ha llevado la carga y la responsabilidad de organizar e impulsar el referéndum y la movilización posterior para conseguir su victoria. Y la figura de Landini como secretario general aparece por tanto en el centro de un posible ajuste de cuentas interno.

Pero, aun partiendo del fracaso del objetivo – que por otra parte era muy exigente, puesto que obtener el 50% se veía por los convocantes muy complicado, tanto por el enorme número de votos que habría que conseguir como por la fecha en la que se convocaba el referéndum, separado de otros procesos electorales como forma de evitar afluencia a las urnas convergente – lo cierto es que han votado más de 14 millones de personas, de las cuales 12 millones y medio – más de los que obtuvo la coalición de gobierno en las elecciones de septiembre de 2022 – lo han hecho afirmativamente a las propuestas de la CGIL. Un numero nada despreciable de consensos sindicales que desde luego desborda el círculo de afiliados al sindicato, y que se ha logrado fundamentalmente a base de una intensa movilización de asambleas en las fábricas, concentraciones  y encuentros, sin que como se ha dicho se pudiera contar con el apoyo de los medios de comunicación. Ha sido realmente el músculo del sindicato y su capacidad de atracción de relevantes  exponentes de las fuerzas políticas, lo que ha generado un importante efecto de compromiso popular ante una situación de malestar social muy extendida. No se trataba de un voto político para acabar con el gobierno, pese a que esta ha sido la interpretación que desde el poder se ha dado, sino como una forma de corrección y desautorización de normas  nacidas de una ideología neoliberal que deberían ser eliminadas, y que la actual correlación de fuerzas parlamentarias lo impedía. A la sensación de hallarse frente a una verdadera comunidad social comprometida con el cambio se refieren algunos partidos como la Alianza Verde y de Izquierdas entendiendo que esos doce millones y medio de personas posibilitan la construcción de una masa popular con la que comenzar a discutir sobre un futuro democrático que tenga en su centro la regulación del trabajo en clave emancipatoria y garantista.

El papel que ha desempeñado el sindicato en la conducción del referéndum debe ser también oportunamente revalorizado. Ha demostrado ser un sujeto en plenitud de acción, con presencia en un espacio público propio, generado a partir de la acción colectiva, con incidencia plena en una ciudadanía cualificada por su posición subalterna a través de la prestación de trabajo asalariado como forma de vida. Es el representante general del trabajo asalariado, desde las situaciones de precariedad hasta quienes están retirados del mercado percibiendo una pensión, garantizando a todas y todos la defensa y la garantía de sus derechos. Se discutió mucho en los órganos de dirección de la CGIL sobre si era conveniente asumir directamente esta posición tan activa en el plano de la participación democrática directa, es decir si era conveniente la reivindicación tan directa del sindicato como sujeto político. Pese a que no ha logrado su objetivo final, es evidente que la presencia real del sindicato como sujeto social que actúa en el espacio público y que lidera un programa de reformas decisivas en materia de trabajo debe valorarse como un paso adelante, y sin duda los efectos beneficiosos de su movilización se verán reflejados también en el plano político electoral del futuro.