jueves, 26 de mayo de 2022

LOS HECHOS Y LAS PALABRAS EN EL TIEMPO DE LAS REFORMAS

 

(En la foto, Yolanda Diaz y Joaquin Pérez Rey posando en Ginebra a la entrada de la OIT. Para los escrutadores de símbolos y mensajes ocultos, repárese quese han parado sobre 1973, el año de nacimiento del Secretario de Estado y no sobre el 1971, que sería el de la Ministra)

Con este mismo título este texto ha sido publicado por el diario Público en el blog “otras miradas” correspondiente a su edición del 25 de mayo. Ahora lo recoge el blog con algunos añadidos que el texto periodístico no permitía por su extensión. En realidad el tema de fondo de este comentario ya lo viene señalando desde hace tiempo de forma más contundente José Luis López Bulla en su blog decano de la blogosfera de Parapanda. A él va dedicado por consiguiente este texto.

El proverbio latino “facta, non verba”, suele ser el preferido para desmontar los discursos políticos en los que las promesas y los compromisos de futuro no tienen asidero real ni se corresponden con la práctica de gobierno que se ha llevado a cabo. Es (o debería ser) una exigencia de la ciudadanía que la política se manifieste en hechos, no palabras, una reivindicación de la realidad de la existencia de las personas y de las dificultades que éstas encuentran para lograr una vida decente, un trabajo digno, un trato igualitario. Porque la política sirve (o debería servir) justamente para eso, cambiar las cosas y garantizar la seguridad y la igualdad de las personas.

Han sucedido tremendos hechos que han trastornado la cotidianeidad de manera completa, provocando además situaciones extremadamente críticas para la convivencia que comprometían la salud y el nivel de renta de la mayoría de la población. La respuesta a estos graves momentos ha atendido especialmente a las situaciones de vulnerabilidad que la crisis agravaba, pero además se ha avanzado en un ambicioso programa de reformas que en su inmensa mayoría han sido generadas desde un acuerdo social tripartito entre el empresariado, los sindicatos y el poder público, mientras eran denunciadas como nefastas por los partidos de conservadores. Los resultados del “escudo social” progresivamente armado durante el estado de alarma son hechos evidentes ya documentados, pero posiblemente donde más recorrido ha tenido la evolución de un largo proceso de modificaciones normativas ha sido en la regulación de las relaciones de trabajo: desde los incrementos del salario mínimo, a la regulación del trabajo a distancia y de las relaciones de trabajo al servicio de las plataformas digitales, o los planes de igualdad y la transparencia retributiva, además de la fundamental herramienta de contención del empleo de los ERTE y el veto sobre los despidos. La Comisión Europea acaba de asegurar que los ERTE amortiguaron el impacto de la crisis de la Covid en el mercado laboral y "abrieron el camino para una rápida recuperación". Una realidad que contrasta con las políticas adoptadas en el ciclo de la crisis de 2008-2013  en donde “la caída en el número de puestos de trabajo (-15,8%) fue casi el doble de la caída del PIB (-8,5%)", afirman las recomendaciones del semestre europeo hechas públicas en mayo del 2022. Hechos, no palabras.

La vertiente internacional de los derechos laborales, en donde se produce la intersección entre la protección del trabajo y el reconocimiento de los derechos humanos, es otro de los aspectos que se han desarrollado de manera ejemplar en estos años. No sólo la ratificación de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas, una reivindicación importante del movimiento sindical, sino también la ratificación de importantes instrumentos normativos de la Organización Internacional del Trabajo. En el inicio de la conferencia anual de la OIT, la ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, ratificó en presencia del director General de la OIT, Guy Ryder, los convenios correspondientes al trabajo a domicilio y sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo (Convenios 177 y 190) y se apresta a modificar la regulación del trabajo doméstico para poder ratificar a su vez el importante convenio de la OIT 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Impulsando una imagen muy positiva en el plano internacional, ha propuesto a su vez en la sede de la OIT, presentando con el director General la guía para inclusión de las personas LGTBIQ+ en el mundo laboral. un instrumento jurídico para la igualdad real y efectiva en el trabajo de estas personas «que blinde sus derechos laborales y de protección social en todo el mundo».

Pero sin duda el elemento más determinante del cambio legislativo lo ha supuesto el RDL 32/2021 de reforma laboral, que ha incorporado elementos cruciales para una nueva configuración del sistema laboral de la etapa post-covid, ahora de nuevo atravesada por las turbulencias de la guerra en Ucrania. El informe de la Comisión Europea resume los efectos que sobre la economía tienen estas reformas: las reformas laborales planteadas en el Plan de Recuperación “permiten avanzar hacia unas condiciones de trabajo más justas, reduciendo la segmentación al limitar el uso de contratos temporales, mejorando la negociación colectiva, potenciando la recualificación y la empleabilidad gracias a las políticas activas de empleo y al Mecanismo RED cerrando la brecha salarial de género, protegiendo a los repartidores de plataformas digitales y a quienes realizan actividades subcontratadas”. De esta manera, las políticas desplegadas a través de la reforma laboral "tienen el potencial para lograr aumentos duraderos en la productividad y en el crecimiento potencial" y para reducir el desempleo. Los datos de empleo que se conocieron de abril de este año – a los que se ha dedicado una entrada de este blog https://baylos.blogspot.com/2022/05/mas-y-mejor-empleo-los-datos-de-abril.html - permiten hablar en efecto de un cambo de patrón, puesto de manifiesto fundamentalmente en la celebración de 700.000 contratos de trabajo indefinidos, casi el 50% de las contrataciones iniciales, unido al incremento en la afiliación y la reducción del desempleo.

Hechos, no palabras, que indican el acierto de las modificaciones legislativas emprendidas que eliminan el contrato de obra y servicio, refuerza la causalidad de la eventualidad y da más juego al contrato fijo discontinuo, incluso permitiendo su utilización por las ETTS, a la par que refuerza la capacidad de disuasión de la sanción administrativa ante el incumplimiento de la normativa. Con ello se está consiguiendo afirmar un principio de estabilidad en el empleo que rompe con más de cuarenta años de culto a la temporalidad y se demuestra que eran posibles reformas legislativas que desbarataran un modelo de contratación que incentivaba que el inicio en la relación laboral sólo fuera factible a partir de un contrato a término con enormes dosis de sustitución y de rotación entre las personas trabajadoras.

Y sin embargo, no parece suficiente. No sólo porque las palabras de algunos nieguen estos hechos, entendiendo que encubren la continuidad de las antiguas realidades – la tesis muy extendida de que la reforma laboral es un mero “maquillaje” – o que apenas nada ha cambiado en realidad. El hecho no subsiste ante las palabras que lo refutan. Pero asimismo en el discurso que vertebra la discusión política que se está desarrollando durante todo este año, las palabras no reivindican estos hechos como elementos centrales de su argumentación. Todo el argumentario progresista se orienta hacia los temas que marcan la actualidad de las informaciones mediáticas, moviéndose en el terreno que delimita el pensamiento conservador y ultraderechista. De esta manera, la visibilidad del cambio que se está produciendo en las relaciones de trabajo como ejemplo de la potencialidad emancipatoria de la política progresista se deja en un segundo plano hasta difuminarse en medio de denuncias de corrupción y críticas a las propuestas de los otros, o al cuaderno de agravios que justamente se exhiben como síntoma de la agresión permanente contra las ideologías del cambio.

Se produce así una paradoja en el razonamiento que sostiene el discurso progresista ne términos generales. No se resaltan los avances evidentes en la vida cotidiana fruto de las reformas laborales como la prueba evidente de que la política sirve para avanzar gradualmente hacia un mundo mejor menos desigual que garantice seguridad en el empleo y una renta salarial suficiente, y esta omisión en el orden de prioridades del argumento político es funcional a los embates del pensamiento conservador y ultraderechista que esconden o niegan estos cambios para situar el centro de la discusión pública que se muestra a la ciudadanía en los puntos que dominan y que corresponden a un debate maximalista de ideologías en las que la palabra libertad se revuelve sobre su propio significado y se arroja sobre la acción política para devolver la realidad y los hechos a la situación de desigualdad extrema y de injusticia.

Reivindicar los hechos, desde luego, pero también afirmar las palabras que los explican y los sitúan en el centro del discurso de la transformación social. Demostrar que mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, garantizar derechos individuales y colectivos en el espacio de la empresa, es una pieza esencial en el modelo de sociedad que se quiere ir construyendo con el apoyo de las mayorías sociales interesadas. Un modelo que paulatinamente va cobrando forma en los hechos pero que las palabras deben enseñar y mostrar como prueba de la realización de un compromiso real con la ciudadanía para mejorar sus condiciones de existencia social. Hechos y palabras en una misma dirección.

 

 

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