El Boletin Oficial del Estado de 25 de agosto publicaba
una norma de urgencia en la que se procedía a reformar la llamada Ley de
Memoria Histórica con la finalidad exclusiva de poder proceder a la exhumación
de los despojos de Francisco Franco del mausoleo que tiene en Cuelgamuros. Este
hecho ha dado lugar a una serie de reacciones que merecen algunas reflexiones desde
la perspectiva de una ciudadanía conformada democráticamente.
En efecto, la norma a la que se refiere esta entrada es el Real Decreto-ley
10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la Dictadura, que establece la obligación de los poderes públicos de retirar
los símbolos del franquismo y la exaltación de la victoria del golpe militar.
En el Valle de los Caídos, no «podrán llevarse a cabo actos de naturaleza
política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del
franquismo». No se sabe por qué esa prescripción no se cumple en lo que
llevamos de año, sin que haya habido ninguna sanción ni actuación policial
destinada a reprimir estos actos que están directamente prohibidos por la
ley…desde el 2007. Esta inactividad de los poderes públicos que se concreta en
la tolerancia plena de actos de exaltación de la Guerra Civil y de apología de
la dictadura es el primero de los elementos que plantea cierta perplejidad al
ciudadano democrático, y ello sin necesidad de comparar esta permisividad –
amplificada por la audiencia que a la misma dan los medios de comunicación – con
la vigilancia acentuada y la represión consiguiente de cualquier otra manifestación
discrepante con el sistema democrático, sea en relación con la forma de Estado,
con su estructuración territorial, o con la solidaridad y apoyo a grupos o
colectivos violentos. Es como si la defensa de la dictadura franquista, llevada
a cabo además en lugares donde está expresamente prohibida, no llevara
aparejado ningún juicio de desvalor relativo a la violencia, el sufrimiento ,
la tortura y la muerte que este régimen impuso hasta su extinción.
Lo que dice la disposición adicional sexta de la Ley 52/2007, es que el
Valle de los Caídos se consagra como un lugar destinado a honrar y rehabilitar
la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política
posterior. Por ello, el RDL 10/2018 puede afirmar que “la presencia en el
recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento
efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de
rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”. Por ello este texto
legal “pretende poner fin a esta situación, al
establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales
de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia,
habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las
caídas durante la Guerra”, consagrando “de manera expresa el Valle de los
Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las
víctimas”. Se trata por tanto de imponer un mensaje de equiparación entre
quienes se predican “victimas” de la contienda o de la represión posterior,
sean producidas por los golpistas que se rebelaron militarmente contra la II
República imponiendo una dictadura alineada con los nazifascismos europeos de
la época y posteriormente potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, o
bien por las tropas republicanas y los grupos políticos que sostenían el Frente
Popular defendiendo la legalidad asaltada por la violencia fascista. La
asimetría entre ambas situaciones es siempre negada por las normas de la
Memoria Histórica, que a lo sumo llegan a reconocer una diferencia en la cantidad
de víctimas, mucho mayor entre las de la Dictadura, tanto por la duración de la
misma y de sus propósitos criminales, como por su mayor intensidad y crueldad,
pero sin que esta diferencia cuantitativa impida la equiparación en el
tratamiento de las mismas. La consideración “igualitaria” de las víctimas,
quiere sin embargo reaccionar frente a lo que había constituido una constante
en los discursos del post-franquismo, es decir, el de entender que las verdaderas
víctimas eran las de los vencedores de la guerra civil, mientras que los
vencidos eran tan sólo sujetos pasivos de decisiones judiciales y militares
como consecuencia de lo que se denominaba rebelión frente a los rebeldes y
sediciosos, lo que queda preservado por otra parte en la Ley 52/2007 al
considerar actos jurídicos no revisables las condenas efectuadas bajo la
dictadura con quebrantamiento claro no sólo de las normas de derechos humanos
sino de las propias formas procesales de defensa de los encausados.
Desembarazarse de los restos de Franco como medida de profilaxis
democrática fue también el objetivo de una proposición no de ley presentada por
el PSOE y adoptada con 198 votos a favor, 140 abstenciones y un solo voto en
contra ( de una diputada del PP, quien afirmó que se trató de un error) , por
el Congreso de los Diputados, el 11 de mayo de 2017, para la efectiva
aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, en donde se instaba al Gobierno de
España – que en la época era el gobierno de Mariano Rajoy - a « resignificar la función del Valle de los
Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica
y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria
colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de
la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la
exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de
los Caídos». No es necesario recordar que el gobierno de Rajoy no mostró mucho
interés en seguir esta recomendación de las mayorías parlamentarias. Por eso la
exposición de motivos del Real Decreto Ley recuerda que “el hecho de que una
situación haya sido tolerada por largo tiempo debido a la inactividad del Gobierno
y al desconocimiento de un deber de normación impuesto por las Cortes Generales
no es óbice para que se haga frente a la misma por vía de la legislación de
urgencia (STC 11/2002, FJ 7)”.
Sobre esta base, se modifica la Ley 52/2007, conocida como ley de la
Memoria Histórica, añadiendo un apartado a su artículo 16, según el cual “en el
Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas
fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de
conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda», y se añade
una disposición adicional para proceder a la exhumación de los restos del
dictador por un procedimiento de oficio en el que se dará audiencia a los
“interesados” y a los “familiares”, si bien ante la negativa o el desacuerdo de
éstos, es el gobierno el que decidirá el destino final del lugar de la
“sepultura digna” al que se dirigirán los despojos del general que fue conocido
como Caudillo de España durante los cuarenta años de terrible dictadura.
La norma ha sido contestada por fuerzas políticas que deberían estar
comprometidas por el mandato legal contenido en la Ley 52/2007, como el Partido
Popular y Ciudadanos, y que sin embargo no consideran vinculante en su
argumentario ni en su discurso, porque de hecho rechazan “la retirada de
símbolos y monumentos de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura”, al
pretextar que “no es urgente”, como si la afirmación de la democracia y el
rechazo de la dictadura pudiera aplazarse, o, peor aún, al entender que con
ello de reabren “viejas heridas”, en el entendimiento que la figura del
dictador no debe ser cuestionada por un sistema democrático que ha reconocido
finalmente – en el 2007 – los derechos a la memoria de quienes padecieron
persecución y violencias durante la dictadura. Ciudadanos ha cambiado así el
sentido de su voto del 2017, uniéndose a la abstención que ha anunciado el
Partido Popular. Una grave decisión para ambos partidos, que con ello se
colocan fuera de la ley que recuerda la repulsa general de todo el país a un
sistema político de negación de derechos y de ejercicio de violencias contra
una gran parte de la población del mismo.
Ese posicionamiento político se acompaña de un gran despliegue mediático
que ha dado grandes espacios de comunicación a toda clase de individuos que
exaltan la dictadura, humillan a las víctimas de la misma, y mienten
descaradamente sobre el terror y la represión del franquismo. La exhumación de
Franco se ha acompañado así de toda una serie de intervenciones que exaltan sin
disimulo la figura odiosa de un dictador traidor a la República, aliado del
nazismo y del fascismo, que se empeñó fundamentalmente en la persecución y
desarticulación de la clase trabajadora organizada, a la par que procedía a un
vasto plan de desposesión de propiedades y de bienes que generó una casta
dirigente que no puede permitir la memoria histórica de su enriquecimiento sin
cuestionar su indiscutida honorabilidad.
La norma que se comenta abre a su vez otros interrogantes, esta vez desde
la conveniencia de proceder a una reforma en profundidad de la Ley de Memoria
Histórica. Por un lado es inaplazable proceder a dotar de los fondos necesarios
para reanudar los trabajos de localización y exhumación de fosas comunes y la
creación de un banco de ADN que permita el cotejo y la identificación de
restos. En la propia Proposición no de Ley aludida figuraba la creación de un
censo de infraestructuras construidas por personas condenadas a trabajos forzosos
durante el franquismo, y la creación de una Comisión de la Verdad sobre las
violaciones de los derechos humanos y las desapariciones forzadas durante la
Guerra Civil y la dictadura. La creación de un Museo de la Memoria, según las
últimas declaraciones del Presidente Sánchez,
no se localizará en el Valle de los Caídos, sino en otro lugar. Pero el tema
central, de mayor calado, es el de estudiar la nulidad de las condenas dictadas
por los tribunales franquistas contra quienes defendieron la legalidad de la
República, una reivindicación muy sentida en la izquierda, tanto en el Grupo
confederal de Unidos Podemos como en el de ERC. Avanzar por esta vía es
importante.
Es claro que la decisión del gobierno ha tenido una amplia repercusión
fuera de nuestras fronteras, y en especial en Latinoamérica, coincidiendo con
el viaje oficial de Sánchez. Allí la
exhumación de Franco se traduce en la memoria de las dictaduras recientes del
Cono sur, la consideración de los actos de éstos regímenes militares – en Chile,
en Argentina, en Uruguay, en Brasil – como crímenes contra la humanidad y la
revisión por tanto de aquellas normas que preveían la impunidad de los
criminales. No todos los comentarios sin embargo son positivos. En este momento
hay un ascenso claro de posiciones ideológicas extremadamente sectarias que
reaccionan con violencia frente a posiciones de progreso social y de respeto de
los derechos humanos. El diario argentino La
Nación puede ser el ejemplo más perfecto de esta tendencia. En un editorial
publicado el 28 de agosto, titulado “¿Qué se puede hacer con los restos de
Franco?”, incorpora todos los argumentos que se conocen sobre el “apuro” para
remover el cuerpo del Caudillo (sic), habla de una “España sonrojada” ante la
propuesta del “minoritario gobierno socialista”, insiste en que es la Iglesia
quien debe tener la última palabra en este aspecto - coincidiendo con la última opinión de Pablo Casado - y, finalmente, añade un
último párrafo en el que se resume el juicio de valor que este periódico tiene
respecto de las dictaduras, y que copio en su integridad por la brutalidad del
mismo: “El gobierno de Franco constituyó una dictadura, como lo fue también la
del gobierno militar argentino de 1976. ¿Pero habría sido mejor para España un
gobierno dominado por los comunistas y en la Argentina otro, con los cabecillas
de organizaciones terroristas y de la llamada "juventud maravillosa"
en el poder? Son preguntas sensibles e incómodas, pero alumbran lo difícil que
resulta acompañar movimientos fundamentalistas, criticables por definición, y
en algunos casos por históricamente inoportunos”. No son preguntas sensibles,
ni tampoco incómodas, sino que definen claramente la infamia del sujeto que las
formula. Es difícil encontrar mejor expresado el pensamiento terrible de la
oligarquía argentina, para la que es siempre preferible una dictadura genocida
a un gobierno de unidad popular. Lamentablemente en nuestro país posiblemente
este mismo razonamiento subyace a tantas opiniones que se vuelcan en estos momentos
a propósito de la exhumación del dictador.
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