En el diario Público de hoy, se publica un interesante artículo de Juan Ramón Capella que ha sido muy comentado en los mentideros de Parapanda, al punto de pedir su reproducción en esta blogosfera. En el texto que se coloca a continuación, Capella discurre críticamente sobre el hermetismo político y desgrana algunas propuestas de evidente interés para romper el aislamiento de la política en un circuito electoral autoalimentado al margen de los intereses reales de los ciudadanos. Por cierto que, aprovechando esta entrada, no podemos sino recomendar la lectura de su biografía Sin Ítaca, que ha publicado la editorial Trotta y que se presentará el próximo dia 31 de mayo en Madrid. (En las fotos, la intervención de Juan Ramón Capella en el 6º Congreso internacional de ANAMATRA, en la sede del Tribunal Supremo, en Lisboa en marzo de este mismo año).
HERMETISMO POLÍTICO
La gente exige democracia real. Con razón: el diseño del sistema político, construido en 1978 con temor al desgobierno, en las circunstancias de la Transición, ha generado finalmente un sistema de bipartidismo imperfecto hermético a las demandas sociales, cerrado a ellas. Aquí se pretende señalar algunos de los instrumentos clave de ese hermetismo del sistema político y presentar líneas razonables de cambio.
El sistema electoral ha resultado, contra una disposición constitucional que exige lo contrario, muy poco proporcional. Los votos de los ciudadanos no valen lo mismo, y muchos quedan inutilizados legalmente, además, por la Ley Electoral. Ello se debe a que la Constitución establece sin más que la circunscripción electoral es la provincia. Alternativas: modificar la Constitución para instituir un colegio nacional de restos que recoja los votos inutilizados y les dé representación; o bien identificar circunscripción con comunidad autónoma. O bien modificar la Ley Electoral , estableciendo un sistema a dos vueltas. En cualquier caso, es menester acabar con un sistema electoral escasamente proporcional.
Un aumento del número de diputados hasta el máximo permitido por la Constitución también incrementaría la proporcionalidad entre sufragio y representación.
Otros instrumentos de apertura serían las listas electorales abiertas, extender los derechos de sufragio a todos los censados –nacionales o no–, para no mantener sin derechos políticos a la gran cantidad de personas que trabajan y tributan en España careciendo de la condición de nacionales; y financiar electoralmente a las agrupaciones de electores que reúnan determinados requisitos. En realidad todo el sistema existente de financiación electoral pública debería poder ser repensado y rectificado; el ciudadano contribuyente, dicho sea entre paréntesis, no desea un sistema electoral de costes altos.
Alteran el valor del voto los artículos 162 y 163 de la Ley Electoral al atribuir un mínimo inicial de dos diputados por provincia, cifra que puede no guardar relación con la población censada; también al limitar el número de diputados del Congreso y al despreciar las candidaturas que no hubieran alcanzado el 3% de los votos en una circunscripción. Los artículos mencionados son los que establecen el mayor hermetismo del sistema.
Un instrumento de hermetismo adicional, de otra índole, es la configuración de la moción de censura en la Constitución, que la hace imposible en la práctica: es preciso eliminar el párrafo segundo de su artículo 113, que contiene ya otras cautelas. La moción de censura es un instrumento de exigencia de responsabilidades esencial en un sistema parlamentario, y el nuestro carece de él en la actividad política real. Algunos sistemas políticos hacen extensiva la moción de censura no sólo al Gobierno sino también a los ministros, individualmente considerados.
La iniciativa legislativa popular no debería poder ser desoída fácilmente por el Parlamento, sino en todo caso por una mayoría cualificada.
Los atenienses, inventores del ideal de distribución del poder entre el pueblo, de la democracia, tenían instituciones especiales para exigir la responsabilidad de los gobernantes: el ostracismo y la graphé paranomon; esta última institución establecía la responsabilidad de quien hubiera propuesto una ley que, aprobada por la asamblea, resultara finalmente contraria a los intereses públicos. En una sociedad compleja como la nuestra no es fácil recurrir a algo así, pero sí cabría establecer plazos de prescripción muy largos para los delitos cometidos por autoridades electas y por los excluidos del sufragio pasivo según lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Electoral. La impunidad penal de las eventuales prácticas antijurídicas en el ámbito público es una gangrena para el conjunto del sistema político.
Cualquiera de estas propuestas impulsaría una democratización real y abriría el sistema político a las demandas sociales. Cerrar el paso a estas demandas significa convertir la democracia formal en una democracia imaginaria.
Los procesos de democratización que se dan en el interior de la sociedad española no van todos en la misma dirección. En el plano cultural la democratización avanza, sobre todo en la no discriminación de las personas por razón de género o por razones de orientación sexual, y también con el incremento de la educación. Horizontalmente la sociedad española es más democrática, probablemente, que nunca, y tenemos mil pruebas de eso en las relaciones que se establecen espontáneamente en la vida cotidiana. Pero no puede decirse, en cambio, que en el plano económico haya menos desigualdad, sino todo lo contrario: el abanico de las rentas nunca ha estado tan abierto como ahora, y este es un factor que erosiona la democracia, pues expresa una gran desigualdad en este plano cuyo alcance otras sociedades, como la japonesa, la alemana o incluso la norteamericana, limitan mediante sus sistemas fiscales.
La democratización política no ha avanzado en más de tres décadas de sistema constitucional, tras su instauración. Es hora de que lo haga cuando se imponen mayores cargas a las poblaciones, en época de vacas flacas y ante un futuro que ha de regirse por un principio de austeridad. Un sistema político menos hermético que el que tenemos, que dificulte delegar a ciegas, facilitará el establecimiento de reglas de convivencia consensuadas con mayor veracidad.
Juan Ramón Capella es catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Barcelona.
Juan Ramón Capella es catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Barcelona.
1 comentario:
Me gustaría, con tu permiso, querido Simón, reflexionar un poco sobre el resultado electoral a propósito de la interesante aportación de Capella al hermetismo político de nuestra democracia.
Creo, y ahí sigo a otros que saben mucho más que yo, que esta coyuntura era muy específica. Ciertamente está bastante demostrado desde Mayo del 68 que no hay una relación directa entre movilización social y comportamiento electoral, la una no lleva al crecimiento de la izquierda "per se". También estoy de acuerdo en que en el desempeño propio descansa la mayor responsabilidad, no le transfiero las culpas a los demás. Me refiero a otra cuestión: la acción colectiva impulsada desde el movimiento sindical centraba claramente la naturaleza de los problemas, de esta forma para la ciudadanía en general, los trabajadores en particular, y los electorados progresistas, con la huelga general quedaba meridianamente claro, en este concreto episodio histórico, cuál era la "contradicción principal" a que enfrentarse ( no digo que no haya otras, e importantísimas, pero en mi opinión hoy secundarias ), la reacción del Gobierno frente a la crisis imponiendo medidas antisociales, un conflicto por tanto socioeconómico. El giro antisocial del Gobierno permitía una confluencia de la lucha social con liderazgo sindical y de alternativa política desde la única fuerza política de izquierdas de ámbito estatal a la izquierda del PSOE ( aun con todos los problemas de IU, que evidentemente sería estúpido negar ). Las condiciones de posibilidad de un trasvase a IU de los apoyos electorales que indefectiblemente perdería el PSOE también dependía en gran medida de una visualización general de un bloque sociopolítico de izquierdas sólido frente a la política gubernamental. En este sentido la percepción de falta de continuidad de la respuesta sindical creo modestamente y con todo respeto que debilita en cierta medida la confianza en la existencia de soluciones desde la izquierda, genera cierta frustración, y merma las potencialidades electorales de la izquierda política del PSOE. Me parece que esto es así, pero no le estoy echando la culpa a los Sindicatos, no entro en qué debe hacer el movimiento sindical, él ha decidido soberanamente y no me meto con la decisión tomada, no me pronuncio en si está bien o está mal desde la perspectiva sindical, la lógica sindical es una y la política es otra, no necesariamente coinciden, lo que quiero decir es que me parece que la generación de un espacio más amplio de izquierdas en lo institucional se hubiera visto favorecido por una mayor intensidad en la movilización sindical y, por otro lado, que la puesta en el punto de mira del descontento social a partidos, sindicatos, etc tiene algo que ver con eso, al desviarse la atención hacia contradicciones secundarias que abren ventanas de oportunidad a opciones como UPyD, sobre todo en Madrid. Espero haber aclarado en parte al menos mi postura, tengo como sabes algo tiempo para pensar pero muy poco para escribir, y aunque supongo que sigues sin estar de acuerdo, te agradezco que me des la oportunidad de dialogar y que no te enfades mucho conmigo. Un fuerte abrazo. Giuliano el apóstata (ma non troppo).
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