domingo, 17 de diciembre de 2017

BILATERALIDAD Y UNILATERALIDAD EN LOS PODERES EMPRESARIALES


Las discusiones académicas no siempre se desarrollan en aulas y seminarios. En la foto se muestra un intercambio de opiniones muy interesantes entre dos juristas historiadores, Sebas Martin de la Universidad de Sevilla y Lorenzo Gaeta, de la Universidad de Siena. El fotógrafo, ausente en el encuadre, también participó en la misma. 

Decía un historiador de la época victoriana relativamente poco conocido, William S. Jevons (William S. Jevons, El Estado y los Trabajadores, colección Politopías, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 52-53) , que había que liberar la mente de los estudiosos de la idea de que en materia social existieran “principios absolutos, leyes irrevocables, reglas inalterables o cualquier cosa de naturaleza eterna o inmutable”, porque se trataba de “una clase inferior de relaciones” – las relaciones de trabajo – “que nada tienen que ver con las preocupaciones más elevadas de la ciencia ética, la obligación moral, la conciencia o la creencia religiosa”, en las cuales era lícito buscar “fundamentos más sólidos”. Para él la legislación industrial no era sino un sistema de “reglas arbitrarias” que se habían ido acumulando en una trayectoria histórica determinada y que se resumían en un “sistema de transacciones mutuas” basadas en la experiencia y en el aprendizaje. Se trata de una apreciación muy anclada en la percepción doctrinaria de la época según la cual la regulación jurídica de las relaciones de trabajo estaba demasiado lastrada por la fuerza de los hechos, por la inevitable presencia de una realidad que confrontaba a empresarios y trabajadores en un contexto de conflictividad permanente y que dificultaba a su vez la incrustación de estas reglas – definidas como “arbitrarias” – en las seguras obligaciones jurídicas y morales que el derecho de la sociedad triunfante de la revolución industrial había codificado. De manera más modesta, desde su perspectiva liberal, el sistema jurídico estatal debía promover una cierta “civilización” de la sociedad en materia laboral propulsando mejoras en los servicios educativos y culturales de la población trabajadora y una cierta protección estatal de algunas condiciones de trabajo muy específicas pero de alcance muy limitado, porque el progreso y la libertad pasaba necesariamente por el reconocimiento del poder empresarial sobre la organización de la producción, la intensificación del trabajo y el incremento de la productividad obrera, en el entendimiento de que la libertad – de empresa, de trabajo – era “el estado natural de las cosas”.

Esta perspectiva no resulta tan lejana como los tiempos de su formulación podrían sugerir, a finales del siglo XIX, porque se sabe que la pervivencia de esta matriz liberal en nuestros días está muy presente, y se manifiesta en múltiples aspectos. El poder del empresario en la ejecución de los contenidos del contrato de trabajo, determinado por la regulación que de él ha hecho la norma estatal pero ante todo la negociación colectiva, sigue queriendo preservarse de cualquier control y para ello se fuerza a la ley a que reconozca en ese poder una capacidad de regulación general y concreta del trabajo que no sea sólo reflejo de la radical disparidad de posiciones que permite el mercado o la propiedad de los medios de producción entre clases dominantes y subalternas, sino que se establezca como un atributo de los sujetos de la relación jurídica laboral, de manera que integre un haz de facultades jurídicas que consagren una completa asimetría en el seno de la relación laboral.  La unilateralidad del poder del empresario en la creación de reglas sobre la prestación de trabajo deriva por tanto de la organización del proceso de producción de bienes y de servicios que él controla y dirige, que resulta legitimado, sin que se cuestione su validez, por la aceptación voluntaria de esta subordinación a través del contrato, que por consiguiente resulta un elemento fundamental en la definición del conjunto resultante. Pero la voluntariedad del consentimiento individual no convierte la relación contractual en una transacción sobre intereses contrapuestos, porque la autonomía individual ampara la realización unilateral del poder privado sobre las personas que trabajan subordinadamente para él.

A partir de ahí, sin embargo, se despliega toda una tensión, clásica del derecho del trabajo maduro, entre la progresiva construcción de una dimensión colectiva que crea un sujeto sobre la base de la representación del trabajo concreto en la empresa, en el oficio o en la rama de producción, que quiere atraer hacia esa bilateralidad formal del contrato prevista en el plano individual, la capacidad de regular las condiciones básicas del intercambio entre tiempo de trabajo y salario, de tipo cuantitativo, a las que se une la determinación cualitativa de la prestación que se corresponde con una clasificación determinada del oficio o la profesión de la persona que trabaja. Este proceso de especificación de la prestación de trabajo se desplaza de la esfera individual a la colectiva y se cristaliza en el acuerdo o pacto que el sindicato y el empresario o la asociación de empresarios realizan, lo que viene a restringir la facultad de cada empresario individualmente considerado a disponer unilateralmente sobre estos temas. Por eso la delimitación colectiva de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la prestación de trabajo debe leerse como un desarrollo de un programa de límites al poder privado del empresario al que algunos ordenamientos jurídicos dotan de una especial solidez y fortaleza a través de disposiciones que preservan la fuerza vinculante de los productos de la negociación colectiva. En España este efecto se produce mediante el convenio colectivo de eficacia normativa y general, que establece el modelo legal de negociación colectiva recogido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores.

Este curso evolutivo se ve propulsado por la constitucionalización de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que tiene lugar, con diferentes tonalidades y matices, a partir de la segunda guerra mundial en Europa y que caracterizan a los textos constitucionales de los sistemas democráticos que se conquistan tras las diversas dictaduras civiles o militares que fueron desgranando iniquidad y sufrimiento hasta finales de los años setenta del siglo pasado. Nuestra Constitución de 1978 se inscribe en esta lógica. En ese reconocimiento de la desigualdad sustancial que el sistema económico y social imperante produce y que el derecho liberal ignora y esconde, se encuentra la clave de una nueva clave de lectura de las instituciones laborales que intensifica y refuerza el componente garantista del Estado social sobre la base de un ligamen directo entre trabajo y ciudadanía. Y es precisamente a través del tratamiento teórico del derecho al trabajo como se desvela la tensión básica entre éste y la libertad de empresa y la necesaria ponderación de los límites que ésta última debe padecer como condición necesaria del compromiso político que las constituciones democráticas imponen al Estado y a los sujetos sociales de ir avanzando en la nivelación social, cultural y económica de la sociedad que éstas ordenan.

Esta línea de evolución tiene fuertes resistencias, que en los últimos tiempos se han hecho más potentes. Una gran parte de las reformas laborales recientes, sean éstas fruto de las llamadas políticas de austeridad frente a la crisis en los países sobre endeudados del sur de Europa, o por el contrario fruto de cambios políticos – productos unos de un golpe institucional, como en Brasil, o de unos resultados electorales, como en Argentina – coinciden en forzar una orientación de la norma estatal restrictiva – o en ocasiones virtualmente anuladora -  de esta dimensión colectiva y bilateral de la regulación de las prestaciones de trabajo y en paralelo, redimensionar y vigorizar el poder unilateral del empresario en la disposición concreta de las mismas.

Son muchas las fórmulas que se están empleando, desde la recuperación del espacio de la empresa y de los lugares de producción como un ámbito de poder inmune a la regulación colectiva del sector o de la rama de actividad, hasta la exceptuación de la fuerza vinculante del convenio colectivo en materias centrales del intercambio salarial que pueda llevar a modificar las condiciones de trabajo tal como estaban definidas en el instrumento colectivo, o, finalmente, al intento en la reforma laboral española de reducir a un año el tiempo de ultra actividad de los convenios colectivos pasado el cual las disposiciones sobre el trabajo, a excepción de los mínimos legales, serían determinadas unilateralmente por el empresario. La corrección de este precepto que llevó a cabo el Tribunal Supremo mediante la incorporación de los contenidos materiales del convenio extinguido a las condiciones contractuales individuales de los trabajadores, limitó parcialmente este propósito desregulador y anticolectivo, pero ello no impide constatar que la orientación decididamente encaminada a dificultar y en ocasiones impedir la negociación colectiva de las llamadas “reformas estructurales” fruto de las políticas de austeridad es evidente.

Con carácter más general, la recuperación del unilateralismo empresarial pasa por establecer un principio de flexibilidad denominada “interna” en atención al cual la decisión del empresario sobre la determinación concreta de las condiciones de trabajo debe constituir la regla general a la que se ajusten las diversas prestaciones de trabajo que se desarrollan en una empresa, y este principio no sólo se afirma en la norma estatal, disolviendo los límites legales de los poderes de revisión del contrato y de alteración de sus condiciones básicas, en especial en materia de tiempo de trabajo. También se quiere introducir, como regla colectiva mediante su asunción en los convenios colectivos. Es un debate antiguo que transforma los términos clásicos de la discusión sobre la “flexibilidad contratada” en la negociación colectiva, que mantenía la noción de bilateralidad y condicionaba las decisiones propuestas por la empresa a una negociación y un acuerdo, por un compromiso voluntario de reconocimiento colectivo de la unilateralidad empresarial. Lo que ahora se pretende es la aceptación por la negociación colectiva de un principio general de modificación unilateral por el empresario de las condiciones de trabajo pactadas, en función de las circunstancias de la coyuntura del mercado, amenazando, en caso de no aceptarlo, con efectuar el ajuste sobre la base del empleo, es decir, a través de despidos. En el caso español, la reforma laboral impuso este principio a partir de la ley en una buena parte de supuestos, como fórmula de tensionar y dirigir la negociación colectiva en la crisis.

En última instancia, la tendencia general consistente en la utilización de la norma estatal como instrumento de reducción de la capacidad contractual de los sindicatos que a su vez fortifique la potencia unilateral de los empresarios, debe ser interpretada como un intento de modificar directamente la constitución material del trabajo que las constituciones democráticas han establecido, una verdadera y propia destitución de los contenidos políticos que afirmaban la nivelación progresiva igualitaria de las condiciones económicas, culturales y sociales de una sociedad como la tarea fundamental de los poderes públicos. En este sentido, los legisladores de la flexibilidad y de los recortes consideran, como Jevons, que no hay fundamentos sólidos en la regulación del trabajo, sino que la regulación de estas relaciones es el puro fruto de la correlación de fuerzas, de transacciones que pueden ser revocadas para construir un nuevo escenario en el que los límites al poder privado en la ordenación de los procesos de producción de bienes y servicios para su realización en un mercado se vayan disolviendo y minimizando. Quieren asimismo reducir o incluso en ocasiones eliminar el espacio de regulación colectiva del trabajo concreto que se establece mediante la negociación sindical, modificando su carácter nivelador y transaccional para resituarlo como un instrumento de adhesión voluntaria – esta vez colectiva – al proyecto regulativo de la prestación laboral del conjunto de trabajadores de la empresa que pretenda en cada momento concreto y en atención a las cambiantes circunstancias del mercado, el empresario. Pero esta forma de conducirse reduce de forma drástica la capacidad de legitimación del sistema, y por tanto abre espacios de insubordinación y de resistencia cuyas consecuencias se podrán analizar en un futuro más próximo de lo que es previsible.

lunes, 11 de diciembre de 2017

DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS TRANSNACIONALES. HABLA ADORACIÓN GUAMÁN.


Ayer, 10 de diciembre, se conmemoraba el 70 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El panorama actual en el mundo respecto del reconocimiento y cumplimiento de estos derechos, entre los que están de manera señalada los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, es muy desalentador. No sólo en cuanto que son muchos los Estados que no los reconocen o los ignoran en la práctica de sus decisiones y políticas, sino en lo que se refiere a los sujetos globales como las empresas transnacionales que se caracterizan en su mayoría por no respetar e incluso presionar para que no se respeten los derechos humanos en los países en los que se asientan. Este es un tema sobre el que se han producido importantes procesos que intentan regularlo, tanto desde la autonomía colectiva – los Acuerdos Marcos Globales – como, actualmente, mediante el impulso de un tratado internacional que establezca la vigilancia por parte de los Estados en donde se halla la sede de la Empresa Transnacional sobre su actuación en lo relativo al respeto de los derechos humanos en las sedes en las que se localice. Sobre ello está trabajando desde Ecuador Adoración Guamán. Como los lectores de este blog conocen, ella es profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de Valencia y autora, junto con Gabriel González, del libro “El fin de la impunidad: La lucha por un Instrumento Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos”, editado por Icaria en 2017 y prologado por la Eurodiputada Lola Sánchez. Este post es un avance del artículo en vías de publicación en la Revista de Derecho Social (RDS) sobre la cuestión que se publica en rigurosa exclusiva en la blogosfera de Parapanda.

Derechos Humanos y Empresas Transnacionales: la apuesta por un Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos

Adoración Guamán

El día 10 de diciembre se celebró el día de los Derechos Humanos en conmemoración de la fecha en la que se aprobó la Declaración Universal en 1948. Como es bien sabido, el texto, pronto septuagenario, afirma que los Derechos Humanos (el conjunto de los mismos, sin división alguna entre políticos, sociales, civiles, económicos, culturales) se proclaman de todas las personas, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición.

Si algún sentido tienen los “días internacionales” es aprovechar los mismos para recordar el grado de incumplimiento del derecho o derechos que se conmemoran y las principales aristas que presenta su protección, respeto, promoción y remedio. De entre las múltiples violaciones de Derechos Humanos que nos rodean, y por las razones que se detallarán al final, estas páginas van a centrarse en las violaciones cometidas por las Empresas Transnacionales, empezando el análisis con dos ejemplos concretos que nos permiten centrar la cuestión.

En septiembre del año 2012 se produjo un incendio en una fábrica de textil en Karachi, Paquistán. Murieron 260 trabajadoras/es y 32 quedaron heridas. El local de la empresa, Ali Enterprises, tenía bloqueadas las salidas de emergencia, las ventanas enrejadas y una única salida. Debido a estas circunstancias, las personas que trabajaban allí se vieron atrapadas en el fuego y murieron asfixiadas o quemadas . Menos de un año después , el 24 de abril de 2013 se desplomó en Daca (Bangladesh) un edificio de ocho plantas, llamado Rana Plaza, provocando 1.129 fallecidos, la mayoría, obreras textiles de grandes marcas internacionales de moda. El edificio estaba construido para albergar un centro comercial y no las cinco fábricas de ropa que radicaban en él, por lo que el uso inadecuado provocó el deterioro rápido de la infraestructura. Los desperfectos y el peligro de derrumbe antes de la catástrofe eran evidentes pero, a pesar de las protestas de las y los trabajadores, los directivos de las fábricas se negaron a interrumpir el trabajo, con la connivencia de los responsables políticos municipales.

Las características fundamentales que comparten los dos desastres, y otros muchos acaecidos en distintos sectores más allá del textil, son las siguientes:

1) En los dos casos, el principal cliente de la empresa local es una o varias empresas radicadas en un país del Norte que desarrollan una actividad transnacional, en cuyas cadenas de suministro se inserta la empresa local. En el primer caso se trata de la empresa KiK, asentada en Alemania , para la cual Ali Enterprises producía el 75% de su material y con la que mantenía una relación comercial desde el año 2007. En el segundo caso, Rana Plaza, las empresas radicadas en el edificio producían para firmas tan conocidas como Benetton, El Corte Ingles, Loblaw, Primark, y Walmart.

2) En ambos casos, las empresas matrices habían anunciado su compromiso de vigilar que sus proveedores respetaran determinados estándares relativos a la seguridad y salud de sus trabajadores. De facto, como demuestra el caso KiK, se habían hecho distintas auditorías . En agosto de 2012 la empresa RINA Services S.p.A. emitió el certificado SA8000 para la empresa pakistaní, tras la auditoría realizada por una de sus empresas subcontratadas en Pakistán (Renaissance Inspection and Certification Agency (RI&CA). Además, y mandatadas por KIK, se realizaron otras cuatro auditorías entre 2007 y 2017.

En ninguno de los dos casos las auditorías reflejaron la realidad en la que se trabajaba en las empresas donde se produjo la catástrofe. Como detalla una experta independiente que realizó una serie de entrevistas a trabajadores de Ali Enterprises , en aquella empresa las empleadas trabajaban en las siguientes condiciones: inexistencia de medidas de seguridad, primeros auxilios y salidas de incendios; trabajo infantil; jornadas de trabajo de entre 11 y 13 horas, con horario nocturno y en domingos y pago a destajo; no afiliación a la seguridad social ni contrato de trabajo por escrito; prohibición de sindicación, huelga y negociación colectiva, etc. Este relato coincide con las condiciones de trabajo denunciadas reiteradamente en numerosos documentos de la Campaña Clean Clothes .

Se trata de condiciones de trabajo que pueden enmarcarse en algunas de las expresiones de la llamada “esclavitud moderna” tal y como la ha definido la OIT: “Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración”.

Según la estimación mundial sobre la esclavitud moderna, puede afirmarse que en cualquier momento dado de 2016, 24,9 millones de personas han estado sometidas al trabajo forzoso. De ellas, 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción, la agricultura y el textil; 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.

Además el trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores.

3) La tercera característica común a ambos casos ha sido, y es, las dificultades que las víctimas han tenido para el acceso a la justicia y la obtención de reparación. En el caso KiK, el 13 de marzo de 2015, cuatro de las víctimas presentaron una demanda para la compensación por los daños ante un tribunal de Dortmunt. El tribunal alemán aceptó la jurisdicción y declaró la gratuidad del proceso para las víctimas. La demanda tanto la compensación por los daños como la disculpa y el compromiso de la empresa de asegurar la seguridad en sus proveedores. En septiembre de 2016, y tras una negociación mediada por la OIT la empresa accedió a pagar un total de $5.15 millones pero rechazó admitir su responsabilidad. Las víctimas se reafirmaron en la exigencia de justicia, no de caridad, y el proceso sigue adelante, apoyado por múltiples ONG y entidades de derechos humanos. La base de su reivindicación se sustenta en el incumplimiento de la empresa alemana de su deber de cuidado y de vigilancia debida, considerando que la empresa alemana debe ser considerada jurídicamente responsable por una omisión con consecuencias desastrosas.

El 29 de agosto de 2017 un tribunal de Dacca condenó al primer responsable por la tragedia del Rana Plaza, Sohel Rana, dueño del complejo, a tres años de cárcel y una multa de  625 dólares. Hasta el momento, no se ha conseguido determinar la responsabilidad de las corporaciones transnacionales que tenían acuerdos comerciales con las empresas cuyos locales estaban en el Rana Plaza y cuyas trabajadoras murieron en el siniestro. No obstante, de manera paralela a la vía jurisdiccional, en octubre de 2013 se estableció la Comisión de Coordinación del Rana Plaza, presidida por la OIT y compuesta por representantes del gobierno, sindicatos, empresas del textil implicadas y ONG , el objetivo de esta Comisión era desarrollar y vigilar el cumplimiento del Understanding for a Practical Arrangement on Payments to the Victims of the Rana Plaza Accident and their Families and Dependents for their Losses .

En este acuerdo, las partes firmantes ser comprometieron a cooperar para determinar las pérdidas que debían ser cubiertas, asegurar la debida asistencia a las víctimas y familiares para que pudieran presentar adecuadamente las quejas para ser atendidas, ofrecer la asistencia técnica necesaria durante todo el proceso, etc. En enero de 2014, la OIT creó el Fondo fiduciario de donantes del Rana Plaza a fin de apoyar los esfuerzos de la Comisión para financiar el sistema. En junio de 2015 la OIT anunció que se habían recaudado los 30 millones de dólares estimados para pagar las compensaciones a las más de 2.800 millones de víctimas que habían presentado quejas. La lista de donantes y las cantidades, de aquellos que la han hecho pública, está en la página web de la Comisión de Coordinación . Cabe destacar por ejemplo que Benetton ha “donado” 1,100,000 $; Auchan 1,500,000 $; BRAC USA (que incluye entre otras marcas a Gap Foundation o Walmart) 2,480,000 $; Inditex 1,633,430 $, etc.

En este caso, y bajo los focos de la opinión pública internacional despertada por la magnitud del desastre, se ha conseguido una reparación económica establecida y liquidada a través de la Comisión. Sin embargo, las personas físicas y jurídicas que aumentaron su tasa de ganancia presionando a las empresas locales para aumentar la producción y reducir los gastos sociales y de prevención y que por tanto deberían ser consideradas culpables tanto por esta presión como por la omisión del deber de vigilancia, es decir, el conjunto de ETN señaladas (KiK, El Corte Inglés, Benetton, Primark, etc) siguen impunes.

Los ejemplos relatados y sus características comunes permiten realizar las siguientes cuatro afirmaciones:

- Las violaciones de Derechos Humanos por parte de las ETN no solo no se han reducido en los últimos años sino que se han refinado y se han convertido, en algunos sectores, en algo casi consustancial a la evolución de la economía global y, como veremos, de los flujos de inversión extranjera directa.

- Las vías de prevención de las violaciones de derechos humanos que dependen de la voluntariedad de las empresas privadas, por ejemplo los sistemas de códigos de conducta y auditorías voluntarias, son insuficientes. Es más, como ha señalado Juan Hernández Zubizarreta, autor imprescindible en esta materia, la responsabilidad social empresarial o corporativa (RSC) vinculada con la voluntariedad, la autorregulación, la unilateralidad y la no exigibilidad, materializa la capacidad de legislar de las ETN y frena todo sistema de control jurídico elaborado desde las instituciones públicas. Es más, la utilización de la RSC como vía para la legitimación de las actuaciones empresariales ante la opinión pública contribuye a opacar las violaciones, siendo al final contraproducente.

- Existen enormes obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas, que están superándose con grandes esfuerzos en casos muy particulares. La reparación por tanto  todavía depende de circunstancias vinculadas al caso concreto.

Ninguna de estas tres afirmaciones es novedosa, al contrario, esta situación está siendo denunciada desde hace décadas, de hecho, numerosos autores (como Lance Compa o José Elías Esteve) han señalado que tanto el golpe contra Salvador Allende en Chile (1973) como el anterior contra Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) no se habrían llevado a cabo sin la intervención de empresas transnacionales como la United Fruit Company y la International Telephone and Telegraph.

Desde aquél momento hasta los desastres comentados se han llevado a cabo distintos tipos de iniciativas para regular la cuestión, desde las desarrolladas por la OIT,  la OCDE o Naciones Unidas (los Principios Rectores), todas basadas en esquemas de responsabilidad estatal y voluntariedad de las ETN; hasta las estrategias puramente corporativas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. La insuficiencia de estas estrategias e iniciativas fue brutalmente evidenciada por la tragedia de Bangladesh de 2013 y por las que le han sucedido.

De hecho, el caso Rana Plaza fue considerado como un “wake-up call” y tras la tragedia, como ocurrió en su día con el caso Bophal, empresas, gobiernos y organizaciones internacionales, espoleados por las ONG, se apresuraron a adoptar pactos y protocolos para evitar nuevos desastres y proveer compensación a la víctimas. Sin embargo, como para el sector del textil indican los informes de la campaña Clean Clothes  y como para el conjunto de sectores nos relatan las diferentes organizaciones de afectadas y víctimas, las violaciones de derechos humanos por ETN y la imposibilidad de la víctimas de obtener reparación se siguen sucediendo.

Ante esta realidad, la necesidad de transitar del paradigma de la voluntariedad a la conclusión de instrumentos vinculantes es una exigencia que ha sido sostenida de manera fundamental por centenares de organizaciones sociales y asociaciones de víctimas y afectadas. En el ámbito nacional y regional deben destacarse iniciativas acertadas, y promovidas por la sociedad civil, como es la Ley de Deber de Vigilancia de Francia (en cuya tramitación estuvieron implicados laboralistas como Antoine Lyon-Caen o Tatiana Sachs) o el Informe Sánchez Candeltey sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección, impulsado y presentado por la eurodiputada Lola Sánchez.

En el ámbito internacional, hace ya décadas que centenares de organizaciones, ahora aglutinadas bajo el paraguas de la “Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad” o bajo la más amplia “Alianza por el Tratado”, han reivindicado la necesidad de adoptar un tratado vinculante que pusiera fin a la impunidad de las ETN. La plasmación jurídica de esta demanda cristalizó en el año 2014, con la apuesta firme en Naciones Unidas de Estados como Ecuador, Sudáfrica y sus aliados para conseguir la adopción de un Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, creándose el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, presidido por el Ecuador tras la aprobación de la Resolución 26/9.

El año 2018 será decisivo. En la conmemoración de los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos se celebrará la cuarta sesión del Grupo de Trabajo, liderado por el Ecuador, donde se debatirá sobre un borrador de texto articulado, un texto que establecerá (según lo debatido en años anteriores) obligaciones directas a las empresas transnacionales de respetar los Derechos Humanos así como medidas de prevención, diligencia debida y que integrarán, entre otros muchos propósitos, el de asegurar que las fronteras territoriales no sean un obstáculo para que se respeten los Derechos Humanos.

El Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos será un enorme paso adelante para el efectivo cumplimiento de lo mandatado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el reconocimiento, por fin, del sufrimiento y del derecho a la justicia y a la reparación de las miles de víctimas de las actividades de las Empresas Transnacionales.



jueves, 7 de diciembre de 2017

LA HUELGA DE AMAZON EN ITALIA Y EL VELO DE LA MODERNIDAD. HABLA LUIGI MARIUCCI



Luigi Mariucci, reconocido jurista del trabajo co-director de la revista Lavoro e Diritto, y activo exponente de la izquierda (no solo) laboralista italiana, ha publicado una breve nota en la página web strisciarossa, un blog abierto que se mueve en el ámbito de la izquierda del PD con especial atención al sindicalismo y al mundo del trabajo, que aunque está referida a Italia y al conflicto al que ya se ha aludido en este blog el 27 de noviembre, Noticias de Italia ofrece unas conclusiones que pueden perfectamente extrapolarse al caso español. En efecto, recobrar una regulación legal que defienda el derecho al trabajo y los derechos colectivos que le acompañan debería ser el objetivo prioritario de las fuerzas progresistas en todos los países europeos, especialmente en el sur asolado por las políticas de austeridad. Mientras tanto, pese a la economía colaborativa, freeeriders, trabajadores independientes o emprendimiento como panacea social, las huelgas por obtener mejores salarios y lograr un convenio para los trabajadores y trabajadoras que asegure unas mejores condiciones de trabajo siguen siendo el elemento central de las relaciones de trabajo.

El texto en italiano se puede consultar aquí Strisciarossa blog; a continuación se dispone la traducción del mismo.

Alcemos el velo de la falsa modernidad

Luigi Mariucci (1/12/2017)


Durante años, casi durante decenios, nos han contado que habíamos entrado en un nuevo mundo: la economía digital, el trabajo ágil, la individualización de las relaciones laborales, la obsolescencia de las viejas formas del conflicto y de la representación colectiva.

Nos han dicho que pretender poner límites a los contratos temporales y a la facultad de despido eran cosas del pasado, restos de un viejo mundo ya en declive. Nos han contado que la liberalización del mercado de trabajo era la llave del desarrollo, del crecimiento del empleo, de un mayor bienestar para todos.

Ahora descubrimos que miles de trabajadores del centro de trabajo de Piacenza de Amazon, la multinacional del e-comercio emblema de la posmodernidad triunfante, han convocado una huelga justo el día de los mega-saldos, del Black Friday importado de los usos norteamericanos.

¿Por qué han hecho huelga estos trabajadores? Por aumentos salariales y por mejores condiciones de trabajo, partiendo de la reducción del recurso indiscriminado a turnos y a horas extraordinarias. Como se puede aprecia se trata de reivindicaciones viejas, más aún antiquísimas. Sin embargo muchos de esos trabajadores no han participado en la huelga: estaban contratados temporalmente y muchos de ellos eran extracomunitarios. ¿Por qué no han secundado la huelga? La respuesta es sencilla: porque ser un contratado temporal significa estar expuesto a la amenaza de no renovación del contrato y ser extracomunitario multiplica esa amenaza por dos, añadiendo a la pérdida del empleo la del permiso de residencia.

Se ha leído en la prensa estos días que también muchos trabajadores recientemente contratados con un contrato por tiempo indefinido no han secundado la huelga. La gente se pregunta por qué estos trabajadores han renunciado a la lucha, aunque estaban cubiertos por un contrato por tiempo indefinido. La respuesta es también sencilla: porque han sido contratados después del 7 de marzo del 2015, fecha a partir de la cual el Job’s Act, la ley de reforma laboral promovida por el gobierno Renzi, ha introducido la libertad de despido, con una ridícula sanción económica en caso de ilegitimidad de éste.

Esta es pues la pseudo-modernidad que ha patrocinado la ideología dominante desde hace unos años a la actualidad. Una única respuesta parece ahora practicable, si se quieren asegurar las condiciones elementales para restituir al trabajo un carácter de dignidad: introducir límites objetivos a las contrataciones temporales y una eficaz regulación de la facultad de despido. Estos son los puntos cruciales en los que la reforma laboral italiana – el Job’s Act – ha hecho exactamente lo contrario. Alzado el velo de la pseudo-modernidad no queda sino actuar en consecuencia.




miércoles, 6 de diciembre de 2017

HONDURAS: EL SILENCIO CÓMPLICE



En Honduras, en el 2009 – hace por tanto más de ocho años – se inauguró una estrategia novedosa del golpe de Estado que luego habría de tener amplio éxito en América Latina. Se trataba de la destitución de los presidentes elegidos por mayorías populares sobre la base de acusaciones sobre la irregularidad e ilicitud de sus actos de gobierno – o de actos de corrupción – aireados por la prensa y los medios de comunicación, apreciados como tal por los jueces, sancionados posteriormente por órganos institucionales del Estado, preferentemente al Parlamento. Este golpe blando cuyo primer caso fue la destitución del presidente Mel Zelaya en Honduras, habría de continuarse en años sucesivos con gobiernos progresistas, como sucedió con el proceso que condujo al golpe parlamentario en Paraguay que depuso al presidente Fernando Lugo en el 2012,  y siguió esos mismos derroteros de manera aún más intensa,  con el impeachment de Dilma Rouseff como presidenta de Brasil en el 2016.

En Honduras, este golpe de estado permitió una represión generalizada sobre las capas populares, amenazó al sindicalismo proclamando un virtual estado de sitio  (como recordó el blog hermano  Ciudad Nativa entonces en dos ocasiones, http://ciudadnativa.blogspot.com.es/2009/07/honduras-el-golpe-de-estado-amenaza.html  y http://ciudadnativa.blogspot.com.es/2009/09/represion-en-honduras-hay-que-acabar.html   ) y se desató sobre los colectivos indígenas, pero  también afectó selectivamente a los sectores de profesionales situados en lugares considerados “sensibles” para el gobierno usurpador, en concreto la judicatura. Un grupo de jueces y una magistrada de tribunal de apelaciones, miembros de la asociación Jueces para la Democracia,  fueron destituidos en un acto claramente contrario a la constitución y a los derechos básicos de la inamovilidad e independencia judicial, como declararía la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en una muy importante sentencia de 5 de octubre de 2015 (Caso López Lone y otros vs. Honduras) que ordenó la reposición de éstos en la carrera judicial, a lo que el gobierno de Honduras se ha negado pretextando excusas insuficientes que una nueva sentencia de la Corte de supervisión de cumplimiento de sentencia el 25 de mayo de 2017 desbarata con argumentos poderosos, declarando que el Estado no ha dado cumplimiento a la decisión principal del litigio, por lo que mantiene abierto “el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de la medida de reparación ordenada en el punto dispositivo décimo sexto de la Sentencia, relativa a la reincorporación de las víctimas Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza a cargos similares a los que desempeñaban al momento en que fueron destituidos como juez y magistrada”. Era evidente que el gobierno heredero del golpe no aceptaba que personas claramente alineadas con posiciones contrarias al mismo pudieran regresar a sus puestos en el poder judicial, y en este empecinamiento vulnera los compromisos internacionales a los que la república hondureña se haya vinculada.

En ese contexto, se han producido las elecciones del 27 de noviembre de 2017, en las que se ha producido la situación inédita de un recuento de los votos en el que el candidato de la Alianza de oposición, el ingeniero Salvador Nasralla iba en cabeza, con más de cinco puntos por delante del candidato a la reelección como presidente por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, hasta que se suspendió éste por un corte de luz para posteriormente proclamar la victoria del candidato oficialista por escaso margen. La oposición denunció la inflación irregular de los votos en medio de innumerables denuncias de manipulación de actas, y se produjo, sólo 48 horas después, una multitudinaria manifestación en Tegucigalpa y una concentración posterior durante la noche delante del Instituto de Formación Profesional donde se guardan las actas aún no escrutadas, concentración que fue duramente reprimida por la policía nacional con escenas de violencia que han sido reproducidas ampliamente por las redes sociales. Esta movilización cobró cuerpo además en forma de tomas de carreteras, manifestaciones y otras acciones de protesta durante el 30 de noviembre en más de 53 puntos del país. El gobierno decretó el estado de excepción para poder incrementar la represión policial y militar.

La represión de los ciudadanos, mientras protestan ante el hecho insólito de que todavía no se ha decidido la elección, que espera la revisión de las actas al comienzo sin la presencia de interventores de Alianza de Oposición, excluidos por el gobierno, y la mirada benevolente de la delegación de la OEA, ha sido rechazada por elementos muy significativos de la policía -   el “comando especial Cobra” http://www.hispantv.com/noticias/honduras/361586/policia-huelga-reprimir-manifestacion-crisis-electoral  - , que se han negado a obedecer las órdenes del gobierno para reprimir el descontento popular en pleno estado de sitio. La Confederación Sindical de las Américas (CSA) ha expresado su preocupación y su solidaridad con el pueblo hondureño, exigiendo el respeto a la voluntad popular sin fraude ni represión  (http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12203).

La situación por el momento es estacionaria, y se centra en el cotejo de las 5.174 actas impugnadas, comparando las firmas de las mismas con las que aparecen en los cuadernillos de la votación, junto con una serie de exigencias de transparencia que por el momento no han sido atendidas. El tercer candidato del partido liberal ha reconocido el triunfo de Nasralla, pero el gobierno no está dispuesto a permitir ese resultado.

Hay que estar por consiguiente atentos a la evolución y al resultado final de este proceso, pero ante todo hay que presionar desde Europa al gobierno hondureño para que cese en el oscuro manejo del escrutinio electoral y abandone cualquier tentativa de represión autoritaria. El silencio al respecto de nuestros medios de comunicación más influyentes junto con la inacción del gobierno implica un grado de connivencia con el fraude electoral que se está pretendiendo y evita condenar la represión policial y militar frente a la movilización ciudadana. Desde las fuerzas políticas españolas se comprueba ese mismo silencio en el Partido Popular y Ciudadanos, cada vez más alineado con una práctica autoritaria y excluyente del poder. Unidos Podemos, como CC.OO. y UGT en el campo sindical, han expresado su preocupación y han exigido un apoyo a la democracia en Honduras. El PSOE lamentablemente, ha guardado también silencio, lo que contrasta con su posición en el 2009 claramente enfrentada al golpe de estado en aquel país, y las críticas coherentes que efectuó de la actuación del PP que convalidaba de hecho el golpe mediante su presencia en las elecciones posteriores en las que no se permitió que se presentara la oposición.


Honduras es un país estratégico en Centro América, con una importantísima base militar norteamericana, y ha sido desde hace mucho tiempo un Estado en el que la oligarquía terrateniente y financiera impide con violencia cualquier cambio político de orientación democrática, que pretenda extender y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Defender hoy la Alianza de Oposición y el resultado electoral que ha conseguido, venciendo al candidato oficialista, es importante porque la lucha por la democracia en España y en Europa es inseparable de una posición política clara de afirmación de sus elementos centrales en todo el mundo. Las elecciones no se convocan para que ganen los partidos que están en el gobierno, por mucho que un resultado electoral sea insatisfactorio, es necesario integrarlo en la acción de discusión y de debate – también de transacción y de inclusión - que impone el espacio de la política como forma de organización de la sociedad y esta conclusión básica debe guiar la actuación de todos los que se dicen demócratas. 

Defender la democracia en Honduras es tan decisivo como hacerlo en cualquier país europeo en donde esté amenazada – como efectivamente sucede en algunos casos, como sabemos – y, desde luego en España. O en Catalunya, por no perder el enlace con el tema que asalta día tras día nuestras sobremesas y nuestras opiniones y nos hace olvidar que más allá de nuestras fronteras se requiere nuestra solidaridad activa y no un silencio cómplice con el fraude y el autoritarismo.  

martes, 5 de diciembre de 2017

MÁS ALLÁ DE CATALUÑA: REFLEXIONANDO SOBRE EXPERIENCIAS EXTERIORES



Han comenzado las elecciones en Catalunya y es previsible que desde hoy hasta el 21 de diciembre sea este el tema que ocupe la mayor parte de las opiniones, comentarios y reflexiones en prácticamente todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Puestos a votar, los programas son importantes pero lo son mucho más las personas, como se ha visto en la crisis que culminó con la anulación del autogobierno de Catalunya merced a la aplicación del art. 155 de la Constitución, con la estatura gigantesca de Joan Coscubiela.El titular de este blog no puede votar, por razón de su residencia, en las elecciones catalanas y por tanto su implicación sólo pasa por recomendar a las amigas y amigos que si tienen derecho al voto en esa cita electoral que dirijan su decisión hacia la lista en la que se integra Joan Carles Gallego, una persona que por su trayectoria sindical, su pensamiento crítico y su presencia personal, más allá de su compromiso político en este momento con lo que por estas sedes madrileñas y manchegas llamamos “los comunes”, merece claramente el apoyo de tantas y tantas personas que quieren de buena voluntad una resolución pactada, no humillante, para la “cuestión catalana”. (Dicha sea esta recomendación de voto con la humildad del foráneo y el respeto a otras opiniones de amigos y compañeros que se decantan por otras opciones naturalmente legítimas y que consideran más ajustadas).

El caso es que de alguna manera la consideración de la cuestión catalana como el único problema y la única noticia a la que poder referirse, genera una cierta incomodidad porque esta homogeneización temática no sólo disimula hechos nefandos de corrupción, sectarismo y arbitrariedad del gobierno y de alguno de sus aliados más tensionados, Ciudadanos, que está ampliando el espacio de exclusión política más grande que se conoce en la historia constitucional española. También oculta procesos sociales de resistencia y de avance social, la renovación del conflicto en el marco de la negociación colectiva, iniciativas ciudadanas y sindicales, proyectos de regulación de aspectos centrales de la existencia y del trabajo. Y, por si fuera poco, concentra la atención en el nivel estatal-nacional, descuidando lo que sucede en la Unión Europea, las tendencias presentes en los estados miembros de la Unión que puedan resultar de interés para nuestra vivencia cotidiana y, desde luego, dejando de lado hechos fundamentales que están definiendo la globalización financiera y la consolidación de su dominio en áreas cada vez más importantes de nuestro planeta.

Un área especialmente descuidada es la de América Latina, dejando de lado el manido recurso a Venezuela como espejo deformado de los ataques a la coalición de Unidos Podemos. Tradicionalmente sin embargo, los medios de comunicación se permitían informar sobre los procesos políticos y económicos en América Latina con cierta profusión. Hoy la mirada que nos devuelven sobre los mismos está demasiado contaminada por intereses económicos directos derivados de la participación financiera de editoriales y periódicos, y por una sobre exposición al ideario neoliberal como guía de lectura de estos acontecimientos.

Por eso en esta semana de puente en la que se festeja el 39º aniversario de la Constitución española y la castiza festividad de la Inmaculada Concepción, la Purísima, dogma de fe desde la bula Ineffabilis Deus de 1854 - 163 años hace - , el blog se va a llenar de estas referencias latinoamericanas. La primera la brinda un artículo breve de Tarso Genro, exponente destacado del PT brasileño, en el que de manera muy sintética cuestiona la deriva anti social en la que se ha embarcado el gobierno brasileño tras el golpe de estado – golpe blando, del que hablaremos en otras entradas – y la necesidad de una nueva estrategia de propuesta y de proyecto que se reapropie del Estado y de su función redistributiva.

Es el siguiente:

LA ANARQUÍA DEL MERCADO PERFECTO
Tarso Genro


Una bomba atómica social que va a estallarle al próximo gobierno, cuyos efectos son todavía imponderables, es la desorganización social y productiva que será causada por la reforma laboral brasileña, particularmente por la aplicación desenfrenada del trabajo intermitente y precario, de acuerdo con las reglas ya vigentes de una parte, y la interposición de personas jurídicas como trabajadores autónomos (PJ, la llamada “pejotización”) acelerada, que transformará una buena parte de la mano de obra asalariada en falsos empresarios de si mismos. La caída en la cotización que financia la Previsión Social, el sentimiento de desresponsabilización del trabajador nómada con los destinos de una empresa tomadora “eventual” de sus servicios y la ausencia de pertenencia a una comunidad social – aquella comunidad primaria solidaria que es la base de una sociedad de convivencia, como afirmaba Durkheim – va a tener severas consecuencias políticas y económicas.

Estamos tratando de una sociedad, la brasileña, en la que la mayoría de los trabajadores, si perdieran algo, saldrían directamente de la pobreza decente a la miseria doliente, a diferencia de las sociedades europeas, más desarrolladas en términos sociales y de organización estatal, en la cual los trabajadores que pierden algo con reformas de esta naturaleza transitan desde sus condiciones de consumo – con una cierta holgura para la supervivencia – hacia un patrón de consumo cercano a la pobreza, no definida  todavía como miseria. Las grandes transformaciones tecnológicas que han ocurrido durante los últimos 30 años han sido apropiadas íntegramente por los ricos y por las clases dirigentes, en los países de mayor concentración de renta, cuya situación de clase permitió una mayor influencia sobre el contenido de las reformas.

En verdad, puede afirmarse que el contrato social demócrata, que se expandió por el mundo, en formas dramáticamente diferentes en cada país, generando políticas sociales de protección a los más excluidos (como políticas compensatorias) o propiciando conquistas salariales importantes (en vastos sectores de las clases trabajadoras), llegó a su fin. Los sujetos políticos y sociales que componían las clases trabajadoras de la segunda revolución industrial y las burguesías industriales que les correspondían, al mismo tiempo que van perdiendo su fuerza política, pierden también su capacidad de negociación para la instauración de contratos políticos “sectoriales” que ya no son tolerados por la “furia” de la acumulación financiera. Esta transforma toda la sociedad en función de sus necesidades: acumulación con menos trabajo productivo, en sentido clásico y “rentismo” transformado en red de intereses legitimados por los grandes medios de comunicación.

Es obvio que una lucha de resistencia debe emprenderse en los tribunales en defensa del sistema de protección constitucional que supone la Consolidación de Leyes Laborales (CLT, el código de trabajo brasileño) que todavía podría permitir contratos de trabajo decentes para una gran parte de trabajadores “por cuenta ajena”, especialmente aquellos que viven con los mínimos profesionales marcados en los convenios colectivos o con el salario mínimo, que ya está siendo corroído de forma acelerada. Pero es hora también de pensar en otro sistema de tutelas, a partir del Estado, para repartir, que no sólo se cifre en el derecho al trabajo remunerado previsible – trabajaremos menos para que trabajemos todos – como para repartir los beneficios de las transformaciones tecnológicas en curso y que hasta ahora solo fueron apropiadas por una minoría privilegiada, ni siquiera el uno por ciento de la población económicamente activa.

Tenemos que pasar de una visión de “renta mínima obligatoria” como derecho ciudadano debido independientemente de que la persona pueda trabajar o no, a una “socialización del derecho al trabajo” como “derecho a una renta mínima de trabajo productivo” o de los servicios prestados a la sociedad, sea cual fuera el tipo de prestación, para que la destrucción de la cohesión social que se avecina sea corregida, desviando los rumbos del desastre social al que el golpismo nos ha conducido.
No se trata, en mi opinión, de una revolución, sino de una poderosa reforma neo-socialdemócrata, que capture el Estado por el pueblo soberano y retire la organización estatal de su condición de mero administrador de la deuda pública. El verdadero populismo que nos asola es el populismo del mercado perfecto, que ha sido “vendido” por los grandes medios de comunicación a las clases trabajadoras y sobre todo a los sectores medios, convenciéndoles que la única salida es “el fin del Estado Social”, una especie de anarquía al gusto del capital financiero, que transforma la vida en una pesadilla que la mayoría vive en la soledad de la precariedad y del trabajo intermitente.


sábado, 2 de diciembre de 2017

DETRÁS DE UN LIBRO


Esperando que les guste, esta entrada va dedicada principalmente a las y los juristas del trabajo que emprenden la aventura de escribir un libro “de derecho” queriendo transformarlo. Que no son multitud, pero que tampoco son insignificantes.

Un libro publicado siempre tiene detrás siempre una historia que por regla general no suele ser conocida ni valorada por sus lectores. Y sin embargo la historia del libro explica una buena parte de sus contenidos y de sus desarrollos, de sus éxitos y de su repercusión académica o científica o por el contrario permite considerarlo dentro del universo de la literatura de conveniencia en la que se mueve una buena parte de la producción universitaria.

Un libro puede ser también la cristalización en un momento histórico concreto de la vicisitud personal de su autor, expresa sus preocupaciones y sus intereses en medio de una línea de producción científica y de pensamiento que por definición debe ser crítico, da cuenta de la forma concreta en la que aborda el tema de investigación planteado, las influencias que ha recibido, sus compromisos teóricos y sus ajustes de cuentas con el debate doctrinal sobre la materia seleccionada, afirma su individualidad como obra personal, en los tiempos presentes manifiesta la ansiada excelencia que le haga acreedor al juicio positivo de una comisión de notables más inclinados sin embargo a predicar esta característica de los artículos publicados en revistas de calidad verificada y jerarquizada por un índice patrocinado por potentes grupos editoriales globales.

A los libros, como a sus autores, se les nota la edad, van adquiriendo años como una pátina al inicio imperceptible pero luego bien visible, al punto de permanecer confinados en anaqueles cada vez más alejados de los del uso bibliotecario frecuente, olvidados de todos como un juguete roto o conducidos a la basura como preveía Von Kirchmann ante las dos palabras rectificadoras del legislador, quizá vendidos al peso por algún cartonero avispado. Pero frente a ese triste destino de los libros jurídicos, con la edad a veces los libros se convierten en clásicos, y quedan siempre allí, para ser consultados y citados casi de forma ritual en estudios y artículos posteriores, y se les acuerda una especie de trato reverencial, que denota más una actitud de distancia que de afinidad. Aunque se conoce la fragilidad de estas liturgias, todo jurista que escribe un libro querría que su obra, al pasar el tiempo, adquiriera esta cualidad.

Tras la lectura de un libro es lícito preguntarse por qué se escribió, con qué finalidad, cuál fue el ánimo del autor o de la autora, si detrás de su escritura latía un propósito de invertir el curso de las cosas, de establecer una nueva línea de interpretación, de descubrir una contradicción en los argumentos mayoritarios que podía ayudar a desembarazarse de ellos, a crear las condiciones para que se pudiera reescribir la norma para encontrar espacios más amplios de libertad colectiva e individual de la ciudadanía, o para justificar intervenciones niveladoras y de progreso de los poderes públicos. Los libros que cuestionan el orden establecido en el campo de lo jurídico son siempre los más interesantes, porque su construcción teórica abre interrogantes y obliga a quien los lee a interrogarse sobre sus propias certezas. En ocasiones sin embargo son muy pocas las páginas que ayudan a repensar la realidad y la arquitectura de la norma o las acciones que se cristalizan en las reglas colectivas, pero merecen la pena, por ellas se salva un trabajo entero, son las que permanecen en la memoria cuando pasa el tiempo y el libro espera aún ser consultado una y otra vez en la estantería de la librería propia de sus lectores.

Los tiempos de la acreditación y de la excelencia empujan hacia el artículo medido y valorado no por su contenido sino por el lugar editorial en el que se hace público, aunque también aquí la lectura del texto permite valorar su pertinencia. Se abandona el libro porque se considera excesivo, porque su objetivo se cubre mejor a través de menos páginas, más centradas, en el artículo de revista científica. El libro jurídico es el libro de tesis, un esfuerzo desmesurado que sin embargo se sabe obligatorio, una muestra pública de que quien lo ha escrito sabe investigar y centrar un problema en un recorrido dinámico y transversal. Los otros libros, las monografías, se van diluyendo en la práctica académica, cada vez más volcadas en la explicación útil de lo que dicen los jueces sobre lo que es el derecho, sobre lo que pasa después de la promulgación de la norma en el espacio restringido de la preceptiva jurídica. Sobre la descripción no cuestionada de una normatividad que se instala sobre una realidad desigual e injusta, insoportable.

La historia que está detrás de los libros dignifica el género y explica su composición concreta. Deberíamos acostumbrarnos a pedir a los autores que aclararan al público la historia que lo sostiene, las relaciones con lo que ha venido trabajando, el impulso que le llevó a escribir así y no de otra manera los textos que conocemos. Detrás de un libro hay una historia que merece ser contada, las pequeñas cosas que permiten conocernos y reconocernos en un proyecto de transformación de la realidad a la que queremos contribuir con nuestro trabajo teórico.



jueves, 30 de noviembre de 2017

BIENVENIDA A LA CIUDAD DEL TRABAJO


Desde hace mucho tiempo, casi un decenio, Miquel Falguera ha venido confeccionando con rigurosa precisión y regularidad un Boletín de Jurisprudencia que realmente era mucho más que lo que su nombre sugería. En efecto, en él se podía encontrar un resumen puntual de las novedades legislativas en el Estado español que además eran acompañadas de esquemas comparativos para poder comprobar la evolución normativa acaecida, las principales sentencias de los Tribunales Constitucional y Supremo junto con una selección de otra jurisprudencia de suplicación, sin que faltara asimismo el examen del derecho y la jurisprudencia comunitaria, a todo lo cual unía una recopilación de los convenios colectivos aparecidos en el BOE y una impresionante recolección de aquellos textos y opiniones doctrinales que habían aparecido en formato electrónico. La cita mensual con este precipitado de doctrina judicial, normativa legal y reglas colectivas y referencias doctrinales, constituía un elemento indispensable para la alimentación del jurista del trabajo.

Las turbulencias que ha originado la “cuestión catalana” han afectado a Jueces y Juezas para la Democracia y el Boletín de Jurisprudencia ya no se publicará más en la página de esa Asociación. Conocedora de este hecho, la editorial Bomarzo, a cuya lista de autores Falguera ha contribuido con varios e importantes monografías, ha propuesto la apertura de un sitio específico en su página web que hemos titulado Ciudad del Trabajo, al que añadimos el rótulo de “actualidad iuslaboralista”. Se trata de una revista que pretende ofrecer una aproximación completa e integrada, actualizada mes a mes, de la producción normativa, judicial y colectiva, del derecho del trabajo que se está efectuando en el Estado español, y que será coordinada por Miquel Falguera, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya. La revista está estructurada en una serie de secciones, la primera de las cuales se refiere al conjunto normativo público, clasificado a su vez en normas jurídicas de la Unión Europea y del Estado español, seguido del derecho de las comunidades Autónomas y un apartado de resúmenes normativos. A continuación se abre la sección de la interpretación judicial, que va desde los Tribunales europeos – especialmente el TJ, pero en ocasiones también el TEDH – hasta los Tribunales nacionales, es decir, el Tribunal constitucional, el Tribunal Supremo y otros tribunales. El tercer gran apartado en el que se estructura la revista es el denominado reglas y normas colectivas, que incluye los convenios colectivos sectoriales y de empresa publicados en el BOE. Por último se destina un apartado a las opiniones doctrinales, tanto a las que aparecen recogidas y publicadas en otras webs o blogs, como las creadas específicamente para la Revista.

De esta manera, como Revista de actualidad contiene materiales especialmente propicios para lo que en un tiempo se denominaban operadores jurídicos y que ahora posiblemente sean conocidos como agencias en el campo jurídico-laboral, comprometidas con la escritura cotidiana y minuciosa del tejido específico que construye la regulación jurídica a través de la reclamación y de la acción en justicia, pero también y fundamentalmente mediante la reclamación colectiva, el conflicto y la creación de reglas colectivas en los lugares de trabajo y en el sector de actividad. El espacio del debate teórico y de la reflexión doctrinal tiene forzosamente que nutrirse de este material, que además se enriquece con la incorporación de la opinión que un ya corpulento grupo de blogueros con experiencia en las redes junto a otro en aumento de participantes en revistas electrónicas no sólo españolas.

El título de la Revista, Ciudad del Trabajo, es un homenaje explícito a la obra posiblemente más representativa de Bruno Trentin, teórico, sindicalista y político italiano, que esta editorial Bomarzo publicó en una traducción de José Luis López Bulla con una introducción mía. Con esta referencia de culto queremos dar también una señal sobre el sentido que tiene el trabajo – inmenso – que lleva aparejado la realización de estos números, y que no es otro que el de creer que el conocimiento preciso del sistema jurídico laboral sirve a una orientación crítica sobre la construcción del mismo y sus reglas asimétricas, que puedan impulsar un esfuerzo colectivo desde los distintos sujetos implicados para su transformación gradual en la perspectiva de emancipación a la que por otra parte obliga el art. 9.2 de nuestra constitución. La revista se inscribe en el esfuerzo de reconstrucción del derecho del trabajo y de la seguridad social sobre parámetros de igualdad y de autonomía real que, en un plano más doctrinal, se plantea la Revista de Derecho Social; ambas buscan, en su propia medida, fortalecer una cultura jurídica del trabajo y de los juristas del trabajo comprometidos con esos ideales de emancipación y de liberación de la explotación que éste lleva consigo en el sistema de libre empresa. Y ambas sostienen, por tanto, la posibilidad de elaborar políticas del derecho que sostengan tales propósitos, en un diálogo permanente con el sindicalismo de clase y aquellas fuerzas políticas que se preocupen por converger en sus proyectos con estos objetivos.

Por todas estas razones, en consecuencia, el arranque de esta Revista en la web de Bomarzo es una buena noticia para todas y todos quienes cultivamos el derecho laboral. Esperamos que tenga una cálida acogida y que se incremente el número de seguidores y de personas inscritas. La presencia siempre generosa de Miquel Falguera como coordinador de la Ciudad del Trabajo permite augurar un largo y venturoso trayecto a esta iniciativa. Un proyecto que incide en proporcionar materiales sensibles y ordenados para el estudio de la actualidad iuslaboralista a un universo plural e interesado de juristas y sindicalistas, lo que sin duda alguna constituye una condición necesaria para el desarrollo profesional y político de estas categorías. 

¡Larga vida a la Ciudad del Trabajo y provechosa lectura de sus páginas!

Antonio Baylos. 
Director de la Revista de Derecho Social

CIUDAD
DEL TRABAJO

ACTUALIDAD IUSLABORALISTA
NÚMERO 1/ Noviembre 2017
Coordinador: Miguel Angel Falguera Baró

Secciones
Presentación
Novedades del mes
Normas Jurídicas
Resumenes Normativos
Interpretación Judicial
Reglas y Normas colectivas
Opiniones Doctrinales
Bibliografía publicada en otras Web/Blogs
Colaboraciones
RAFAEL A. LÓPEZ PARADA: Las condiciones más beneficiosas de origen colectivo tras la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014
JOAN AGUSTÍ MARAGALL: Análisis de la STJUE “Espadas Recio” de 9.11.17 (C-98/15): el carácter discriminatorio, por razón de sexo, de la menor duración de la prestación por desempleo generada desde la contratación a tiempo parcial “vertical”
MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ: Sucesión de empresas y contratas: nuevos interrogantes tras las SSTJUE en los asuntos Aira Pascual y Securitas

Enlaces





lunes, 27 de noviembre de 2017

NOTICIAS DE ITALIA: PRECARIEDAD, PENSIONES, HUELGA EN AMAZON



No corren buenos tiempos para el sur de Europa, condenado por la gobernanza económica europea a un futuro imperfecto de degradación salarial, recorte del gasto público e incremento de la desigualdad. Las condiciones concretas en las que se desarrolla este proceso que erosiona las libertades y los derechos de las personas que trabajan, son diferentes, pero convergen las políticas proyectadas y asimismo los efectos producidos sobre el tejido social.

El caso italiano, en efecto, es emblemático a este respecto, porque desde las primeras reformas del 2011, ha tenido una modificación permanente de elementos centrales de la regulación de las relaciones laborales, la más conocida de todos la de la eliminación de la garantía de estabilidad real que contenía el art. 18 del Statuto dei Lavoratori, pero también se ha nutrido de otros elementos degradatorios muy importantes a partir de la llamada Job Act impulsada por el centro izquierda. Esta es una de las características peculiares del supuesto italiano, que las reformas estructurales más importantes las ha llevado a cabo un gobierno de centro-izquierda dirigido por el Partido Democrático a través de la figura emblemática – y muy erosionada – de Matteo Renzi. El segundo rasgo característico de la situación italiana se encuentra en la división sindical entre la CGIL, que aparece como el sindicato de oposición a estas políticas, y la CISL y la UIL, que se colocan siempre en la postura posibilista de apoyar críticamente al gobierno en la idea de obtener algunas contrapartidas, mientras que se intenta recomponer a duras penas una cierta unidad en la negociación colectiva sectorial nacional que vertebra el sistema negocial italiano.

El crecimiento económico ha vuelto a los sistemas nacionales del sur de Europa castigados por la crisis. Italia no es una excepción. Pero la recuperación se hace sobre la base de la extensión de los contratos temporales. Se produce una caída de los nuevos contratos subvencionados “por tiempo indefinido”, al acabarse los fondos nacionales y europeos previstos para ello, y se aprecia un incremento de los contratos temporales especiales, “atípicos” en su estricta expresión. El trabajo “a llamada” ha aumentado en un 133%, y se han efectuado contrataciones altas derivadas de la “garantía juvenil” y del bonus previsto por contratar a jóvenes del Sur, también éstos con apoyo financiero público. Del millón de contratos de trabajo efectuados en los nueve primeros meses del 2017, casi 700.000 son “atípicos”, lo que para Italia es un hecho extremadamente preocupante (no así para España, donde la proporción entre indefinidos y temporales en las nuevas contrataciones se coloca en la relación 90/10 o aún menor sin que el gobierno entienda que la situación es insostenible). La desaparición de la motivación precisa, de orden temporal, para la realización de un contrato de duración determinada, ha favorecido de manera directa este incremento de contratos temporales. Y esta es una tendencia que desde el 2015 – año de la aprobación del Jobs Act- se acentúa cada año. Se trata de una tendencia al alza en toda Europa del sur y del Este: la Resolución del Parlamento europeo de 4 de julio del 2017 da cuenta de esta deriva hacia el trabajo “atípico” y la degradación de las condiciones de trabajo y de vida que este hecho conlleva.

El segundo tema es el de la reforma de las pensiones, una materia que en la definición de los objetivos últimos de la gobernanza económica europea, adquiere precisamente en estos días una importancia excepcional y sin duda en los próximos meses lo veremos también en España como un tema de debate político importante, ahora sofocado por la “cuestión catalana”. De la propuesta regulativa del gobierno italiano, ha sido el aumento de la edad de jubilación a 67 años sin apenas excepciones a esta edad pensionable,  y la retirada de algunas propuestas que había efectuado el gobierno a lo largo de la negociación con los sindicatos para compensar las bajas pensiones que podrán percibir mujeres y jóvenes, lo que ha llevado a la CGIL a convocar – en solitario – una importante movilización para el 2 de diciembre, en cinco manifestaciones diseminadas por todo el país en las que la secretaria general, Susanna Camusso intervendrá simultáneamente por Skype.

El problema de fondo es la presión que un principio de sostenibilidad financiera exigido como eje de actuación del poder público merced a la imposición de la gobernanza europea, repercute sobre el nivel de las prestaciones sociales y en concreto sobre las pensiones, conteniendo su desarrollo y recortando su cuantía. En ese punto, la perspectiva correcta sería la que ha señalado Ferrajoli - y es recordado por exponentes muy relevantes de la jurisprudencia constitucional italiana, como Silvana Sciarra – del “constitucionalismo de los bienes fundamentales” que implicaría sustraer los bienes sociales a cualquier enfrentamiento con otros bienes, al considerarse “cláusulas esenciales del pacto de convivencia”. Pero en una buena parte de los casos, las reformas incluyen medidas que pretenden una reformulación del ámbito de la protección mediante la ampliación de medidas graduales que favorecen a las franjas de trabajadores con ingresos más bajos, a costa de privar de derechos a aquellas personas que tienen un mayor nivel de renta salarial. El Tribunal Constitucional portugués ha justificado parcialmente estos propósitos sobre la base de la aplicación de un principio de “igualdad proporcional” que permite diferenciaciones de trato positivas para las personas de salarios más bajos, o diferenciando entre empleo público y privado, o en fin, condicionando los recortes al elemento temporal, de manera siempre proporcional. La CGIL no niega este tipo de intervención, pero exige una mayor intensidad que sea realmente eficaz en la tutela de jóvenes y mujeres, a la vez que insiste en pedir una intervención también “estructural” en el plano de los impuestos, sobre la corrupción y la evasión fiscal, poniendo el acento en la equidad y progresividad fiscal. Una materia que va ser decisiva en los próximos meses y que en España cuenta con proyectos importantes de origen sindical, como la iniciativa legislativa sobre la renta mínima de inserción y el proyecto de ley sobre la reforma de la Seguridad social que sin embargo ha sido vetado por el Gobierno impidiendo su tramitación a la vez que sabemos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha agotado y que existe una ofensiva muy decidida por parte de algunas instituciones financieras para imponer fondos de pensiones de manera obligatoria en empresas y ramas de producción.


El último tema de actualidad en Italia hace referencia a la huelga que han protagonizado los trabajadores de Amazon en el gran Centro de Expediciones de Piacenza, el primer e histórico conflicto en este país de los trabajadores de la multinacional que se ha hecho coincidir con el black Friday como fecha más propicia en cuanto que en ella se produciría un incremento de pedidos. El tema del conflicto es el de las condiciones de trabajo, extraordinariamente gravosas, y la negociación de un convenio de empresa, así como una regulación de la flexibilidad y la externalización del trabajo. Acogidos al convenio estatal del comercio, la paga media está entre los 1.100 y los 1.200 euros. En la empresa trabajan también los llamados “interinos”, que provienen de agencias de contratación temporal o ETTS, en una proporción muy importante. 1.650 trabajadores “internos”, y más de 2.000 suministrados desde estas agencias. Una gran parte de los trabajadores son contratados expresamente para hacer el turno de noche (de las 22 a las 6 de la mañana) y otros muchos tienen un contrato de “número de horas garantizadas” que en teoría sería un contrato a tiempo parcial de tres días por semana pero que en la práctica se convierte en un contrato “a llamada”. Divididos en pickers  - los que preparan el paquete – packers – los embaladores – y los que efectúan la expedición del mismo, el trabajo más penoso es el de los pickers, que a hacen una media de 17 kilómetros al día, siempre en movimiento y agachándose, lo que produce una amplia serie de lesiones musculo-esqueléticas sin que éstas se reconozcan como enfermedad profesional o lesiones producidas por el trabajo. La huelga estaba convocada para ambas categorías de trabajadores, y pretendía un aumento salarial, la redistribución de tareas en el turno de noche e impedir la realización de horas extras hasta final de año. A la acción huelguística se han unido más del 50% de los trabajadores “internos” de Amazon, pero no así los temporales “externos”, sobre los que ha habido fuertes presiones para que trabajaran. Ahora los sindicatos convocantes – las tres centrales sindicales italianas – valorarán si estos eventuales han sustituido el trabajo de los huelguistas para definir este hecho como conducta antisindical. Un conflicto que resulta muy interesante al tratarse de una multinacional para la que la flexibilidad plena del trabajo es esencial a su razón de negocio, y que por tanto juega de forma intensa con la movilidad y fragmentación de los trabajadores. De esta manera, recomponer la estabilidad de la acción colectiva y lograr una adhesión lo más completa posible a la huelga es la condición necesaria para que la medida de presión pueda ser eficaz. Lo que por otra parte, quizá sin las características muy acusadas del uso de la flexibilidad en Amazon, sucede en una buena parte de empresas que emplean la externalización como medida de gestión del trabajo y de defensa frente a acciones colectivas para modificar sus condiciones.

viernes, 24 de noviembre de 2017

SINDICATOS Y DERECHO DEL TRABAJO ENTRE DICTADURAS Y DEMOCRACIA



Organizado en el seno del prestigioso Centro de Estudios para la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno de la Universidad de Florencia por la profesora Irene Stolzi, se ha celebrado los días y 23 de noviembre un seminario internacional de estudios que tenía por objeto el estudio de las transiciones entre las dictaduras y las democracias en la Europa mediterránea y latina del siglo XX desde la consideración específica de los sindicatos y del Derecho del Trabajo. El encuentro tiene su origen en la red de estudios sobre el corporativismo que analiza críticamente las experiencias dictatoriales y corporativas en Europa, entre las que tiene un papel muy preponderante el corporativismo fascista italiano.

El seminario se abrió con una amplia intervención de la coordinadora del mismo, Irene Stolzi, que encuadró la problemática de las dictaduras y de las democracias sociales como dos productos históricos europeos propios del siglo XX, ligados al declive y cuestionamiento de la convivencia armónica liberal y la separación entre sociedad y Estado, cuyo estudio crítico y teórico se abre a un trayecto de investigación muy rico y productivo.

En la primera sesión se acumularon intervenciones de tipo diverso. La primera se desplegaba sobre la consideración del trabajo como una “institución social” que por tanto asume una relevancia fundamental en el plano político, cuestión que se prolonga a partir de las constituciones democráticas que emergen tras la derrota del nazifascismo tras la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a cabo, desde una perspectiva sociológica, Rosangela Rodigiani, de la Universidad católica de Milán. A continuación se colocaron tres intervenciones que analizaban aspectos concretos de tres experiencias nacionales. Aldo Carera desbrozó los principios y la forma de organización del sindicalismo católico – sindicalismo “blanco” – en el lapso de tiempo entre la primera guerra mundial y la liberación del fascismo en Italia, Carlos Herrera por su parte efectuó un ensayo en el que reconstruía las distintas corrientes doctrinales que formaron el derecho del trabajo francés en el primer tercio del siglo XX, y finalmente, José Abrantes procedió a describir el panorama normativo que el Estado Novo portugués llevó a cabo tanto en materia individual o colectiva sobre el trabajo, resaltando la privación de derechos sindicales y colectivos como la clave de bóveda de este régimen.

Al día siguiente se examinaron otras experiencias europeas. Jean Pierre Le Crom efectuó un muy detallado análisis de la Charte du Travail francesa y su relación con las distintas corrientes ideológicas que la subyacen en relación asimismo con la esterilización que se quería del sindicalismo. Sebastián Martin examinó un período “rico en transiciones” en España, a través de tres modelos presentes en la experiencia española, un modelo liberal y autoritario bajo forma corporativa, con la dictadura de Primo de Rivera, el modelo pluralista democrático de la II República y, finalmente, el modelo totalitario con negación absoluta del conflicto y la violencia total institucionalizada que impone la rebelión militar que lleva a cabo el Estado de 18 de julio. A continuación Antonio Baylos efectuó una intervención que no se situaba en la descripción del marco institucional sino que se centraba en la nueva subjetividad obrera que surge del conflicto entre capital y trabajo a partir de la fábrica fordista en un contexto de carencia de libertades públicas que se expresa en la forma que aborda CC.OO. como movimiento socio-político que encarna una actividad decisiva en el cambio democrático. Paola Borges, por su parte, efectuó un análisis muy sugerente sobre el tránsito del autoritarismo a la democracia en Portugal sobre la base del análisis de la constitución económica subyacente y la función social del trabajo y cerró la jornada de mañana Marco Zaganella con un análisis del sindicalismo fascista un tanto descontextualizado de la complejidad social que este fenómeno conlleva, en el que no contemplaba la instrumentalización de la persona sin derechos bajo la autoridad sin control del poder privado empresarial, subsumido en la mística de su incorporación abstracta en el interés superior de la nación que supone el núcleo central del sistema fascista.

El seminario se cerró con una reflexión colectiva desde el derecho del trabajo en una mesa redonda en el que se intentaría crear un punto entre la actualidad y el pasado, marcado por la carga semántica compleja que lleva consigo la noción de crisis. Bajo la activa moderación de Maurizio Fioravanti, intervinieron en primer lugar Riccardo del Punta, que efectuó una serie de preguntas que debieron responder Umberto Romagnoli seguido de Lorenzo Gaeta, para cerrar la sesión con Raffaello di Luca Tamajo sobre en primer lugar si juzgaban conveniente una regulación legislativa de la libertad sindical y la negociación colectiva constitucionalmente reconocidos en Italia y además si el futuro del Derecho del Trabajo, constituye un punto de no retorno sobre el que se debe construir líneas de desarrollo o si por el contrario se trata de una categoría ya en decadencia. El debate se desarrolló con fuertes referencias críticas de Romagnoli tanto a la situación actual y al proceso histórico que culminó con la no actuación del art. 39 de la Constitución y el desarrollo del espacio privado colectivo guiado por el principio del mutuo reconocimiento, como a la división sindical – que carece de sentido en la actualidad – que convierte en querídísimos enemigos a los sindicatos nacionales. Gaeta reconstruyó el itinerario y la génesis de las normas sobre el derecho del trabajo y el sentido del debate sobre el reconocimiento del derecho de negociación colectiva y la intención de acordar una relevancia pública al convenio colectivo hipotizado en la norma constitucional no actuada posteriormente, perdiendo esta posible evolución sobre la base del rechazo a la etapa corporativista de manera que se cancelaba la posibilidad de desarrollar una perspectiva autonomista pública en la línea weimariana, o en una posible tercera dimensión entre público y privado. Luca Tamajo recordó el libro de Neumann a propósito del derecho del trabajo entre democracia y dictadura y también incidió sobre la regulación del art. 39 de la Constitución que fue arrumbada por un sistema sindical de hecho que se basa fundamentalmente sobre libertad y pluralismo sindical,  y que funciona como un reflejo condicionado negador de cualquier regulación del sindicato. Aunque ello conducirá en la actualidad a la emergencia de “incertezas macroscópicas” de este sistema sindical marcadamente privado, que por tanto le hace partidario de una regulación actual de este tema.

Los materiales del seminario serán publicados por los cuadernos del Centro para el Estudio del Pensamiento Jurídico Moderno, publicación anual.