martes, 23 de mayo de 2017

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL LÍMITE DE EDAD MÍNIMA PARA CONCURSAR AL TEDH


Los amables lectores y lectoras de este blog recordarán que ya se ha hablado aquí de la complicada colocación del ex presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, cuyo camino hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había encontrado el obstáculo de que a este mismo puesto optaba asimismo Maria Emilia Casas, también ex presidenta del Tribunal Constitucional, con mayor antigüedad y un curriculum muy superior. La solución que encontró el gobierno para impedir la concurrencia por la plaza – que debe ser presentada en una terna al panel de expertos del Consejo de Europa y por tanto no designada directamente por el Gobierno - , fue extremadamente tosca y arbitraria, en la línea que ya conocemos de la conducta del PP. Decidió introducir un límite de edad mínima para poder concursar a dicha plaza, que cifró en 61 años. Con ello imponía un límite de edad que impedía el ejercicio del derecho al concurso de todos aquellos profesionales y expertos de excelencia que superaran esa edad, y lo efectuaba en una norma de rango inferior al legal – un acuerdo del consejo de ministros – que imponía restricciones inaceptables que inmediatamente fueron calificadas por los estudiosos como un acto discriminatorio, y el Acuerdo resultó impugnado y suspendido cautelarmente por la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sin que se tuviera que formar una Sala de Discordia para solventar el empate que se había producido 3 a 3 en la Sala. Con ello se paralizaba la maniobra del gobierno para excluir a una candidata incómoda, y el relato de estas vicisitudes  se puede encontrar en esta entrada del blog de abril de este mismo año: La complicada recolocación del ex presidente del TC.

Pues bien, ya ha recaído sentencia en este caso. Ha sido la web especializada en asuntos jurídicos Confilegal quien ha dado la noticia que puede consultarse aquí :El Ts tumba el requisito de los 61 años para acceder al TEDH. La Sentencia se conocerá en los próximos días y se comentarán aquí los argumentos de la misma, pero el resultado es muy claro: El Tribunal Supremo anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017 que estableció las pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al considerar que el requisito exigido para ser candidato al puesto de no superar los 61 años constituye una discriminación por razón de edad.

El recurso que interpuso la asociación Jueces para la Democracia ha obtenido su objetivo. Primero, impidiendo mediante la medida cautelar, la realización del concurso, puesto que, como entendió la Sala del TS, existía el riesgo de que el recurso perdiese su finalidad, ya que, de no suspenderse cautelarmente, el procedimiento podría llevarse a cabo conforme a los requisitos impugnados, entre ellos el de la edad máxima de 61 años. Después, obteniendo la anulación del Acuerdo por discriminatorio.

Según informa Confilegal, en la discusión del recurso, se ha  vuelto a registrar un empate entre los magistrados de la Sección Cuarta que lo han estudiado, como ya ocurrió con el incidente de suspensión cautelar y fue resuelto por la llamada Sala de Discordia. Y de nuevo se ha tenido que convocar esa Sala de Discordia, en la que se integran, junto a los magistrados de la citada Sección, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y los magistrados más antiguo y más moderno de la citada Sala. El resultado ha sido por tanto coherente con la anterior resolución de suspensión cautelar del procedimiento, y la sentencia ha estimado el recurso. Será muy interesante como se ha dicho conocer el cuerpo de la decisión y sus argumentos, y saber si ha habido votos particulares de los magistrados disidentes y los argumentos que mantienen. Se seguirá en su momento, porque sin duda será un caso que suscitará, como ya ha sucedido, un interés evidente más allá de nuestro país, en especial en los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal, España y el Consejo Constitucional francés, porque el contencioso afecta a dos ex presidentes del Tribunal español y está en juego precisamente el principio de no discriminación.

Jueces para la Democracia insistía en la discriminación directa por edad, pero también en la indirecta por motivos de género. El argumento era muy contundente, puesto que entendía que fijar la edad en 61 años, se presentaba como un criterio aparentemente neutro, pero que realmente perjudicaba a las mujeres juristas que pudieran reunir los requisitos exigidos para formar parte del TEDH. “Las mujeres tuvieron limitado el acceso a profesiones jurídicas hasta poco antes de la Constitución española. Así, hasta el año 1977 no pudo acceder una mujer a la judicatura y la primera catedrática española de una Facultad de Derecho es de 1964. Las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a puestos en las altas instancias judiciales y académicas –que aún perviven- limita sus posibilidades de acceso para ser miembro del TEDH, puesto que mayoritariamente reúnen los requisitos exigidos las mujeres que ya han cumplido la edad de 61 años”. Veremos en qué medida estos argumentos han sido apreciados por el Tribunal Supremos en esta importante sentencia.

Este argumento, el de la discriminación por motivos de género, motivó que la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)  hiciera también público un Manifiesto solicitando al Gobierno la eliminación de ese límite de 61 años, acordado en Consejo de Ministros, y que se posibilitara la elección de una magistrada; “sería la primera vez en la historia que una mujer representaría a España en el máximo tribunal de garantías europeo”. En efecto, en el citado Manifiesto, titulado “Sin mujeres no hay derechos humanos”, recordaban que “Ninguna española, ni jueza, ni académica, ni jurista de reconocido prestigio, ha integrado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde que nuestro país entrara a formar parte del sistema”, y la AMHE recordaba que los jueces de origen español en el TEDH hasta ahora han sido siempre hombres, enunciando sus identidades: Luis López Guerra (2008-2017), Javier Borrego Borrego (2003- 2008); Jose Antonio Pastor Ridruejo (1998–2003), José María Morenita (1990–1998); Juan Antonio Carrillo Salcedo (1986–1989), y Eduardo García de Enterría (1978–1986)”. La AMJE sin embargo no impugnó, como JpD, el acto ante los tribunales.

El caso es que ahora el gobierno ha visto obstaculizados sus planes de recolocar a quien tanto y tan esforzadamente ha servido a sus intereses desde el Tribunal constitucional, actuando diligentemente en la conformación de un juicio positivo de constitucionalidad de todas las normas de la reforma laboral emprendida por el PP. Es un menoscabo evidente y rotundo de la intención arbitraria que se ha declarado ilegal sobre la imposición directa por parte del gobierno de su candidato impidiendo que se presentaran otras personas que pudieran ofrecer una trayectoria concurrente – y superior – a la del protegido del poder público. La sentencia del Tribunal Supremo supone una denuncia clara de la prepotencia y el abuso de autoridad que constituye la práctica política de este gobierno, que se prolonga como sabemos en las prácticas de corrupción que le han acompañado, como forma habitual de gestionar lo público en beneficio de sus propios intereses. Seguiremos de cerca este caso que, apenas conocido por la opinión pública, es sin embargo un dato enormemente significativo del autoritarismo y el desafuero que constituye la costumbre del gobierno que (por ahora) tenemos.



lunes, 22 de mayo de 2017

REACCIONAR FRENTE AL TRABAJO DESIGUAL, PRECARIO, MAL PAGADO



El tema del día es el de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Este hecho puede abrir una vía de entendimiento entre las fuerzas del centro izquierda y la izquierda (con perdón por recuperar esta terminología) que recupere la posibilidad de un cambio en la regulación del trabajo y reaccione con éxito frente a la situación de degradación de los derechos sociales en la que nos movemos actualmente.

Ya nadie hablaba de la necesidad de derogar la reforma laboral del 2012 porque el panorama político se había cerrado al cambio y no aparecía ni siquiera probable un voto conjunto de las fuerzas de centro izquierda e izquierda que, aunque no consiguiera la mayoría requerida, si diera una señal de una posible alternativa de gobierno en el inmediato futuro. Por el contrario, se sucedían “mayorías de política de Estado” como gustan subrayar los comentaristas políticos al uso, que marcaban un perímetro de exclusión y condenaban a Unidos Podemos y las confluencias a un papel irrelevante en la determinación de la actividad legislativa. El espacio laboral podía ser un espacio de encuentro sólo en aspectos relativamente periféricos, como ha sucedido en la semana pasada mediante el voto conjunto a favor de la proposición de ley para la derogación del delito de coacciones laborales. Sin embargo, era más difícil encontrar un espacio común de propuesta en materia de regulación de relaciones laborales, el eje central de la reivindicación, esgrimida desde diciembre del 2015 a junio del 2016, sobre la derogación de la reforma laboral del 2012. Ahora se abre una posibilidad, porque la victoria de Pedro Sánchez – The Revenant – parece indicar que el PSOE entablará una oposición muy firme contra el PP y que estará más abierto a coincidencias temáticas sobre los grandes temas que nuclean el debate democrático con Unidos Podemos. Al menos este es el pronóstico que están haciendo todos sus enemigos, tanto en el interior del PSOE como, de manera muy llamativa, el conjunto de oligopolios mediáticos que comentan el resultado de las primarias.

La tesis que se mantiene en estas notas es que el reto mayor de este momento político es la reforma laboral. Ya sabemos que el gobierno no quiere bajo ningún concepto modificar ni un solo párrafo de estas leyes. Y el modelo de recambio no está diseñado con seguridad en lo que actualmente son las propuestas del PSOE, aunque tampoco es clara salvo en la negativa a los preceptos del 2010 y 2012, la posición de Unidos Podemos. Con un origen en el período electoral en el que parecía posible el cambio político, en un espacio indeterminado de los agentes económicos y sociales y la presencia de académicos universitarios, se ha fraguado un texto de reforma moderada de la legislación de la austeridad que se conoce como Informe FIDE, aunque su virtualidad para la orientación política del centro izquierda y centro derecha es por el momento improbable, y se desconoce cual podrá ser el modelo en el que los asesores del secretario general electo están diseñando .

Hay no obstante puntos sólidos en los que apoyarse para orientar la revisión de la regulación del trabajo y los derechos que de él derivan. Quizá el texto más relevante todavía hoy que podría suministrar una pauta de regulación diferente se encuentra en el documento que aprobó el Consejo Confederal de CCOO en octubre del 2015  sobre un modelo democrático de relaciones laborales, y que puede leerse en este enlace Por un modelo más democrático de relaciones laborales . Es un documento que, aunque no es tan conocido,  puede confrontarse perfectamente con otros textos que están circulando en Europa como fórmulas de regulación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo, tanto en Italia con la Cata de Derechos Universales del trabajo como en Francia con la nueva propuesta de Código del Trabajo o en Inglaterra con el Manifiesto por un Derecho del Trabajo.

El caso es que la situación es francamente mala y es preciso actuar sobre la misma. La degradación salarial es tremenda y generalizada, y de ese hecho se da cuenta en todas las estadísticas de las que se dispone. En efecto, los salarios son el eje de las políticas que enfrentan al capital y al trabajo, de forma que el ajuste económico en España se ha hecho a la vez desde el empleo -despidos, desempleo de masa- y desde la degradación salarial, la situación salarial de las mujeres debe ser un referente central para la acción sindical. Hay que tener en cuenta que el modelo español consiste en retribuir el trabajo lo mínimo posible como criterio general con el objeto de conseguir una rápida recomposición del beneficio empresarial; que se empuja al no cualificado a que se instale en el espacio de lo sumergido y no declarado; que, en consecuencia, aumentan las zonas deslaboralizadas que liberan al empleador de las contribuciones a la Seguridad Social; que el trabajo de los jóvenes, con un mayor componente cognitivo, destaca por estar especialmente penalizado; que el empleo público contribuye desde el 2010 a alimentar también la zona de atraso salarial y de reducción de empleo. En ese panorama, la brecha salarial entre mujeres y hombres es especialmente significativa y a su reducción debe dedicarse un sobre esfuerzo de las estructuras sindicales. El sindicalismo confederal está empeñado actualmente en conseguir un acuerdo con la CEOE-CEPYME que fije una banda salarial entre el 1,8 y el 3% que permita la recuperación mínima de los salarios, conscientes de que la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras desde el 2010 es un hecho irreversible, pero intentando que la subida del IPC, que aumentó la tasa interanual hasta el 2,6%, no actúe además de forma regresiva sobre empleados públicos, pensionistas y parados.

En efecto, los recortes sociales y la devaluación salarial han llevado a conseguir que España sea un país en el que existe una amplia desigualdad social. La desigualdad es una consecuencia fundamental de este modelo..

La desigualdad tiene que ver con las diferencias de renta, la devaluación salarial y, naturalmente, la precariedad en el empleo que genera salarios irregulares y bajos. Es un dato que ya conocíamos también a través del  Informe 'Perspectivas sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2016'. "La creación de empleo sigue sin resolver uno de los grandes problemas en la economía española, a saber, la dualidad del mercado de trabajo español ya que la tasa de temporalidad interanual sube del 24,6 % en el tercer trimestre de 2014 al 26,2% en el mismo trimestre de 2015", de manera que "uno de los principales problemas del mercado laboral español es que en muchos casos con contratos cortos, a veces empleos temporales de una semana. En junio se supo que uno de cada cuatro contratos que se firmaba dura una semana o menos".  El hecho de trabajar no exime de la pobreza. La precarización de las condiciones laborales ha elevado del 14,2 al 14,8% el porcentaje de trabajadores pobres, y la tasa de pobreza entre las personas en paro se sitúa en el 44,8%, según datos del informe anual Análisis y perspectivas 2016 de la Fundación Foessa de Cáritas, dedicado en esta edición a la expulsión social y recuperación económica, que constata además un aumento del 9% del riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis. El informe de la OIT antes citado alerta también del elevado número de familias en riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza, una cifra que aumenta inexorablemente: del 27,3% de la población en 2013 al 29,2% en 2014.

Decir precariedad  en España es referirse a dos elementos centrales en el plan institucional, la rotación que ofrecen los contratos temporales como forma de empleo prácticamente única para trabajadores jóvenes y mujeres, y la propagación del tiempo parcial no voluntario como única fórmula de empleo femenino y juvenil. Es evidente que este es un espacio sobre el que el sindicalismo tiene que concentrar sus esfuerzos, unido a la regulación del mecanismo de dislocación empresarial de las contratas y subcontratas junto a otros fenómenos relativamente nuevos como las llamadas empresas multiservicios. La apertura que ha supuesto la incidencia en nuestro país de la jurisprudencia del TJUE debería permitir iniciar una fuerte campaña por la remodelación de la contratación temporal que abata la precariedad y la rotación acelerada de contratos, junto a la consideración del tiempo parcial como un fenómeno esencialmente voluntario y vigilado para evitar la utilización abusiva de una figura que además coincide prácticamente con categorías vulnerables como mujeres y jóvenes  e induce por tanto a consideraciones sobre la discriminación indirecta que esta figura lleva consigo.


Pero al margen de este combate continuo contra la precariedad y la desigualdad que lleva a cabo el sindicato, la posibilidad de una intervención normativa que altere de forma sustancial la ordenación de las relaciones laborales, vuelve a ser en estos momentos una cuestión clave. Volveremos sobre el tema en otras ocasiones, pero la urgencia del modelo laboral que tienen que diseñar las fuerzas del cambio político frente al que se ha instalado en nuestro país a partir de los gobiernos del PP desde noviembre del 2011 en adelante, es una cuestión urgente. Pero también posible y necesaria.

(En la foto, una manifestación en Madrid hace dos años pidiendo, una vez más, la reversión de la reforma laboral de las políticas de austeridad).

viernes, 19 de mayo de 2017

LA MEMORIA DEL SAQUEO POR JUAN LÓPEZ GANDÍA


La “memoria del saqueo” fue el título de un documental de Pino Solanas del 2003, que cuenta la terrible crisis argentina y el estallido social del 2001 que dio lugar a un período materialmente constituyente que culminó con la presidencia de Néstor Kirchner. La película obtuvo un oso de oro honorífico en el Festival de Berlín y el Premio Coral al mejor documental del Festival de La Habana en el 2004, y luego fue continuada por “La dignidad de los nadies” (2005) que reconstruye las propuestas vitales de una serie de personajes tras la crisis del 2001. Un estudioso y amante del cine como Juan López Gandía ha aprovechado este título para reflexionar en su muro de Facebook  sobre el actual momento, la ciénaga de corrupción en la que nos hallamos. Con su permiso, lo compartimos ahora en esta bitácora agradeciendo su autorización.  

La memoria del saqueo”  es el tÍtulo de un documental argentino de Fernando E. Solanas que me parece muy adecuado para hablar del fenómeno que se está produciendo en España: la legitimación de la cleptocracia, del saqueo de lo público y de su normalización. El apoyo electoral de que hace gala el PP lleva a que ni siquiera le haga falta acudir a ese constructo, a ese palabro que llaman la postverdad, forma filosófica normalizadora de un estado de cosas, quizás de una época , como en su momento la postmodernidad, de la mentira, el engaño, la manipulación, la tergiversación, o sea, los términos maquiavélicos clásicos de toda la vida .

Estamos tras la impunidad electoral en pleno postfranquismo y los vencedores sacan pecho, seguidos fielmente por sus fuerzas y aliados, por sus medios de comunicación, apoyos económicos y por sus instancias judiciales, pese a que parece que se esté haciendo justiicia . No hace falta ya aplicar la teoría de Goebbels de que la mentira repetida se convierte en verdad con el tiempo. Aquí, al contrario, la larga lista de casos y la redada diaria llevan a la paradoja de la "normalidad", de la institucionalización de la corrupción, de que es algo sistémico, fisiológico, no patológico.

Como ocurre en el cine social que una vez se convierte en género policíaco o negro, pierde su impacto inicial de denuncia. Se espectaculariza y entra dentro de los fenómenos de serialización y repetición, como ocurre con las series. Cada nuevo capítulo o episodio de corrupción, forma parte de la misma saga y solo varía la temporada. Ya no provoca ni siquiera estupefacción ni prende en la memoria.Cada nuevo caso o el revivir de alguno anterior, aparece como un recordatorio tipo "anteriorimente en Robo e Impunidad 10 o "anteriorimente en Púnica Siete".

La politica no es que sea espectáculo, es que es ya como una serie de TV. La diferencia está en que la saga real de "Juego de corruptos" no tiene suspense ni intriga, no aparece de verdad castigo consolatorio de los malos y otros mecanismos algo gratificantes para el espectador, como devolver lo robado, pues ya está a buen recaudo en Suiza o en otros paraísos fiscales. Por eso prefiero ver la ficción directamente. la que se presenta como tal, antes que un espectáculo repetitivo, aburrido y en el fondo mera astracanada, una tomadura de pelo cínica a los ciudadanos, como el caso español. Ya sabemos el final y no nos creemos las batallitas de si a ver si me pones a tal fiscal o trasladas a tal juez, o de si han grabado tales o cuales conversaciones o destrozado discos duros.

En las series donde hay conspiración a lo grande y a lo bestia, tipo, por ejemplo, House of cards, 24 o Prison Break , que estoy siguiendo ahora, la cleptocracia no se detiene ante nada y perpetra toda clase de negocios, asesinatos y desmanes, es un gran hermano que nos controla, sin resptar derecho alguno de los ciudadanos. Se saltan la democracia, que ya es solo mera fachada o un espectáculo para mantener las apariencias, pues los poderes corruptos gobiernan al dictado de las multinacionales y la convierten en un estado policial para que nada se destape.

Aquí la cosa, ya se trate de algún miembro de la familia real, de los partidos que han gobernado durante muchos años, de las empresas paniaguadas, a las que tenemos que pagar años y años si es ruinoso el negocio conseguido de manera poco clara, al menos todavía no ha llegado a esos niveles. Es más chapucera, made in Spain, de sainete, chirigota o esperpento.No tiene reparo en exhibirse, en mostarse sin coste real alguno, y nos recomiendan además mirar a otro lado. A Sálvame.. A estos señoritos solo les preocupa que les caigan unos añitos de cárcel de lujo, muy pocos en comparación con los que le caen a una tuitera por alegrarse del atentado de Carrero. Son tan prepotentes y pensaban que no les podían pillar nunca, que ni siquiera están dispuestos a pagar unas penas casi simbólicas, alegando que es injusto que paguen ellos y no todos los demás de su partido.


Nos queda la indignación, una radical reaccción moral y de protesta, la lucha politica por la defensa de la democracia y de nuestros derechos como ciudadanos y , no lo olvidemos, como pueblo soberano ante este paisaje desolador después de la batalla.....

jueves, 18 de mayo de 2017

El SEMINARIO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN DERECHO LABORAL Y SOCIAL EUROPEO CUMPLE UNA DÉCADA.


La realidad de un espacio común europeo en el que se debate sobre los derechos sociales como un elemento indisoluble de la propia noción de la Unión Europea, y el conocimiento cada vez más común de los diferentes derechos laborales de los distintos ordenamientos nacionales de la UE es un hecho consumado que se ha ido construyendo de forma paulatina y cuya trascendencia no escapa a nadie. La relevancia de la dimensión europea, que es patente en las reflexiones y los análisis sindicales y de los movimientos sociales – el muy reciente debate sobre el CETA puede atestiguar ese interés por el nivel supranacional como elemento motor de las protestas y de las resistencias nacionales – se sostiene también por las prácticas y las estructuras que dan forma y sustento a una masa crítica de teoría y de experiencias precisamente en ese nivel. Posiblemente sea el discurso político electoral el que más retrasado se encuentre respecto de la necesidad de incorporar esta dimensión europea y social a las líneas de intervención y al proyecto político en cada ordenamiento nacional, puesto que la insistencia  de la gobernanza económica actual – europea pero también global – en un modelo de desarrollo de altas y crecientes desigualdades que además camina en la dirección de poner en pie un modelo neoautoritario de relaciones laborales, no encuentra por el momento propuestas alternativas globales, es decir, económicas, sociales y políticas, que lo enfrente y supere. Sobre esta base, la lenta trabazón de redes y contactos en el espacio europeo, que vaya consolidando hábitos y prácticas de intercambios de ideas y de reflexiones sobre la regulación del trabajo, es una buena señal, y hace muy poco se dio cuenta de una de estas iniciativas sobre el dumping social y otros retos del derecho del trabajo ( como se puede comprobar en Dumping social y otros retos de futuro). A continuación, Antonio García Muñoz, joven profesor y doctor en la UCLM, transcribe los resultados de un interesante encuentro efectuado en Amsterdam la semana pasada.

La pasada semana se celebró en la ciudad de Ámsterdam el seminario para jóvenes investigadores en derecho social y laboral europeo, organizado, un año más, por los profesores Teun Jaspers y Wolfhard Kohte, con la participación imprescindible de Lukasz Pisarczyk (Universidad de Varsovia) y Beryl ter Haar (Universidad de Leyden)

Se trataba de una edición especial, ya que se cumplía el décimo aniversario del seminario. Por esta razón, junto a los estudiantes de doctorado que presentaban sus proyectos de tesis, estuvieron muchos de los participantes de las pasadas ediciones. Y es que, durante la última década, muchos jóvenes investigadores y sus proyectos doctorales se han beneficiado de su paso por un seminario que ha sido un fértil terreno en el cuál han tenido la oportunidad de dar a conocer a otros colegas sus trabajos, en muchas ocasiones por vez primera. Con récord de asistencia y de solicitudes de participación, el seminario se confirma como punto de encuentro del laboralismo más joven del continente. Además, está demostrando una gran capacidad para convertirse en una plataforma fundamental desde la que desarrollar posteriores colaboraciones, publicaciones conjuntas y redes europeas de investigación.

Como saben los lectores de este blog, el seminario consiste en una serie de presentaciones en las que estudiantes de doctorado dan a conocer sus proyectos. Posteriormente, sobre la base de estas presentaciones, se abre un debate sobre el tema en cuestión y sobre el proyecto presentado. En esta edición de 2017 se han debatido 14 proyectos doctorales de estudiantes de diversos países europeos. Los temas tratados han sido variados, aunque se pueden agrupar en torno a distintas cuestiones generales, tales como el impacto del derecho laboral europeo en las regulaciones nacionales, las reformas en Grecia, el impacto de la nueva economía digital o el rol de los interlocutores sociales en la integración europea. Se trata de temas que nos ofrecen una panorámica de las líneas de investigación de las nuevas generaciones de iuslaboralistas europeos. Las Universidades españolas han estado este año bien representadas, con la profesora Helena Ysas y el doctorando David Gutiérrez Colominas (Universidad Autónoma de Barcelona), el doctorando Rafael Moll Noguera (Universidad de Valencia) y el profesor de la UCLM Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra.


La parte científica del seminario se completa en cada edición con un programa social, donde este año se debe destacar una cena celebrada en el edificio del primer sindicato moderno holandés, el de los trabajadores del diamante, que sirvió de ejemplo e inspiración a todo el sindicalismo de los Paises Bajos. Se trató de un sindicato, explicaba el profesor Teun Jaspers, cuyo éxito fue fundamental para el desarrollo de las relaciones industriales en aquél país, que jamás perdió una huelga y cuyas reivindicaciones mejoraron las condiciones de vida de miles de trabajadores holandeses. Así pues, de los orígenes del sindicalismo a la gig economy, una edición muy completa y exitosa para celebrar la primera década de vida de esta interesante iniciativa. 

(La foto fue tomada en el portal del antiguo sindicato de diamanteros holandés)

miércoles, 17 de mayo de 2017

LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA



Tras las movilizaciones sindicales que se enfrentaron a las medidas de austeridad promovidas por el gobierno socialista primero y el partido popular después, se abrió paso en estos ejecutivos una estrategia de desarticulación del conflicto social y ante todo del conflicto laboral mediante la utilización masiva de la presencia de la policía en el espacio público como guardiana de la propiedad, el consumo y el comercio, y ante las puertas de las grandes empresas, para forzar y tutelar los actos de esquirolaje de empleados y directivos. Como consecuencia de esta estrategia, se produjeron enfrentamientos y cargas policiales y se procedió a una sistemática denuncia de sindicalistas por su participación en los piquetes de huelga, y estas denuncias fueron recogidas y canalizadas por la vía penal a través del Ministerio Fiscal, recibiendo órdenes directas del ejecutivo.

Este es un proceso que comienza en la huelga general del 2010 y que se continua, como no podía ser menos, con las huelgas generales del 2012. Más de trescientas personas fueron procesadas solicitándoles penas de prisión que iban desde los tres hasta los ocho años, en un movimiento represivo que alguno de sus protagonistas – Enrique Gil, de Airbus – ha denominado “los años del miedo”. Como se ha dicho, el diseño represivo era funcional a la tendencia general a la desestructuración de las garantías del empleo, la debilitación de la negociación colectiva y el recorte de los gastos sociales, puesto que en el objetivo de los poderes públicos y privados la resistencia sindical debía ser contenida y corregida, para lo cual el amedrentamiento y la represión inducida por el procesamiento penal, con la retirada de pasaporte y sometimiento al control policial, eran técnicas de disciplinamiento muy eficaces que además trasladaban al resto de los trabajadores la imagen muy neta del coste de participar en los piquetes de huelga y resistir a la ocupación por la policía del espacio de acción colectiva que se plasma en la extensión y la exigencia de solidaridad personal de la huelga.

La estrategia del poder público obtuvo sonados éxitos al comienzo, de los que dan cuenta las abultadas condenas que impusieron los jueces: tres años de prisión a quienes pintaron un graffiti y profirieron expresiones vejatorias a la propietaria de un local de negocio, tres años de prisión a quienes arrojaron un bote de pintura a una piscina, dos años para la dirigente sindical que se montó en un autobús y logró detenerlo, acuerdos con la fiscalía para que otros huelguistas aceptaran un acuerdo de condena de seis meses, En la queja de UGT y CCOO a la OIT que se presentó en julio de 2014, se documentaban hasta 81 casos – muchos de ellos todavía pendientes – en los que la petición fiscal superaba los tres años de prisión. 

La movilización sindical contra esta estrategia de desarticulación de la resistencia colectiva resultó muy relevante para limitar primero sus efectos y luego para que en una gran medida se desbaratara. El caso que concentró y acentuó la capacidad de movilización popular resultó ser el procesamiento de los 8 de Airbus, un supuesto emblemático de represión tanto de la huelga como de la representación sindical. Como se sabe, el caso Airbus se resume en una carga policial para forzar la entrada en la empresa de algunos dependientes de la misma, que se resolvió con una serie de disparos al aire de la policía y una fuerte situación de tensión propiciada por la imprudente actuación policial. Ésta, ante la denuncia sindical del tiroteo, procedió a identificar a los “cabecillas” del piquete sobre la base de su condición de representantes de los trabajadores. Cualquiera que lea la sentencia del Juzgado de Getafe de 16 de febrero de 2016 que sentenció este caso – más de cinco años después del procesamiento de los 8 sindicalistas – verá que la identificación de los mismos por la policía fue siempre inexacta y tardía, y que la imputación en la que el fiscal basó su petición de 8 años de cárcel para cada uno de los sindicalistas, obedecía sencillamente a lo que se puede definir como aplicación del tipo penal de autor. Es decir, considerar la criminalidad de una perdona asociada a su posición social, en este supuesto a la de representante de los trabajadores. Huelga señalar que el derecho penal de autor es una construcción del nacionalsocialismo incompatible con un sistema democrático.

Lo importante es que el caso de los 8 de Airbus dinamizó de forma extraordinaria no sólo a los trabajadores, sino a toda la sociedad civil. La figura emblemática de José Alcázar y sus compañeros, multiplicándose por mítines y asambleas sindicales, luego en manifestaciones y actos culturales, protagonizando intervenciones en los escasos medios de comunicación que no eran opacos a la denuncia de esta dinámica de represión, fue el elemento clave de esta campaña en la que ambos sindicatos, CC.OO. y UGT ganaron mediante la movilización la visibilidad social de una profunda vulneración del derecho fundamental de huelga reconocido por la constitución. El hagstag  #HuelgaNoesDelito se propagó por las redes y se consolidó como figura de resistencia. La organización de un gran acto central en Madrid, cuando se acercaba el día del juicio, la impresionante manifestación en Getafe acompañando a los 8 de Airbus, en la que participaron también importantes exponentes de partidos políticos que desfilaban unidos contra la criminalización de la huelga, y el impresionante acto jurídico del juicio en el que las defensas de los procesados desempeñaron un papel brillantísimo – comenzando desde el imprescindible Antonio García hasta el muy seguro Enrique Lillo – lograron la absolución de los procesados, que de esta manera obtuvieron un triunfo final tras cinco años de privaciones de sus derechos básicos a la libertad y seguridad personal.

La sentencia denunció que las acusaciones de la policía no se sostenían y que no existían pruebas que identificaran a los acusados en los actos delictivos de los que se les acusaba; al contrario, las grabaciones de las que se disponía les exculpaban plenamente. Por ello, en aplicación de un principio de responsabilidad personal de los delitos y la presunción de inocencia, fueron absueltos. A partir de ahí se han venido juzgando otros casos – no necesariamente inscritos en el tipo penal del delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP, sino en los más genéricos de “atentado” contra agentes de la autoridad o por desórdenes públicos – y en todos ellos, la presunción de inocencia derivada de la falta de pruebas y de identificación personal de los imputados, ha derivado en absolución. Asi ha sucedido con Pedro Galeano por sentencia del Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares de 19 de diciembre de 2016, o de Juan Carlos Asenjo,  de Coca Cola, por sentencia del Juzgado Penal de Móstoles de 27 de febrero de 2017. Otros vecinos de Alcorcón , de la agrupación Ganemos Madrid, fueron absueltos del delito de desórdenes públicos también por el juzgado de Móstoles el 17 de abril de 2017. Todos estos casos como consecuencia de la participación en los piquetes de la huelga general de marzo de 2012. Pero la lista de procesados continua. Ayer mismo, un acto en Fuenlabrada en solidaridad con Ruben y Nogales, militantes de UGT. Sin embargo en otras ocasiones las sentencias han acabado condenando a los huelguistas, como en el caso de Ricardo Vercher en Barcelona, aunque con una pena muy inferior a la que señalaba el Fiscal, en este caso de cinco años de petición a seis meses, en noviembre de 2016.

El objetivo político de esta lucha sindical ha sido el precepto penal que proviene de 1976, que castiga la coacción llevada a cabo por los piquetes de huelga sobre los trabajadores que no quieren sumarse a la misma. El art. 315.3 del Código Penal era por tanto el precepto del que se solicitaba la derogación en el marco de la movilización que denunciaba la represión de tantas y tantos sindicalistas. Una presión colectiva que, unido a la queja de CCOO y UGT a la OIT, propició una mini-reforma del Código Penal en el 2015, en la que se rebajó la pena prevista en este tipo penal.

Pero es un objetivo que se ha continuado. Primero a través de su recepción en los programas políticos de los partidos del cambio tanto en las elecciones de diciembre de 2015 como en las de junio del 2016. Pero que la conformación del gobierno por el Partido Popular y las vicisitudes posteriores habían dejado en una suerte de limbo. Era obvio que el sindicalismo confederal no podía dejar que la atonía política vigente y la viscosidad de las relaciones interpartidarias impidiesen llevar adelante, en un parlamento en el que el PP está en minoría, este objetivo. Y han presentado el 16 de mayo un escrito exigiendo una toma de postura de los partidos políticos en  torno a un proyecto de ley de derogación del citado artículo, texto que ha asumido Unidos Podemos, que lo ha defendido en el pleno a partir de una intervención de la diputada Aina Vidal , y ha obtenido 175 votos – todos los grupos menos el del PP, con la abstención de Ciudadanos – para pasar el trámite de toma en consideración.


Ya veremos el recorrido de esta proposición de ley, que será sin duda complicado, como se desprende de la distinta composición de las dos cámaras y la hostilidad del gobierno a la misma. Pero quizá lo más importante, aún siéndolo mucho, no sea este hecho. Quizá lo más relevante sea lo que el proceso de movilización en torno a #HuelgaNoesDelito ha propiciado que se vuelva a hablar de la tutela penal del derecho de huelga y la incompatibilidad del uso desviado de la misma, y que se abordara más en profundidad qué significaban realmente nociones como violencia, intimidación, en el contexto de un conflicto y el cuestionamiento de la visión judicial de que los hechos que rodean a un piquete son necesariamente siempre graves, violentos e intimidatorios. Y, más allá, se ha abierto una reflexión sobre el espacio de la huelga y la agresión que este ha sufrido por parte de una apropiación forzada del mismo por las fuerzas de policía, es decir, la conversión del espacio de la extensión de la huelga y de la solidaridad en un espacio ocupado por la represión, un espacio que se ha amputado a la autotutela colectiva y se ha convertido en un lugar de castigo. Por ello a partir de estas experiencias críticas, surge una propuesta relevante: hay que asegurar la inserción de la huelga en la ciudad, en el tejido urbano, en la normalidad y anormalidad de las relaciones sociales que conforman el estatus de ciudadanía. Porque solo de esa manera se podrá reafirmar la función constitucional del derecho de huelga, ligada a un principio dinámico de igualdad sustancial, en donde la huelga expresa ante todo el valor de la solidaridad social que es fundamento de la democracia. 

miércoles, 10 de mayo de 2017

DUMPING SOCIAL Y OTROS RETOS PARA EL DERECHO DEL TRABAJO EN EUROPA: RECUPERANDO LA INICIATIVA.


Europa está en el centro del debate político, social, sindical y jurídico de nuestros días. Como se afirma a continuación, la dimensión europea es clave en la consideración del marco normativo que regula el trabajo en esta región. Un encuentro próximo en Florencia se dedica a esta cuestión y aquí se da cuenta del mismo.

Nadie puede pensar estrategias de reforma social en la actualidad sin afrontar la cuestión Europa. Esto es particularmente cierto respecto de la situación del derecho laboral, sometido a la presión incesante de la remercantilización  del trabajo especialmente intensa a partir de las llamadas reformas estructurales urgidas por las políticas de austeridad. Pero las últimas tendencias políticas en Gran Bretaña con el Brexit rompen el tejido conectivo que la subsistencia del modelo social europeo había ido asentando en todo el espacio supranacional trabajosamente creado, poniendo en riesgo una amplia serie de derechos reconocidos en el Reino Unido precisamente a partir de la trasposición de las directivas europeas. Y el auge de los partidos nacionalistas y xenófobos en Hungría, Polonia, Holanda, Francia e incluso Alemania, demuestra la fragilidad de una situación ante la cual es ineludible fortalecer los derechos sociales y extender el principio de democracia en todo el espacio europeo. En la Europa del Sur, las reformas de las respectivas legislaciones laborales de los países endeudados ha implantado un verdadero estado de excepción en cuanto a los derechos sociales vigentes en los mismos, con importantes episodios de degradación y de retroceso social. La continua equiparación entre la gobernanza europea y el neoliberalismo autoritario que la sostiene está deslegitimando el europeísmo como vía de avance hacia un horizonte de reforma social sostenida, en el marco de un modelo social fuerte que se construye en paralelo a un verdadero federalismo político en la región.

Todos estos son problemas acuciantes que se plantean a diversos niveles, desde la complejidad del sistema que regula las relaciones de trabajo y que afecta también a las propias formas de producción del derecho. El sindicalismo europeo es muy consciente de esta situación, pero su forma de reaccionar es lenta y complicada, sobre la base de su carácter superestructural y escasamente operativo en orden a adoptar decisiones generales y vinculantes a las que no puede acceder sin la regla no escrita de la unanimidad. Pero en el nivel estatal-nacional, este problema se plantea cada vez con más urgencia, en especial en aquellos países sobre los que la crisis ha sido coartada para decisiones políticas y normativas que han vaciado el contenido de los derechos de negociación colectiva y sindicales junto con la degradación de los derechos individuales a través del crecimiento incontrolado de la precariedad laboral y del trabajo fragmentado y dislocado merced a una organización de empresa que busca evitar la responsabilidad laboral y que fortalece la codicia corporativa y su inmunidad. El debate sindical interno que en estos meses se está dando en CC.OO. es una buena muestra de la perentoriedad con la que estos temas se incorporan a un debate abierto y sin demasiadas respuestas seguras.

Pero es asimismo un elemento acuciante para otros sujetos no siempre visibles en un panorama que demasiadas veces resulta oscurecido o manipulado en el espacio mediático, desorientando y confundiendo a la opinión pública. Es el caso de expertos laboralistas, juristas dedicados al derecho del trabajo, asesores sindicales y profesores e investigadores académicos, que mantienen, normalmente sin que los focos de la atención pública se dirijan a los mismos, un ya relativamente largo debate sobre estas cuestiones, no sólo analizando desde varios puntos de vista las características de la terrible situación actual, sino elaborando propuestas y generando fundados y sólidos apoyos para medidas posibles de cambio y reforma que acompañen a su vez proyectos políticos y sociales alternativos a los existentes que se inscriben en una gobernanza que, contra lo que afirman sus valedores, acentúan la crisis y el desmoronamiento de la Unión Europea.

En gran medida estos movimientos se organizan en red, y obtienen su fuerza de la puesta en común de opiniones, pareceres y discurso jurídico y político; de la contaminación mutua de ideas y proyectos. Uno de ellos lleva ya algunos años muy activo, organizando una reunión anual, buscando de manera definida que ésta tenga lugar en el sur de Europa como territorio típico de experimentación de las políticas desreguladoras neoliberales, y está compuesto por un colectivo de abogados europeos dedicados a la defensa de los trabajadores, un grupo  formado en su origen por abogados y abogadas alemanes, ingleses, franceses, belgas y holandeses, que se denomina European Lawyers for Workers Network (EWL), y que en esta ocasión han previsto un encuentro en Florencia para los días 12 y 13 de mayo. El encuentro cuenta además con la participación de la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos Universales (ELDH) y el patrocinio pleno de la CGIL Toscana, sin el cual no se habría podido celebrar, merced a la mediación activa del profesor de la Universidad de Siena, Antonio Loffredo, que ha sido el alma de esta reunión.

El encuentro se dedica genéricamente a los retos que se abren al Derecho del Trabajo en Europa, con la intención expresa de recuperar la iniciativa en los proyectos y acciones emancipatorias. Desde ese punto de vista, se examinan problemáticas singulares en algunos países sobre los derechos colectivos – la eficacia de la huelga en el trabajo atípico o en las nuevas formas de trabajo, la criminalización de los piquetes como forma de desactivar la presencia de la huelga en el espacio público – o en general sobre el trabajo objeto de tutela legal, como en el caso de Uber (a cargo respectivamente de A. Jacobs, A. Baylos y V. De Stefano). Pero fundamentalmente se atiende a una problemática especialmente europea, el dumping social derivado de la mala solución que la directiva de desplazamiento de los trabajadores con una especial atención a las empresas falsas en el sector del transporte que contratan a conductores de camión supuestamente en el país en el que tienen su sede y les aplican por tanto las condiciones de trabajo y salariales más bajas (para lo cual intervendrán dos reputados expertos en el tema, G. Orlandini y M. Houwerzijl). El segundo gran tema es el de los derechos laborales y las cláusulas sociales en la contratación pública, y la problemática que lleva aparejada la última Directiva del 2016 sobre contratación pública en relación con las trasposiciones de la misma en los distintos países de la UE, tanto analizando el texto de la directiva como los aspectos más relevantes de cláusulas sociales y salud y seguridad en el trabajo (que llevarán a cabo J. Cremers y R. Helm), junto con una mirada general de la más reciente jurisprudencia del TJUE y del TEDH que efecuará R. Buschman.

El encuentro se cierra con una amplia mesa redonda en donde se expresan una serie de expertos sobre la situación actual de la Europa de los derechos y la posibilidad de recuperar la iniciativa en este terreno. Presidida por A. Loffredo, se da un amplio espacio a la situación en Grecia, con la participación de D. Travlos y de W. Daübler, que ha formado parte de un grupo de expertos para la revisión de las instituciones del mercado de trabajo griego, así como al problema británico, con la participación de J. Hendy sobre el Manifiesto sobre el Derecho del Trabajo como proyecto de cambio político ineludible en una Gran Bretaña sacudida por las consecuencias del Brexit, y de A. Lassandari, que explicará la propuesta de la CGIL sobre la Carta de Derehos Universales del Trabajo, terminando con el análisis que E. Lynch, secretaria confederal de la CES , hará sobre el “asi llamado” Pilar Social Europeo. El encuentros e cerrará con las palabras de la secretaria general de la CGIL, Susana Camusso.


Del mismo enunciado de los temas se comprueba que se trata de un debate sobre puntos sustanciales que afectan a la práctica de las relaciones laborales europeas y que comprometen un modelo de regulación que tiene necesariamente que ser modificado. Como dirá el comunicado final de la Conferencia, la participación de expertos desde diferentes campos de la teoría y de la práctica – sindicalistas y asesores de sindicatos, en especial de la DGB y de la CGIL, profesores y juristas académicos de Holanda, España, Italia, Grecia y Alemania, abogados y miembros de organizaciones internacionales como la OIT – permite la adopción de una “perspectiva multifacética y competente para estudiar y discutir aspectos problemáticos del derecho del trabajo en Europa”. La conclusión no obstante sigue siendo problemática, porque el único horizonte posible es el de reforzar los derechos sociales que den sentido a la existencia digna de la mayoría de la población europea, y para ello se requiere un largo camino para recuperar la iniciativa colectiva y social con ese propósito, una lucha que es también cultural para instalar este pensamiento colectivo en sectores dinámicos de los trabajadores y sus representantes venciendo el “sentido común” que prescribe la sumisión voluntaria a los postulados neoliberales de grado o por la fuerza a través de la violencia permanente de los poderes públicos y privados. 

lunes, 8 de mayo de 2017

ANTE LA DEBILITACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA COMO NECESIDAD


La consideración de la bilateralidad de las relaciones laborales como un proceso continuo de consultas y de intercambio de propuestas que se apoyan en posiciones sociales diferentes y frecuentemente en conflicto, cuyo desarrollo constituye el método más eficiente de regulación del trabajo en nuestras sociedades actuales, que además debe ser promovido y fomentado por los poderes públicos mediante la institucionalización del mismo o a través de prácticas informales que lo consoliden, es un elemento fundamental para valorar la buena salud de un sistema político democrático. En este campo de encuentro se produce el diálogo social, que protagonizan los sujetos colectivos que representan los intereses de los trabajadores y de los empresarios, y que por tanto puede adoptar las múltiples formas de expresión que admiten las diferentes figuras de la representación y de las prácticas organizativas de dichos sujetos colectivos.

El diálogo social en sociedades desarrolladas ha experimentado además un buen grado de perfección, tanto en cuanto a los contenidos abordados como, de manera muy llamativo, respecto de los procedimientos adoptados. En un buen número de ejemplos, se trata de un proceso abierto de negociación permanente, que se posibilita a través de fórmulas de monitorización de los resultados obtenidos y que va generando un conjunto de prácticas sociales de intercambio que se incorporan a un patrimonio cultural tanto de las empresas como de los representantes de los trabajadores. El diálogo social, en la experiencia europea, desemboca en la negociación colectiva pero no la absorbe, sino que se prolonga en compromisos añadidos, en convergencias sobre políticas de inversión y de sostenibilidad ambiental o en acuerdos de responsabilidad social internos o externos a las empresas. Y, naturalmente el diálogo social tiene una importante versión tripartita cuando se involucra directamente en este proceso de intercambio al poder público, lo que posibilita la participación directa de los interlocutores sociales en la producción normativa del Estado. En algún trabajo académico cercano, se relaciona esta imagen del diálogo social con el ideal de discusión democrático que da sentido al derecho en nuestros días  y que se enlaza con una cierta noción de democracia deliberativa heredada del pensamiento de Jürgen Habermas (D. Gaire-Simonneau, Les mutations du droit contemporain des relations collectives de travail. Pour une lecture habermassienne du droit du travail, , LGDJ, Paris, 2016).

La situación está cambiando de forma muy acelerada, de manera que el diálogo social como expresión del pluralismo social que establece un espacio de encuentro y de transacción sobre los intereses colectivos de los representantes de los trabajadores y de los empresarios en función de su respectiva autonomía colectiva, ha sufrido una transformación relativa a la función que desempeña. Ha perdido autonomía y se entiende que debe tratarse de un mecanismo adhesivo a las lógicas del gobierno o de gestión de la economía y del mercado de trabajo. Es decir, que se funcionaliza a la dinámica que impone una de las partes, fundamentalmente el poder público, en el marco de las políticas de austeridad, a las que se ajustan los intereses empresariales. De forma tal que si no se instaura esa lógica adhesiva, se imposibilita el propio diálogo social y se prescinde de él.  Esta tendencia es especialmente grave puesto que devalúa el principio de autonomía que está en la base de la libertad sindical y por consiguiente la debilitación del diálogo social implica una lesión a este derecho.

La puesta en escena de esta debilitación u obstaculización del diálogo social es muy variada y depende también de las situaciones de división sindical o de unidad de acción. Es asimismo la fuente del incremento de la conflictividad que sin embargo se acepta tanto por el poder público como por los poderes privados financieros y empresariales como costes de oportunidad de la imposición de las políticas en las que convergen sus intereses. Naturalmente que en ese coste no se calibra la percepción por parte de importantes segmentos de la población de una confluencia plena de intereses del Estado con las grandes finanzas, y la desafección democrática que este tema está causando.

En España, donde la unidad de acción sindical se mantiene desde 1988 de manera ininterrumpida, el dialogo social fue muy debilitado en la primera fase (2010-2011) y sepultado en la segunda fase (2011-2013) de las “reformas estructurales”. En todas ellas hay que tener en cuenta además que se trata de normas de urgente necesidad en las que por tanto es el Gobierno el que legisla, sin perjuicio de que su iniciativa sea luego corregida o simplemente registrada por el órgano parlamentario, y ese cesarismo gubernativo se concretó en la negativa a consultar la normativa previamente ni a negociar con los sindicatos con posterioridad, como ha recordado críticamente el Comité de Libertad Sindical en su 371 Informe, Caso 2947 (2014).

La negación del diálogo social supone, en la práctica, la exclusión de los sindicatos del espacio de la regulación de las relaciones de trabajo y por consiguiente su configuración unilateral sin tener en consideración los intereses de los trabajadores en la determinación de sus condiciones de trabajo y de existencia. Su obstaculización denota el condicionamiento que la interlocución política con el gobierno y los empresarios impone a los sindicatos como requisito de admisión a la misma. Ambas tendencias son extremadamente preocupantes y lesionan los principios de libertad sindical y  de negociación colectiva derivados de los Convenios de la OIT en la materia.

Sin embargo, en la viscosidad política en la que nos movemos, el gobierno del PP se niega a modificar el marco legislativo fruto de la reforma laboral del 2012, e ignora por el momento cualquier propuesta no ya sindical, sino derivada de un cierto consenso económico y social como la que está avalada por la Fundación FIDE, a la que ya nos hemos referido en este mismo blog en este enlace : El informe FIDE . Sólo se ha visto obligado a incorporar alguna modificación al actual y vigente sistema legal sobre la base de la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación temporal, y lo ha hecho abriendo el estudio acotado del tema a una comisión de trabajo, con la expresa indicación de que no se pusiera en cuestión en los trabajos de ésta el sistema de contratación temporal español y su pulsión hacia la precariedad. Este es también un tema sobre el que se ha reflexionado en el blog en varias ocasiones, en especial a partir de la opinión del que fue representante en dicha comisión por nombramiento de CCOO, el profesor de la UCLM Joaquin Pérez Rey.  (Un resumen de todas las intervenciones recogidas en el blog y la problemática planteada, en La incidencia de la jurisprudencia del TJUE en contratación temporall ).

Tampoco parece que la minoría en la que se encuentra el gobierno en el Parlamento permita que una iniciativa conjunta de los grupos interesados de la cámara pudiera si no recrear un modelo de relaciones laborales diferente, si al menos eliminar los aspectos más claramente negativos de este cuadro legislativo, alguno de los cuales cuenta sin duda alguna con una amplísima mayoría, como es el caso de la derogación del art. 315.3 CP evitando la incriminación penal de los piquetes de huelga. Pero estas iniciativas no prosperan sobre la base del veto del gobierno – al que también nos hemos referido en esta entrada Un debate parlamentario - y en el único caso en el que la Mesa de congreso ha acordado seguir la tramitación de un proyecto sobre los derechos laborales en las contratas y subcontratas, se ha interpuesto por el gobierno un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Pero tampoco se aprecian propuestas de fuste por parte de los grupos parlamentarios etiquetados como pro labour que permita mantener abierta, en el flanco parlamentario, la necesidad de un compromiso político que modifique de forma importante el cuadro normativo de referencia.

El diálogo social no se ha roto en su vertiente general, a partir de los contactos que siempre mantienen la CEOE-CEPYME y los dos sindicatos confederales para intentar ahormar y promover la negociación colectiva. Este año los sindicatos – en línea con la directiva que ha asumido la CES – se centran en el tema de la recuperación salarial  y de otros derechos perdidos o debilitados tras estos cinco años de políticas de austeridad. Los derechos de igualdad, los derechos de la salud laboral, han sido prácticamente borrados de las agendas empresariales de negociación, que se centra en la ecuación salarios / empleo pata encoger las rentas salariales continuando y perseverando el tremendo proceso de devaluación salarial. Hay algunos datos de interés, como el acuerdo en la administración pública que debería permitir la estabilidad de un amplio número de interinos y precarios, pero en general la situación es sombría y se prevé un desencadenamiento del conflicto como tónica de actuación en los procesos negociales.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la negociación colectiva sigue siendo el método de regulación de las relaciones laborales más empleado y que mejor resultados ofrece desde todos los ángulos de observación. Su extensión y fortalecimiento es por tanto prioritaria e integra necesariamente un marco de consensos necesarios sobre el futuro del trabajo. Por lo tanto, aunque el diálogo social esté anestesiado, la negociación colectiva debe ser priorizada y desarrollada sindicalmente como una necesidad urgente,

Es cierto que también en el cuadro de las medidas sobre la crisis la negociación colectiva ha sido especialmente asaltada, poniendo en peligro el principio de autonomía colectiva que la sustenta. Los modelos de negociación que tienen en mente los policy makers de la gobernanza económica europea se basaban en la contratación empresarial de gestión, como una fase del proceso de incremento de la productividad de la empresa. Por el contrario, la articulación de niveles de negociación y su flexibilidad, para poder adecuar el “perímetro” de la negociación de las condiciones de trabajo y de empleo, es un elemento consustancial de este derecho que además forma parte esencial del derecho de libertad sindical. Debe en todo caso afrontar modificaciones respecto a su capacidad de regulación efectiva, el ámbito que depende de  las unidades de contratación adecuadas, como consecuencia de las metamorfosis de la empresa y de la dislocación de la estructura del empleo.

La negociación colectiva es además el medio a través del cual se debe recibir en las relaciones laborales las nuevas formas de organización del trabajo y la transformación que nuevas tecnologías o técnicas de información pueden inducir en las relaciones materiales de prestación del trabajo, así como el instrumento idóneo para la anticipación y contratación de los cambios en la gestión de la empresa y de la codeterminación de aspectos importantes de sus decisiones en materia de empleo y de reparto del tiempo de trabajo, también todo lo que afecte a la salud en los lugares de trabajo.

Y no tiene por qué reducirse al espacio marcado por las fronteras del Estado – nación. Al contrario, resulta obligado su desbordamiento. En Europa ha habido experiencias notables en este aspecto, aunque posiblemente lo más interesante en términos de posible desarrollo sea la negociación colectiva europea de sector. Bajo el término diálogo social se encuentran estas manifestaciones  de acuerdos colectivos, pero es todavía un aspecto muy poco evolucionado.


Desarrollar la negociación colectiva con inteligencia y precisión es el gran reto actual del sindicalismo  español en los dos próximos años. Estaremos atentos a las tendencias que se presenten en la realidad social y su evolución.

viernes, 5 de mayo de 2017

DEL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES A LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS


El Derecho del trabajo es una materia que ofrece una extraordinaria cantidad de facetas y que demuestra a cada paso su enorme actualidad. No siempre por buenas razones. En estos meses se cumplen cinco años de la reforma laboral del 2012, posiblemente el ataque más profundo que desde la democracia se haya hecho a los derechos laborales. Las consecuencias están a la vista, una muy consistente parte de la población en desempleo, un incremento del trabajo inestable y precario, temporal y a tiempo parcial, la extensión de amplios sectores de la población activa en un trabajo no declarado, y una muy fuerte devaluación salarial generalizada. Las consecuencias sobre el sistema de seguridad social son también conocidas. Cinco años por tanto sin que los sucesivos encuentros electorales del 2015 y del 2016 hayan podido concluir en el cambio político que la mayoría de la ciudadanía deseaba, lo que ha impedido la modificación de la reforma laboral y por el contrario su larga vigencia más allá de lo razonable.

Este marco legal es extremadamente desfavorable para los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Asomados al espacio de la negociación colectiva achicada y constreñida por los preceptos legales que la invaden y la restringen, el sindicalismo confederal pretende en este año desplegar una estrategia de presión sobre los salarios, sin olvidar la lucha por el trabajo de calidad y la reabsorción de diversas categorías de trabajo precario o no declarado en los moldes del trabajo típico con derechos. Los servicios jurídicos de los sindicatos persisten en una acción jurídica cada vez más complicada en donde el ciclo de interpretación judicial más garantista, que actuó como límite de los propósitos normativos más desreguladores – en materia de despidos colectivos o en materia de ultra actividad- está volviendo a reorientarse con cierta prudencia, no obstante, hacia una línea flexibilizadora y reductora de los derechos laborales, especialmente en lo que se refiere a la jurisprudencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Acudir al recurso de amparo es altamente desaconsejable dada la composición y la doctrina que el Tribunal Constitucional mantienen actualmente, y en el Parlamento, como ya se ha tenido ocasión de comentar en este blog, la representación del trabajo no encuentra un lugar de relieve en las preocupaciones estratégicas del debate institucional, donde hasta el momento reivindicaciones esgrimidas durante las campañas electorales han caído en el vacío sobre la base de preservar la gobernabilidad del sistema.

En este panorama, la producción teórica que se plasma en las revistas jurídicas refleja esta situación a través del análisis de una larga serie de materias sobre las que actúa el análisis y la crítica. Sería muy interesante efectuar un tratamiento comparado de los contenidos de las diferentes revistas españolas dedicadas al derecho del trabajo y al derecho social, para poder derivar del mismo un elenco de temas que interesan a los editores y a sus suscriptores y que por lo mismo puedan significar el tipo de enfoque que estas revistas ofrecen al universo cultural de los juristas del trabajo, estudiosos en general e interesados, en especial a sindicalistas o empresarios como elementos típicos de referencia. No obstante, esta comparación está por el momento fuera del alcance de este blog. Hay sin embargo algunos ejemplos interesantes que se han ido haciendo en el espacio de las revistas de derecho del trabajo pertenecientes al club “Asociación Internacional de Revistas de Derecho del Trabajo” (IALLJ), y que se han ido publicando al alimón en Lavoro e Diritto en italiano y en la versión digital en inglés de la Revue de Droit Comparé du Travail et de la  Securité Sociale, y el resultado es extremadamente sugerente.

Viene esto a cuento del último número de la Revista de Derecho Social, el 77, que corresponde al primer trimestre del 2017. Es un número en el que la actualidad laboral y el interés que esta tiene desborda los contenidos del fascículo. Basta con enunciarlos para verificar tal afirmación.

En efecto, el número inicia con un texto precioso y excepcional. La intervención de Almudena Grandes al serle concedido el premio “Abogados de Atocha” que instituye CCOO de Castilla La Mancha, y que se entregó en Toledo el 2 de marzo de este mismo año. Es una intervención bellísima que la autora entregó a RDS para su publicación en exclusiva y que supone una apertura extraordinaria de este volumen. El Editorial de la Revista está dedicado en esta ocasión a las empresas multiservicios, definidas apropiadamente como un espacio de desprotección, del que se resaltan los elementos negativos, exigiendo una regulación adecuada de estas formas organizativas que no deben servir para eludir la tutela legal y colectiva. en relación con este tema, se recogen en el espacio de debate dos interesantes contribuciones. Una es la de Amparo Esteve-Segarra, que analiza el problema de las empresas de leasing de personal y la precariedad a la que éstas inducen, con una propuesta interpretativa respecto de la desvinculación entre la contrata y la contratación temporal de obra y servicio, junto con otras interesantes ideas para su plasmación en la negociación colectiva y de lege ferenda. La otra, cuya autoría es de Daniel Toscani y de Héctor Clark , examina el caso particular de la externalización de las camareras de piso – las conocidas como kellys – que califican como actividades entre la cesión ilegal y el fraude de ley.

Pero si la crítica a la precariedad laboral generada por las empresas multiservicios constituye el eje central del número, en la sección de Estudios se pueden encontrar otros temas de gran relevancia. El primero de ellos, que aborda la catedrática de la Universidad de La Laguna Margarita Ramos, es una reflexión sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la necesidad de una nueva dimensión europea como reacción frente a la erosión profunda que las políticas de austeridad han ido generando en la propia idea de Europa. Esta intervención es fruto de un seminario de estudios que se realizó en Albacete, el 24 de febrero, en donde se debatió asimismo el documento que había preparado un grupo de estudio dirigido por la profesora Ramos como texto sometido al proceso de consulta que la Unión Europea había abierto al respecto ( y cuya noticia puede consultarse en este enlace del blog Grupo de expertos español sobre el Pilar Social Europeo). El resultado de este proceso por el momento es bien decepcionante, ante el texto que ha presentado la Comisión como recomendación aprobada el 26 de abril de este año ( y que puede encontrarse en este enlace Resolucion de la Comision sobre el Pilar social ), pero en el artículo de Margarita Ramos el tema queda presentado de forma impecable y denota la necesidad de un paso adelante en esta materia como elemento de relegitimación de la propia Unión Europea.

El apartado de estudios acumula cuatro trabajos además del ya referido sobre el pilar social. En el primero, Antonio Baylos, aprovechando una intervención en el seminario realizado en Bolonia para conmemorar los treinta años de la Revista Lavoro e Diritto, pasa revista a las tendencias presentes en la jurisprudencia ordinaria de la sala de lo social del Tribunal Supremo desde 1986 hasta 2016. Es un texto necesariamente descriptivo que sin embargo tiene la ventaja de ofrecer una visión de conjunto sobre el rol desempeñado por el Tribunal Supremo en el largo proceso de construcción del Derecho del Trabajo en esas tres décadas, y en especial los últimos años marcados por la presencia de la crisis económica y las reformas laborales de las políticas de “austeridad”. Los otros tres estudios abordan sin embargo regulaciones específicas de algunas instituciones importantes. Así, sobre la garantía juvenil puesta en práctica por el RDL 6/2016 de 23 de diciembre,  a cuyo examen se dedican concienzudamente Maria José Romero y Juan Luis García Ríos, o la denuncia de la regulación deficiente que tienen los derechos de las empleadas de hogar y la exigencia de una reforma jurídica para la dignificación del trabajo doméstico, que lleva a cabo el profesor de la Universidad Internacional de la Rioja Guillermo García González, o en fin, la consideración crítica de la figura de los falsos autónomos en el contrato de franquicia, con indicación de algunos indicios de laboralidad que deberían ser observados, obra del profesor de la Universidad de Valencia Adrián Todolí.

Como normalmente sucede en la Revista de Derecho Social, en los comentarios de jurisprudencia se insertan asimismo temas de enorme interés. Especialmente original es el que se contiene en el apartado de los tribunales europeos, en donde el catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide, Jose Mª Contreras, examina el análisis que está pendiente ante el TJUE de la cuestión del velo islámico a partir de dos conclusiones emitidas por los respectivos abogados generales que sin embargo presentan fundamentaciones diferentes. Ni que decir tiene que se trata de un tema de gran actualidad y la forma de abordarla, resulta muy original.

Siempre desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el comentario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corre a cargo de Joaquín Pérez Rey, profesor toledano bien conocido por los lectores de este blog, que comenta y critica la STC 17/2017 que establece la licitud desde el punto de vista constitucional del llamado esquirolaje tecnológico, contrariando la doctrina al respecto que había establecido la sala cuarta del Tribunal Supremo. A este sentencia nos hemos referido en este blog recientemente en este enlace Derecho de huelga vs. Derecho al trabajo, remitiéndonos al comentario de Pérez Rey, cuyo título es suficientemente expresivo: “El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico: que la huelga no impida ver el fútbol”.

En el mismo vector de cuestionamientos, el magistrado del TSJ de Catalunya Carlos Hugo Preciado Domenech se interroga sobre la concordancia de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional español con la jurisprudencia del TEDH y en general el derecho de la Unión Europea en materia de videovigilancia en el trabajo en relación con el derecho a la protección de datos de carácter personal. Un tema también interesantísimo que ha motivado por cierto un seminario muy reciente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real al que también se ha hecho referencia en esta bitácora aquí Derecho a la intimidad y relaciones laborales

Por último, Enrique Lillo, como abogado de los trabajadores de Coca Cola, explica en un texto imprescindible las últimas derivaciones de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre le ejecución de sentencias del despido nulo de los 300 de Fuenlabrada. El título de su artículo es bien significativo asimismo: “Ejecución de sentencias laborales y autoritarismo empresarial”, y su lectura permite entender perfectamente el conflicto de intereses en juego, y la crítica bien razonable a las decisiones de la AN y del TS en este tema. Aunque todavía la litigiosidad judicial está abierta y quedan elementos importantes por resolver.

Un elenco de temas y de contenidos por tanto francamente apetecibles, que conectan con lo que se viene a llamar con un cierto pedantismo “derecho vivo del trabajo”, y que expresa el compromiso de la Revista de Derecho Social por ofrecer un conglomerado de trabajos que se interroguen críticamente sobre la realidad laboral y que permitan dar elementos de respuesta y de análisis a los estudiosos y a los operadores jurídicos en las materias relativas al derecho del trabajo y al derecho de la seguridad social.

El número 77 contiene además los resúmenes acostumbrados de sentencias del TC y del TS que se resumen y anotan, aunque ha dejado de presentar el CD que acompañaba a cada número con una selección de jurisprudencia ante la nueva regulación de ésta por el CENDOJ. Finalmente, la sección de reseña de libros incorpora un comentario del libro del profesor de la UCLM Antonio García Muñoz sobre la negociación colectiva europea de sector – libro al que se ha aludido en este enlace La negociacion colectiva europea de sentor , otro sobre el libro escrito por Antonio Baylos y Juan Moreno que lleva por título “Comisiones Obreras, paso a paso”, que también se ha comentado en el blog aquí CCOO paso a paso, y, finalmente, la nueva propuesta de Código del Trabajo francés que han diseñado un grupo de investigación de 20 profesores franceses, y que fue presentado en un seminario celebrado en Paris, del que se puede seguir las trazas en este enlace  El debate sobre un nuevo código de Trabajo en Francia


Un conjunto de textos, como ya se ha advertido, de gran interés y cuyo estudio resultará bien provechoso a todos y a todas quienes, tanto desde el trabajo teórico universitario  como desde la acción jurídica sindical o desde la labor profesional, pretendan estar al día y conocer materias centrales del estudio de nuestro sistema jurídico laboral y obtener elementos de análisis crítico y propuestas interpretativas que cuestionen el estado de cosas existente.

martes, 2 de mayo de 2017

UN DEBATE PARLAMENTARIO COMO MOCIÓN DE CENSURA


Sorprende la cantidad de interpretaciones y comentarios que ha suscitado el anuncio por parte de la dirección de Podemos y las confluencias de una moción de censura en el Parlamento. Las críticas han sido especialmente ácidas, insistiendo en que tal iniciativa “no es seria”, además de alinearla discrecionalmente bien como una ayuda al gobierno de Rajoy, bien como forma de romper el frente democrático contra la corrupción que representaban PSOE y Ciudadanos. Esta es la tesis que sostenía la muy comentada portada de El Pais, pero su intencionalidad ha sido recogida en lo esencial por esos mismos actores políticos. Otras voces, más afinadas, plantean dudas sobre el método y la forma de presentar esta iniciativa, sobre la interpretación que lamentablemente puede darse a la misma, y otros en fin comparan esta propuesta con el debate de la legislatura fallida en la que Sánchez no obtuvo los votos de Podemos y las confluencias en su pretensión de ser presidente del gobierno. A continuación se desgranan algunas consideraciones sobre este tema. (En la foto, cuatro representantes de los nobles oficios de Parapanda en la librería Anselmo Lorenzo de la capital debaten sobre este asunto mientras esperan que el librero les haga llegar un ejemplar de No tengáis miedo de lo nuevo, el inminente best seller de J.L. López Bulla y J. Tébar)

Ante todo la situación en la que nos encontramos. Los últimos acontecimientos – la operación Lezo – no sólo ha puesto de manifiesto ante la ciudadanía que en Madrid ha habido “todo un gobierno de la ciudad y el PP sostenido por una organización criminal”, como ha sintetizado acertadamente Manuela Carmena,  y que algunas empresas públicas como el Canal de Isabel II eran utilizadas como un cajero automático por el PP,  sino que además se ha hecho público un entramado de intereses y de presiones que involucran a miembros relevantes del gobierno de la nación – nada menos que al Ministro de justicia y al secretario de estado de interior – y del poder judicial, en especial al titular de la fiscalía anticorrupción. Gobierno y poder judicial se blindan ante cualquier participación o debate de partidos políticos y desde luego de la ciudadanía en general, que cuestionen directamente este tipo de relaciones viscosas, sobre la base de la negativa o de la remisión al procedimiento judicial en curso.

A su vez, los mecanismos ordinarios del control parlamentario, son notoriamente insuficientes. No sólo porque el reglamento de las Cortes y la propia actuación de los grupos parlamentarios cortocircuiten personaciones de relieve, como la del presidente del gobierno. En efecto, el intento de que Rajoy compareciera en un pleno del Congreso dedicado monográficamente a las últimas manifestaciones de la corrupción ha sido expresamente rechazada con el apoyo del bloque autodefinido como “institucional” del PP, PSOE y C’s, que prefieren derivar el tema al estudio de una comisión de investigación cuyo contenido y funciones se está negociando. Cuando se ha podido ver el resultado de la comparecencia del secretario de estado de interior, Jose Antonio Nieto, se ha comprobado el extraño sentido que para este miembro de gobierno tiene una comparecencia ante el Parlamento, donde se permitió atacar a los diputados que le preguntaban sobre el tema de la conversación y los acuerdos a que llegó con uno de los relevantes dirigentes de la trama criminal, sobre la base de desacreditar sus ideas políticas.

En la normalidad parlamentaria, por otra parte, desde la formación del gobierno del PP con el apoyo de C’s y la abstención del PSOE, hay una práctica convergencia en torno a un bloque central entre estos tres partidos que marcan el ritmo de los debates y el contenido de los mismos, expulsando de cualquier espacio de encuentro al grupo de Podemos y las confluencias de Galicia, Valencia y Catalunya. Es decir que el aislamiento parlamentario de las nuevas izquierdas es muy evidente, y su posible visibilidad se deriva necesariamente hacia las intervenciones de sus portavoces en el pleno del congreso, que es cuando pueden tener más receptividad social. La labor de producción de normas, al margen de las proposiciones no de ley, están severamente cuestionadas por los preceptos que posibilitan el veto del gobierno a la iniciativa legislativa del parlamento. El art. 134.6 de la Constitución establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, y sobre esta base, desarrollada reglamentariamente de manera muy amplia, el gobierno ha ejercido su derecho de veto sobre las propuestas aprobadas en la cámara. En abril de 2017, siete meses después de su toma de posesión, son ya 28 las proposiciones de ley vetadas. La Mesa del congreso, donde el PP no tiene mayoría, sólo ha dado vía libre a sendas proposiciones de ley del PSOE para paralizar la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, pero en estos casos el Gobierno ha impugnado estas decisiones del Congreso como conflicto de competencias ante el Tribunal constitucional, que será quien decida si el Parlamento tiene en nuestro país el derecho de legislar o si esta iniciativa está supeditada a la autorización del Gobierno.

Quiere esto decir que en la nueva legislatura, el rol de Podemos en el Parlamento es extremadamente reducido, lo que explica en parte la insistencia de este partido en golpes de efecto que le permitan ganar presencia mediática y participar de esta forma en la creación de opinión pública. Aunque el resultado en términos de eficacia y de ampliar consensos sea dudoso.

Es en ese contexto en el que se comprende la presentación de una moción de censura. En el sistema parlamentario español, se requiere para ello contar tan sólo con un 10% de los diputados, aunque obsesionado el constituyente con el ejemplo italiano que se entendía “disfuncional” a un diseño político organizado desde el gobierno con un parlamentarismo de control, pero no directivo de la acción del mismo, se optó por la llamada “moción de censura constructiva” que requiere presentar un candidato a presidente de gobierno y obtener la mayoría de los votos de los diputados del Congreso. La moción de censura se ha contemplado por tanto hasta la actualidad en el contexto del bipartidismo corregido que ha caracterizado al sistema español – al punto que ningún grupo de ámbito estatal podía reunir el 10% de diputados requerido – y todavía hoy muchos de los comentarios que se pueden leer parten, implícitamente, de esta contemplación.

El debate al que obliga la moción de censura abre por consiguiente un espacio de discusión que el Parlamento ha querido reducir y amortiguar sus efectos. Lo importante de esta iniciativa no es que culmine con el éxito de su pretensión, la censura del gobierno y su sustitución por el que liderara el candidato propuesto por Podemos, sino poder forzar un cuestionamiento público, que naturalmente acaparará la atención de los medios, del gobierno y de la actuación de mismo en relación con el fenómeno de la corrupción como un método de financiación y de gobernanza de partes importantes del sistema, junto con la propuesta de medidas de resaneamiento y de regeneración y participación democrática.

Este es por otra parte el valor que desde el sindicalismo confederal se ha dado a esta iniciativa. En opinión de Ignacio F. Toxo, la moción de censura es un instrumentoperfectamente válido, como podría haber sido otro para llevar al Parlamento un debate que está en la sociedad en clave de alarma”. En efecto, la situación de la corrupción debe ser abordada en el Parlamento con seriedad – no a través de una Comisión de investigación opaca – y esta es también la opinión de Pepe Álvarez, porque “de una manera u otra” este debate debe llevarse a cabo. Pero la consulta de Podemos a los sindicatos y a algunas otras instancias de relieve, no sólo busca una legitimación social que en el Parlamento ve negada por el rechazo casi instantáneo de su propuesta por parte de PSOE y de C’s, sino la posibilidad de abrir el debate – la censura – a otros aspectos que siguen siendo fundamentales aunque no se consideren en el centro de la atención pública.

Se trata de una oportunidad para volver a recuperar las propuestas de cambio que se habían ido enunciando durante los períodos electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016 y han caído en el olvido inexplicablemente. Temas como la derogación de la Ley mordaza, la derogación del art. 315.3 del Código Penal, la necesidad de una reformulación enérgica del sistema jurídico laboral tras el ciclo de retrocesos sociales del 2010-2015, y otras reivindicaciones que deben ser esgrimidas como motivos de cuestionamiento al gobierno, aunque en realidad lo sean también a todo el sistema de partidos que ha dado la espalda a un momento de cambio importante. Es una constatación que se hace desde el sindicalismo de forma muy clara: “La oposición tiene que tener una posición mucho más firme en aquellos elementos relevantes para la vida de la ciudadanía”, - ha declarado Ignacio F. Toxo - porque “una acción parlamentaria mucho más firme doblaría la voluntad de un Gobierno que se ha instalado en la austeridad”.

Este es pues el objetivo. Un debate político extenso que se aproveche de este mecanismo, la mocíón de censura, y le de otro significado en un momento histórico en el que el bipartidismo está cuarteado y el gobierno del PP carece de mayoría absoluta. La iniciativa ha molestado a C’s porque para este partido pone en peligro la estabilidad del gobierno que es, en su opinión, el elemento central de la recuperación económica, pero su electorado es especialmente sensible al tema de la corrupción. Y al PSOE fundamentalmente, que vive esta iniciativa como un ataque dirigido al proceso de definición y de liderazgo en el que está inmerso. Sin embargo, es posible que el PSOE aproveche también este espacio de debate para poder presentar ante la opinión pública sus alternativas de gobierno y la crítica a la actuación del que soportamos, remarcando con fuerza su posición claramente contraria a la corrupción como fórmula de financiación de los partidos políticos y de regir las relaciones con el ejecutivo y el judicial, en un intento de impedir el funcionamiento de los mecanismos preventivos y represivos de la actuación criminal de las personas interesadas.

En la medida en que todas las fuerzas políticas desvinculen el debate de su resultado, se puede buscar seguramente elementos comunes que garanticen una cierta inmunización del sistema judicial frente a las presiones partidistas que encubren tratos de favor evidentes y obstaculizan la respuesta del sistema, además de otro tipo de compromisos que pueden resultar beneficiosos desde el punto de vista del ecosistema político. Pero también es el momento de volver a debatir sobre opciones de gobierno reales, sobre la necesidad de replantearse cambios legislativos, revisar la asfixia programada de los ayuntamientos delas candidaturas ciudadanas sobre la base de las exigencias del capital financiero, repensar la capacidad de actuación en la estabilidad monetaria europea con políticas sociales, formar parte de un amplio movimiento por la democratización de Europa.


Esperemos por tanto como se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, hay que valorar positivamente la propuesta de lanzar una moción de censura como forma de abrir un debate político sobre la corrupción y las formas de gobierno.