INCENDIOS FORESTALES. UNA MIRADA SINDICAL. HABLA JESÚS CAMACHO

Los incendios en este agosto extremadamente seco castigado por una ola de calor muy continuada, ha llevado al primer plano de la opinión pública tanto la controversia sobre la actuación de los poderes públicos, dada la competencia autonómica de este tema junto con la necesidad del concurso de las fuerzas del Estado en especial a través de la UME, como los elementos que rodean el tema d ela preservación de la naturaleza y la prevención de los incendios. En todos estos debates, en los que las cantidades presupuestadas para el mantenimiento del servicio público son muy relevantes, no se suele mencionar la cuestión fundamental de quienes son las personas cuya actividad laboral posibilita la prevención y la extinción de incendios. Este es el objeto de esta entrada del blog.

En efecto, Jesús Camacho, ex dirigente de CCOO de Castilla La Mancha y buen amigo, ha escrito para el periódico digital Mi Ciudad Real  ( https://www.miciudadreal.es/2025/08/17/incendios-forestales-de-jornaleros-del-monte-a-trabajadores-con-derechos/) un artículo que tiene una clara intención didáctica y que explica, desde la perspectiva sindical, un elemento fundamental de este tema tan debatido de los incendios forestales. Este es el texto que ahora se reproduce con sumo gusto por parte del titular del blog.

INCENDIOS FORESTALES. DE ”JORNALEROS DEL MONTE” A TRABAJADORES CON DERECHOS

Jesús Camacho Segura

El largo y cálido verano incendia montes y bosques, este año con especial virulencia y efectos más desastrosos. Las consecuencias son terribles: vidas humanas, vida animal, bienes y viviendas en zonas rurales  y una inmensa masa forestal arrasada por el fuego; el color vegetal ha sido sustituido por el negruzco paisaje desolador, miles y miles de hectáreas calcinadas. Y, aunque cueste admitirlo, siempre se puede hacer más, es posible, necesario e imprescindible hacer mucho más.

En Castilla La Mancha, mi sindicato –CCOO- decidió, hace años, intervenir para cambiar un estado de cosas en el ámbito de las condiciones laborales y profesionales de los equipos de prevención y extinción. Fue un proceso largo para cambiar las cosas, para afrontar un nuevo tiempo con una visión diferente de la protección medioambiental y de los profesionales que lo hacen posible. Se combinó, para ello, la movilización con la negociación institucional. Había que generar un notable cambio en el concepto y en la gestión que las Administraciones tenían de las “cuadrillas” de extinción y del tiempo de trabajo disponible para mantener activ, a la lucha contra los incendios forestales y los periodos de trabajos preventivos.

No fue tarea fácil, había resistencias para romper esa inercia paralizante que mira más al coste económico que al beneficio global. También para acabar con el “compadreo” de alcaldes que sólo pensaban en dar ocupación durante tres meses a una cuadrilla de su pueblo, lo que hacía más difícil que se abordara un proceso para salir de ese atrasado concepto de “salario social en el ámbito rural”. El objetivo sindical era combatir ese pensamiento, que se asemejaba más a lo asistencial que a lo profesional, logrando una profunda transformación que, decididamente, se estableciera un tiempo de trabajo sostenible, un empleo más estable, mejoras retributivas, homologación de todo el operativo, convenio colectivo propio, régimen general de la seguridad social y otras actuaciones encaminadas a una mayor profesionalización. Así, se pasó de los tres meses de trabajo y un mes complementario de prevención acordado en febrero de 2001, a seis meses de trabajo firmado en mayo de 2003 con el entonces Vicepresidente Barreda y el Director General del Medio Natural –Alberto Saiz-. Se iba dejando atrás el pago de salarios con el convenio del campo y la consideración de “jornaleros de temporada” – contratados por diversas empresas adjudicatarias-  de los esforzados miembros de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales.

 El siguiente hito de mayor profundidad, en el proceso reivindicativo, comenzaba en la reunión de diciembre de 2004 con los interlocutores del Gobierno Regional (Secretaria General Técnica y  Director General del Medio Natural), a los que se expuso la necesidad de acelerar el cambio de modelo sustentado en tres aspectos fundamentales: a) Nueva regulación laboral para un nuevo tiempo en la gestión ambiental, b) Empleador único Regional  c) Cambio sustancial en las condiciones profesionales, formativas y medios técnicos. Una reclamación que les causó asombro y reticencias porque la consideraban demasiado ambiciosa, máxime cuando se desgranó el conjunto de medidas de esos tres puntos básicos.

Por fortuna, la reflexión de la Consejería de Medio Ambiente, a la que se había comunicado, a su vez, la necesidad de avanzar en la creación de una empresa pública de gestión ambiental (hoy GEACAM) en reunión de marzo de 2005, y la comprensión y convencimiento del Presidente Barreda, investido en 2004, permitió un diálogo más ágil. En ese contexto se dieron  pasos que hoy, analizados con serenidad, fueron hitos históricos en el compromiso para el desarrollo de la prevención y extensión de incendios forestales en Castilla La Mancha.  El acuerdo de 9 de junio de 2005 llevó a la consecución de ocho meses de trabajo consecutivos, la adquisición de fijos discontinuos, la creación del plus de antigüedad, la jornada semanal de 35 horas y el compromiso de optar por un único empleador regional. No obstante, quedaron algunas demandas pendientes para sucesivas conversaciones.

El terrible y doloroso incendio de Guadalajara en julio de 2005, aceleró los cambios pendientes y, el 26 de Septiembre,  el Presidente Barreda se compromete de nuevo, con los Secretarios Generales de CCOO y UGT, para ampliar la campaña a nueve meses de trabajo e iniciar la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental. Lo que para algunos era una quimera de CCOO –la creación de la empresa pública- se abría camino de forma explícita y pública. El anteproyecto de Ley de GEACAM se debate y aprueba en las Cortes Regionales en marzo de 2006 y el 24 de junio se publica en el BOE la ley 1/2006 de 23 de marzo de la creación de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Finalmente en mayo de 2008 se firma el acuerdo para una nueva etapa: 12 meses de trabajo, integración del operativo en Geacam, primer Convenio Colectivo en la Empresa Pública, y otras acciones y actuaciones relevantes sobre el Plan Infocam y la segunda actividad por razones de edad.

En Enero de 2012, los compañeros de CCOO de Castilla León nos llamaron a una jornada sindical del personal de extinción de incendios forestales en su Comunidad Autónoma.  Necesitaban conocer el tránsito, las conversaciones y elementos que nos llevaron en Castilla La Mancha a conseguir lo que, para ellos, era un objetivo para salir de unas precarias condiciones de trabajo, aunque se encontraban con la nula correspondencia del gobierno para abordar un proceso de cambios en su Comunidad Autónoma. Querían empaparse de la experiencia de nuestro largo proceso reivindicativo y de la capacidad de movilización y de interlocución que nos llevó a conseguirlo. Es decir, buscaban una hoja de ruta para llegar a una meta similar para el colectivo de su zona;  aunque parecía que les iba a requerir un esfuerzo extraordinario con un gobierno regional que consideraba poco los planteamientos sindicales. Pruebas hemos ido conociendo del talante de esos gobernantes, más dolorosas oírlas  en estas infernales semanas.

En aquella jornada también les expusimos un peligro. La etapa de la presidenta Cospedal que, en diciembre de 2011, llegó con la segunda fase de recortes a GEACAM. Recortes y despidos en la Empresa Pública que contó con la oposición de CCOO para que evitar la maniobra del ERE que  recortaba derechos y retrocedía  en la garantía de estabilidad del empleo durante todo el año, el operativo pasaba a la condición de “fijos discontinuos” de 9 meses de actividad. Afortunadamente, con el retorno del gobierno del PSOE a la Comunidad Autónoma,  una nueva intervención sindical logró que, en enero de 2016, volvieran los 12 meses de trabajo –acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Consejero de Agricultura-.

Actualmente, con la experiencia adquirida, con la actuación permanente de los representantes sindicales, se mantienen vivas las reivindicaciones y reclamaciones. Aunque, ahora, no es entendible que de 122 días de período mínimo de extinción, se haya pasado a  considerar sólo 90 días mínimo; aunque se tengan 12 meses de trabajo. Una decisión del gobierno de Page reprochable y nada razonada, por lo que sería deseable que  la Consejería y la dirección de GEACAM volvieran a la fórmula anterior. De igual manera, el colectivo no puede recibir la pasividad de la gerencia de la empresa ante la negociación del nuevo convenio colectivo, que ha concluido su vigencia en diciembre de 2024. Por ello, se insiste en que las unidades tengan las dotaciones mínimas para ser operativas, se soluciones con urgencia todas las carencias detectadas y que nunca falten personal y medios.

Ahora, los incendios forestales toman una especial presencia en debates, tertulias y declaraciones públicas de gobernantes. En ocasiones, demasiadas, para lanzarse acusaciones cruzadas del “y tú más”. Los sindicatos sabemos del nivel competencial de cada Comunidad Autónoma para atender esta responsabilidad; por lo tanto no valen trampas, ni buscar refugio en la escasez presupuestaria o en la falta de ayudas. El problema de los incendios forestales es de una magnitud y trascendencia que supera cualquier localismo infantil, por lo que los sindicatos de clase reclaman sentido de estado, reprobando actuaciones negacionistas sobre el cambio climático y la insuficiente asignación presupuestaria. Hablamos de la vida, del futuro, de la protección del medio natural, del retorno a las zonas rurales, de la seguridad de sus habitantes, y de las condiciones profesionales de colectivos de prevención y extinción. En ello está el sindicato, manteniendo el pulso con sus reivindicaciones, defendiendo un modelo eficaz y suficiente para un reto social y medioambiental con futuro. No es cuestión de voluntarismo y “postureo”, es una razón de estado que reclama compromisos legislativos, acuerdos con los representantes sindicales, revisión de procedimientos y un fuerte incremento de inversiones. Todos los gobiernos tienen responsabilidad. Todas las Comunidades Autónomas tienen competencias. 

¿AGOTAMIENTO DEL CICLO POLÍTICO? (LECTURAS DE VERANO II)

 

Perdonen las elucubraciones de esta entrada veraniega, porque la verdad es que, si se atiende a las noticias que se conocen en este tiempo de descanso anual, no cabe más que inquietarse seriamente. Así, por ejemplo, Putin obtiene su primera victoria importante al romper su aislamiento y negociar directamente con Trump en Alaska mientras el gobierno ucraniano tiembla y la Unión Europea asume posiblemente “sin entusiasmo” su posición subalterna e impotente en materia internacional. En España, al socaire de los terribles incendios favorecidos por la ola de calor, crece la polémica en los que no se pueden controlar en las comunidades autónomas dirigidas por los recortes del Partido Popular en los servicios públicos, mientras se discute sobre las competencias autonómicas y estatales, un debate que solo conduce a oscurecer las soluciones en un cielo oscurecido por el humo y el fuego y en donde las condiciones de trabajo de los bomberos forestales – y los otros – deberían estar en el centro de la discusión. Y así sucesivamente.

 Por si fuera poco, con la vista en el futuro imperfecto, los medios de comunicación nos recuerdan con insistencia que la ultraderecha gana cada día más adeptos incluso (o sobre todo) en los estratos populares más bajos, y en los tramos de edad masculinos más jóvenes. El mañana les pertenece, como cantarían los rubios arios en Cabaret, y en esa identidad parecen complacerse no solo las fuerzas políticas de las que extraen su segura victoria electoral, sino también, con un cierto masoquismo inconsciente, fuerzas progresistas que deducen de su ineluctabilidad una necesaria travesía del desierto que nos conducirá a nuevos espacios de insumisión constituyentes en un porvenir asimismo asegurado: Les lendemains qui chantent. Y en este pronóstico, el partido ya no es el príncipe sino un profeta que declama a los cuatro vientos: “el fin del ciclo se acerca”

Porque por doquier se habla de agotamiento del ciclo. El ciclo es la palabra clave porque sugiere un gradual proceso de conquista de derechos gracias a condiciones objetivas favorables unidas a la acción de un sujeto informe, popular en su sentido más primigenio, lúcidamente representado por un sujeto partido-movimiento que cuestiona las formas partidistas hasta el momento existentes porque éstas llevaban la marca de Caín de la que se definía como indigna transición política a la democracia. Este partido que se declara heredero del 15M ha sabido extraer de una resistencia articulada por los movimientos sociales un nuevo paradigma construido sobre la necesaria transformación de elementos fundamentales de la regulación del espacio público y ciudadano. Acompañando a otros sujetos colectivos, ha forzado políticas sociales y garantistas por parte del Estado que han cristalizado en posiciones ventajosas para grupos especialmente vulnerables social y culturalmente discriminados. Ciudadanía social e identidades de género parecen ser, para este ciclo político, los ejes centrales por los que avanza. No se sabe por qué se omite en este discurso que en el centro está el trabajo y su contemplación simultánea como sujeto político y objeto de regulación como condición de una existencia colectiva que da seguridad y dignidad a la mayoría de la población, pero no es de buen tono subrayar que este elemento ha sido el determinante real del proceso reformista.

Parece que errores e insuficiencias de todo tipo y el agotamiento de la comprensión especialmente social de la intervención pública tras la etapa Covid, ha propiciado, comenzando en las elecciones del 2023, confirmadas en las europeas de junio de 2024, un giro conservador y la captura del marco de referencia mediático y cultural por parte de la ultraderecha. Esto se ha definido como agotamiento del ciclo progresista e inicio de un nuevo ciclo en un sentido contrario, donde la ultraderecha ocupa una posición cultural y mediáticamente hegemónica orientando el marco de discusión pública. Así que los analistas políticos – y los creadores de opinión – explican que el ciclo que comenzó en el 2011 (para éstos influyentes no hay resistencia ni alternativa política válida en España antes de esa fecha) se agota quince años después y se invierte circularmente la situación, en una especie de vuelta a la tortilla por el lado incorrecto de la historia.

La verdad es que, como diría un castizo, la cosa está cruda. También la tortilla. Históricamente el movimiento emancipador tenía como referencia un cambio radical, profundo, de las estructuras económicas, sociales y políticas. Es decir, era fundamentalmente revolucionario. Me refiero a tiempos remotos, por ejemplo, años treinta del siglo pasado, antes de la guerra civil que fue una guerra de clase, la dictadura triunfante y la transición a la democracia, es decir, en España de antes del 2011, desde luego. Pero el motor de esta lucha se basaba en la negación de la explotación y la dominación en el trabajo asalariado, puesto que era el trabajo el centro neurálgico de la conformación de una subjetividad colectiva alternativa y confrontada al orden del capital en sus diversos estratos. En este proceso se fundían de forma compleja - ¿dialécticamente? – las luchas cotidianas contra la explotación que perseguían la mejora de las condiciones de vida o trabajo de hombres y mujeres, con una meta o destino general, común a todas y todos, la subversión del sistema político y económico o su colapso o al menos su transformación decisiva.

Miremos hacia atrás sin ira. Nunca la socialdemocracia manejó bien esta doble referencia, y en su mejor época, con Karl Kaustky, utilizó la teoría revolucionaria al servicio de la política reformista, convencida por otra parte por un determinismo histórico muy fin de siglo que encuadraba los procesos sociales en el ámbito del “devenir natural”, convencidos de la certeza ineludible del advenimiento del socialismo y el consiguiente declive del capitalismo, e incapaces de fusionar luchas cotidianas y sustitución del sistema. En el juicio ponderado de esta ideología progresista que ha resultado la única en subsistir tras el corto siglo XX, Lelio Basso (Socialismo e rivoluzione, Feltrinelli, Milán, 1980) afirma que el marxismo de la II Internacional supuso “un gradual abandono de las aspiraciones subversivas y una gradual aproximación a las instituciones, a los valores, a la cultura y en fin, a la ideología fundamental de la sociedad burguesa” en una asimilación de ésta que se fue produciendo ciertamente de manera no uniforme (pp. 256-257). El derrumbe del sistema era en todo caso un acicate o un incentivo del momento “subjetivo” expresado en el voto, con independencia de las condiciones materiales y los procesos “objetivos” de transformación de la realidad.

Ha corrido muchísima agua bajo los puentes y la forma de concebir el cambio social y político ha cambiado a su vez de manera profunda. El segundo aspecto a que antes nos referíamos, el objetivo final de la acción política de resistencia y oposición al sistema capitalista, ha desaparecido por completo de los programas, de la estrategia y de la táctica de los partidos progresistas. Incluso los que se declaran anticapitalistas reconocen que no hay un modelo político de sociedad socialista que pueda ser verosímilmente compatible con el marco geopolítico en el que se mueve la acción política democrática en el estado español. Es decir que el cuestionamiento radical del tipo de sociedad en la que vivimos y la formulación de otro tiempo y lugar que posibilite la emancipación del dominio y la explotación en todos los espacios públicos y privados de las clases subalternas, ha ido desapareciendo poco a poco, asimilado a un orden de valores y de representación de la realidad que en líneas generales reproduce la concepción del mundo burgués y liberal que se considera inmodificable. Lo que no impide la crítica, ciertamente. No es una sociedad justa – como le gustaría a Daniel Chandler, Libres e iguales. Un manifiesto por una sociedad justa, Paidos, Barcelona, 2025, en su cerrada defensa de la Teoría de la Justicia de Rawls y su aplicación a la sociedad actual – y el capitalismo “de libre mercado” genera una creciente desigualdad, incrementada exponencialmente en la etapa del globalismo y la epifanía del pensamiento neoliberal y las políticas correspondientes – como desde hace tiempo viene recordando Piketty, y recalca en la conversación que mantienen él y M.J. Sandel, Igualdad. Qué es y por qué importa, Debate, Madrid, 2025 – dando lugar a un cuestionamiento generalizado del concreto proceso de plasmación de la realidad normativa, social y cultural de la economía capitalista hiperglobalizada y financiarizada.

No hay sin embargo una alternativa verosímil que pueda sugerirse como una propuesta atractiva de superación del momento actual. La ciudad futura está difuminada, borrosa, y no se puede ni entrever sus contornos en una niebla conceptual y argumentativa. Solo cabe resistir y enmendar lo existente, y ese conservacionismo resignado, cuando no entusiasta, es la tónica general de una parte del gobierno de coalición en nuestro país que la minoría de Sumar no es capaz de transformar y poner en marcha.

Posiblemente haya una cierta dificultad en transferir, en el plano político-electoral, las mejoras evidentes en las condiciones de trabajo logradas a través de la acción combinada de la movilización sindical y la reforma impulsada desde las instituciones públicas estatales en materia de trabajo y de Seguridad Social a un conjunto amplio de personas que experimentan emocionalmente una sensación de rechazo y de repulsa hacia las condiciones en las que se desarrolla su propia existencia y que provoca una reacción violenta respecto de su propia infelicidad. Pero es evidente que esto va construyendo una corriente de opinión difusa, también informe, marcada por la hostilidad y la desafección hacia el ámbito específico de la política, que se percibe como un lugar sembrado por la corrupción y la ineficacia. Una constante que es reiterada por la propaganda masiva de la ultraderecha y sus sostenedores e inversores. La constatación de la ineficacia de la política que la izquierda concibe como un instrumento para cambiar las cosas y la vida de la gente, se transmuta en rabia contra la propia política y sus actores principales, que se expresa a su vez en el momento subjetivo del voto mediante el apoyo a las opciones que desprecian la democracia y el pluralismo y refuerzan los valores de autoridad y violencia. Una violencia que se quería proyectar contra el espacio público administrado por las fuerzas democráticas y pluralistas pero que realmente se convertirá en su momento en violencia contra ellos mismos.

Lo que parece entonces es que el tan manido fin de ciclo político quiere decir que no es ya posible focalizar la acción colectiva en nuevas y mejores condiciones de vida y de trabajo ni de conectar la angustia y el desasosiego personal con la exigencia de lograr un nuevo orden social y económico. Hay una corriente principalmente emocional que aprovecha el momento individual en el que se produce el escrutinio popular sobre la acción política – y de los políticos – para expresar una recusación completa de los actores a los que se señala como más visibles y presentes en una escena que se repudia. La brutalidad de las ideologías iliberales que personifica Trump y que entre nosotros ha capturado Díaz Ayuso se complace en estimular esa rabia como seña de identidad de unas comunidades políticas regidas por el autoritarismo y la imposición.

Pese a lo que opinen tantos sobre la inevitabilidad de este marco de referencia y de sus conclusiones electorales, es importante insistir en la posibilidad de una política para todas y todos que progresivamente haga mejor la existencia de las personas. Aunque eso implique contradecir la natural evolución pendular que se predice para los ciclos políticos que supuestamente oscilan de izquierda a derecha y vuelta a empezar buscando un equilibrio inexistente. Pero desconfiemos de estas certezas si realmente queremos poner en práctica las políticas emancipatorias en el actual contexto de desigualdad económica, social y cultural  que a la postre reposa en la explotación y el dominio sobre la fuerza de trabajo.

NOTAS SOBRE INMIGRACIÓN (LECTURAS DE VACACIONES I)

 

El país arde por los incendios derivados de la ola de calor y las altas temperaturas y como siempre sucede en estos casos, se descubre que la perspectiva liberal de reducción del gasto público en servicios esenciales desemboca en riesgo grave y daños al común de la ciudadanía, con puesta en peligro de bienes ambientales importantes. Pero también arde no Mississipi, como el emblemático film de Alan Parker sino su versión española en algunos pueblos de Murcia, Torre Pacheco y últimamente en Jumilla, en la consideración de la inmigración principalmente musulmana como personas a las que se niega el acceso a un espacio público de ejercicio de derechos constitucionales.

Criminales y delincuentes, también terroristas, en el discurso de Trump, elementos nocivos para la democracia que amenazan con romper la comunidad nacional para Starmer en el Reino Unido, carga insoportable para la Unión Europea, que sin embargo supo acoger con prontitud a los refugiados e inmigrantes de la invasión y guerra de Ucrania. Y, finalmente, en la ordalía de los utraderechistas españoles, violadores, ladrones y asesinos que destrozan la convivencia e imponen sus bárbaras costumbres – en especial los que profesan la religión musulmana – sobre el honrado pueblo español. Este último mantra, el desorden, la inseguridad, la ocupación de viviendas y los atracos, es el que ha prevalecido en algunos medios, y ha favorecido los progroms anti-islámicos en algunos pueblos del sudeste español en los que la mano de obra inmigrante se ha instalado en el sector de la economía agraria de la que depende la subsistencia – y el bienestar  - de sus ciudadanos.

Se trata de un tema que, fuera de estos momentos bárbaros en los que se incita al linchamiento y a la persecución de los inmigrantes, lleva ya demasiado tiempo en el centro de muchas de las discusiones políticas y ha ganado el centro del debate mediático, alentado por periódicos digitales, redes sociales y telediarios. Desde la aproximación de la filosofía política, el maestro Javier de Lucas ha escrito páginas decisivas sobre este tema. Lean, si les es factible, el texto de Paco Laporta en el número especial de Cuadernos Electrónicos de filosofía del derecho escritos en su honor, y que lleva por título “Javier de Lucas y la ética de la inmigración”, para un análisis preciso de estas posiciones que pretenden fundar tanto las políticas públicas como la construcción de una opinión basada en el respeto de los derechos humanos y la contradicción latente entre derechos morales universales y fronteras nacionales. Es un texto esclarecedor que se puede consultar completo en este enlace (https://turia.uv.es//index.php/CEFD/article/view/25946)

Es interesante asimismo sobreponer a este discurso el de la revalorización del elemento que define de manera precisa el hecho migrante como flujo de mano de obra y movimiento de fuerza de trabajo, y en donde la noción de frontera se traslada desde las que marcan la soberanía nacional y la determinación de su territorio a los límites derivados de su utilización como trabajo productivo. En este blog  hace relativamente poco tiempo se ha reseñado un interesante librito de la escritora albanesa Lea Ypi, cuyo título ofrece una clara orientación el discurso mantenido: “Fronteras de Clase”. (https://baylos.blogspot.com/2025/05/fronteras-de-clase-un-debate-sobre.html). Son  las condiciones de opresión de trabajadores nativos e inmigrantes las que deberían fundar la solidaridad entre ambos grupos, no una particular ética de pertenencia social, lo que requiere un esfuerzo políticamente coordinado de creación de recursos políticos para superar una condición compartida de opresión.

Esta forma de abordar el tema es especialmente interesante y debe abrirse paso en el argumentario de la izquierda política, resaltando este hecho clasista del que se puede abstraer una condición general derivada de su inserción social como trabajadores en donde se incrementa con dureza la explotación por su trabajo. En un último artículo de Alberto Garzón publicado en El Diario.es  (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/izquierda-pierde-compra-marco-miedo_129_12528615.html  )    y en el que comentaba críticamente la entrevista con Gabriel Rufián, hay una nota muy interesante que copio literalmente: “En este artículo he mantenido deliberadamente una diferenciación entre las categorías de “clase trabajadora” e “inmigración” a fin de mantener el mismo marco analítico de la entrevista y al que estamos acostumbrados. Sin embargo, en realidad esto debería problematizarse dado que las personas inmigrantes son parte de la clase trabajadora y además tienen valor para el sistema capitalista en tanto se trata de una fracción de clase fácilmente explotable y particularmente barata. Eso lleva a la paradoja de que los reaccionarios quieren productos baratos cosechados por esta mano de obra, pero al mismo tiempo no quieren ver a sus productores en los mismos espacios vitales. Una izquierda consecuente no debería mantener esta diferenciación en sus análisis más completos”.

Desde el unto de vista del jurista del trabajo, es  el trabajo quien crea las condiciones para adquirir derechos y estos tienen que ser compartidos por aquellos que efectivamente realicen esta actividad, con independencia de la nacionalidad que ostenten. Por ello el trabajo tiene que ser la base y la condición de acceso en primer lugar a todos los derechos laborales y de protección social conectados con el desempeño del mismo, con independencia del hecho administrativo del que se deduzca un empleo “autorizado”. Es un objetivo político importante también desde el punto de vista de la disuasión a los empresarios para emplear irregularmente fuerza de trabajo inmigrante, sin perjuicio de la infracción administrativa a la que este hecho pueda dar lugar.

Es cierto que el ataque cultural, mediático y político contra la inmigración no olvida que, según las consideraciones económicas del sistema de producción capitalista, estas mismas personas deben ser conservadas como trabajadoras, es decir en su función imprescindible de creadores de la riqueza de los propietarios de las empresas para las que prestan su actividad.  Pero en ocasiones parecería que la seguridad de que este contingente puede ser siempre reemplazado por otro diverso y por tanto que su función económica está siempre garantizada, posibilita, al menos de manera inconsciente, la hostilidad y la agresión contra quienes están ya asentados en la comunidad y a los que se les niega el acceso a un espacio público de dignidad y de derechos, impulsando o procurando su expulsión del pueblo en su doble sentido, geográfico y social.

Lo decía con la ferocidad envidiable que le caracterizaba Karl Marx al hablar de la esclavitud: “Las consideraciones económicas que brindan cierta seguridad de tratamiento humano si identifican el interés del amo con la conservación del  esclavo, una vez que se practica la trata se convierten en motivos para explotar al máximo su tarea porque cuando puede llenarse rápidamente su lugar gracias al aporte de criaderos extranjeros de negros, la duración de su vida, mientras sobreviva, se vuelve asunto de menos importancia que su productividad”. Ese “ganado humano” al que quiere reducirse a la fuerza de trabajo inmigrante, parangonando su situación de sobre explotación con la esclavitud que criticaba Marx, tiene que resignificarse políticamente como un fenómeno de explotación y de dominación sobre el que diseñar las nuevas fronteras de clase fundadas en el trabajo en el proceso de producción capitalista.

¿Es posible reconstruir un discurso en torno a las “fronteras de clase” que trascienda el que se fija en las fronteras nacionales, o en las identidades culturales derivadas de un marco de referencia diferente del que es mayoritario en el territorio en el que se fija la residencia este grupo de personas en busca de un trabajo? Este tema es en estos momentos una prioridad para el pensamiento progresista y en particular para el sindicalismo, enmarcado en una reflexión más amplia y global sobre el proyecto de emancipación que se apoya precisamente en la valorización política del trabajo como elemento fundamental en la construcción de una sociedad igualitaria y justa.