LAS PROPUESTAS DE CONTRARREFORMA LABORAL EN ARGENTINA BAJO LA PRESIDENCIA DE MILEI. UN MANIFIESTO DEL FORO POR LA DEFENSA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL

 

Es conocida por la audiencia de este blog la penosa situación en la que se encuentra el marco institucional laboral en Argentina, que está siendo objeto de una agresión profunda como parte del programa del presidente Milei, que lleva a cabo en el espacio de la regulación del trabajo un programa neoliberal llevado a su máxima intensidad. Si en otra entrada ofrecimos el comunicado de la prestigiosa Asociación Americana de Jueces del trabajo (https://baylos.blogspot.com/2025/12/la-reforma-laboral-en-argentina-una.html), ahora lo hacemos con el que ha elaborado un colectivo que integra formaciones políticas, sindicales y representaciones independientes y que quieren dar la batalla en la opinión pública sobre estos siniestros planes. Agradecemos especialmente a Roberto C. Pompa el envío del texto para su difusión.

 

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, integrado por representantes de las tres centrales de trabajadores, más de 50 organizaciones sindicales, trabajadores de la economía informal y popular, de las pequeñas y medianas empresas, de las distintas expresiones de abogadas y abogados de personas que trabajan, de asociaciones nacionales de juezas y jueces, de asociaciones nacionales e internacionales de juezas y jueces del trabajo, cátedras y espacios de derecho del trabajo y derecho de la seguridad social de las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales de la UBA, institutos y comisiones de derecho del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y del interior del país, de expresiones de partidos políticos y representantes de la Honorable Cámara de Diputados, académicos de países y universidades del exterior, entre muchos otros, expresa su más enérgico rechazo contra el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Central de la República Argentina como “Ley de Modernización Laboral, por considerar que el mismo lesiona gravemente disposiciones y principios contenidos principalmente en la Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales sobre los Derechos Fundamentales de las Personas.

El Proyecto lejos de promover el empleo lo precariza aun más, promoviendo la informalidad y el fraude laboral.

 Como lo ha dicho la OIT, las reformas laborales con reducción de derechos no han hecho más que elevar los niveles de pobreza y generar déficits de trabajo decente. En el caso argentino, se manifiesta cuando desde el dictado mismo del DNU 70/23 y la llamada Ley Bases, se perdieron cerca de 276mil puestos de trabajo, cerraron 19mil empresas y apenas fueron regularizados 16703, lo que representa el 0,2% del total de trabajadores.

La informalidad laboral no puede resolverse con reformas de las leyes laborales y menos cuando son regresivas, cuando lo que debiera atacarse son los incumplimientos sistemáticos en los que se incurre desde el sector empresario empleador destinados a evadir el cumplimiento y las obligaciones derivadas de la normativa laboral y previsional. Resulta absurda la intención de promover el empleo registrado cuando se eliminan todas las consecuencias por el incumplimiento de la registración.

El Proyecto lejos está de poder crear empleo digno como lo mandan los Tratados Internacionales o decente como lo define la OIT, desde que se desconoce Recomendaciones de este organismo internacional tripartito, precarizándose aun más relaciones laborales bajo figuras como las del trabajador independiente o de plataformas sin tutela del derecho laboral, promoviendo el fraude, generando más incertidumbres jurídicas, acrecentando los reclamos ante la justicia y desfinanciando el sistema previsional.

Lejos de estar dirigido a consagrar seguridad jurídica, al abandonar criterios que aparecen consagrados en la doctrina y la jurisprudencia. Resulta un contrasentido la obligación dirigida a los jueces del trabajo de respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el Proyecto abandona doctrina señera y consolidada de ese Tribunal, cuando considera al trabajador como sujeto de preferente tutela o dispone que cada vez que se presente un conflicto entre un trabajador y el capital deben prevalecer los derechos de los primeros como derivación del mandato constitucional y el principio humanístico que debe regir en una Nación civilizada, respetuosa de los derechos humanos fundamentales.

El Proyecto se aparta de convenios internacionales que se encuentran por encima de las leyes en el orden jerárquico, como cuando pretende extender la jornada legal laboral, o el derecho a la reinstalación o indemnización en caso de despidos arbitrarios consagrado en Protocolos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

El Proyecto reduce la actividad creadora del hombre a un mero engranaje de la producción, sometiéndolo a las leyes del mercado y a la meritocracia, sin atender doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justifica la necesidad de incorporar mecanismos de compensación para reducir y eliminar las diferencias intrínsecas e históricas que se dan entre el capital y el trabajo, desconociendo que para la Constitución Nacional la justicia social es un valor esencial para el estado constitucional, democrático y social de derecho.

El Proyecto debilita y desfinancia al movimiento obrero y a la organización sindical, llamados a ser por los organismos internacionales el instrumento más idóneo para la defensa de las condiciones de vida, familiar y económica de las personas que trabajan. El Proyecto presupone una injerencia indebida y prohibida por los convenios internacionales del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales y sus planes de acción. Son los Estatutos de las organizaciones sindicales los que deben regir el marco de su actuación por imperio de los Protocolos internacionales ratificados por nuestro país, sin ninguna injerencia ni del Estado ni de los empleadores, lo que aparece reiteradamente violado en la norma que se manda a aprobar.

El Estado abandona su neutralidad en favor del sector empresario al limitar y condicionar la actuación de los sindicatos y la negociación colectiva, permitiendo neutralizar cláusulas que han sido acordadas para el logro de la paz social y se encuentran homologadas.

El Proyecto debilita el ejercicio del derecho de huelga, al imponer condiciones que desnaturalizan sus fines como lo ha indicado la Corte Interamericana a través de sus opiniones consultivas.

El Proyecto procura eliminar la existencia de la Justicia Nacional del Trabajo, que ha sido históricamente creada para que los trabajadores puedan acudir en defensa de sus derechos en igualdad de condiciones con los empleadores y cuya existencia se encuentra consagrada expresamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su OC 27/21, de modo que la remisión de materias laborales al Fuero Contencioso Administrativo Federal incumple con ese mandato. La remisión a un Acuerdo de transferencia entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires omite considerar que ha sido la Provincia de Buenos Aires la que cedió transitoriamente parte de su espacio territorial y político para que se constituya el asiento de las autoridades nacionales. Del mismo modo, olvida el dictado de la Ley 24588, llamada “Ley Cafiero” que fijó las competencias judiciales de la nueva Ciudad tras la reforma constitucional de 1994. El Proyecto elimina las presunciones consagradas para compensar la debilidad en la que se encuentran los trabajadores y coloca a partes intrínsecamente desiguales de una relación en paridad de armas, lo que no hace más que aumentar la brecha derivada de ese poder en cabeza de los empleadores. El Proyecto desconoce que, como lo demuestran las estadísticas, no existe la llamada industria del juicio, sino que en realidad lo que hay es la industria del incumplimiento cuando se evaden las obligaciones legales, lo que acrecentará los litigios ante la ausencia de normas que sancionen las omisiones, permitiendo el aumento de la evasión laboral y previsional, aumentando la inseguridad jurídica que se quiere eliminar.

La obediencia debida que se impone a los jueces del trabajo y solo a ellos, importa un claro factor de discriminación, que afecta la independencia de quienes ejercen la magistratura. La inclusión de incurrir en causa de mal desempeño por el contenido de sus sentencias vulnera la totalidad de los Protocolos internacionales dictados para preservar la independencia del poder judicial, necesaria para que las personas puedan asegurar la tutela y eficacia efectiva de sus derechos.

En definitiva, el Proyecto pretende retrotraer el campo de las relaciones laborales a finales del Siglo XIX, cuando las condiciones eran impuestas por el poder de la voluntad del empleador, desconociendo los avances obtenidos por el país en el marco de los llamados derechos económicos y sociales, desconociendo que por imperio de la Constitución Nacional que nos rige, las leyes del trabajo deben ser dictadas para la tutela de las personas que trabajan.

Se trata sin duda de un nuevo ataque a la clase trabajadora, al movimiento sindical y a los defensores de derechos humanos, que se inscribe en nuevas formas de neo fascismo para lo cual se reiteran argumentos que fueron utilizados para justificar la mutilación por parte de la dictadura cívico militar del año 1976 los principales avances de la ley de contrato de trabajo.

En función de ello y de los aportes que se irán sumando, este Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, de alcance democrático, plural, federal y no partidario, repudia el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, se moviliza y exhorta a los legisladores a su rechazo.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2025.

UNA NUEVA ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA ANTE EL IMPERIALISMO NEOCOLONIZADOR DE TRUMP (HABLA AGUSTIN SANTOS, DIPUTADO DE SUMAR)

 

Vivimos tiempos convulsos. La agresividad del imperio norteamericano se ha materializado en una serie de hechos que están marcando un inquietante comienzo de año. El 15 de enero, en el Congreso de los Diputados español, tras el ataque de EEUU a Venezuela y el secuestro de su presidente en activo Nicolas Maduro y la publicitada anexión de Groenlandia por la administración Trump, Agustín Santos Maraver, diplomático y diputado de SUMAR, efectuó un análisis extremadamente interesante de la situación que la revista amiga Sin Permiso ha reproducido en su último numero de enero y que ahora, por su evidente interés, la incorporamos a este blog agradeciendo este “préstamo de uso”, en la idea de que la problemática internacional es en este momento el espacio de actuación política que exige una respuesta más acuciante con un cambio de política y de estrategia diplomática fundamental. La intervención de Agustín Santos (esta vez sin utilizar la identidad del añorado Gustavo Buster) suministra claves de interpretación de la situación y propuestas creíbles de cambio de estrategia más allá de las reacciones más vehementes pero posiblemente de mucha más dudosa realización  que mantiene otra parte de la izquierda política. La amable audiencia del blog previsiblemente apreciará el análisis y la reflexión operativa sobre este tema que captura nuestra atención en este comienzo del año.

La administración Trump han bloqueado Venezuela, realizado asesinatos extrajudiciales, secuestrado a su presidente en ejercicio Nicolás Maduro, bombardeado el país con más de 100 víctimas. Ha sido una violación descarnada del derecho internacional y del derecho humanitario que ha convertido a Venezuela, bajo el chantaje de más violencia, en un protectorado de Trump, que expropia ya su petróleo y decide como venderlo en flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas. Creo que todos hemos comprendido lo que significa la Doctrina Monroe para el presidente Trump, que ya pretende situar a Marcos Rubio como presidente de una pseudo república, mientras aprieta el cerco a Cuba, a pesar de la resolución anual de NNUU contra el bloqueo de la Isla. Este es el clima en el que se prepara la Cumbre Iberoamericana de noviembre de 2026 en Madrid, si no impide Trump su celebración. Como escribió Simón Bolívar en 1829: “Los EEUU parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.

Ayer se decidió probablemente en Washington el destino de Groenlandia, porque Trump no cree que la OTAN, que Dinamarca, son capaces de defenderla en el nuevo reparto de zonas de influencia del Ártico, cuyos fondos marinos son por el Tratado del Mar, patrimonio de toda la Humanidad. Y después, con los mismos argumentos, la administración Trump pretenderá las Islas Svaldbard, de soberanía noruega, como apuntó ayer el New York Times.

Es verdad que los precedentes son un cúmulo de horrores aún mayores: la guerra y la invasión rusa de Ucrania; el genocidio que no cesa en Gaza; las guerras vicarias de Sudán, Yemen y Congo; la guerra civil de Birmania, la sangrienta represión estos días en Irán…y otras cuantas.

La fuerza sustituye al derecho internacional

La utilización descarnada de la fuerza, solo limitada por la dudosa moralidad personal de Trump, que tan bien ha explicado Stephen Miller, es la expresión de un imperialismo neocolonizador que pretende sustituir unilateralmente el sistema multilateral de NNUU -un sistema surgido de la derrota del fascismo y de la descolonización, que representa a 196 estados miembros-, por un reparto de zonas de influencia multipolar basado en la amenaza nuclear. Es como si la civilización no hubiera aprendido nada de los horrores de los siglos XIX y XX y estuviéramos condenados a repetir aquella barbarie. La geopolítica se está convirtiendo en algo más peligroso para la Humanidad que la pobreza, las epidemias o las catástrofes climáticas y amenaza con bloquear toda esperanza de futuro.

 Es sobre el pesimismo global, la falta de una alternativa basada en la libertad y la igualdad republicanas, como crece la extrema derecha, el autoritarismo, la oligarquía tecnocrática, en un nuevo asalto a la razón, en el momento en el que es más necesario que nunca mantener la cooperación, guiarse por la ciencia y buscar soluciones multilaterales a los problemas globales, como los acuerdos climáticos de Paris o la Agenda 2030, que son el programa mínimo de supervivencia de la Humanidad en este siglo XXI.

Venezuela, Irán, Groenlandia

Efectivamente, hay que acompañar la situación en Venezuela para evitar que sea un protectorado de Trump. Alentar el diálogo nacional de todas las fracciones políticas para reconstruir su soberanía violada, crear el clima para ello con la liberación de todos los presos, incluido Nicolas Maduro, levantar unas sanciones que, como en la mayoría de las ocasiones, perjudican sobre todo a los más desfavorecidos. Gracias al expresidente Zapatero y a nuestra embajada en Caracas por haber hecho de la liberación de los presos uno de los ejes de su trabajo. De la firmeza de ese acompañamiento, de la amplitud de las alianzas tejidas, depende el futuro de América Latina, de la Comunidad Iberoamericana, de que en nombre de la Doctrina Monroe no se secuestre, se deporte a migrantes, se asesine extrajudicialmente en nombre de MAGA y se ahoguen los sueños republicanos de Bolivar, San Martín, Martí y también del general Riego.

Efectivamente, hay que condenar sin ambages la represión en Irán por el régimen teocrático, que ya suma más de 2.500 muertos, que niega los derechos más elementales de las mujeres, pero evitar que se convierta en una excusa que permita una nueva intervención de EEUU o Israel que desestabilice aún más Oriente Medio.

El Presidente Trump, después de exigir el aumento del gasto militar al 5% de los estados miembros, puede acabar con la OTAN si anexiona Groenlandia. ¿Qué sentido puede tener el art. 5 del Tratado Atlántico si el enemigo está dentro, como ha advertido la primera ministra danesa, si se reparten Ucrania Trump y Putin? ¿Qué garantía tenemos que Rota, base esencial de gestión del sistema antimisiles de EEUU en Europa y el Mediterráneo no esté nuclearizada, en violación de nuestra participación en el TNP? ¿Para cuándo nuestra adhesión al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares?

Tres ejes para una nueva política exterior y de defensa

Es evidente que España, que todos los estados de la Unión Europea necesitan reconstruir sus estrategias diplomáticas y de seguridad.

El primer pilar de nuestra estrategia diplomática y de seguridad es sin duda la defensa del multilateralismo, de Naciones Unidas, de sus organizaciones, que representan a 196 estados y cuya sustitución por una cooperación jerarquizada y limitada a las zonas de influencia de las grandes potencias sería el preámbulo de confrontaciones militares mayores. Hay que apoyar de manera decidida, impulsar a la UE para que lo haga, su financiación, su funcionamiento, haciendo de la Asamblea General su eje, mediante alianza entre la Unión Europea y el Grupo de los 77 que tenga mayoría y que pueda abordar aquellas tareas que impide el bloqueo del Consejo de Seguridad por el veto de las grandes potencias. La elección del nuevo secretario general, en sustitución de Antonio Guterres, será una prueba de fuego decisiva para la supervivencia de NNUU.

El segundo pilar es obviamente el europeo. Necesitamos si, más Europa, capaz de jugar su peso económico en la actual confrontación geopolítica. Pero Europa se encuentra dividida por el fracaso de la austeridad neoliberal, los regímenes autoritarios y el ascenso de la extrema derecha. Reconstruir la UE como sujeto internacional exige cambiar su rumbo. La vía de la economía de guerra, del rearme, de la austeridad y la inflación implícitas debilitarán su cohesión interna, cuyos motores son la democracia y el estado de bienestar. Esa vía lleva a menos Europa, no a más Europa. Porque a corto y medio plazo, cuando se necesita una alternativa independiente al imperialismo y el neocolonialismo, se seguirá gastando el 69% del presupuesto militar en armamento de EEUU, en el chantaje y las falsas garantías de misiles nucleares de alcance medio a utilizar en suelo europeo a conveniencia de las grandes potencias. Esa Europa potencia quedará rápidamente bloqueada porque los países del este europeo, en su giro autoritario, preferirán negociar bilateralmente su vasallaje estratégico con Trump o Putin.

La Unión Europea que necesitamos es otra, es la Europa de los ciudadanos, asentada en un auténtico rearme moral de la democracia, el reforzamiento del estado de bienestar y el abandono definitivo del neoliberalismo. Capaz de volver a discutir y adoptar un Tratado Constitucional y una gobernanza plenamente democrática, que pueda pasar de la coordinación de capacidades a un auténtico ejército europeo basado en la ciudadanía europea como fuente de soberanía.

Los pasos prácticos en esta vía se harán cada vez más evidentes: una diplomacia europea capaz de negociar el cese el fuego en Ucrania, su observación y negociación de un acuerdo de paz que dé seguridades a todas las partes implicadas, a partir del multilateralismo de la OSCE y Naciones Unidas. Hay que recuperar el espíritu de la Declaración de Astana de 2010. La partición de Ucrania entre Trump y Putin solo harán permanentes la inseguridad y la confrontación geopolítica en Europa, a costa de los europeos.

El tercer pilar exige volver a mirar a las alternativas diplomáticas y de seguridad del Estado español al final del franquismo. Se acabó imponiendo, como en tantos otros aspectos esenciales, una interpretación del atlantismo resultado de la guerra fría, del vasallaje antidemocrático, convirtiendo los desiguales acuerdos del franquismo con EEUU en la base de los actuales acuerdos bilaterales que justifican la presencia de armas y tropas extranjeras en nuestro suelo y fuera en la práctica de nuestra soberanía. Y finalmente la entrada en la OTAN en 1986 y posteriormente en su organización militar, a pesar de las condiciones del referéndum, sin las cuales no se hubiera aprobado.

No era la única vía. Fernando Morán propuso entonces recuperar la noción de una neutralidad profundamente enraizada en la aspiración europeísta, volcada en el multilateralismo, capaz de recuperar, como establece la Carta de Naciones Unidas, la renuncia a la fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales y limitándola estrictamente a su uso defensivo. De este principio se desprende una estrategia diplomática europeísta y multilateral como eje de la defensa de nuestros intereses en un mundo de tensiones geopolíticas, pero también una doctrina de seguridad nacional y de defensa distinta a la actual otanista, basada en el compromiso europeo y la defensa territorial.

El Trumpismo no durará 1.000 años

Todos los imperios prometen durar 1.000 años. Pero la propia complejidad de la civilización globalizada e industrial desmiente esta posibilidad cuando se basa en la fuerza y no en el derecho internacional.

El Trumpismo ganó su segundo mandato por un estrecho margen. En un año ha sido incapaz de cumplir ninguna de sus promesas electorales, a pesar de contar con una mayoría absoluta. Según las encuestas, su base social se está erosionando por el coste de la vida, los precios de la vivienda y la educación, la crisis de infraestructuras. Su intento de enfrentar a la emigración más pobre con una clase trabajadora precarizada y desindustrializada esta provocando una cadena de movimientos sociales cuyo último ejemplo estamos viendo en Minesotta. Mamdani, un demócrata socialista ha sido capaz de barrer primero en las primarias demócratas y ganar la alcaldía de Nueva York. Trump puede perder su mayoría absoluta institucional en las elecciones de medio término y ver bloqueado su unilateralismo en la Cámara de Representantes. De las nueve guerras que dice haber mediado para exigir el Premio Nobel, en ninguna han callado las armas.

El reto que tenemos ante nosotros es civilizatorio, una encrucijada para la humanidad, que se encontrará gestionando unos márgenes climáticos catastróficos desde mediados de este siglo XXI. Sustituir el multilateralismo por el imperialismo y el neocolonialismo es la vía equivocada, es el camino al desastre.

Así que estamos de acuerdo en lo fundamental: resistir el asalto a la razón, recomponer las mayorías sociales articulando sus intereses, defender la democracia, con tenacidad y paciencia estratégica…..Eso exige una reorientación de raíz de nuestra política exterior y de defensa.

DA COMIENZO EL CURSO DE POSGRADO EN DERECHO DE LA UCLM “OSCAR ERMIDA URIARTE” SOBRE DERECHOS DIGITALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO COMO DERECHOS FUNDAMENTALES

 

Ya se ha dado noticia en este blog del Curso de posgrado en Derecho que, una vez más – ya van 26 ediciones – ha comenzado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (el Convento de San Pedro Mártir) que en esta edición se dedica al estudio de los derechos digitales en el trabajo como derechos fundamentales (https://baylos.blogspot.com/2025/11/experto-en-derechos-digitales-en-el.html) El curso está dirigido por MariLuz Rodriguez, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UCLM y como secretario por Antonio Garcia-Muñoz, profesor ayudante doctor UCLM, ambos en la sede de Ciudad Real. Este año es el único curso que ofrece la sede toledana de la UCLM y asisten al Curso 26 alumnos y alumnas de Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Panamá y México.

Tras la recepción del alumnado con un desayuno en el patio central de la Facultad, se han distribuidos los materiales que se habían dispuesto, una agenda de la UCLM y el libro “Lo colectivo constitutivo del Derecho del trabajo. Estudios latinoamericanos en reconocimiento a la escuela laboralista de Castilla-La Mancha”, que coordinan Hugo Barretto, Guillermo Gianibelli y Francisco Trillo, que es el resultado de una iniciativa colectiva de debate y discusión de laboralistas de ambas orillas del océano y de la circulación de modelos normativos y propuestas de política del derecho entre estos, que se presentó en noviembre pasado en un doble seminario en Buenos Aires y Montevideo que fue también reseñado en sendas entradas de este blog (https://baylos.blogspot.com/2025/11/presentacion-en-montevideo-del-libro.html)

La presentación del curso y la bienvenida a sus participantes la llevó a cabo Mari Luz Rodriguez, seguida de la intervención del catedrático de Filosofía del Derecho y Presidente de la Fundación Universitaria de la UCLM, Juan Ramón de Páramo.  Tras esta presentación, se dio paso a la conferencia inaugural que corrió a cargo de Antonio Baylos, catedrático emérito de la UCLM que llevaba por título “Trabajo, Mercado, Democracia”, qe ha planteado una aproximación general a los avatares de la regulación de las relaciones laborales en torno a estas nociones-clave, su evolución y los retos a los que se enfrentan en la actualidad. A esa exposición ha seguido un animado debate.

Los objetivos del Curso se describen de manera muy clara en la presentación del mismo que se ha incluido en el campus virtual de la UCLM que concentra el repositorio de textos, bibliografía y presentaciones que tendrán lugar durante el mismo.

El mundo del trabajo vive en el cambio permanente. No obstante, el ritmo del cambio de los últimos años se ha visto especialmente acelerado debido a diversos factores interconectados: cambio tecnológico y de los modelos de producción, cambios en la división global de trabajo y su organización en el marco de la financiarización de la economía y cambios en el medioambiente en el que se vive y trabaja. Estos cambios se dan en un contexto político complejo y de incertidumbre, caracterizado por la creciente debilidad de las democracias y de la mayoría de los Estados nacionales, que se ven en muchas ocasiones limitados en sus posibilidades de acción política para hacer frente a la ‘policrisis’ en que nos hallamos inmersos. Se discute si, en su estadio actual, el capitalismo financiero es compatible con la democracia, si nos hallamos ante una nueva transformación de la globalización o si esta está en retroceso, si estamos ante el final del proyecto neoliberal o ante su enésima metamorfosis.

El trabajo, en sus diversas manifestaciones, se encuentra en muchas ocasiones en el centro de los procesos de crisis y cambio descritos. Lo mismo sucede con su regulación, de la que, desde hace ya décadas, se dice rutinariamente que está ‘en crisis’ o, más recientemente, en transición. En efecto, se viene describiendo el mundo del trabajo, al menos en los países occidentales, como inmerso en un proceso de transformación sin precedentes para adaptarlo a las transiciones digital, medioambiental y demográfica. Desde la OIT se insiste en que dichos procesos deben guiarse por las ideas de trabajo decente y justicia social. No debe extrañar, por lo tanto, la relevancia de las ideas de ‘derechos humanos laborales’, así como la más reciente de ‘derechos digitales’, como marcos conceptuales en los que encuadrar dichas aspiraciones de decencia y justicia social en la esfera jurídica.

El presente curso se dirige, precisamente, a reflexionar sobre la regulación del mundo del trabajo en la actualidad desde los mencionados marcos conceptuales. La reflexión es amplia, examinando los elementos del derecho internacional (OIT y Naciones Unidas), regional (Sistema interamericano, Unión Europea y Consejo de Europa) y nacional que intentan regular el descrito mundo del trabajo ‘en transición’ acelerada. En la presente edición, se hace hincapié en los derechos digitales, derechos que se encuentran en muchas ocasiones en fase de construcción y experimentación, y que tratan de dar respuesta a los cambios tecnológicos que están transformando el mundo del trabajo, así como a los potenciales riesgos y amenazas que la digitalización de la economía y la producción pueden suponer para el trabajo decente y con derechos. Así, cuestiones tales como el trabajo en plataformas, el impacto de la inteligencia artificial, el teletrabajo, la protección de datos o los neuroderechos son abordadas con detalle en el curso. No obstante, no se pierden de vista el resto de cambios y crisis en las que nos encontramos envueltos, y varias sesiones del curso se dedican a analizar aspectos tales como la crisis de los cuidados, la dimensión medioambiental, las peores manifestaciones de explotación, precariedad y pobreza que genera el actual modelo.

El curso, estructurado en 13 ponencias, 3 conferencias y una mesa redonda, cuenta con un equipo docente de la máxima excelencia en su campo de especialidad, entre los que se incluyen no sólo académicos que desarrollan su trabajo en la Universidad, sino también responsables políticos y del mundo sindical y jueces. Los alumnos recibirán a lo largo del curso diversos materiales, tanto generales como específicos de cada ponencia, para poder seguir el mismo con el máximo aprovechamiento. A lo largo de todo el curso, los alumnos tendrán acceso a una plataforma informática (Campus virtual) donde se centralizarán las comunicaciones y materiales. La filosofía del curso, que es una de sus señas de identidad a lo largo del tiempo, es la de convertir cada sesión en una oportunidad para el debate y el intercambio científico y cultural, por lo que se anima a los estudiantes a participar activamente en cada una de las sesiones y aportar sus propias experiencias, conocimientos y visiones. Durante las dos semanas que dura el curso en Toledo seremos todos, ponentes y alumnos, un grupo de estudiosos del derecho del trabajo interesados en comprender cuál es el presente y futuro de nuestra disciplina académica en tiempos de transición y policrisis global.

En esa línea, el martes 13, después de la intervención de Mari Luz Rodriguez en la que analizará el “cartismo digital”, es decir la Carta de Derecho Digitales de la UE y la Carta Iberoamericana de principios y derechos d ellos entornos digitales,  Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y profesor el mismo en servicios especiales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, abordará la experiencia española respecto de la transición digital y su relación con los derechos laborales.

Además de ello, están previstas dos conferencias de importantes exponentes en el campo del derecho y de la política latinoamericanos. El viernes 16 intervendrá Daniela Marzi , catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valparaíso y presidenta del Tribunal Constitucional de Chile sobre el carácter de derechos fundamentales de los derechos digitales, y, ya en la semana siguiente,  el miércoles 21 Hugo Barretto, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) y Viceministro de Trabajo del gobierno uruguayo, explicará la situación en la que se halla en el debate de la OIT la regulación del trabajo en plataformas.

El Curso cuenta asimismo con la participación de una amplia nómina de expertos académicos de las universidades españolas y de la UCLM. La relevancia del tema está asegurada, y en este blog seguiremos con atención su evolución.