“IL MANIFESTO” NO SE CIERRA

Es una buena noticia. En una época en la que los periódicos y medios de comunicación “externos” al pensamiento dominante desaparecen dejando un rastro de periodistas y trabajadores expulsados de la capacidad de generar la información – entre nosotros la vicisitud complicada de “Público” es bien conocida, con sus ramificaciones , Il Manifesto ha sabido defenderse activamente y al final ha conseguido sobrevivir. Eso sí diezmado. 36 trabajadores se quedan, 34 van a la Cassa Integrazione y se incorporan de forma rotatoria.

 El acuerdo ha permitido una acción conjunta del ministerio de trabajo y del de desarrollo económico, los administradores del concurso, los sindicatos y la solidaridad activa de tantos colaboradores que han continuado escribiendo sin remuneración. Pero han sido ante todo los círculos de apoyo, la acción de los ciudadanos y simpatizantes de Il Manifesto quienes han conseguido realmente mantener el diario. Son esos lectores, simpatizantes y sostenedores, quienes han podido al final dar un sentido a la permanencia del periódico, dar vida presente a la cabecera histórica. Y lo han hecho en medio de un ataque sin precedentes a las posiciones de la izquierda amparado en los efectos terribles de la Crisis. 

                                                                                                                                                                                                                                       

“Imaginar una izquierda unitaria pero plural,  popular pero alternativa exige un trabajo doble. Antes de construir hay que desescombrar el suelo de las ruinas y cascotes y qui´za comprender que hay pocas cosas que reciclar. El gobierno Monti ayuda a este propósito. Sus recetas sobre pensiones y trabajo son un parteaguas, una línea divisoria que permite redefinir el campo de la izquierda. La cual en Italia ha perdido incluso la voz y la palabra. Un diario como Il Manifesto es un instrumento cultural privilegiado para cultivar la ambición de un renacimiento político”.

REFLEXIONES CRÍTICAS Y PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS DE ANTONIO GUTIERREZ

Antonio Gutiérrez –ex secretario general de CCOO, ex diputado del Grupo Socialista, ex presidente de la Comisión de Economía del Congreso en la pasada legislatura y, en la actualidad, economista- durante la jornada de clausura del I Congreso Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación Primero de Mayo de CCOO, reivindicó la posibilidad de una salida social a la crisis. El texto de su intervención se reproducirá en el libro que la Fundación está ya reparando para recoger los presentados al Congreso, pero a continuación se expone un resumen de la misma. No se prodiga mucho Gutiérrez en intervenciones públicas, por lo que ésta acrecienta su interés, tanto en cuanto a su enfoque crítico como en relación con las propuestas desgranadas.

Su discurso estuvo cargado de fuertes críticas contra las medidas, tardías y equivocadas, que están adoptando las instituciones internacionales contra la crisis, y en el que lanzó un mensaje a la izquierda para que se recomponga y recupere su credibilidad y mayoría social.

Tras recordar que las desigualdades han estado siempre en el origen de todas las crisis vividas a lo largo de la historia, Antonio Gutiérrez advirtió que al contrario de lo que sucedió con la Gran Depresión de los años 30, de la que se salió con medidas de reactivación de la economía y más democracia (pues se estableció un New Deal, unas leyes que aseguraban la redistribución de la riqueza y los derechos sociales en pensiones, seguro de desempleo, salario mínimo, seguridad social, eliminación del trabajo infantil, representación sindical…), “las respuestas que se están dando a la actual crisis, además de menos gasto, más austeridad, añaden más recortes de democracia”.

Después de casi seis decenios de sociedades avanzadas que han basado su progreso en los derechos de sus ciudadanos, no se puede cambiar de ecuación y decir que con los recortes vendrá el crecimiento y el empleo.

Para Antonio Gutiérrez las instituciones internacionales están eludiendo las reformas necesarias para vincular el desarrollo económico con los derechos sociales y laborales, y buscar el equilibrio entre democracia y mercado. A su juicio, están reapareciendo las teorías clásicas de la economía lúgubre que gestionan la crisis a base de sacrificios, y para ello ofrecen como receta la austeridad. “Un eufemismo falso que, como denunció Antonio Gutiérrez— solo esconde recortes y desigualdad”.

En el caso de España denunció que los recortes de democracia llegan a unos límites inimaginables, pues las reformas que se acometieron con el Gobierno de Aznar palidecen con lo que está haciendo el actual Ejecutivo de Rajoy. “Las decisiones no son ocasiones, sino que son una involución con vocación de permanencia y que se hacen con un despotismo insolente, el de la derecha europea y española, para retroceder en derechos”.

Una involución que, como subrayó Antonio Gutiérrez en su discurso, ha denunciado insistentemente el movimiento sindical y, en especial CCOO.

Asimismo, el ex secretario general de CCOO criticó el pacto fiscal europeo que limita el déficit anual al 0,5% del PIB y que ha sido aprobado en el Congreso con los votos de PP, PSOE, CiU, PNV, UPyD y UPN. Un pacto al que definió como “un corsé que va a estrangular el crecimiento y hacer imposible el cambio de nuestro modelo productivo”. Pues recordó que ninguna economía ha superado una crisis sin inversión y déficit público y que lo aprobado en el Congreso va en la dirección opuesta. Destacó además que mientras los socialdemócratas alemanes han arrancado a Merkel algunos compromisos en favor de las políticas de crecimiento, los españoles han dado su voto favorable a una proposición no de ley que nada compromete al Gobierno.

Antonio Gutierrez concluyó su intervención en la clausura del Congreso mostrando su escepticismo ante el posible pacto de estado que se viene reclamando, pues según advirtió requiere de un gran combate democrático, fuerte, extensivo. “Un combate que sólo lo está manteniendo el movimiento sindical” con la soledad del corredor de fondo.

Por ello, insistió en que “la izquierda española y europea tiene que recomponerse, debe recuperar su credibilidad, ampliar su mayoría social. Consideró que no era el momento de los pactos de Estado, sino de la lucha, que ahora solo libran los sindicatos y a la que invitó a sumarse a los socialistas. “Porque, de momento, el combate, la lucha, la están dando los sindicatos, pero no pueden permanecer como Gary Cooper, solos ante el peligro durante mucho tiempo”.

POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS

El I Congreso Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1 de mayo, ha terminado ayer viernes 22 de junio con la intervención muy crítica de Antonio Gutiérrez respecto de los actuales procesos de respuesta institucional europea frente a la crisis y a los mercados, después de la cual, se aprobó una Declaración final que lleva por titulo "Por una salida social a la crisis", cuyo texto completo se puede encontrar en la web de la Fundación 1 de mayo (Declaración Final del Congreso) y cuyo resumen se transcribe a conitnuación a partir de la intervención de cierre de Rodolfo Benito al Congreso.

 La Declaración Final del Congreso celebrado en Madrid este jueves y viernes con la participación de 350 sindicalistas, expertos en economía, sociología y derecho del trabajo procedentes de una veintena de universidades españolas y europeas, afirma que “hay otra manera de salir de la crisis que exige una respuesta inmediata, tanto a nivel internacional, como europeo y español”, según explicó el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito.

En la presentación de la Declaración Final, que sintetiza las conclusiones del debate de alrededor de ochenta ponencias y comunicaciones presentadas en los ocho talleres de trabajo del Congreso, el secretario confederal de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, aseguró que es preciso “democratizar, mediante su regulación política la globalización financiera y globalizar los derechos sociales”, porque son los gobiernos democráticos y no los mercados financieros los que deben establecer los programas políticos.

“Consideramos necesario reactivar la recuperación mundial para el crecimiento y el empleo, que son políticas y planes de acción y no meros objetivos declarativos, que incluya compromisos para incrementar la inversión pública en la creación de empleo, la educación y la formación, especialmente de los jóvenes, así como el desarrollo de una economía más sostenible y unos servicios públicos de calidad”, señaló Rodolfo Benito.

“A tal efecto, se deberán adoptar medidas efectivas y vinculantes para regular el sector financiero, garantizar el control y transparencia de sus instituciones (BM, FMI), eliminar los paraísos fiscales e introducir de manera urgente una tasa sobre las transacciones financieras. Medidas que han de acompañarse de instrumentos de una gobernanza global democrática”, añadió.

Un nuevo Contrato Social para Europa

La Declaración Final del Congreso apuesta por una profunda reforma de las políticas e instituciones europeas: “Necesitamos una Europa política que ha de construirse sobre la base de un modelo social asentado en el Estado de bienestar” en la dirección propuesta por la Confederación Europea de Sindicatos en el denominado “Contrato Social para Europa”, que se sintetiza en: promover una mayor presencia pública en la economía; una fiscalidad común que permita la suficiencia financiera de los Estados e instituciones europeas y se convierta en un instrumento de redistribución de la riqueza; una política económica que recobre como primer objetivo el pleno empleo; restauración y reforzamiento de la negociación colectiva; servicios públicos y sociales de calidad y la reforma profunda de los Tratados de la UE, incorporando los derechos sociales y la democratización de las instituciones europeas.

Respecto a la situación de España, el Congreso propugna “un redimensionamiento del sector financiero” y, aprovechando la nacionalización de algunas entidades financieras, el establecimiento de una banca pública que se convierta en un factor decisivo para una política de crecimiento y de creación de empleo. “Apoyamos la propuesta sindical de negociar un gran Acuerdo Nacional por la reactivación de la economía y la generación de empleo que contemple medidas para una salida más justa y equilibrada de la crisis”, manifestó el secretario confederal de Estudios de CCOO y presidente de la Fundación 1º de mayo.

Además, el Congreso hizo público su apoyo a la propuesta de los sindicatos de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre unos recortes de derechos y servicios sociales que generan más desempleo y desigualdades y amenaza gravemente el bienestar presente y futuro de millones de ciudadanos.

Un nuevo modelo productivo

Otro de los temas que ha centrado los trabajos del Congreso Economía, Trabajo y Sociedad, y que se recoge en las conclusiones finales, ha sido la apuesta por un nuevo modelo productivo, es decir, el fortalecimiento y la ampliación del sector industrial y por una productividad basada en la innovación, y no, como se hace con la reforma laboral aprobada por el Gobierno, en la reducción de salarios y la precarización del empleo.

“Dicha reforma no sólo no ha frenado el aumento del paro sino que está desequilibrando radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la cobertura de la negociación colectiva, la intervención sindical y la tutela judicial) como en sus fines (bonificaciones para unos y despidos baratos, reducción de salario y peores condiciones de trabajo para los otros), al tiempo que se pretende invertir las responsabilidades de la crisis y culpar a sus víctimas”, explicó Benito, quien pidió su derogación y sustitución por una norma resultante del diálogo social que contribuya al crecimiento del empleo y garantice los derechos de los trabajadores.

Reivindicación del sindicalismo

El Manifiesto, finalmente, aboga por el fortalecimiento del Derecho del Trabajo, el diálogo social y la negociación colectiva y los sindicatos, desde la convergencia entre el pensamiento crítico y la acción sindical, para impulsar una alternativa a la actual hegemonía ideológica del pensamiento neoliberal.

“Este ha sido el objetivo de este primer Congreso, en el que investigadores universitarios, sindicalistas y profesionales de la economía, la sociología y el derecho del trabajo, hemos compartido análisis y debates en torno a los temas que ocupan y preocupan actualmente a trabajadores y ciudadanos (paro y crisis económica, cambio de modelo productivo, derechos y relaciones laborales, modelo social europeo), con objeto de aportar propuestas y alternativas que combinen el necesario rigor de la investigación académica con su posible incorporación a la estrategia colectiva impulsada por el sindicalismo”, resumió Rodolfo Benito.

OTRAS ALTERNATIVAS A LA CRISIS (UN DEBATE EUROPEO)

Encuentro europeo “Otras alternativas a la crisis” celebrado en el marco del I Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad” , organizado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO. En la foto, Philippe Pochet  y Antonio Baylos.

En el marco del I Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad”, organizado por la Fundación 1º de Mayo, se ha celebrado la conferencia europea “Otras alternativas a la crisis”. Este encuentro reunió a sindicalistas, expertos del mundo académico y de institutos europeos de investigación, así como a representantes de embajadas de diferentes Estados miembros de la UE, quienes debatieron, desde una perspectiva crítica, la respuesta que desde Europa se está dando a una crisis que supera ya los cuatro años de vigencia, y que conlleva la quiebra del modelo social y de las bases del propio Estado de bienestar que han sido la seña de identidad de una construcción europea basada en la democracia.

Ramón Baeza, director de Estudios Europeos de la Fundación 1º de Mayo, fue el encargado de inaugurar la conferencia y de moderar sus debates. En su intervención inicial advirtió que el proceso de integración europea atraviesa el periodo de mayor gravedad desde su nacimiento. A su juicio “la crisis ha puesto en evidencia las debilidades del modelo europeo vigente y éstas contribuyen a agravar los efectos de la crisis, en un círculo vicioso que es imperativo romper”.

En estos últimos cuatro años la UE ha pasado de tener la voluntad de ser un vector principal de la gobernanza de la globalización a transformarse en el mayor factor de preocupación para el G-20, como se ha demostrado en la reciente reunión celebrada en México.

La respuesta europea a la crisis, centrada obsesivamente en las políticas de austeridad y de control del gasto, ha demostrado ser ineficaz además de injusta. Sus resultados se concretan en recesión económica, incremento de la pobreza, la desigualdad y el paro. Además han roto equilibrios básicos sobre los que se ha cimentado el proyecto europeo, como un equilibrio entre centro y periferia o la existencia de importantes instrumentos de protección social.

En este sentido, el director de Estudios Europeos de la Fundación 1º de Mayo concluyó advirtiendo que “la respuesta europea a la crisis estaba afectando a la conformación del Estado y a la calidad de la democracia, apostando, en todo caso como alternativa, por la profundización de la integración política y económica de los Estados miembros”.

El diálogo social y los retos del sindicalismo a escala europea

Por su parte, Philippe Pochet, director del Instituto Sindical Europeo, centró su intervención en el análisis de las diferentes interpretaciones que de la crisis han realizado los más destacados académicos europeos. Abordó el estado del diálogo social a escala europea y concluyó apostando por un nuevo modelo productivo basado en “empleos verdes” y una economía basada en bajas emisiones de carbono.

Cécile Barbier, representante del Observatorio Social Europeo (Bruselas), alertó sobre un cierto “secuestro de la soberanía por los mercados”, que actúan directamente sobre las instituciones relegando a los ciudadanos a una posición marginal. Entre los ejemplos que citó destaca la trascendencia del “Six Pack” o las reformas constitucionales acometidas por ciertos Estados miembros.

Los profesores Joaquín Aparicio (Universidad de Castilla La Mancha), Andrea Lassandari y Umberto Romagnoli (ambos de la Universidad de Bolonia) reflexionaron sobre las diferencias entre las políticas de EEUU frente a la crisis de los años 30 (New Deal) y las europeas vigentes, así como la relación entre política y economía. Los tres coincidieron en que “el principal reto del sindicalismo en la actualidad se encuentra en acomodar su discurso y organización a una economía global”.

El encuentro concluyó con la coincidencia generalizada de que las políticas vigentes para salir de la crisis son ineficaces, injustas y suicidas para el proyecto europeo y los ciudadanos de la UE.

I CONGRESO ECONOMÍA, TRABAJO Y SOCIEDAD

Tras la sesión de tarde del miércoles, con la intervención de Sitiglitz, ha comenzado formalmente el I Congreso de Economía, Trabajo y Sociedad, con una larga sesión de apertura en la que han intervenido Javier López como Secretario General de la USMR-CCOO, Pepe Carrillo como Rector de la UCM, Rodolfo Benito como Presidente de la Fundación 1 de mayo y, para cerrar, Ignacio Fernández Toxo, en su doble papel de secretario general de CCOO y presidente de la CES.

Las dos últimas intervenciones han sido especialmente extensas y ricas en sugerencias y propuestas, y cuando de disponía el congreso a recibir la conferencia inaugural de Umberto Romagnoli, un aviso de bomba -que ha hecho a muchos de los asistentes recordad viejos tiempos - ha obligado a desalojar el Auditorio Marcelino Camacho. Como el protocolo de revisión de edificios ante avisos de bomba dura un cierto tiempo, se ha decidido suspender el inicio del Congreso y reenviarlo a las tres de la tarde, retrasando por tanto el inicio de los talleres de trabajo al menos una hora.

Así se ha realizado, y la intervención de Umberto Romagnoli  que estaba traducida al castellano y de la que disponían los participantes del congreso, se ha visto traducida sucesivamente - en forma flexible ciertamente - por Antonio Baylos. Un resumen de la misma se puede ver en la página web de la Fundación 1 de mayo, y el texto base de su intervención se publicará en el siguiente número de la Revista de Derecho Social.

Tras la conferencia inaugural se ha celebrado, como estaba previsto, una mesa redonda sobre los efectos de la crisis laboral sobre el mercado laboral. Han intervenido en ella Philippe Pochet, director del Instituto Sindical Europeo, que ha hablado de la crisis y de las reformas de las legislaciones laborales en los diferentes países europeos, Bibiana Medialdea, profesora de la UCM, que ha subrayado el impacto específico y negativo que la crisis tiene en la problemática de género, y, en fin, Antonio Baylos, que ha reflexionado sobre los cambios inducidos por la crisis en las estructuras de sentido del Derecho del Trabajo inserto en un marco legal y constitucional determinado como el español.

A partir de esta mesa redonda, se han iniciado los trabajos en las comisiones y grupos de discusión que han recogido las diferentes ponencias e intervenciones presentadas y ha permitido un intenso debate entre los participantes.

El Congreso organziado por la Fundación 1 de mayo, en el que colaboran el Instituto Sindical de Estudios, la Editorial Bomarzo y el diario digital Nueva Tribuna, continuará el viernes por la mañana, en sesión plenaria, con una mesa redonda sobre los problemas del Estado Social y su financiación en la crisis y una conferencia final de Antonio Gutierrez.

LA RUPTURA DE LAS CERTEZAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO LABORAL

Ha comenzado en Madrid el I Congreso "Economía, Trabajo y Sociedad", organizado por la Fundación 1 de Mayo, que se desarrollará a lo largo del jueves y el viernes en la sede de la USMR-CCOO, en la calle Lope de Vega. El Congreso se ha abierto con una conferencia de Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, precedida de una intervención de Ignacio Fernández Toxo sobre el papel del sindicato y los retos que afronta en medio del vendaval neoliberal que agrava la crisis para los trabajadores. El Congreso se desgrana en una serie de intervenciones - mañana la de apertura corre a cargo de Umberto Romagnoli - y hay toda una serie de comunicaciones a los distintos temas que marcan la discusión de este congreso, cuyo desarrollo se puede seguir en la página de la Fundación 1 de mayo. Una de ellas, a cargo de Joaquín Pérez Rey y de Francisco Trillo, profesores ambos de la UCLM, es la que se inserta a continuación como abstract o resumen del texto que se publicará completo en un monográfico editado por la Fundación 1 de Mayo. Ya verán por qué.

En un reciente libro, que pretende proporcionar salidas a la crisis al margen de la ortodoxia más cerrada de la austeridad, Paul Krugman afirma:

«No conozco ningún país cuyas instituciones y mercado laboral le faciliten responder a la situación que acabo de describir para España por la vía del recorte salarial generalizado. Pero los países sí pueden sufrir, y de hecho sufren, importantes disminuciones de sus sueldos relativos de forma más o menos repentina, por la vía de la devaluación de la moneda; y lo hacen con trastornos relativamente menores» .

A buen seguro este protagonismo que se concede al recorte salarial para afrontar los problemas económicos de nuestro país constituye una generalización muy discutible , pero no es la evaluación de éste diagnóstico el objetivo de estas líneas que se centran en averiguar hasta qué punto la reforma laboral de 2012 ha interiorizado el discurso de la «devaluación interna» y ha creado mecanismos para propiciarla. Hasta qué punto, dicho en otros términos, permite la legislación laboral el «recorte salarial generalizado» del que habla Krugman y, en no menor medida, cómo afecta esta dimensión devaluadora a las certezas constitucionales y contractuales que pivotan sobre el Derecho del Trabajo. Son estos los objetivos de estas breves líneas.

En los cambios jurídicos laborales que se suceden sin sosiego desde 2009 se observa el intento de acometer por la vía salarial lo que no es posible realizar a través de la política monetaria, esto es, procurar una reducción de costes que mejore la competitividad española frente a la de los países del exterior (a costa también de deprimir todavía más la demanda interna). Esta pretensión, no obstante, pocas veces se hace explícita en los textos reformadores y sus preámbulos y sólo de vez en cuando se expresa con franqueza , en una muestra más de este lenguaje deformado que nos invade y para el que la realidad constituye un estorbo (regularización de activos ocultos, préstamo en condiciones favorables, reformas estructurales, etc.).

La senda que el ordenamiento laboral ha elegido para propiciar esta devaluación interna también se denomina de forma fuertemente eufemística: flexibilidad interna. Este tipo de flexibilidad goza, por el momento, de un rostro amable que la presenta como una alternativa moderada a la extinción de los contratos de trabajo, a pesar, por cierto, de que esta última posibilidad no deja de ampliarse reforma tras reforma sumiendo al principio de estabilidad en el empleo en una profunda crisis. Este carácter pretendidamente alternativo de la flexibilidad interna contribuye a diluir sus verdaderas funciones que son como decimos las de otorgar instrumentos jurídicos que, contra viento y marea, frente a contratos y convenios, permitan operar sobre el coste del trabajo como factor preponderante de competitividad (pues parece obvio que en el contexto general de los recortes en el sistema de I+D+I la suerte de la competitividad se confía de forma errónea a los costes laborales).

La definición causal de algunas de las medidas de flexibilidad interna, como la movilidad geográfica o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, deja a la vista su propósito de servir a la competitividad: «cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad […]». Hay también en estas definiciones un intento adicional de limitar la capacidad de revisión judicial, si bien esta ulterior finalidad es en buena medida inoperante dadas las dificultades de todo orden, constitucional incluido, para limitar el control judicial a la mera verificación del componente causal sin ponerlo en conexión con la medida laboral adoptada tanto en términos de adecuación como de proporcionalidad en sentido estricto.

En pocas ocasiones, sin embargo y a nuestro juicio, la flexibilidad interna es sustitutiva de reestructuraciones de personal y en la reforma no pretende funcionar de este modo alternativo, al menos en todos los casos. Desde el momento, se insiste, en que las cortapisas legales al despido han sido a su vez fuertemente atenuadas generando una cierta capacidad empresarial de elegir entre las diversas medidas que la legislación laboral le permite, lo que determina que el espacio de separación más nítido entre la flexibilidad interna y la externa –que ni siquiera es por completo transparente dadas las amplísimas posibilidades del despido preventivo— sea el de las empresas sin problemas presentes o previsibles a las que se les permite únicamente ganar en competitividad actuando sobre las condiciones de trabajo, a diferencia de las empresas que puedan justificar en meros términos de razonabilidad alguna disfunción presente o futura, y a las que se les permitiría optar por cualquier forma de flexibilidad ya fuera ésta interna o de salida. La flexibilidad interna actúa de este modo en buena parte del tejido empresarial como un fin en sí misma, despojada de condicionamientos causales y de condicionamientos ontológicos. Una fórmula, en verdad, de propiciar ajustes fisiológicos en las condiciones de trabajo en empresas que no necesariamente atraviesan problemas y que permite la ansiada «devaluación interna».

 

No deja de resultar absurdo que el fomento de los ajustes por la vía interna se proclame con el mismo énfasis con el que se rechaza de forma contundente el control de oportunidad o de proporcionalidad en sentido estricto de las medidas extintivas. Únicamente cuando el despido se configura como medida de última ratio, la flexibilidad interna puede valorarse como alternativa real y dejar de presentarse como medida indiferenciada al otorgar a los órganos fiscalizadores cierta capacidad para pronunciarse sobre la existencia de medidas menos traumáticas, impidiendo que tal decisión sea exclusivamente empresarial. Por lo demás en determinados ámbitos, como el muy importante de las Administraciones Públicas, algunas de las medidas de evitación de extinciones lisa y llanamente se proscriben promocionándose con descaro el despido del personal laboral

Los cauces jurídicos de esta devaluación interna son principalmente dos (aunque no es posible pasar por alto que casi la totalidad de las medidas incorporadas por el RDL 3/2012 confluyen en la rebaja de costes laborales, bien sea a la hora de despedir o de contratar por la vía subvencionada y precaria del nuevo CAE): la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del art. 41 ET y el sistema de negociación colectiva, con el descuelgue del art. 82.3 ET como mecanismo sobrevenido y la estructura de la negociación colectiva como fórmula fisiológica.

Los propósitos devaluadores de la reforma lejos de ocultarse se patrocinan y se les dota de la mayor visibilidad posible, una especie de recordatorio a la empresa de que no tiene porqué descartar la rebaja salarial. Así la «cuantía salarial» se incorpora expresamente al elenco de materias del art. 41 ET y también al mecanismo general de descuelgue del art. 82.3 ET. Por su parte, y desde el punto de vista fisiológico antes anunciado, la estructura de la negociación colectiva se orienta incondicionalmente hacia la empresa con el propósito no disimulado de propiciar ajustes salariales estructurales. En este sentido la Memoria que acompañó al RDL 3/2012 no vacila en partir de un diagnóstico muy crítico del sistema de negociación colectiva para justificar la reforma: «El sistema de negociación colectiva vigente restringe enormemente las posibilidades del empresario para recurrir a mecanismos de ajuste respetuosos con el mantenimiento del empleo. Por un lado, el sistema genera incentivos para que los trabajadores de más antigüedad defiendan el statu quo a través de posturas muchas veces poco razonables». Advirtiendo, en cambio, que «la teoría económica también defiende los convenios más descentralizados, los de empresa, ya que tienen en cuenta las particularidades de cada unidad productiva. Este tipo de acuerdos parece más adecuado para la estructura atomizada de la economía española, en la que existen muchas pequeñas y medianas empresas. La negociación en niveles intermedios de centralización no ayuda al control de la inflación, ni permite adaptar las condiciones del convenio a las necesidades de la empresa». Así, insiste la Memoria, se impulsa la competencia como consecuencia de la prioridad aplicativa de convenios de empresa y la posibilidad del descuelgue, que favorecen especialmente a las pequeñas empresas. Hay que tener en cuenta que la composición de los representantes de las empresas en la negociación colectiva de convenios de ámbito superior al de la empresa podía influir, atendiendo a los intereses de diferentes grupos de presión, en la determinación de condiciones de trabajo que afectaran en distinta medida a diferentes tipologías de empresa, fundamentalmente atendiendo a su tamaño. Este potencial efecto distorsionador se elimina con la presente norma».

No se disimula, sino al contrario, el intento de hacer del Derecho del Trabajo un instrumento que supla las carencias de la política monetaria nacional y propicie la devaluación interna que sugiere una parte del pensamiento económico como salida a la crisis. Y la pregunta que el laboralista no puede dejar de hacerse en este contexto es si esta instrumentalización económica del ordenamiento laboral no va más allá de los equilibrios más básicos que vienen caracterizando a esta rama del Derecho y, en concreto, ¿es posible seguir hablando de contrato en un contexto en el que los elementos esenciales de la relación laboral, tales como el salario o la jornada, pueden ser alterados unilateralmente por el empresario? ¿En qué queda la eficacia vinculante del convenio en un contexto de descuelgue generalizado, en el que la norma colectiva se convierte en un elemento debilitado, una especie de queso gruyere agujereado desde distintos frentes? ¿Se puede privar a la autonomía colectiva de la capacidad de ordenar la estructura de la negociación colectiva reduciéndola a un grupo de presión disfuncional que amenaza a la PYME? ¿Qué lectura de la libertad sindical subyace a esta consideración?

Los interrogantes podrían multiplicarse pero en este momento el propósito es advertir que si el Derecho del Trabajo español concede la posibilidad de acometer un «recorte salarial generalizado» nuestras certezas jurídicas se topan con un viraje normativo que las pone en solfa y que nos obligan, por ende, a ir más allá de los aspectos concretos de la reforma e interrogarnos sobre el entero andamiaje institucional de nuestra disciplina (contractualismo frente a institucionalismo; autonomía colectiva frente hetereodirección; convenios vinculantes frente a pactos más o menos íntegros) y de su función estructural, pues es también discutible que sus finalidades tuitivas y componedoras del conflicto social puedan seguir considerándose inalteradas tras el cambio normativo de 2012, en el que la empresa y el modelo económico se anteponen sin disimulo al garantismo laboral como si el objeto de protección del Derecho del Trabajo ya no fuera el trabajador sino su contraparte: la empresa.

El Derecho del Trabajo se sumerge así en un estado líquido que exige la necesidad de volver sobre sus funciones y sus elementos institucionales irrenunciables, en un camino que, por extraño que suene esto en el seno de la UE, sólo cabe transitar con la ayuda de la norma internacional y algunos de sus corolarios como el trabajo decente, pues, sin que nadie hubiera sido capaz de preverlo hace unos años, esta noción se encuentra en la actualidad amenazada dentro de Europa o, al menos, en su periferia. Tal y como se acostumbraba a hacer durante el franquismo, donde para entender lo que sucedía no había más remedio que acudir a la prensa extranjera, ahora, y tras la debilidad que nuestra propia CE ha mostrado en su confrontación con la crisis económica (reforma del art. 135 CE), parece imprescindible reflexionar sobre el Derecho del Trabajo desde la dogmática renovada de los derechos sociales y su reconocimiento en los textos internacionales, los de la OIT incluidos.

No deja de ser un sarcasmo que lo que empezó apelando a la necesidad de refundar el capitalismo haya acabado refundando, al menos en nuestro país, el Derecho del Trabajo, alejándolo de sus propósitos niveladores y convirtiéndolo también en un instrumento de mercado.

CUMBRE SINDICAL EN PARALELO A LA DEL G-20 EN LOS CABOS (MÉXICO)

En paralelo a la Cumbre del Grupo de los 20 países económicamente más importantes de mundo (G-20), se ha organziado una cumbre sindical promovida por la Confederación Sindical Internacional en San José de los Cabos (México), durante los mismos días. Ésta cumbre es conocida como L20 - por Labour - y en ella el sindicalismo español está representado por Rodolfo Benito, Secretario Confederal de Estudios de CC.OO. y Presidente de la Fundación 1 de mayo.

El grupo de organizaciones sindicales de los países del G20 (L20) ha elaborado una declaración que se centra en la necesidad de que los líderes del G20 pongan en marcha un plan de crecimiento inclusivo, centrado en el empleo, la regulación del sistema financiero y la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras, un plan de acción del G20 y fondos para financiar la vivienda social.

 

Las organizaciones sindicales reclaman también la formalización del L20 y el B20 (grupo de organizaciones empresariales, Business 20) para mejorar la gobernanza y rendición de cuentas del G20, y una reunión conjunta de los Ministros de Finanzas y de Trabajo y Empleo del G20, además de acciones concretas para la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del G20 sobre empleo juvenil, con un mandato para renovar el trabajo del Grupo de Trabajo, que deberá informar a la Reunión de Ministros de Trabajo del G20 durante la Presidencia rusa del G20.

El movimiento sindical internacional ha advertido sobre una grave falta de coherencia entre las declaraciones previas de los Líderes del G20 respecto al empleo y muchas de las acciones adoptadas por los Gobiernos del G20, que están volviendo a hundir a sus economías en la recesión y destruyendo puestos de trabajo. La advertencia tiene lugar cuando el desempleo global afecta ya a 210 millones de personas, con 75 millones de jóvenes desempleados. La OCDE y la OIT estiman que deberán crearse 21 millones de puestos de trabajo cada año para volver a las tasas de desempleo previas a la crisis de aquí a 2015.

El L20 afirma que las medidas de austeridad en Europa, y la retirada prematura de las ayudas gubernamentales para impulsar el desarrollo, han hundido a la eurozona nuevamente en una recesión

"Si queremos que nuestras democracias sean seguras y nuestras economías vuelvan a mostrarse saludables, es necesario restaurar el optimismo y el contrato democrático que se ha roto en Europa y en el mundo entero. Los Líderes del G20 deben escuchar a sus ciudadanos. Hace cuatro años, al inicio de la crisis, el G20 dio muestras de su eficacia, pero ha ido perdiendo el contacto con la población", ha manifestado Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional.

"Los intereses egoístas de aquellos grupos que están sacando provecho de las actuales políticas quedan en evidencia. Es necesario que el sector financiero esté bajo control. Cuatro años después de estallar esta crisis, el mercado de valores sigue dominando las políticas económicas, impulsadas por las exigencias de la troika en Europa. Debería corresponder a los Gobiernos democráticos, y no a los mercados financieros, el establecimiento de la agenda para el crecimiento", comentó Sharan Burrow.

El texto del comunicado, que es extenso y que tiene análisis y propuestas de interés evidente, se puede encontrar en Declaración L20 de Los Cabos (junio 2012).

JORNADAS DE ESTUDIO EN ALBACETE SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES

La jornada de estudio: ‘La Reforma del Sistema de Relaciones Laborales’, ha sido inaugurada el 14 de junio en el salón de actos del edificio Polivalente de la UCLM en Albacete por los directores de la misma: el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Joaquín Aparicio; el director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO., Francisco José Gualda; y el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ)Jesús Rentero Jover. Son las míticas Jornadas de Albacete, que llevan ya 42 ediciones y cuyos contenidos se resumen a continuación.

Cerca de 300 participantes se han dado cita en este seminario de ámbito nacional, en el que toman parte profesionales de la judicatura, abogacía y universidad del conjunto de España. En su XLII edición, estas jornadas, que se desarrollan bajo la organización de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO y el Consejo General del Poder Judicial, se han convertido un referente en el ámbito de las relaciones laborales y en el panorama del análisis del Derecho del Trabajo, tal y como han señalado desde la organización.

La bienvenida al acto ha corrido a cargo de Joaquín Aparicio, quien ha destacado un año más carácter dinámico de las mismas, ya que los asistentes participan activamente en los debates que siguen a las ponencias . A continuación ha dado la palabra a Jesús Rentero y a Francisco Gualda. Este último ha señalado como objetivo del encuentro el de generar un punto de reflexión “sobre el alcance sustancial de esta fase de reformas en el ámbito del Derecho del Trabajo y en los sistemas sociales”,-dijo.

El turno de ponencias comenzó con el secretario confederal de Estudios de CC.OO., Rodolfo Benito Valenciano, realizando un análisis sindical sobre las reformas laborales, y continuó con la charla: ‘Reformas laborales y crisis económica’, a cargo del profesor de la Universidad de Valencia Juan V. López Gandía, que estuvo acompañado por la profesora de Derecho del trabajo de la citada universidad Mª Amparo Ballester, como moderadora de la charla.

La reforma de la negociación colectiva y de la Seguridad Social han sido dos temáticas que centraron la última parte de la mañana. En ellas han intervenido las profesoras de la UCLM Amparo Merino y Mª José Romero, junto a los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Manuel Ramón Alarcón y Jordi Agustí Julià, respectivamente.

El seminario se reanudó por la tarde a partir de las 17.00 horas con la intervención del magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Fernando Salinas, que expondrá el tema “Reforma del despido: aspectos sustantivos y procesales”. La misma estará moderada por el magistrado del TSJ José Luis Asenjo. Acto seguido tomará la palabra el magistrado de la Audiencia Provincial de Álava Edmundo Rodríguez para hablar de la reforma de la Ley Concursal, junto a él actuará de moderador el magistrado del Tribunal Supremo Bartolomé Ríos.

Las jornada se ha clausurado el viernes, 15 de junio, con un programa en el que han intervenido sin solución de continuidad, el profesor de la UCLM Antonio Baylos, que ha hablado sobre reforma de la flexibilidad interna en la empresa: funciones, jornada y salarios, acompañado como moderadora por la magistrada del Juzgado de lo Social de Barcelona, Mª del Mar Mirón, y la ponencia de la magistrada del Tribunal Supremo Mª Luisa Segoviano, en la que ha abordado la reforma de la contratación laboral, actuando como moderadora Maria del Carmen Piqueras, magistrada del TSJ de Castilla La Mancha.

La pervivencia de estas Jornadas y su reconocida fama hace que en las mismas se den cita un buen conjunto de juristas del trabajo – magistrados y abogados fundamentalmente, pero también profesores e investigadores – y un nutrido grupo de sindicalistas. La tremenda crisis en la que se encuentra sumido el derecho del trabajo, y los objetivos perseguidos por el RDL 3/2012 han marcado en esta ocasión los debates, como siempre muy vivaces, y el compromiso en una re-escritura de la reforma que impida los daños más acentuados que esta regulación legal puede llevar consigo, y que se base tanto en la reconfiguración de la negociación colectiva como en el fortalecimiento de la interpretación judicial basada ante todo en el garantismo constitucional que debe preservar el goce efectivo de los derechos fundamentales.