MANIFIESTO POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS

Mientras el titular del blog amigo Metiendo Bulla pasa una larga temporada en Granada, activando células durmientes para la salida social a la crisis, en el resto del Estado español se suceden los escándalos financieros, se asegura la irresponsabilidad de los administradores de los bancos y cajas saqueadas y se comprometen miles de millones para reparar este desaguisado. El gobierno aparece cada día un poco más desorientado, salvándose sólo de su incoherencia la retahila de la herencia recibida y de las reformas emprendidas, con evidente delectación en la demolición de los derechos laborales y los recortes sociales. Las Comunidades Autónomas más afectas al plan neoliberal ejecutan con brío cada semana un nuevo plan de recortes y preparan unos presupuestos autonómicos de rigor y de desdicha para trabajadores, empleados públicos, ancianos, jóvenes y otros sectores débiles de la población. Se ha prescrito exterminar al sector de la minería y hacer de ello un nuevo elemento de excelencia en la gestión frente a la crisis. Los mineros están protagonizando desde hace una semana un conflicto frontal en el que además son hostigados y agredidos por unas fuerzas de orden público alineadas explícitamente con la defensa del poder económico y político frente a los derechos de los trabajadores. Los medios de comunicación, que tantas imágenes de violencia exterior suministran, son incapaces de enseñar las violentas acometidas de la policía contra los manifestantes y los huelguistas. El conflicto de la minería se presenta, por el contrario, como el enfrentamiento de los mineros y de sus sindicatos contra el gobierno de izquierdas asturiano, sin que alguien recuerde que es el Estado quien ha decretado el fin de esta actividad y el agotamiento del trabajo en las minas. 

En ese contexto, cada día más agresivo para la democracia, se va a celebrar en julio una cumbre social de la que nadie sabe aún cuáles son sus objetivos. Nadie sabe qué es lo que los gobiernos están negociando, de espaldas a los sindicatos. Sabemos la agresividad de los empresarios en el plano internacional, que se ha manifestado en la Conferencia de la OIT negándose a conocer las más graves violaciones de los derechos sindicales en varias partes del mundo. En Europa no necesitan aparecer como sujetos que actúan, porque su personalidad e intereses están perfectamente representados por los gobiernos y las instituciones reguladoras de los mercados financieros. 

Por eso es oportuno el manifiesto que se transcribe a continuación. Un MANIFIESTO POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS que expresa, de forma muy sintética, elementos políticos importantes que exigen un cambio en profundidad. Su texto es el siguiente.

Manifiesto ‘Por una salida social a la crisis’

Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.

No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:

• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo  del rescate de bancos e indemnización de banqueros.

• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.

• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.

• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.

Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.

En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.

Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.

A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.

Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.

Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.

Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales.

Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.

Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.

Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.

Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama,  y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.

Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.

Hay alternativa, construyámosla, exijámosla.

Para firmar el Manifiesto, clicar aqui.