Se publicará en el diario digital Nueva Tribuna este artículo de Enrique Lillo y Antonio Baylos que pretende hacer un análisis del camino extraviado que está siguiendo la CEOE renunciando a una acción autónoma en el plano de las relaciones laborales que se oriente hacia el diálogo social, a cambio de obtener cambios legislativos y de esperar en decisiones jurisprudenciales que les sean propicias a la conformación de un poder unilateral no contrastado en la gestión de las relaciones de trabajo. El texto se publica ahora como primicia de este blog, a la espera por tanto de poder suministrar a los lectores del mismo la referencia en la página de NT.
En un artículo publicado en Nueva Tribuna, Nubarrones sobre la negociación colectiva el catedrático de la
Universidad de Sevilla y Presidente de la Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), Jesús
Cruz Villalón, ha alertado sobre la situación en la que se encuentra la
negociación colectiva, transcurrido más de un año de la última reforma legal
del Partido Popular. Para el autor, hay tres factores muy preocupantes. En
primer lugar, la alarmante devaluación salarial que se ha operado en los
convenios, que han reducido de forma espectacular los salarios en ocasiones
incluso en términos absolutos. A continuación, la drástica reducción que ha
experimentado la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Son muy pocos
los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, frente a la
característica de nuestro sistema negocial de ofrecer una alta cobertura entre
el 70 y el 75% de la población
asalariada. Esto significa que una gran parte de los trabajadores no ven
reguladas sus condiciones de trabajo por convenio, y esta exclusión no depende
de los mecanismos legales de inaplicación del mismo (descuelgue salarial y
modificación de otras condiciones laborales) sino de la pura y simple exclusión
del mecanismo de negociación. Por último, la baja apreciación social que
sindicatos y asociaciones empresariales tienen según las encuestas de opinión
entre la ciudadanía. Estos tres factores ponen en peligro las prácticas de
negociación que se han ido construyendo y estabilizando en nuestro país desde
los años 80 del siglo pasado y pueden lesionar gravemente la médula del sistema
de contratación colectiva en el futuro.
El gobierno de las relaciones
laborales debe regirse por un principio de diálogo social, pero éste está
siendo rechazado por el asociacionismo empresarial. La CEOE-CEPYME ha firmado
en dos ocasiones durante la crisis acuerdos
de importancia con el sindicalismo confederal que han sido posteriormente
ignorados - y negados en sus líneas
fundamentales – por la acción legislativa del gobierno. La asociación patronal
no ha defendido el contenido de lo que había pactado con los sindicatos, al
contrario, se ha desembarazado de ellos considerándolos apenas firmados como
papel mojado y ha abrazado con entusiasmo la vía de la reforma legal que
devastaba el espacio de los derechos laborales individuales y colectivos. A su
vez se ha negado a avanzar en la negociación colectiva, para forzar una
devaluación generalizada de salarios y de condiciones de trabajo como condición
de la realización del acuerdo. Ha preferido establecer a partir de la ley una
posición de ventaja que haga retroceder las posiciones sindicales a momentos
pre-democráticos y a utilizar en las relaciones laborales concretas la presión
que le da un poder unilateral casi ilimitado por la situación de paro masivo.
En su auxilio también cuenta la inacción provocada de la Inspección de Trabajo
en la denuncia y sanción de situaciones en las que se expresa un modo asiático
de gobierno de la prestación laboral.
Un momento especialmente crítico
es el que ha marcado el plazo final de ultra-actividad de los convenios
colectivos por mandato legal. Antes del verano UGT y CCOO y la CEOE-CEPYME
decidieron negociar un Acuerdo Interprofesional en el que prorrogaran el
contenido de los convenios colectivos ya extinguidos en un nuevo plazo hasta
lograr la conclusión de los que, en número muy alto, estaban pendientes. Sin
embargo el acuerdo no se está emprendiendo porque la CEOE pretende obtener un
fallo judicial que reconozca la pérdida de vigencia total de los contenidos de
los convenios colectivos denunciados sin que se haya llegado a un acuerdo,
incluso aunque el convenio colectivo en cuestión haya estipulado la prórroga
del mismo hasta que se alcance un acuerdo que lo sustituya. Esta
ultra-actividad fijada en el convenio ha sido avalada por una amplia
jurisprudencia a partir de una decisiva sentencia de la Audiencia Nacional.
Pese a ello, la CEOE no quiere negociar. Y no quiere negociar porque, como en
conversación privada afirmó un importante director técnico de aquella
organización, esperan ganar el tema en la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, de forma que sea este Tribunal el que “ponga a cero el contador” de
los derechos. El comentario exacto del dirigente empresarial es muy
significativo: “Tenemos comprometidos los votos de los magistrados, ganamos por
uno. La reforma laboral la validará el Constitucional, el fin de la
ultra-actividad, el Supremo. ¿Para qué necesitamos negociar?” (Fin de la cita)
Al margen de las interpretaciones
que puede sugerir el hecho que un alto dirigente empresarial hable de “votos
comprometidos” de magistrados del Tribunal Supremo, lo relevante políticamente
es que la CEOE rechaza lo que constituye su razón de ser como agente en las
relaciones laborales, la negociación colectiva. Hace valer sus intereses fuera
del proceso de intercambio con los representantes de los trabajadores, agarrada
a la ley y a la decisión judicial. Es una actitud que daña al sistema de
negociación, ciertamente, pero también a la imagen del empresariado como agente
del sistema de relaciones laborales. La representación empresarial renuncia en la práctica a ser agente social
autónomo a través del intercambio con los sindicatos de trabajadores en una
relación contractual colectiva. Y ello lesiona de manera segura a la dinámica
de esta institución que es imprescindible en un sistema desarrollado de
relaciones laborales.
Es posible que esta postura de la
CEOE se base en la convicción absoluta
en que no va a haber en el futuro inmediato una modificación del régimen legal
laboral impuesto con la Ley 3/2012, mostrando una confianza robusta en la
permanencia en lo fundamental de las normas que avalan la situación presente.
Sin embargo, es posible que en un plazo relativamente breve – pongamos el 2015
– se produzca un cambio político en el que se vuelva a reformar la ley laboral
y que este proceso implique una actividad de promoción de la negociación
colectiva por parte de la norma legal en un sentido inverso al que se da
actualmente. La norma estatal podría acentuar sus perfiles imperativos en los
elementos clave de la relación salarial y de empleo como norma mínima, que la
negociación colectiva desarrollaría y ampliaría, pero que debería asimismo
respetar en su regulación concreta en la empresa y en el sector. Sería una
norma de promoción colectiva, no de sustitución del sistema de negociación por
un sistema de empresa pre-ordenado por la voluntad unilateral del empresario. Y
previsiblemente este cambio de perspectiva se acompañaría del desarrollo y el
fortalecimiento a través de la ley de nuevos derechos de información y de
consulta, junto con fórmulas de co-determinación en la empresa, que serían asimismo funcionales a este mismo
fin.
¿Cuál sería entonces la reacción
de la CEOE ante un esquema normativo de este tipo? No podría rechazar el nuevo
rumbo legal ni tampoco podría considerar extraño que se impusiera un esquema de interlocución
con el poder público basado en una relación preferente con los sindicatos, sin
excluir naturalmente a los empresarios del proceso de consultas de las
políticas sociales, pero no considerando imprescindible su consenso sobre los
ejes centrales del cambio normativo. A fin de cuentas, la CEOE no quiere
negociar hoy porque está segura de que el marco legal actual y su
interpretación jurisprudencial aseguran su predominio y profundizan la asimetría
de poder en las relaciones laborales por un largo período, con independencia
del grupo político que gestione el gobierno de las cosas. Sobre esa convicción
ha abandonado el camino del consenso para legitimar las políticas sobre las
relaciones laborales. Pero puede ser un camino extraviado. Nosotros sin embargo
pensamos, como el autor clásico, que “todo lo sólido se desvanece en el aire, todo
lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar
serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”. Y
que lo comprobaremos en breve plazo.
[1] Antonio
Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla – La
Mancha, y Enrique Lillo es abogado del Gabinete Interfederal de CC.OO.
1 comentario:
Vaya!, una vez más la CEOE demuestra que se sitúa en posiciones pre-democráticas, mostrando una soberbia inusitada que lleva a su cuerpo directivo a afirmar que tiene "controlados" tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional.
Si con posterioridad se confirmara este asalto de la CEOE, habrá que acudir a instancias europeas para que sigan poniendo algo de orden en casa. Eso sí, con un mensaje claro de la situación de progresiva pérdida de democracia a la que estamos asistiendo en esta zona geográfica del planeta.
¿Habrá alguna reacción de los llamados en causa?
Enhorabuena a los autores por dibujar con tanta precisión el rostro del poder económico-empresarial.
M. Xirgu
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