La corrupción en diferentes
formas y niveles ha cobrado un protagonismo enorme en la conciencia de la
opinión pública. Hay una reformulación de propuestas éticas como eje de una nueva
institucionalidad política. A continuación se inserta un documento de trabajo
que se está discutiendo en el movimiento Guanyem
Barcelona en el contexto de una definición de la administración local
de las ciudades como un gobierno que obedece a sus ciudadanos. El texto no es muy conocido fuera de este espacio
político, pero representa posiblemente un estado de ánimo muy extendido entre
la ciudadanía. En un momento posterior se integrarán algunos comentarios al mismo,
en especial a su último apartado, pero por el momento, conozcamos el texto.
Bibliografia
Este documento ha sido redactado por Guanyem Barcelona a partir de material escrito y debates sobre
código ético y municipalismo realizados a lo largo de dos meses en un espacio de
confluencia con diferentes fuerzas políticas. Para la redacción de este texto
se han utilizado documentos diversos aportados por compañeros y compañeras de:
Para un nuevo código de ética política
En los últimos años ha crecido de manera exponencial la percepción de que
existe una distancia insalvable entre las élites políticas profesionales y la
ciudadanía. Las causas de este fenómeno son numerosas: la denuncia sistemática
de casos de corrupción ligados a la financiación de los partidos, la
utilización de los espacios institucionales como fuente para la acumulación de
privilegios, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, la reducción de las
elecciones a un simple mecanismo de delegación de responsabilidades cada cuatro
años.
Esta realidad ha extendido la indignación entre una ciudadanía que percibe
que la política sirve básicamente para hacer dinero y que es el dinero el que
controla la política. El descrédito está tan extendido que incluso los mismos
que han provocado la actual situación han empezado ya a hablar de regeneración
democrática y de la necesidad de generar nuevas formas de hacer política.
Últimamente, el PP ha decidido utilizar la excusa de la regeneración para
llevar a cabo reformas que sólo buscan debilitar los espacios legítimos de
representación y de participación directa de la ciudadanía, dejar la
financiación de la política en manos de los grandes grupos privados y
convertirla en una actividad reservada exclusivamente a los que tienen
suficiente dinero y patrimonio.
Una candidatura que quiera gobernar y transformar la ciudad debe denunciar
esta estrategia. Y, al mismo tiempo, debe abrir una discusión crítica, que
atienda a la complejidad y carente de demagogia, sobre lo que deberían ser las
nuevas formas de hacer política.
En estas jornadas queremos reflexionar sobre algunos temas básicos que nos
permitan avanzar en una propuesta de confluencia: la fiscalización y el control
democrático de la política; su financiación; los problemas y las exigencias
derivadas de su profesionalización. No nos proponemos tratar ahora todas las
cuestiones que este reto conlleva (como por ejemplo, los mecanismos de
elaboración de listas u otros). Es un proceso que estamos iniciando.
1. Democratización de la
representación política, fiscalización y rendición de cuentas
Muy a menudo las elecciones funcionan como una forma de delegación de la
actividad política en unas élites que se acaban perpetuando y separando de los
intereses reales de la sociedad. Cuando esto ocurre, el voto se limita a ser
una herramienta de ratificación o de impugnación de un ciclo político, pero no
permite a la ciudadanía verificar de manera continuada y desde abajo hacia
arriba lo que hacen sus representantes.
Para superar esta realidad, se debe abandonar la idea de que unos nuevos
representantes lo harán todo bien por simple virtud moral. Ganar no puede ser
delegar el poder y la soberanía en unas nuevas élites. Una candidatura
democratizadora debe plantear medidas concretas que aseguren una gestión
transparente, con mecanismos eficaces de rendición de cuentas y con espacios
reales de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Para alcanzar este objetivo, evidentemente, no podemos partir de la
creencia idílica en una ciudadanía dispuesta a implicarse las 24 horas del día
en los problemas comunes. En una sociedad con una división desigual del trabajo
asalariado, voluntario y de cuidado, los mecanismos de fiscalización y de
participación deben ser razonables y estar al alcance de todos. Los
representantes políticos deben poder realizar su tarea con eficacia, pero deben
estar obligados a rendir cuentas y a someterse a la supervisión ciudadana y de
otros espacios institucionales. Por su parte, la ciudadanía debe tener derecho
a fiscalizar la gestión pública y a intervenir en sus posibles desviaciones sin
necesidad de mantener un estado permanente de movilización.
En realidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación
ciudadana pueden verse no sólo como mecanismos de control sino también de
protección de los representantes. Desde esta perspectiva, la implicación y la
corresponsabilidad ciudadana reducen la capacidad de otros poderes no
democráticos para presionar sobre los representantes institucionales y
condicionar las políticas públicas a favor de sus intereses.
Estamos convencidas de que existen muchas formas sostenibles de garantizar
un control sostenido de los representantes electos, una mayor transparencia y
una participación ciudadana en los asuntos públicos mucho más amplia y efectiva
que la que existe actualmente.
Así, por ejemplo, los cargos electos y de libre designación deben
comprometerse:
– A facilitar todos sus ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales, así
como todos aquellos datos necesarios para la elaboración de auditorías
ciudadanas.
– A hacer públicas sus agendas, para hacer visible con quien se reúnen y
para protegerlos ante las presiones de los lobbies.
– A rendir cuentas periódicamente de sus actuaciones en asambleas de barrio
abiertas a toda la ciudadanía.
Una candidatura que se proponga transformar la ciudad también tiene que
establecer, como mínimo, mecanismos digitales y presenciales que permitan a la
ciudadanía:
– Censurar (y revocar, en su caso) a concejales y cargos de libre
designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado
del programa.
– Participar en la toma de decisiones relevantes como los acuerdos postelectorales
o la realización de grandes proyectos urbanísticos y de infraestructuras.
– Finalmente, y para evitar prácticas como las de las puertas giratorias,
los miembros de una candidatura deben comprometerse a no acceder, durante un
periodo de al menos 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas,
reguladas o supervisadas en virtud de las funciones que el cargo confería, y
durante 10 años a los consejos de administración.
2. Financiación, transparencia y
gestión de los gastos
El modelo de financiación de los partidos es fundamental para determinar
quién puede llegar a las instituciones y con qué independencia.
Actualmente el sistema legal de financiación de los partidos permite
obtener recursos de dos fondos principales: la financiación proveniente de las
arcas públicas derivada de la presencia institucional (votos y cargos); y la
financiación privada (derivada de donaciones, créditos o préstamos, cuotas de
la militancia y aportaciones de los cargos públicos del partido a partir de sus
sueldos).
Según entidades sociales como Cuentas Claras, este modelo es excesivo, ya
que no se establecen topes máximos al importe global de las subvenciones
públicas; y excluyente, ya que se privilegia en exceso a los partidos con
representación, en detrimento de los que a pesar de obtener una cantidad
considerable de votos no obtienen ningún escaño.
Como han demostrado los casos Bárcenas, Millet, Pallarols, Mercuri, Pujol
(o antes, Filesa) muchos partidos han recurrido a la financiación irregular
para garantizar su crecimiento político, para pagar estructuras organizativas y
campañas electorales exorbitantes o con un fin de enriquecimiento personal de
sus miembros.
Otros, por su parte, han tenido que pedir créditos a entidades financieras
que conllevan una dependencia excesiva de ciertos bancos y que coartan la
independencia de sus actuaciones políticas (según los últimos datos del
Tribunal de Cuentas, los partidos deben 275 millones a las entidades de crédito
y según el mismo informe, el valor patrimonial de 17 formaciones es negativo).
Una candidatura que se proponga hacer política de otro modo ha de acabar
con estas prácticas. Para ello, es fundamental defender una financiación
pública suficiente que asegure la independencia de las formaciones políticas
frente a los grandes grupos económicos. Asimismo, se debe otorgar un mayor peso
a la autofinanciación mediante cuotas de simpatizantes, pequeñas donaciones,
micromecenazgo, bonos o préstamos personales.
Para alcanzar este objetivo, es importante discutir las siguientes medidas:
– Una apuesta clara por una limitación drástica del gasto en campañas
electorales.
– La renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de
particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura.
– La publicación de datos desagregados que expliquen qué administraciones
contribuyen, de donde provienen las donaciones, cuál es el gasto que genera el
grupo municipal, etcétera (esta transparencia, de hecho, debería exigirse
también a las empresas y los sindicatos).
– Un compromiso claro con el micromecenazgo finalista, es decir, el pequeño
mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas.
– La introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso
de financiación irregular.
Actualmente, muchas fuerzas minoritarias que no tienen vínculos directos
con los grandes poderes económicos se financian no sólo a través de
aportaciones de sus afiliados o simpatizantes, sino también mediante una parte
del sueldo de cargos públicos y eventuales. Es importante abrir una discusión
sobre el destino de ese dinero: si debe ir destinado a pagar campañas
electorales, a reforzar la propia actividad política, a apoyar a movimientos y
entidades sociales, etcétera.
3. Profesionalización de la política, supresión de
privilegios y medidas contra la corrupción
Una candidatura que se proponga gobernar la ciudad debe llevar a las
instituciones a personas capaces de hacer bien su tarea y de ponerse al
servicio de la ciudadanía. No puede ser que haya cargos electos o eventuales
que hagan de la política institucional una profesión desvinculada de los
intereses de la ciudadanía. Una excesiva profesionalización de la política, y
la creación de carreras políticas, puede ser un fenómeno patológico que termina
degradando la democracia.
Un fenómeno así, de hecho, es la causa de muchos males públicos: impide la
renovación de personas y de ideas en la gestión de lo que es común, aumenta la
dependencia de los movimientos políticos y sociales respecto de sus
representantes institucionales y favorece la generación de verdaderas castas
alejadas de la ciudadanía.
Una candidatura transformadora debe ser capaz de encontrar un equilibrio
entre estos dos elementos:
– Debe reconocer, por un lado, que las instituciones son maquinarias que no se
transforman si no se conocen y que esto exige tiempo, experiencia y saberes
técnicos específicos.
– Pero también debe tener clara la importancia de la rotación de cargos, de la
renovación de caras y de ideas y de la conveniencia de descansar de la función
institucional.
Junto con los mecanismos de fiscalización y control institucional y
ciudadano ya mencionados anteiormente, una limitación razonable de mandatos
puede contribuir a evitar una perpetuación indeseable en la política
institucional, sin necesidad de malgastar la experiencia y el conocimiento
institucional que cualquier proyecto de transformación exige.
No es fácil determinar cuáles deberían ser exactamente estos límites:
– Hay quien considera que basta con mandatos de ocho años para concejales y
cargos de libre elección.
– Hay quien cree que estos límites podrían extenderse, en casos excepcionales
(o mediante un referéndum abierto a los simpatizantes), durante un mandato más,
hasta llegar a los doce años.
– También debería pensarse si, una vez agotado este tiempo máximo, la
experiencia de estas personas podría aprovecharse en otros espacios
institucionales o si habría llegado la hora de tomarse un descanso, al menos
temporal.
Lo que es cierto, en todo caso, es que una práctica política institucional
que no se eternice facilita el retorno de las personas que hayan participado a
sus ocupaciones laborales anteriores, de las que habrán estado desconectadas
menos tiempo. El problema es que no resuelve el reto de fondo del retorno a la
vida profesional una vez finalizada la etapa de dedicación a la política
institucional.
Ser concejal o alcalde puede dificultar o favorecer el reciclaje o la
actualización profesional. Además, no siempre se puede retomar una vida
profesional cuando se acaba la función pública, o porque no se tiene o porque
se llevaba tiempo sin empleo remunerado. Por ello, junto a medidas como la
incorporación de límites estrictos a la ley de incompatibilidades que impidan
las puertas giratorias, también se debe considerar la necesidad de que los
cargos electos tengan derecho al paro.
Estas consideraciones permiten ligar la cuestión de la profesionalización
con la de los sueldos:
– La remuneración digna y justa de los representantes ha sido una conquista
democrática histórica, ya que permite que todos puedan dedicar tiempo a las
funciones públicas y no sólo los que tienen suficiente dinero o patrimonio.
– Por otra parte, unos ingresos exorbitantes pueden comportar privilegios
inaceptables que alejen a los cargos públicos de la realidad y que estimulen
una indeseable perpetuación en la función pública.
En los últimos años, el debate sobre la limitación de sueldos ha acaparado
buena parte del debate sobre la “nueva política”. El PP, una vez más, lo está
convirtiendo en uno de sus principales argumentos para la “regeneración de la
política”. Así, está planteando de manera demagógica reducciones extremas de la
financiación pública de cargos y partidos, con el objetivo de que el sistema de
representación acabe dependiendo de los grandes intereses económicos. En
Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal impulsó la eliminación de los
sueldos de los diputados, de manera que los electos sólo cobran dietas por
asistencia a plenos y comisiones. En muchos ayuntamientos, los alcaldes del PP también
están reduciendo el número de concejalas y concejales con dedicación exclusiva,
perjudicando a las fuerzas con menos representación.
También aquí una candidatura que quiera gobernar y transformar la ciudad
tiene que encontrar un punto de equilibrio:
– Las retribuciones deben reflejar, ciertamente, las responsabilidades asumidas
y deben permitir que las personas con hijos o con otras personas a su cargo
también se puedan dedicar a la actividad política.
– Pero eso no justifica que muchos concejales ganen entre 5.000 y 7.000 euros
brutos al mes, mucho menos cuando una parte importante de la población está en
paro o cobra poco más que el salario mínimo interprofesional.
Es verdad que muchas concejalas y concejales destinan parte de este sueldos
a mantener o promover sus partidos o a dar apoyo a entidades y movimientos
sociales. Y es verdad, también, que estas aportaciones pueden llegar al 25 o al
30% de sus ingresos. Sin embargo, una candidatura transformadora debería ser
capaz de alcanzar diferentes objetivos al mismo tiempo:
– Garantizar condiciones dignas de ejercicio de la función pública.
– Erradicar privilegios.
– Evitar la acumulación innecesaria de cargos.
Desde esta perspectiva, parece de sentido común plantear:
– Que los concejales de una candidatura transformadora no dupliquen sueldos y
remuneraciones.
– Que si una persona percibe una retribución, no puede cobrar por asistir a
reuniones, como ocurre ahora.
Asimismo, deben idearse fórmulas para evitar el absentismo (como sanciones
económicas internas) así como un sistema transparente de compensaciones
económicas para los gastos de transporte y alimentación ocasionados por el
ejercicio de sus funciones.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, y que el costo de vida en
Barcelona es más alto que en otros lugares, no es fácil establecer los límites
a lo que un cargo electo o eventual debería ingresar por su labor. Se han
propuesto diferentes criterios de referencia, como el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI, 641 euros en España) o el Salario Medio Bruto (SMB, 1700
euros en Cataluña). Lo que pasa es que ambos se encuentran entre los más bajos
de Europa: en Francia, el salario mínimo son 1.430 euros; en Irlanda, el
salario medio son 2.600 euros y en Alemania 2.574 euros, por poner algunos
ejemplos). También se plantea como referencia la mediana del sueldo y la
posibilidad de establecer las retribuciones a partir de una escala salarial de
1 a 3.
Hay quien considera que, en un contexto de paro y de precariedad elevados,
unos 1.600 euros netos (2,5 Salarios Mínimos Interprofesionales) más
compensaciones por transporte y alimentación sería una cantidad razonable para
desarrollar correctamente tareas de gestión o de gobierno. Hay quien considera,
en cambio, que todas las compensaciones deberían formar parte del sueldo y que
el trabajo institucional debería equipararse a otros trabajos con
responsabilidades similares. Así, por ejemplo, una concejala debería poder
vivir con lo mismo que un director de instituto, es decir, alrededor de unos
2.600 euros netos.
En cualquier caso, sería importante que cargos electos y eventuales:
– No dupliquen funciones de manera innecesaria.
– Hagan público su patrimonio anual.
– Renuncien a los regalos o privilegios que se les puedan ofrecer por su
condición y que puedan significar un trato de favor.
También se debe prohibir que los políticos procesados por delitos de
corrupción con penas de tres años o más puedan formar parte de listas
electorales.
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