EL PACTO EUROPEO CON GRAN BRETAÑA

Enfangados como estamos en España con los pactos de investidura y la incertidumbre sobre los pactos de gobierno – de lo que tendremos ocasión de hablar siguiendo el curso de las cosas – no se ha atendido suficientemente a uno de los últimos hechos que demuestran la deriva inaceptable que está emprendiendo la Unión Europea en una carrera cada vez más acelerada hacia su desintegración. Se trata, obviamente, del acuerdo que han cerrado los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con el Reino Unido, mediante el cual, como ha recalcado Cameron, ha obtenido un “estatus especial en la Unión Europea”.

El acuerdo le debería permitir al premier ganar el referéndum de 23 de junio, al poder presentar al país un acuerdo especialmente ventajoso para la Gran Bretaña que le permite aprovechar del sistema económico de ésta lo que le interesa y rechazar las cargas sociales y políticas de la UE junto a los aspectos económicos que le desagradan.

Ante todo – y como ha subrayado en su editorial de L’Humanité su director Patrick Le Hyaric- es bien significativo que la UE esté dispuesta a generar una excepción en el tratamiento monetario, económico y social a Gran Bretaña mientras se ha negado a hacer lo propio con Grecia, que pretendía una inflexión democrática y social de las políticas europeas en términos muy razonables, y que aplica con extrema rigidez sus exigencias a Portugal, España o incluso Italia, que deberá reducir en más de 60.000 millones sus presupuestos en dos años. Gran Bretaña es el país de la desregulación plena y el eje central de la financiarización de la economía que ha alimentado esta espiral de endeudamiento público para salvar un sistema bancario especulativo y depredador, y por eso mismo ha sido premiado. Constatar la naturaleza antidemocrática de Europa en este punto es la primera constatación que debe hacerse.

Según el acuerdo, y de manera sintética, Gran Bretaña permanece fuera del Acuerdo Schengen y por tanto impide y controla la libertad de movimientos de los ciudadanos europeos, negando un elemento central de la ciudadanía de la Unión a la que sin embargo pertenece. Queda exonerada de participar en los trabajos para preparar una tasa a las transacciones financieras que desde luego no está dispuesta a aplicar a las que efectúe la City, y tampoco se le aplicará las disposiciones del pacto de estabilidad monetaria. Contribuye sensiblemente menos al presupuesto europeo de lo que exigiría su extensión geográfica y su población. No forma parte de la Unión Bancaria europea y por tanto está exenta de la obligación que ésta impone a la banca de tener un nivel determinado de fondos como forma de “segurizar” su responsabilidad. El Consejo europeo ha aceptado – y este es el dato que más se ha conocido – que Gran Bretaña deniegue el acceso a las prestaciones sociales derivadas del trabajo a aquellos ciudadanos europeos que residan en el país, durante un plazo de cuatro años. Es un tratamiento discriminatorio de libro, que contraria una larga jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero que ha sido aceptada con alegría por los dirigentes de las naciones cuyos nacionales van a ser discriminados en Gran Bretaña, que viola así, con permiso, un derecho fundamental de los ciudadanos europeos reconocidos en la Carta de Derechos con el mismo valor que los Tratados fundacionales. Si el precio de la integración es la abolición de derechos fundamentales de los trabajadores, no es de extrañar que, con el ascenso de la extrema derecha en los países del centro y del norte de Europa, esta sea una línea de desarrollo futuro en esos países.

Gran Bretaña no quiere estar en la zona euro, manteniendo su divisa, la libra esterlina. Pero a partir de ahora participará en las decisiones de los países de la zona euro para incidir en su política monetaria y, dicho sea de paso, defender la especulación financiera de la bolsa de Londres. La utilización de esta política monetaria en un sentido claramente antisocial se verá reforzada por la intervención de un país que sin embargo rechaza cualquier intervención sobre su soberanía en su divisa. Naturalmente esta actuación británica culmina en el ofrecimiento de la consolidación de un gran mercado transatlántico sobre la base de instrumentos muy cuestionados, pero por lo mismo impulsados con fuerza – el TTIP, CETA, etc – por la Comisión y el consenso activo del gobierno británico.

En ese Consejo Europeo del 19 de febrero que, como afirmaba Javier Doz en su blog, no hace más que acelerar la desintegración de Europa, se confirma una actuación intolerable de los dirigentes de esta Unión Europea. Se conforma una Europa en dos grandes círculos, los países dominantes ricos y los países dominados pobres, y el federalismo europeo ha sufrido un golpe posiblemente mortal mediante este acuerdo desigual e injusto con Gran Bretaña. En este panorama es penosa la situación de España. No ya la de su presidente en funciones, que ni siquiera compareció al terminar el Consejo, fiel a su costumbre de no estar nunca donde su cargo le exige, sino de los grandes grupos políticos que disputan el espacio de gobierno actualmente. El PSOE de Pedro Sánchez carece de cualquier referencia activa en Europa, más allá de su pertenencia pasiva al grupo de los socialistas europeos, y no ha establecido ninguna alianza, como debería, con los partidos nacionales de Portugal o Italia para desarrollar una política común respecto a estas estrategias fuertes de segregación del sur europeo a expensas del dominio financiero y económico de Alemania como dueña de la moneda y de la política. Y Podemos, aunque mantiene una mayor atención a la construcción de una alternativa democrática en el espacio europeo, está absorbido desde comienzos de 2015 en el desarrollo de su instalación y crecimiento en el ámbito nacional a través de las sucesivas citas electorales.

Son muchos los comentaristas que minimizan la gravedad de este Acuerdo entre Europa y Gran Bretaña, afirmando que “la restricción en las ayudas sociales afectará a los españoles afincados en el Reino Unido, pero menos que a los de otras nacionalidades” – una aplicación peculiar de la comparación peyorativa, en el sentido de que a todos nos quitan los derechos, pero “más a otros porque son más numerosos” - , o que, aunque puede “acelerar la consolidación de la UE de los dos círculos (el central y el periférico)”, la “salvaguarda de los intereses de la City”, ayudará a “contrarrestar el poder alemán”. Las consecuencias son por el contrario terribles si se miden en términos de pérdida de derechos fundamentales reconocidos por la CDFUE, la restricción plena de la libertad de circulación, la aplicación consciente del trato discriminatorio en razón de la nacionalidad, y la afirmación del privilegio respecto de una nación concreta, Gran Bretaña, respecto del resto de los países que conforman la Unión.

El Acuerdo por tanto reviste una tremenda gravedad y conculca principios básicos del federalismo europeo, como el propio Matteo Renzi hizo notar en la rueda de prensa tras el Consejo. Va en el camino de consolidar dos Europas, la sometida y la dominante, sobre la base de la consolidación de un bloque de dominio financiero-económico-político que reproduce en dos tiempos profundos niveles de desigualdad, entre los estados miembros de la UE, de un lado, y en el interior de los mismos, mediante la imposición de unas políticas que buscan la destrucción metódica de los derechos sociales. No es una cláusula de estilo, lamentablemente. A las reformas laborales impuestas en el sur de Europa, siguen ahora las que se implementan en los países más “fuertes”. Aun con la polémica derivada de la Job Act italiana, en Francia se está desarrollando una amplia movilización contra la ley de reforma del Código del trabajo, un ataque “de tal amplitud” como – se dice – jamás intentó la derecha política, y que dará que hablar en cuanto a importantes movilizaciones en las que ya está implicada la CGT. Pero el panorama político francés es espeluznante, con un partido socialista haciendo la política dura de la derecha y una extrema derecha antieuropeista y xenófoba que capitaliza el voto del descontento con un discurso social y proteccionista del ámbito nacional. Las cosas están mejor, paradójicamente, en Gran Bretaña, con un partido laborista comprometido con la lucha por los derechos y libertades, claramente alineado por los derechos de los trabajadores, y dispuesto a dar la batalla contra el proyecto de Ley Sindical – realmente Ley antisindical -  contra la cual también se han pronunciado los Liberal Demócratas, y que ha recibido un severo juicio descalificatorio por parte de la Cámara de los Lores sobre la base de la deficiente regulación  y falta de claridad prevista en el esquema de la ley así como por el hecho de no determinar claramente a que personal del sector público va a aplicarse. El tradicional aislamiento británico hace que este tipo de conflictos queden en gran medida reducidos al propio territorio insular, pero su solapamiento con la convocatoria del referéndum y la problemática – muy británica – de encontrar en los instrumentos internacionales europeos de derechos humanos uno de los elementos básicos de garantía de los derechos sociales y laborales en el interior del país, cobra un aire europeísta que merece la pena seguir.

Cuestión aparte merece el tema de los refugiados, sobre los que tanto y tan bien se ha escrito desde posiciones críticas, a partir de los planteamientos impecables de Javier de Lucas. Desde hace mucho tiempo, el resto de países europeos se comportan como si Grecia estuviera fuera del espacio Schengen en este aspecto, impidiendo el tránsito de los millares de personas que huyen de la guerra y el desastre de Siria. Es sin duda un problema social y político, pero ante todo demuestra la terrible insolidaridad de los dirigentes políticos de las naciones que estigmatizan y culpabilizan a estos millares de personas, degradando su dignidad y su condición de seres humanos. Europa debería además internacionalizar el conflicto, hacer intervenir a la ONU en su resolución, y aplicar desde luego los resortes legales y la influencia para evitar la consolidación de estas conductas permanentes de humillación y de violencia de la dignidad de hombres mujeres y niños.

Una última observación. La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 19 de febrero que ha acordado con Gran Bretaña las condiciones señaladas más arriba ha tenido como representante español a un presidente de gobierno en funciones. ¿Es posible adoptar decisiones e este tipo estando el gobierno en funciones? Una sentencia del Tribunal Supremo español, del 2005, avanzó una definición al señalar que "el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas". En este caso, es evidente que el presidente del gobierno en funciones no tenía competencia para concordar con orientaciones políticas esencialmente nuevas y diferentes de las que habían presidido el derecho de la Unión hasta el momento. ¿Hay que entender que se trataba de una “situación excepcional”, en la que las “razones de urgencia” o de “interés general” justificaban el compromiso del Estado español con esa política claramente contraria a la consideración igualitaria y federativa de Europa, que llevará consigo un empeoramiento de la posición relativa de España en el conjunto de la UE y que complicará de manera negativa para esta nación las consecuencias de la llamada gobernanza económica? Sería interesante que algún especialista se planteara la posibilidad de impugnar esta actuación ante los tribunales españoles, como una forma indirecta de desestabilizar el ominoso acuerdo alcanzado con el Reino Unido.

Cuando Cameron se despidió tras las cuarenta horas de negociación, con ese acuerdo de privilegio, dijo a la prensa: “No me gusta Bruselas”. Debemos coincidir con él, pero por razones bien diferentes. No es posible que a los que creen en una idea de Europa federal y política les guste Bruselas, entendiendo por tal la dirección antidemocrática y antisocial que está imprimiendo a las políticas que lleva acabo, en un proceso suicida hacia la desintegración de Europa.