El conflicto de Coca Cola lleva abierto más de tres años.
Se trata de un caso emblemático que permite comprobar cómo la relación laboral
es esencialmente una relación de poder plenamente descompensada, y en donde el
poder corporativo de una gran empresa trasnacional vuelca todos sus recursos
para evitar una solución que respete y garantice los derechos de los
trabajadores. Pero asimismo es una muestra muy clara de cómo la organización
colectiva de los trabajadores, su capacidad de resistencia, ha logrado afirmar
la lucha por los derechos que se imponen frente al poder exorbitante de una
empresa trasnacional.
Los hechos son bien conocidos por todo el público, y el largo debate
jurídico que ha suscitado, ha generado una larga serie de comentarios y de
análisis en los que también se reproduce la división fundamentalmente
ideológica que suscita este conflicto. Sintéticamente, el despido colectivo de
los 235 trabajadores de Coca Cola en la planta de Fuenlabrada en abril de 2014,
tras una negociación en el ERE en el que la empresa había procedido al desvío
de la producción a otras plantas embotelladoras para impedir los efectos de la
huelga convocada por los trabajadores en el curso de las negociaciones, fue
declarado nulo, tras el enjuiciamiento del caso por la Audiencia Nacional, por
una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que constituye aun hoy un
documento jurídico fundamental en la determinación del régimen de despido
colectivo y de la garantía del derecho de huelga. Este éxito judicial, que
amparaba los derechos de los trabajadores vulnerados por la empresa, causó
estupor en la multinacional, no habituada a que los tribunales dictaminasen en
su contra. Literalmente, se llegó a afirmar que la empresa no concebía que un
tribunal pudiera obligarla a hacer algo que la empresa no había decidido.
Pero el Tribunal Supremo había decidido que los despidos eran nulos y que
por tanto debían ser readmitidos en su mismo puesto de trabajo, a lo que la
empresa se negaba, impidiendo la reapertura del centro. Este es un período en
el que el recurso a los mecanismos procesales de garantía de cumplimiento de
esta obligación fue muy importante, y el mantenimiento de una presión en la
calle para recordar que el cumplimiento de la sentencia en sus propios
términos, resultó asimismo decisivo. Ahí se forjó la leyenda de los Espartanos,
sobre la imagen icónica de los 300 en la película que recupera el comic de Frank Miller que recrea la batalla de
las Termópilas. El conflicto se extendió al espacio de la política, y también
recibió la atención de los medios de comunicación.
La empresa, que no podía admitir lo que entendía que era una derrota frente
a una decisión que creía inmodificable, cambió de táctica y abrió el centro de
trabajo pero vaciando de contenido las funciones del mismo, modificando
sustancialmente las condiciones de trabajo de los readmitidos. Alegando ahora
que la situación organizativa y el diseño estratégico de la empresa la
obligaban a ello, procedía a la readmisión modificando las condiciones de
trabajo. En esta ocasión, en un contexto político en el que contra lo que podía
esperarse en los procesos electorales de diciembre 2015 y junio 2016, el
Partido Popular revalidaba el gobierno gracias a la abstención del PSOE, los
tribunales avalaron esta opción empresarial, tanto en la Audiencia Nacional
como en el Tribunal Supremo, aunque incurriendo en una interpretación
claramente cuestionable, como ha explicado Enrique
Lillo en un excelente texto publicado en la Revista de Derecho Social nª 77
(2017, con un título suficientemente expresivo: “Ejecución de sentencias
laborales y autoritarismo empresarial”, que se puede encontrar aquí De nuevo el caso de Coca Cola. Con todo, la Audiencia Nacional indicó algunos
elementos que componían la nueva organización que permitía ejecutar la
sentencia variando los términos concretos de la readmisión, y estas
indicaciones habrán de resultar importantes para la siguiente fase del
conflicto que se acaba de iniciar con la recentísima sentencia del Juzgado de
lo social nº 2 de Móstoles a la que se aludirá al final de esta nota y que ha vuelto
a abrir una nueva fase en el conflicto.
Pero en ese contexto, que no ha puesto fin a un enfrentamiento que requiere
una solución y un acuerdo que permita garantizar a los trabajadores la dignidad
de su trabajo, la movilización social es fundamental, y su visibilidad
mediática decisiva. A la presencia continua de los trabajadores de Coca Cola en
manifestaciones, acciones puntuales frente a sedes judiciales, de partidos y de
eventos de todo tipo, se han sumado de manera muy activa las mujeres de éstos,
inmediatamente denominadas las Espartanas. Ellas se han convertido asimismo en
una referencia directa de la lucha de los trabajadores frente a Coca Cola, con
un activismo y presencialidad marcada siempre por la cuestión de género. En
esta última Navidad, un video de estas mujeres contraprogramando el spot navideño de Coca Cola cosechó un
impacto mediático descomunal, y se reprodujo por todas partes, también dentro
de las fronteras de España. El video puede encontrarse aquí: Las espartanas os desean feliz navidad
La última de estas acciones ha sido sin embargo muy controvertida. Un grupo
de seis Espartanas han sido escogidas por la revista Interviù como objeto de
una de sus portadas y de un gran reportaje en su interior. En él, la mujer de
uno de los trabajadores de la empresa, Gema
Gil, cuenta con notable eficacia narrativa lo que ha supuesto para toda la
plantilla y para las mujeres de ellos el mantenimiento de un conflicto tan
largo, que lleva ya tres años, sus repercusiones en la salud y el equilibrio
psicofísico, los apoyos políticos y sociales que han recibido, la necesidad de
mantener vivo el mensaje en la opinión pública. Los posados desnudos que
acompañan entrevistas y reportaje han sido criticados. Las protagonistas de
esta acción han entendido que lo que estaban efectuando era un desnudo
protesta, en la línea de algunas iniciativas que han devenido famosas, como el striptease de los metalúrgicos ingleses
en el archiconocido film Full Monty de
Peter Cattaneo.
El impacto mediático ha sido enorme, y la revista ha vendido todos sus ejemplares,
que se agotaron apenas llegado a los kioscos. La iniciativa de estas mujeres ha
sido recogida en prácticamente todos los medios de comunicación, y ello ha
vuelto a poner en el circuito informativo el problema de fondo, la enorme
presión que una compañía multinacional ejerce, con tremendo gasto de dinero y
de energías, en impedir que se lleve a cabo una decisión judicial de readmisión
de un gran grupo de personas a las que se ha violado sus derechos fundamentales
al trabajo – aquí si que se debe hablar del respeto que tiene un ordenamiento
en su conjunto al derecho al trabajo – y al derecho de huelga.
Sin embargo, la iniciativa ha sido también criticada tanto desde el punto
de vista del contenido, es decir la utilización del cuerpo femenino como objeto
de comercio a través de la presencia en una revista caracterizada por el
reclamo erótico como seña de identidad del producto, y por la propia
orientación política del medio, así como por la confusión de planos de la
acción de protesta, puesto que, al decir de estas críticas, no todo vale y este
tipo de acciones puede ser contraproducente.
Sea como fuere, posiblemente la acción de estas seis espartanas puede
entenderse como sólo una acción más en una larga batalla por la consecución de
la readmisión de los despedidos en los términos que aseguren efectivamente su
derecho al trabajo, y la transmisión de la narrativa sobre el conflicto que han
efectuado se destaca nítidamente sobre las imágenes de los desnudos –
fundamentalmente centrados en Gema Gil,
aunque compartidos por otras cinco Espartanas que, en una panorámica general
dirigen hacia el espectador un gesto bastante agrio -, y con mensajes muy
claros en torno a la necesidad de que el conflicto de solvente a partir del
respeto a la dignidad del trabajo y de las personas que lo desempeñan para Coca
Cola. En un tiempo en el que el impacto mediático es importante, las
protagonistas de este desnudo-protesta han sentido que su acto ha sido eficaz,
que ha alcanzado de nuevo una presencia informativa importante y que en las
redes sociales durante cuatro días han sido objeto de circulación de mensajes y
opiniones. La mayoría de estos no reparaban en el desnudo-protesta, sino en la
larga entrevista y la narración de la situación insostenible por la injusticia
que supone de los trabajadores de Coca Cola.
Y este es el punto central de la historia. De una historia que continua en
los dos planos de siempre, en el de la movilización social, pero también en el
de la lucha en el campo jurídico. Donde se acaba de producir un nuevo movimiento,
extremadamente interesante. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de
Móstoles de 6 de junio de este año y comunicada hoy, dictada por la Magistrada Dª Ana Fernández Valentí, ha estimado
la demanda de conflicto colectivo presentada por CCOO y el comité de empresa de
Casbega, defendidos por su abogado, Enrique
Lillo y ha declarado nula la medida de modificación sustancial de
condiciones de trabajo de carácter colectivo, acordada por la empresa
demandada, mediante comunicación de 31 de octubre de 2016, por haber tramitado
el periodo de consultas con ausencia de buena fe y, en consecuencia, la ha
dejado sin efecto.
La sentencia señala que Coca Cola no negoció de buena fe con los
representantes de los trabajadores durante el periodo de consultas ya que no
pretendió llegar a ningún acuerdo y la negociación sólo tuvo como objetivo
imponer las medidas sin ninguna variación y legalizar las modificaciones de las
condiciones de trabajo incumpliendo los compromisos que asumió ante la
Audiencia Nacional.
Aunque la readmisión de los trabajadores contemplada en el Manual COIL, que
la empresa presentó para diseñar un nuevo modelo de centro es correcta, la
sentencia indica que las áreas que exigían el desempeño de tareas profesionales
y de mayor complejidad técnica no han entrado en funcionamiento y los
trabajadores han sido empleados en otras tareas más manuales, como
clasificación de botellas vacías, la carga y descarga de camiones, y otras de
este género, incumpliendo los acuerdos reconocidos.
Además, la sentencia señala que la empresa no puso en funcionamiento el
servicio de alimentación moderna ni la unidad de I+D asumido ante la Audiencia
Nacional como obligación para justificar la readmisión. Esto supone que el
centro de Fuenlabrada ha contado con menos tareas que las previstas
inicialmente por decisión de la empresa y no por los cambios alegados en el
informe técnico.
La decisión del Juzgado de Móstoles tiene una importancia fundamental, porque
demuestra que la empresa nunca actuó de buena fe y utilizó el mecanismo de
modificación sustancial de condiciones de trabajo – considerado inmodificable
ante la doctrina del TS – para doblegar la voluntad de los trabajadores,
readmitidos solo formalmente, pero destinados a tareas sin interés, privándoles
de la ocupación efectiva que deriva de su derecho al trabajo. Como señala la
Sentencia, los hechos probados permiten ya afirmar que al centro de Fuenlabrada
le han sido encomendadas menos tareas que las previstas inicialmente, mas no
por causa de los cambios alegados en el informe técnico sino por propia
decisión de la empresa. La obcecación de la empresa es, contra lo que la
dirección de ésta pueda pensar, una derrota evidente de Coca Cola que pone de
nuevo sobre el tapete la actuación de una empresa que se piensa por encima de
cualquier ley, y la necesidad de un acuerdo con los trabajadores que respete los
derechos que tienen a efectuar el trabajo al que se obligaron por contrato.
Vuelve ahora a comenzar una nueva fase del conflicto. Que, como siempre,
requiere de la solidaridad de todas y todos quienes estamos interesados en
defender el derecho al trabajo como un componente fundamental de la democracia.
Y de nuevo habrá que conducir esa voluntad colectiva sobre la movilización
social, la creación de opinión pública, la pérdida de legitimidad de las
posiciones empresariales. Un camino erizado de obstáculos, tanto por parte del
gobierno como de los medios empotrados en el poder económico del estado, la
indiferencia de muchos. Pero que habrá que recorrer, siempre conscientes de que
la mejor forma de perder es no luchar por ganar nuestros derechos.
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