El fin de
semana pasado se cerró con el anuncio de una amplia remodelación gubernamental
que ha sido masivamente comentada por los medios de comunicación. Han sido
relevados de su puesto personas muy potentes en el entorno del mismo, desde su
jefe de gabinete y celebrado spin doctor, hasta la vicepresidenta
primera y el todavía secretario de organización del PSOE, y han accedido al
gobierno personas más jóvenes y más enraizadas en la estructura del partido,
con una mayor presencia de mujeres. Especialmente significativo parece ser el
cambio en el Ministerio de Justicia, donde esperemos que pueda ponerse fin a la
insumisión constitucional protagonizada por el PP y alentada por una buena
parte de la judicatura que defiende la plena corporativización del órgano de
gobierno de magistrados y magistradas. Ojalá.
Los cambios no nos deben distraer
de las continuidades que se aprecian. Desde el punto de vista de la coalición
que funda el acuerdo de gobierno, la remodelación ministerial no ha alterado el
equilibrio general establecido en el acuerdo de coalición progresista de
finales de diciembre de 2019 (17 a 5 ministerios y 1 vicepresidencia) ni
tampoco ha supuesto cambio en las competencias y materias asignadas. En lo que
respecta a UP, la mayor alteración se sufrió con el abandono de Pablo
Iglesias de la vicepresidencia del gobierno para acudir como candidato a
las elecciones autonómicas de Madrid en mayo de este año. Ahora Yolanda Díaz
asume la Vicepresidencia Segunda tras la remodelación y el resto de
ministerios y titulares siguen en sus puestos. No era desde luego el momento
para mover el equipo – mucho menos con la polémica que había rodeado las
declaraciones de Alberto Garzón sobre la restricción del consumo de
carne roja – ni para alterar el equilibrio entre Podemos, IU, ECP y las
llamadas confluencias.
El área de interior y defensa
sigue en manos de dos exponentes del ala más conservadora del gobierno, como si
fuera una condición implícita para poder relacionarse y comandar el aparato
militar y las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando muchos de sus miembros
están dando, especialmente en la policía, peligrosas señales de involución
autoritaria. El área de economía también se mantiene estable y se refuerza con
la promoción de Nadia Calviño a Vicepresidenta Primera, reafirmando la
precedencia sobre el área de Trabajo y de derechos sociales que con tanto ahínco
ésta defiende, como se pudo comprobar con el desplazamiento a Vicepresidenta
tercera de Yolanda Díaz en la sustitución de Pablo Iglesias. La
continuidad de la Ministra de Economía y ahora Vicepresidenta primera no debe
ocultar los cambios importantes que se han producido en su equipo de trabajo del
área económica en mayo de este año, comenzando con el relevo en la secretaría
de estado de Ana de la Cueva, y prosiguiendo con su jefa de gabinete, Carmen
Balsa, y otros tres altos cargos (https://www.elindependiente.com/economia/2021/05/11/cinco-altos-cargos-del-area-economica-abandonan-el-gobierno-en-menos-de-dos-meses/)
Pero esa mudanza no parece alterar los ejes centrales de su pensamiento ni el
sentido de sus alianzas con sectores sociales y económicos del país, demasiado
anclado en la defensa de un enfoque económico deudor del modelo de gobernanza
europea de la crisis que sin embargo va siendo progresivamente sustituido en
las instituciones financieras europeas y globales, como el BCE y el FMI, así
como en la nomenclatura decisiva de la alta burocracia europea, alguno de cuyos
miembros ocupan ahora posiciones de gobierno de estados miembros, como Mario
Draghi, y plantean políticas expansivas muy contrarias al paradigma
neoliberal defendido de manera impetuosa frente a las propuestas de regulación
que defiende el área de Trabajo.
El cambio de gobierno ha sido
recibido por la oposición muy negativamente. La oposición de derechas insiste
en afirmar que el problema es el presidente del gobierno, olvidando que éste lo
es por haber obtenido la mayoría parlamentaria necesaria para su investidura
tras las elecciones de noviembre del 2019. Los adjetivos que se utilizan para articular
la crítica son cada vez más hirientes. Vox habla de secuaces y de cómplices, un
gobierno “de la mentira, de la ruina, de la muerte y de la división de España”,
pero el PP no se queda atrás afirmando que lo que queda es “caos, despilfarro y
radicalidad” en la labor del gobierno “con los comunistas de su insomnio (del
Presidente Sánchez) y los secesionistas mandando”, una idea que remacha
su líder lanzando variados improperios adicionales sobre el presidente del
gobierno. Ciudadanos es menos tajante aunque habla de “cambiazo” al país con un
mero cambio de caras, e insiste en excluir del “constitucionalismo” a la
mayoría que sostiene el gobierno constitucional. Sin embargo, la casi segura
irrelevancia electoral de este partido permite al PP considerarse la fuerza en
ascenso de la oposición que mantiene importantes espacios de poder autonómico y
local y que controla una buena parte de la opinión a través de los medios de
comunicación a partir de los cuales afianza una hegemonía cultural evidente, cuya
importancia estratégica se puede verificar con la inmediata intervención del gobierno
de Ayuso sobre Telemadrid. El PP además encuentra apoyo seguro en una
buena parte del estado profundo y su calculada insumisión constitucional
respecto de la renovación del CGPJ o del Tribunal constitucional sabe que no le
va a producir ningún coste político superior al beneficio evidente que le
genera.
Esta potencia ideológica,
económica y cultural del PP, que sin embargo se traduce en impotencia para
obtener el gobierno de la nación cuando se han de repartir tantos millones de
euros en el contexto del llamado plan de recuperación y resiliencia que
previsiblemente redunde en un repunte del crecimiento y una mejora del nivel de
vida general en los próximos dos años, le provoca esta desazón que se expresa
en la tosquedad de su discurso y que está forzando una estrategia de
deslegitimación de actores políticos connaturales a una democracia madura- la
izquierda del PSOE, en especial UP, ya
identificada exclusivamente como “los comunistas”, y los partidos nacionalistas
e independentistas – pero también sociales, y en donde la amenaza a sectores
económicos tradicionalmente afines – las finanzas, el empresariado y la Iglesia
Católica - está cobrando cada vez más peso. Aunque el que ha expresado mejor
esta idea es el ex presidente Aznar con respecto al apoyo a los indultos
– “Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar” – es evidente
que las amenazas directas del PP a la CEOE y a su presidente Antonio
Garamendi – que felizmente pudo
recibir el merecido apoyo unánime de su organización – han influido
decisivamente en el cambio de actitud hacia el diálogo social que en los últimos
días ha mantenido la patronal.
Hay que tener en cuenta que a
finales de junio, por vez primera, el líder del PP cuestionó seriamente la
validez de los acuerdos del diálogo social que sin duda constituyen uno de los
activos más importantes de la labor del Gobierno de coalición. Con desparpajo y
rabia, Casado no acepta el acuerdo entre los interlocutores sociales
como un método de gobierno, ni siquiera la idea del acuerdo. “Oiga, que esto lo
he hablado con los sindicatos y con la patronal” – mantiene que le indica el
Gobierno - “¿Y a mí qué me importa? ¿Qué
español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo
de tenis. Oiga, este es un Parlamento de una nación cinco veces centenaria (…) Quienes
tiene que decidir, “son los españoles a través de sus diputados y senadores”,
porque de lo contrario se produce un “vaciamiento del parlamentarismo”. Y,
siempre en la opinión desenfadada del líder del PP, “¡Pero bueno, oiga, esto
qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un
deportista. O con un chef. Esto es una democracia. Aquí se vota y aquí se tiene
una representación en el Parlamento”.
La tosquedad del mensaje, que
lleva consigo la ignorancia plena de la trascendencia institucional de
sindicatos y asociaciones empresariales que se reconocen en el art. 7 de la
Constitución para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son
propios, al lado de la democracia pluralista de partidos en el art. 6 de la
misma, significa ante todo una advertencia: la primacía de la decisión política
que tiene que adoptar el partido respecto de la orientación de las reformas que
se puedan estar llevando a cabo sobre cualquier pretensión autónoma de las organizaciones
económicas tradicionalmente alineadas con la derecha. Es por tanto una llamada
al orden, una advertencia seria a la CEOE-CEPYME para que haga suya la postura
de enfrentamiento total al gobierno de coalición y abandone ese pragmatismo
inteligente que le ha permitido participar y de alguna manera administrar no
solo las consecuencias de la crisis, sino el proceso de construcción de nuevos
derechos que se ha ido decantando en este año y medio tan complicado.
Esto explica el cambio de paso
que la CEOE ha introducido a la dinámica del diálogo social tras analizar el
documento del gobierno sobre la reforma que aparece en la ya famosa Componente
23 del Plan de Recuperación y Resiliencia que le compromete a culminar las
medidas allí esbozadas antes de que termine el año 2021. Solo una semana
después de la severa advertencia del PP, la asociación empresarial
denuncia una “aproximación marxista al mercado de trabajo” (sic) del documento
del gobierno, entiende que se trata de un texto “intervencionista y regresivo”
y que, a su juicio, puede provocar una “destrucción de empleo inesperada”. Y una
semana después, CEOE-CEPYME da un paso más y exige públicamente al Gobierno que
retire su propuesta sobre los contratos temporales y presente una nueva. Es
evidente que la cultura de la temporalidad está muy arraigada entre empresarios
y gestores, con especial inserción en algunos sectores fundamentales del
crecimiento económico asistido, como el de la construcción y obras públicas, lo
que explica las fuertes reticencias a frenar la precariedad laboral, pero
además la CEOE entiende que de esta manera fortalece su posición defensiva no
ya como hasta ahora negociando a la baja las propuestas de reforma con la ayuda
fundamental del área económica del gobierno, sino imponiendo una
desautorización en regla al documento del Ministerio de Trabajo, lo que le
permite una mayor sintonía formal con las orientaciones del PP y utilizar esa “firmeza”
como la manera de alterar la dinámica del proceso de diálogo social.
Es sin embargo un cambio de
estrategia que ha sido lógicamente criticado por los sindicatos, que en un
comunicado conjunto de CCOO y UGT han denunciado este intento de bloqueo de la
negociación afirmando que “discutir a estas alturas que tenemos una
temporalidad desmedida, y que esa temporalidad no solo provoca precariedad,
sino que es ineficaz desde un punto de vista de mejora de la productividad de
las empresas y la cualificación del trabajo, es estar en contra no de los
sindicatos o del Gobierno, sino de la Comisión Europea y de las recomendaciones
para España del semestre europeo”. Es ineludible revertir la reforma del 2012,
impuesta unilateralmente, que generó enormes desigualdades y un desequilibrio
profundo de las relaciones de poder, lo que lleva a CCOOO y a UGT a afirmar que
“si CEOE y CEPYME van a continuar por la vía del bloqueo en la negociación, el
Gobierno va a tener que avanzar en el terreno legislativo para ser coherente
con su programa, con las necesidades de nuestro país y con los contenidos del
componente europeo que hemos comprometido y que se concreta en reformas e
inversiones”.
Es de suponer que la patronal
conoce los costes de esa nueva posición de fuerza que le lleva a desautorizar la
negociación emprendida por el Ministerio de Trabajo, y a exigir un nuevo contenido
de la propuesta de diálogo, posiblemente segura que en ese pulso con el
Ministerio de Trabajo y los sindicatos la victoria final les pertenece, con la
ayuda siempre fiable del área de Economía del gobierno con la que se siente en
sintonía. Hasta el momento sin embargo, su posición de pragmatismo inteligente,
colaborando y participando en el resultado final de lo negociado, había dado muy
buenos frutos. Pero no se sabe cuál puede ser el resultado de esta nueva
posición de la CEOE-CEPYME, teniendo en cuenta la respuesta que las otras
partes de la negociación pueden dar a este cambio de tercio. Será posiblemente
después del verano cuando comprobemos qué hay de cambio y qué de discontinuidad
en el proceso de diálogo social para la ineludible reforma legislativa de los
asuntos pendientes: contratación temporal, subcontratación, negociación
colectiva entre los temas más relevantes. Pero lo que parece definitivo es que
el compromiso adquirido en la Componente 23 con la Unión Europea se tiene que
cumplir en los plazos establecidos. Con o sin acuerdo entre los interlocutores
sociales, porque como diría Casado, la soberanía al final reside en las
mayorías parlamentarias que sostienen al gobierno progresista.
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