sábado, 18 de febrero de 2017

MANIFESTACIONES EL DOMINGO 19 DE FEBRERO POR LA NEGOCIACION COLECTIVA Y LA SUBIDA DE LAS PENSIONES



Como señalan los boletines de noticias, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y José Álvarez, han anunciado la convocatoria de movilizaciones, que comenzarán con manifestaciones el próximo domingo 19 de febrero contra la carestía de la vida y reivindicar subidas salariales y el incremento de las pensiones para recuperar poder adquisitivo, y que seguirán el 22 de febrero con concentraciones ante las sedes de las organizaciones empresariales y delegaciones de gobierno para desbloquear la negociación colectiva en el sector privado y público.

Los efectos económicos de la reforma laboral son persistentes, y se manifiestan fundamentalmente en una fuerte devaluación salarial y en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, mientras que la recomposición de la tasa de ganancia es espectacular como el crecimiento de los beneficios empresariales. La situación en la que nos hallamos, tras el fracaso de las posibilidades de echar del gobierno al Partido Popular y la incapacidad de encontrar un bloque de progreso entre la oposición al mismo, lleva a que de nuevo sean los sindicatos quienes tengan que iniciar un movimiento de interpelación a la sociedad por el cambio de las condiciones de explotación y de vida en la que estamos sumidos, dirigiéndose en primer lugar a sus representados, las personas que trabajan, para la defensa de sus condiciones de trabajo y empleo.

Como señalan los gabinetes de economistas,  con su lenguaje preciso y peculiar, la subida interanual del IPC se acelera y se sitúa en el 3,0% en enero, casi un punto y medio por encima de la registrada en diciembre, por el efecto de la fuerte subida de los precios de la electricidad y los carburantes (gasoil y gasolina) frente a la bajada que experimentaron el año pasado.  Pese a que la medición que se hace de la noción de  crecimiento económico en España se ha mantenido en el 3,2% en 2016, aunque con desaceleración intertrimestral según avanzaba el año, se prevé que éste continúe en 2017 manteniéndose en torno al 2,3%. Eso implica que los ingresos y los beneficios empresariales suben (en 2015 ya se había recuperado el excedente empresarial previo a la crisis) engrosados no sólo por la permanencia de una devaluación salarial extremadamente importante, sino por beneficiarse de medidas legislativas que los preservan :  recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y  bonificaciones en sus contribuciones sociales.

Los datos de que disponen los sindicatos revelan que la negociación colectiva no logra un incremento salarial suficiente. Con los datos provisionales disponibles de 2016, 7,6 millones de trabajadores han dispuesto de un convenio colectivo con efectos económicos en 2016, con una subida media revisada del 1,09%, por debajo del 1,5% de referencia recogido en el AENC. Los datos de convenios colectivos con efectos económicos en 2017 acumulados hasta enero, recogen un crecimiento salarial del 1,19% y cubren de momento a 3,2 millones de trabajadores. El crecimiento previsto de la inflación es desde luego superior, algunos estudios fiables hablan de un 2,2%,

Por eso, las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo, que los sindicatos estiman entre un 1,8 y un 3 por ciento. Un punto especial debe planearse para el área pública, en donde se debe  recuperar el derecho de negociación colectiva abolido espúreamente por las normas del 2011 y 2012. Para ello se debe convocar la Mesa General de Negociación de las AA.PP. y abordar la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017 en la que se plantee un calendario para recuperar los recortes salariales sufridos por los  empleados públicos desde el 2010, y la reposición de los efectivos perdidos  mediante  una oferta de empleo público excepcional.

Hay otras repercusiones no menos inquietantes. La primera, sobre el descenso de los niveles de protección en materia de salud en los lugares de trabajo. En 2016 se produjeron más de medio millón de accidentes de trabajo con baja, entre ellos 607 mortales, un incremento del 5% respecto al año anterior. Se confirma así la tendencia de aumento de la siniestralidad laboral en España desde 2013, tras la entrada en vigor de la última Reforma Laboral.

La segunda, el aumento de la pobreza y de la desigualdad social. Junto al fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, de aquellas personas para las que percibir una renta salarial no les aleja de la pobreza, o la presencia de nuevas situaciones de sufrimiento como el “sinhogarismo”, trabajadores que tienen que vivir en albergues al carecer de vivienda propia o alquilada. La existencia de una amplia parte de la población en riesgo de pobreza, lleva aparejada asimismo un incremento del punitarismo estatal, es decir, un aumento de las estrategias represivas  del aparato estatal y el aumento de la población reclusa y de los excluidos, lo que Baumann llamaba los residuos humanos. En ese contexto, rebajar el déficit público para 2017 como prevé el Gobierno en el marco de la gobernanza económica  de la  Comisión Europea implica más recortes del gasto público y por tanto una caída del aparato asistencial de las diferentes administraciones públicas. El ajuste adicional de 5.500 millones en el presupuesto de 2017  es una medida que se debe rechazar de plano, a la vez que una ocasión para abordar realmente una reforma fiscal seria y progresiva.

Las dos confederaciones UGT y CCOO consideran que se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017 con una subida según la inflación prevista , subida que como se sabe  ha sido rechazada por el Gobierno. Asimismo se reivindica el incremento de los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más allá del insuficiente aumento aprobado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos) que le permita alcanzar los 800 euros en 2017 y aproximarse al objetivo del 60% del salario medio.  A su vez, el angustioso problema del desempleo de larga duración y la reducción de la tasa de cobertura de desempleo son elementos muy preocupantes. La iniciativa legislativa popular presentada por CCOO y UGT sobre la renta mínima de inserción, que ha sido aprobada por el congreso y admitida a trámite, es clave al respecto.

Por su parte, la Seguridad Social y las pensiones son el próximo objetivo de una política de recortes y de desmoronamiento progresivo de nuestro Estado Social. Las declaraciones del presidente del Banco de España sobre la edad de jubilación son una muestra de este propósito. El sindicalismo confederal y  CCOO de forma detallada insiste en incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural  a través del destope de  las bases máximas de cotización por contingencias comunes, la eliminación de bonificaciones y exenciones de las cotizaciones sociales a los empresarios y  la financiación de las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.


Todo este conjunto de problemas, al que debería unirse con posterioridad una movilización específica contra la precariedad laboral y la reforma de los contratos temporales en la legislación vigente, por obra ante todo de la incidencia de la jurisprudencia del TJUE, asoman de nuevo a la calle a través de la movilización sindical en manifestaciones del dia 19 en todas las capitales de provincia del país. Es el primero de los actos que deben jalonar un nuevo camino de presión para el cambio, conscientes de la dificultad del mismo mientras el Partido Popular se mantenga en el Gobierno y logre cuajar un espacio de consensos sobre la política socio-económica encuadrada en los moldes de la gobernanza económica europea que sigan manteniendo e incrementando la subalternidad social, económica y política de los trabajadores y de las trabajadoras de este país.

jueves, 16 de febrero de 2017

LA EMOCIÓN DE UN ENCUENTRO : ABOGADOS LABORALISTAS









El acto de ayer en el Teatro Monumental de Antón Martín, justo frente a la escultura de El Abrazo de Juan Genovés, justamente homenajeado ayer en el propio acto, y al lado de Atocha 55 donde se tuvo lugar la matanza de los abogados de Atocha, constituyó un suceso importante tanto por la cantidad de personas como por la calidad de las mismas.

Asistieron al encuentro en efecto una nutrida representación de todas las fuerzas políticas, desde el PP hasta Unidos Podemos, con las fuerzas nacionalistas, y una especial representación del PCE encabezada por su secretario general, Jose Luis Centella. También de otros sindicatos, e incluso del presidente de la CEPYME, al que se refirió expresamente en su alocución final Ignacio Fernández Toxo. Se trataba del reconocimiento político del valor emblemático y original para la democracia española del acto que se conmemoraba. Y este simbolismo fue material y formalmente reafirmado por la presencia de Manuela Carmena, porque su propia trayectoria de responsable de los despachos de abogados de Atocha a aplicadora e intérprete del derecho de un sistema democrático y finalmente al empeño civil de la alcaldía de Madrid, significa el recorrido de una luchadora por la libertad  y el sentido político de la conquista de la democracia en la que el asesinato de los abogados de Atocha tiene un relieve fundamental. Junto a ellos, un pletórico y abigarrado grupo de sindicalistas de la clandestinidad y de la transición, los dirigentes de la Inter de Madrid, los procesados en el 1.001, los dirigentes del sindicato en los primeros años. Todos atestiguando que la lucha sindical por mejorar la existencia es ante todo lucha por los derechos y reivindicación de las libertades.

Lo dijo Ignacio F. Toxo: el grito “Atocha, hermanos, no os olvidamos!”, no es el grito del rencor, sino el del reconocimiento de algo evidente, que el asesinato de Atocha y la solidaridad inmensa con las víctimas, abrió el camino a las libertades democráticas. Cuarenta años después, os abogados laboralistas y CCOO hicieron historia – ese es el leit motiv de una línea de acción del sindicato en este último año – como parte fundamental de la resistencia a la dictadura y como pieza clave en el proceso de revocación de la misma y su sustitución por un sistema democrático.

En el acto, presentado con la belleza de las palabras de Luis García Montero y Almudena Grandes, hubo pocas pero intensas intervenciones y un homenaje a quien ha sido el premio Abogados de Atocha de este año, el artista plástico Juan Genovés. Dio la bienvenida sindical por parte de la USMR – CCOO Jaime Cedrún y recordó, con inteligencia y suavidad la importancia de la memoria de Atocha Alejandro Ruiz Huerta, el último de los supervivientes de la matanza que sigue con vida.

Pero lo más importante de ese Acto lo constituyó la presencia de tantos y tantos abogados y abogadas laboralistas de entonces, algunos de los cuales permanecen aún en activo, unos cuantos jubilados y otros formando parte de los tribunales de justicia. Sería inacabable mencionar los nombres de los asistentes. Vinieron de todas partes del Estado Español, dando testimonio de la extraordinaria importancia que este hecho organizativo, la defensa de los derechos de los trabajadores, ha tenido en la conquista de las libertades y lo fundamental que es su preservación. En su intervención Enrique Lillo resaltó el valor político y simbólico de estos despachos, el odio del fascismo hacia sus protagonistas, y la solidaridad inmensa que los abogados laboralistas crearon entre los trabajadores y su organización y el colectivo de abogados y abogadas que aprovechaban los intersticios del sistema jurídico franquista para obtener mejoras en las condiciones de trabajo y de empleo y para generar derechos. Alicia Santos, era la expresión de la continuidad de esta función decisiva en el interior del sindicato, decisiva a la hora de combatir las políticas de austeridad, en la lucha por la eliminación de los derechos y libertades y en las intervenciones para re-escribir la norma laboral buscando la consecución de mayores derechos para las y los trabajadores.


Lo más relevante por tanto del Acto de ayer fue la emoción del encuentro entre tantos y tantas abogados y abogadas laboralistas, la seguridad de que entre todas esas personas, con sus retazos de vida y sus diferentes trayectorias profesionales y personales, todas ellas hicieron posible que este país pudiera abandonar la larga noche de piedra en la que le recluyó la dictadura, y que este tránsito en los caminos de la libertad no habría sido posible sin la lucha de la clase trabajadora en la que se inscribe, con fuerza y empuje, los abogados laboralistas y su obstinada y convencida acción en el dibujo de un horizonte de emancipación colectiva.



martes, 14 de febrero de 2017

ACTO DE HOMENAJE 40 ANIVERSARIO DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA


Mañana, 15 de febrero, CCOO convoca un gran acto en homenaje y recuerdo a los abogados de Atocha, en conmemoración del 40 aniversario del asesinato a manos de una banda fascista, de los miembros del PCE y de CCOO que trabajaban en aquel despacho. Se inscribe por tanto este acto en la reivindicación de la memoria democrática y la enunciación de un relato que no olvide la importancia de la lucha obrera y la movilización social en la consecución de las libertades democráticas, ni que minusvalore la conquista de un estado de derecho en el marco de un Estado policial como el franquista donde la vida y la integridad física estaban continuamente amenazados y los aparatos represivos – el ejército ante todo, la policía y la judicatura – estaban intactos y sellados en la defensa a ultranza de la dictadura.

El acto dará comienzo a las seis en punto de la tarde. Al mismo están invitados una larga serie de personas, ante todo los abogados laboralistas del Estado que compartieron profesión y compromiso en la defensa de los trabajadores y trabajadoras ante las magistraturas de trabajo y el tribunal de orden público. Y una larga serie de sindicalistas que vieron defendidos sus casos por los abogados laboralistas en el marco de tiempo entre el comienzo de los años setenta y 1981, el tiempo que coincide con la verdadera transición democrática, que no se agota en la fase de 1976-78, como sostienen quienes esgrimen un discurso elitista de explicación de estos procesos históricos.

Las puertas sin embargo se abrirán a las cinco de la tarde, para que ordenadamente otras personas puedan ir entrando en la sala hasta completar el aforo, que necesariamente ha de ser limitado, pues es el Teatro Monumental de Madrid y por motivos de seguridad tiene que ser regulado. Para algunos el Teatro tiene resonancias históricas. Allí se celebró, en 1975, un mítico concierto de Daniel Viglietti, a cuya salida la policía efectuó una carga terrible y practicó varias detenciones. Algunos nunca más hemos vuelto a entrar en esa sala, de cierta raigambre en cuanto a los conciertos celebrados en la misma.

El programa del acto, tal como lo ha publicitado CCOO, es el siguiente:


Acto confederal 40 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha
15 de febrero de 2017

En el marco de la campaña Hicimos, hacemos, haremos historia, CCOO se propone reivindicar el papel del sindicato y su contribución a las conquistas democráticas en nuestro país, y para ello ha creído oportuno situar tres grandes hitos en la reciente historia de España y del propio sindicato. El 40 aniversario de la Asamblea de Barcelona (11 de julio de 1976-11 de julio de 2016), con un acto en Barcelona ya celebrado; el 40 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha (24 de enero de 1977-24 de enero de 2917), con un acto de la Fundación Abogados de Atocha y un gran acto confederal de fuerte impacto político, sindical e institucional, que tendrá lugar el 15 de febrero de 2017; y el 40 aniversario de la legalización de CCOO (27 de abril de 1977-27 de abril de 2017), con otro acto cuya naturaleza está por definir.

El acto del 40 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, que celebraremos en el Teatro Monumental, el 15 de febrero, a las 18 horas, y que se fundamentará en el homenaje al derecho laboral, a las personas asesinadas y a la figura de Juan Genovés, tendrá el siguiente desarrollo:
Al inicio del mismo se proyectará un vídeo de 5 minutos que resumirá y evocará los hechos de enero de 1977.

Posteriormente, subirán los presentadores/as al escenario (Almudena Grandes y Luis García Montero) para introducir el acto y resumir el contenido del mismo. Tras su intervención, presentan a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Tras la intervención de Manuela Carmena, toma la palabra brevemente, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y a continuación el único superviviente de los atentados, Alejandro Ruíz Huertas.

Un breve vídeo sobre Juan Genovés, dará paso a unas palabras de Luis y Almudena, para glosar la figura del pintor, al que Ignacio Fernández Toxo entregará una placa de reconocimiento del sindicato  por su inestimable colaboración con el movimiento obrero y con CCOO a lo largo de la historia. Interviene Juan Genovés

Sigue un vídeo de 4 minutos para destacar la importancia del trabajo de los despachos laboralistas en el sindicalismo de CCOO. De inmediato, intervienen dos abogados/as, un veterano, Enrique Lillo, y una joven abogada laboralista, Alicia Santos.

Luis García Montero y Almudena Grandes suben al escenario, realizan una intervención final y presentan a Ignacio Fernández Toxo, con cuya intervención concluirá el acto, nunca más tarde de las 20 horas.

Ni que decir tiene que en este blog se dará cuenta mañana de los pormenores del acto para los lectores que no hayan podido seguirlo ni en persona ni en diferido / televisado.


viernes, 10 de febrero de 2017

VALORACION SINDICAL DE LA COMISION DE EXPERTOS SOBRE CONTRATACIÓN TEMPORAL




La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recibido hoy, 10 de febrero, de manos del grupo de expertos el informe elaborado, a propuesta del Gobierno y de los Interlocutores sociales, para determinar el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre de 2016, sobre la indemnización por extinción de los contratos de interinidad.​ Fátima Báñez ha agradecido el trabajo que han llevado a cabo el grupo de seis expertos laboralistas, y remitirá sus conclusiones a la Mesa de Diálogo Social para la Agenda Integral por la Calidad en el Empleo, convocada el próximo lunes. A continuación se transcribe la nota de CCOO y UGT sobre este informe de la Comisión de Expertos.

Ambos sindicatos valoran y reconocen el trabajo de la comisión, especialmente de los expertos propuestos por ambas organizaciones, José María Miranda Boto (UGT) y Joaquín Pérez Rey (CCOO), por su continua defensa de la protección de los derechos e intereses de los trabajadores, y de Alfredo Montoya, como presidente de la misma, por su afán en lograr un consenso.
CCOO y UGT quieren, asimismo, señalar algunos aspectos destacables del informe de la Comisión:
1. No es posible que la creación de empleo siga avanzando por la senda de la precariedad. Los expertos denuncian y exigen poner fin a los abusos que se viene cometiendo en materia de temporalidad en nuestro país, tanto en el empleo público como en el privado, y que son inadmisibles a la vista de la experiencia europea.
2. No caben recetas simplistas ni fórmulas mágicas. La solución no pasa por hacer a todos los trabajadores precarios, ni por rebajar los derechos de los fijos. Los expertos rechazan de forma expresa y unánime que el contrato único sea la solución y mucho menos que sea una exigencia de las decisiones europeas.
3. Es necesario garantizar los derechos de los trabajadores interinos. Los expertos coinciden unánimemente en la necesidad de poner fin inmediatamente a las interinidades de larga duración, tanto en el empleo privado como en el público. A los trabajadores interinos se les debe garantizar, a juicio de los expertos, la estabilidad en el empleo, obligando a empresas y Administraciones a que a partir de un determinado plazo los mantengan en sus puestos, se les proteja frente al despido, garantizándoles, como mínimo, una indemnización de 20 días, así como el derecho al preaviso, a ser informados por escrito y a la revisión judicial de su despido, que solo cabrá si el trabajador al que sustituyen se reincorpora realmente y no en otros casos. Esta propuesta mejora la situación actual pero, para ambas organizaciones sindicales, esta indemnización debería ser aplicable tanto a temporales como interinos.
4. El contrato de interinidad debe, a juicio de los expertos, computar para la contratación temporal sucesiva de modo que será más fácil llegar a los límites temporales que obligan a las empresas a considerar fijos a sus trabajadores.
5. Advierten de forma unánime los expertos que, sea cual sea la valoración que se haga de la sentencia europea, nada justifica que ésta no sea respetada cuando dice que la norma española es contraria al Derecho europeo por reconocer indemnizaciones a los fijos y no a los temporales.
Sin embargo, UGT y CCOO consideran que el mandato de la Comisión debería haber sido más amplio y haber aprovechado la ocasión para abordar todos los aspectos tratados en las sentencias del TJUE sobre esta materia, así otros aspectos que se generan en torno a esta materia o que se derivan de las propias sentencias. En este sentido, ambos sindicatos han defendido el tratamiento por parte de la Comisión de temas tan fundamentales como, entre otros:
* Establecer una indemnización de 20 días para todos los contratos de duración determinada y temporales cuya finalización se deba a “condiciones objetivas”.Definir con claridad que se debe entender por condiciones objetivas.
* Determinar un plazo de preaviso aplicable en caso de finalización de los contratos de duración determinada, sean del tipo que sean.
* Cómo se debe establecer la comparación entre el trabajador temporal y fijo, conforme a lo establecido por el TJUE.
* Diferenciar entre los límites de la duración de los contratos y los límites del encadenamiento de contratos.
* Determinar las causas que justifican la utilización de interinos en el ámbito público.
* Qué pasa con los trabajadores que tengan un contrato de interinidad hasta que se clarifique nuestra normativa.
Y por supuesto, cualquier regulación en base a las determinaciones anteriores debe llevarse a cabo en el seno del Diálogo Social.
Antecedentes
El pasado mes de octubre, la Ministra de Trabajo celebró una reunión con los presidentes de CEOE y CEPYME y los Secretarios Generales de CCOO y UGT, en la que se acordó la creación de una comisión de expertos que evaluase, en el plazo de un mes, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que equipara la indemnización de una trabajadora con contrato de interinidad, con la de un trabajador indefinido, en el caso de extinción objetiva de la relación de trabajo (despido objetivo).
Se trata de la Sentencia dictada el 14 de septiembre de 2016, caso C-596/14, Ana de Diego Porras y Ministerio de Defensa, que aborda el tema de los trabajadores interinos, con contrato regular no fraudulento, y el principio de no discriminación con los trabajadores fijos comparables y en la que se determina que a la finalización de la interinidad, como causa de finalización objetiva del contrato, el trabajador tiene derecho a la indemnización legalmente prevista para el despido objetivo.
Otras dos sentencias de la misma fecha fueron dictadas en procedimientos prejudiciales instados por órganos judiciales españoles, con el mismo ponente el Juez F. Biltgen, en los asuntos C 16/15, María Elena Pérez López y Servicio madrileño de Salud (Comunidad de Madrid), y C 184/15 y C 197/15, acumulados, Florentina Martínez Andrés y Servicio vasco de Salud y Juan Carlos Castrejana López y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Estas sentencias, que no son las únicas, suponen un varapalo a la regulación legal española sobre los contratos de interinidad, sobre la práctica abusiva del encadenamiento de contratos temporales y sobre las relaciones de servicio eventuales e interinas en las Administraciones públicas españolas. Una situación que se da también en la contratación laboral común en empresas privadas. Pero el Tribunal de Justicia de la UE afirma además que no existe una razón objetiva para justificar una diferencia de trato entre los trabajadores con contrato temporal e indefinido, por lo que considera que es discriminatorio que los contratos fijos tengan una indemnización superior a la de los contratos temporales.
La citada comisión, coordinada por el catedrático Alfredo Montoya, y compuesta por Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional, Joaquín Pérez Rey (CCOO), José María Miranda Boto (UGT), Jordi García Viña, dirigente de CEOE, y Teresa Díaz de Terán de CEPYME, se reunió por primera vez el 16 de noviembre del pasado año.


En este tiempo y tras más de media docena de reuniones, se ha evidenciado la distancia que existe entre los integrantes de la misma por las distintas posiciones mantenidas en los diferentes aspectos que se deberían abordar, comenzando por las materias para las que había sido concebida la Comisión, ya que una parte de los expertos impusieron su criterio de que solo debían tratar el problema de los contratos interinos, mientras que UGT y CCOO entienden que el mandato era abordar las repercusiones de esas sentencias y, por tanto, también la situación de discriminación entre contratos temporales e indefinidos a efectos indemnizatorios.

jueves, 9 de febrero de 2017

REDES EMPRESARIALES Y DERECHO DEL TRABAJO



En la línea de ofrecer al lector del blog, ávido de novedades editoriales, aquellas más significativas en materia de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, se trae ahora a esta entrada la noticia del último libro (por el momento) de Wilfredo Sanguineti, catedrático de la Universidad de Salamanca y profesor a su vez en la PUCP de Lima (Perú), titular también de un interesante blog personal que pueden encontrar en esta dirección:  el blog de Wilfredo Sanguineti . 

El libro comentado, que materializa un proyecto de investigación de ámbito nacional sobre el “impacto laboral” de las redes de empresas del que son investigadores principales nuestro autor junto con Juan Bautista Vivero Serrano, hoy flamante letrado del Tribunal Supremo, se inscribe en los estudios que analizan el cambio producido en las relaciones laborales a través de las metamorfosis que padece la figura del empleador como parte del contrato de trabajo. El tránsito de la empresa verticalmente integrada a las redes empresariales es el punto de partida de esta monografía que propone aproximarse a las redes empresariales como “fenómeno organizativo y realidad jurídica diferenciada” de otros temas que clásicamente han atraído la atención de la doctrina científica, como los grupos de empresas o la subcontratación. Mediante la definición de los elementos configuradores de una amplia variedad de formas de colaboración empresarial que en definitiva fragmentan los procesos productivos en prestaciones parciales “desarrolladas por sujetos formalmente independientes pero conectados desde el punto de vista económico y funcional” , este tipo de variantes morfológicas de la cooperación interempresarial engloba los anteriores objetos de estudio como manifestaciones de la misma.
Sanguineti por tanto parte del aparato conceptual que examina la disociación de los poderes empresariales y el empresario plural, y lo hace conforme al método que el prologuista de la obra, Luca Nogler, catedrático de la Universidad de Trento, considera el propio, eficaz y exitoso del autor, es decir, “primero enfoca el problema tal y como emerge de la realidad productiva, nacional o transnacional, y sólo en un segundo momento afronta la cuestión de la aplicación del sistema normativo”, o, de manera resumida, “problema y sistema y no sistema y problema”. A decir verdad este es el método más conveniente del examen cuando se quieren presentar al lector realidades nuevas que irrumpen en la esfera de lo social y de lo económico y que inducen a cambios en la forma de regular las relaciones laborales, como sucede actualmente con los trabajos sobre la economía colaborativa, pero que aquí se traduce en una reelaboración primera sobre el concepto y las diferentes dinámicas que siguen las llamadas redes empresariales, y la turbulencias que las rigen, así como su repercusión en materia de empleo y de determinación concreta de las prestaciones de trabajo y sus vicisitudes, todo ello por cierto entendiendo que estas figuras organizativas de la empresa no tienen por qué ser calificadas como patológicas, sino que por el contrario integran la fisiología de las relaciones económicas en la actualidad. Este punto, el “el impacto laboral el uso fisiológico de las redes empresariales” sobre la estructura del contrato de trabajo y los derechos laborales individuales y colectivos es abordado de manera muy exhaustiva en el Capítulo 2 de su obra, desgranando los principales puntos de fricción.
Pero donde el libro es más creativo es en su capítulo tercero, en donde se examinan las “respuestas jurídicas” a esta problemática. Sanguineti no pretende, a partir de sus análisis anteriores, construir una respuesta unitaria basada en una categoría que reconozca el fenómeno y le otorgue determinadas consecuencias jurídicas, buscando una tipificación legislativa de la red empresarial al estilo  del “contrato de red” italiano o la noción jurisprudencial francesa sobre la “unidad económica  social”, sino que procede a enumerar una serie de tendencias que convergen en el ordenamiento jurídico español, desde diferentes orígenes, en dar soluciones adecuadas a la red interempresarial como fenómeno irruptivo en las relaciones laborales. No pretende por tanto una “recomposición dogmática de la noción de empleador o empresario”, sino algo más “pragmático”, presentar la “respuesta jurídica plural” frente a las repercusiones en el derecho laboral de los fenómenos de colaboración entre empresas. Entre estas formas de responder, el autor enumera las doctrinas jurisprudenciales – que han sido precedidas de creativos esfuerzos doctrinales, como el llevado a cabo por Fernández López principalmente – sobre el empleador plural, o sobre la cotitularidad del contrato de trabajo, favorecidas a su vez por la presencia continuada de relaciones triangulares en los lugares de trabajo, doctrinas que tiene importantísimas repercusiones en materia de derechos colectivos y en especial en lo relativo al derecho de huelga tras la serie de sentencias del Tribunal Constitucional anteriores a la reforma laboral, pero también las fórmulas legales que encuentra en la regulación de la tutela de la salud laboral o en materia de negociación colectiva, o, finalmente, las cláusulas generadas en la negociación colectiva en la sucesión de contratas, o en las manifestaciones de la autonomía colectiva transnacional a partir de los Acuerdos Marcos que regulan las condiciones laborales en las cadenas de subcontratación de las empresas transnacionales sobre las que Sanguineti ha escrito aportaciones relevantes en otros lugares.
La conclusión que mantiene la obra es importante, que el ordenamiento interno español ha sido capaz de desplegar un amplio proceso de adaptación a la problemática planteada por la difusión de las redes empresariales, y que este es un proceso en marcha no concluido, a través de la construcción de “soluciones autónomas” que permitan recomponer derechos y amortiguar las desigualdades evidentes que se dan en aquellas. De esta manera, Sanguineti ofrece un libro sugerente, que se inscribe en una preocupación inteligente por reconstruir paulatinamente el Derecho del trabajo frente a las nuevas realidades económicas y productivas, y cuya lectura resultará extremadamente provechosa a los que entienden que interpretar la norma y conocerla es también y sobre todo dotarla de sentido en un contexto en donde la igualdad y la libertad de los trabajadores nunca puede ser ignorada.

REDES EMPRESARIALES Y DERECHO DEL TRABAJO
Wilfredo Sanguineti Raymond. Ed. Comares, Granada, 2016, 173 pp., 16 €

martes, 7 de febrero de 2017

UN ALMACEN DE IDEAS (2)



Puntualmente, cada mes, Antonio Lettieri prepara un conjunto de textos para su presentación en la revista Insight, una revista especializada en el análisis de los orígenes y las consecuencias sociales y económicas de la crisis que desde el 2008 está transformando el panorama político de referencia. Estos son los contenidos para el número correspondiente a Enero y Febrero.

Como no podía ser de otra manera, el tema de la victoria de Trump en Estados Unidos acapara en gran medida el grueso de los contenidos del número. Se trata sin embargo de intervenciones en las que se examina este evento un poco a contracorriente de cómo se está efectuando e la gran prensa española. Algunos textos, como el del propio Lettieri, son característicos de este estilo. Se aborda asimismo el tema en general de la crisis en relación con las grandes empresas y la problemática europea del Sur recibe , como es previsible, una especial atención: en el caso italiano mediante una reflexión de Romagnoli sobre el sindicato y la Constitución, y en el caso español una doble reflexión sobre los derechos fundamentales de carácter social y el momento desestructurante de los mismos merced a las estrategias de la gobernanza económica y el globalismo, obra de la catedrática de Filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Maria José Fariñas, y un análisis muy agudo sobre los conceptos de empleo y de trabajo y la percepción por parte de la mayoría de la población del empleo con derechos como el único equivalente de este concepto, que lleva a cabo Carlos Prieto, catedrático de Sociología de la UCM.

Como de costumbre, la revista acoge una serie de trabajos más extensos bajo la rúbrica de Papers. Allí se pueden encontrar unos excelentes estudios sobre los problemas que afrontó el gobierno de Renzi en Italia, además de aspectos más generales como la crisis de las divisas estatales, la construcción política de instrumentos de lucha contra la desigualdad en el New Deal americano, y, en fin, una opinión crítica sobre las estrategias de recuperación económica en los Estados Unidos de América del Norte.

En definitiva, un espacio de almacenamiento de lecturas extremadamente interesantes e inteligentes, que se une a otro tipo de iniciativas en nuestro país y en castellano, como la que lleva a cabo semanalmente Sin Permiso que hacen factible una información de calidad y crítica que se separa de la homogeneidad de los medios de comunicación oficiales empotrados en el poder económico que hacen exactamente lo contrario: desinformar y manipular ideológicamente una opinión pública inerme y no educada.

Enero - Febrero 2017 / En este fascículo

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sábado, 4 de febrero de 2017

LA INCIDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL



El 2 de febrero ha tenido lugar en Madrid, en el Auditorio Marcelino Camacho de la USMR-CCOO, una Jornada de Estudio organizada por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO sobre la incidencia de la jurisprudencia del TJUE en materia de contratación temporal. Se trataba de la 51ª edición de estas Jornadas que comenzaron en Albacete, en 1991, y que posteriormente se reduplicaron en Madrid al ritmo de dos al año, que disponen un campo de relación entre los distintos agentes del derecho del trabajo – abogados y consultores sindicales, profesores de universidad, jueces y magistrados , inspectores de trabajo – para el debate y la circulación de un modelo democrático de relaciones laborales, en contraposición directa, muy acusada en los últimos tiempos de la crisis, con el  plan de demolición controlada de los derechos colectivos e individuales derivados del trabajo.

Las reformas laborales que derivan de las políticas de austeridad propiciadas por la “nueva gobernanza económica europea” no han podido ser por el momento revocadas como pretendía el movimiento sindical y una parte de los partidos políticos, que no han podido ni sabido crear una alternativa de gobierno que  prescindiera del Partido Popular, causante de los peores cuatro años de nuestra historia democrática en materia de liberticidios y desestructuración del sistema de relaciones de trabajo. La pérdida de la mayoría absoluto por este partido no ha impedido que volviera a formar gobierno gracias a la abstención del PSOE, él mismo inmerso en una importante crisis interna, aunque aparece un cierto resquicio parlamentario para la toma en consideración de algunas iniciativas que cambien elementos centrales de la regulación neoautoritaria del sistema laboral. Nada por el momento definitivo, dado que el propio Partido Popular ha llevado al Tribunal Constitucional algunas decisiones parlamentarias importantes en este sentido sobre la base de que conllevaban un aumento del gasto incompatible con los compromisos de estabilidad económica y monetaria a los que el gobierno se ha comprometido en Europa, decisiones que previsiblemente serán rechazadas por el órgano constitucional capturado por el partido del gobierno. La toma en consideración por el parlamento de la ILP sobre una renta mínima es sin embargo un indicio que sugiere que hay posibilidades parlamentarias de viabilizar medidas de reforma progresistas aunque con el riesgo de que el dominio del proceso legislativo por el gobierno pueda al final desvirtuarlas.

Recientemente ha entrado en liza, cuestionando seriamente el modelo de relaciones laborales impuesto por la reforma laboral, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas sentencias condicionan de forma muy directa la actuación de nuestros tribunales en la aplicación del derecho. Mientras que en la STJUE de 5 de febrero del 2015 (Asunto C-117/14, Proclava), el Tribunal se había declarado incompetente para enjuiciar el contrato de apoyo a los emprendedores  y la existencia de un período de prueba de un año asociado a la libertad de despido durante este plazo, al no considerar dicho contrato como contrato temporal y por tanto no sometido a la Directiva correspondiente,  en las sentencias “españolas” de 14 de septiembre del 2016 – que han sido objeto de comentario en el número 75 de la Revista de Derecho Social por Pavlou y Garcia-Muñoz – todas las extinciones de contrato enjuiciadas son el fruto de la aplicación del RDL 20/2012, de 13 de julio (conocido como Decreto Montoro) que constituye una pieza clave en la política de recortes derivada de la “austeridad” sintonizada con la gobernanza económica europea, que sin embargo es cuestionado severamente por el Tribunal de Justicia sobre la base precisamente de su incompatibilidad con el principio de no discriminación contenido en la cláusula 4ª de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, norma que tiene eficacia directa porque es una norma precisa, incondicionada y hay una relación de causalidad entre el reconocimiento de derechos. El valor político de estas decisiones consiste precisamente en esto, el cuestionamiento de un aspecto central de las reformas urgidas por las políticas de austeridad, unido al convencimiento del Tribunal de que el sistema español de regulación de la contratación temporal vulnera, desde hace tiempo, los preceptos básicos del derecho europeo sobre los contratos de duración determinada.

Eso explica el tono especialmente severo de las sentencias, no utilizado con otros países que han padecido la censura jurídica del TJ en materia de contratación temporal (Alemania, Italia o Grecia). Son sentencias que se emiten después de un largo camino  jalonado de decisiones sobre casos iniciados por reclamantes españoles en los que el Tribunal de Justicia ha ido recordando los principios centrales en los que se basa la Directiva sobre contratos temporales, señalando que la protección laboral debe darse a través del contrato indefinido, y que la ecuación que liga las necesidades permanentes de la empresa con el  contrato estable es el eje sobre el que se puede construir la relación con el trabajo temporal. Cuestiones que tanto la práctica laboral como la interpretación de los tribunales suelen ignorar.

Las tres sentencias de septiembre del 2016 del Tribunal de Justicia han causado una enorme expectación tanto en los medios generales de difusión como en la propia opinión especializada, generando una amplísima serie de comentarios, prolongados con las primeras sentencias de los tribunales españoles que aplicaban la doctrina contenida en aquellas. Algunos de ellos se han visto reflejados en este blog, en entradas muy seguidas por un número importante de lectores: el comentario de Miquel Falguera (http://baylos.blogspot.com.es/2016/09/contratacion-temporal-y-tribunal-de.html), que fue reproducido asimismo por el blog Metiendo Bulla y que batió records de audiencia; el de Joaquín Aparicio, reproducido asimismo en el blog Desde mi cátedra (http://baylos.blogspot.com.es/2016/09/contratacion-temporal-y-tribunal-de.html), y también el que firmó Joaquín Pérez Rey indicando qué tenían que hacer los jueces españoles ante las sentencias del TJ, que obtuvo los mejores resultados de audiencia en el presente blog (http://baylos.blogspot.com.es/2016/09/que-deben-hacer-los-jueces-espanoles.html) , con numerosos comentarios que incluían supuestos prácticos de interinos de la Administración de larga duración.

Se ha discutido de todo, desde la supuesta implantación vía Tribunal de Justicia del reclamado “contrato único” al que aspiran tantos exponentes de la ingeniería social à la page, hasta los que negaban cualquier efecto de las sentencias más allá del supuesto concreto que éstas enjuiciaban. Lo cierto es que las “sentencias españolas” de septiembre de 2016 del TJUE permitían replantear el problema de la contratación temporal en España y la necesidad de su modificación o reforma completa, sobre la base de confirmar su carácter excepcional respecto del contrato de trabajo por tiempo indefinido y mediante la articulación de medidas disuasorias y represivas que no sólo castiguen el fraude de ley y la utilización abusiva de la contratación temporal, sino que la liguen directamente a causas concretas y específicas bien definidas y convenientemente controladas sindical, administrativa y judicialmente.

Dado que la tasa de temporalidad española es, junto con Grecia, la más importante de la Unión – el 26%  de la población asalariada – y que el empleo que se ha creado tras la reforma laboral es esencialmente – un 91% del mismo – empleo temporal y precario, es entendible el impacto que estas sentencias han tenido entre los protagonistas de nuestras relaciones laborales. Sin embargo, frente a las expectativas planteadas, se han levantado no sólo opiniones adversas, sino toda una estrategia para inmunizar al ordenamiento jurídico español frente a posibles impulsos de regulación “fuerte” de esta materia. De un lado, el Gobierno ha creado una Comisión de expertos, de objeto muy limitado, en el que sólo se analizan los efectos de la Sentencia De Diego Porras sobre el contrato de interinidad en el seno de los organismos públicos, y cuyas labores no han sido fáciles ante la cerrazón de la patronal y el propio gobierno; por otro, la sala de lo Social del TSJ de Málaga ha planteado de forma consciente una contradicción de sentencia con otra del Pais Vasco que aplicaba la doctrina del TJ para forzar la intervención de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y, finalmente, el Tribunal de Justicia ha sido interpelado por una nueva cuestión prejudicial del TSJ de Galicia para que éste se pronuncia sobre la incorporación al principio general antidiscriminatorio que prescribe el art. 21 de la CDFUE de la discriminación en las condiciones de trabajo en materia de contratación temporal. Por tanto la situación está muy abierta en el plano de las posibles soluciones jurídicas que por otra parte pueden dirigirse por nuevos derroteros. El tema es lo suficientemente interesante como para que se dedique en el número 76 de la Revista de Derecho Social, de inminente publicación,  todo el apartado de Debate a su exposición y análisis en una muy profunda y sugerente reflexión de Joaquín Pérez Rey, que además ha formado parte de la Comisión de Expertos que se ha ocupado del tema por encargo gubernamental.

Lo que subyace en cualquier caso a esta intervención del Tribunal de Justicia es la necesidad de un cambio en profundidad del régimen de la contratación temporal. Hay ya suficientes propuestas sobre el mismo, desde las que han efectuado los sindicatos hasta la consensuada por agentes sociales en el llamado documento FIDE. Pero todo ello debe a su vez estar basado en la consideración de la materia del trabajo temporal y de la precariedad que éste produce como un tema hoy central en las reivindicaciones del sindicalismo confederal, sobre el que debe movilizarse el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de este país. Solo de esta forma es cómo se consigue modificar la regulación y revocar en ese punto – que es neurálgico – uno de los ejes del modelo de relaciones laborales que ha impuesto la reforma laboral en nuestro país y que las turbulencias políticas del último año han sido incapaces de cancelar.