martes, 28 de julio de 2015

SOBRE EL DERECHO DE INFORMACIÓN: VERSIÓN ORIGINAL




Los recientes ayuntamientos democráticos donde las candidaturas de unidad popular han logrado el gobierno de grandes ciudades, están siendo acosados desde el momento mismo en el que tomaron posesión, y sus primeras decisiones o proyectos son inmediatamente criticados y atacados no solo desde las fuerzas políticas adversas sino fundamentalmente a través de los medios de comunicación tanto públicos – las televisiones oficiales – como privados – los medios radiofónicos y periodísticos – que en no pocas ocasiones manipulan y retuercen en sus informaciones y opiniones el sentido original de las propuestas que muchas veces son simplemente diseños no concluidos por debatir.

Una de las más publicitadas y debatidas ha sido la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de poner en marcha una página web en la que se informara sobre los proyectos y medidas adoptadas, desmintiendo por consiguiente las informaciones tendenciosas o inexactas que parezcan en otros medios. Esta idea, bajo la denominación de “versión original”, que por cierto es un buen título para el sitio web, es la que ha sido objeto de primeras páginas de los periódicos, carátulas informativas en la radio, primera noticia en los telediarios. A ello se han unido instituciones corporativas de los periodistas, las asociaciones de la prensa, voces autorizadas de este sector.

Para la mayoría de este ruido mediático la web estaba pensada para limitar la libertad de expresión de los periodistas, que sería coartada por la denuncia de los mismos a través de la página del ayuntamiento. En efecto, La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) instó al equipo de gobierno municipal a dar marcha atrás respecto a esta idea al considerar que podría “crear un clima de animadversión hacia los medios y los periodistas” y La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aseveró rotundamente que "el papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre", lo que parecía que era puesto en entredicho por la iniciativa madrileña. Con más ínfulas literarias, algunos medios hablaban de un orwelliano “ministerio de la verdad”, denunciando así “el carácter totalitario” de la extrema izquierda que gobierna el ayuntamiento de Madrid. Para el Partido Popular, era la réplica castiza del programa “Aló Presidente” de Chaves en Venezuela, y el responsable del grupo municipal socialista, Carmona, señaló que “el Ayuntamiento no debe estar para rectificar a los periodistas. La democracia es libertad. El Ayuntamiento tiene que estar a otras cosas y no para rectificar a los periodistas", y amenazó con una moción de censura, objetivo en el que coincidían la Condesa de Bornos y la portavoz de Ciudadanos. Tras un encuentro con el portavoz del PSOE, se hizo público que la página "evitará hacer menciones a periodistas, argumentos ad hominem o menciones específicas a profesionales. Se limitará a emitir información, publicar notas aclaratorias o ampliaciones de la propia información".

La web se ha explicado por el Ayuntamiento, al  final del (largo) debate mediático sobre la mismas, de manera bastante clara: “Parece importante complementar o aclarar aquellas informaciones sobre la actividad del Ayuntamiento (gobierno o grupos municipales) que por aquellas razones, o similares, generan confusión o alimentan especulaciones cuya falta de fundamento es útil corregir. Mediante esta página, el Ayuntamiento pretende conseguir que  en razón que sea, confusión en los medios o en los ciudadanos. Existen, afortunadamente, muchas maneras de comentar, replicar, responder o criticar a estas aclaraciones que, con la mejor voluntad, pone el Ayuntamiento de Madrid a disposición de los interesados. Escuchar y rectificar cuando sea necesario, atender y ser permeable. Queremos que estas sean señas de identidad del actual gobierno municipal y de su política de comunicación. Ampliar la información para que cada empresa de comunicación y cada ciudadano siga ejerciendo su papel y ampliando su capacidad de juicio es el objetivo que nos marcamos”, dice la página del ayuntamiento que lo explica  Madrid V.O.) .

Desde luego que hubo también opiniones de profesionales del periodismo que se despegaron de esa consideración negativa y defendieron la utilidad de la misma para la actividad de los profesionales de la comunicación y de la información. Algunos artículos más recientes son especialmente ilustrativos, como el de Guillermo López en Sin Permiso Una pagina web, ¡que escandalo!o el de Luis García Montero en Infolibre , Periodistas escandalizados.

Pero, asumiendo plenamente estos planteamientos, es también interesante enfocar este tema desde la perspectiva del derecho a la información. Especialmente desde lo que expresa de modo muy claro la FAPE, al decir que “es el periodista quien garantiza el derecho a la información libre”.

En esta idea, y en todo el enorme escándalo ante la modesta iniciativa del ayuntamiento madrileño, subyace la idea de que la información es monopolio de los medios de comunicación y de sus profesionales.  Los medios de comunicación – haciendo abstracción de que están organizados como empresas - reivindican el monopolio de informar y por tanto su capacidad de sesgar ideológicamente la misma como libertad de expresión de su medio de comunicación, y se la niegan al poder político, que debe solo "gobernar", mientras que informar sobre cómo o hace y sus consecuencias es exclusivo y privativo de las empresas y grupos de comunicación.

Este es el área en el que se confina la información y al libre expresión que esta conlleva, el espacio concreto de los medios de información de propiedad privada – los más importantes y condicionantes – donde la libertad de información es libertad de empresa, y por tanto ésta se organiza desde la iniciativa económica privada. Los límites que se establecen a esta libertad de empresa son fundamentalmente los derivados del mantenimiento de una cierta libertad de mercado, como son los que se imponen para evitar la concentración de medios en una o varias empresas determinadas, pero no hay más límite a la información que los derivados de la libre expresión, especialmente laxos cuando se refiere a la crítica de la acción política. Vocento, Atresmedia, Prisa, Recoletos o Unidad Editorial son los sujetos que poseen la libertad de información, orientan sus empresas hacia el sentido que deben dar en su momento, y en consecuencia interfieren y median esa libertad insertándola y “empotrándola” en su interés empresarial. Los periodistas son el reflejo de esta libertad de empresa, como por otra parte conoce perfectamente el sector, muy castigado por la crisis y con altos niveles de precariedad.

Los medios públicos de comunicación tienden por el contrario a asegurar una información desde el espacio publificado de la acción de gobierno y en muchas ocasiones reflejan el pluralismo político y social únicamente a través de la recepción de los debates o informaciones de los grandes medios de comunicación, centrándose en una información institucionalizada y normalmente autovalorada positivamente. En los últimos tiempos, la apropiación partidista – más allá por tanto de la propaganda de gobierno – de las televisiones y radios públicas ha hecho además que estos instrumentos de información estén sesgados ideológica y políticamente en una función de adoctrinamiento contraria a la propia  idea de la información.

El periodista es clave en la información a la opinión pública, pero el derecho a la información es un derecho ciudadano cuyos titulares son las personas que forman parte de la comunidad política de referencia, el Estado español. Y por tanto el derecho a tener una información veraz y ponderada como base para la formación de una conciencia social y política de integración y de actuación en el marco de la sociedad en la que vivimos, no puede sólo agotarse en la oferta económica y mercantil de las empresas de la información. A las que hay que exigir un nivel mínimo de veracidad y de autenticidad que cree una confianza imprescindible entre el medio de comunicación y la información que suministra. Los medios de comunicación públicos tienen que ser los garantes más activos de esta libertad de información de los ciudadanos, alejándose por consecuencia de la labor de propaganda o de ocultación de la realidad  contraria a la visión que se quiere transmitir de la economía, la sociedad o la política.

Una intervención desde el campo de lo político para garantizar el derecho a la información de todas y todos los ciudadanos es algo que se puede y se debe plantear, aunque ya se sabe que el mero hecho de insinuar una reflexión sobre la conveniencia de poner en cuestión el monopolio de la información por parte de las empresas de comunicación, haga exclamar terribles palabras y comparaciones con figuras como Putin o como Cristina Fernández, aunque en este supuesto sería interesante leer la sentencia de la Corte Suprema argentina sobre el caso Clarín. Clarificar que el derecho de información lo tienen los ciudadanos y no las empresas de comunicación es un punto de vista prioritario.


Por eso la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid se inserta en esta perspectiva. Una información que se suministra al ciudadano  sobre la que éste además puede tener un canal de comunicación para aportar su propia visión sobre los distintos asuntos sobre los que quiere saber y opinar. Una iniciativa modesta, pero democrática y que debe ser defendida por ser plenamente funcional no sólo a la libertad de expresión, sino muy especialmente al derecho de información de la ciudadanía, en este caso, de Madrid capital.

sábado, 25 de julio de 2015

REPRESIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL COBRE CHILENO




En el comentario a este post podrán ver el comunicado de renuncia del Consejero Laboral en España de la República de Chile, nuestro amigo y compañero Cristian Cuevas, dirigente sindical de los trabajadores del Cobre, tras los sucesos que aquí se comentan. La fecha de la renunica es la de hoy, lunes 27 de julio. Desde este blog enviamos nuestra solidaridad al compañero Cuevas y a la CTC chilena.

Chile - como en general las repúblicas latinoamericanas - no suscitan la atención de los medios de comunicación españoles salvo cuando los intereses de nuestras empresas transnacionales están afectadas o puestas en cuestión o bien cuando, como en el caso de Venezuela o de Brasil, el ascenso de los medios conservadores y del privilegio permiten abrigar esperanzas de una involución política. 

En Chile sin embargo se están preparando importantes cambios sociales y políticos tras la elección de la presidenta Bachelet al frente de una coalición de partidos en donde por primera vez desde hace mucho tiempo - antes del golpe de estado de Pinochet en 1973 - está presente el Partido Comunista. Los debates más importantes giran en torno a la educación, la reforma de la constitución y una nueva constituyente y, naturalmente, la reforma laboral.

Esta es una zona sísmica, porque tradicionalmente el empresariado chileno ha influido de forma muy directa tanto a la derecha pinochetista como al conjunto de partidos de la Concertación - democristianos y socialistas - en torno a la preservación del Plan Laboral de 1979 de la dictadura, que era fundamentalmente un proyecto antisindical que enervaba la posibilidad de sindicatos fuertes y confinaba la negociación colectiva en la empresa y en los centros de trabajo. A impulso del movimiento sindical, se ha impuesto la necesidad de llevar adelante una reforma laboral, pero los resultados - todavía en curso - son decepcionantes para una gran mayoría del movimiento obrero y de los intelectuales y expertos que esperaban que con la reforma laboral del 2015 se invirtiera el sesgo antisindical que caracteriza la legislación laboral chilena. Hay algunos documentos muy interesantes que anticipan este debate, como el que ha realizado, de forma muy didáctica, la Fundación Sol,  que se puede ver en este enlace Sobre la reforma laboral en Chile.

Mientras tanto en el país se despliegan un buen número de conflictos laborales. Uno de los más importantes, por su transcendencia y simbolismo, es el que llevan a cabo los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas del cobre, que han tenido una larga trayectoria de lucha y de "Acuerdos Marco" desde el 2007. La gran empresa minera, CODELCO, es como se sabe un puntal de la economía chilena, pero es conocida también por su intransigencia negociadora. De hecho, su negativa a negociar con la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) el pliego de revindicaciones (que se puede consultar en este enlace petitorio CTC) ha dado lugar a la convocatoria de una huelga general del sector iniciada el 21 de julio de este año.

En Chile, como sucedía con España en la dictadura, la legislación de huelga es extremadamente represiva, de manera que la norma se dedica a explicar lo que está prohibido más que lo espacios de legalidad, que son extremadamente difíciles de mantener. Los trabajadores de CTC de las empresas contratistas y subcontratistas del Cobre han realizado piquetes y cortes de ruta y han impedido realmente la producción del mineral por dos días.

Sobre la base por tanto de la ilegalidad de estas acciones colectivas, el presidente de CODELCO se reunión con el Ministerio del Interior para exigir una acción policial represiva de las acciones colectivas de los trabajadores. Los enfrentamientos y las cargas policiales no se han hecho esperar, pero ayer la policía disparó y mató a un trabajador en huelga. 

A continuación se da cuenta del comunicado que la CTC ha emitido sobre este suceso, exigiendo responsabilidades no sólo a la empresa estatal chilena, sino al gobierno en la persona del Ministro del Interior. 

La represión nunca es el camino para abordar las reivindicaciones de los trabajadores. En estos momentos, el gobierno chileno debe responder exigiendo una investigación policial sobre ese asesinato de un trabajador, y adoptando las medidas correspondientes para reparar ese acto. Pero lo más importante es que tome nota de la gravedad del conflicto y desarrolle las instancias de mediación necesarias que implican desde luego prescindir de posturas intransigentes y autoritarias como las que pueblan desde hace demasiado tiempo las relaciones de trabajo en Chile.

Informar sobre estos hechos y expresar nuestra solidaridad activa con los trabajadores del cobre chilenos, es lo que compete a esta bitácora. Chile tiene que incorporar la democracia también a las relaciones laborales y no mantener un despotismo autoritario como forma de gobierno de las mismas.

Comunicado de la CTC

Emitimos este 4to Comunicado Público Oficial, a nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y de los miles de contratistas y subcontratistas que actualmente se encuentran desplegados en el territorio nacional en el 4to día de paralización efectiva de labores, producto de la negativa de Codelco a negociar el Acuerdo Marco 2015, para informar lo siguiente:

1.     La CTC, el Movimiento Sindical y el país entero se encuentran consternados por el asesinato del trabajador contratista, Nelson Quichillao López, quien la madrugada del viernes 24 de julio, pasado las 02:00 horas, fue baleado por Fuerzas Especiales (FFEE), que se encontraban desde la noche anterior reprimiendo a los trabajadores movilizados en el territorio de El Salvador.  Cabe señalar que las FFEE acudieron al lugar con elobjetivo único de reprimir, neutralizar y dispersar la legítima movilización de los trabajadores, que se encontraban absolutamente desarmados.

2.     La CTC manifiesta públicamente las más sentidas condolencias a la familia de Nelson, a sus amigos y cercanos, y los compañeros de labores del sindicato en el que se organizaba. La clase trabajadora lo recordará por siempre como un luchador que sólo pudo ser abatido por el acero de las balas, percutadas por la represión policial.

3.     Denunciamos la brutal fuerza ejercida por FFEE de Carabineros, quienes han procedido en todo momento como “garantes de la seguridad del Capital” y no de los intereses del pueblo chileno para el cual está mandatada la institución de orden público. Dicha violencia había sido largamente denunciada por esta organización, que desde el día n°1 de la paralización nacional acusó exceso desmedido de la fuerza y la utilización de armamento represivo, sin tener respuestas ni cambios en el proceder por parte de la autoridad.

4.     Como clase trabajadora agregamos que no permitiremos ninguna víctima más a manos de la brutal represión dispuesta por Codelco y el Ministerio del Interior, a quienes por cierto responsabilizamos directamente de este lamentable y fatal hecho. Por tanto, le exigimos al Ministerio Público y a las autoridades de la Justicia chilena realizar un pronunciamiento formal y una investigación detallada y transparente, por cuanto las investigaciones desarrolladas por la institución de Carabineros al respecto, actualmente nos merecen desconfianza y carecen de todo tipo de legitimidad e imparcialidad.

5.     Finalmente, le exigimos al Gobierno de Chile, encabezado por la presidenta Michelle Bachelet y las autoridades competentes en la materia, que cesen con la escalada de violencia policial e institucional dispuesta por el Ministerio del Interior en las zonas movilizadas, a quien responsabilizamos de este homicidio por -al menos- incitar a la violencia y el enfrentamiento de FFEE y trabajadores.

Como CTC no permitiremos que este homicidio quede en la impunidad ni se convierta en un segundo “Rodrigo Cisternas”, por lo que -lejos de atentar contra la convicción de la clase- hoy los trabajadores lucharemos con más fuerza y determinación. Llamamos a las autoridades de Gobierno a asumir responsabilidades penales y políticas del hecho, que demuestra como Carabineros y las instituciones de orden tratan a la población trabajadora y honesta de este país como como a delincuentes.

Compañeras y compañeros, hoy más que nunca redoblamos el llamado a los trabajadores a reunirse en sus federaciones territoriales para coordinar y analizar el escenario que se avecina.  Juntos debemos defender nuestros derechos y la dignidad de la clase trabajadora, la que hoy ha sido golpeada pero no doblegada. No dejaremos que este asesinato sea acallado.  Ánimo, fuerza y mucha convicción a los trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco, que hoy se encuentran movilizados por su dignidad y la de sus familias.

No más represión ni muertos por luchar

¡Arriba los que luchan y no se rinden!


#AcuerdoMarco 2015: ¡AHORA!

jueves, 23 de julio de 2015

LA ANTISINDICALIDAD COMO PROGRAMA: GRAN BRETAÑA



Los lectores de este blog han conocido ya la preocupación por el antisindicalismo que se está convirtiendo en un rasgo cultural del "cambio de época" en el que estamos inmersos. Además de reiterar lo que se recogía en esa entrada, sobre el antisindicalismo, se trae ahora a colación la propuesta de regulación del derecho sindical británico que ha efectuado el Gobierno conservador inglés. A este hecho se dedican las siguientes reflexiones.

El 15 de julio el nuevo gobierno británico ha puesto en marcha un amplio plan de modificación del derecho colectivo del trabajo que busca restringir intensamente los derechos sindicales. El Proyecto de Ley Sindical incide en los elementos clásicos de la legislación antisindical de la época Thatcher, exasperando sus elementos más negativos.

Se trata por consiguiente de introducir restricciones importantes a las huelgas “no oficiales” o convocadas asambleariamente por los trabajadores al margen de los sindicatos, como el que ha habido en el metro de Londres los días 8 y 9 de este mismo mes, criminalizar los piquetes ilegales, con penas de cárcel – en la línea por tanto de lo que ya conocemos en nuestro país a partir de la persecución de sindicalistas que el Ministerio Fiscal ha llevado a cabo y los jueces han aceptado -   y de permitir que las agencias de trabajo temporal puedan ser contratadas por las empresas para sustituir trabajadores en huelga, legalizando así la práctica planificada del esquirolaje. A eso se unen dos típicas medidas neothatcherianas, la de  restringir los « fondos políticos » nutridos de las cotizaciones sindicales para financiar al Partido Laborista y reforzar las exigencias ya reguladas en la norma inglesa desde la etapa Thatcher sobre la necesidad de realizar un referéndum como requisito previo a la convocatoria de huelga.

Se trata de las medidas más restrictivas de los derechos sindicales y colectivos que se hayan intentado poner en práctica en Gran Bretaña en los últimos treinta años. El ministro de Economía y de Trabajo, Sajid Javid, es hijo de inmigrantes pakistaníes, que trabajó como asesor bancario y era miembro del Consejo de Administración de la Deutsche Bank International, ha defendido con pasión el proyecto, manifestándose como un ferviente admirador de la obra de la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher (a la que recientemente se le dedicó en Madrid por parte de la Administración municipal del PP una plaza).

Este tipo de medidas tiene que ver con las negociaciones que Gran Bretaña viene efectuando con la Unión Europea, en donde el tema de la política social entra directamente en las materias de intercambio. Es decir, la presencia en la Unión Europea se condicionaría a la posibilidad por parte de Gran Bretaña de aceptar o no las normas sociales europeas, en una re-edición de lo que el partido conservador hizo con el Acuerdo de Política Social y su sistema de opt out, es decir de inaplicar las normas europeas en materia social en el interior del ordenamiento jurídico británico hasta que en 1997 el triunfo del Partido Laborista con Blair hizo que este sistema desapareciera.

Ya actualmente se sabe que el partido conservador se niega a la transposición de las directivas sobre el tiempo de trabajo ni sobre el trabajo temporal. Y hay rumores sobre proyectos de reforma de la ley británica sobre los Comités de Empresa Europeos para reducir sus facultades de información y consulta. El tema está abierto para el referéndum del 2017, y lo que aparece como un elemento claro en las negociaciones que se están llevando a cabo con la dirección política de la Unión Europea, es que el gobierno Cameron esté dispuesto a votar sí a la permanencia en la Unión Europea a cambio de un sistema de inmunidad en la vigencia de derechos civiles y sociales de la Unión en el ordenamiento jurídico británico. Lo que confirmaría la visión que el conservadurismo británico tiene respecto de la Unión Europea, un simple espacio de mercado sin constricciones arancelarias y con una amplia facilidad para la circulación de bienes, capitales y servicios. Para ello cuenta además explícitamente con el apoyo de la gran asociación empresarial británica, CBI, que quiere una Europa que “trabaje para los negocios”, en concreto para los negocios británicos. En este enlace, se puede consultar la nota sobre la alocución del Ministro de Economía y Empleo al CBI: “Una Europa que trabajo por los negocios británicos” El gobierno trabaja para que ustedes hagan negocios

Por su parte, la Unión Europea paraliza cualquier referencia a la política social para no “ofender” a su socio insular, y se muestra con Inglaterra dialogante y abierta a la modificación de las reglas de juego que dan sentido a la propuesta europea, que además se centra en el tema de los derechos de los ciudadanos europeos y las manifestaciones normativas en torno a la política social de la Unión. Es inevitable no hacer comparaciones con el tratamiento que la propia Unión Europea y las instituciones financieras internacionales han dado a Grecia y al gobierno de Syriza, haciendo evidente el desprecio por la democracia y la violencia del gobierno de las finanzas sobre la resistencia popular.

Antisindicalidad e inmunidad ante la aplicación de derechos sociales es una operación política e ideológica que va cobrando fuerza no sólo en Gran Bretaña, sino en amplios estratos del pensamiento conservador europeo, como muestra de un neoliberalismo autoritario que se extiende y refuerza progresivamente y frente al cual no aparece una oposición ideológica fuerte más allá de la resistencia anclada en los propios sindicatos de los países donde se realiza esta agresión, sin que se logre un impulso coordinado de la solidaridad efectiva del sindicalismo europeo, y de la izquierda política minoritaria que denuncia estos comportamientos.

Es importante sin embargo atender a la posición concreta que el sindicato como sujeto político adopta en cada país determinado, y en qué medida es capaz de presentarse ante el conjunto de la sociedad como una figura social que no sólo se relaciona con el empleo y las condiciones de trabajo sino que, precisamente por ello, tiene la capacidad de representar un proyecto de regulación social que tiene en el centro de la misma el trabajo como factor de cohesión social y de acción política. El antisindicalismo implica la reducción del sindicato a un instrumento de regulación y cálculo del valor del trabajo que en la lógica económica imperante al encarecer el mismo, obstaculiza el crecimiento y el empleo, y de esa posición deduce propuestas concretas para debilitar su capacidad de incidencia no sólo “en el mercado de trabajo” sino en el conjunto de la sociedad. Una tradición política que escinde estas esferas y que relega el espacio público a formas de representación que excluyen del mismo al sindicato, es un espacio cultural que favorece este tipo de quiebros autoritarios. Aunque este tipo de pensamiento político está en retirada en nuestro país, como se podrá comprobar con las próximas elecciones, el sindicalismo debe aprovechar este momento para intervenir de forma protagonista en él, reivindicando su modelo de sociedad y su proyecto de reforma de las estructuras económicas, políticas y sociales.

Es posible que después del verano tengamos noticias interesantes en esta dirección.


martes, 21 de julio de 2015

LA ECOLOGIA DEL TRABAJO



Este tiempo de calor aconseja retirarse a casa y leer tranquilamente buenos libros. El que se presenta a continuación es una sugerencia de lectura para el debate y la discusión. 

No había ninguna iniciativa académica que uniera directamente la regulación laboral y la perspectiva ambientalista en un texto para la discusión entre especialistas. La editorial Bomarzo acaba de publicar un libro colectivo, dirigido por Laura Mora Cabello de Alba y coordinado por ella y Juan Escribano, ambos profesores de Derecho del Trabajo en las Universidades de Castilla La Mamcha y Almería respectivamente. Es un libro especial, porque agrupa intervenciones desde muy diferentes puntos de vista, estructuradas en tres grandes apartados, y que cuenta con la participación de muy relevantes aportaciones de personas que han trabajado en este área desde hace mucho tiempo, cuyos nombres son bien conocidos. El libro liga por tanto la ecología del trabajo y el análisis del trabajo desde estas propuestas de reconstrucción teórica y política del mismo, junto con aportaciones muy subjetivizadas sobre el trabajo que sostiene la vida, más allá y fuera del trabajo asalariado.  Como "pieza única" no es un libro sólo para iuslaboralistas, aunque lo sean sus coordinadores. Se publica en la colección "Historia y Cultura del Trabajo" que ha lanzado la editorial, y a buen seguro obtendrá una muy buena acogida entre sus lectores, posibilitando y abriendo un debate sobre este tema. A continuación se inserta el índice de la obra con los autores de sus respectivos capítulos.

La ecología del trabajo

ISBN 978-84-15923-77-0

 

Editores
Mora Cabello de Alba, Laura

Escribano Gutiérrez, Juan

 

Autores
VARIOS

 

Colección Historia y cultura del trabajoFormato 17x24 cm - 268 páginas - Editado 2015 - 28 Euros


INDICE DEL LIBRO

LA ECOLOGÍA DEL TRABAJO


La ecología del trabajo: el trabajo del pan y las rosas. Laura Mora Cabello de Alba.

Derecho del trabajo y ecología: repensar el trabajo para un cambio de modelo productivo y de civilización que tenga en cuenta la dimensión medioambiental. Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra.

Vivir y trabajar en un mundo justo y sostenible. Yayo Herrero.

La sostenibilidad de la vida en el centro... ¿y eso qué significa? Amaia Pérez Orozco.

EL TRABAJO DESDE UNA MIRADA MULTIDISCIPLINAR.

Relaciones entre ser humano, trabajo y naturaleza desde una perspectiva histórico-antropológica. Rosa María Almansa Pérez.

Trabajo y medio ambiente: perspectivas jurídico-laborales. Juan Escribano Gutiérrez.

El Derecho del Trabajo frente a los nuevos retos del desarrollo sostenible. Sabrina Alzais.

Naturaleza, trabajo y sindicalismo. Manuel Garí.

La maldición del empleo. Por una renta básica de ciudadanía. Iñaki Uribarri.

EL TRABAJO QUE SOSTIENE LA VIDA.

La salida de la crisis económica en Andalucía: medio ambiente, trabajadores y modelo de desarrollo. Jesús M. Castillo.

El enfoque ecológico en logopedia. Lidia Rodríguez.

Mis dos ocho miles. Amparo Mora Cabello de Alba.

Cuidar como cuidan las madres. Lola Santos Fernández.


lunes, 20 de julio de 2015

EL DEBATE SOBRE LA UNIDAD POPULAR



Ya se ha informado en este blog del interesante encuentro de las candidaturas de Unidad Popular que se ha celebrado el sábado pasado en Ciudad Real, Encuentro de Ciudad Real. El resultado de este debate, abierto y completo, en el que participaron mas de treinta colectivos y en el que se partió de una aproximación abierta y constructiva respecto del objeto del debate, nos la propociona, en rigurosa exclusiva para la blogosfera de Parapanda, Paco Trillo, que fue quien dió la bienvenida al acto y participó muy activamente en el mismo como exponente de Ganemos Ciudad Real, el colectivo anfitrión.

RESULTADOS DEL ENCUENTRO DE CANDIDATURAS DE UNIDAD POPULAR CELEBRADO EN CIUDAD REAL

El Encuentro de candidaturas de unidad popular celebrado en Ciudad Real el pasado sábado, 18 de julio, se desarrolló en presencia de más de ciento cincuenta asistentes de diferente procedencia geográfica y con la participación de treinta y una organizaciones, entre movimientos sociales, sindicales y políticos. Ha sido una cita, por tanto, que ha respondido a la expectativa que despierta la posibilidad de entablar alianzas estratégicas de cara a las elecciones generales a través del vehículo de las candidaturas de unidad popular.

El Encuentro se desarrolló en cinco actos, de los cuales los dos primeros fueron destinados al análisis del papel desempeñado por las diferentes Mareas, movimientos sociales y sindicales durante el intenso período de movilizaciones que desde 2010 hasta 2014 ha tenido lugar como respuesta a  las políticas del sufrimiento, de austeridad como tanto le gusta decir al establishment. Tres materias estuvieron presentes de forma constante en el discurso de los intervinientes de las dos primeras mesas.

La primera, que la movilización y el conflicto han constituido el germen imprescindible de lo que hoy denominamos confluencia, sin el cual no hubiera sido posible una recomposición de las fuerzas presentes en los diferentes conflictos que diera lugar la movilización sostenida que ha tenido lugar durante este tiempo, arrojando como resultado posterior el surgimiento de un sentimiento político de unidad. A este respecto, sin embargo, se señaló, al hilo del análisis realizado por Lidia Falcón en relación al feminismo y la unidad popular, que la izquierda política y social tiene por delante todavía el reto de integrar las diferentes identidades que han caracterizado el período de movilizaciones vivido desde 2010 hasta 2014 como condición necesaria para alcanzar cotas satisfactorias de calidad democrática en el cambio que tanto se anhela.

La segunda materia que conformó un denominador común de las intervenciones de las dos primeras mesas de trabajo tiene que ver con la certeza que todas las organizaciones intervinientes mostraron respecto de la idea de que ninguna organización o movimiento hubiera podido plantar cara de forma aislada al ataque dirigido a los derechos que conforman la ciudadanía.  En este sentido, hubo llamadas de atención a la necesidad de profundizar en una unidad de acción duradera de todos los colectivos que rechazan la austeridad, y los efectos que provocan en materia de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, como vía de salida de la crisis y lo que es peor como forma habitual de hacer política.

La tercera, introducida por los representantes del Comité de Empresa de Coca Cola de Fuenlabrada, guarda relación con la idea de que la confluencia en la movilización sigue resultando necesaria y que presentará como nueva característica el hecho de que las movilizaciones, las huelgas, las concentraciones que tengan lugar a partir de ahora se desarrollarán en un marco caracterizado por la presencia de gobiernos amigos, que en algunas ocasiones han formado parte de las luchas ciudadanas desarrolladas en los últimos años.

El segundo bloque temático tuvo que ver con las experiencias de las candidaturas de unidad popular en las recientes elecciones municipales y autonómicas, donde se destacó en primer lugar la importancia de este tipo de Encuentros como fórmula para la puesta en común de los principales problemas que en unos y otros municipios se están produciendo. O lo que es lo mismo, la capacidad de actuar en lo local de forma no aislada compartiendo experiencias y actuando, por tanto, de forma coordinada. Este hecho, así fue destacado por diferentes intervinientes, alberga la capacidad de producir un cambio de paradigma cultural si siguen teniendo lugar la puesta en marcha de forma generalizada de determinadas políticas que atiendan las necesidades sociales existentes de forma preferente.

Sin embargo, no todo fueron reconocimientos a los resultados que han arrojado las candidaturas de unidad popular en las pasadas elecciones, sino que también hubo espacio para la autocrítica destacando en muchos casos el error que ha supuesto emplear tantas energías y tiempo en los debates relativos a las fórmulas jurídicas u organizacionales que permitieron posteriormente la presentación de candidaturas de unidad popular. Esas energías y tiempo se están echando muy en falta hoy, según afirmaron diferentes intervinientes, en lo que podría haber supuesto una oportunidad para avanzar en el plano concreto políticas a desarrollar una vez producido el cambio en tantos Municipios y Autonomías. Fue esta una materia, por lo demás, que no se agotó en la experiencia de las candidaturas de unidad popular de las anteriores elecciones, sino que se proyectó al debate relativo a las posibles vías de unidad popular de cara a las próximas citas electorales.

Además, durante el debate que acompañó a las distintas presentaciones de las experiencias de candidaturas de unidad popular se destacó la importancia que ha tenido el modo de trabajar y de articulación de éstas, caracterizado por ser movimientos y procesos donde las bases han tenido un papel trascendental incluso como fórmula de integración de las distintas organizaciones y colectivos presentes en las candidaturas de unidad popular. Este punto estuvo también muy presente a lo largo del Encuentro, ya que hubo una coincidencia total en señalar que las candidaturas de unidad popular no pueden resultar una materia exclusiva de los partidos políticos, sino muy al contrario deben ser el resultado de la apropiación ciudadana de dicha necesidad. En este sentido, se recordó que las estrategias de unos u otros partidos políticos de cara a la conformación de candidaturas de unidad popular olvidan aquellos temas que importan a la ciudadanía y nos colocan en una dialéctica estrictamente de estrategia electoral que puede provocar una distracción de cara al cambio social y político tan mentado como deseado. Se afirmó con rotundidad, como fue el caso del representante de Alternativa Socialista, que el cambio no puede detenerse en un posible gobierno del Partido Socialista con el apoyo de unos u otros partidos o coaliciones.

En último lugar, en el ámbito de la mesa de trabajo que llevó por título “Los partidos y la Unidad Popular con la gente”, donde participaron diferentes organizaciones políticas, también Podemos como hecho destacado, se abordaron cuestiones preliminares sobre el significado de la unidad popular, cuyo finalidad última no debería detenerse exclusivamente en la consecución de ciertos resultados en las próximas citas electorales, sino que debería avanzar hacia un frente que consienta la implantación cotidiana de políticas favorables a la recuperación social. Los debates surgidos en torno a esta mesa de trabajo, algunos más subidos de tono que otros, dieron como resultado una cierto sentimiento de la necesidad de ser pragmáticos con las candidaturas de unidad popular aceptando que las alianzas que puedan entablarse de cara a las siguientes citas electorales tendrán como rasgo común su carácter poliédrico y desigual.

El Encuentro se cerró, en efecto, con una llamada a dicho pragmatismo sin que ello implique renunciar a la utopía del cambio, sabiendo que la utopía resulta hoy realizable, aunque en nuestro caso albergue resultados desiguales según territorios y experiencias desarrolladas previamente. 

                  

domingo, 19 de julio de 2015

LA CEOE PRESIONA A LOS JUECES




En el largo camino recorrido por las políticas de austeridad y recortes, desgastada la resistencia general protagonizada por los sindicatos en el 2012 y 2013, quedan ahora los continuos focos de conflictividad en empresas y sectores y la acción jurídica de defensa de los intereses de los trabajadores ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, es patente para muchos que en el otoño se avecinan sucesos políticos que pueden alterar de manera importante el marco jurídico e institucional de las reformas laborales. No es esa la idea de la CEOE. En un documento que ha hecho público planteando su posición frente a las elecciones - una especie de programa al que se deberían ajustar las fuerzas políticas que quieran contar con su consenso - la asociación empresarial mantiene que la reforma laboral del 2012 es conveniente, que debe ser desarrollada y ampliada en sus líneas más sensibles y que debe detenerse la intervención de los jueces que con su interpretación sesgada y partidaria están impidendo que la reforma laboral de los resultados apetecidos.

Sobre este último punto es importante reflexionar, porque lo que la CEOE está haciendo es fijar un objetivo al gobierno y a las fuerzas políticas cuya práctica está directamente influenciada por el poder económico y que como todos conocemos no se residencian en tan sólo un partido político, sino que se despliega transversalmente en varias formaciones de carácter estatal y en agrupaciones políticas nacionalistas, prolongándose en los think thanks al uso o más reconocidos que suministran ideólogos a varios partidos afines. El objetivo es la jurisdicción ordinaria, y en especial las cúpulas de la misma, dado el carácter jerarquizado de ésta. Cooptado ya el Tribunal Constitucional, que desarrolla con aplicación su labor de asentimiento entusiasta ante cualquier decisión del gobierno, por pequeña que esta sea y su deconstrucción de una jurisprudencia cautelosa en el respeto de los derechos fundamentales, el objetivo ahora es el Tribunal Supremo, en su sala cuarta de lo social y la Audiencia Nacional. Todas ellas se hallan bajo la tutela del CGPJ, dirigido a su vez férreamente por un magistrado "con sentido de Estado" y que va a intervenir con presteza para solventar esta situación, aprovechando asimismo una reforma de la normativa sobre jubilación de estos magistrados. Veremos inmediatamente los frutos de esta indicación en la designación de un magistrado por el turno de juristas de reconocido prestigio que sustituya la vacante dejada por el fallecimiento de Manuel Ramón Alarcón. Y posteriormente -si el cambio político no lo impide - veremos como de manera sistemática se van cambiando los magistrados que se jubilen por otros de decidida orientación "no partidista" como señala la CEOE. 

La desabrida alusión a los jueces como intérpretes equivocados y por tanto "politizados" - que es por cierto una constante en el discurso de la derecha, y que incluso ha penetrado en algunos votos particulares en ciertas sentencias del Tribunal Supremo, consulten los nombres de quienes asi discrepan y sabrán de la "rectitud ideológica" de los mismos - ha dado lugar a un exhaustivo desmentido de Jueces para la Democracia que nos ha remitido Amaya Olivas para su publicación en este blog. Lo que hacemos con gran gusto a continuación, no sin prevenir a los lectores que estén atentos a las consecuencias inmediatas que la queja adolorida de la CEOE - tras de la cual están los agravios de sus consultores y asesores jurídicos que han perdido los pleitos confiados - va a inducir en el gobierno de los jueces para sustituir a quienes se atreven a aplicar el derecho sin seguir la indicación del poder económico.

COMUNICADO DE LA COMISIÓN SOCIAL JpD. JULIO DEL 2015


Estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a constantes denuncias desde determinadas instancias sobre la aplicación de la reforma laboral del 2012 por parte de los jueces de lo social. Y se trata de organizaciones muy poderosas. Desde concretas declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social hace un par de años (“temo más a los jueces que a los hombres de negro”), hasta informes y comunicados de la Comisión Europea, la OCDE, el Banco de España o el FMI. A lo que cabrá sumar múltiples artículos firmados por insignes plumas iuslaboralistas, generalmente vinculadas con grandes despachos que habitualmente defienden intereses empresariales. En esta línea, se vuelve una vez más a pronunciar en estos días la CEOE en su Informe sobre Singularidades socioeconómicas del mercado laboral español, en el que está trabajando con el fin de preparar sus propuestas a los partidos políticos para la próxima campaña electoral. En general, se nos acusa de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la Ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica.

Queremos manifestar, de entrada, que la denominada reforma laboral del 2012 –y las normas posteriores- adolece, al margen de las concretas políticas que implementa, de una deficiente técnica legislativa. Todos los analistas especializados en Derecho del Trabajo –adscritos a distintas escuelas o ideologías- coinciden en esa constatación: se trata –reiteramos que desde la perspectiva de técnica jurídica- de una normativa llega de lagunas y contradicciones. Por no ir muy lejos en nuestro análisis, cabrá referir que uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos, como es la regulación de la ultractividad en el caso de inexistencia de convenio sustitutorio, conllevó la siguiente reflexión: “esta situación va a complicar aún más las relaciones laborales, no tanto por un aumento de la conflictividad y la posible pérdida de los derechos de los trabajadores, que también, sino porque es muy probable que se judicialicen más las relaciones empresas-trabajadores”, tras la constatación de que la medida adoptada por la actual normativa “no es, en general, la regulación que puede encontrarse en la mayoría de países, ya sean europeos o latinoamericanos”. Quién eso afirma no es otro que Jordi García Viña (en su artículo “La pérdida de vigencia del convenio colectivo”, publicado en Relaciones Laborales núm. 11/2013), director del Departamento de Relaciones Laborales de la propia CEOE.

Efectivamente ese análisis se ha acabado cumpliendo. La degradación de las condiciones de trabajo a que se ha visto sometida una grandísima parte de la población desde la implantación de las últimas reformas laborales, con la reducción salarial, el aumento del paro, los recortes de todo tipo, el aumento de la desigualdad, nos enfrentan con una realidad en la que cada vez es más difícil hablar de vidas decentes y, por tanto, de una adecuación al mandato constitucional.

El malestar consiguiente de una parte muy significativa de la población comporta una alta judicialización, sin que la planta de jueces y los medios humanos materiales para el funcionamiento de la justicia se hayan incrementado. Bien al contrario, hemos asistido a reducciones exponenciales de la plantilla y de los medios, conllevando el colapso de nuestra jurisdicción y provocando demoras inasumibles para los justiciables, también alejadas del texto constitucional. Si a ello se suma la antes denunciada mala técnica legislativa, nos encontramos ante un panorama ciertamente desolador. Pero del que, obviamente, no somos los jueces responsables, sino una de sus víctimas: que cada palo aguante su vela.

Pese a ello, una parte muy significativa de la carrera judicial ha hecho un esfuerzo ímprobo –especialmente en los órganos unipersonales- para dar respuesta a lo que los ciudadanos nos reclaman legítimamente. Y en esa tesitura es dónde surgen las denuncias a nuestra labor que antes apuntábamos. Buena parte de dichas críticas se han basado en la acusación de que estamos torciendo la voluntad del legislador, especialmente en el enjuiciamiento de los despidos colectivos, de tal forma que estamos poniendo palos en la rueda en esta materia, haciendo interpretaciones forzadas. Pues bien, habrá que aclarar que esa acusación es totalmente insostenible con los datos en la mano. Así, si acudimos a los datos estadísticos en el CENDOJ (http://www6.poderjudicial.es/Selection.aspx?px_tableid=03.-Tribunales+Superiores+de+Justicia%5cOCTSJ005.px&px_language=es&px_type=PX&px_db=03.-Tribunales+Superiores+de+Justicia&rxid=f6736647-858d-47c6-a534-250ab0062cb2) podrá fácilmente comprobarse cómo los Tribunales Superiores de Justicia han dictado a lo largo de los años 2012 a 2014 un total de 237 sentencia sobre despidos colectivos, de las que se han estimado 107 y 130 han sido desestimadas. Por tanto –con los matices que se quiera- puede afirmarse –estadísticas en mano- que un cincuenta y cinco por ciento de las demandas de despido colectivo en ese ámbito han sido desestimadas.

Pero hay algo más: el ámbito de referencia a estos efectos no puede ser únicamente el de los supuestos litigiosos –por tanto, aquellos casos en los que los representantes de los trabajadores consideran que la extinción es ilícita-, sino el total de despidos de dicha índole que se han efectuado. Y aunque, insólitamente, los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde 2012 no incluyen el parámetro de número de despidos colectivos, sino el de trabajadores afectados, haciendo una proyección puede fácilmente llegar a la conclusión de que apenas el 1,2 por ciento del total de extinciones de dicha índole efectuadas en el período de referencia expuesto han tenido una sentencia en la que se declara la nulidad o su condición de no ajustada a derecho. El resto de despidos o no han sido impugnados o han sido validados jurisprudencialmente.  Compárese esas cifras con el número de ERES desestimados por la autoridad laboral en el período anterior a la reforma del 2012.

Reiteramos: apenas el 1,2 por ciento. ¿Son esos datos de los que pueda desprenderse una posición ultraproteccionista de los y las jueces de lo social hacia los trabajadores?.

Quizás la reflexión sobre esas críticas tan reiteradas deba situarse en otros parámetros: la mera presión a los magistrados y magistradas para que se decanten a favor de una de las partes, y no, precisamente, la que menos poder contractual tiene.

Ocurre, sin embargo, que ése es un fenómeno que está apareciendo en otros países europeos. Por ejemplo, en el Reino Unido, dónde desde 2013 se han instaurado tasas para el acceso a la jurisdicción social, lo que ha comportado un descenso significativo del número de asuntos judiciales del orden laboral. O en Francia, donde frecuentemente se denuncia por determinados sectores patronales que la acción de los Proud’hommes conlleva un freno a la emprenduría.

Tal vez, al fin, lo que se pretende es eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial, bien sea interno –y la reducción de las competencias de la negociación colectiva y de los organismos de representación en el centro de trabajo que ha conllevado la reforma laboral del 2012 es un buen ejemplo de ello-, bien sea externo; por tanto, el marco de control del jueces y tribunales de lo social y la Autoridad laboral. No es nada nuevo: en definitiva, el famoso contrato único –por tanto, que cualquier persona asalariada pueda ver extinguido el contrato de trabajo sin más, con una indemnización mínima- no es otra cosa que la eliminación de cualquier atisbo de análisis judicial.  Y, por otra parte, no deja de ser significativo que, a otra escala, la eliminación de mecanismos de control sobre el poder se esté propiciando también en otras instancias. Sin ir más lejos, el proyecto de Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos.

Frente a todo ello, reivindicamos nuestra función, como jueces/as constitucionales y comunitarios, y nuestra obligación de recordar que hay determinados límites que son indisponibles por el legislador de turno, y ello no en base a un uso alternativo del derecho (como se nos reprocha), sino por elemental y obligado  respeto al sistema de fuentes de  nuestro marco jurídico constitucional, comunitario e internacional, y en aplicación de los principios de legalidad y de primacía.    

Quienes defienden estas ideas esconden una postura clasista que olvida que el paro masivo y recurrente constituye un efecto normal del funcionamiento del capitalismo, y que la lucha contra la segmentación y fragmentación solo puede venir de medidas que regulen e intervengan en el conjunto del sistema. Para evitar esas disfunciones surgió el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.

Quizás ese modelo que alguno preconizan sea posible si así lo deciden en forma expresa los ciudadanos. Pero, eso sí, el poder omnímodo y sin límites en la empresa (y de otras instancias, tan o más poderosas) precisa, en todo caso, un elemento necesario previo: el cambio en nuestro modelo constitucional. Y eso debe decidirlo toda la ciudadanía y no organismos que nadie ha votado.



viernes, 17 de julio de 2015

ENCUENTRO DE CANDIDATURAS DE UNIDAD POPULAR


Como ya conocen los lectores de este blog, mañana sábado está convocada en Ciudad Real un encuentro de Candidaturas de Unidad Popular, cuya noticia se encuentra en este enlace Encuentros por la unidad popular. El acto ha surgido de una iniciativa de Ganemos Ciudad Real y quiere abrir un espacio de debate y de trabajo conjunto con vistas a encontrar una confluencia de impulsos ciudadanos con vistas a las elecciones generales. A continuación se inserta un texto de introducción a esta Encuentro que ha escrito Paco Trillo en el que se da cuenta del propósito de esta iniciativa.

ENCUENTRO DE CANDIDATURAS DE UNIDAD POPULAR


Mañana, 18 de julio, tendrá lugar en Ciudad Real un Encuentro de Candidaturas de Unidad Popular. Es éste un Encuentro que, desde Ganemos Ciudad Real, entendemos casi obligatorio y que se suma a otros Encuentros de similares características en una coyuntura política donde los ciudadanos y las personas, las mayorías sociales, nos hemos puesto como objetivo el cambio social y político frente a la herrumbre y degradación a las que nos han abocado el bipartidismo y aquella forma de entender la política en la que la participación ciudadana se quiere reducir a su mínima expresión: dar nuestro voto, nuestra confianza a unas organizaciones políticas que han olvidado el sentido e importancia del interés general, de lo común y del significado de los principales valores que deben acompañar a una sociedad democrática: libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

De este modo, el Encuentro de mañana no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un (otro) instrumento que persigue la puesta en común, la reflexión y el debate sobre la situación política en la que nos encontramos al día de hoy. Se trata, en última instancia, de crear espacios para el encuentro de experiencias políticas que refuercen aún más la apropiación ciudadana de la política.

Para contribuir a este objetivo, Ganemos Ciudad Real ha entendido oportuno dar una estructura a esta Jornada de Encuentro que, de alguna manera, reflejara el germen, gestación, nacimiento y posibles desarrollos de un movimiento político que sintetizamos en la idea-fuerza de las candidaturas de unidad popular, cuyo significado último reside, como se recordaba anteriormente, en la apropiación ciudadana de la política.   

Por ello, en primer lugar, tendrá lugar una Mesa con los principales actores que contribuyeron, sin ni siquiera ser conscientes de ello, a que fuesen posibles las candidaturas de unidad ciudadana que han tenido lugar en las últimas elecciones autonómicas y municipales. O lo que es lo mismo, un necesario y obligado reconocimiento al conflicto como vehículo de expresión ciudadana que ha consentido re-articular los distintos escenarios políticos que han favorecido y promovido una recuperación social olvidada ideológicamente por aquellos cuyos amos son el poder económico y financiero. Hablar del conflicto hoy, con la Ley Mordaza ya en vigor, resulta imprescindible. La obsesión por el recorte en derechos sociales y económicos se ha extendido con igual intensidad a los derechos civiles y políticos, pretendiendo un disciplinamiento social que sea capaz de anular cualquier resistencia democrática frente a los ataques al Estado social y democrático de Derecho.

En segundo lugar, se abordarán los principales retos del municipalismo dirigidos a transformar nuestras ciudades y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Se trata, pues, de una puesta en común de aquellas cuestiones más relevantes y urgentes desde el punto de vista social para con ello ofrecer vías de reversión a la degradación a la que se ha visto sometida la existencia de tantas y tantas personas durante estos años de imposición de las políticas del sufrimiento, que con tanto rigor han sido aplicadas por el Gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Las diferencias entre ciudades, así como de situaciones entre las diversas Candidaturas de Unidad Popular, unas gobernando y otras en la oposición, permitirán enriquecer con toda seguridad el debate sobre cómo alcanzar el objetivo de la mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales, sin incurrir en ciertos determinismos dogmáticos. Es ésta, por lo demás, una forma de enfrentar las cuestiones importantes para las personas que rompe con la idea de aislamiento de los gobiernos municipales y que encuentra de nuevo en la unidad popular la posibilidad de incidir de forma sensible en las políticas a introducir desde las instituciones.      

Como continuidad del Encuentro, se ha dispuesto una Mesa en la que se pretende analizar la relación entre las diferentes organizaciones políticas proclives a las candidaturas de unidad popular y las personas que finalmente componen la miríada de los movimientos sociales clave para alcanzar el deseado cambio social y político. El modo de trabajar políticamente, al menos así lo percibimos desde Ganemos Ciudad Real, que se ha conseguido trabar a través de las candidaturas de unidad popular han conseguido, ni más ni menos, la recuperación de la política, pasando del No, nos representan a un esperanzador Sí, si nos representan. Es ésta, con toda seguridad, la cuestión más compleja que ha planeado sobre las Candidaturas de Unidad Popular en las elecciones municipales y autonómicas  y que ahora de cara a las elecciones generales continúa sobrevolando el debate político. A este respecto, si bien parece existir un sentimiento generalizado, o más bien un sentido común extendido, sobre la necesidad de proponer con mayor intensidad las Candidaturas de Unidad Popular de cara a la próxima cita electoral, no resulta tan evidente el modo y las fórmulas que permitirían alcanzar dicho escenario.

Por ello, resulta igualmente interesante analizar los principales hitos de las exitosas candidaturas de unidad popular, examinando las experiencias acumuladas al respecto durante la gestación de las Candidaturas de Unidad Popular que hoy conocemos y valoramos tan positivamente y que deben constituir el eje sobre el cual proyectar cualquier debate social y político sobre cómo afrontar, por un lado, la cita electoral de las elecciones generales y, por otro, más importante, la materialización del objetivo de la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Como se puede intuir, este Encuentro se presenta como una posibilidad de participación ciudadana que contribuya a concretar qué sendas resultarían más adecuadas para consentir un verdadero cambio político con ocasión de las elecciones generales. Además, los organizadores del Encuentro entienden que a través de su realización se puede coadyuvar a la superación de determinadas situaciones, ajenas al interés ciudadano, que puedan terminar con las esperanzas de un verdadero cambio político que tanto anhelan todas aquellas personas que han luchado de forma decisiva por la democracia durante este último lustro.

Nos encontramos ante una oportunidad de incidir en un debate, el de las Candidaturas de Unidad Ciudadana, que se ve necesitado de una participación –y apropiación- ciudadana más allá de los planteamientos y estrategias que los distintos partidos políticos.

Trabajo, trabajo y trabajo es la consigna de este Encuentro, sin olvidar otras como el rigor en el debate y la generosidad en los resultados.