martes, 17 de enero de 2017

SOBRE EL DOCUMENTO FIDE: (II) PROPUESTAS ESPECÍFICAS




El Documento FIDE, que coordina Maria Emilia Casas  y del que ayer se analizó el contexto y el escenario general en el que se mueve, contiene asimismo una serie propuestas concretas sobre contratación temporal, flexibilidad interna, despidos, negociación colectiva y representación colectiva en la empresa. En la entrada de hoy se examina de manera más detallada estas propuestas.

Sobre la contratación temporal
El documento es más audaz en sus propuestas sobre contratación temporal porque posiblemente se trata de un tema en el que los efectos del nuevo cambio de paradigma son más desoladores. La precariedad laboral y de vida, la rotación permanente entre el empleo precario y el desempleo, la vulnerabilidad de categorías precisas de trabajadoras y trabajadores, su asociación con el tiempo parcial no voluntario y todo ello con un marco de incumplimiento continuo de la normativa laboral sobre el mismo. La crítica a la dualidad del mercado laboral se hace además desde una reivindicación muy fuerte del contrato por tiempo indefinido, junto con una alusión desaprobatoria de la figura à la page del llamado contrato único.  En este apartado es importante tanto la crítica que se hace al uso desmesurado e inconveniente de la contratación temporal por las Administraciones Públicas, en el marco además de las estrategias privatizadoras, y las que se efectúan respecto de la relación entre temporalidad y contratas y subcontratas, junto con otras medidas llamativas como la supresión de las bonificaciones, el establecimiento de indemnizaciones disuasorias para la contratación laboral irregular, o la delimitación de las fronteras entre falsos autónomos, becarios y contratos de trabajo temporales.
En el Informe FIDE se pone de manifiesto asimismo la importancia de la Directiva que traspone el Acuerdo Marco sobre trabajo temporal, y posiblemente haya una referencia indirecta a las últimas directivas sobre contratación pública y la necesidad por tanto de que estas integren nuestro ordenamiento jurídico. En concreto se hace una expresa referencia a las “sentencias españolas” en esta materia del Tribunal de Justicia. Sobre este punto se está debatiendo en una Comisión tripartita creada por el gobierno que no parece sin embargo que por el momento esté llegando a unas conclusiones seguras ante las diferentes visiones confrontadas de parte sindical y gubernamental, lo que también podrá dar la medida de las probabilidades que una iniciativa como la que impulsa este informe puede tener consigo.
Flexibilidad interna
En este aspecto el Informe juega a fondo la teoría de los vasos comunicantes según la cual la cultura empresarial prefiere los ajustes externos por despido mientras que no utiliza como primera medida el recurso a la flexibilidad interna, y por tanto potenciar estas medidas harán descender los despidos. Es una perspectiva compartida por los sindicatos que llevaron a efecto en los Acuerdos de  diálogo social que firmaron con la patronal la víspera de la reforma del 2012, con la intención, luego defraudada, de que el consenso empresarial mitigaría el impulso gubernamental de favorecimiento y  abaratamiento del despido. Lo que se concluye ahora no es que haya que ampliar los mecanismos legales existentes para la flexibilidad interna, sino que éstos se contractualicen plenamente, reduciendo por tanto el campo de actuación unilateral del empleador, y que se establezcan mecanismos – también a través del control jurisdiccional – que garanticen la prioridad de la flexibilidad adaptativa antes que la propuesta de despido como forma de ajuste empresarial.
La propuesta del documento FIDE hace también mucho hincapié en que esta flexibilidad sea bidireccional, es decir que no solo sea la adaptabilidad a las circunstancias de la empresa el elemento calificador de ésta, sino que también estos procesos – periodos de consulta y negociación – sean llevados a cabo en los supuestos en los que se pretenden conciliar responsabilidades familiares y laborales, o derechos derivados de la educación y formación, en especial a la formación profesional.
La contractualización implica fundamentalmente para los redactores del informe – como veremos más adelante- una sustentación en representaciones sindicales fuertes y permanentes o estables, para lo que entienden que se tiene que suprimir las discutidas representaciones ad hoc creadas por la norma reformadora. Nada sin embargo se avanza sobre el rol que en esa flexibilidad interna puede tener la regulación del tiempo de trabajo y su reducción, ni la puesta en cuestión de los mecanismos de organización del trabajo con relevancia en materia de empleo y su calidad, que son temas sobre los que se entiende que los interlocutores sociales deben debatir en el marco de esa bidireccionalidad afirmada.
Sobre el despido: cambios en el despido individual
El texto del informe trata con prudencia el tema del despido colectivo de carácter económico, que es uno de los elementos medulares de la reforma del 2012, y por tanto de las indicaciones europeas sobre las “reformas de estructura” que se requerían. En ese aspecto sin embargo, el informe recuerda la necesidad de adaptar nuestro derecho a las decisiones recientes del TJ sobre los umbrales numéricos, el número de trabajadores empleados y las extinciones computables, asi como la conveniencia de incorporar los elementos garantistas que la jurisprudencia ordinaria ha ido efectuando en esta materia. No obstante, la recuperación de la autorización administrativa previa se excluye de forma categórica, al entenderse que “no constituye una alternativa” al sistema del control judicial de los despidos colectivos, y ello pese a que el TJ ha sentenciado que  “la Directiva no se opone, en principio, a un régimen nacional que confiere a una autoridad pública la facultad de impedir despidos colectivos mediante una resolución motivada adoptada después de examinar el expediente y analizar criterios de fondo predeterminados, salvo que dicho régimen prive a la Directiva de su efecto útil. La Directiva podría resultar privada de efecto útil, en particular, si, atendiendo a los criterios aplicados por la autoridad nacional, quedase excluida en la práctica toda posibilidad efectiva de que el empresario realizase tales despidos colectivos”, como señala la nota de prensa a la Sentencia de 21 de diciembre 2016, en el asunto C- 201/2015    (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160143es.pdf) .El papel de la Administración laboral debe ser sin embargo más activo, cooperando en la efectividad de los derechos de información y de consulta. A lo largo del período de consulta, por otra parte, se procura la “legitimación prioritaria” de las representaciones sindicales frente a los órganos de representación electivos y unitarios.
En materia de despido individual, sin embargo, se proponen medidas más transformadoras, partiendo de la necesidad de desincentivar el uso inadecuado del despido individual como forma de ajuste de empleo, lo que conduce a plantear el encarecimiento del mismo mediante el aumento de la indemnización en dos supuestos concretos, los de inexistencia de causa y los de falta de su acreditación. Junto a ello, se recomienda reconsiderar y ampliar el régimen de la nulidad del despido más allá de los discriminatorios y vulneradores de derechos fundamentales, lo que posiblemente lleve a plantear una nulidad por fraude de ley o por abuso de derecho, recuperando una figura jurisprudencial antigua, y la extensión de la técnica del derecho de opción entre la readmisión y la indemnización para supuestos de especial gravedad y no sólo limitado al supuesto del acosos hoy vigente.
Negociación colectiva y derechos  de participación en la empresa: un cambio que debe meditarse
En materia de negociación colectiva se aprecia en el informe un mayor peso de la conservación de lo existente, cambiando eso si los elementos más negativos impuestos en el 2012 al sistema legal de negociación, pero considerando posiblemente este tema asimismo especialmente sensible para el conglomerado financiero político de la gobernanza europea, dado que éste era el objetivo central de las cartas que en el 2011 el presidente del BCE destinó a los presidentes de gobierno de Italia y España tras el pacto del Euro. La sensación que se desprende de esta parte del informe es que los participantes en el debate no han querido ir más allá de lo que supuso la reforma del 2011 como un ejemplo de regulación “al límite” entre las exigencias de descentralización negocial y el reconocimiento de la negociación derogatoria en la empresa y la preservación del principio de autonomía colectiva.
Este no obstante es afirmado de manera muy taxativa al comienzo de este apartado del informe, lo que resulta muy estimulante, aunque posteriormente se abren varias posibilidades de reducir la fuerza vinculante del convenio, siempre eso si condicionadas a su aceptación por los sujetos firmantes del acuerdo, como en el caso de la preferencia aplicativa del convenio, los mecanismos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas, la caducidad de la ultra actividad, si bien afirmando que la negociación en la empresa necesita de representaciones sindicales fuertes y estables, porque además de este modo se asegura la coherencia entre los niveles superiores de negociación y la empresa. También se propone, de manera correcta, la desaparición del papel arbitral de la CCNCC, y el desplazamiento del ámbito de solución a los procedimientos autónomos creados por la propia negociación colectiva.  
En el último punto, a propósito de la representación en la empresa, se incorpora un planteamiento muy neto de reordenación del sistema de representación colectiva hasta ahora vigente que va más allá del contexto de las reformas laborales en el que se había movido el documento. En efecto, la propuesta es la de reformular las funciones que desempeñan los órganos electivos unitarios en la empresa que, aunque continúan marcando la audiencia electoral que determina la representatividad sindical, deben limitarse al ejercicio de sus facultades de información y consulta, reservando para los sindicatos – representativos o no – los derechos de huelga, negociación colectiva y conflicto. Es un cambio muy radical que va más allá de lo que en otros apartados del informe se ha presentado como “prioridad representativa”, que parecía más atendible, y puede redundar en una reducción del alcance y la intensidad de la capacidad representativa de los propios sindicatos, que actualmente se articula de manera muy intensa en las pequeñas empresas a partir de los órganos de representación electivos. La alusión que hace el documento a la acción sindical en el Empleo Público puede ser utilizada en un sentido argumentativo contrario, puesto que la función que desempeñan las Juntas de Personal es extremadamente reducido, y eso repercute en la cada vez menos influyente presencia del sindicalismo en los lugares de trabajo de los empleados públicos, mientras que es más fuerte en el personal laboral al servicio de las administraciones públicas o donde hay dualidad de personal, laboral y funcionario.
El informe parece por tanto validar la opinión del Tribunal Constitucional de hace tiempo según la cual los comités de empresa y delegados de personal no desempeñan funciones sindicales que pudieran ser integradas en el contenido de la libertad sindical y la llevan a sus últimas consecuencias, privando a esos órganos de representación colectiva que han desarrollado unas prácticas muy netas en el conflicto y en la negociación, especialmente en los casos de crisis de empresa, de los cometidos fundamentales de tutela de los derechos de los trabajadores. Un salto tan importante – que sin embargo encontraría defensores muy convencidos de su conveniencia en el espacio sindical no sólo de UGT sino de CCOO, pese a ser los sindicatos más determinantes en la composición de los comités de empresa – debería ser meditado un poco más por las implicaciones que lleva acarreadas y que podrían ser a medio plazo debilitadoras del propio movimiento sindical.
De menor trascendencia, pero indudablemente valiosas son las aportaciones sobre el cambio en las unidades electorales superando y transformado el concepto básico en la legislación laboral del centro de trabajo y, la conveniencia de que el sistema legal de la representación unitaria se considere como un mínimo disponible por la negociación  colectiva.
También el informe entiende llegado el momento de regular la financiación de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, posiblemente mediante una ley de participación institucional como sugiere Eduardo Rojo en su comentario, aunque también es seguro que este tipo de propuesta choca frontalmente con la política de recortes que se ha ido llevando a cabo por las Administraciones central y autonómica con especial incidencia en la obstaculización y entorpecimiento de las estructuras sindicales, que no parece haberse reducido sustancialmente en nuestros días.
Final
El documento FIDE, como se ha pretendido resaltar a lo largo de esta breve intervención, ofrece propuestas muy sugerentes y aprovechables, que desde luego entran de lleno en lo que se podría llamar el campo del progreso en materia laboral, sin perjuicio de comprender que se trata de un documento de consenso – como el marco laboral que se pretende – y por consiguiente juega en un espacio de convergencias no coincidente con el planteamiento que pueden y deben mantener los diferentes sujetos sociales involucrados.
Su presentación pública y su difusión es importante porque interpela a toda una serie de interlocutores – políticos y sociales – a abrir una nueva etapa que permita superar un momento muy negativo para el sistema democrático en su conjunto en el intento de buscar un marco estable que redirija la regulación laboral hacia esquemas más equilibrados y que recupere una cierta autonomía técnica y jurídica despegándose un tanto de las fórmulas repetidas por el discurso oficial dominante sobre la competitividad, la flexibilidad y el empleo.
La alta improbabilidad de que el sentido final de este trabajo sea recogido en el ámbito del gobierno o del partido que le sostiene, donde el espacio cultural de la sospecha y del prejuicio es mayoritario, no quita importancia a este esfuerzo colectivo que se ha organizado en torno a la Fundación FIDE y a la coordinación de la profesora Casas Baamonde. 



lunes, 16 de enero de 2017

EL INFORME FIDE POR UN NUEVO MARCO LEGISLATIVO LABORAL: (I) ASPECTOS GENERALES





El grupo de reflexión y debate de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), coordinado por Maria Emilia Casas y con participación de una presencia significativa de abogados, directivos empresariales, magistrados y profesores universitarios, ha hecho público un documento “por un nuevo marco legislativo laboral” que se propone como “una nueva ordenación legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales”. El texto del documento y un amplio comentario descriptivo y valorativo del mismo efectuado por Eduardo Rojo ha sido publicado en el número mensual correspondiente a diciembre del 2016 por la Revista Derecho de las Relaciones Laborales,  pero puede consultarse directamente en este enlace : Conclusiones informe FIDE. y el comentario de Eduardo Rojo en su blog Comentario al Informe FIDE

A continuación, se efectuarán en este blog unas consideraciones generales sobre el mismo, para en una entrada posterior examinar algunos de los contenidos específicos que éste Informe propone.

Texto y pretexto del documento: las reformas estructurales del “mercado de trabajo” y su continuidad

El documento FIDE nace en su origen en un contexto político de hace un año que era muy diferente de aquél en el que nos encontramos. Una larga serie de posicionamientos políticos, en torno a la convocatoria electoral de diciembre de 2015, coincidían en derogar o reformar de manera profunda la reforma laboral producida como consecuencia de las políticas de austeridad derivadas de la gobernanza europea, con intensidad creciente los años 2010, 2011 y, la más fuerte de todas, 2012, ya con el gobierno del Partido Popular.  Más allá de lo que recogieran en sus programas políticos los partidos en la oposición al gobierno, se efectuaron diversos esfuerzos de reflexión colectiva para permitir una base sólida de apoyo a las propuestas concretas de derogación de la normativa laboral, buscando un modelo legal que superara el impuesto por el gobierno con enorme laceración social. También los sindicatos confederales CCOO y UGT presentaron entonces una propuesta acabada de regulación del sistema normativo de las relaciones laborales en una decidida línea de oposición a las reformas puestas en práctica en una suerte de estado de excepción social y económico que avalaría el propio Tribunal Constitucional, precedido de un importante documento aprobado por el Consejo Confederal de CCOO de noviembre de 2016 “por un modelo más democrático de relaciones laborales y por un cambio en la política económica y social” (http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o60801.pdf) , que trazaba una serie de líneas maestras a este respecto.

Los acontecimientos posteriores han modificado por tanto el contexto en el que se desarrollaba este proceso de reflexión y debate, puesto que el escenario político parlamentario de diciembre del 2015 no encontró confirmación en las elecciones de junio del 2016, y la continuidad del gobierno del PP a partir de noviembre de este año, ha configurado un mapa político muy diferente del que podía preverse tan sólo un año antes. El nuevo gobierno no sólo ha ratificado al mismo equipo económico y de empleo que había llevado a cabo la reforma laboral, sino que, coherentemente con esta opción conservacionista, ha afirmado en varias ocasiones, por boca de sus exponentes más cualificados, que “el núcleo de la reforma laboral no se puede modificar” porque “derogar la reforma laboral sería “el mayor error de política económica que podría darse en España” (http://economia.elpais.com/economia/2016/12/31/actualidad/1483201413_814868.html) .

En esa situación el Informe FIDE supone por el contrario el intento de abrir una posibilidad de regular de nuevo, de manera sistemática y fundamentalmente consensuada, el trabajo y las relaciones laborales, dejando atrás el resultado de las reformas del 2010-2012. Incluso se indica el método que se debe seguir para ello, un acuerdo político general – al estilo del que en materia de pensiones llevó a cabo el Pacto de Toledo – que se acompañe posteriormente de un desarrollo a través del diálogo y la negociación entre los interlocutores sociales. De esta indicación conviene resaltar la necesidad de un acuerdo político generalizado a las principales fuerzas representadas en el parlamento, sin que por consiguiente se excluyera del mismo a los grupos de la izquierda emergente ni a los partidos nacionalistas, porque de no incluirlos en el proceso de discusión, se colocaría en posición muy difícil a los sindicatos que aparecerían como entes cooptados por un conglomerado político de centro derecha y centro izquierda que deja fuera justamente los planteamientos políticos más afines a las reivindicaciones sindicales en este punto. Requiere por tanto un esfuerzo importante para modificar un cuadro de referencias políticas muy estables, pese a que el gobierno del PP se encuentre en minoría respecto del conjunto de fuerzas parlamentarias.

El informe parte de la necesidad de una ordenación legal consensuada, que además debe ser “clara, integral y estable en sus líneas e instituciones básicas”. A este punto de partida, que es coherente con el proceso de debate y discusión a lo largo del cual se ha formado el texto definitivo final, subyace implícitamente una doble consideración. Por un lado, entiende que el estado de excepción que se implantó materialmente con las reformas estructurales de la legislación laboral ha producido una nueva realidad laboral y una nueva correlación de fuerzas que ha modificado sustancialmente la situación anterior a la crisis. Es decir, que se ha cerrado una etapa larga de construcción del sistema de relaciones laborales sostenido sobre un cierto equilibrio asimétrico de poderes y que se inicia otra en donde el fortalecimiento de la unilateralidad de los poderes privados conforma amplias situaciones de desigualdad y de dominio que comprometen los contrapesos institucionales y las figuras centrales en torno a las cuales ha funcionado el esquema de derechos y poderes derivado de la Constitución, por lo que es importante proceder a una reconfiguración no parcial, sino de conjunto del sistema. Por otra parte, esta operación tiene que partir, de forma sensata, sobre el respeto de ciertos puntos básicos diseñados por la nueva gobernanza europea, de manera que no puedan leerse desde su exterior como un programa alternativo o enfrentado a este planteamiento.

Desde estos presupuestos implícitos, el Informe no sólo busca el posibilismo de su realización práctica, sino que plantea su propuesta como una inteligente apuesta por las microdiscontinuidades posibles a partir de la situación actual, prescribiendo un marco general de referencia y una serie de territorios por los que necesariamente debe discurrir la acción de reforma que ha encontrado los suficientes consensos intelectuales entre quienes lo han discutido como para poder concebir esperanzas fundadas para su recepción en el ámbito de la acción de los sujetos políticos y sociales. En ello consiste seguramente su mayor interés, cómo acomete desde el convencimiento del cambio radical producido en el sistema democrático de relaciones laborales tras la crisis, la explicación de cómo esta situación puede adaptarse y reconfigurarse mediante la recuperación de funciones esenciales de la ley y de los sujetos colectivos, los sindicatos y las asociaciones empresariales.

Algunos aspectos generales muy relevantes

El Informe señala en sus “Consideraciones generales” algunos elementos de enorme relieve, a los que seguramente no se les presta demasiada atención dado que ésta se concentra en las propuestas concretas sobre los temas problemáticos enunciados a continuación. Pero  en esa primera parte, se señalan claramente dos referencias extraordinariamente importantes porque ligan directamente la ordenación concreta del sistema de relaciones laborales a la enunciación y vigencia de los derechos fundamentales derivados del trabajo que deben funcionar en el sistema económico de mercado. La primera es el encuadramiento imprescindible de la legislación laboral en el ámbito de la Unión Europea, lo que implica la recepción real y práctica tanto de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como de la Carta Social y “las decisiones de los órganos competentes en ambos ámbitos” junto con una consideración de una economía abierta que no puede identificar la mejora de la competitividad empresarial con la pérdida de derechos laborales básicos ni con la concurrencia a la baja sobre un diferencial salarial reducido.

La segunda es la propuesta de una nueva estructuración de la “norma epicéntrica” de la legislación laboral española, el Estatuto de los Trabajadores, con nuevos contenidos, entre los cuales se prevé un nuevo título sobre los derechos fundamentales en la relaciones de trabajo para que éstos se ejerciten “en igualdad y sin discriminaciones”, incorporando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en un entorno digital, lo que seguramente permitiría introducir rudimentos necesarios de una ciudadanía en la empresa ausente que fortalecieran esa vertiente de libertad en el trabajo imprescindible más aún en momentos de inestabilidad en el empleo y fortalecimiento de los poderes empresariales. Así también el documento propone crear un nuevo título para la regulación de las relaciones laborales de carácter especial, de manera que se restrinjan éstas y se ordenen unitariamente, a lo que sin duda habría que añadir la actualización de algunas de éstas, como sucede con la relación al servicio del hogar familiar, que requeriría la ratificación por España del Convenio 189 OIT.

sábado, 14 de enero de 2017

REFERÉNDUM Y REFORMA LABORAL EN ITALIA




El sistema político italiano regula el referéndum derogatorio de leyes por mayoría popular, de manera que frente al poder normativo que reside en el Parlamento cabe la iniciativa popular negativa, es decir la del rechazo a la norma aprobada en las cámaras legislativas. Para ello la petición derogatoria debe ser declarada admisible por al Tribunal Constitucional, convocada la consulta por el gobierno en un tiempo que no coincida con una convocatoria electoral y debe reunir, para que despliegue sus efectos derogatorios, un quorum mínimo de validez cifrado en que voten al menos la mitad del electorado registrado en el censo electoral.

La CGIL, que ha lanzado una propuesta fuerte de regulación de los derechos de los y las trabajadoras mediante la “Carta de derechos universales del Trabajo”, ha impulsado asimismo una campaña extensa por la libertad en los lugares de trabajo que llevaba consigo la petición de tres referéndums sobre el trabajo relativos a tres cuestiones centrales: la eliminación de lo que se denomina voucher que implica una remuneración sin apenas contribuciones fiscales para los trabajos ocasionales y esporádicos que realmente se está empleando sin control, el restablecimiento de la responsabilidad solidaria plena entre contratistas y subcontratistas y la empresa principal, y, como elemento más vistoso, la derogación de las reformas que, como consecuencia de las indicaciones de la gobernanza económica europea, se habían realizado sobre el régimen del despido en el Estatuto de los Trabajadores, derogando la tradicional respuesta normativa de éste frente al despido ilegítimo, la readmisión forzosa del despedido, ahora solo vigente para los despidos discriminatorios y vulneradores de derechos fundamentales. Este referéndum cuestionaba por tanto el elemento central de la reforma de Renzi, la Jobs Act , y auguraba, después de la importante participación registrada en el referéndum del 4 de diciembre que supuso la derrota política de éste y la sustitución de su gobierno, un éxito posible para los convocantes del referéndum. La petición de referéndum ha resultado avalada por más de tres millones de firmas.

Por eso mismo, las presiones ejercitadas para desactivar este tercer referéndum fueron desde el primer momento muy fuertes y constantes, tanto a nivel mediático como institucional. La petición efectuada por la CGIL no sólo buscaba la derogación de la última reforma renziana, sino también la que había realizado el gobierno Monti sobre este mismo artículo 18 del Estatuto de los trabajadores, de manera que emergía de la petición refrendaria una norma en la que se establecía la readmisión forzosa ante el despido ilegítimo excepto para las empresas de cinco o menos trabajadores. La jurisprudencia constitucional no admite sin embargo las peticiones “manipulatorias” del referéndum derogatorio, entendiendo por tales aquellas que vienen a suponer la “manipulación” del elemento abrogatorio de varias normas de tal modo que de ello se infiere una propuesta concreta de regulación, un elemento propositivo en positivo que excede del carácter de legislador negativo que es propio de la figura del referéndum derogatorio, de forma que éste instrumento no pueda ser empleado como sustitutivo de la iniciativa legislativa plena, propositiva y regulatoria, que debe descansar en el Parlamento.

De esta manera, la petición de la CGIL contenía algún elemento de duda - y de riesgo - que sus impulsores entendían perfectamente compatibles con la propia jurisprudencia constitucional referida y los precedentes sobre otras consultas, precisamente laborales – como la realizada sobre la reforma del art. 19 del Estatuto sobre la regulación del sindicato en la empresa – que habían sido admitidas. Este era asimismo el parecer de la magistrada encargada de la ponencia constitucional, Silvana Sciarra, y contaba con un fuerte consenso doctrinal y político. Pero las presiones contrarias, especialmente fuertes desde la intervención gubernamental en el proceso y fundamentalmente sobre los magistrados – muchos de ellos renovados bajo el gobierno Renzi  - han influido de manera muy importante sobre este asunto, concluyendo, por exigua mayoría de votos, la no admisibilidad de la petición de referéndum sobre la revocación de las normas sobre el despido ilegítimo. En el Tribunal constitucional italiano no hay posibilidad, como si sucede en el nuestro, de votos particulares, por lo que la magistrada Sciarra ha renunciado a escribir la motivación de la sentencia que ha pasado a otro juez constitucional.

La sentencia de la Corte Constitucional es, en este punto, plenamente criticable tanto desde el punto de vista argumentativo respecto de los propios precedentes de su jurisprudencia como desde el punto de vista del alcance de la misma. Luigi Mariucci ha explicado de forma clara la improcedencia jurídica de esta decisión, y Piergiovanni Alleva  ha insistido en el carácter político de la misma. La CGIL quiere llevar esta decisión al Tribunal de Justicia europeo, pero lo que resulta evidente es que el objetivo del gobierno y de los poderes económicos de desactivar el punto principal del disenso sobre la normativa laboral, se ha cumplido.

Con todo la CGIL ha iniciado ya una campaña, cuya imagen se recoge en este blog, para movilizar a los electores sobre la necesidad de acudir a votar en los dos referéndums. La primera cuestión es exigir al gobierno que fije una fecha para los mismos, teniendo en cuenta que existe la tentación del mismo de intervenir sobre la misma bien para adelantarla, evitando una campaña electoral y de sensibilización ciudadana, bien para posponerla, aunque en este caso mediante la convocatoria de elecciones anticipadas. Esta última posibilidad depende sin embargo de un nuevo juicio de constitucionalidad sobre el sistema electoral que está pendiente de decisión por el Tribunal Constitucional y sobre el que se redoblan las presiones gubernamentales para que sea aceptado en los términos aprobados por un parlamento en el que el PD y el partido de Berlusconi han coincidido.

En todo caso, los dos temas pendientes tienen una enorme repercusión. Conforme a los datos de que dispone el sindicato, el mecanismo del voucher es el instrumento más empleado para consolidar la precariedad laboral y la inestabilidad de las condiciones de existencia y se localiza fundamentalmente en la franja de trabajadores de 20 a 40 años, y el tema de la responsabilidad solidaria es fundamental para cooperativas o empresas que desaparecen sin pagar salarios ni contribuciones sociales. El sindicato confía por tanto en que estos temas, unidos a una cierta recomposición de la izquierda política tras el triunfo del NO en el referéndum del 4 de diciembre, puedan constituir un elemento de movilización suficiente.

Para un observador extranjero, la capacidad de una confederación como la CGIL de incidir en el espacio político y de hacer presente su propio proyecto social que tiene como referente central el trabajo – la libertad en el trabajo y no la libertad de trabajo de matriz liberal – es un hecho verdaderamente notable, que muestra la importancia de los aspectos socio-políticos del sindicato como una forma decisiva de implantación en el tejido social y de significarse como un sujeto social activo y propositivo, capaz de agregar consensos más allá de la propia consideración específica de la pertenencia a una clase social o a la situación concreta del trabajo realizado. Es cierto asimismo que en el sistema democrático italiano hay mecanismos eficaces para que el espacio político se abra a este tipo de solicitaciones, pero esta constatación debe llevar a pensar que la reforma del marco constitucional español del que se habla tanto debería también poner en primer plano este tipo de mecanismos participativos de las figuras sociales que representan el trabajo.


jueves, 12 de enero de 2017

NUESTRA HISTORIA



Hace ya mucho tiempo - era 1984 o 1985 - fuimos convocados a la Calle Alameda de Madrid una serie de entonces jóvenes profesores universitarios que relacionábamos nuestros saberes con el tema central del trabajo, para realizar un seminario sobre las formas nuevas de empleo y las reformas legales que imponían modificaciones importantes en el tratamiento legal del trabajo, aunque el libro se publicaría luego, en 1986 como un análisis de las transformaciones que la tecnología producía sobre la clase obrera. Entre los convocados, tuve la fortuna de trabajar con Andrés Bilbao, con el que más tarde conseguiría que llevara a la Fundación 1 de Mayo su investigación y luego espléndido libro Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera , en Trotta en 1993. La FIM era entonces un centro activo en el que se desplegaba un cierto impulso revalorizador de la cientificidad del pensamiento marxista ortodoxo, aunque esa calificación resultara ya entonces dudosa. 

Tras una larga ausencia, que le llevó a abandonar el piso emblemático de la Calle Alameda, y tras de una serie de avatares, la FIM ha encontrado un buen engarce en los temas históricos, que además ha sido objeto de un amplio desarrollo tanto en seminario como en la publicación en coedición de una serie de obras clásicas y la organización de seminarios de enorme interés. Eddy Sánchez como director de la FIM lleva a cabo una buena labor de trabajo y reflexión en ella.

En esta línea, la FIM ha relanzado la revista Nuestra Historia y ha sugerido que los titulares de blogs afectos hagamos publicidad de este hecho, lo que en este momento cumplimiento. Larga vida a Nuestra Historia!.



La revista Nuestra Historia tiene ya un portal web propio en el que se pueden consultar y descargar tanto los números completos hasta ahora aparecidos como los artículos que los componen.


El objetivo de esta modesta página no es otro que aumentar la difusión de los trabajos aparecidos en una revista que nació siendo gratuita y de libre descarga para poder llegar a todos los que puedan tener interés en ella. Por ello, te agradeceremos que nos ayudes a difundirla y que, para ello, si gestionas alguna página web corporativa o blog personal, pongas un enlace a www.revistanuestrahistoria.com para aumentar su presencia en Internet. Igualmente agradecemos cualquier ayuda para mover esta página en las redes sociales.


Una revista es, sobre todo, una herramienta. En nuestro caso, aspiramos a convertirla en una plataforma amplia y abierta que practique el rigor de la Historia científica sin las servidumbres academicistas al uso, y que no rehúya el debate y la controversia intelectual. En esos términos de discusión fraternal y confrontación leal de análisis y propuestas, esperamos contribuir modestamente, desde nuestro campo, a la recuperación del pensamiento crítico frente al retroceso que, desgraciadamente, ha caracterizado las últimas décadas. Nos gustaría rescatar, con «nuestro» Marc Bloch, una Historia comprometida que se interese por la vida y el presente, y que ayude (como decía «nuestro» Pierre Vilar) a «pensarlo todo históricamente». Abogamos por una Historia particularmente sensible ante los mecanismos de la desigualdad, la explotación y la dominación que, como apuntaba «nuestra» Simone de Beauvoir a propósito de las mujeres, no son ni naturales ni biológicos, sino sociales y culturales; y que recoja de las luchas del pasado, como pretendía «nuestra» Ángela Davis refiriéndose a las esclavas rebeldes, «un legado de tesón, de resistencia y de insistencia en la igualdad» que nos ilumine y sirva de base en las nuevas batallas por el futuro. Queremos una Historia radical que, sin dejar de serlo, cumpla, como quería «nuestro» Thompson, «los niveles más exigentes de la disciplina»; que supere la fingida asepsia del academicismo y contribuya a la deslegitimación de los mitos, como deseaba «nuestro» Hobsbawm. Una Historia, en fin, que nos ayude —como pretende «nuestro» Fontana— «a denunciar la mentira de unos análisis tramposos que pretenden incitarnos a la resignación».


Para ayudarnos a caminar hacia estos objetivos, te pedimos que colabores con nosotros en la difusión de la revista y de su página web. También aprovechamos para invitarte a hacernos llegar tus aportaciones.


Recibe un cordial saludo,
Sección de Historia de la FIM


www.fim.org.es

martes, 10 de enero de 2017

UN ALMACEN DE IDEAS


Siguiendo con las recomendaciones de lectura que provienen de los restos de estos días navideños, le toca ahora el turno a un almacén de ideas bien interesante, la revista mensual y plurilingüe Insight, que dirige Antonio Lettieri y que acumula una larga serie de intervenciones sobre la actualidad del momento mediante la publicación de una serie de textos de muy variada condición sobre un temario amplísimo. Frente a lo que estamos viviendo en España, en donde la información política se desliza sobre un cristal helado de consideraciones irrelevantes, la lectura de estos análisis resulta siempre estimulante.

En el número de diciembre, la revista se dedica a los aspectos más llamativos de la actualidad inmediata. En primer lugar el referéndum italiano del 4 de diciembre que ha concluido con la victoria del NO y la derrota del presidente del consejo de ministros Renzi , sustituido por un nuevo gobierno que ahora se enfrenta – e intenta impedir – con la convocatoria por la CGIL de tres referéndums derogatorios de otras tantas reformas laborales impulsadas por los gobiernos de Renzi, entre ellos la sustitución de la institución de la readmisión forzosa ante el despido ilegítimo del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores italiano por el contrato de tutela creciente, la reinstalación de la responsabilidad criminal de los empresarios en algunos supuestos de las cadenas de producción y la eliminación del voucher como forma de inserción laboral de trabajos precarios. Escriben sobre el referéndum Umberto Romagnoli, que ha sido el presidente del Comité por el No en Bolonia, y ha intervenido en numerosos mítines y asambleas en la campaña; y también Carlo Clericetti, Ruggero Paladini y, en una explicación para extraños al debate italiano, Antonio Baylos.

El segundo gran tema que abordan los diferentes artículos recogidos en el número de diciembre de Insight  tiene  que ver con el terremoto político que ha llevado a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. En este punto, la aproximación más relevante es la que pueden dar los propios analistas norteamericanos que se recogen en él, como Jeff Faux, Thomas Palley, Dean Baker, y, reportando la visión equivocada de la izquierda democrática europea, Gian Giacomo Migone, junto con aportaciones externas en la sección Views  de grandes firmas como Stiglitz, Sanders y Skydelsky.

Otros asuntos siempre importantes se recogen mediante firmas bien cualificadas. Es lo que sucede con las nuevas determinaciones que Antonio Lettieri efectúa sobre la crisis del euro y sus (no) salidas, complicada con la situación británica y las consecuencias que la elección de Trump pueden originar en este tema, o la crisis monetaria por la pérdida de intervención del Estado, cuyo examen propone Sergio Cesaratto.

Hay más temas, que pueden también consultarse en el índice de este número de diciembre 2016, que es el siguiente:

Articles & Opinions
  • Ruggero Paladini
  • Umberto Romagnoli

  • Jeff Faux

  • Thomas Palley

  • Carlo Clericetti

  • Dean Baker

  • Antonio Lettieri
  • Antonio Baylos

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Editor Antonio Lettieri, Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Stuart Holland; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis (+); Mario Nuti;  Ruggero Paladini ;Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano

lunes, 9 de enero de 2017

UN LIBRO POR LEER SOBRE EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA


Es tradición que los Reyes Magos traigan como regalo libros para leer en el invierno que acompaña al inicio del año. Así ha sido seguramente en tantas casas, lo que es motivo de alegría cultural y de sustento editorial. En estas páginas del blog se ha animado a sus visitantes a frecuentar algunas obras, principalmente relacionadas con la regulación laboral y las relaciones laborales, el sindicalismo, o en general la evolución de los sistemas de derechos en la globalización. Tambien evidentemente sobre la construcción histórica de las instituciones que regulan los hechos sociales desde su acción colectiva o desde su posición en los procesos de creación de normas.

En esta ocasión, sin embargo, la recomendación se hace a un libro que aún no está en las librerías, pero que con habilidad mercantil, la casa editora ha anunciado su publicación inminente. Se trata de una obra fruto de la colaboración – ya muy dilatada – entre Carme Molinero y Pere Ysás, historiadores ambos especializados en el estudio del período franquista. Ambos son catedráticos de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadores del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID-UAB), y han publicado, siempre en la Editorial Crítica, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, publicado por Crítica en 2008, y Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), publicado en 2010.

El libro que está por salir tiene un título bien expresivo: De la hegemonía a la autodestrucción: El Partido Comunista de España (1956-1982),  y la sinopsis del mismo dice así: “Uno de los acontecimientos más dramáticos de la transición española fue la suerte corrida por el Partido Comunista de España que, habiendo alcanzado la hegemonía entre las fuerzas de izquierda durante la lucha contra el franquismo, se precipitó en pocos años hasta su autodestrucción. Carme Molinero y Pere Ysàs han investigado el curso de esta historia desde finales de los años cincuenta, a partir de la política de reconciliación nacional, hasta la crisis de principios de los ochenta, adoptando como perspectiva la visión del papel que el PCE desempeñó en la sociedad española en una época de profundos cambios, y no, como suele ser habitual, como una historia interna del partido, aunque hayan tomado en cuenta sus debates y sus crisis. Su propósito ha sido estudiar la actuación de los comunistas, más allá de las apologías y las descalificaciones, con el fin de recuperar una imagen objetiva de lo que significaron realmente el partido y sus militantes en una época decisiva de la historia de España”.

En un momento en el que en algunas columnas de opinión se habla y se discute sobre el papel del PCE en la lucha por la democracia y en concreto en la Transición política, este libro seguramente ofrecerá una aproximación interesante que sirva para acumular datos que sostengan los razonamientos pertinentes en ese debate. En lo específico, será interesante acudir al mismo para ver el lugar que ocupa en su discurso la relación entre el PCE y las Comisiones Obreras en sus diferentes fases, y en general la problemática sindical en el programa y la acción del PCE.

Para abrir boca, se puede consultar el texto del primer capítulo junto con el índice y la portada del mismo en esta dirección : http://static0.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34441_De_la_hegemonia_a_la_autodestruccion.pdf , pero seguramente lo mejor es que lo encarguen ya a su librero como un regalo de Reyes atrasado. Al menos eso es lo que pienso hacer yo.


miércoles, 4 de enero de 2017

HERIR SENSIBILIDADES : SOBRE LOS ABOGADOS DE ATOCHA



El 24 de enero se cumplen cuarenta años del asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha, y naturalmente se están acelerando los actos que rinden homenaje a aquellos luchadores por la libertad que murieron por defender los derechos de los trabajadores y que militaban en CCOO y en el PCE. Se prevé un acto multitudinario el 15 de febrero, en el Teatro Monumental, donde además se entregará el premio Abogados de Atocha a Juan Genovés, el pintor del cuadro emblemático de la reconciliación nacional – El abrazo – que constituyó el eje de la política del  PCE a partir de los años sesenta.

Los asesinos de los abogados de Atocha eran pistoleros y militantes fascistas de grupos de extrema derecha, pero detrás de ellos había fuerzas importantes que jamás fueron investigadas, ni en los cuerpos de seguridad del Estado ni en los poderes económicos más ligados al mantenimiento del franquismo – el llamado bunker – que contaba con decisivos consensos en el ejército y en la judicatura. El crimen fue condenado naturalmente por el gobierno de UCD y la impresionante manifestación de duelo en el entierro de los abogados de Atocha fue el detonante de la legalización del PCE y el decisivo encarrilamiento de la transición política hacia las elecciones generales que construirían un nuevo sistema democrático y generarían una Constitución acorde con él. Es por tanto un crimen que pretendía impedir la democracia, castigando precisamente a quienes defendían a los trabajadores frente a la dictadura, y señalando a las dos organizaciones que se habían destacado en la lucha antifranquista, las Comisiones Obreras y el Partido Comunista.

Uno de los que fueron fusilados contra la pared del despacho de Atocha fue Ángel Rodríguez Leal. Era natural de un pequeño pueblo de Cuenca, y trabajador de Telefónica de donde fue despedido, llevó su caso a los abogados de CCOO y se quedó en el despacho como administrativo, para organizar los documentos del mismo. Era el único de los asesinados que no era abogado. Había nacido el 26 de enero de 1951 y fue asesinado dos días antes de cumplir los veintiséis años.

Hace tan solo unos años, en su pueblo el Ayuntamiento dio su nombre a un parque. Ahora, cuando se cumplen 40 años de su asesinato, la coalición de izquierda del pueblo ha querido colocar una placa en su memoria. La respuesta del alcalde, del Partido Popular, ha sido la de prohibirlo. Las razones las explica Público.es y El diario.es.

"Es nuestro deber procurar no herir sensibilidades de ninguna tendencia política en aras de preservar nuestra convivencia pacífica de todos los vecinos del municipio". Con esta excusa ha despachado el alcalde de Casasimarro (PP), la petición de colocar una placa en reconocimiento de las víctimas de la matanza de Atocha. 

La propuesta fue realizada por Ahora Casasimarro y buscaba honrar especialmente a Ángel Rodríguez Leal, una de las víctimas de aquel brutal episodio de la transición española y vecino de esta localidad castellano manchega. 

La respuesta del alcalde ha sido facilitada a través de un escrito, con fecha 23 de diciembre, en el que señala que denegar la instalación de dicha placa "no implica un posicionamiento concreto de la Corporación"  teniendo en cuenta "que el vecino Angel Rodriguez Leal ya tiene el nombre de un parque, fijado por la anterior corporación que gobernaba este municipio , sin que la corporación actual haya procedido a su cambio". A lo que añade: "Este hecho denota la necesaria imparcialidad que debe primar en un gobierno como el nuestro, que lo es, de todos los vecinos de Casasimarro, independientemente de su orientación política".

El alcalde de Casasimarro entiende que hay que ser imparcial frente a los asesinatos y que por tanto hay que impedir que se honre la memoria de un vecino de la localidad que dio su vida por la construcción de la democracia. Entiende que hay que situarse en la equidistancia entre los asesinos y los asesinados, porque no quiere herir sensibilidades “de ninguna tendencia política”, aunque ya sabemos cual es la única tendencia política que puede sentirse aludida, la que justifica el crimen de Atocha como un hecho necesario para frenar la conformación de un sistema democrático en nuestro país. Y le parece un acto de bonhomía política no haber quitado el nombre del vecino que fue asesinado por el fascismo en plena transición política, lo que implícitamente entiende que formaría parte del bagaje político del Partido que representa.

El alcalde no quiere herir la sensibilidad política de los asesinos y de los fascistas, de quienes defendieron la dictadura mediante las torturas, las delaciones, los disparos mortales. Al hacer eso el alcalde del PP se coloca contra la democracia, es un personaje abyecto que carece de cualquier legitimidad para poder seguir considerándose una autoridad democrática en ningún lugar. El Partido Popular debe exigirle la dimisión inmediata, los partidos políticos democráticos preparar un importante acto político para poner la placa solicitada  en el mismo lugar en el que el alcalde ha decidido negarlo, y convocar a personalidades y dirigentes de los mismos para que acudan al pueblo de Angel Rodríguez Leal, a reivindicar su memoria y la de la lucha de tantos hombres y mujeres por la democracia y las libertades. No le arrebatemos, cuarenta años después de su muerte a manos de pistoleros fascistas, su dignidad de ciudadano y de trabajador que creyó en el futuro mejor que nos esperaba a todos tras la caída de la cruel dictadura franquista.