jueves, 18 de diciembre de 2014

CONTRA LA REFORMA LABORAL DIA A DIA


No es necesario insistir en los tres grandes objetivos en los que se resumen las llamadas “reformas estructurales” que están indisolublemente ligadas a las políticas de austeridad: reducción del gasto público destinado al Estado Social, desregulación definitiva del llamado mercado de trabajo con la generalización de la precariedad, el abaratamiento y la facilitación del despido y la reducción al mínimo del poder contractual del sindicato, convirtiendo la negociación colectiva en un puro instrumento de gestión empresarial. Por último, la privatización de los servicios de interés general para lograr beneficios privados a los grandes grupos de interés económico.

Centrándose en las reformas laborales, el “cambio de paradigma” que se operó en el 2012 ha sido desarrollado progresivamente por las normas de urgencia y sus desarrollos reglamentarios en 2013 y hasta 2014, y ha contado con el aval del Tribunal Constitucional, que no obstante reserva aún una última decisión – la que debe rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por los grupos socialista y de la izquierda plural frente a la Ley 3/2012 – como último golpe de efecto favorable a un gobierno cada vez más desprestigiado y deslegitimado popularmente.

El nuevo modelo ha sido combatido social y políticamente en el espacio nacional-estatal, y esta confrontación se ha desplazado también al plano internacional y europeo, tanto en la OIT como en el Comité Europeo de Derechos Sociales. Estas acciones de rechazo y de resistencia están produciendo efectos importantes, como ya sabemos. El compromiso de los partidos políticos que se presentarán a las elecciones generales que se han de celebrar en principio en noviembre del 2015 de derogar la reforma laboral de 2012 abarca, de forma señalada, al PSOE, Podemos e IU. El gobierno del PP solo tiene como aliado incondicional en estos asuntos a CiU, pero “la cuestión catalana” aísla aún más políticamente a la derecha y extrema derecha española en estas cuestiones. Según la macro-norma de refundición que llevó a cabo la Ley 20/2014, de 29 de octubre (el fitness check del gobierno PP), el gobierno debe llevar a cabo un nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y demás legislación dispersa, lo que, según fuentes informadas, parece que lleva muy avanzado. Como diría un castizo, mejor así, porque se facilita la disposición derogatoria post-electoral.

La reacción en el plano internacional ha dado también resultados positivos, aunque no suficientemente puestos de relieve por un conjunto de medios de comunicación que privilegian las continuas lisonjas que el gobierno exhibe por parte de las instituciones financieras internacionales, especialmente del FMI y de la OCDE. Pero la posición del gobierno español ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha sido criticada fuertemente más en lo relativo a su desprecio hacia la autonomía colectiva y el diálogo social que en lo relativo a los contenidos de la legislación derogatorios de derechos, y el Informe especial que éste organismo efectuó sobre la situación española,(Sobre las fuentes jurídicas del informe OIT) representa una clara desautorización de las políticas de austeridad. En el espacio de los derechos sociales europeos, por su parte, la desautorización de las reformas laborales del gobierno va a ser más enérgica. Se espera para enero del 2015 la publicación del Informe sobre España del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya comentaremos en su momento como un importante texto que descalifica de forma resuelta la acción legislativa del gobierno, tal como nos ha anunciado la profesora Carmen Salcedo Beltrán.

El campo de los tribunales de justicia es un espacio determinante para la precisión de los resultados concretos de la reforma laboral. Y está siendo un lugar en el que se entrecruzan formas de defensa de los derechos de los trabajadores que consiguen afirmarse frente a la narrativa dominante derivada de la retórica desreguladora expresada en la ley. Las imperfecciones técnicas y las indeterminaciones de la norma ayudan a este tipo de confrontación jurídica. La regulación del control judicial de los despidos colectivos ha sido el terreno más productivo en la re-escritura del texto legal sobre la materia. Algunos de los casos son además emblemáticos desde todos los puntos de vista. La Sentencia de la Audiencia Nacional sobre Coca-Cola y la firme posición de Enrique Lillo como el abogado de los trabajadores, dejará una huella perdurable en la memoria de estos conflictos judiciales (Sobre el auto de Coca Cola). Hay muchos más ejemplos de esta confrontación en torno al garantismo judicial de derechos que la reforma laboral quiere desregular a toda costa. El blog de Eduardo Rojo ante todo (despidos colectivos), junto con otras bitácoras amigas, como la de Derecho en tiempos de crisis (Mikel Urrutikoetxea), da cumplida cuenta de estos desarrollos, que van desde la definición de los márgenes de la ultra-actividad de los convenios hasta el tiempo del bocadillo en la jornada de trabajo.

Últimamente, son ya tres las sentencias que han declarado la ilegalidad del despido libre durante el período de prueba de un año previsto en el contrato estrella de la reforma laboral, como ha señalado en este mismo blog Joaquín Pérez Rey en un post extraordinariamente visitado Un golpe al contrato estrella. El tema no está cerrado, puesto que hay ya una sentencia del TSJ de Cataluña de comienzos de diciembre, según la cual  “hay que precisar que por sí misma la Carta Social Europea de 1961 no desvirtúa la interpretación que hace el Tribunal Constitucional (en la STC 119/2014), ya que hace mención en el art. 4 que se ha de reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación de empleo, ya que el término de razonabilidad es un concepto jurídico indeterminado, lo que determina el que no sea ajustado a derecho el citado motivo de oposición de la parte actora”, de forma que al margen del redactado confuso, que parece decir que una norma jurídica no es aplicable porque utiliza un concepto jurídico indeterminado, el Tribunal catalán no dilucida el problema central, distinguir entre la constitucionalidad y la legalidad de una norma, y no concluye como debiera que el juez  debe aplicar la normativa internacional en cumplimiento del propio texto Constitucional. Un ejemplo del espacio de la interpretación judicial como un campo de lucha por garantizar derechos de los trabajadores en el proceso de re-escritura que supone su concreción a través del proceso jurisdiccional.

En este emplazamiento cobra un gran relieve la producción científica sobre el derecho del trabajo, que se expresa fundamentalmente a través de las revistas de impacto. Este es un sector que, como ya se ha recordado en este mismo blog, se encuentra en la actualidad en un proceso de remodelación importante. El 15 de diciembre se debe producir la salida del último número de la revista Relaciones Laborales subtitulada Revista crítica de teoría y práctica. La revista ha sido hecha desaparecer por “La Ley”, marca de la editorial Wolters Kluwer, sobre la base de problemas económicos y de gestión, pero posiblemente también por la  incomodidad  de los intereses económicos representados en la editorial y alentados por sectores del gobierno que no asumían la carga crítica de la reforma laboral llevada a cabo en los editoriales de la misma por dos expresidentes y un magistrado en activo del Tribunal Constitucional, que de alguna manera desvirtuaban con el peso de su prestigio el entusiasmo emocionado de la mayoría del Tribunal Constitucional en sus sentencias sobre  las decisiones del gobierno en materia de “mercado de trabajo”. Pero se anuncia ya – patrocinada por la misma editorial – una nueva revista laboralista dirigida por Carlos Palomeque con título muy sugerente, Trabajo y Derecho, y posiblemente en un futuro no muy lejano es de esperar la creación de otra revista científica en materia de derecho del trabajo que aproveche la experiencia y la práctica del equipo dirigente de Relaciones Laborales.

En este panorama hace quince días se ha distribuido el número 67 de la Revista de Derecho Social, correspondiente al tercer trimestre del año 2014 RDS 67 (2014). Está atravesado por la preocupación de recuperar en el análisis del derecho vigente los elementos garantistas que corresponden a un sistema de democracia avanzada, junto con la enunciación de un proyecto alternativo al existente que implica la crítica radical de la reforma laboral vigente. Esta segunda cuestión está enunciada explícitamente en el editorial. “…es este un momento en el que los juristas del trabajo, junto con el análisis crítico e interpretativo de la norma y de sus condiciones de aplicación en razón de la interpretación judicial y la mediación colectiva, deban debatir y discutir el tipo de modelo laboral que se juzga más adecuado para la situación que se va a plantear en el plazo de un año (…), es decir, el diseño del nuevo modelo de derecho del trabajo que (…) se acomode a los principios del Estado Social y del reconocimiento del trabajo como eje de atribución de derechos y de ciudadanía”. En esa línea, en el apartado de debate el número 67 de la RDS incorpora dos textos preciosos. Una crítica impecable a la reforma laboral llevada a cabo con su maestría acostumbrada por Umberto Romagnoli, y un esquema de desarrollo de un proyecto de regulación que parta del concepto de trabajo digno, como el que está llevando a cabo el grupo de la Izquierda Plural, obra de Joan Coscubiela.

En la sección de estudios, se prioriza en esta ocasión una aproximación analítica, crítica y garantista fundamentalmente de aspectos relacionados con las relaciones individuales de trabajo – principio de equivalencia en el salario debido en vacaciones, de Juan Gorelli, la acción resolutoria del contrato de trabajo del art. 50 ET en los supuestos de menoscabo de la dignidad, de Raquel Poquet, o el régimen de las horas complementarias, de Guillermo Rodriguez Pastor  - junto con un importante trabajo de Jose Luis Monereo sobre el territorio de frontera que suponen los entes instrumentales de la Administración pública y las irregularidades relacionadas con la contratación temporal, cesión de trabajadores, despidos colectivos y las últimas prescripciones limitativas del empleo público en función de la legislación de emergencia, y un texto de Manolo Correa examinando el delito de imposición de condiciones de trabajo “irregulares” a los inmigrantes extranjeros.

Como es costumbre en la RDS, junto a una recopilación de las principales sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se atiende a algunos fallos especialmente relevantes. El primero, respecto del Tribunal de Justicia, que últimamente suele ofrecer un enfoque desequilibrado priorizando las libertades económicas frente a los derechos sociales, como recuerda el comentario de Carmen Salcedo de la STJUE de 18 de septiembre de 2014, al que sigue un sarcástico comentario de Jaime Cabeza de la sentencia  del Tribunal Constitucional – y sobretodo de los votos particulares – sobre las decisiones de los obispos sobre el profesorado de religión (STC 140/2014), y, en fin, un comentario de Carlos Alfonso sobre una última sentencia del Tribunal Supremo sobre la compensación mediante una indemnización de los daños que se producen derivados de un accidente de trabajo de normativa preventiva, en el caso, la falta de formación e información  al trabajador. La sentencia recapitula la doctrina del Tribunal Supremo y modifica la doctrina procedente, con un amplio voto particular. El elenco de decisiones judiciales comentadas se cierra con el de la muy decisiva Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2014 sobre el delito de manifestación, que contiene elementos muy relevantes para los juristas del trabajo, en especial en orden al tratamiento represivo de los piquetes de huelga y del derecho de reunión, obra de Antonio Baylos. Un último texto aborda de forma relacional el tema de la negociación colectiva tal como viene regulada a partir de su nuevo modelo legal. Aránzazu Roldán efectúa una aproximación sintética al tema de interés.

El número se cierra con las noticias de libros que se inscriben a su vez en un tipo de producción académica con valor teórico y que alientan la reconstrucción del pensamiento de los juristas del trabajo desde planteamientos críticos y alternativos. En el día a día. Como corresponde.


martes, 16 de diciembre de 2014

LLEGA EL MOMENTO DE ESTAR CONTENTOS, DICE EL GOBIERNO.





El fin de semana nos ha sorprendido con varios mensajes del gobierno según los cuales debemos mirar el futuro con optimismo. El jueves, el presidente del Gobierno declaró con contundencia que “la crisis es ya historia pasada”. A su vez la ministra de empleo Fátima Báñez, instó a los ciudadanos a estar “alegres” y el sustituto de Ana Mato en el Ministerio de Sanidad, Alonso de manera más compulsiva, prescribió a las masas populares a que empiecen a “sonreír ya”.

Así que todos contentos. Los titulares de las carteras de Empleo y Sanidad celebran el fin de la crisis económica, y Báñez, en su papel de vidente, vaticina que España será "el país que más empleo va a crear en toda la zona euro" el próximo año. Qué importa que, como señala el blog hermano Metiendo Bulla, con datos del Informe mundial de OIT sobre salarios 2014-2015,  «España es el país desarrollado en que más sube la desigualdad entre el 10 por cien más rico y el 10 por cien más pobre». Lo que – concluye con razón López Bulla – “es un jarro de agua helada contra los telepredicadores del poder: los datos frente (y contra) la jerigonza y tergiversación del lenguaje político; los datos contra el libelo de la agitación propaganda gubernamental”.

Son sin embargo mensajes que se habían lanzado antes, una cantinela que ya es conocida. Recordemos las hemerotecas: La narrativa de la recuperación la inició el difunto gran banquero de España, Botín, al afirmar que "es un momento fantástico para España. Llega dinero de todas partes"  (Cinco Días, 17-10-2013). Dos días después, el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, afirmó que 2014  será el año "del crecimiento y la creación de empleo" y que "estamos en las puertas mismas del crecimiento y de la creación de empleo"  (Efe, 19-10-2013). El presidente Mariano Rajoy no podía ser menos, y el mismo día proclamaba desde Panamá, en la Cumbre Iberoamericana de entonces, que España "está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y reforzada"  (ElDiario.es, 19-10-2013). La coordinación con los medios estaba garantizada, el primero, El País, que titula: "Los mercados atisban la recuperación", y afirma a continuación que "la economía española despide la recesión más prolongada de su historia reciente"  (El País, 19-10-2013). Al día siguiente, ABC se apunta al toque triunfal y sale a toda plana en portada con  "Brotes verdes. Esta vez, Sí" (ABC, 20-10-2013).” (Pascual Serrano en El Diario.es (http://www.eldiario.es/zonacritica/crisis-acabo-enterado_6_188341182.html)

Hace un año esta oleada de declaraciones se acompañó de los comentarios muy favorables de los responsables económico-financieros europeos respecto del modelo español, que salía de la crisis gracias a la aplicación estricta de las políticas de austeridad. Pero ha pasado un año y las consecuencias del desastre, el paisaje desolado en el que nos hallamos, es algo evidente. Los mismos mensajes del naufragio enviados en otra botella. Es, de nuevo citando a López Bulla, “el lenguaje de la justificación de las promesas incumplidas, el de la mentira incontinente, el de la hipérbole, que tiene su origen en la noche de los tiempos políticos”.

Esta vez sin embargo el gobierno insiste en el optimismo con más énfasis porque las citas electorales del 2015 están muy cercanas y las perspectivas con las que afronta este momento son tan sombrías para el PP como esperanzadas para la mayoría de los ciudadanos españoles. Por eso Rajoy quiere acompañar este discurso con algunos gestos nuevos, que le permitan exhibir algún elemento de realidad conectada con unas declaraciones en las que nadie puede creer.

Es el llamado “giro social” del gobierno que se manifiesta en algunas medidas imprescindibles para no seguir profundizando en la desesperación social de tantos ciudadanos y ciudadanas en el umbral de la pobreza. Ese es el sentido del acuerdo que el Gobierno ha realizado con CCOO, UGT y CEOE han firmado el lunes 15 de diciembre en La Moncloa, que tiene el objetivo de insertar en el mercado laboral a los parados de larga duración con cargas familiares que llevan al menos 6 meses sin cobrar prestaciones. De la ayuda, de 426€ mensuales, los sindicatos creen que se beneficiarán cerca de 450.000 personas. Con ello el gobierno muestra una cierta recuperación del diálogo social –  que ha negado en la práctica durante todo su gobierno – y presume de su capacidad de interlocución con el movimiento sindical en estos momentos de “bonanza económica”, lanzando el mensaje ya conocido de que cuando la crisis desaparece, retorna la concertación.  Y la alegría, diría la Ministra de Empleo. Naturalmente el acuerdo ha sido saludado con grandes alharacas por los medios de comunicación empotrados en el poder político y en los grandes grupos económicos. “Un gran pacto social en el tercer año de mandato” del gobierno Rajoy, exultan los periódicos y acompañan su contento con numerosas fotografías de la firma del acuerdo.

La operación sin embargo no llegará a buen fin. No sólo porque los sindicatos ya han explicado que entablan estas negociaciones por responsabilidad, al tener necesariamente que intentar que el problema de la pobreza y de los desempleados de larga duración sea en la medida de lo posible amortiguado. O, por emplear las palabras del presidente del gobierno matizando sus declaraciones del fin de semana, para mitigar las “secuelas” de una crisis que ya es historia. El acuerdo es limitado en su objeto y en su alcance, y forma parte de un grupo de propuestas sindicales presentadas antes del verano en las que se proyectaba una serie de medidas de urgencia ante el desmantelamiento social que habían causado las políticas de austeridad puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular.

Además, el efecto legitimador de este movimiento es prácticamente inexistente.  En efecto, hoy el campo prioritario de juego es el terreno de las opciones políticas, y el espacio social ha quedado en la retaguardia del debate que agita la opinión pública. La percepción de la corrupción como lógica de las grandes empresas y grupos económicos y sus conexiones necesarias con los resortes del poder político, el incremento de las medidas represivas de las movilizaciones populares a través de la retorsión autoritaria de la incriminación penal y la regulación antidemocrática de la llamada “seguridad ciudadana”, la crisis de la organización territorial del Estado en la cuestión catalana, la emersión de nuevos sujetos políticos y de nuevas agregaciones de ciudadanos que pretenden elaborar reglas para un uso democrático del territorio y de los servicios de interés general, a la búsqueda de una nueva institucionalidad, la puesta en cuestión del marco de las decisiones clave en materia económica y social, son todos ellos elementos que ocupan el centro de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos.

Se ha producido por tanto un desplazamiento desde lo social y económico al campo de la política, redescubriendo ese espacio como un terreno de lucha que es productivo en términos democráticos, es decir, que puede controlar los poderes económicos y financieros, combatir la lógica del empobrecimiento y de la desigualdad que acarrea la política de austeridad, y anular las fuertes tendencias autoritarias que se están poniendo en marcha para reprimir la movilización social. En ese contexto de radicalización democrática que diseña un cuadro de democracia expansiva, la narrativa optimista del gobierno no tiene sitio, y resulta contraproducente para sus propios intereses. Es bastante notorio que la recuperación de la política como base de la democracia se asocia en cada vez mayores capas de la población a un cambio de modelo de gobierno y a la apertura de nuevas reglas institucionales, con participación amplia de la ciudadanía, en un proceso que en muchos casos está desembocando en la presión por la apertura de un proceso constituyente.

La dimensión laboral y social, que ha ocupado un papel extremadamente relevante en 2012 y 2013, en cuyo período constituía el eje de las movilizaciones populares, forma ahora parte del fondo del razonamiento que devuelve a la política su capacidad de modificar las cosas y no sólo la de impedir los daños irreparables de las decisiones adoptadas fuera de las instituciones democráticas que se imponen a éstas. En ese sentido, el sindicalismo confederal ha asumido implícitamente esta posición secundaria, concentrado por otra parte como está en revalidar su presencia electoral entre los trabajadores mediante las elecciones a los órganos de representación de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo, en cuyo proceso entiende con razón que se juega su implantación y su influencia social. Debería sin embargo hacer un esfuerzo por presentar públicamente su posición en el contexto actual, señalando el proyecto democrático en el que se inscribe y su realización concreta a través de la lógica representativa y del poder de negociación, explicándolo y haciendo participar en él al conjunto de las trabajadoras y trabajadores de este país. De esta manera se revalorizaría políticamente su capacidad de representación de los intereses colectivos y la necesidad de que ésta se concrete en algunos aspectos concretos de tutela de derechos sin que ello implique legitimar una estrategia del poder público que está destinada al fracaso.

domingo, 14 de diciembre de 2014

Un nuevo golpe al contrato estrella de la reforma laboral (Habla JOAQUIN PÉREZ REY)


La publicación de una reciente sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo declarando inaplicable el periodo de prueba de un año previsto en la reforma del 2012 para el contrato de apoyo a los emprendedores, ha dado lugar a este inteligente comentario de Joaquín Pérez Rey que publicamos en este blog por cortesía de @CesarGarribas, corresponsal en Parapanda de los asuntos manchegos.

Un nuevo golpe al contrato estrella de la reforma laboral
Joaquín Pérez Rey

La reforma laboral extremadamente agresiva, como la calificaba el Ministro de Economía en Bruselas, lleva ya dos años largos a sus espaldas con efectos devastadores para las condiciones de trabajo y la calidad del empleo en nuestro país.
Una de las medidas estrella de aquel cambio legislativo fue el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Todo un ejemplo de las deformaciones del lenguaje a las que nos tiene acostumbrados la acción política de la crisis económica. Lo que el legislador llama contrato indefinido es, ni más ni menos, que una ocurrencia que deja al trabajador contratado por esta vía sin ninguna protección frente al despido durante el primer año de duración del contrato. Literalmente sin protección alguna: el empresario puede poner fin a la relación de trabajo durante el primer año cuando desee, sin que exista un período mínimo de trabajo garantizado; no precisa justificar por qué lo hace, esto es, no se le exige que aporte y acredite motivo alguno para prescindir de los servicios del trabajador; no se genera a favor de éste indemnización alguna derivada de la pérdida del empleo, ni quiera la prevista para la conclusión de los contratos temporales y, con estos mimbres, se comprenderá rápidamente que cualquier intento de acudir a los tribunales por parte del trabajador que ve cómo se esfuma su empleo durante el primer año de duración de su contrato es inútil.
Que este tipo de contrato pueda establecerse en un país que proclama el derecho al trabajo en su Constitución es casi una contradicción en los términos ¿En qué consiste el derecho al trabajo de aquellos a los que se les puede arrebatar su empleo de forma por completo arbitraria? Es una contradicción para buena parte de los expertos en relaciones laborales, pero no para el Tribunal Constitucional que aprovechó el verano para proclamar sin reservas la compatibilidad de la reforma laboral con la Constitución, incluyendo entre las medidas perfectamente constitucionales al polémico contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.
La debilidad de los argumentos empleados por el máximo intérprete de la Constitución sorprenden por surgir de una institución con un brillante historial en la conformación del Derecho democrático del Trabajo, pero sobre todo por su carácter aislado y por rehuir abordar la cuestión desde la perspectiva de los tratados sobre derechos humanos suscritos por España, algo que le impone el art. 10.2 del propio texto constitucional (y que el TC usa sólo en una dirección argumentativa favorable sobre la base del Convenio 158 OIT que es, por cierto, muy dudoso que sea capaz de sostener un contrato como el de apoyo a los emprendedores)
Y la sorpresa es mayor si se tiene en cuenta que antes de que el TC se pronunciara, el Comité Europeo de Derechos Sociales entendió por unanimidad que un contrato como el de apoyo a los emprendedores, en este caso en su versión griega, era contrario a la Carta Social Europea, norma internacional ratificada por España y que por tanto resulta de aplicación en nuestro país y ha de servir para interpretar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo consagrado en el art. 35 de la Constitución.
No en vano antes de la sentencia del TC algunos tribunales laborales ya habían venido advirtiendo la incompatibilidad del contrato de apoyo a los emprendedores con la Carta Social Europea, desactivando en la práctica la posibilidad de las empresas de poner fin sin costes a los contratos durante el período de prueba ampliado a un año por la reforma laboral.
Sobre nada de esto se detuvo el TC de forma que el problema continúa y de hecho los órganos de la jurisdicción social han proseguido poniendo en duda el contrato estrella de la reforma laboral al considerarlo contrario a la Carta Social Europea.
La última decisión que se mueve en esta línea de argumentación jurídica es la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Toledo de 27 de noviembre de 2014, en un procedimiento promovido por los servicios jurídicos de CC.OO.
En ella se advierte que la Carta Social Europea es una norma internacional que forma parte de nuestro derecho interno y que debe ser aplicada por encima de la Ley nacional, lo que impide que un contrato como el de emprendedores pueda operar en nuestro país como al legislador le gustaría: desconociendo cualquier derecho del trabajador frente a su despido durante el primer año de la relación de trabajo.
Sostener que cabe un período de prueba de un año para, como sucedía en el caso concreto de la sentencia, comprobar las aptitudes de una cajera/reponedora de un supermercado es de tan extrema desproporción que queda fuera del margen tolerancia que los derechos sociales permiten en Europa.
En realidad, como la sentencia agudamente observa, el contrato de apoyo a los emprendedores no es más que una forma de contrato temporal sin causa al que el legislador no tiene empacho en llamar indefinido y que no puede quedar justificado por muy grave que sea la crisis económica. Los derechos sociales no son elementos de los que quepa prescindir en los momentos de dificultades económicas, pues es precisamente en esas circunstancias cuando más necesarios son.
La posición judicial en la que se inscribe la sentencia que comentamos resulta impecable desde los cánones de la interpretación jurídica y no sólo cuestiona el contrato protagonista de la reforma laboral, sino que pone de manifiesto las debilidades del espaldarazo que el TC ha otorgado a esta última. Que el último y más importante guardián de los derechos humanos en nuestro país  haga dejación de sus funciones y obligue a los jueces ordinarios a acudir a los tratados internacionales para restablecer la integridad de los derechos sociales que la reforma laboral ha orillado, debería causar cierto sonrojo en tan alta institución.
En cualquier caso, no crea el lector que la importante victoria jurídica resolverá la vida a la trabajadora. La condena a la empresa por usar este contrato contrario a la normativa internacional consiste en elegir entre readmitir a la cajera o abonarle 656,37 euros, esto es, apenas el salario mínimo interprofesional. En estos parámetros es en los que se desenvuelve el mercado de trabajo español: entre la nada y la miseria.

miércoles, 10 de diciembre de 2014

LOS JUECES INCÓMODOS


Desde hace algún tiempo, el Gobierno por boca de sus exponentes, distinguen entre los magistrados y los tribunales que “aplican la ley” – es decir, que emanan decisiones favorables a las decisiones y a la voluntad del gobierno – y aquellos que la “ignoran” o que la aplican incorrectamente. Estos son los jueces incómodos a los que el poder ejecutivo advierte y señala como elementos incompatibles con el “marco institucional” que el propio ejecutivo define.  

Ha sucedido con los magistrados de lo Social, frente a los cuales la ministra de empleo, Fátima Báñez, confesó que tenía mayor desconfianza que respecto de los “hombres de negro” enviados por la troika para comprobar la fidelidad de las cuentas públicas españolas a los dictados de las políticas de austeridad y su lógica de empobrecimiento. La reforma laboral, “el tapón que ha frenado la sangría del paro”, según la enfática fórmula gubernamental, está puesta en peligro ante la actuación “irresponsable”, “formalista” o “errática” de los tribunales laborales, en especial respecto de las declaraciones de nulidad de los EREs iniciado tras la Ley 3/2012.

Pero mucho más fuerte ha sido la presión sobre los magistrados de lo penal. En especial respecto de los delitos de terrorismo y la aplicación de normas que permiten la excarcelación de los terroristas condenados a penas de larga duración. Es bochornoso recordar los insultos e improperios, también desde el propio gobierno de España frente a la decisión del TEDH sobre la anulación de la doctrina Parot y el señalamiento inicuo de López Guerra como el juez español que conspiró para lograr la excarcelación de etarras, una sentencia “injusta y equivocada” como la definió el Presidente del Gobierno y el entonces Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Naturalmente que al socaire de esta desautorización, los medios afectos al gobierno del PP arremetieron de forma brutal contra este magistrado.

Este guión se ha ido desarrollando de forma idéntica cada vez que el Gobierno necesita instrumentar los fallos judiciales para consolidar su rol de exclusivo defensor de las víctimas del terrorismo, como señas de identidad que opone al resto de los partidos políticos, hasta hace muy poco motejados como “cómplices” de ETA. En los últimos días, la aplicación por la Audiencia Nacional de una norma europea según la cual debería computarse el tiempo de condena cumplido en otro país europeo a algunos de los presos de ETA, ha generado una intervención del gobierno, a comenzar por su Vicepresidenta, que supera el listón, ya elevado, de agresividad autoritaria del ejecutivo. Esta vez no hubo “aceptación” aun disintiendo, de las decisiones judiciales, sino un ataque en toda regla a los jueces de la sección 1ª de la Audiencia Nacional, señalándolos como jueces que han mantenido un criterio “que no cabe en la Ley”. El Ministro de Gobernación, a continuación, ha insistido en declaraciones a La Razón que “la excarcelación de etarras no se ha hecho conforme a la ley”. Naturalmente a partir de ahí todos los medios afines han coreado esta condena, señalando con nombres y apellidos a los magistrados integrantes de esa sección, “culpables” de la liberación de asesinos.

Este ataque a los jueces por parte del gobierno no debe permitirse. El garante de esta independencia judicial, el Consejo General del Poder Judicial, permanece mudo sin embargo. Sólo Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado, que se reproduce a continuación, en el que se resalta la gravedad de los ataques del gobierno y la desprotección en la que el CGPJ ha sumido a los jueces. Un nuevo rasgo antidemocrático en la España de nuestros días que debería ser resaltado y criticado desde las formaciones políticas comprometidas con las libertades y las garantías de los derechos en el Estado español.


JUECES PARA LA DEMOCRACIA ANTE LOS ATAQUES DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO A LA SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de varias personas condenadas por terrorismo, al considerar que ya han cumplido la pena que se les había impuesto, una vez computado su tiempo de condena en Francia, de acuerdo con una Decisión Marco de la Unión Europea que resulta vinculante para nuestro país, en la línea de lo que ha indicado el Tribunal Supremo en esta materia. Ante dichas decisiones judiciales, que están ampliamente motivadas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como portavoz del Consejo de Ministros, ha atacado con dureza a los magistrados de dicho tribunal. Y determinados medios públicos de comunicación también han arremetido en términos similares contra quienes integran dicha sección y contra otros magistrados de la Audiencia Nacional.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar que en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y que los otros poderes del Estado deben acatar y respetar las decisiones judiciales. Las resoluciones de nuestros tribunales pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos. Pero lo que no resulta aceptable es la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político. Con estas actuaciones, el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes.

Ante las decisiones de nuestros tribunales siempre se pueden ejercer los recursos establecidos legalmente. En cambio, no nos parece admisible erosionar nuestro Estado de Derecho, ni tampoco es ético utilizar el dolor de las víctimas de manera partidista. Por ello, desde Jueces para la Democracia defendemos la independencia de los magistrados de la Audiencia Nacional para aplicar el criterio jurídico que  corresponda al caso concreto. Y lamentamos que el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, sigan sin cumplir sus funciones constitucionales de garantes de la independencia judicial ante una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias.

Desde la judicatura no se ha mostrado jamás ninguna comprensión hacia los crímenes terroristas y las resoluciones de la Audiencia Nacional han sido fundamentales en la respuesta penal a estos delitos. Pero, desde nuestra solidaridad hacia las víctimas, debemos recordar que un Estado de Derecho se legitima con el cumplimiento de sus propias reglas. Y también debemos afirmar que una democracia constitucional se debilita cuando el poder político utiliza mecanismos de instrumentalización emocional para atacar las instituciones judiciales. Por ello, reclamamos al gobierno un mayor respeto hacia la actuación independiente de nuestros tribunales.

10 de diciembre de 2014  

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Jueces para la Democracia
jpd@juecesdemocracia.es
http://www.juecesdemocracia.es

lunes, 8 de diciembre de 2014

LA DIFICULTAD DEL VIRAJE A LA IZQUIERDA DEL SOCIALISMO IBÉRICO




La crisis ideológica y de proyecto de la socialdemocracia europea es un hecho conocido. La aceptación del ideario social-liberal como seña de identidad del partido socialista francés y el giro antisindical del Partido Democrático en Italia, que ha provocado el enfrentamiento directo con la CGIL no augura buenas perspectivas para replanteamientos en clave socialdemócrata de las formaciones políticas socialistas del sur de Europa. Con el agravante de que los pequeños matices introducidos en Francia e Italia a través de la negociación de aspectos financieros e impositivos para evitar la aplicación estricta de la prohibición del déficit presupuestario, han sido considerados por Alemania y su canciller  de manera negativa, de forma que ambos países deben “profundizar en sus reformas”, especialmente en la legislación laboral y en el desmantelamiento del Estado social. Enfrentarse a esa deriva parece ser la única alternativa posible en la península ibérica si se quiere evitar el progresivo debilitamiento de estas opciones en términos electorales.

Esto sucede con el PSOE a partir de la elección del nuevo secretario general y de su equipo de dirección. Se ha iniciado un viraje político que se manifiesta en su compromiso de no gobernar con la derecha y la extrema derecha – aunque si a llegar a acuerdos sobre puntos concretos con esta formación – y en la asunción de una serie de compromisos políticos importantes. El más significativo, por su carácter simbólico, la derogación del art. 135 de la Constitución – aunque se habla de la reforma del precepto, el objetivo es depurarlo de los elementos que imposibilitan el endeudamiento para incrementar el gasto social, como ha recordado oportunamente Javier Doz (http://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/05/articulo-135-de-la-constitucion-modificar-o-derogar-la-reforma-de-2011/) – y a continuación la derogación de la reforma laboral, a través de la propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores cuya concreción todavía se desconoce.

Se trata de un compromiso difícil que contraría a las viejas guardias del Partido y a sus centros de referencia para fijar las líneas políticas en materia de política económica, que son las grandes empresas de la información y de las comunicaciones y la energía, grupos mediáticos afines, la tecno estructura del Banco de España y algunos centros de creación ideológica como FEDEA. El proyecto de estos grupos, que reiteran con más insistencia, es el de la “gran coalición” con la derecha y extrema derecha española, invirtiendo el ejemplo alemán, donde la CDU-CSU pactó con el SPD. En esa “dogmática” se ventila el futuro, como ha explicado muy bien José Luis López Bulla en su blog hermano (http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/12/habra-gran-coalicion-pp-y-psoe.html) , lo que dificulta la seguridad en que el proyecto presentado pueda ser viable (internamente) y lo hace difícilmente creíble para amplios segmentos de población que tienen muy próxima la política desplegada por el PSOE con Zapatero y Rubalcaba, y explican su apuesta programática como electoralismo para evitar el desbordamiento por la izquierda a partir de Podemos con el apoyo de Izquierda Unida.

Esta es también la situación en Portugal, aunque no se hable de ella, dada la ignorancia tradicional de nuestra cultura política respecto de la que se desenvuelve en el país vecino. El próximo congreso del Partido Socialista Portugués tiene como objetivo la aprobación de un claro viraje a la izquierda. Antonio Costa, el líder del PS, ha dejado claro cuáles son sus prioridades. Los compromisos del Estado respecto de la deuda son menos importantes que las responsabilidades del Estado con sus ciudadanos, de forma que rechaza la lógica del empobrecimiento propio de la política de austeridad. Enfatiza la necesidad de considerar al Estado como agente económico, cuya actividad es esencial para garantizar crecimiento y empleo, dando prioridad a la lucha contra las desigualdades y la pobreza, revalorizando a su vez el trabajo y la concertación social. Afirma asimismo que el PS no hará una coalición con los partidos de la derecha, con los que declara que hay un desencuentro ideológico e incluso generacional muy importante, propiciando por el contrario, un diálogo con la izquierda. También declara que el Estado no puede tener un modelo de familia y debe luchar contra la violencia doméstica. Hacía mucho tiempo que el PS – ahora afectado además por la detención y encarcelamiento de su ex secretario general y presidente del Gobierno, José Sócrates – no establecía este diagnóstico y elaboraba un proyecto de manera tan clara como vehemente.

Sin embargo no es fácil dar ese giro. En el Partido Socialista pervive un discurso anticomunista que se define como anti-izquierdista, que lleva a una lógica de exclusión de toda formación política que cuestione críticamente el sistema económico en vigor y pueda alterar el sistema bipartidista que alterna los gobiernos. El vicepresidente del grupo parlamentario socialista promete que “no se izquierdizará el PS” y un relevante eurodiputado del partido preconiza “un entendimiento de régimen” con el PSD si el PS no alcanza la mayoría absoluta.


La apertura del programa del PS a los agentes de la izquierda social y política- principalmente al PCP, pero también al Bloco de Esquerdas, hoy muy en crisis- es un elemento muy importante en el diseño de un cierto frente de resistencia a las políticas financieras de austeridad, a la renegociación de la deuda y al cambio de los planteamientos neoliberales de la troika por una acción europea federal que reforme de manera efectiva las estructuras políticas y financieras de la región sobre la base de una política de participación democrática de la ciudadanía europea. 

Lo mismo sucedería si el socialismo español es capaz de articular una propuesta abierta a los grupos de izquierda que se enfrentara a la insoportable autoridad económico financiera que insiste en el empobrecimiento masivo, la desigualdad como regla y la pérdida de los derechos laborales en nuestros países. Para ello es necesario explicitar un programa común que pueda ser compartido desde las posiciones de izquierda, sin exclusiones, enunciado con la radicalidad democrática que los tiempos requieren. En ese diseño ideal, la posición que ocupen los socialistas españoles será determinante de su supervivencia, pero asimismo de  la garantía de una política democrática en la que se deben necesariamente  integrar. 

viernes, 5 de diciembre de 2014

EVOCACIÓN DE ELVIRA S. LLOPIS



Hay veces en las que la pérdida de un amigo nos deja profundamente heridos, conmocionados por sentir demasiado fuertemente el golpe que produce la muerte de alguien al que se estima cercano, o sencillamente del que no era concebible que desapareciera. Esta es mi sensación con el fallecimiento de Elvira S. LLopis.
No he podido escribir un homenaje a esta amiga porque me sentía demasiado implicado en el desasosiego que me ha causado su ausencia. Es una sensación compartida. Adela Crespo la ha narrado en primera persona en una columna que escribió en Nueva Tribuna nada más conocer su muerte y que se titulaba sencillamente con el nombre de la amiga: http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/elvira/20141123231832109589.html, haciendo una semblanza espléndida y emocionada. Su hija Olga y Armando B. Ginés completan el recuerdo en la página de Facebook todavía. Yo no puedo aquí más que evocarla.

Elvira era una mujer extremadamente inteligente, culta, divertida, de una creatividad inmensa. Se apasionaba con las cosas y sabía distanciarse de las miserias cotidianas con una fina ironía. La conocí en su época de secretaria de la mujer de la USMR de CCOO, pero fundamentalmente conviví mucho más con ella en la Fundación Sindical de Estudios, donde fue vicepresidenta muy activa y propició el éxito – tan mal recibido en otras instancias del sindicato por razones evidentes – de este experimento de reflexión y formación sindical que serviría de ensayo general para el despegue y desarrollo de la Fundación 1º de Mayo, una vez derrotada la candidatura del Secretario general saliente, Jose Maria Fidalgo, en el 9º Congreso de CCOO en el 2008. Fue la vicepresidente de la Fundación, acompañando a su  gran amigo Rodolfo Benito, y desplegó en ella su buen hacer y su inteligente forma de organizar los temas de debate y proponer líneas de acción adecuadas a los nuevos tiempos. Sus trabajos sobre educación y sanidad, los textos en los que procedía a una revisión del lenguaje para liberarlo de sus anclajes en un pensamiento sumiso y patriarcal, y sus intervenciones públicas, siempre ajustadas y matizadas, son inolvidables. En palabras de otro amigo también muerto abruptamente, Manuel Fernández Cuesta, sus escritos y su voz son inalterables y maravillosos, “como fósiles en las grietas de un acantilado azul”.

Elvira hablaba, se relacionaba y trabajaba con las palabras, una forma de comunicar más segura que la melodía de la armónica de cristal de la Señora Kirchgenesser, tenue y límpida, aunque Luigi Pintor considerara menos engañoso el sonido de esa música que los castillos de naipes de la palabra escrita. Una labor transparente y luminosa, mantenida sobre la profunda carga cultural y filosófica que la atravesaba y que siempre se unía a una mirada abierta a la emancipación del género humano.

El día antes de morir dejó escrito en el muro de Facebook uno de sus mensajes favoritos con los que abría el día y se despedía luego por la noche, como forma de saludar a los amigos – tantos y tantas – que seguíamos sus mensajes cuando ya no salía apenas de casa. Buenas noches, buena gente, una expresión llena de sentido para todos nosotros que la coloca en el centro de nuestra memoria, todavía dolida por saber que ella ya no estará allí, que no podremos oírla ni leer lo que nos dice. La última vez que la vi en persona fue antes del verano, vino a una de las actividades de la Fundación en el Centro Abogados de Atocha, en el que tantas veces había protagonizado ella esos eventos. Me insistió en que había que revalorizar la función democrática y social del trabajo como eje de la actividad política y sindical. Siempre idéntica a si misma.

 En sus ojos tan profundos - que hacían cambiar las estaciones- se despeñaba la memoria de tanto tiempo compartido. Pero ahora para mí, como en el poema de Louis Aragon, su recuerdo brilla fuerte aunque el universo entero se haya hecho pedazos y su ausencia sea completamente inevitable.

 


 


viernes, 28 de noviembre de 2014

El profesor Baylos analiza en universidades brasileñas el estado del Derecho del Trabajo

 
 
 
 
 
El director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Antonio Baylos, visita cuatro universidades y dos escuelas judiciales de Brasil para analizar y explorar el estado del Derecho del Trabajo. Durante su estancia impartirá conferencias, presentará un libro, participará en un simposio y será reconocido con la ‘Comenda das Araucarias’.

El director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Antonio Baylos, visita, hasta el próximo 3 de diciembre, cuatro universidades y dos escuelas judiciales de Brasil.

La Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro ha sido la primera parada para el profesor de la Universidad regional. En ella ha impartido la conferencia Modelos de Derecho del Trabajo y cultura de los juristas, a la vez que ha presentado junto a la magistrada del Tribunal Regional de Trabajo (TRT), Sayonara Grillo, el libro Mundo del trabajo y diseños institucionales.

El viernes, en la Escuela Paulista de Derecho, ofrecerá la ponencia Gobernanza económica europea y derechos laborales. Este mismo día, y el sábado 29, valorará, en el marco de un curso de Post-Doctorado organizado por la Escuela Judicial del TRT y la Universidad de Córdoba (Argentina), los trabajos presentados por los doctores del citado curso, con el objetivo de explorar la posibilidad de que la UCLM se incorpore a este tipo de iniciativas.

Posteriormente, el 1 de diciembre, será honrado en Curitiba con la solemne imposición de la Comenda das Araucarias, distinción honorífica que le asignará el Tribunal Regional de Trabajo de la novena región como reconocimiento de los juristas del trabajo panaerenses a los ocho años de enseñanza del Máster y Doctorado Anamatra-UCLM, extinguido en 2010. Además, ese mismo día, en la Escuela Judicial, hablará sobre Reformas laborales y derechos colectivos en Europa.

El 2 de diciembre, en UNIBRASIL, intervendrá en El derecho al trabajo como derecho constitucional y, posteriormente, debatirá sobre Derechos laborales y cultura de los juristas. Por último, el 3 de diciembre, acudirá a la Facultad de Derecho Federal de Paraná donde contactará con el cuadro de profesores y el equipo de investigadores en Derecho del Trabajo y Políticas Sociales para explorar la posibilidad de colaboraciones con el CELDS.
 
Gabinete Comunicación UCLM