viernes, 17 de abril de 2015

LA DERECHA MEDIÁTICA CONTRA LA JUSTICIA LABORAL. HABLA RAMÓN GÓRRIZ




La sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad radical del ERE de COCA-COLA por vulneración del derecho de huelga de sus trabajadores por esta empresa, ha cerrado un ciclo de luchas que se inscriben en la resistencia a la reforma laboral y a las estrategias de diseño organizativo que las empresas han ido poniendo en marcha, bajo la tutela jurídica de sus asesores. La huelga y la movilización de los trabajadores y el empleo inteligente de la acción jurídica como parte de la acción sindical, ha dado en esta ocasión un resultado extremadamente positivo. Como era previsible, los grandes medios de comunicación empotrados en el poder económico han reaccionado con enorme hostilidad, presionando - como es su costumbre cada vez que hay una decisión judicial que preserva derechos sociales o ciudadanos - contra los jueces que han argumentado su decisión. Es este un tema demasiadas veces reiterado en nuestro país, en donde la libertad de información e encuentra directamente condicionada por la intangibilidad de las opciones económicas de las grandes empresas, al que ha atendido Ramón Górriz, secretario de acción sindical de la C.S. de CC.OO. en este artículo que se comparte en rigurosa exclusiva de la blogosfera de Parapanda, con la página web de CC.OO.


"La derecha mediática arremete contra la Justicia"

•Artículo de Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO

 

El aparato mediático conservador, fuertemente comprometido con la defensa de la reforma laboral del Gobierno conservador que ha servido para devaluar los salarios, destruir empleo y reducir los derechos de los trabajadores, elige ahora la Justicia como blanco de sus diatribas, tras distintas sentencias judiciales que han dado la razón a sindicatos y trabajadores

Algunos medios de comunicación económicos creen que la Justicia mete la pata con frecuencia cuando dicta sentencias que afectan a la reforma laboral. Culpabilizan a los jueces con lindezas como esta: "La acumulación de sentencias judiciales abiertamente contrarias a la reforma laboral en vigor, constituyen un despropósito, porque la inseguridad jurídica que están generando los jueces responsables de esos autos puede acabar siendo muy perjudicial para la economía española". Todos ellos están fuertemente comprometidos con la defensa de la reforma laboral del Gobierno conservador, una reforma laboral que ha servido para devaluar los salarios, trasvasar rentas del trabajo al capital, destruir empleo, reducir los derechos de los trabajadores y romper el equilibrio de las relaciones laborales, incrementando el poder empresarial.

 Lo quieren todo. No contentos con la quiebra de las relaciones laborales y de la negociación colectiva que introduce la reforma laboral; insaciables con la vulneración de derechos laborales; y decididos partidarios de la ofensiva contra el poder contractual de los sindicatos, el aparato mediático conservador elige ahora  la Justicia como blanco de sus diatribas. Pretenden estos medios de comunicación que los Tribunales de Justicia se plieguen a la norma política, e ignoran conscientemente que cuando la norma política cuestiona el texto constitucional o el derecho comunitario, lo que debe hacerse es cambiar la norma.

 Ayer fueron las interpretaciones judiciales sobre los expedientes de regulación de empleo y el incumplimiento de los procedimientos por parte de los empresarios, ahora es  la sentencia del 15 de abril de la Sala de lo Social del tribunal Supremo sobre el ERE de Coca Cola, a partir de  una reflexión temeraria e irresponsable sobre los derechos laborales y el empleo. Juzgan el derecho a trabajar como si de un privilegio se tratara, y piden a los tribunales que no entorpezcan el objetivo empresarial, a menudo obsesionado con el despido masivo de trabajadoras y trabajadores. En un país con 5,5 millones de personas en paro, la derecha mediática más ultramontana no duda en incrementar esa insoportable cifra, si con ello se abre paso la demanda empresarial de despido libre y, al ser posible, cuasi gratuito.

 Es la ley de la selva. Seguramente se escuden estos propagandistas en que son los empresarios los que crean empleo y no se puede "actuar contra ellos". Repetirán una y mil veces que la reforma laboral es una norma básica para impulsar la creación de empleo y callarán conscientemente que en los tres años de vigencia de la sacrosanta reforma del PP, se han destruido centenares de miles de puestos de trabajo.

 Poco o nada les importará que el derecho comunitario haya insistido en la obligación de buena fe en la negociación colectiva, un objetivo que resulta incompatible con la violación de derechos fundamentales, que es lo que ha ocurrido durante el periodo de consulta, causa decisiva en el pleito de Coca Cola.

 Por eso, cuando  estos medios intentan recurrir a la autoridad del Tribunal Constitucional -cuya reforma laboral avaló- o a las recomendaciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para profundizar en la desregulación del mercado de trabajo -el capitalismo financiero justifica esta liberalización como la mejor herramienta para acabar con la dualidad laboral (que sarcasmo)- solo cabe responderles con la necesaria legitimidad de la acción de la justicia, del respeto al derecho del trabajo, a la propia Constitución y a la legislación comunitaria. Los problemas de aplicación de la Reforma de 2012 no son de los jueces de la Audiencia Nacional o de cualquier tribunal, sino de manera singular, de sus autores; son el resultado de la escasa y defectuosa calidad técnica de la ley. Al fin y al cabo, a CCOO son las personas las que nos interesan, no solo las estadísticas.

 

 Ramón Górriz

Secretario de Acción Sindical de CCOO

miércoles, 15 de abril de 2015

HA MUERTO LUIS ORTEGA



Ha muerto Luis Ortega. De golpe, en un receso de las deliberaciones en el Tribunal Constitucional. CC.OO ha elaborado la nota que sigue a continuación, que da cuenta de la faceta pública del Catedrático de Derecho Administrativo y Magistrado del Tribunal Constitucional. Además de eso, Luis Ortega fue compañero mio de promoción en la Facultad de Derecho y un buen amigo en mi juventud. Compartimos piso e ilusiones, muchas alegrías y maneras de vivir. Le encantaba dibujar y pintar, era un buen lector de poesía. Cuando nuestros senderos se bifurcaron, siempre mantuvimos vivo nuestro respeto y nuestro cariño. Su intervención, con la de Luis Arroyo, fue determinante de mi llegada a la UCLM como catedrático. Hemos compartido también – otra vez – pasillos y aulas, reuniones, encuentros. Hoy me ha sobrecogido la noticia de su muerte imprevista, rápida. Le recuerdo siempre afable, irónico, confiado. Siempre nos quisimos bien. Ante el golpe súbito solo sé decir palabras lóbregas, només ho sabut dir mots de foscor , amigo mio.

EN LA MUERTE DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LUIS ORTEGA

Nota de C.S. de CC.OO.


Luis I. Ortega perteneció a la generación de estudiantes de derecho que se licenció con la muerte del dictador. Hizo sus estudios de doctorado en Italia, en Roma, sobre los derechos sindicales de los funcionarios públicos, y su tesis, luego publicada como monografía, influyó definitivamente en la primera regulación del derecho de negociación colectiva en la función pública de 1987. Discípulo de Jesús Leguina, en la escuela de Eduardo García de Enterría, con la victoria del PSOE en 1982 simultaneó su dedicación académica con la  de director general del Departamento de Asuntos Institucionales  de la Presidencia del Gobierno en 1983, durante el primer gobierno de Felipe González

Catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha desde 1988, era un reconocido experto en derecho público, con especial atención a la estructuración territorial del Estado y las autonomías locales, y de derecho europeo. En esa calidad obtuvo la cátedra Jean Monnet en 1999 y fundó el Centro de Estudios Europeos de la UCLM, del que fue su director. Participó en numerosos grupos de estudio sobre reformas legislativas administrativas de relieve, en especial en el Estatuto Básico del Empleo Público. Impulsó líneas de investigación muy novedosas en el colectivo de investigadores y docentes que lideraba en esta universidad, en especial sobre el derecho ambiental y europeo.

En enero de 2011 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, donde ha mantenido una actuación de defensa de los derechos sociales y ciudadanos, en muchas ocasiones en abierta oposición con la mayoría de este órgano, conformada para avalar sin fisuras el programa legislativo y normativo del gobierno del Partido Popular. Ha sumado su voz discrepante a los votos particulares contrarios a las dos sentencias del Tribunal Constitucional que consideraron constitucional la reforma laboral de la ley 3/2012 y, muy significativamente, compartiendo la autoría del voto con Fernando Valdés,  a la sentencia que consideró legítimo no actualizar la revalorización de pensiones. Se ha mantenido siempre crítico respecto de la utilización exorbitante por parte del gobierno del decreto ley basada en la alegación ritual de una situación de urgencia inexistente. Ha sido en definitiva un magistrado que creía en la función política y democrática de los derechos constitucionales reconocidos a la ciudadanía y que no consideraba al órgano constitucional como una mera máquina de registrar aprobaciones entusiastas a las decisiones del gobierno.

Su muerte supone una gran pérdida para los demócratas y progresistas de este país, que además resulta más sentida por ser tan prematura. Como CCOO lamentamos profundamente la desaparición de una persona como Luis Ortega, un gran profesor y un demócrata honesto que manifestó a lo largo de toda su vida un compromiso seguro y permanente con la democracia social y los derechos ciudadanos.



martes, 14 de abril de 2015

LA MEMORIA HISTÓRICA NO ACABA CON LA GUERRA CIVIL



Hoy es el 84º aniversario de la proclamación de la II República española, el periodo de nuestra historia reciente más productivo en términos culturales, políticos y sociales, salvajemente abortado por el levantamiento fascista y clerical de julio de 1936. Es una fecha oportuna para dar noticia de una iniciativa muy interesante para documentar la represión franquista desde 1968 a 1982, como parte de la memoria histórica en la transición política de la dictadura a la democracia.

El reconocimiento de la memoria histórica y la necesidad de su recuperación cobra fuerza en España a partir del 2004 y se positiviza en la muy insuficiente Ley 52/2007, que con posterioridad ha sido prácticamente anulada por el gobierno del PP cortando cualquier ayuda pública a las asociaciones que realizan actividades de recuperación de la misma. Pese a ello, ha habido un importante esfuerzo por hacer visible el odio y la brutalidad de la represión de los sublevados contra la República, el inmenso dolor y sufrimiento infligido a millares de personas por su ideología o pertenencia de clase. Y se puede decir que este esfuerzo por restablecer una narrativa histórica negada por el discurso oficial ha resultado eficaz, especialmente en lo que se refiere a la guerra civil y a la intensa represión subsiguiente hasta 1945, incluida la ejercida contra la guerrilla y el maquis de esos años.

Sin embargo el franquismo continuó siendo un régimen represivo y autoritario hasta el final de sus días, y la transición a la democracia se acompañó de una fuerte violencia represiva. El golpe de estado en 1981 es la fecha de cierre de estos procesos. Sin embargo este largo período histórico no ha sido analizado ni examinado con la atención que se merece. De esta manera se ha podido localizar toda la violencia del régimen en los primeros años de su existencia, afirmando que a partir de los años cincuenta, se relajó el grado de coacción sobre la población civil y la opresión política y económica se “normalizaron” en un contexto no democrático ciertamente, pero más “permisivo”. Es el discurso que habla de “dictablanda” como forma de describir lo que sucedía.

Nada más lejos de la realidad, y bastaría con mencionar la represión y las torturas de Asturias en 1962 o el fusilamiento de Julián Grimau para comprender que el franquismo tenía inscrito en su ADN esa violencia homicida que nunca le abandonó. A partir de 1969, tras el estado de excepción, esta característica se extendió y profundizó ante una resistencia ciudadana, política y social, cada día más amplia. 

La historia de la represión franquista debe acompañarse de la recuperación de su memoria. El proyecto  “Punto Final. Memorias de la Transición (1968-1982) pretende documentar este espacio. Y lo hace justamente desde la recopilación de los testimonios de lucha y represión en torno a los movimientos sindicales, estudiantiles y vecinales con especial énfasis en las historias de vida de aquellos que sufrieron persecución, cárcel, exilio, torturas o muertes durante esta larga noche de piedra. El proyecto queda dividido en cinco capítulos que cubren la totalidad de la geografía del Estado. Hasta el momento se ha completado la grabación de entrevistas y escenarios en las áreas de a) Madrid, b) País Vasco y c) Zona Noroste: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León. El ciclo se completará con las zonas d) Cataluña, Aragón y País Valenciá; y e) Zona Sur: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias. Dentro de ellas se cubre también el exilio.
     
Es un proyecto que persigue recobrar la historia a partir de la narración de las diversas historias de las personas que las vivieron y que permiten reconstruir y hacer visible no sólo el riesgo y el valor de éstas, su compromiso político y su capacidad de movilización, sino la terrible resistencia del franquismo a abandonar su espacio vital de impunidad y de coacción. En estos tiempos en donde se examina la transición política como una sucesión de movimientos gimnásticos calificados en su corrección por árbitros exigentes, es fundamental rescatar del olvido a muchos de los protagonistas de las luchas  que forzaron la democracia, sacando del cono de sombra gentes y dinámicas sociales en un periodo decisivo, de 1969 a 1982, y exhibir públicamente la memoria colectiva de quienes lucharon en aquel tiempo pensando que era posible conseguir simultáneamente el socialismo y la libertad.


Es un proyecto que no tiene subvenciones públicas, y que requiere de la aportación de las personas que lo estimen fructífero y positivo  - en la medida de las posibilidades de cada cual – para poder ser terminado. En esta página se encuentra la exposición del proyecto y sus objetivos y las contribuciones que cada uno puede realizar al mismo, desde 5 € hasta 1.000€: https://goteo.org/project/punto-final/home. Merece la pena.

viernes, 10 de abril de 2015

LA TRANSICIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO: ¿HACIA DÓNDE?



Una vez más, el Curso de Especialización para Expertas/os  Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales continúa, este año 2015, la magnífica iniciativa que cuenta ya con treinta años de historia y que ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. Es más, viene a dar cuenta de ella y expresa la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesadas/os potenciales. Es de destacar que la edición de este año continúa y profundiza la colaboración entre Universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia, Verona y Castilla-La Mancha, con una ya larga vinculación al Curso, a las que se suman este año, como en otros anteriores, la Universidad Complutense de Madrid, así como el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo. Como en otras ocasiones, cuenta con la importante participación de destacados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en este caso con el Director de la Oficina de la OIT en España. (En la foto, el coordinador general del curso, Pedro Guglielmetti, junto con una ex-becaria del mismo, la Dra. Mariana Pucciarello.)

Lo que de manera clara asemeja la edición 2015 con sus precedentes son sus características de fondo. También ésta ha sido concebida y decidida por sus tradicionales socios académicos. En efecto, la de 2015, una vez más, pretende transmitir el sentido de una iniciativa participada por el núcleo fundador del Curso.

El tema elegido, como siempre se ha hecho en el Curso, es de enorme actualidad y viene determinado por lo que está sucediendo en los últimos tiempos. La crisis del 2008 afectó de modo principal a países que, aparentemente, durante años habían estado al abrigo de situaciones de este tipo, es decir, los países considerados centrales en el orden económico y político mundial, en especial los Estados Unidos de América y los Estados Miembros de la Unión Europea. En estos momentos ya pueden observarse transformaciones profundas que no son meras respuestas a esa crisis. En los países de la Unión Europea la crisis ha sido aprovechada para modificar el estado de cosas del mundo posterior a la segunda guerra mundial. En efecto, una de las buenas herencias en Europa del terrible y dramático siglo XX fue el alumbramiento del Estado Social y Democrático de Derecho que suponía un modo de entender la democracia más allá del respeto de ciertas formas y procedimientos (estado de derecho) establecidas en la Constitución. Implicaba un compromiso de los poderes públicos con los valores de la libertad, la justicia, el pluralismo político y, en especial, con la igualdad, así como con el reconocimiento de una dimensión social de todos los derechos fundamentales, además de los específicos de esta naturaleza. El derecho del trabajo y el de la seguridad social, en ese esquema, son piezas fundamentales. El Estado Social y Democrático de Derecho, que  es un modo de avanzar y profundizar en el principio democrático, en estos momentos está puesto en cuestión.

Al tratar esta materia se mantiene una continuidad con el “espíritu” del Curso, que no es otro que la consideración de que, si bien el Derecho del Trabajo (utilizado en su sentido más amplio) es el más eurocéntrico de los derechos, no deja de ser cierto que en Latinoamérica ha echado raícesy, por ello, las transformaciones del Estado Social y Democrático de Derecho que se produzcan en Europa tienen un potencial efecto global.

El Curso, como en años anteriores, está dirigido a  juristas, economistas, sociólogas/os y psicólogas/os  expertas/os en relaciones laborales que desarrollen sus actividades en las Universidades, en la Administración del Estado, en la Judicatura, como profesionales por cuenta propia o como asesores de Organizaciones sindicales o  empresariales.

Las tasas son de 1.700 euros. Cubren las actividades docentes, la documentación científica que se les suministrará a las/os participantes, el alojamiento y alimentación desde el 14 al 25 de septiembre (el alojamiento desde el 13), así como seguro médico. No incluyen los gastos de viaje desde los países de origen respectivos hasta Toledo.

Al ser un curso de alta especialización, las necesidades docentes exigen un “numerus clausus” que se establece en 30 personas como máximo, reservándose 5 a ex-participantes que deseen cursar la presente edición de 2015.

El Curso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la ciudad de Toledo, en el antiguo convento de San Pedro Mártir, que hace una década se amplió con la anexión del antiguo convento de la Madre de Dios, en el que durante la restauración aparecieron ruinas romanas y de otras civilizaciones que han quedado integradas en el edificio. Esta Facultad es una joya arquitectónica compuesta por edificios que, desde el siglo XIV al XVII, se han ido uniendo para formar un soberbio conjunto adaptado con singular maestría a las necesidades universitarias actuales.

Habrá traducción simultánea para las ponencias que se impartirán en italiano.
El plazo de presentación de candidaturas comienza el 7 de abril de 2015 y finaliza el 25 de mayo del mismo año. 

Para solicitar información y presentar candidaturas, que deberán ir acompañadas de un curriculum vitae abreviado, las/os interesadas/os deben dirigirse a: Ana Belén Herrera c/ Altagracia 50 13071 Ciudad Real (España) Telef. 00 34 926 295491, extensión 6370 Correo electrónico anabelen.herrera@uclm.es.

PROGRAMA
Coordinador General: Pedro Guglielmetti

Lunes, 14 de septiembre.

10.-10.30: Entrega de materiales y Acto de bienvenida en la Universidad de Castilla-La Mancha. Saludo a los participantes por autoridades académicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

10.30-11.00: Recorrido por los conventos de san Pedro Mártir y de Madre de Dios, sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM en Toledo.

11.00-12.00. Conferencia inaugural: ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado Social y Democrático de Derecho? Maria Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid y Ex Presidenta del Tribunal Constitucional.

12.00-13.00: Debate

13.15.- Almuerzo de bienvenida

16.00: Puesta en común de las realidades nacionales.

21.00: Cena.


Martes, 15 de septiembre.

10.00-11.00:  La degradación de las garantías constitucionales de los derechos sociales en un estado de emergencia económica no declarado. Antonio Baylos Grau. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-La Mancha.

11.00-11.45. Debate
11.45-12.15. Pausa

12.12-13.15. El Estado Social y Democrático de Derecho y la Unión Europea. Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo Ferrer, Consejero de Estado, ex Presidente del Tribunal Constitucional.

13.15-14.00.- Debate

14.15: Almuerzo.

16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Miércoles, 16 de septiembre.

10.00-11.00. Postfordismo, precariedad y transformación del espacio-empresa como nuevas realidades laborales. Fernando Rocha, economista, Fundación 1º de Mayo.

11.00-11.45.- Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. La gobernanza económica de la UE frente a la crisis. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Carlos Berzosa Alonso-Martinez, Catedrático de Economía Aplicada, Ex rector de la Universidad Complutense de Madrid.

13.15-14.00. Debate

14.15.- Almuerzo


16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.


Jueves, 17 de septiembre.

10.00-11.00. La ruptura del pacto social europeo de postguerra y del pacto sexual del patriarcado: La necesidad de un nuevo pacto constituyente.Laura Mora Cabello de Alba. Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-la Mancha

11.00-11.45- Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. La reestructuración de los Sistemas de Seguridad Social. Joaquín Aparicio Tovar.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-la Mancha.
13.15-14.00.- Debate
14.15. Almuerzo
16.30. Mesa redonda: Sindicatos y asociaciones empresariales ante la transición del Estado Social y Democrático de Derecho. Representantes sindicales y empresariales de Castilla-La Mancha.


21.00: Cena.


Viernes, 18 de septiembre.

10.00-11.00. ¿Qué fue de la estabilidad en el empleo? Joaquín Pérez Rey Profesor Titular de Derecho del Trabajo. Universidad Castilla-La Mancha.
11.00-11.45.- Debate

11.45.-12.15. Pausa

12.15-13.15. Gobernanza económica y su impacto en la negociación colectiva. Francisco Trillo Párraga, Profesor Contratado doctor Universidad de Castilla-La Mancha.
13.15-14.00.- Debate
14.15. Almuerzo
21.00. Cena para quienes se queden en Toledo.

Lunes 21
10.00-11.00.- El Tribunal Supremo ante las profundas reformas de la legislación laboral. Jesús Gullón, Presidente de la Sala 4ª (social) del Tribunal Supremo.
11.00-11.45.- Debate


11.45.-12.15. Pausa

12.15-13.15.-Trabajo decente en un mundo desigual. Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT en España.
13.15-14.00.- Debate
14.15. Almuerzo
16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Martes 22
10.00-11.00.El papel del sindicato. Andrea Lassandari, Professore  Ordinario. Universidad de Bolonia.
11.00-11.45. Debate
11.45-12.15. Pausa
12.15-13.15. El reforzamiento de los poderes empresariales. Federico Martelloni, Ricercatore confermato. Universidad de Bolonia.
13.15-14.00.- Debate
14.15. Almuerzo
16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Miércoles 23

10.00-11.00. La gobernanza europea de la política del trabajo. Donata Gottardi, Professoressa ordinaria. Universidad de Verona, ex parlamentaria europea.
11.00-11.45. Debate
11.45-12.15. Pausa
12.15-13.15. Gobernanza económica y justiciabilidad de los derechos laborales. Laura Calafà, Professoressa asociata, Universidad de Verona.
13.15-14.00. Debate
14.15.  Almuerzo.
16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.


Jueves 24
10.00-11.00. La temporada de reformas. Luigi Mariucci, Professore Ordinario. Universidad de Venecia  y Guido Balandi, Professore Ordinario. Universidad de Ferrara
11.00-12.00. Debate
11.45-12.15. Pausa
12.15-13.15. ¿Qué queda del derecho del trabajo del siglo XX? Umberto Romagnoli, Professore Ordinario. Universidad de Bolonia.
13.15-14.00. Debate
14.15.  Almuerzo.

16.30-18.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena de clausura.

Viernes 25
10.00-11.15: Mesa redonda: La idea del derecho del trabajo, hoy. Umberto Romagnoli, Luigi Mariucci, Guido Balandi, Antonio Baylos, Joaquin Aparicio.
11.30-12.45.- Exposición de trabajos de grupos.
12.45-13.15: Acto de clausura y entrega de Diplomas.
13.15.- Foto de familia.



miércoles, 8 de abril de 2015

LAS CLAUSULAS SOCIALES EN EL LIBRE COMERCIO: DEL TTIP AL CASO DE HONDURAS




Estamos en plena campaña de movilización contra la firma del TTIP y la no ratificación de su texto gemelo conocido como Tratado de libre comercio entre Unión Europea y Canadá. Se trata de una campaña internacional, con especial fuerza en Europa, que no sólo llevan a cabo los sindicatos – la Ces pero fundamentalmente los diferentes sindicatos nacionales – sino también otro tipo de organizaciones sociales entre  nosotros especialmente ATTAC. Se ha impulsado una iniciativa ciudadana europea auto-organizada (que apoyan los sindicatos, movimientos sociales y el partido de la izquierda europea) contra el TTIP y el CETA que ya lleva recogida más de un millón seiscientas mil firmas y que sigue cosechando consensos hasta el 18 de abril, que es un día de acción global en el que se saldrá masivamente a la calle para dar a conocer la iniciativa y poner mesas para recabar la firma de los ciudadanos y ciudadanas en toda Europa. Se puede firmar la Iniciativa en esta página: https://stop-ttip.org/firmar/ . El tema es por tanto de gran actualidad y de extrema importancia.

La mayoría de los reproches al TTIP se basa en su opacidad, por el hecho de estar siendo negociado a espaldas de la opinión pública, sin que puedan intervenir en un debate libre la totalidad de las fuerzas políticas y sociales y el conjunto de la ciudadanía. Recientemente en la prensa digital se han podido comprobar las cautelas disuasorias con las  que las autoridades europeas rodean el acceso a los documentos del TTIP por parte de los diputados y diputadas europeas a los que además hace firmar una cláusula de confidencialidad. (Ver el testimonio de Ernest Urtasun http://www.eldiario.es/economia/eurodiputado-espanol-TTIP-despojan-boligrafos_0_372713416.html, en la foto que abre este blog esperando poder consultar estos documentos y Lola Sánchez y Marina Albiol http://m.publico.es/internacional/1905730/eurodiputadas-alertan-del-peligro-del-tratado-con-eeuu-tras-acceder-a-sus-entranas .

El tema cobró notoriedad tras la firma tras una discusión prácticamente clandestina, del Acuerdo de Comercio Canadá- Europa (CETA).  Se conoce la exorbitante protección a los inversores extranjeros que impide que la resolución de conflictos sea juzgada por los tribunales nacionales y se encomiende por el contrario a un sistema de arbitraje dominado por los grandes intereses financieros globales. Asimismo, se critica la inserción de los servicios públicos como objeto de la libre prestación de servicios entre UE y USA, siendo así que deberían ser excluidos, como sucedió con la Directiva europea del 2006, tras la movilización social contra el texto Bolkestein.  El TTIP también insiste en “simplificar” y reducir la reglamentación europea, en especial lo relativo al derecho social. El embajador USA en la UE celebraba que la Comisión impulsara el programa REFIT para la simplificación de las normas sociales europeas porque  - decía – a través de éste las empresas y los inversores americanos pueden influir en el tipo de regulación que desean como condición para la inversión realizada. No es preciso resaltar que lo que se busca es la desregulación del espacio social europeo, considerando gran parte de las normas de tutela de los derechos de los trabajadores como un obstáculo al comercio y a la inversión, y la intervención de las autoridades públicas en el control de éstas como impedimentos burocráticos que deben ser removidos. Obstaculizado de todas maneras el debate libre y el conocimiento cabal de los contenidos del Tratado de Comercio, el TTIP puede abrir posibilidades aún mayores para someter desde el poder de las grandes corporaciones transnacionales el espacio de actuación de los poderes públicos nacional-estatales.

Un elemento importante en este debate es precisamente la necesidad de que el tratado de libre comercio condicione sus contenidos al respeto de los estándares mínimos de trabajo fijados por la OIT en sus Convenios, no sólo los que se consideran fundamentales a partir de la Declaración de 1998 que obligan a todos los países que forman parte de la OIT, aunque no hayan ratificado los relativos a la abolición del trabajo forzoso e infantil, la protección de la libertad sindical y de la negociación colectiva, el principio de igualdad de oportunidades. El tema es especialmente importante al ser los Estados Unidos una contraparte del Acuerdo, puesto que como se sabe los USA son una de las naciones que menos Convenios de la OIT ha ratificado, incluido los fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva. La AFL-CIO y la CES proponen que a través del Tratado se fijaran unos estándares de tutela laboral y del medio ambiente elevados que el resto de países debería seguir como condición para entrar en el mercado de las economías desarrolladas.

Es por tanto la idea de la cláusula social que a partir de 1996 rechazó la OMC / WTO como método o instrumento de aseguramiento de derechos sociales, y que los USA y la UE han intentado a través de la vía de los tratados multilaterales, y que realmente se han puesto en práctica en una larga serie de tratados bilaterales. El principal reproche a esta técnica es el que deriva de su empleo sesgado en razón de consideraciones socio-políticas, de una parte – especialmente claro en el caso de los Estados Unidos, que no aplicaban la exclusión del comercio o de las preferencias arancelarias a los países que estaban en sintonía política con ellos, por más que se vulneraran en los mismos los derechos laborales, sindicales y políticos más básicos – y de otra su escasa efectividad, en algunos casos derivados del complicado procedimiento de denuncia de violaciones del mismo – como sucede con el TLC entre México, Canadá y USA – o en otros por la dificultad de que los gobiernos locales cumplan las recomendaciones que emiten las autoridades que interpretan el tratado y la cláusula de libre comercio. En algunas ocasiones, sin embargo, la negociación de un TLC con algún país determinado ha orientado cambios en su legislación en un sentido favorable a garantizar los derechos de los trabajadores, pero son supuestos minoritarios. En el caso del TLC con Perú, el proceso de negociación produjo efectos beneficiosos sobre la legislación laboral peruana, pero no sucedió lo mismo en el caso chileno, como es bien conocido y ahora de evidente actualidad al estarse discutiendo un proyecto de reforma laboral muy contestado que impulsa el bloque de partidos que sostiene a la presidenta Bachelet.

Recientemente se ha producido un supuesto importante que enlaza esta práctica del libre comercio con cláusula social con las violaciones de derechos laborales. Los Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio con Centroamérica con un capítulo laboral en el que se prevé un mecanismo de denuncia de lesiones graves a los derechos laborales que se residencia en una comisión dependiente del Departamento de Trabajo del gobierno norteamericano.  El  Departamento de Trabajo ha presentado un informe en respuesta a una denuncia presentada en 2012 por la AFL-CIO y otros 26 sindicatos hondureños y ONG en el marco del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA, en inglés) El informe puede verse en http://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Final_Report_of_Review-Honduras_Submission_022715_redacted.pdf  .

La acusación incluye numerosos casos en los que los empleadores hondureños promovieron conductas claramente antisindicales y discriminatorias e impusieron acuerdos no sindicales para impedir la negociación colectiva sindical, así como múltiples casos de impago de salarios, horas extra obligatorias, numerosas violaciones de las normas de seguridad y sanidad en el lugar de trabajo y de trabajo infantil en el sector agrícola. En todos los casos, la conducta del empleador era ilegal según la legislación laboral hondureña, pero el gobierno, que como se sabe es fruto de un golpe de estado contra el presidente electo Manuel Zelaya, promovido en el 2009 por los sectores más reaccionarios de la nación con el apoyo del gobierno de los USA, como ha reconocido expresamente su urdidora, Hillary Clinton, no tuvo ningún interés en aplicar la legislación vigente, ni  ofreció compensación alguna a los trabajadores/as ni sancionó a los empleadores. El importe de las multas no se ha incrementado desde 1980, por lo que las sanciones para las faltas laborales graves oscilan entre 9,35 y 460 USD. Incluso después de que se presentara la denuncia y de que Estados Unidos solicitara un seguimiento de los casos concretos que se especifican en la misma, el gobierno hondureño siguió sin aplicar la ley, como era previsible.

La CSI ha definido a Honduras como un país en situación de riesgo. La Confederación Sindical de las Américas ha afirmado que el gobierno hondureño tendrá que emprender importantes reformas para cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales con el objetivo de lograr una aplicación efectiva de su legislación laboral. Para ello, tendrá que colaborar estrechamente con los sindicatos hondureños.

El problema es que para ello, el gobierno de Estados Unidos debe prestar ayuda al gobierno hondureño para que dichas reformas se apliquen sin demora e incrementar su apoyo a los sindicatos para que se organicen y negocien colectivamente. Si el gobierno hondureño no abordara las cuestiones que se plantean en la demanda planteada, Estados Unidos deberían utilizar los mecanismos disponibles en el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica con el objetivo de asegurar su aplicación, incluyendo, de ser necesario, un arbitraje obligatorio, porque los países que han firmado este tratado de comercio deben reconocer que las obligaciones laborales que se desprenden de su articulado son tan vinculantes como el resto de las disposiciones del tratado sobre la liberalización del mercado.

No solo basta una acción proveniente del gobierno Usa sobre el gobierno subalterno de Honduras, sino que, para que ésta vía sea realmente eficaz,  Estados Unidos deberían tomar medidas para garantizar que las multinacionales estadounidenses que adquieren mercancías en Honduras se aseguren de que no se violan los derechos laborales en sus cadenas de suministro. Las violaciones de los derechos laborales que aparecen en el informe se dan principalmente en sectores cuyos productos se exportan a Estados Unidos, como el sector textil, el de la industria ligera y el agrícola.

Los capítulos laborales en los Tratados de Libre Comercio se suelen promover como un modo de abordar y mitigar las numerosas inquietudes sobre el impacto social y económico que tiene la liberalización de mercados y la eliminación de mecanismos protectores de los productos nacionales. Eso implica que el gobierno federal norteamericano no sólo debe cumplir las obligaciones que le afectan directamente como potencia pública, sino que debe garantizar que las personas físicas y jurídicas afectadas por los mismos cumplan la integridad de los compromisos pactados, entre los cuales se encuentran desde luego los capítulos laborales de los mismos. Hasta la fecha, los trabajadores y trabajadoras de Centroamérica, todavía no han visto cambios reales, ya que la impunidad en materia de la violación de los derechos laborales sigue siendo generalizada. En Honduras particularmente, puesto que en este país se une al autoritarismo arbitrario de las empresas, una fuerte restricción de las libertades de opinión y expresión, que ha llegado a la eliminación física de periodistas. El propio estado hondureño está a punto de ser condenado por violación de la independencia judicial por la Corte Interamericana de Justicia. Naturalmente los medios de comunicación españoles, tan atentos ante la situación venezolana, han ignorado completamente estas noticias de uno de los países donde la democracia está siendo constantemente vulnerada.

Lo que este supuesto señala es que pese a que se han utilizado correctamente los mecanismos que suministra la cláusula social del TLC de Centroamérica y Caribe en el caso hondureño, sus resultados son prácticamente inexistentes ante la inacción pública de las autoridades hondureñas, sometidas fielmente al dominio de sus oligarquías, y la omisión del gobierno de Estados Unidos en forma de presión política y de acción jurídica sancionatoria consecuente. Sin ello, el recurso a las cláusulas sociales en los tratados de comercio no puede satisfacer las necesidades ni los intereses para los que se diseñaron estos instrumentos, que a la postre se preveían como  una herramienta eficaz para los trabajadores y trabajadoras que no están respondiendo como tal.


domingo, 5 de abril de 2015

SOBRE LA IZQUIERDA SINDICAL EN ITALIA



Las vacaciones de Pascua, aunque cortas, abren siempre espacios para la lectura. Novelas e historias. Pero también, pensando en el retorno, reflexiones sobre el presente y el pasado más o menos inmediato. En la entrega mensual correspondiente al mes de abril de esa revista magnífica que es Sin Permiso, junto a otros trabajos muy ilustrativos - especialmente interesantes la entrevista a Varoufakis y el análisis de las elecciones inglesas y los diferentes "territorios" definidos sociológicamente - se encuentra esta reflexión sobre la izquierda sindical realizada por Aldo Giannulli, que el autor relaciona con el debate actual italiano sobre la "convergencia social" que impulsa el dirigente de la FIOM, Landini, pero que fundamentalmente discurre sobre la emergencia de la teorización del sindicato como sujeto político en las experiencias francesas e italianas durante los años setenta. El texto es didáctico y sugerente, y se trae al blog como lectura pos-vacacional que esperemos sea de provecho a sus lectores, por si no lo habían podido leer directamente en la fuente de la que ha sido extraída, nuestros amigos/as de SP.


En la primera mitad de los años sesenta, la situación política en Italia y Francia parecía sacudirse el inmovilismo de los quince años anteriores. En Italia, el centro izquierda, en Francia la primera nominación de Françoise Mitterrand a la presidencia con el apoyo de comunistas y socialistas, perfilaron una alternativa a la hegemonía en vigor del centro-derecha.

Sin embargo, en Francia Mitterrand no ganó (aunque el 45% que obtuvo en la segunda vuelta fue un gran éxito) y en Italia el centro-izquierda fue perdiendo rápidamente su aspiración reformista originaria. Por otra parte, el condicionamiento internacional de un mundo dividido en dos bloques no se había debilitado, por lo que parecía muy poco probable la hipótesis de una victoria electoral de la izquierda, al menos en un tiempo político previsible y, con ella, también un programa de transformación social.

Esta situación de bloqueo institucional empujó a sectores de la izquierda a buscar otra vía que no pasase por las instituciones, sino por las luchas sociales y, en particular, las sindicales. Sus defensores fueron, en Francia, intelectuales de formación socialista y un pequeño partido de extrema izquierda como el PSU dirigido por Michel Rocard, pero sobre todo la antigua confederación sindical cristiana (CTFC), que había cambiado su nombre a CFDT.

Aunque en Italia los primeros impulsores de esta vía fueron también socialistas, como el grupo de sindicalistas del PSIUP (Elio Giovannini, Gastone Sclavi, Antonio Lettieri, Giacinto Militello etc.) que se habían reunido bajo la inspiración de Lelio Basso y Vittorio Foa (y la revista de Basso "Problemas del socialismo" fue, durante una década, su expresión). A la corriente sindical psiupina (que no toda se situaba en la izquierda bassiana), se unió también la corriente ingraiana comunista (Bruno Trentin, Renato Lattes, Sergio Garavini), a veces también con el apoyo del grupo "secchiani" milanés.

Pero no fue sólo la CGIL la que albergó a una corriente de izquierda, incluso en la CISL, bajo la influencia de la CFDT, se formó una corriente de izquierda unión que tenia su bastión en la CISL de Pierre Carniti.

Las dos corrientes de izquierdas fueron los principales apoyos para una rápida unificación de las tres confederaciones que, sin embargo, se quedó en el estadio de una Federación Unitaria.

El proyecto en el que confluían las dos corrientes sindicales de izquierda (aunque de cultura política diferente cada una de ellas y a las que se sumo la Uilm de Benvenuto y de Mattina) fue mucho más allá de una mera radicalización reivindicativa y aspiraba a convertir a los sindicatos en el verdadero sujeto de la transformación social del país. El sindicato, basándose en los consejos de fábrica se convirtió, en las teorías de la izquierda sindical, en una especie de contra poder institucional, la principal palanca de una política reformista. Eran los años en que los intelectuales de la izquierda socialista como André Gorz, Lelio Basso, Serge Mallet, Oskar Negt y otros teorizaron la superación del capitalismo a través de una especie de reformismo revolucionario, que combinaba la acción parlamentaria e institucional con la presión de los movimientos sociales, empezando por el lugar de trabajo. Una especie de "toma del poder" desde abajo que no necesitaba una revolución violenta, recuperando parcialmente temas muy cercanos al anarcosindicalismo.

En la versión italiana de la izquierda sindical, esta defendía la formación de un bloque social alrededor del sindicato, convertido en sujeto político directo y no sólo reivindicativo, que tuvo su punta de lanza en las categorías de la industria (como vemos, Landini no ha inventado nada y Camusso simplemente desconoce esta historia). Los partidos se dividieron entre los que "despreciaron" esta deriva política del sindicato (las derechas de la DC, el PSDI, el PSI, el PLI, y, huelga decirlo, los fascistas) y los que consideraron a la triple CGIL-CISL-UIL como su principal base de masas y defendieron su papel y sus reivindicaciones (la izquierda de la DC, la izquierda del PCI y del PSI). Esto en un sentido oficial, porque en realidad no faltaron la desconfianza y la crítica del "pan-sindicalismo" de la triple sindical unitaria (en particular de la derecha amendoliana del PCI, pero también de las corrientes  demartiniana y nenniana del PSI, e incluso de sectores de la izquierda demócrata cristiana como la "Base"). Las más abiertas, de hecho, fueron la izquierda ingraiana del PCI y la lombardiana del PSI.

No cabe duda de que fue la época más brillante del sindicalismo italiano, la de los mayores logros en la negociación colectiva y legislativos.

Sin embargo, a la crisis de esa experiencia contribuyeron tres factores decisivos: el proceso de burocratización del sindicato (a la que no fue ajena la misma izquierda sindical), el repliegue de la clase política en la solidaridad nacional (que representó el retorno completo a la dominación de la política institucional y la subordinación a ella del sindicato) y el reflujo de las luchas, favorecido por la lamentable aventura terrorista (que privó al sindicato de su poder principal de negociación).

Después la aparición de las deslocalizaciones y los procesos de globalización implacables hicieron el resto, relegando al sindicato a la posición subordinada que conocemos. Y la disolución de la Federación y de las estructuras unitarias. La FLM, en 1984, fue la constatación del fin del proyecto del sindicato como sujeto político.

Pero en todo esto tuvo también una parte de responsabilidad las insuficiencias políticas y culturales de la izquierda sindical que demostró sus limitaciones cuando sus máximos exponentes (Macario, Benvenuto, Carniti y Trentin) llegaron a la dirección de sus respectivas confederaciones, pero sin producir ningún cambio de línea, continuando la rutina habitual.

En particular, la corriente de izquierdas de la CISL se disolvió y se dejó cooptar por el "poder" en la Confederación con Macario y Carniti, convirtiéndose en la principal defensora de las políticas de moderación salarial (Decreto del 0,1% y recorte de puntos de la escala móvil con el Decreto Craxi) y los que no se avinieron (como la FIM-CISL de Milán con Tiboni) serían expulsados ​​por los antiguos dirigentes de la corriente de izquierda de la CISL
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La crisis en la CGIL fue más lenta y, tras una desgraciada propuesta de democracia industrial (un lío hiper-burocrático bautizado "plan de empresa"), la izquierda sindical se replegó en su categorías (especialmente la FIOM), tratando de caracterizarse por su radicalización reivindicativa.

De hecho, la izquierda sindical fue derrotado por su lentitud en la comprensión de los cambios que tenían lugar y, en consecuencia, por la falta de una táctica adecuada para hacerles frente y esto dependía en gran medida de las deficiencias constitucionales de la cultura sindical, por su naturaleza parcial e inadecuada a la hora de ejerce un papel de liderazgo político.

Sin duda, el sindicato puede ser caracterizado sin problemas como un sujeto político, capaz de jugar un papel de unificación social muy deseable, pero asumir un papel de liderazgo político es mucho más que eso. Y, de hecho, la izquierda sindical, cuando llegó a la dirección de las confederaciones, se mostró incapaz de conducirlas con una línea diferente y fracasó en su objetivo.

La cultura del conflicto es una condición necesaria, pero no suficiente, para jugar un verdadero papel de liderazgo político, se necesita una cultura institucional, una visión estratégica, la capacidad de desarrollar una política internacional que no sea ajena a la práctica sindical. A la izquierda sindical le faltó la necesaria sensibilidad política (que por otra parte no buscó), que sólo puede ser garantizada por un partido político capaz de relacionarse con los movimientos. La izquierda sindical es una condición necesaria pero no suficiente en la construcción de una nueva izquierda a la altura de los tiempos. Y la primacía de lo social sobre la política es sólo una leyenda.

Quizás haya que repensar hoy todo ello, ante el renacimiento tenue de la izquierda sindical.

Aldo Giannuli (1952), politólogo y ensayista, ha sido profesor e investigador en las Universidades de Bari y Milán. Esta considerado uno de los mayores especialistas en las masacres de las Plazas Fontana y Della Loggia.
Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster