lunes, 15 de octubre de 2018

ALGO MAS QUE PRESUPUESTOS PARA UN ESTADO SOCIAL



Hacía mucho tiempo que el centro de las noticias no lo ocupaba la problemática social. La firma del acuerdo entre el Gobierno y el grupo confederal Unidos – Podemos / En Marea / En Comú Podem sobre los Presupuestos Generales del Estado del 2019, calificados “para un Estado social”, ha acaparado titulares tanto para explicar su contenido y su alcance como para recoger las valoraciones que partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones financieras han hecho del mismo. Esta centralidad de la discusión sobre lo social como eje de la actuación política es una muy buena noticia en sí misma considerada, después de tanta atención prestada a escándalos mediáticos y reivindicaciones identitarias extremas. Por fin se habla en todos los medios de comunicación de la regulación concreta de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población.

Esa misma acumulación informativa hace que a estas alturas no tenga interés el desarrollo exhaustivo de los contenidos de este acuerdo, en especial en lo relativo a las medidas relativas a las relaciones de trabajo y empleo y a las medidas de seguridad social. Quienes frecuentan la blogosfera laboralista de este país, han tenido ocasión de leer el amplio análisis que se contiene en el blog de Eduardo Rojo confrontando el informe del FMI y el contenido del acuerdo del Gobierno con Unidos Podemos y las confluencias, mostrando lúcidamente dos formas de entender el mundo de trabajo derivadas de puntos de vista completamente diferentes, a la vez que se describía con detenimiento lo que el Acuerdo suponía en materia de trabajo y de Seguridad social:  De la declaración del FMI al Acuerdo de la LGP 2019 Lo que se pretende efectuar en esta entrada es por tanto algo relativamente diferente, suministrar algunos elementos de análisis y de reflexión sobre el significado de un Acuerdo como el efectuado el jueves 11 de octubre.

El Acuerdo va más allá de un pacto para poder sacar adelante los Presupuestos generales del 2019. Se trata de un documento que implica una alianza entre el Gobierno y el grupo parlamentario que le da estabilidad al mismo, y compromete una acción política durante más tiempo que el marcado por la aprobación de la Ley de Presupuestos. La presencia pública del gobierno es importante porque marca el sentido de la alianza, una transacción “a la portuguesa” en el sentido que un gobierno monocolor es sostenido, sobre la base de un compromiso programático, por la izquierda política con representación parlamentaria, y esta sustentación se prolonga implícitamente durante el tiempo de la legislatura, hasta 2020. Desde este punto de vista, supone, como se ha dicho hasta la saciedad y reitera el propio documento, un cambio de inflexión respecto de los siete años de gobierno del Partido Popular, que no sólo incrementaron la desigualdad y la injusticia sino comprometieron seriamente la democracia. Es razonable por tanto el encarnizamiento con que este acuerdo ha sido recibido por los líderes actuales de este Partido, al que se han sumado los dirigentes de Ciudadanos (C’s) que se consideran al parecer coautores de esta deriva autoritaria y antisocial que practicó el gobierno al que apoyaron a partir del 2016.

Se ha señalado insistentemente que el Acuerdo requiere para su concreción obtener las mayorías parlamentarias requeridas, puesto que la suma de diputados no permite alcanzarlas, y que por consiguiente se deberá contar con el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. La situación de los presos catalanes complica las cosas, pero la cultura política del diálogo que se está implementando en los tiempos más recientes, puede aventurar que se  llegue a un cierto punto de encuentro. No parece sin embargo que en este tema quepa ningún pacto ni con el PP ni con C’s.  En el caso de los presupuestos un escollo adicional es el Senado, en manos de una bulliciosa mayoría del Partido Popular, y la Mesa del Parlamento, dominada por PP y C’s que complicará necesariamente el camino de su eventual aprobación. Además el propio compromiso presupuestario tiene que sortear la aprobación de la Comisión europea en lo que se refiere al compromiso del déficit, en un contexto en el que las energías de la Comisión están volcadas en encontrar una solución a la oposición italiana expresada de forma contundente porque está segura de la debilidad futura de estas posiciones oficiales sobre la estabilidad monetaria una vez que en el 2019 se verifique un cambio político muy decisivo en el Parlamento europeo con el pronosticado ascenso de posiciones neo soberanistas y renacionalizadoras que además consagre posiciones de rechazo a los flujos migratorios y de los demandantes de asilo. En esta prospectiva, sin embargo, la orientación política de este Acuerdo es mucho más prometedora, puesto que abre espacios para la profundización de la democracia que deberían ser valorados positivamente en una consideración general – “holística” diría el FMI – por parte de las autoridades europeas.

Pero el Acuerdo es fundamentalmente un texto interactivo, que se relaciona con otros procesos de intercambio político y social, muy en especial con los protagonizados por los sujetos que representan a las y los trabajadores, que resultan interpelados directamente por el mismo. En efecto, los sindicatos más representativos están escribiendo también la estructura y el alcance de los derechos sociales a partir del diseño de la negociación colectiva y los compromisos que se desenvuelven en el diálogo social, y en ese sentido, se relacionan desde esa posición con el conjunto de acuerdos alcanzados en el Acuerdo de los Presupuestos para un Estado social. No se trata por tanto de que el pacto político haya desplazado al acuerdo social o que éste sea irrelevante ante la acción colectiva de sindicatos y empresarios. De hecho, algunos de los compromisos adoptados en el Acuerdo de Presupuestos para un estado social, como el tan publicitado del salario mínimo, son funcionales a la obligación pactada en el IV AENC de conseguir un salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año, puesto que con esta subida se consolida desde el espacio público la tendencia a la recuperación de salarios tras siete años de devaluación de los mismos.

Por eso no se entiende bien la oposición de la CEOE a esta medida, puesto que se inscribe en los compromisos a los que ha llegado en el IV AENC a los que ya en este blog se hizo cumplida referencia (Alcance y eficacia del IV AENC 2018 - 2020) Es cierto sin embargo que son muchas las asociaciones empresariales territoriales que explícita – la de Asturias o la de Castilla La Mancha) o implícitamente - la castellano leonesa – han afirmado que no cumplirán ese objetivo, pero resulta claro que el Acuerdo social no tiene un carácter programático y requiere hacer cumplir lo acordado (IV AENC : revitalizar la negociación colectiva ). La subida del salario mínimo implica un paso adelante en el reparto de la riqueza y camina en la misma dirección de nivelar las desigualdades más intensas en los tramos más bajos de la jerarquía salarial, donde la precariedad es mayor. El SMI de 900 € mensuales es inferior en términos absolutos y relativos al de los principales países europeos, siendo España la cuarta economía de la Unión europea, y está por debajo de la cuantía que le correspondería en función del nivel de salarios, de riqueza y de productividad. Como se han señalado por los expertos de los gabinetes económicos sindicales, la relación entre la productividad por hora trabajada y el SMI es inferior en España a Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Francia, por lo que “además de ser una medida necesaria para subir los salarios más bajos, no es ningún disparate económico”, en palabras del secretario general de CCOO Unai Sordo. Se trata además de una obligación que se desprende de la Carta Social Europea, que ha establecido en sucesivos informes el incumplimiento de sus prescripciones por parte del Estado español.  Lo que esta subida plantea ahora a los agentes sociales es justamente el de ir consiguiendo en la negociación colectiva el salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales. Si esto fuera así, el 92% de las personas que ganan menos de 1000 euros verían incrementado su salario, no por ley sino por convenio, en una muestra evidente de revitalización de la negociación colectiva que ya se ha acordado con CEOE-CEPYME.

Es esta sin embargo la medida que fundamentalmente ha cosechado mayores críticas por parte de los expertos y creadores de opinión neoliberales, tras de los cuales se parapetan C’s y el Partido Popular. En síntesis, el retruécano neoliberal implica que cuanto más social y favorable a las clases trabajadoras sea una medida, más contraproducente será al final para ellas, puesto que la ventaja se tornará impedimento en el empleo, tanto para encontrarlo como para mantenerlo. La receta correcta es la desigualdad en la distribución de la riqueza, la baja retribución del trabajo y la remercantilización de los espacios de satisfacción pública de las necesidades sociales, porque es la llave de un empleo fluido y flexible. Nada que ver con la realidad de las cosas ni con las obligaciones internacionales a las que el Estado español se debe. El Acuerdo se sitúa en el terreno de la política que combate los estereotipos que inciden en la segmentación del trabajo y el confinamiento en el área de la pobreza laboral.

En el texto hay otras prescripciones muy interesantes. Se recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y se anuncia una remodelación del nivel asistencial de protección por desempleo. En materia sociolaboral, el objetivo pretendido es el de “recuperar un sistema de relaciones laborales más equilibrado y garantista”, lo que implica, por un lado, proceder a derogar con carácter inmediato algunos aspectos “lesivos” de la reforma laboral, y por otra parte a acelerar los proyectos legislativos de normas ya en tramitación sobre subcontratación, registro de jornada e igualdad salarial. En este tema especialmente la interactividad con el diálogo social es evidente, puesto que los aspectos mencionados en el texto del acuerdo son en gran medida insuficientes desde la perspectiva sindical, que en la negociación con la patronal está impulsando una propuesta más ambiciosa. En efecto, en el texto del acuerdo se habla de modificar las causas y la regulación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y del llamado descuelgue salarial y “ampliar el régimen de caducidad del convenio” hasta la finalización de su vigencia, pero no incluye mención alguna a una reivindicación central en el debate sindical sobre la desaparición de la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector, derogatorio de las condiciones salariales y laborales más favorables de éste, y la redacción de la limitación de la ultraactividad del convenio no es lo completa que los sindicatos quisieran. En este sentido, la negociación bilateral como consecuencia del IV AENC se desarrolla en paralelo  , como se recuerda en este post del blog y pretende avanzar en las próximas fechas  consolidando un cambio importante en materia laboral al menos en ultraactividad, prevalencia convenios, subcontratación y  en la concreción de las causas y procedimientos de inaplicación del convenio del art. 82 ET. De esta manera se ponen de manifiesto las dos vertientes, pública y colectiva, en el proceso de re-regulación de las relaciones laborales que corrige aspectos importantes de las llamadas “reformas estructurales”.

El Acuerdo además promete la apertura de un proceso de debate y de discusión sobre un “nuevo Estatuto de los Trabajadores” del siglo XXI, lo que sin duda merecerá un comentario específico, en la medida en que esta iniciativa se entrecruza de nuevo con los proyectos regulativos de los actores sociales, especialmente sindicales, y promete la ratificación de instrumentos internacionales muy significativos, desde la Carta Social revisada de 1996 – aunque no menciona los Protocolos que permitirían la interposición por parte de los sindicatos de recursos directos ante el CESE – hasta el muy importante Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas. En otros puntos incluye elementos importantes como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, con un calendario que fragmenta su equiparación plena hasta el año 2021, y en materia de regeneración democrática, se menciona expresamente la derogación del art. 315.3 sobre la incriminación penal de los piquetes de huelga considerados delito de coacciones laborales. 

En cuanto a medidas de Seguridad Social, el Acuerdo concede una relevancia especial al tema de las pensiones, que abre el documento, y que recoge la primera reivindicación de la plataforma de pensionistas y de los sindicatos, la revalorización de las pensiones en función del IPC, con el compromiso de una paga extraordinaria si el IPC del 2018 supera el 1,6%, e incrementando un 3% las pensiones mínimas y no contributivas. No se hace sin embargo ninguna alusión a la supresión del factor de sostenibilidad, y tampoco resultan muy explícitas las medidas relativas al incremento de los ingresos por cotizaciones, pero este tipo de omisiones se entienden en el contexto de la remisión explícita a los compromisos alcanzados en el Pacto de Toledo y en el diálogo social. En lo relativo a la atención a la situación de dependencia, se acuerda un incremento importante de la financiación “a través de la recuperación de los acuerdos CCAA-Estado que se derogaron en el 2012” y el establecimiento de nuevo de la cotización a la Seguridad social por los familiares que cuidan a las personas dependientes. Una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos se promete para el 2019, para garantizar a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja, así como el desarrollo del ingreso mínimo vital como prestación por hijo a cargo de las personas vulnerables, con ayudas de comedor y el compromiso de extender la universalidad de la escuela infantil de 0 a 3 años. El panorama de atención a la ciudadanía social se completa con prescripciones en materia de sanidad, educación y especialmente, vivienda. En estos aspectos la interlocución del programa aprobado no sólo se dirige a las Comunidades Autónomas, sino a las entidades locales, a las que por otra parte dedica un apartado especial. Otras medidas sobre la promoción de i+d+i o sobre la transición energética se diseñan con una cierta genericidad pero en una línea claramente expansiva.

Las valoraciones positivas del Acuerdo coinciden con el espectro político y social crítico con las orientaciones de la gobernanza económica europea y con la vertiente autoritaria y degradatoria de los derechos sociales y políticos que esta aceleró. Con mayor o menor convencimiento, las formaciones políticas del espectro del centro izquierda y de la izquierda, los sindicatos de trabajadores y los movimientos sociales, han entendido que se trata de un documento que viabiliza la posibilidad de un espacio común de encuentro entre las fuerzas del cambio democrático sobre la base de un redireccionamiento de las políticas públicas que convergen con los procesos de movilización social en una nueva regulación de las relaciones laborales y de las condiciones de ejercicio de la ciudadanía social para corregir las líneas de acción que se habían consolidado en los últimos siete años con los gobiernos del Partido Popular apoyadas a partir del 2016 por C’s. Y eso, sin duda, constituye una buena noticia, con independencia de (o precisamente por) las dificultades que encierra llevarlas a cabo ante tan obcecados como poderosos adversarios.


jueves, 11 de octubre de 2018

EL “CONTRATO ÚNICO” ITALIANO DECLARADO INCONSTITUCIONAL



El debate sobre el llamado “contrato único” ya pertenece al pasado, aunque de vez en cuando emerja, como en la proposición de ley promovida por el grupo parlamentario de Ciudadanos que fue rechazada por el pleno del Congreso. Sin embargo, la idea cobró forma en la reforma laboral que el gobierno del Partido Democrático presidido por Matteo Renzi impulsó en el 2015 a través de la ley que acabó definitivamente con la readmisión forzosa ante los despidos improcedentes, que era la regla prevista en el art. 18 del Statuto dei Lavoratori para las empresas de más de 15 empleados, y la sustituyó por una indemnización denominada ”de tutela creciente” en los supuestos de despido ilegítimo.

La resistencia sindical a esta Ley llevó a plantear una serie de referéndums derogatorios, uno de los cuales, justamente sobre la recuperación de la institución de la readmisión forzosa, fue considerado improcedente por la forma en que se construía / reconstruía la institución, yendo más allá de la pura exigencia derogatoria de la norma en que consiste la esencia del referéndum “negativo” que prevé la Constitución italiana. Sobre este tema, recogiendo la crítica a esa decisión de excluir el referéndum sobre el art. 18 SL, se puede consultar la entrada de este blog  http://baylos.blogspot.com/2017/01/referendum-y-reforma-laboral-en-italia.html Por ello,  el régimen de despido fue el que señalaba la ley para los nuevos contratos de trabajo celebrados a partir de la promulgación de la Job Act, el contrato “de tutelas crecientes”.

El enfrentamiento del gobierno Renzi con los sindicatos y la derrota del mismo en el referéndum sobre la reforma constitucional – sobre la que también este blog hizo un comentario explicativo http://baylos.blogspot.com/2016/11/el-si-y-el-no-de-matteo-renzi.html -  cooperó al resultado electoral adverso del Partido Democrático – el más bajo score electoral en 40 años – y el ascenso del Movimiento 5 Estrellas (M5S) que recogió los votos del descontento y de la necesidad del cambio. El paralelo derrumbe del partido tradicional de la derecha, Forza Italia, y el ascenso de la Lega como formación hegemónica no sólo en la derecha sino en el gobierno de coalición entre ambas fuerzas ajenas a la dinámica tradicional de gobierno en Italia, marca también el panorama político actual.

En este contexto, el nuevo gobierno italiano ha promulgado el llamado Decreto Dignidad que corrige de manera importante la ley del gobierno Renzi, y se inscribe así en una tendencia a la revisión de las reformas estructurales aplicadas en los países del Sur de Europa como indicación directa de la crisis financiera generada a partir del 2010. En ese sentido se ha traído a colación en este blog en dos entradas, una propia (http://baylos.blogspot.com/2018/08/que-sucede-con-las-reformas-laborales.html )  y otra de Francisco Trillo (http://baylos.blogspot.com/2018/09/debatiendo-sobre-la-reforma-laboral.html ),  aunque es sabido que el tema ha dado lugar a un intenso debate político a partir de una iniciativa de Anguita, Illueca y Monereo que ha generado un buen número de intervenciones y opiniones encontradas que se inscriben en un discurso más amplio sobre neosoberanismo y Unión Europea, al que se han añadido consideraciones sobre neofascismo, convergencia de “populismos” de diferente signo, y otros elementos valorativos y de opinión que por razones obvias no pueden ser objeto de comentario en este blog por exceder su propósito.

El Decreto Dignidad del gobierno verde-amarillo italiano (como es denominado) ha supuesto en efecto una corrección de los parámetros restrictivos que había fijado la norma laboral del Partido Democrático. Había impuesto límites más estrictos a la contratación temporal, sanciones para la deslocalización de empresas, ha corregido la “acausalidad” en el suministro de mano de obra – lo que llamamos nosotros empresas de trabajo temporal – imponiendo el límite temporal de 24 meses máximo y exigiendo que el contrato entre la agencia de trabajo temporal y el trabajador tiene que someterse a las causas de temporalidad fijadas con carácter general, aunque mantiene las prestaciones de trabajo ocasional organizadas en torno al pago a través del voucher, y se han eliminado en el procedimiento parlamentario de conversión en ley ciertos límites al “precariado” en la enseñanza, docente y de administración de servicios. Pero lo más llamativo del Decreto Dignidad es la ampliación de la indemnización correspondiente en el caso de despido improcedente de 24 a 36 meses, lo que constituía una mejora evidente de la norma del gobierno Renzi pero no se correspondía con las exigencias del sindicato CGIL de volver a poner en vigor para todos los trabajadores la readmisión forzosa como consecuencia del despido ilegítimo.

Pues bien, es justamente el elemento indemnizatorio el que ha sido cuestionado como inconstitucional por el Tribunal constitucional italiano. El incremento de la indemnización que ha efectuado el Decreto Dignidad no es suficiente porque la dignidad del trabajador requiere al menos que el juez pueda cuantificar el daño provocado por la injusta pérdida del puesto de trabajo. Sin embargo, tanto en el sistema de la Job Act como en el del Decreto Dignidad, el mecanismo de cálculo de la indemnización está rígidamente determinado en la ley sobre la base únicamente de la antigüedad del trabajador, y por lo mismo está expuesto, en especial durante los primeros años del empleo, al constante riesgo de un despido arbitrario con un coste indemnizatorio bajo. Es evidente para el Tribunal constitucional italiano que consentir al empleador calcular con exactitud cuánto cuesta despedir a un trabajador elimina cualquier efecto disuasorio de un despido improcedente o sin causa justa, cuestión que ha sido asimismo afirmado por las decisiones del CESE de la Carta Social Europea.

La sentencia del Tribunal constitucional italiano establece que el juez podrá determinar la indemnización por despido improcedente teniendo en cuenta no sólo la antigüedad en la empresa, sino también otros factores, como por ejemplo la gravedad del comportamiento empresarial, las posibilidades de volver a encontrar otro empleo para el trabajador despedido, las condiciones de mercado, las cargas familiares o la situación y las características de la empresa. En definitiva algo que resultaría evidente desde los parámetros del derecho civil pero que la Job Act había ignorado en perjuicio de los trabajadores y el Decreto dignidad no había remediado. El eje de esta decisión, como subraya Giovanni Orlandini en un artículo publicado en Il Manifesto del 30.09.2018 y luego reproducido en el muy recomendable boletín Diritto&Lavoro Flash (http://www.dirittielavoro.it/diritti-lavoro-flash/) es el cuestionamiento por el Tribunal Constitucional del argumento central de los defensores de las reformas estructurales en materia laboral, la necesaria calculabilidad del coste de despido para los empleadores. Por el contrario, a las empresas no se les puede garantizar la seguridad en el montante de la suma indemnizatoria en un despido improcedente, porque, como recuerda la sentencia, no es constitucionalmente lícito garantizarla a ningún individuo que lesione injustamente los derechos de otro.

Más allá por tanto de la tutela real que el ordenamiento pueda otorgar al derecho al trabajo mediante la consideración de los despidos improcedentes como actos unilaterales del empresario que deben ser removidos y donde por consiguiente la readmisión debe ser una opción siempre practicable por el trabajador, que era el debate italiano sobre el mecanismo previsto en el art. 18 SL, lo que el Tribunal Constitucional italiano aborda en su sentencia es una cuestión diferente, puesto que da por supuesto que cabe una tutela “obligacional” del derecho al trabajo consistente en la reparación económica del acto ilícito del empleador de rescisión unilateral del contrato de trabajo. Lo que sucede es que el quantum de esa indemnización no puede estar establecido de antemano en razón exclusivamente de la antigüedad en la empresa, que es un parámetro que pone en riesgo a los trabajadores de menor antigüedad en la misma ante decisiones del empleador potencialmente arbitrarias y sin embargo de bajo coste, de forma tal que en la determinación de la indemnización el órgano judicial tiene necesariamente que tener en cuenta otras variables en relación directa con la gravedad de la lesión al derecho fundamental al trabajo y a la posición personal del trabajador despedido.

Una desautorización completa por tanto del “contrato de tutela creciente”, una subespecie del entre nosotros tan publicitado “contrato único” que como es natural, no ha sido recogida ni comentada en los medios de comunicación ni por los creadores de opinión. Las razones son obvias, porque supone el cuestionamiento directo de uno de los ejes de las reformas estructurales llevadas a cabo por los gobiernos del sur de Europa urgidos por las políticas de austeridad, y porque su posible recepción en las propuestas de reversión de las reformas laborales en España como un argumento derivado de la autoridad del Tribunal Constitucional italiano – que ya había cuestionado parcialmente otras medidas de las reformas estructurales sobre negociación colectiva en el sector público y sobre recorte de pensiones – en el diseño del régimen futuro de despido. Por eso mismo, es muy importante conocerlo y difundirlo.



domingo, 7 de octubre de 2018

7 DE OCTUBRE: JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE Y ELECCIONES EN BRASIL



El asentamiento pleno de la economía – mundo, con la consolidación de un mercado global y la financiarización de los procesos de producción de riqueza ha generado incrementos potentes de la desigualdad y una degradación de las relaciones laborales. Estas tendencias, acentuadas tras el crack del 2008 con la caída de Lehman Brothers en los países desarrollados y replicadas con fuerza hoy en Latinoamérica, se enfrentan a movimientos muy significativos de re-regulación y de resistencia.

Estos movimientos se despliegan en una perspectiva multiescalar, desde el plano estatal-nacional hasta el espacio de la globalización protagonizado por las empresas transnacionales, pasando por las agregaciones supraestatales como la Unión Europea o el nivel internacional, en especial en el ámbito de actuación de la OIT. En este último terreno, en el contexto de una presencia social cada vez más determinante del movimiento alterglobalización en la última década del siglo XX, nucleado a partir de los encuentros de Porto Alegre, y de las movilizaciones contra las reuniones de los países ricos y dominantes del mundo, la OIT adoptó en 1998 un documento muy relevante, la declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo que ha tenido una fuerte influencia no sólo en cuanto ha supuesto la adopción plena de una perspectiva universalista en la configuración de los derechos laborales básicos, las normas fundamentales sobre el trabajo dentro de las cuales cobra especial relevancia el reconocimiento de la libertad sindical y negociación colectiva, y que se ha proyectado hacia otras declaraciones y acuerdos internacionales, como el muy famoso Global Compact o las líneas directrices de la OCDE, además de suministrar la base de los contenidos sobre los cuales se acordaron los acuerdos marco globales entre las federaciones sindicales globales y las empresas transnacionales.

Junto a este trascendental documento, un año después, en 1999, la OIT acuñó el término de trabajo decente, como un compromiso posterior que permitiera fijar los términos de las condiciones equitativas de trabajo junto con el logro de una cierta seguridad en la existencia de las personas que trabajan. La OIT entiende que “el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, porque significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Supone un horizonte al que deberían tender todos los ordenamientos jurídicos estatales, y se ha convertido en un “objetivo universal” que en esa condición ha sido integrado en las más importantes declaraciones de derechos humanos, las Resoluciones de la ONU y los documentos finales de las principales conferencias. En concreto, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente – creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en elementos centrales de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Una iniciativa que se enlaza con lo que se viene a llamar la salida de la crisis financiera y mercantil que recorre el mundo a partir del crack del año 2008.

Junto a ello, la Confederación Sindical Internacional (CSI / ITUC) lanzó, hace ya once años, una jornada mundial por el trabajo decente, que se celebra el 7 de octubre. Una jornada que quiere recobrar la tradicional comprensión del movimiento de las y los trabajadores organizados como un fenómeno eminentemente internacional. La que se ha convocado para el 2018 tiene como objetivo “cambiar las reglas”, en una alusión directa y clara a la desigualdad y la injusticia que se ha instalado en el sistema económico mundial y que ha producido una debilitación de las garantías democráticas como tendencia generalizada – la “reducción del espacio democrático” – y el deterioro de los derechos laborales en muchos países, alcanzando “niveles desproporcionados y destructivos de desigualdad e inseguridad económicas” en muchas partes del globo, incluidos los países desarrollados. Las reglas deben cambiarse, afirma el movimiento sindical internacional, y sólo eso se puede hacer mediante el reforzamiento del poder de las trabajadoras y trabajadores.

La movilización sindical propuesta se suele utilizar por los sindicatos nacionales que participan en la misma para establecer una relación directa entre el significado general propuesto como lema del 7 de octubre y la problemática concreta que se afronta en ese país determinado. En el caso español, tanto CCOO y UGT como USO han insistido en la necesidad de una pronta actuación normativa que elimine aspectos importantes de las reformas laborales del 2012-2014 que dificultan o impiden la actuación sindical, y han reivindicado asimismo con fuerza el cumplimiento de los compromisos del IV AENC en torno al salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales, para cuya consecución en la negociación colectiva se anuncian inminentes movilizaciones. Una aplicación concreta de la lucha contra la “codicia corporativa” a la que alude la ITUC-CSI en su proclamación de la Jornada Mundial. "Cambiar las reglas" supone en España hoy ante todo cambiar la reforma laboral e imponer un nuevo marco de relaciones en la negociación colectiva.

Entre los objetivos de la misma, como se ha señalado, se encuentra también la constatación de una amplia tendencia a “la reducción del espacio democrático”. Esta es una situación generalizada, también en los países europeos, pero fundamentalmente este retroceso se aprecia de manera muy neta en Latinoamérica. Argentina se encuentra ante una quiebra de la estabilidad económica y social en un contexto de crisis política sin precedentes y en Brasil, la ofensiva antidemocrática que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rouseff y al procesamiento y encarcelamiento del expresidente Lula, con una fuerte ofensiva contra el PT y los sindicatos, en especial la CUT, se enfrenta hoy mismo a una elección presidencial decisiva.

El análisis político de lo que está en juego en estas elecciones brasileñas del 7 de octubre es importante. Se puede decir que la mayor parte de las clases dominantes brasileñas, particularmente aquellas que están ligadas al comercio, grandes empresas industriales locales o asociadas a la capacidad de obtener “rentas” de la deuda global, como “anexas” a las grandes multinacionales y al sector financiero, están desplazándose hacia el apoyo para la candidatura de Bolsonaro, un personaje nefasto, partidario del golpismo, misógino, racista y brutal, aun a sabiendas del riesgo político que asumen, un gobierno que podría asemejarse al que en la actualidad tiene Filipinas con su presidente Rodrigo Duterte. Por el contrario, las empresas constructoras y de suministro de servicios a las grandes empresas estatales, están muy afectadas por haber entablado extensas relaciones de corrupción – en las que han participado todos los partidos con responsabilidades de gobierno, estatales o federales – y no tienen por tanto una posición influyente en el proceso electoral en curso. La manipulación de los grandes medios y su parcialidad contra Haddad como candidato de Lula, ha sido en gran medida contrarrestada por la inmensa movilización transversal de mujeres contra la candidatura de Bolsonaro, que ni siquiera era nombrado, solo rechazado como #EleNâo (#ËlNo). El duelo de la segunda vuelta entre estos dos candidatos debería permitir que esa polarización hiciera entender a las clases medias el desastre que supondría Bolsonaro, de manera que se pudiera conseguir un trasvase de votos del sector de centro derecha hacia Haddad, entendiendo que éste no sólo es el candidato del PT y que por tanto su capacidad política va más allá de la que resultaría marcada por su pertenencia al PT. En cualquier caso, en una opinión pública tan controlada por los grandes medios de comunicación y en especial por la red Globo, su posición en la segunda vuelta podrá resultar decisiva en la orientación del voto de las clases medias urbanas.

Una fecha importante, en consecuencia. Un día “para celebrar los logros de los sindicatos, rendir homenaje a quienes han sacrificado tanto en la vanguardia de las luchas por los derechos y las libertades democráticas y avanzar en la causa del progreso social y económico que beneficie a todos y no a la élite privilegiada”, como ha resumido la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow. Una jornada en la que se liga de manera indisoluble la determinación del movimiento sindical internacional y de otros movimientos progresistas en recuperar el espacio democrático y cuestionar las reglas de desigualdad e injusticia que la codicia corporativa y las políticas de los gobiernos han consolidado en el espacio de la globalización. Dos elementos que deben caminar juntos, como expresión de la misma aspiración democrática y social que constituye el único camino que colectivamente se puede recorrer.