lunes, 29 de mayo de 2017

LA DEMOLICIÓN PROGRESIVA DEL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA


En un reciente artículo publicado en Agenda Pública por dos conocidos y reconocidos especialistas en el análisis de los sistemas de Seguridad Social, Borja Suárez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Antonio González, de Economistas frente a la crisis y vocal del Consejo Económico y Social, se ha denunciado el plan que el gobierno del PP, sin complejos como dirían sus antiguas lideranzas, anuncia la demolición del sistema de pensiones públicas como un éxito importante de sus políticas de recorte del gasto público. Es muy posible que esta denuncia no alcance las informaciones de televisión y prensa oficiales cada vez más escoradas hacia la genuflexión y el halago al poder económico y al gobierno del PP como intérprete autorizado de sus directrices, por lo que no parece superfluo reiterar los argumentos y los hechos puestos de manifiesto por los autores citados.

La versión 2017-2020 de la actualización del programa de estabilidad enviado por el gobierno español a Bruselas, que la página web de La Moncloa resumía (mal) en este enlace el 28 de abril  nota sobre consejo de ministros del 28 de abril 2017 y que se puede descargar como documento completo en este otro enlace Actualización del programa de estabilidad 2017-2020 , contiene datos muy significativos sobre el futuro de las pensiones que implican, como se ha dicho, un proyecto extraordinariamente regresivo.

Ante todo, el documento pretende mantener el mismo porcentaje de gasto en pensiones, en torno al 11,8% del PIB durante los próximos 40 años. Ello supone desconocer el incremento importantísimo en el número de pensionistas que se va a producir a partir de la década de 2020-2030, y por tanto confiar en una reducción generalizada de la cuantía de las pensiones. Es el resultado de la incorporación del mecanismo de sostenibilidad financiera que proviene de la reforma del art. 135 de la Constitución española y que para el gobierno sirve prioritariamente para recortar el gasto social y la llamada “capacidad del sistema para autofinanciarse”. Para el gobierno del PP los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social deben estabilizarse en torno al 11% del PIB, y en consecuencia este porcentaje debe ser el tope máximo de gasto, con independencia de cuales sean las condiciones de la sostenibilidad social y política que las pensiones cumplen en razón de la cláusula del Estado Social y de los derechos constitucionales de ciudadanía. La idea de contener el gasto social durante cuarenta años es un objetivo de las políticas neoliberales que se quiere aplicar en todas partes, como consecuencia del estado de excepción permanente que ha inducido la crisis. En Brasil una Propuesta de Enmienda Constitucional aprobada nada más constituirse el gobierno ilegítimo del presidente Temer fue la de congelar el gasto social del país durante cuarenta años. Una coincidencia en las políticas antisociales que no extrañará a nadie.

Como señalan Suárez y Gónzalez, es posible aumentar el ingreso por cotizaciones, y en efecto este es uno de los ejes de la propuesta sindical de CCOO para el incremento de las bases máximas de cotización, cuyo texto se puede encontrar en Destope bases máximas de cotización, y se oculta o ignora que ese nivel de ingresos por cotizaciones es sustancialmente inferior al de otros países de referencia (14% en Alemania, 16,9% en Francia) y ello sin reparar que la financiación de las pensiones mediante aportaciones del Estado constituye asimismo una práctica bien asentada en los países más desarrollados de la Unión Europea  (en torno a un 25% en Alemania o en Francia), y, por último, que la equiparación entre la recaudación por cotizaciones sociales y el gasto en pensiones no es un elemento constitutivo de la sostenibilidad financiera, puesto que actualmente Italia, Francia o Austria dedican un porcentaje sustancialmente mayor (alrededor de tres puntos porcentuales más del PIB) al pago de las pensiones públicas sin que ello haya sido esgrimido por la Comisión Europea como un elemento que ponga en peligro el principio de estabilidad presupuestaria.

El gobierno se vanagloria además en ese documento del endurecimiento del sistema de jubilación anticipada aprobado en el 2013 que retrasará casi nueve meses de media la edad de jubilación de las trabajadoras y trabajadores españoles, que ahora se sitúa en 64,1 años, una delas más altas de la UE, y del mecanismo introducido de revalorización de pensiones, que aparece cuantificado en sus efectos por primera vez. Como señalan los autores reseñados, esto supone a partir de 2019 una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% acumulativo cada diez años. “Es decir que lo que se presenta como una acción de refuerzo de la equidad intergeneracional supone que una trayectoria profesional que hoy da lugar a una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo diez años, y así sucesivamente. Y esto sucederá independientemente de las diferencias en la esperanza de vida de cada colectivo y de forma automática, cualquiera que sea la evolución económica en ese periodo”.

Además, para el gobierno este mecanismo es vital para la contención del gasto, como por otra parte ya habían subrayado los estudios críticos de la misma. Como la fórmula introducida en 2013 desvinculada de la evolución de los precios implica que durante muchos años las pensiones se incrementarán un 0,25% anual, muy por debajo de los precios, eso significa que los futuros pensionistas perderán necesariamente poder adquisitivo y se irán progresivamente empobreciendo. La pensión media que ahora se cifra en 918 €, se irá reduciendo de forma inevitable. Pero esa tragedia social el gobierno la contempla como un éxito político de su estrategia económica de demolición del Estado Social.

Sobran los argumentos que critiquen esta deriva antisocial del gobierno que se mantiene y profundiza cada día que pasa. En la próxima moción de censura del 13 de junio, dejando de lado su oportunidad o su eficacia, este debería ser uno de los temas en los que se centrara el reproche, no priorizando por tanto el insoportable clima de corrupción moral e institucional que afecta a tantas instancias de poder colonizado por esta dinámica de privatización y de provecho partidista y lucro personal. Pero, más allá de esta obviedad, es necesario presentar a la ciudadanía un proyecto de reforma del sistema de pensiones en línea con lo declarado en nuestra Constitución y reconocido asimismo en textos internacionales decisivos como la Carta Social europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que reaccione frente a este proceso de contracción del Estado social. En este sentido, en el grupo de Unidos Podemos, y bajo la dirección de la diputada Yolanda Díaz, ha convocado un grupo de expertos que están trabajando en un proyecto de ley en el que este tipo de exigencias sociales y políticas del sistema de seguridad social serán convenientemente atendidas. De este proyecto y sus líneas generales ya se dará cuenta en este blog en el momento oportuno. Ahora solo conviene resaltar la continua deriva antisocial del gobierno del PP que pudo constituirse pese a hallarse en minoría tras las elecciones de junio del 2016.




domingo, 28 de mayo de 2017

UBI SOCIETAS, IBI IUS. EL DEBATE SOBRE LA GIG-ECONOMY LLEGA A ROMA. HABLA LAURA BIRGILLITO


En el futuro del trabajo la evolución de la era digital está induciendo cambios importantes en la forma de prestar la actividad de servicios con la mediación de plataformas digitales, la denominada economía colaborativa, que tiene importantes consecuencias en orden a la calificación de este tipo de prestación de servicios sobre la base de las categorías laborales de las que dispone el ordenamiento jurídico de cada país. En el mundo académico y de la investigación, este ha sido en los últimos años, un tema que ha acaparado los esfuerzos y la reflexión de una amplísima serie de estudiosos. Un importante seminario sobre este asunto se ha celebrado en Roma, y en él ha participado Maria Laura Birgillito, profesora de la UCLM y experta en este tema, que hace para la blogosfera de Parapanda esta crónica.

Los días 18 y 19 de mayo de 2017 se ha celebrado en Roma, en la sede de la “Fondazione Giacomo Brodolini” (FGB), el “SERI Outreach 2017”, un colloquium para jóvenes investigadores sobre el tema “gig-economy y relaciones laborales” bajo el sugerente título: “¿Mi empresario es un algoritmo? Uber redefine la noción de empresario? Las protecciones de los trabajadores en la gig-economy y en las corporaciones postindustriales”.

La “Fondazione Giacomo Brodolini”, junto con SERI (Escuela Europea de Relaciones Industriales), ha sido la organizadora del seminario y en la “città eterna”, poco distante del Coliseo, ha abierto sus puertas a los trabajos de investigadores de distintas partes del globo.

Dentro de un marco especialmente sugestivo por historia milenaria y cultura, tenía lugar el seminario que se articulaba en tres distintas sesiones: las primeras dos tratadas a lo largo de la mañana y de la tarde del primer día, y la tercera en el segundo día con la participación de representantes de sindicatos y de distintos actores sociales. Cada sesión preveía la intervención de los ponentes del panel, que eran a su vez los discussant de los papers, y a continuación la mesa redonda de los jóvenes investigadores que presentaban sus trabajos y sus reflexiones. La primera sesión privilegiaba un enfoque nacional y europeo. La segunda abordaba más bien un enfoque comparado entre distintos países del espacio global.

La presentación a cargo de los organizadores – el Prof. Michele Faioli (Universidad de Roma, Tor Vergata), junto con Manuelita Mancini (FGB) – destacaba la necesidad de abrir un espacio común de reflexión y debate acerca de las formas de trabajo que emergen en la nueva economía, subrayando la necesidad de avanzar propuestas para dar garantías y protección social adecuada a estos trabajadores.

El problema de la definición legal ha sido muy presente desde el principio del seminario, con la intervención del profesor Tiziano Treu (International Society for Labour and Social Security Law), que avanzaba algunas ideas claves sobre las cuales reflexionar, remontando a los orígenes de la construcción del derecho del trabajo y a la definición de trabajador subordinado, que se construye como alternativa a la de trabajador autónomo. Existe por lo tanto el problema nada nuevo de la calificación jurídica, que la gig-economy vuelve a traer a colación, en la cual confluyen tres distintas instancias reguladoras: la legislación, la jurisprudencia (con sus pronunciamientos judiciales) y la autonomía colectiva.

En el primer panel se seguía debatiendo sobre cuestiones conectadas con la ardua cuestión de la calificación jurídica de los trabajadores de la empresas de la gig-economy en los ordenamientos jurídicos internos, con las intervenciones de los profesores Luca Ratti (Universidad de Luxemburgo), Piera Loi (Universidad de Cagliari) y Carla Spinelli (Universidad de Bari).

El Prof. Luca Ratti centraba su intervención en la relación entre plataformas digitales y crowd-work, abordando también la hipótesis teórica de extender el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria sobre agencias de trabajo temporal a los crowdworkers, a su vez señalando una serie de dificultades, como la del trabajador comparable.

La Profa. Piera Loi analizaba la gig-economy desde un enfoque que privilegiaba la perspectiva de los riesgos a los cuales se someten los trabajadores de las plataformas digitales. Apoyándose en la definición de riesgo elaborada por Ulrich Beck como elemento de incertidumbre que es la mayor característica de nuestra sociedad”, denunciaba la total desprotección de estos trabajadores y la existencia de riesgos muy generales que necesitan cobertura, independientemente de la calificación legal. Se trata pues de formas contractuales de duración muy corta, que no garantizan un ingreso mínimo ni una adecuada protección frente a los riesgos sociales derivados de la pérdida del empleo, ni ingresos suficientes.

Seguía la intervención de la Profa. Carla Spinelli que se interrogaba acerca de la desconexión de la cuenta de los trabajadores digitales. A este respecto ponía de relieve que la desactivación de la cuenta del trabajador impide de hecho el acceso del mismo a la plataforma y por lo tanto interrumpe la relación, civil o laboral. Destacaba además que su calificación como despido improcedente se pone en directa conexión con la calificación jurídica de dichos trabajadores, puesto que las razones de la desactivación (mayoritariamente el descontento del cliente sobre el resultado del servicio y la conducta del trabajador) se traducen en una forma de ejercicio de control de la empresa sobre los trabajadores, constituyendo un elemento relevante para la calificación legal del mismo como trabajador por cuenta ajena.

A continuación intervenía también el Prof. Umberto Carabelli, que subrayaba la necesidad de construir una regulación general y supranacional , capaz de garantizar una protección social común y adecuada a todo trabajador, avisando de la relación directa entre condiciones laborales y clasificación legal de los trabajadores y de los riesgos a los cuales se exponen los trabajadores con el dumping social, puesto que las diferencias crean desigualdad.

La sesión de la tarde se desarrollaba alrededor del tema de los Derechos laborales en la gig- economy, privilegiando el enfoque comparado entre Europa, Estados Unidos, Australia, con las intervenciones de los profesores Brishen Rogers (Temple University de Philadelphia) y Anthony Forsyth (Royal Melbourne Institute of Technology), que ilustraban respectivamente las realidades estadounidenses y australianas.

El Prof. Brishen Rogers ahondaba en las dos cuestiones teóricas de la relación entre tecnología y trabajo y del test utilizado por las Cortes americanas a la hora de definir si un trabajador es un employee, basadas sobre el elemento del control ejercido por el empresario, que plantea distintos problemas especialmente con respecto a los trabajos cognitivos. En particular se detenía en el análisis de la articulación de las modernas cadenas mundiales de valor (de suministro), con su estructura a red que se compone de la empresa matriz y de las múltiples empresas integradas, estructura común a Uber y a otras empresas estratégicas, especialmente presentes en EEUU (servicios de comida, cadenas de hoteles, lavanderías). Proponía entonces una aproximación alternativa para utilizar la tecnología de la información para la mejora de las relaciones laborales, involucrando a los empresarios del network en una responsabilidad solidal.

Finalmente, el Prof. Anthony Forsyth describía el marco de relaciones laborales en Australia, especialmente con respecto a la definición de los estándares laborales mínimos y a la negociación colectiva de empresa. Analizaba también las formas emergentes de representación de dichos trabajadores (RideShare Drivers, Union NSW, VTCH Young Workers Centre) y los primeros acuerdos colectivos, como el reciente Acuerdo firmado en 2017 entre Union NSW y la compañía Airtasker, que demuestran la necesidad de una regulación que vea como protagonista al sujeto colectivo.

Los trabajos del seminario se articulaban luego alrededor de algunos ejes comunes, presentes en los distintos papers presentados por los jóvenes investigadores y con indudables elementos de interés, como destacaba Valerio De Stefano (OIT) por videoconferencia.

En primer lugar es común la conceptualización de la gig-economy como un fenómeno no aislado, sino que es parte de la misma dimensión del mercado laboral, cuya misma definición puede cuestionarse. Dicho elemento es especialmente relevante, puesto que conlleva a dar una lectura conjunta de las heterogéneas formas atípicas de trabajo (dentro y fuera del ámbito de la gig-economy): el trabajo suministrado, acasual, formas de trabajo a tiempo parcial y de trabajo autónomo. Como recientemente puesto de relieve por el documento de la OIT sobre Non-standard form of employment”, estos se fundamentan sobre la misma idea: descargar el riesgo sobre los trabajadores especialmente por lo que respecta a su inactividad.

Otra reflexión común a los distintos papers es la necesidad de aplicar formas de protección social a dichos trabajadores, en primer lugar calificando como trabajadores subordinados a aquellos trabajadores que vienen utilizados como trabajadores autónomos de forma ilegal y fraudulenta, con respecto a los cuales tendrá que procederse a su correcta calificación legal. Además, como destacan algunos papers, en los casos en que la calificación de trabajador subordinado viene dificultada por los requisitos exigidos por la norma legal o por los índices jurisprudenciales, se plantea que algunos derechos sean también extensibles a dichos trabajadores, a pesar de su calificación legal. Se trata del suelo mínimo de derechos reconocidos por la Declaración de la OIT sobre Principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y de aquellos derechos reconocidos por el Tribunal Europeo de Estrasburgo como derechos humanos, entre estos la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. En este sentido existen ya agrupaciones de trabajadores de la gig-economy que quieren tener acceso a formas de representación colectiva, por medio o bien de organizaciones sindicales de nuevo cuño o bien de antiguas formas de representación colectiva.

Componían la mesa redonda del primer panel los jóvenes estudiosos: Chih-Cheng Chang (Universidad de Kyoto), Bartolomiej Bednarowicz (Universidad de Anversa), Ausra Bagdonaite (Universidad de Vilnius) Floóra Farkas e Ildkò Rácz (Universidad Károli Gáspar). La segunda mesa redonda se componía de los estudiosos Gemma Pacella (Universidad Politecnica delle Marche), Nastazja Potocka Sionek (Universidad de Lódz), Marialaura Birgillito (UCLM) y Angela Rauseo (Universidad de Modena).

Al día siguiente, después de una deliciosa cena organizada la noche anterior por las pequeñas callejuelas del pintoresco barrio Monti, tuvo lugar la última mesa redonda, cuyos protagonistas fueron los representantes de distintos actores sociales (entre ellos de los sindicatos CGIL y UIL, y de la asociación Confesercenti). En esta ocasión se abordó la complexidad de la denominada revolución 4.0 y los desafíos del futuro del trabajo, sobre los cuales mucho queda mucho por debatir.


En la tierra de las Vestales y de antiguos juristas y oradores, capital de un milenario imperio, los temas tratados han resultado entonces de extremo interés y actualidad, confirmado por el compromiso asumido por estudiosos provenientes de distintas partes del mundo y por la participación de un publico heterogéneo, además del proyecto de una próxima publicación de los contenidos del seminario en un número monográfico de la revista italiana Economia&Lavoro”. Ubi societas, ibi ius.

martes, 23 de mayo de 2017

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL LÍMITE DE EDAD MÍNIMA PARA CONCURSAR AL TEDH


Los amables lectores y lectoras de este blog recordarán que ya se ha hablado aquí de la complicada colocación del ex presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, cuyo camino hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había encontrado el obstáculo de que a este mismo puesto optaba asimismo Maria Emilia Casas, también ex presidenta del Tribunal Constitucional, con mayor antigüedad y un curriculum muy superior. La solución que encontró el gobierno para impedir la concurrencia por la plaza – que debe ser presentada en una terna al panel de expertos del Consejo de Europa y por tanto no designada directamente por el Gobierno - , fue extremadamente tosca y arbitraria, en la línea que ya conocemos de la conducta del PP. Decidió introducir un límite de edad mínima para poder concursar a dicha plaza, que cifró en 61 años. Con ello imponía un límite de edad que impedía el ejercicio del derecho al concurso de todos aquellos profesionales y expertos de excelencia que superaran esa edad, y lo efectuaba en una norma de rango inferior al legal – un acuerdo del consejo de ministros – que imponía restricciones inaceptables que inmediatamente fueron calificadas por los estudiosos como un acto discriminatorio, y el Acuerdo resultó impugnado y suspendido cautelarmente por la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sin que se tuviera que formar una Sala de Discordia para solventar el empate que se había producido 3 a 3 en la Sala. Con ello se paralizaba la maniobra del gobierno para excluir a una candidata incómoda, y el relato de estas vicisitudes  se puede encontrar en esta entrada del blog de abril de este mismo año: La complicada recolocación del ex presidente del TC.

Pues bien, ya ha recaído sentencia en este caso. Ha sido la web especializada en asuntos jurídicos Confilegal quien ha dado la noticia que puede consultarse aquí :El Ts tumba el requisito de los 61 años para acceder al TEDH. La Sentencia se conocerá en los próximos días y se comentarán aquí los argumentos de la misma, pero el resultado es muy claro: El Tribunal Supremo anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017 que estableció las pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al considerar que el requisito exigido para ser candidato al puesto de no superar los 61 años constituye una discriminación por razón de edad.

El recurso que interpuso la asociación Jueces para la Democracia ha obtenido su objetivo. Primero, impidiendo mediante la medida cautelar, la realización del concurso, puesto que, como entendió la Sala del TS, existía el riesgo de que el recurso perdiese su finalidad, ya que, de no suspenderse cautelarmente, el procedimiento podría llevarse a cabo conforme a los requisitos impugnados, entre ellos el de la edad máxima de 61 años. Después, obteniendo la anulación del Acuerdo por discriminatorio.

Según informa Confilegal, en la discusión del recurso, se ha  vuelto a registrar un empate entre los magistrados de la Sección Cuarta que lo han estudiado, como ya ocurrió con el incidente de suspensión cautelar y fue resuelto por la llamada Sala de Discordia. Y de nuevo se ha tenido que convocar esa Sala de Discordia, en la que se integran, junto a los magistrados de la citada Sección, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y los magistrados más antiguo y más moderno de la citada Sala. El resultado ha sido por tanto coherente con la anterior resolución de suspensión cautelar del procedimiento, y la sentencia ha estimado el recurso. Será muy interesante como se ha dicho conocer el cuerpo de la decisión y sus argumentos, y saber si ha habido votos particulares de los magistrados disidentes y los argumentos que mantienen. Se seguirá en su momento, porque sin duda será un caso que suscitará, como ya ha sucedido, un interés evidente más allá de nuestro país, en especial en los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal, España y el Consejo Constitucional francés, porque el contencioso afecta a dos ex presidentes del Tribunal español y está en juego precisamente el principio de no discriminación.

Jueces para la Democracia insistía en la discriminación directa por edad, pero también en la indirecta por motivos de género. El argumento era muy contundente, puesto que entendía que fijar la edad en 61 años, se presentaba como un criterio aparentemente neutro, pero que realmente perjudicaba a las mujeres juristas que pudieran reunir los requisitos exigidos para formar parte del TEDH. “Las mujeres tuvieron limitado el acceso a profesiones jurídicas hasta poco antes de la Constitución española. Así, hasta el año 1977 no pudo acceder una mujer a la judicatura y la primera catedrática española de una Facultad de Derecho es de 1964. Las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a puestos en las altas instancias judiciales y académicas –que aún perviven- limita sus posibilidades de acceso para ser miembro del TEDH, puesto que mayoritariamente reúnen los requisitos exigidos las mujeres que ya han cumplido la edad de 61 años”. Veremos en qué medida estos argumentos han sido apreciados por el Tribunal Supremos en esta importante sentencia.

Este argumento, el de la discriminación por motivos de género, motivó que la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)  hiciera también público un Manifiesto solicitando al Gobierno la eliminación de ese límite de 61 años, acordado en Consejo de Ministros, y que se posibilitara la elección de una magistrada; “sería la primera vez en la historia que una mujer representaría a España en el máximo tribunal de garantías europeo”. En efecto, en el citado Manifiesto, titulado “Sin mujeres no hay derechos humanos”, recordaban que “Ninguna española, ni jueza, ni académica, ni jurista de reconocido prestigio, ha integrado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde que nuestro país entrara a formar parte del sistema”, y la AMHE recordaba que los jueces de origen español en el TEDH hasta ahora han sido siempre hombres, enunciando sus identidades: Luis López Guerra (2008-2017), Javier Borrego Borrego (2003- 2008); Jose Antonio Pastor Ridruejo (1998–2003), José María Morenita (1990–1998); Juan Antonio Carrillo Salcedo (1986–1989), y Eduardo García de Enterría (1978–1986)”. La AMJE sin embargo no impugnó, como JpD, el acto ante los tribunales.

El caso es que ahora el gobierno ha visto obstaculizados sus planes de recolocar a quien tanto y tan esforzadamente ha servido a sus intereses desde el Tribunal constitucional, actuando diligentemente en la conformación de un juicio positivo de constitucionalidad de todas las normas de la reforma laboral emprendida por el PP. Es un menoscabo evidente y rotundo de la intención arbitraria que se ha declarado ilegal sobre la imposición directa por parte del gobierno de su candidato impidiendo que se presentaran otras personas que pudieran ofrecer una trayectoria concurrente – y superior – a la del protegido del poder público. La sentencia del Tribunal Supremo supone una denuncia clara de la prepotencia y el abuso de autoridad que constituye la práctica política de este gobierno, que se prolonga como sabemos en las prácticas de corrupción que le han acompañado, como forma habitual de gestionar lo público en beneficio de sus propios intereses. Seguiremos de cerca este caso que, apenas conocido por la opinión pública, es sin embargo un dato enormemente significativo del autoritarismo y el desafuero que constituye la costumbre del gobierno que (por ahora) tenemos.