lunes, 18 de septiembre de 2017

EN LA MUERTE DE JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO



En la tarde de ayer, domingo 17 de septiembre, falleció a los 63 años de edad Javier Martínez Lázaro, Tito para todos sus (numerosos) amigos. Fue líder estudiantil, abogado laboralista de la rama del metal de CC.OO., magistrado en juzgados de vigilancia, social y penal, miembro del Consejo General del Poder Judicial y del primer patronato de la Fundación Abogados de Atocha. Era magistrado de la Audiencia Nacional, y su compañero y amigo Ramón Sáez le ha hecho una semblanza completa publicada en el blog de noticias jurídicas Confilegal en la que demuestra el dolor por la pérdida que reproducimos a continuación.

Javier Martínez Lázaro, mi compañero “Tito”, era una persona de convicciones. Durante su larga enfermedad ha sido, además, un ejemplo porque transmitía esperanza a todos los que le rodeábamos. Fue un mensajero de la esperanza en un mundo mejor.

“Tito” y yo nos conocíamos desde hacía 40 años. Durante los 9 años últimos, desde 2008, cuando terminó su mandato como vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue mi gran compañero y “mi vecino”; nuestros despachos estaban puerta con puerta en los edificios de la Audiencia Nacional que compartimos, en el marco de la Sala de lo Penal, a la que ambos pertenecíamos.

Uno de los rasgos personales que emergen de la existencia vital de “Tito” es que era un líder. Por su capacidad de iniciativa, de movilización. Lo demostró entre 1972 y 1973, en la Universidad Autónoma, donde estudiaba derecho, luchando por la democracia.

Era una persona, además, que le gustaba la claridad en todo. Fue periodista profesional. Trabajó en el diario Informaciones. También se licenció en Derecho. Se hizo abogado laboralista, trabajando para Comisiones Obreras, codo con codo con nuestra amiga común, Manuela Carmena.

En 1995 aprobó la oposición y se convirtió en juez. Pasó por San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, Aranjuez, Barcelona, donde llevó vigilancia penienciaria. Luego pasó por un Juzgado de lo Social. Después pasó a formar parte de la Sección 17 de lo Penal de la Audiencia Nacional, que presidía Jesús Fernández Entralgo. Entre 2001 y 2008 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.

“Tito” Martínez Lázaro fue un personaje muy importante en el movimiento asociativo judicial; en Jueces para la Democracia. Era un hombre que tendía puentes, que sabía dialogar. Se convirtió en el punto convergente entre la generación de Manuela Carmena y la de Perfecto Andrés Ibáñez y las nuevas generaciones, que venían pidiendo paso.

Siempre trató de sumar, de aunar posiciones. Porque era consciente de que el proyecto por el que todos luchabamos era un proyecto colectivo, un proyecto de cambio, de mejora, de transformación de la Justicia.

“Tito” no era una persona sectaria. Todo lo contrario. Siempre estaba abierto a la negociación. Una característica que aprendió como abogado del sindicato. 

Sus resoluciones destacaban por una prosa clara y limpia, herencia de su paso por el periodismo. Él creía firmemente que la Justicia era un servicio público.

En su paso por el Consejo se afanó por reformar las cosas. Y dejó una huella clara. Como la dejó también en la Audiencia Nacional. No se calló cuando vio injusticias. Defendió a Baltasar Garzón públicamente cuando el Tribunal Supremo lo inhabilitó. (Ver el artículo en El Pais  Garzón suspendido y en el banquillo)  En él no tenía cabida el silencio cómplice.

Siempre dejó escuchar su voz, no importa que fuera minoría.

Viví toda su enfermedad. Compartí sus últimas semanas y fui testigo de su deterioro, que me rompió el corazón. Dicen que nadie muere de verdad mientras los que le quieren le tengan en su pensamiento y en su recuerdo. “Tito” Martínez Lázaro, mi amigo “Tito”, vivirá conmigo mientras yo tenga vida.

Ramón Saéz Valcárcel.

viernes, 15 de septiembre de 2017

EXTERNALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: PROBLEMÁTICA LABORAL


Desde estas páginas del blog se ha insistido mucho – antes que nos cambiaran el marco del discurso y sólo pudiéramos pronunciarnos sobre el derecho a decidir y la legalidad o la legitimidad de la desobediencia institucional de instituciones públicas-  en la importancia que tiene la externalización y privatización  de los servicios públicos en la precarización de las relaciones laborales, la privatización de los servicios de interés general y, en ese contexto, el fomento de la corrupción política y personal a través del mecanismo d las concesiones y contratas. Se trata por tanto de un tema clave en el que confluyen una legislación estatal extremadamente permisiva que fomenta la externalización e impide la reversión de los servicios privatizados, y la exigencia de las candidaturas ciudadanas que gobiernan importantes ciudades españolas de ir poniendo fin paulatinamente a estas prácticas de gobierno no compartidas. Uno de los elementos clave en esta problemática es, sin embargo, el de la repercusión que estos procesos tienen sobre las relaciones laborales, tanto en cuanto a lo que supone la externalización de servicios como respecto de las vías posibles de reversión de la misma.

Este ha sido un tema crucial en el debate de los ayuntamientos del cambio, que ha modalizado su respuesta y que ha permitido la apertura de un debate importante entre las administraciones municipales y los sindicatos al respecto. Pero tiene una amplitud mayor que la editorial Bomarzo, en su espléndida colección Básicos de Derecho Social ha abordado a través de un estudio efectuado por Francisco J. Trillo, que lleva por título Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos laborales. A continuación se insertan algunos extractos de la introducción de esta obra que permiten comprender el alcance y contenido de la misma.

El estudio de la externalización de servicios públicos desde el punto de vista de la afectación de los derechos laborales no ha despertado con carácter general un gran interés en la doctrina iuslaboralista, pese a la constatación de obras de calado que han modelizado las consecuencias derivadas de los que se ha dado a conocer como huida del Derecho Administrativo. La recepción por el Derecho del Trabajo de aquellas relaciones laborales dirigidas a la prestación de un servicio público provoca necesariamente la inacción de las especiales reglas que conforman el empleo público, condicionando el propio resultado de la prestación de aquél. Y ello como consecuencia fundamentalmente de la distorsión que provoca en la prestación de un servicio público la integración de los principios constitutivos de la libertad de empresa, especialmente en lo atinente a la relación entre la forma (descentralizada) de organización del proceso de producción del servicio como instrumento de maximización del beneficio empresarial.

Los debates que han acompañado a la privatización de servicios públicos, especialmente a raíz de la actual crisis económica, han girado en torno a las nefastas consecuencias que este fenómeno provoca en la vida política, como consecuencia de la corrupta relación entre poder político y empresarial. También se han producido análisis concretos sobre la puesta en marcha de las denominadas políticas de austeridad y su relación con la privatización de servicios públicos como fórmula de control y reducción del gasto público. (…)

El factor que más está afectando la calidad de las condiciones de trabajo y de la prestación del servicio público en cuestión tiene que ver con el desplazamiento del riesgo empresarial hacia los trabajadores con ocasión de asegurar, por un lado, una prestación del servicio público más económica de lo que resultaría de ser prestada directamente por la Administración Pública y; por otro lado, la garantía empresarial de mantener en cualquier caso un margen de beneficios. 

Por lo demás, se debe destacar cómo el debate sobre la reversión de servicios públicos en el ámbito sindical ha contado con luces y sombras en relación con la posible pérdida de derechos que dicho proceso de reversión podía implicar para los trabajadores, sin que quepa destacar, al menos por parte de los sindicatos más representativos a nivel estatal, una posición común sobre cómo intervenir sindicalmente frente a esta problemática. Lo cual ha permitido una cierta autonomía de actuación a territorios y federaciones que ha arrojado todo tipo de reacciones sindicales. Desde el favorecimiento de estos procesos de reversión hasta la afirmación de que la recuperación de la prestación directa del servicio público supondría inmediatamente un empeoramiento de las relaciones laborales implicadas.
Esta desigual reacción sindical contrasta fuertemente con el empeño político, plasmado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, de impedir cualquier vía de reversión de servicios públicos. En efecto, la propuesta contenida en el Proyecto de Presupuestos Generales pretende impedir de cara al futuro cualquier posibilidad de reversión de servicios públicos, sin que ello no suponga una merma de derechos para los trabajadores que hasta ese momento se habían ocupado de prestar el servicio público. Además, si como consecuencia de decisiones judiciales las Administraciones Públicas se vieran obligadas a ello, éstas contarían con menos posibilidades de incorporar nuevos empleados públicos como consecuencia de dotar de la consideración a estos trabajadores como de nuevo ingreso y computando a efectos de la tasa de reposición. Un fuerte corsé a los intentos de volver a una prestación directa de los servicios públicos previamente externalizados. (…)

Las denominadas políticas de austeridad, un rótulo sobre el que se cobijan una pléyade de normas que han tensionado a buena parte del ordenamiento jurídico, han convergido en la idea de que ha de ser el sector privado el que gestione y preste los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía. Este hecho se produce bajo la premisa no constatada de que la gestión de servicios públicos por parte del sector privado resulta más eficiente desde el punto de vista económico, pero también bajo el convencimiento de que la especialización productiva del sector privado contribuirá a una prestación de mayor calidad. En efecto, la externalización de servicios públicos ha dejado de ser una cuestión de exclusivo contenido organizativo de las Administraciones para convertirse en uno de los principales instrumentos de ordenación de la vida económica y política del país. Más aún al día de hoy donde se han visto reforzados principios y valores como la estabilidad presupuestaria y el control de gasto público, por encima de otros como la igualdad o la solidaridad . Afirmación ésta fácilmente constatable a propósito de la lectura del reformado art. 135 CE. Dicho de otra forma, la contratación pública alberga la capacidad no solo de determinar las relaciones entre público y privado en relación con la prestación de servicios públicos, sino que se ha convertido en un instrumento de apaciguamiento del conflicto económico en tiempos de crisis, imponiendo una lógica política estrictamente mercantilista que preferencia absolutamente valores presupuestarios y financieros frente a aquellos sociales.    
 
A esta función de planificación económica de la externalización de servicios públicos, se debe sumar aquella que tiene que ver con la creación de empleo en tiempos de crisis económica y, por tanto de una elevada tasa de desempleo. La consolidación de altas tasas de desempleo en el sector privado, en nuestro caso como consecuencia del derrumbe económico del sector de la construcción y todos aquellos relacionados con éste entre los que cabe destacar el sector financiero, genera una conflictividad social que se ha tratado de atajar desde un trasvase de empleo público al sector privado . Esto es, se han tratado de paliar los efectos sociales originados por el fracaso del sistema económico actual a través de ofrecer nuevos campos de negocio  al sector privado, así como potenciar el empleo en éste con un impacto relevante en el seno del empleo público. Lo cual a su vez, como se sabe, ha contribuido sensiblemente  a la puesta en marcha y desarrollo de las denominadas políticas de austeridad. De este modo, se puede afirmar que las políticas públicas en la materia han basculado entre la reducción del gasto público, como precondición necesaria para el saneamiento de las finanzas públicas, y la entrega de la gestión de servicios públicos al sector privado ante su convulsa situación económica .   (…)

 ¿Cuál es entonces la razón última por la que las Administraciones Públicas deciden externalizar servicios públicos? Mantenemos la tesis de que no se trata tanto de la creación de empleo o de la mejora de la eficacia y competitividad del servicio privatizado, como de la satisfacción de los intereses de la empresa privada ante su propia incapacidad de encontrar nuevos campos de negocio y, por tanto, de mantener una determinada tasa de ganancia. Todo ello junto a otros factores que no cabe desdeñar como la puesta en marcha de las políticas de austeridad, fundamentalmente en el ámbito de la reducción de costes de personal.      

En último lugar, se quiere destacar de forma muy sucinta una de las características más peyorativa de los procesos de privatización de servicios públicos: la corrupción, entendida como una dinámica de concesión recíproca de dones, que acaba determinando el propio interés general. En efecto, la externalización de servicios públicos ha presentado –y presenta- un número abultado de casos en los que se produce un intercambio recíproco de dones. Por un lado, el sector privado recibiría un apoyo financiero inestimable a través de contratos públicos y gestión de servicios públicos; mientras que los dirigentes políticos que adoptan determinadas decisiones, como las señaladas supra, recibirían determinados premios al final de su carrera política a través de las denominadas puertas giratorias (Consejos de Administración) o, en el peor de los casos, la financiación ilegal de partidos políticos.  

Así las cosas, la determinación del interés general en materia de servicios públicos se ha conformado en numerosas ocasiones a través de una maraña de relaciones poco o nada transparente entre poder público y poder privado, donde el primero desempeña una labor de mediación esencial entre los diferentes intereses del poder privado. Dicha corrupción por lo demás resulta ser el sustrato sobre el que arraigan determinadas formas de hacer política basadas en el nepotismo o clientelismo.  

Por todo ello, la externalización de servicios públicos no puede –ni debe- analizarse únicamente desde el punto de vista macroeconómico, como un instrumento funcionalizado a relanzar las políticas públicas que preferencian la estabilidad presupuestaria y financiera, sino que se debe descender a la aplicación microeconómica y, más concretamente, a los efectos que ello provoca en el ámbito de los derechos laborales y del propio Derecho del Trabajo.         

Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos laborales



Precio: 14 €
ISBN: 978-84-16608-82-2017 NÚMERO DE PÁGINAS: 94 COLECCIÓN: Básicos de Derecho Social  AUTOR/ES: Trillo Párraga, Francisco José



1. Introducción.

2. Evolución del volumen y composición de empleados públicos.

3. La eficacia y la eficiencia como causas para la gestión indirecta de servicios.

4. Formalización jurídica de la gestión indirecta de servicios públicos.

5. Efectos jurídicos laborales de la externalización de servicios públicos.

6. Algunas reflexiones finales.


lunes, 11 de septiembre de 2017

COMIENZA EL CURSO DE TOLEDO EN SEPTIEMBRE CON LUIS GARCIA MONTERO





Ha dado inicio este lunes 11 de septiembre, una fecha emblemática desde tantos puntos de vista, la vigésimo octava reunión del seminario de los llamados becarios de Bolonia-OIT y UCLM, especialistas en relaciones laborales de todos los países de América Latina, co-dirigido por Joaquín Aparicio y Laura Mora y coordinado por la imprescindible alma del mismo, Pedro Guglielmetti, il Nonno, que ha impulsado estos encuentros desde su inicio, con el apoyo de Umberto Romagnoli. Esta convocatoria se quiere dedicar al estudio de la organización del trabajo y de la empresa que se nutre del trabajo asalariado cien años después de la Revolución de octubre, lo que permitirá abrir un espacio de debate multidisciplinario y complejo, seguido a partir de intervenciones de origen muy diverso que pretenden provocar un esfuerzo de análisis y de reflexión.

Tras la inauguración oficial del Curso, con la presencia de los co-directores y del coordinador, junto con la delegada del vicerrectorado de estudios internacionales, ha dado comienzo la primera conferencia inaugural que ha dado Luis García Montero, presentado por Joaquín Aparicio. En la idea de este período de trabajo y de debate de abrirse a intervenciones no necesariamente jurídicas, el poeta ha hablado sobre la relación entre educación y trabajo a través de la presentación de una serie de poemas de sus autores contemporáneos favoritos, concibiendo la educación como elemento de convicción del pensamiento ciudadano y no como un elemento de encauzamiento hacia la mercantilización.

La sociedad democrática se crea a través de una metáfora, el contrato social que permita crear un espacio público que permita vivir en libertad, y este se conecta directamente con el llamado contrato pedagógico, que forma ciudadanos libres, sin el cual no puede concebirse una sociedad democrática. La educación además significaba el ascenso social derivado de una escuela que permitía la formación con independencia del poder adquisitivo de las personas. En España, este problema es especialmente agudo, ante el subdesarrollo del país. En ese contexto, la poesía aporta la conciencia de que la historia no discurre solo a partir de los hechos históricos, sino por la construcción de la intimidad. El tejido de la intimidad es una construcción social, y si no participamos en ello, será difícil concebir sueños para un mundo mejor. A partir de la lectura de un poema de Rafael Alberti se plantea la crítica a la idea del éxito que se abre paso en la sociedad neoliberal que depende de los niveles del talento individual para conseguir dinero, o, en la sociedad del espectáculo, de la fama rápida y la imagen que se comercializa. Ello supone un concepto de educación que sirve para situarse en el mercado de trabajo según su posición social o para su fama. Un concepto diferente, implica concebir la educación como desarrollo personal de una vocación, una vida pública. Aquí el contrato pedagógico está relacionado directamente con el trabajo, la realización personal en el trabajo. Para ello sirve establecer una diferencia hoy entre tener un trabajo y tener un oficio, la realización personal y colectiva en un trabajo que tiene que ver con la vocación, con el gusto por el trabajo como proceso de transformación social. El trabajo el mayor generador de sentimiento cívico, que compromete con la sociedad. En medio del desmantelamiento de valores que ha hecho el neoliberalismo, el esfuerzo y la resistencia por salvar el oficio en médicos y profesores – las mareas – han sido fundamentales y decisivos.

El retrato de Antonio Machado que situó en Campos de Castilla le sirve para ilustrar este punto. Aunque el poema se publicó en 1912, se había publicado en el periódico “El Liberal”, fechado en 1908. Machado estuvo mucho tiempo sin encontrar trabajo. Tenía 32 años, para su época era muy mayor, y acababa de lograr ser profesor de francés en el instituto de Soria. Su poesía se diferencia del modernismo y del simbolismo, de los que hay que rescatar su significado político. En el modernismo, se distinguía entre la palabra de la poesía de la palabra de la gente. Un lenguaje concebido como un dialecto distinto del resto de la sociedad. Machado por el contrario quiere ser un ciudadano y su palabra va a ser la de la ciudadanía, con lo que rompe también con el simbolismo. Las crisis del lenguaje en poesía son toma de conciencia del fracaso del contrato social. El simbolismo entiende que el lenguaje está infectado por la sociedad y por tanto hay que huir de él. Por eso el poeta distingue “las voces de los ecos”, lo que es una novedad preceptiva porque las voces que se oían se asociaban a un mundo de corrupción y sin esperanza, mientras que la poesía las distorsionaba como ecos que se escucharan como sonidos casi musicales. Hacer una poesía de la gente que acude al trabajo, de la gente común es el objetivo del poeta. Que además se define así: “en fin, soy en el buen sentido de la palabra bueno”. El contexto histórico en el que se produce este texto es el dela Restauración, con una separación estricta entre la España real y la oficial. Han fracasado las utopías liberales del republicanismo. La política está en descrédito, se asocia a la liturgia del turnismo entre conservadores y liberales. Frente a ello no procede el cinismo ni la desesperanza, sino la convicción en las pequeñas utopías. Defenderlas no es ingenuidad ni estulticia, es simplemente ser bueno. Esa  toma de postura se resume en la dignidad del trabajo como toma de conciencia del sentimiento republicano. La ética del ciudadano Antonio Machado que ha dejado de ser el poeta bohemio, que vive en los márgenes usando un lenguaje diferente.

Normalmente se ha opuesto a Machado  la presencia de la poesía pura de Juan Ramón Jimenez, otro poeta discípulo de Giner de los Ríos. Sin embargo se puede resaltar otra ética del trabajo que se resuelve en la poesía y que no es tan lejana de la anterior. “Pero sé que he venido aquí a escribir versos”. Como la política era una mentira de la España oficial, la profesionalidad es el objetivo regeneracionista. JRJ defiende la poesía pura no porque no sea un ciudadano republicano, sino porque lo hace insistiendo en la profesionalización del poeta, y ese es el sentido de la reivindicación de la “pureza”. Por tanto se trata de dos maneras distintas de responder a la misma urgencia histórica. La poesía social no le gustaba a JRJ – los poemas que se convierten en himno – porque prefiere la poesía como vocación personal, como manifestación del trabajo concreto. Lo que sucede al poeta es lo mismo que le pasa a un obrero, un carpintero, un carbonero. El comunismo poético es trabajar cada uno en su vocación. La vida y el trabajo concebidos como algo indisoluble. Una manera de pasar del yo al nosotros, marcando distancias con el mercantilismo, en su degradación del trabajo como trabajo alienado.

Estas son algunas consideraciones desde los poetas que pusieron en la literatura contemporánea para enfrentarse a la explotación laboral y a la educación que nos marca como súbditos y como dominados. Y aquí es indispensable la referencia al Niño Yuntero y su experiencia de sufrimiento y de dolor, de Miguel Hernández, del que se cumplen 75 años de su muerte en las cárceles franquistas. El niño condenado a la explotación desde su nacimiento en la España del caciquismo de los años 30. Hoy se visten trajes distintos pero el pensamiento neoliberal converge en el fomento de esa vida de sufrimiento y explotación a la que coopera la destrucción de la educación pública.

Y, en lo que pudiera parecer un ejemplo antitético, en Doña Rosita de García Lorca, aparece también otro tipo de explotación, de la mujer víctima de los prejuicios que le impiden casarse y luego ser una solterona condenada a la soledad. El catedrático de economía dice en la obra “no voy a discutir con los cultivadores de rosas”, pero  hoy es que los que dediquen a la economía se llenen de poesía y estos de compromiso cívico y todos a su vez podamos dedicarnos a discutir con los cultivadores de rosas.


Tras esta intervención radicalmente sugerente e interesante, se abrió un debate, en el que las intervenciones se dirigieron sobre temas muy interesantes en torno a la diferencia entre el mundo real y la realidad virtual y la construcción mediática de esta;  la relevancia de la educación y de la importancia de revalorizar el espacio cultural ciudadano a partir de la literatura y de la poesía. Tras una pausa para el café, la primera de las intervenciones del seminario ha sido la de Yayo Herrero, sobre “Claves feministas para hacer posible una vida digna trabajando”, en la que se abordan cuestiones fundamentales del ecosocialismo y del feminismo respecto del trabajo asalariado y el desarrollo económico capitalista y sus dinámicas de acumulación por desposesión, que se está realizando actualmente.