martes, 21 de noviembre de 2017

ODIO Y TRAMA NAZI EN LA POLICIA MUNICIPAL MADRILEÑA: LA DENUNCIA DE CC.OO



Conocemos por la prensa digital – Eldiario.es, luego replicada en Infolibre y Público – los comentarios que en un chat que agrupa al “turno de noche” de más de 100 policías municipales de Madrid, se han vertido sobre la alcaldesa, Manuela Carmena, a la que deseaban una “muerte lenta y agónica” además de desear que hubiera sido asesinada por los pistoleros fascistas en el despacho de Atocha en enero de 1977. Los policías municipales continuaban con insultos a Podemos y a Pablo Iglesias, así como a los periodistas de la Sexta Pastor y Ferreras. En el grupo, con el protagonismo de unos cinco o seis “animadores”,  se exaltó la figura de Hitler como autor del holocausto y se expresaron terribles opiniones sobre los inmigrantes y los “moros” para los que se deseaba su exterminio. Este chat y sus comentarios han sido conocidos gracias a una denuncia del delegado de CC.OO., policía municipal, que participaba en el mismo. Tras expresar su oposición firme a estos comentarios, fue amenazado de muerte repetidamente y expulsado del chat. Actualmente tiene protección policial, él y su familia. La jueza está investigando el caso.

No es una exageración afirmar que el desarrollo de la “cuestión catalana” a partir de la convocatoria y realización del referéndum y los eventos posteriores hasta la destitución del gobierno y la supresión del autogobierno de la Comunidad Autónoma por la aplicación del art. 155 de la Constitución, ha generado un amplio espacio de inmunidad para la expresión de la ideología franquista y nazifascista sobre la base de la exaltación de la nación española y su bandera. En el chat que se ha denunciado, los insultos despreciables a la alcaldesa, el deseo de que hubiera sido asesinada como sus camaradas del despacho laboralista de Atocha, y el resto de comentarios sobre otras personalidades de la izquierda, surgen como consecuencia de la crítica a la actuación policial en el referéndum del 1 de octubre y se disparan a continuación, desencadenando una espiral de odio y xenofobia. Este es un primer tema que conviene tener presente, porque la sensación de impunidad que tienen los portadores de esta ideología nazifascista permite que se exhiba públicamente como forma contundente de detener – y tendencialmente suprimir – las posturas políticas democráticas que expresa una buena parte de la ciudadanía agrupada en torno a las opciones de izquierda o en el caso de Madrid, en la candidatura ciudadana que gobierna la ciudad.

El segundo punto a destacar es que las personas que hacen público su odio y aversión democrática y que exaltan el genocidio nazi como una forma apropiada de tratar la inmigración – “comida para peces”, “cacerías para guarros” – son empleados públicos de un cuerpo armado, que por tanto deben garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades de la ciudadanía, justo lo contrario de lo que afirman y mantienen. Es por tanto inconcebible que estas personas puedan seguir siendo policías municipales. La seguridad y la libertad de todos aquellos que residimos en Madrid exige que se les suspenda de empleo y sueldo, se les abra expediente sancionatorio y se les expulse del cuerpo.

Otro aspecto remarcable es el silencio institucional ante esta noticia. Ni el ministerio del interior, tan celoso en el control de las comunicaciones en las redes sociales, ni la fiscalía – previsiblemente preocupada por la sustitución del Fiscal General tras su inesperado fallecimiento en Buenos Aires – han juzgado oportuno emitir un comunicado de condena. Y el Partido Popular de Madrid, que no puede soportar ninguna toma de postura ante el Ayuntamiento que no sea negativa, ha comparado las expresiones nazifascistas de odio que aparecen en el chat de la policía municipal con la protesta política que unas entonces estudiantes convocaron frente a un acto religioso dando a entender que para ese Partido uno y otro hecho son parangonables y mostrando públicamente cual es el sentido de la democracia que campea en ese partido que es el que gobierna el Estado español.

Pero más llamativo es el silencio de los cien policías del chat que no han cuestionado – ni desde luego denunciado – estas expresiones. Según las informaciones que aparecen en la prensa, la mayoría de ellos cree que se trata de un chat “alegre y divertido” de forma que lo que se dice en él hay que interpretarlo como una broma o desahogo sin trascendencia política o profesional. Y mucho más la actitud de los sindicatos de la policía municipal de Madrid, que han afirmado que no comparten las expresiones del chat, pero no se han sumado a la denuncia de CC.OO. e incluso manifiestan su contrariedad por la misma.

Este es el punto doliente de la cuestión. La conversación del chat ha sido denunciada por un delegado de CC.OO. – que, como se ha dicho, resultó inmediatamente amenazado de muerte y que recibe protección policial ante la verosimilitud de tales amenazas – y asumida por la sección sindical de este sindicato. Pero ante una buena parte de la plantilla – y la opinión del resto de sindicatos – la denuncia no debería haberse producido, porque genera una imagen pésima del cuerpo de la policía municipal madrileña de manera que estos casos deberían haberse resuelto discretamente mediante la vía disciplinaria interna sin hacerlo público. En este caso, el corporativismo funciona como un elemento potente de desautorización del impulso democrático.

Eso es lo que han puesto en marcha el delegado y la sección sindical de CC.OO., un impulso democrático al considerar con razón que era incompatible con el desempeño de la función que tienen que llevar a cabo como empleados públicos con ese tipo de expresión pública – en un ámbito colectivo de un centenar de policías – de ideologías esencialmente antidemocráticas, violentas y políticamente incompatibles con el marco constitucional español. Esta mediación sindical en favor de la democracia ha supuesto que el delegado que lo denunció ha tenido que arrostrar un riesgo personal, y como organización sindical, se enfrenta a la desautorización corporativa de una parte de los integrantes del cuerpo y la incomprensión y la falta de solidaridad de los otros sindicatos que actúan en él. Cuando tantas opiniones se vierten contra los sindicatos sobre la base de su “egoísmo” reivindicativo, la actuación de CC.OO. en la policía municipal de Madrid, reclamando el respeto a la democracia de sus componentes como condición de ejercicio de la función pública debería ser resaltado y valorado de forma unánime como una actuación ejemplar y ciudadana.


Es muy frecuente escuchar que la única manera de que los cuerpos de policía cumplan con su misión de defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos es la de privarles de sus derechos sindicales para – se dice – evitar su “politización”. El caso del odio y de la trama nazi de la policía municipal de Madrid demuestra precisamente lo contrario. Solo un sindicato de clase, que incorpora en su ideario una visión sociopolítica de la actuación sindical y que está orgulloso de su consideración democrática, es capaz de hacer cumplir la ley y defender los derechos fundamentales de la ciudadanía que están en la base de la libertad y seguridad que debe garantizar como empleados públicos.

domingo, 19 de noviembre de 2017

19 DE NOVIEMBRE DE 1933: LAS MUJERES VOTAN POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA


Hoy hace 85 años de aquellas elecciones en las que por primera vez las mujeres mayores de 23 años pudieron ejercitar el derecho reconocido por el art. 36 de la Constitución republicana: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Una fecha que tendría que ser celebrada por las instituciones del Estado español que, sin embargo, dirigido por el Partido Popular, la sepulta en el olvido.

Los debates en las Cortes sobre el voto femenino que enfrentaron a la postura retraída de Victoria Kent  la apasionada defensa del mismo de Clara Campoamor son muy conocidos. Eran muchos los que pensaban que la mujer – tanto de la burguesía como del campesinado – estaba bajo el dominio de la iglesia católica y que por tanto el destino de su voto habría de ser necesariamente reaccionario. En un pensamiento paternalista, a las mujeres había que “enseñarles a votar”. Por eso la propia Victoria Kent presentó una enmienda al texto constitucional solicitando la introducción de una disposición transitoria según la cual las mujeres no podrían ejercer el derecho al voto en unas elecciones generales hasta después de haberlo ejercido al menos dos veces en unas elecciones municipales, que no fue admitida por un estrecho margen de dos votos. Un argumento que enlazaba con un pensamiento patriarcal claramente expresado por el diputado de la Federación Republicana Gallega, Novoa Santos, catedrático de patología de la Universidad de Madrid, que se oponía al voto femenino sobre la base de que “El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y emoción. Esto es la mujer. Y yo pregunto: ¿en qué despeñadero nos hubiéramos metido si en un momento próximo hubiéramos concedido el voto a la mujer? (...) ¿Nos sumergiríamos en el nuevo régimen electoral, expuestos los hombres a ser gobernados en un nuevo régimen matriarcal, tras del cual habría de estar siempre expectante la Iglesia católica española?”.

La única manera de madurar en un pensamiento de libertad e igualdad es caminar dentro de él, diría Clara Campoamor, pero ese razonamiento igualitario y liberador habría de ser exterminado, como en general la idea misma de la democracia, por la rebelión militar del 18 de julio cuyo régimen se caracterizó por su hostilidad a la estructuración colectiva de los trabajadores y al reconocimiento de cualquier margen de libertad y emancipación de la mujer, que perdió todos sus derechos civiles y políticos y de la que solo se reconocía retóricamente su condición de madre y esposa sometida al varón.

La Constitución de 1978 vuelve a establecer un  paradigma igualitario, pero aquí también la continuidad del patriarcado unido a una indudable potencia del pensamiento reaccionario ha mantenido en la realidad una situación de violencia contra las mujeres que en estos días  se está dejando ver en la propia reacción de la justicia con ocasión de la violación múltiple de una mujer a la que se culpabiliza de ello. Por eso cualquier momento que pueda servir para recordar la importancia de la lucha de las mujeres por su liberación – que es la liberación del género humano- debería ser aprovechada.

El gobierno español, una vez más haciendo gala de su insensibilidad ante cualquier posibilidad de la memoria democrática, no ha preparado ningún acto de recuerdo y conmemoración del 19 de noviembre. Que no falte en nuestro recuerdo ese momento decisivo en la historia política  democrática de nuestro país.


sábado, 18 de noviembre de 2017

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA CES PARA DESARROLLAR EL PILAR SOCIAL EUROPEO



Como estaba previsto, en la cumbre de Gotenburgo en Suecia, los 28 países de la Unión Europea han asumido el compromiso del Pilar Social europeo, un texto no vinculante del que sin embargo se quiere sacar un resultado concreto y tangible en el nuevo impulso normativo en materia social. Este es el objetivo explícitamente asumido por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) cuyo secretario general, Luca Visentini, ha afirmado que este texto solo es útil si es el principio de otras cosas mejores, un pistoletazo de salida hacia su desarrollo normativo, porque es el momento en el que Europa se mueva de la austeridad hacia los derechos sociales y la austeridad.

La CES en efecto ha ido elaborando un conjunto de objetivos y de medidas que pretende ir planteando y eventualmente consiguiendo en los próximos meses. A continuación se desgranan algunas de estas propuestas, ante todo las que hacen referencia a la introducción de directivas en materia de empleo para concretar los derechos adquiridos en el pilar europeo para todos los trabajadores, en todos los lugares de trabajo.

El sindicato europeo acoge favorablemente las iniciativas legislativas incluidas y anunciadas en el Pilar europeo de Derechos Sociales, pero en la idea de que perseguirá activamente su puesta en práctica mediante acciones a nivel nacional y de la UE con la participación activa de sus organizaciones afiliadas. Al mismo tiempo, la CES piensa que deberían considerarse otras posibles iniciativas legislativas y propone un programa legislativo completo, que se desarrollaría en el marco de la aplicación del PEDS, y que incluiría:

A) Una Directiva sobre la Aplicación efectiva de los Derechos de los Trabajadores, porque debe haber un reconocimiento de que los trabajadores y sus sindicatos experimentan una serie de obstáculos cada vez mayor que socavan su capacidad para beneficiarse verdaderamente de los derechos laborales de la UE, y solventar este problema es una prioridad. A nivel nacional, los interlocutores sociales deberían estar implicados en la identificación de los frenos a su aplicación efectiva. Además, reconocer el derecho a esta aplicación efectiva implica presentar propuestas legislativas como medidas para garantizar que los trabajadores pueden estar representados por su sindicato; la presunción de una relación de trabajo; acciones colectivas y fortalecimiento de la capacidad de acción de los sindicatos; responsabilidad conjunta y solidaria y regulación de las plataformas online para asegurar que cumplen con sus obligaciones como empleadores.

B) Para luchar contra la flexibilidad creciente y excesiva, se impone una directiva sobre la protección de los trabajadores atípicos, que incluya medidas para asegurar el trabajo actualmente precario, el derecho al trabajo a tiempo completo, la igualdad salarial y de trato y la protección contra la precarización, así como la prevención de las prácticas de tipo cero horas.

C) Una directiva sobre una base mínima de derechos para los verdaderos trabajadores independientes o autónomos, incluido el derecho a la negociación colectiva, a la seguridad social, a la protección de la salud y de la seguridad maternal y a una remuneración adecuada que incluya salarios mínimos y convenios colectivos.

 D) Una directiva sobre el derecho a la formación y a la transición justa en el contexto de la digitalización y la industria 4.0.

E) Son necesarias una serie de directivas para mejorar la participación de los trabajadores;  esto implica un nuevo marco de la UE sobre el derecho a la información, consulta y representación en los consejos, así como una directiva que introduzca una nueva arquitectura integrada para la implicación de los trabajadores en las empresas europeas.

F) Una directiva sobre la dignidad en el trabajo, para proteger a los trabajadores frente a la vigilancia digital excesivamente intrusiva, para preservar sus datos en el marco de una relación de trabajo, para reglamentar la utilización de la inteligencia artificial y otras prácticas susceptibles de poner en peligro la dignidad y la salud y seguridad de las personas en el trabajo. Promover la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en el trabajo significa también reconocer y responder a los nuevos desafíos. Son necesarias medidas urgentes sobre el diesel, las sustancias reprotóxicas y las nanotecnologías.

Estos objetivos normativos se acompañan de la adopción de una serie de medidas. La CES perseguirá activamente la puesta en marcha del proyecto de directiva sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada que promete el Pilar Social de Derechos Sociales mediante acciones a nivel europeo y nacional, con la participación de sus organizaciones afiliadas. Participará además en la consulta sobre las propuestas para la directiva sobre la declaración escrita y el acceso a la seguridad social, y se abrirá al diálogo y la negociación con los empleadores sobre estas cuestiones y, si esto no es posible, pedirá a la Comisión que presente propuestas legislativas.

El test decisivo para el Pilar europeo de derechos sociales será su capacidad para proteger y promover el derecho social fundamental de organizarse y de negociar colectivamente a través de un sindicato. Se trata probablemente del derecho que se ha cuestionado más seriamente, aunque ocupa un lugar central en el seno de nuestra Europa social. Es especialmente positivo que el pilar europeo llame a los Estados miembros a ratificar y aplicar el Convenio de la OIT sobre el derecho de organización y de negociación colectiva. Es por tanto imprescindible promover la negociación colectiva y una convergencia salarial al alza y adoptar medidas enérgicas para poner fin a todas las prácticas de dumping social.

 En esta dirección,la CES presionará a la UE para que adopte cuatro medidas positivas:

1) Dar orientación a los Estados miembros de que los contratos públicos deben promover la negociación colectiva priorizando las ofertas en las que el empleador respeta el derecho de afiliación y de negociación colectiva.

2) Dar orientación a los Estados miembros de que la interpretación correcta de las normas de competencia de la UE no impide a los trabajadores autónomos negociar colectivamente sus salarios y condiciones de empleo.

3) Establecer metas con los interlocutores sociales para aumentar el número de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos y prestar apoyo al fortalecimiento de capacidades que permitan alcanzar estos objetivos, fijando sobre todo marcos para el establecimiento/ fortalecimiento de instituciones de negociación colectiva a nivel nacional.

4) Cambiar el enfoque de las reformas laborales para que la negociación colectiva sea reconocida como positiva es esencial, de lo contrario el Pilar Europeo de Derechos Sociales carecerá de credibilidad. Por lo tanto, es prioritario desplegar las acciones pertinentes para garantizar que todas las instituciones de la UE estén obligadas a respetar el pilar social europeo.

Se hará hincapié en el fortalecimiento de la negociación colectiva, la ampliación de su cobertura y la obtención de salarios mínimos (cuando existan) de no menos del 60% de la mediana como un paso hacia un salario vital. La campaña se centrará entonces en la construcción de estrategias y reivindicaciones para impulsar una convergencia salarial al alza garantizando específicamente la extensión de los convenios colectivos y acabando con las diferencias de salarios injustas para trabajadores que hacen el mismo trabajo en la misma empresa pero en diferentes lugares.

En la lucha contra el dumping social entiende la CES que se debe ir más lejos. La Comisión ya ha presentado algunas iniciativas legislativas para combatir el dumping social y el fraude, como la Directiva 2014/67/CE sobre la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, las revisiones de la Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores, el Reglamento 883/2004 sobre la coordinación de la seguridad social, y la plataforma contra el trabajo no declarado. Pero hay que hacer más para marcar una verdadera diferencia en la lucha contra el dumping  social. Se debe garantizar una movilidad justa y libremente elegida, así como combatir las prácticas tipo empresas-buzón.  

La CES continuará trabajando para mejorar la legislación sobre el desplazamiento de trabajadores, además de exigir una aplicación más eficaz de los instrumentos legislativos existentes, y proseguir en la propuesta de  crear una Inspección Europea del Trabajo (Socialpol) para garantizar la aplicación transfronteriza de la normativa europea.


El problema que subyace a estas propuestas es el de la reducida capacidad de la Ces para poder actuar al margen de lo que decidan y establezcan sus organizaciones afiliadas y adheridas, asi como la diferente percepción que de los problemas de recorte social y de rebaja salarial han producido en las distintas realidades nacionales. La multiescalaridad del problema social, fragmentado en la dimensión estatal-nacional (en España con el gobierno de Rajoy que se afianza gracias a la crisis catalana durante más tiempo del previsible con el apoyo de Ciudadanos y el seguimiento del PSOE ) que por tanto es diversa y suscita correlaciones de fuerza diferentes, y la dimensión europea, con un grupo dirigente muy limitado y con una comisión de corto recorrido y alcance político muy desgastado. Aunque Juncker ha pedido que se elabore rápidamente “un plan de acción” porque en este asunto Europa se “juega su credibilidad”, ya veremos si la atonía legislativa europea consigue avanzar en este plano y si el sindicalismo europeo logra forzar acciones normativas en este terreno.