viernes, 23 de febrero de 2018

HOMENAJE A JAVIER MARTINEZ LÁZARO, ABOGADO DE CCOO Y MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL




El jueves 22 de febrero se celebró en el Círculo de Bellas Artes un homenaje a Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional que falleció el 17 de septiembre del 2017. La idea erala de rememorar todas las etapas de su vida, como líder estudiantil, abogado del metal de CCOO, miembro relevante de Jueces para la Democracia, miembro del consejo General del Poder Judicial y finalmente magistrado de la sala de lo penal de la audiencia Nacional. Cada una de estas facetas era comentada por algunas de las personas que le habían conocido en esos tiempos. El homenaje fue enormemente concurrido, más de 400 personas abarrotaron la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y la alcaldesa Manuela Carmena  fue la primera que intervino después de la presentación de Jose Maria Fernández Seijo. Una crónica bastante circunstanciada del acto se puede consultar en el digital Confilegal , en el siguiente enlace: Homenaje a Martinez Lazaro, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno.

Fueron muchas las intervenciones, como se ha dicho, glosando los distintos aspectos de la personalidad de “Tito” que se entremezclaba con todo un tiempo histórico de lucha por la democracia y la libertad. De entre ellas, destacamos para su publicación en este blog las palabras que le dedicó su compañero en la Audiencia Nacional y gran amigo, Ramón Sáez, que fueron unánimemente comentadas por su belleza y su exactitud en el retrato. Merecen la pena, como podrán comprobar los lectores y lectoras de este sitio.


Palabras para Tito de su amigo Ramón (22 febrero 2018).


        Recurro a tres ideas para evocar la memoria de Javier y elogiar al amigo: la verdad, la cultura y la esperanza. (Ahora Tito me susurra: Ramón, no te pongas estupendo. Pero esta vez, querido, tampoco te haré caso, por respeto a la memoria de Max Estrella, aquel genial personaje a quien tantas veces encontramos en las rondas nocturnas por la ciudad.)

        1.- La verdad. En un hermoso texto sobre la figura y la tarea del periodista, y Tito lo fue, que prologaba una recopilación de artículos titulado El reportero frenético, uno de los libros mas vendidos en la República de Weimar, Egon Kisch –checo-alemán judío comunista y de buena familia, como se presentaba-, en una clave que nos resulta bien contemporánea, consideraba que su mundo estaba inundado de mentiras, se había olvidado de sí mismo y se regodeaba en las falsedades, de ahí que, afirmaba, «nada es mas asombroso que la simple verdad, nada más exótico que lo que nos rodea, nada más imaginativo que la objetividad. Y nada hay mas sensacional que el tiempo que nos ha tocado vivir». La sentencia de Kisch, el mismo personaje y sus artículos, causarían delicia a nuestro amigo. Es más, la afición a la verdad, la pulsión por la objetividad, la capacidad de atender especialmente, y de gozar también, de aquello que nos rodea eran valores y sentimientos que formaban parte del carácter y de la personalidad de Javier.

        2.- La cultura. Tito regresó a la jurisdicción en noviembre de 2007, después de siete años en el Consejo, lo que hizo posible que compartiéramos intensamente espacio y tiempo de vida, que aprovechamos para aprender de la amistad y del respeto al otro, en un clima de afecto y complicidad. El camino de vuelta al tribunal se desenvuelve, lo quieras o no, en un plano descendente: del gobierno de los jueces a miembro del colectivo gobernado –aunque Javier sabía que en materia de jurisdicción no hay nada que gobernar, así lo exigen la separación de poderes y la potestad de decir el derecho que le corresponde en exclusiva al juez en el proceso. El retorno a esa realidad, ya conocida, requiere de una adaptación emocional e intelectual que Javier llevó a cabo con la humildad y la fuerza que le caracterizaban.

        Le irritaba la falta de medios de la Audiencia Nacional, «el fuerte», como llamábamos a nuestro tribunal parangonando con ironía metáforas gloriosas con las que había sido nombrado. (La ironía es una estrategia universal de supervivencia que Tito manejaba con maestría.) Se encontró con expedientes de papel que eran auténticos mamotretos, compuestos por miles de folios unidos sin orden ni concierto, de manera arbitraria, y sin un índice que le permitiera transitar por ellos. Tenía razón: sin instrucciones de uso eran, físicamente, inmanejables. Hay muchas anécdotas que recordamos quienes compartimos aquel tiempo y que nos hacen sentir la ilusión de que sigue acompañándonos. En realidad nos acompaña, de otra manera.

Por lo demás, el reciclaje que hizo nos brinda una lección. Lo habíamos hablado en alguna ocasión a propósito de la formación del juez: la necesidad de la cultura para hacer un buen juez, de cultura jurídica y de cultura general. Porque una persona culta, que posee conocimientos, como era su caso, del derecho, de la historia, la economía, la sociología y la política, que se informa, que disfruta de la ficción literaria y cinematográfica, está mejor dotada para construir el conflicto objeto del proceso, para analizar la prueba y elaborar el hecho, para decidir aplicando la Constitución y la ley. Es algo que pudimos aprender  también trabajando a su lado: la importancia de la cultura. La labor del juez es de naturaleza intelectual, lo que demanda, aparte de la técnica jurídica y de conocimientos humanísticos, de una cultura democrática de las libertades y los derechos. (Si los jueces, y en general los decisores públicos, tuvieran el hábito de la cultura de los derechos -que es heredera del pensamiento ilustrado- no asistiríamos a la involución que representan la criminalización de la palabra sin incitación, la censura del arte, la persecución de creadores y de obras de ficción.)

        3.- La esperanza. Cuando nos enfrentamos al recuerdo del amigo aparece, como un lugar común, su optimismo. Sin embargo, yo creo que, más allá del punto de vista, Javier se identificaba con una tradición que se sustenta en la esperanza de un mundo mejor, lo que le determinaba a actuar aunque la empresa pudiera estar abocada a la derrota. Lo importante era plantar cara a la infamia, denunciarla, hacerla pública. Porque más que la injusticia, duele la sumisa aceptación de que las cosas son así y no se pueden cambiar. La desesperanza -de la que hablara Bertolt Brecht en sus versos de exilio A los hombres futuros- surge por la constatación de la falta de rebelión o de respuesta ante la injusticia. Lo recordaba hoy Santiago Sierra comentando la retirada de su obra de la feria de arte: peor que lo que ha pasado es lo que no ha pasado, es decir el silencio de galeristas y creadores. Frente a la servidumbre voluntaria que se impone como conducta políticamente debida, Javier reaccionaba ante toda forma de injusticia que detectara. Ni callaba ni otorgaba, sin reparar en evaluaciones utilitaristas y sin temer al fracaso. Solo por ello –aunque sabemos que hay mucho mas en su haber-, por estos gestos de hombre justo, su vida ha tenido sentido y es para nosotros un testimonio.


miércoles, 21 de febrero de 2018

EL PP CONTRA LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES


Ayer se debatía en el pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Confederal de Unidos Podemos / En Comú Podem / En Marea sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres a la que en este blog se ha hecho referencia ( y que puede encontrarse en este enlace Según Baylos / Brecha salarial y ahora también en el digital Nueva Tribuna en este otro enlace Nueva Tribuna / Igualdad salarial  ).

Se trata de una iniciativa legislativa de indudable valor que afecta a un tema especialmente candente en estos días, en donde está convocada una huelga general parcial el 8 de marzo como punto de inflexión en el tratamiento de la discriminación de la mujer, y que asoma críticamente en todos los estudios que se están efectuando sobre la configuración de nuestro “mercado de trabajo”, la diferente jerarquización salarial en él presente y en definitiva la depreciación del trabajo de la mujer de igual valor que el del hombre trabajador en un contexto generalizado de devaluación salarial tras la crisis. La discusión en sede parlamentaria de un proyecto normativo que plantea de manera muy concreta la reforma del marco institucional vigente para condicionar positivamente la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, constituía una oportunidad política para debatir sobre este tema, la conocida brecha salarial y sus causas, así como para que la opinión pública pudiera comprobar el compromiso que con el principio de igualdad tienen  las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, y en su caso, el grado de aceptación que esta iniciativa suscitaba.

El espectáculo que se pudo comprobar en el pleno del congreso de ayer fue extremadamente preocupante. En efecto, ni un solo miembro del gobierno estuvo presente en él, denotando un absoluto desprecio por esta propuesta de ley y el contenido de la misma. Se justificó luego la ausencia sobre la base de que algunos de los ministros tenían una sesión de preguntas en el senado, pero a nadie se le escapa el significado simbólico de la ausencia de cualquier miembro del gobierno de un debate de estas características, abandono de su responsabilidad que se conecta con las declaraciones del presidente Rajoy cuando respondió con un “no nos metamos en esto” a una pregunta precisamente sobre la discriminación salarial entre mujeres y hombres. El gobierno subestima altaneramente las iniciativas del Grupo Unidos Podemos, pero ignora a su vez que éstas se corresponden con las necesidades de la mayoría de la población y, en el caso concreto de la igualdad retributiva, con el compromiso de los poderes públicos al que les obliga el art. 9.2 de nuestra Constitución para que la igualdad sea real y efectiva. Pero el gobierno rechaza las formas democráticas de respeto al Parlamento y no se siente vinculado por la Constitución salvo en las partes de ésta que entiende le son propicias.

Este impulso constitucional es el que hizo que ayer en la cámara todos los grupos parlamentarios presentes hicieran pública su posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Lo hizo el PSOE, que hoy mismo presentará otra proposición de ley sobre el mismo tema y que es en buena medida coincidente con las medidas presentes en la de Unidos Podemos como ha señalado la prensa digital en este enlace Coincidencias entre propuestas legislativas de igualdad retributiva, porque como señaló su portavoz, marcando un poco el tono general de las intervenciones de los distintos grupos, el tema de la igualdad es un tema central para la democracia y hay que estar a favor de cualquier iniciativa que la respalde y fortifique. También lo hizo Ciudadanos, siempre sobre la base de que se trata de un problema que debe enfocarse desde todos los ángulos posibles, así como los nacionalistas vascos del PNV, la portavoz de igualdad de ERC, los portavoces de Compromis, de PDeCat, y  de EH Bildu, e incluso el representante de Foro Asturias. Para todo este abanico de fuerzas políticas, la situación es “calamitosa” y hay que remediarla, y esta iniciativa va en la buena dirección y debe ser aprobada.

Sin embargo el Partido Popular votó en contra de tomar en consideración esta proposición de ley. Este es un hecho que han subrayado todas las informaciones aparecidas sobre el particular en los diarios digitales – Eldiario.es, Público, Infolibre – aunque no así en otras cabeceras más oficiales, como la de El Pais, que titula asépticamente que “El congreso apoya impulsar una ley contra la brecha salarial”, si bien añade a continuación que “el PP considera que ya trabaja en esa iniciativa de Unidos Podemos”, siempre sin mencionar que este partido ha votado en contra de esta proposición de ley. Siempre ocultado el voto en contra del PP, el ABC señalará que “El Congreso pondrá en marcha esta tarde la ley de Podemos para la igualdad retributiva”, y El Mundo indicará que “El Congreso da el primer paso para eliminar la brecha salarial de las mujeres”. Una lección de cómo presentar un debate político manipulando su contenido.

El PP no ha apoyado la toma en consideración de la propuesta legislativa sobre la base de consideraciones irrisorias sobre la extensión del machismo en la sociedad  - que a juicio de su portavoz, también se extiende por el grupo de Unidos Podemos – y sobre la base de que es muy difícil y complicado acabar con esta “lacra”, aunque el Gobierno está trabajando en esa dirección, lo que debería bastar a todos. Este es el pretexto, mas que el texto del discurso, pero lo que realmente comunica el mismo es la oposición a unas medidas que pretenden impulsar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Una oposición cuya causa se encuentra desde luego en la consideración de la relación salarial como una relación sometida estrictamente al mercado y por tanto donde los diferenciales retributivos derivados del tiempo parcial o del trabajo precario, o de los diferentes complementos salariales percibidos por mujeres y hombres,  por señalar los más relevantes, son funcionales al desarrollo económico desigual que se presenta como la salida practicable de la crisis.

Es importante constatar que en este debate parlamentario, el PP se ha opuesto a una propuesta legislativa que combate de forma intensa la brecha salarial, en un texto que está seria y profundamente razonado y desarrollado, y que la razón de su negativa a suscribirlo no se basa en la inidoneidad de las medidas propuestas para obtener el resultado declarado, sino en la convicción política del partido gobernante de que en definitiva, la desigualdad salarial forma parte del marco institucional del mercado de trabajo y es por tanto incorrecto querer impedir mediante una norma coactiva lo que no supone sino una ley decisiva de funcionamiento del desarrollo económico de las empresas.


El PP posiblemente elija al final optar por la abstención, para no mostrar públicamente su voto negativo frente a una mayoría abrumadora en el Congreso. Se lo recomiendan sus asesores de imagen, sus constructores de opinión. Pero este embellecimiento de su voto no puede hacer olvidar el dato fundamental que ha mostrado el debate parlamentario de ayer: Un partido, el partido que nos gobierna, que toma partido por la desigualdad. Tomemos nota y no permitamos que esta realidad se difumine en los diferentes relatos que concurren a la formación de la opinión pública actual.

lunes, 19 de febrero de 2018

BRECHA SALARIAL E IGUALDAD SALARIAL: UNA PROPUESTA DE LEY DE EN MAREA/ EN COMU PODEM / UNIDOS PODEMOS



Se aproxima el 22 de febrero que es el día fijado en Europa para recordar que existe un importante diferencial salarial entre mujeres y hombres. En previsión de este día, aparecen cada vez más en la prensa informes y datos que denuncian el hecho y calculan su valor económico, dado que, como es habitual, lo importante parece no ser la discriminación salarial, sino lo que esta cuesta o en lo que se valora. 

Un informe de la UGT defiende que en España, unos siete millones de mujeres ganan de media 6.000 euros menos al año que los hombres, lo que lleva a la conclusión de que “las empresas ganen 42.000 millones más al año” (Público, 42.000 millones de ganancia empresarial ) o, de forma más ajustada, a constatar que “la brecha salarial se reduce ligeramente en la Unión Europea mientras que se estanca en España” ( Infolibre, la brecha salarial se estanca en España  ).

Es importante en este tema perfilar el marco institucional en el que se desarrolla esta evidente discriminación salarial. En España, como se sabe, el ordenamiento jurídico establece un principio de igualdad en el valor del trabajo y en su retribución, pero la brecha salarial persiste. Los datos de los que se dispone van desde el 17,3% en la Encuesta EUROSTAT hasta el 20% en la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias. Otros trabajos académicos suben este porcentaje, y el informe reciente citado de la UGT lo sitúa en un 22,86%. Una tendencia que manifiesta la persistencia de este hecho, agravado sin duda por la devaluación salarial masiva que hemos padecido durante la crisis mediante la aplicación de las políticas de ajuste y de austeridad desde el 2010 en adelante.

Es evidente que la eliminación de la brecha salarial requiere la utilización de medidas muy diversas, como múltiples son los factores que la determinan, y no se limitan al ámbito estrictamente laboral. Pero una norma que acometa de modo global y transversal la igualdad retributiva real y efectiva es sin duda un instrumento muy importante para combatir la llamada brecha salarial.

Este es el objetivo que se ha planteado el Grupo parlamentario Unidos Podemos / En Comú Podem / En Marea, que ha elaborado una Proposición de Ley de Igualdad Retributiva que fue presentada al público en octubre del 2017 y aceptada a trámite en noviembre de ese mismo año  y de la que sin embargo no se ha hablado en las informaciones de estos días. (El texto puede descargarse aquí Proposicion de Ley de Igualdad Retributiva Mujeres y Hombres) Para su elaboración, el Grupo Parlamentario con Yolanda Díaz y Alberto Rodriguez formó una comisión de expertos, presidida por la catedrática de la Universidad de Valencia, Maria Amparo Ballester, que ideó una acción normativa muy bien construida que afecta a una amplia serie de normas laborales, procesales, del empleo público y estadísticas, planteadas con un nivel de precisión técnica y de exhaustividad notable.

La proposición de Ley tiene un contenido “estricta y concretamente dirigido a la identificación, corrección y tutela contra la discriminación retributiva”, en la línea de otras iniciativas legislativas de países como Suecia o como Gran Bretaña, y pretende evitar que un tratamiento más general del tema que aborde otros aspectos de la conciliación de la vida personal, o del reparto del tiempo de trabajo, por ejemplo, diluya el objetivo principal que se persigue. La visibilidad social en la opinión pública del problema es más acentuada si existe una legislación específica sobre el particular. En definitiva, esta proposición de ley enlaza directamente con la obligación de los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajo de igual valor, lo que por otra parte remite al compromiso que señala el art. 9.2 de nuestra Constitución respecto del logro gradual de la igualdad material o sustancial. Es además una obligación establecida por textos internacionales como el Convenio 100 de la OIT y desde luego forma parte de la piedra angular de la normativa europea desde la ya histórica Directiva 75/117 de 10 de febrero de 1975, en una línea desarrollada y reiterada por una larga emanación normativa del derecho de la Unión y promovida y concretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que lo ha configurado, también desde su inicio, en el asunto Defrenne II en 1976 como un principio básico que tiene eficacia directa horizontal entre particulares. En lo que se refiere a la vertiente del ordenamiento constitucional, la proposición de ley se reclama de la Ley de Igualdad (LOIEMH) y de la mejor jurisprudencia del Tribunal constitucional, antes de las vacilaciones y retrocesos que ésta ha sufrido a partir del 2010.

No es ahora el momento de describir los contenidos concretos de esta proposición, que como se ha dicho, afecta a una larga serie de disposiciones laborales, comenzando por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, además del Estatuto Básico del Empleo Público y otras más. Se recomienda sin embargo su lectura, porque el texto propuesto evidencia la posibilidad material de corregir normativamente una serie de conductas que actualmente propician, directamente, el incremento o el mantenimiento del diferencial salarial mujeres / hombres. La consulta de su cuidada y detallista exposición de motivos, permite comprender fácilmente el alcance y la importancia de este texto. Las soluciones normativas propuestas son además muy interesantes para una posible recepción en la negociación colectiva, como sin duda podrán comprobar los y las sindicalistas que lo consulten.

Pero a su vez la mención de esta proposición de ley plantea otra serie de interrogantes y suscita no pocas perplejidades. Ante todo el aislamiento mediático y político que parece rodear las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios que no sostienen al gobierno, o, por mejor decir, la irrelevancia que en la opinión pública tiene la actividad parlamentaria que, por definición, es la expresión de la voluntad popular. Este cierto silenciamiento mediático de una actividad parlamentaria seria y rigurosa es especialmente puesto en práctica con el grupo parlamentario de Unidos Podemos.

En materia de derechos sociales, es el gobierno el que legisla por la vía de urgencia y además es él quien aplica el art. 134.6 de la Constitución para vetar las iniciativas del congreso que a su juicio suponga aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios, negando su conformidad para su tramitación. Ya sabemos que más de cuarenta proposiciones de ley han sido vetados sobre esta base en la presente legislatura. El eje del análisis que se efectúa en la opinión pública y vincula la información socialmente relevante es por tanto la potestad normativa del gobierno, su iniciativa legislativa, sin que ni siquiera sea muy comentada el ejercicio continuo de su veto a propuestas de la oposición. Este hecho es muy llamativo, porque reduce la actividad parlamentaria a un espacio opaco incapaz de trasladar a la sociedad las distintas visiones que políticamente se mantienen respecto del marco institucional pretendido o proyectado, de forma que lo único que trasciende es el contraste de opiniones sobre la política del gobierno efectuado en el pleno del Congreso principalmente, en un esquema de preguntas y respuestas en las que el eje de la discusión es siempre la actuación del gobierno, por mucho que ésta resulte severamente censurada por los intervinientes en el debate.

El segundo elemento a destacar es la irrelevancia de la acción parlamentaria de reescritura del tejido normativo, la incapacidad de que estos proyectos alcancen finalmente valor y eficacia jurídica plena en el ordenamiento interno español. La lentitud con la que se desarrolla el procedimiento, la ampliación del plazo de las enmiendas, el estiramiento de los tiempos de elaboración de la norma en el Congreso, a lo que se suma el inútil trámite del Senado que ralentiza aun más el proceso, no sirve para que durante ese dilatado lapso temporal la ciudadanía socialmente responsable conozca y participe en estos proyectos regulativos, sino para asimilar que trabajar en este sentido es un esfuerzo inútil. Lo que en definitiva se quiere transmitir es que el trabajo colectivo empeñado en proponer elementos de regulación alternativos y contrahegemónicos no resulta practicable porque carece de eficacia y de repercusión social.



Este es el daño que la opacidad de la actividad legislativa alternativa a la actual produce al propio sentimiento democrático. Como romper este círculo cerrado es difícil, pero no imposible. La comunicación frecuente y no solo puntual con los sindicatos de este tipo de proyectos, la apertura a la participación de los sectores especialmente interesados y fundamentalmente el acceso a unos medios de opinión pública que asuman valores de participación y de discusión democrática pueden ser elementos que ayuden a superar esa desconexión entre la labor de los representantes de una parte de la ciudadanía que ignora el trabajo que éstos están realizando sobre los temas más decisivos en el momento actual. Como sucede, en efecto, con el de la discriminación salarial entre mujeres y hombres.