JUECES Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO

Es demasiado evidente que en España existe una muy extendida erosión de la imagen de la judicatura, que se ha acentuado en los últimos días. La estrategia del Partido Popular de apropiación de la cúspide de la justicia con la finalidad no sólo de acotar y obstaculizar las investigaciones penales sobre la corrupción, sino también y fundamentalmente para legitimar la actuación del gobierno y controlar a partir de ahí las decisiones de cualquier cambio del ejecutivo, ha sido plenamente exitosa. El mensaje de Cosidó del que este blog se hizo eco y comentó en el post del 20 de noviembre (La apropiación partidaria de la justicia por el PP) deja muy claro cual es la concepción que guía esa estrategia de apropiación de la función jurisdiccional.

Felizmente no toda la magistratura está infectada por este virus tóxico de la sumisión partidista del PP y a los intereses económicos y políticos que este partido defiende, cada vez por cierto de forma más escorada hacia posiciones de extrema derecha que se corresponden a su vez con una visión patriarcal y autoritaria de las relaciones sociales. Una visión que lamentablemente aparece demasiadas veces como el sustrato cultural de algunas decisiones judiciales, precisamente las que saltan al espacio de la opinión pública como decisiones aberrantes en el contexto cultural y político de hoy en día. Existen sin embargo juezas y jueces normales, que tienen opciones ideológicas diferentes, pero que se esfuerzan por encontrar soluciones razonables y equitativas a los problemas y conflictos que se les presenta como objeto de su actividad profesional, como producto de su trabajo concreto. Acostumbrados sin embargo a ser considerados autoridad del estado y por tanto a autoconceptuarse como un poder en si mismos, no reciben de buen grado las críticas que en estos días están cosechando, que les hace aflorar un cierto instinto defensivo del que posiblemente deberían distanciarse.

La separación de magistradas y magistrados de la sociedad  - el “cuerpo separado”  de la misma - está inscrita en el genoma del art. 127 de nuestra constitución, cuando se les prohíbe en pro de la independencia judicial la militancia en los partidos políticos mientras se hallen en activo – con la excepción, como luego sabríamos, de los magistrados del Tribunal constitucional, que no están afectados por este precepto constitucional – y también se les aísla del derecho de sindicación, por entender incorrectamente que su función jurisdiccional excluía cualquier reivindicación socio-económica como empleados públicos y para marcar así de manera neta su separación con el mundo del trabajo y su representación colectiva como rasgo distintivo de los componentes de este poder del Estado.

Sin embargo sabemos hoy también que pese a esa separación del trabajo y de la sociedad, los hombres y las mujeres que ejercen la función jurisdiccional han entendido que es posible expresar el conflicto mediante el recurso a la abstención colectiva de trabajar, declarando así la titularidad y el ejercicio del derecho de huelga, a través de la cual se reivindican mejoras evidentes del servicio público que los recortes del gasto y la incuria del gobierno del PP en la satisfacción del derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva habían ido arruinando.

La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), heredera de la excepcional Justica Democrática de la transición es plenamente consciente de esta problemática. En el último número del boletín de la Comisión de lo Social se publica un editorial que reflexiona sobre estas cuestiones, partiendo del éxito de la huelga del 15 de noviembre y de la crisis abierta en el CGPJ a partir de que se hiciera pública la visión del PP de la finalidad a la que sirven los nombramientos de Magistrados del tribunal Supremo y de la cúpula judicial. El interés que este texto reúne es precisamente el de hacer comprender a sus afiliados la importancia de recomponer la relación – la conectividad se diría ahora – con la sociedad y las preocupaciones de ésta, los conflictos que la atraviesan, y por tanto concebir la función jurisdiccional como un servicio público que satisface el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que sirve directamente a los objetivos de libertad y de igualdad marcados como valores superiores del Estado Social y de Derecho  - pero subrayando también el adjetivo social que normalmente se evita – en el que ésta se integra y sin los cuales no tiene sentido.

El editorial, que se reproduce con la gentil autorización de sus autores/as, es el siguiente:

EDITORIAL

El mes de Noviembre de 2018 ha sido, sin lugar a dudas un mes convulso tanto judicial como socialmente.

Los Jueces/as de toda España hemos secundado la huelga convocada por las asociaciones. Se trata de la segunda huelga de este año, que se ha dirigido frente a los gobiernos del PP y del PSOE, con un respaldo masivo de 3.234 jueces/as, además de 1.004 fiscales, que la convierten en un éxito sin precedentes.

Por otro lado, las lamentables circunstancias que han rodeado la renovación del CGPJ, la ruptura del pacto entre los dos partidos mayoritarios a propósito de un correo electrónico que ponía luz el descarado propósito de control de la institución para fines partidistas y, a causa de ello, la forzada renuncia de M. Marchena, que había sido "designado" y había ya aceptado ser el presidente del CGPJ, antes incluso de que se supiera el nombre de los vocales a quienes la Constitución asigna la competencia para elegirle, revelan un deterioro democrático importante de una de las fundamentales instituciones de garantía de los derechos de la ciudadanía: el gobierno del poder judicial, llamado, precisamente, a defender su independencia frente a las injerencias políticas y partidistas.

Todo ello ocurría tras un duro inicio de mes, en que el aún Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se vio obligado a presentar públicas disculpas por la lamentable gestión de la Sala III del Tribunal Supremo en relación con el abono del impuesto de actos jurídicos documentados con ocasión de préstamos para adquisición de vivienda.

Ante tal panorama, no es de extrañar, que además de las catorce reivindicaciones que se defendieron en la huelga, se resaltara la relativa a garantizar la independencia judicial y la debida separación de poderes como la primera de todas las reclamaciones.

Y es que, una vez más, la cúpula del Poder judicial había echado por tierra el abnegado trabajo que día a día realizamos miles de juezas/es de este país, a menudo con condiciones de trabajo lamentables, trabajo que había merecido un reconocimiento por parte de la ciudadanía durante los plomizos años de crisis, en que la judicatura de trinchera cuestionó las normas más indignas sobre desahucios, cláusulas abusivas, despidos o derechos sociales. 

En nuestro ámbito, la sentencia Diego Porras II (STJUE 21/11/2018, C-619/17) no supone precisamente un avance en la lucha contra la precariedad y el abuso de la contratación temporal, especialmente en las Administraciones Públicas. Esta persona tiene el dudoso honor de ser la primera que ha conseguido llegar a ese Tribunal dos veces. Además, esta sentencia no es la última, dado que debe ahora ser interpretada por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, ni está ni se espera la implicación del legislador contra la precariedad laboral.  

Por otra parte, a nivel social, vemos que los médicos, los profesionales universitarios, los funcionarios/as, en definitiva, quienes trabajan en los servicios públicos, están clamando en muchos lugares por una mejora de las condiciones de prestación de los servicios que constituyen los pilares del Estado del bienestar y que se han venido deteriorando año tras año. También los pensionistas siguen reclamando la conservación del poder adquisitivo de las pensiones, luego de muchos años de trabajo y tras un ejercicio de solidaridad intergeneracional de dignidad indiscutible.

El Informe de Mundial sobre Salarios de la OIT 2018/2019 es revelador de la crisis social por la que atraviesa nuestra querida Europa, devorada por movimientos nacionalistas, identitarios y supremacistas, movimientos que desvían el foco de atención de la creciente desigualdad y trastocan la dirección del conflicto social. No se nos ocurre nada mejor que citar al maestro  L.FERRAJOLI, " " ya no la lucha de clases de quien está abajo contra quien está arriba, sino, al contrario, la lucha de quien está abajo contra quien lo está todavía más, en total beneficio de quien está en lo alto".   (Vid. La Constitución más allá del Estado. Ed. Trotta. 2018. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez)

Del informe de la OIT se extraen varias conclusiones, todas ellas desoladoras:

• El crecimiento mundial de los salarios en 2017 no solo fue menor que en 2016, sino que registró la tasa de crecimiento más baja desde 2008, situándose muy por detrás de los niveles alcanzados antes de la crisis financiera mundial. 
• La brecha salarial de género (ponderada) a nivel mundial se sitúa en torno al 16%. Factores como el que las mujeres suelen obtener un rendimiento salarial menor que los hombres, en igualdad de categoría profesional,  la persistencia de la infravaloración de trabajos feminizados, la insuficiente protección de la maternidad o de la conciliación, siguen siendo los lastres de la igualdad de género más relevantes en el ámbito de las relaciones laborales.  

Desde la Comisión Social de JJpD, queremos mostrar nuestra solidaridad con todos estos colectivos, que, como las personas que componemos la carrera judicial, integramos entre todos el motor humano de este nuestro Estado Social, un estado llamado constitucionalmente a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud   en el real y efectivo goce de los derechos de las personas y los grupos en que se integran. 

CONSTITUCION Y TRABAJO

En este dilatado fin de semana han sido centenares los comentarios y las opiniones sobre la Constitución de 1978, que festejaba sus 40 años de vigencia. Juezas y Jueces para la Democracia va a hacer un boletín especial dedicado a esta efeméride, y ha encargado al titular de este blog una intervención al respecto. Es la que se inserta a continuación.

No es fácil hablar sobre la Constitución en el 2018, 40 años después de su promulgación. Demasiados elogios sobre sus virtudes, demasiadas críticas sobre sus pecados originales e insuficiencias. Normalizando el concepto, hay que tener en cuenta que una constitución es el resultado de un proceso dinámico de confrontación de intereses en donde la referencia a la clase social es decisiva, para construir un modelo que dé gradualmente solución a este conflicto en un cierto equilibrio desigual de tales intereses económicos, sociales y políticos. La clave de este conflicto siempre presente y en permanente recomposición la suministra en la Constitución de 1978 la conexión entre el reconocimiento del Estado social de Derecho y el compromiso de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad sustancial derivados de factores económicos, sociales y culturales, que indica el art.9.2 de este mismo texto legal.

La Constitución instaura un sistema de derechos fundados en el trabajo que pretende invertir profundamente el orden autoritario del franquismo. Aunque el principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE será una pieza fundamental en el desarrollo por el Tribunal constitucional de toda una línea de orientación y desarrollo de los derechos compensando la omisión de la perspectiva de género en el texto aprobado, el elemento que singulariza el nuevo sistema de derechos democráticos es la preponderancia de la libertad sindical y el derecho de huelga como derechos fundamentales protegidos al máximo nivel con garantía judicial preferente y sumaria que puede ser sometida al recurso de amparo ante el Tribunal constitucional. Declarar derechos fundamentales la organización sindical libre y la huelga de los trabajadores como medio de defender sus intereses suponía invertir absolutamente el tratamiento que el franquismo había otorgado al conflicto y a la organización colectiva de los trabajadores, que se resumía en la triple lógica represiva – penal, gubernativa y disciplinaria laboral – en una continuidad que atraviesa las diversas etapas del régimen, hasta el momento inmediatamente anterior a las primeras elecciones libres de junio 1977. En un segundo plano se sitúa el derecho de negociación colectiva como un derecho anclado en el fenómeno de la representación colectiva al que sin embargo se asocia un importante elemento, el desarrollo legal de la fuerza vinculante del convenio colectivo como complemento ineludible de esa función institucional reconocida a los sindicatos representativos, de forma que el modelo legal que se plasmará en el título IIII del Estatuto de los Trabajadores vendrá a ser la forma prioritaria de la regulación autónoma de las relaciones de trabajo en este país.

Otros derechos colectivos han tenido escaso desarrollo o no han sido interpretados en los términos en los que fueron escritos. Sucede así con con el compromiso de los poderes públicos contenido en el art. 129.2, ya en el Título VII de la Constitución destinado a regular la Economía y la Hacienda, de “promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa”, y el añadido de “establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”, dos indicaciones que no han tenido seguimiento efectivo. En efecto, la participación en la empresa se ha reducido a la previsión de las formas electivas de representación del personal en los centros de trabajo que regula el Título II del Estatuto de los Trabajadores y que sobre el primitivo bosquejo ha sido desarrollado principalmente por las innovaciones que provienen del reconocimiento amplio de los derechos de información y consulta en la Unión Europea, sin que hasta el momento se hayan previsto fórmulas “eficaces” que instalen en el ordenamiento jurídico experiencias de cogestión o codeterminación, o que prevean la participación directa de los trabajadores en el gobierno de la empresa, ni en la gran empresa privada ni en las sociedades o grupos de empresa transnacionales. La Constitución también prevé un “Estatuto de los Trabajadores”. Pero la ley que desarrolla este precepto no satisface su contenido posible, se limita a ser una ley de contrato de trabajo a la que se añade un Título relativo a la representación unitaria de personal en la empresa y otro a la negociación colectiva de eficacia normativa y general. Pero no incorpora la declaración de derechos civiles que corresponden a los trabajadores en cuento ciudadanos que deben también ser garantizados en los lugares de trabajo aunque modulados y limitados en función de la organización de la empresa y el poder de dirección y control que se deriva de la relación laboral, lo que ha tenido que efectuar la jurisprudencia del TC.

La constitución española no está fundada sobre el trabajo, como si lo está la constitución italiana ni tampoco recupera el primer artículo de la Constitución republicana de 1931, que afirmaba que España era una república de trabajadores de todas clases. El derecho al trabajo aparece en el art. 35.1 CE, y se corresponde con el compromiso de los poderes públicos en el art. 40 CE de realizar una política orientada al pleno empleo, un objetivo “especial” que se recalca además a la hora de diseñar un sistema de seguridad social para tutelar a los ciudadanos ante situaciones de necesidad, “especialmente en casos de desempleo”. El derecho al trabajo se configura como un derecho político que integra la condición de ciudadano de un país determinado en tanto se reconoce la centralidad social, económica e ideológica del trabajo como elemento de cohesión social y como factor de integración política de las clases subalternas en las modernas democracias. Está indisolublemente ligado a la tutela legal y convencional del trabajo, al reconocimiento de los derechos individuales y colectivos derivados de la prestación de trabajo. Requiere un trabajo de calidad, se opone materialmente a la degradación del empleo a través de la instalación de la precariedad como forma permanente y cotidiana de inserción de sujetos débiles y colectivos vulnerables. La crisis sin embargo ha trastocado algunos de estos puntos de referencia mediante la remercantilización del trabajo y su consideración como una libertad económica, asociada al mercado y a la libre empresa. Pero el derecho al trabajo no encuentra condicionada su vigencia por la política de empleo, no se disuelve en la intervención sobre el mercado laboral. Tiene un propio contenido laboral que se refiere a las garantías del derecho de quienes efectivamente están ejercitándolo, y que fundamentalmente se centran en los límites que ley y convenio colectivo imponen a la facultad del empresario de poder rescindir unilateralmente el contrato, su poder de despedir.

El Estado social es la base de la democracia y por consiguiente produce directamente el carácter político de los derechos que los poderes públicos ponen en marcha sobre la base de esta cláusula social y democrática. La Constitución compromete a estos poderes en una política social amplia, desgranada en una serie de vectores que van desde la educación, la vivienda y la protección a la familia, hasta las áreas típicas de prestaciones sociales antes situaciones de necesidad, el sistema de seguridad social, la sanidad pública, la asistencia social, con menciones específicas al sistema de pensiones de vejez. Se trata de derechos de prestación que en una importante mayoría tienen un contenido económico que busca la sustitución de renta dejada de percibir por la imposibilidad de efectuar un trabajo. Son derechos de la ciudadanía social que llevan aparejado un importante gasto público que compromete por tanto la financiación estatal y contributiva de los sistemas que organizan y erogan las prestaciones en que se expresan tales derechos.

La introducción a partir de la aprobación sin refrendo popular del art. 135 mediante el pacto bipartidista de agosto de 2011, de los principios de estabilidad presupuestaria y prioridad absoluta en el pago de la deuda cuyos créditos no pueden ser negociados ni aplazados implanta en la práctica un límite importante a la acción política y democrática que los poderes públicos están obligados a sostener en función del compromiso de procurar la igualdad sustancial en las relaciones sociales, y a facilitar la satisfacción de las necesidades sociales fuera de los mecanismos promovidos por el mercado. Ello ha dado como resultado la reducción del gasto social y la subversión de los principios básicos que rigen el reconocimiento de los derechos sociales de ciudadanía garantizados por el Estado social, pese a que una jurisprudencia constitucional permisiva haya validado este proceso de degradación normativa de la Constitución. Ese precepto debilita el pluralismo político y social e ignora el carácter directamente político de los derechos ciudadanos reconocidos a partir de los principios rectores de la política social y económica permitiendo una configuración legal de los mismos arbitraria y reductiva. No es posible considerar los derechos sociales reconocidos en la Constitución como derechos en suspenso que sólo pueden cobrar vigencia en la medida y con el alcance que establezca discrecionalmente el poder público en razón del principio de sostenibilidad financiera. El contenido esencial de los mismos, el núcleo indisponible de sus características estructurales, tiene que ser preservado y garantizado de manera neta en cualquier caso.

LA LUCHA OBRERA CONSIGUE VICTORIAS (EL CASO COCA COLA)

Han sido muchos años de lucha, pero es que el adversario era grande y poderoso. No sólo la gran multinacional, sino la propia configuración institucional de la norma laboral, que cambió en el 2012 degradando derechos y garantías y posibilitó una operación de ingeniería jurídica para reorganizar la empresa que lesionó gravemente los derechos laborales. Así surgió Coca Cola en lucha, los 300 y las Espartanas, en un proceso de movilización que ha combinado la acción directa de la huelga, las manifestaciones y la presencia en las calles, los campamentos y la utilización de las redes sociales, el acceso del conflicto a los medios de comunicación – los spots de Navidad y el muy famoso posado en Interviú – y una acción jurídica impecable dirigida por Enrique Lillo con una fuerte capacidad de representación, la convergencia de las identidades masculina y femenina en la defensa del trabajo digno, la ligazón con el sindicato como espacio de solidaridad y de apoyo reivindicativo, y sobre todo ello, el gesto heroico de la resistencia colectiva que mantiene vivo un proyecto de futuro en torno al derecho al trabajo.

La lucha de los hombres y de las mujeres de Coca Cola en Fuenlabrada llamaría la atención en otros países como objeto de estudio sobre el que se escribirían artículos y libros, y como material para documentales, series televisivas de ficción, películas de éxito. Habría estado presente como sección fija en las columnas de los principales periódicos del país, como lo ha sido durante ya años la “cuestión catalana” y ahora amenaza con convertirse el emergente fascismo de Vox, se habría infiltrado en los debates políticos de los candidatos en las elecciones generales. Sin embargo, nada de eso ha sucedido, salvo en pocos casos. Se ha colocado este proceso insólito de resistencia colectiva en defensa del derecho al trabajo en los márgenes de la información y en la periferia de la atención política y académica. Hay excepciones, desde luego, aquí se recuerdan algunas. 

Gracias a Eddy Iglesias, la editorial La Oveja Roja publicó una autobiografía colectiva extremadamente interesante, Somos Coca Cola en Lucha, la vicisitud jurídica del pleito de Coca Cola desde la importantísima sentencia del Tribunal Supremo que declaró la nulidad de los despidos por vulneración del derecho de huelga y las peripecias obstruccionistas posteriores de la empresa, han sido seguidas de manera regular en la Revista de Derecho Social, precisamente a través de intervenciones de su abogado, Enrique Lillo, y la sentencia ha sido considerada uno de los casos emblemáticos de la jurisprudencia limitativa del diseño regulativo presente en la reforma laboral del 2012, la persecución penal que sufrió Juan Carlos Asenjo con el objetivo indisimulado de escarmentarlo por su tenacidad en la dirección del conflicto, también fue recogida en la crítica jurídica que se llevó a cabo en conjunto a la persecución penal de sindicalistas, también en artículos publicados en la Revista de Derecho Social, en el contexto del debate sobre otro conflicto emblemático, el de los 8 de Airbus. En la arena de la política, sólo Izquierda Unida y Podemos participaron activamente en la defensa de los trabajadores de Coca Cola en lucha. La prensa sindical, algunos blogs - como señaladamente este mismo - y  ciertos articulistas siguieron los avatares del conflicto, pero siempre en la periferia de la centralidad mediática, en periódicos y televisiones.

Pero en general, la visibilidad de esta lucha ha sido posible gracias a una relación virtuosa entre el sindicato – las estructuras confederales de acción sindical, con Ramón Górriz y la intervención del propio secretario general, Ignacio Fernández Toxo en un momento muy delicado en el interior del debate sindical con una confrontación entre la Federación Agroalimentaria y el comité de empresa – y el colectivo que han formado no solo los trabajadores sino también sus familias y en especial las mujeres, que han sabido construir imaginativamente un espacio de solidaridad que ha ganado a cientos de miles de ciudadanos a la comprensión y a la empatía con esta causa. La solidaridad no sólo se ha manifestado en el Campamento Dignidad y en los aplausos en todas las manifestaciones en las que las camisetas rojas de Coca cola en lucha desfilaban, sino en la consideración de este conflicto como una piedra de toque en la construcción de estrategias de resistencia y de movilización por el derecho al trabajo.

Tras cien triquiñuelas y obstáculos, el conflicto se ha terminado mediante un acuerdo satisfactorio. La explicación del mismo la ha efectuado el Comité de empresa Coca Cola en Lucha, a través de un comunicado que este blog publica por cortesía de nuestro compañero Juan Carlos Asenjo. La moraleja de la historia es muy clara. Las luchas obreras se pueden ganar por muy grande que sea el adversario, si se mantiene la unión entre el colectivo afectado, se presiona con inteligencia combinando la acción directa con la acción jurídica de defensa de los derechos, y se desborda la comprensión del conflicto obteniendo la solidaridad de todas y todos los trabajadores y la ciudadanía. La reivindicación del derecho al trabajo es el centro de esta lucha. Por eso es imprescindible, porque hace ver a todo el mundo que l trabajo es el centro de la actividad social y política sin el cual la democracia no tiene sentido.

Este blog por tanto se complace enormemente en poder difundir el comunicado de Coca Cola en Lucha. Es el texto de una victoria, una victoria lograda por trabajadores y trabajadoras organizadas sindicalmente que han sostenido tenazmente una lucha desigual con un resultado extremadamente positivo. Algo que conviene recordar en estos tiempos sombríos en los que predomina el miedo y el desconcierto.

Este es el comunicado

COMITÉ DE EMPRESA - COCA COLA EN LUCHA FUENLABRADA

INFORMA

Tras 5 años de conflicto y lucha con la organización Coca Cola y su Embotelladora CCIP-CCEP, os comunicamos que la RLT y Trabajador@s de Fuenlabrada, ponemos fin a este  conflicto laboral y social basado en los siguientes términos:

A través de un dialogo de varios meses, hemos conseguido nuestro objetivo de retornar al fondo de la sentencia firme del TS de abril de 2105 la cual fue modificada, y desde ese punto de partida en negociación se ha alcanzado un preacuerdo que ha sido ratificado ampliamente por l@s trabajador@s afectados del centro de trabajo. Preacuerdo avalado por más del 95% de la plantilla.

Desde ese punto simulado de retorno judicial a 2015, solo cabían dos posibilidades para poner fin al conflicto que venimos manteniendo con Coca Cola como consecuencia de esa modificación de sentencia firme en su fase de ejecución. Una irresponsabilidad política y judicial que los trabajadores hemos tenido que subsanar a base de lucha y conflicto con Coca Cola. En negociación la RLT ha contemplado dos posibilidades para terminar con el conflicto, la ejecución real de la sentencia o la aplicación simulada de la LRJS y la filosofía del art 284, que contempla la liberación de prestar servicio con retribución de salarios hasta que se cumpla dicha sentencia con las garantías personales acordadas.

Hemos alcanzado un preacuerdo que contempla el compromiso de Coca Cola de retornar a un proyecto fabril en la zona centro (Madrid, Radio de 70 KM) en un plazo máximo de 2 años para todos los trabajadores menores de 58, los Trabajadores mayores de 52 años pasarían a activar su prejubilación en enero de 2019 y enero de 2021 respectivamente en función de su edad, los Trabajadores que a fecha de enero de 2021 no tengan los 52 años de edad para acceder a la prejubilación, estarán durante 2019 y 2020  con permiso retribuido y su salario actual durante los 2 años hasta activarse ese compromiso fabril que contempla el preacuerdo.

Ante la posibilidad de que Coca Cola no cumpla con ese compromiso de instalar una fábrica en base a su historial de no someterse a cumplir las resoluciones judiciales desde 2014 con Fuenlabrada, se ha incorporado al preacuerdo un Plan Social como garantía individual para toda la plantilla para ese supuesto, puesto que la plantilla será 7 años mayor que cuando estalló el ERE y  el conflicto, la edad de la plantilla estaría en una media de 55 años, es una garantía personal en caso de no existir ese proyecto fabril. Esa garantía contempla el cobro de salarios pactados con liberación de prestación de servicio a la empresa hasta la edad de jubilación de la plantilla, habiéndose acordado el abono del 80℅ del salario neto como media para el colectivo de menores de 52 años. Para los Trabajadores mayores de 52 años, se activará la prejubilación con extinción de contrato por incumplimiento del proyecto logístico COIL con salarios medios del 93℅  para este colectivo. Para mayores de 61 años, extinción con indemnización y pago único pactado para su acceso a la Jubilación.

Se ha conseguido el compromiso fabril de la sentencia de 2015, y en su defecto, se ha alcanzado un plan social con salarios abonar  basado en la filosofía del art 284 de la LRJS. El cauce jurídico de este preacuerdo colectivo será la  ejecución de las demandas individuales del Juzgado de lo Social de  Móstoles que dictó nuevamente NULIDAD sobre el proyecto Logístico “COIL” sobre las condiciones de readmisión en ese centro de creación exclusivamente unilateral de COCA COLA con la única intención de modificar las condiciones Sustancial de trabajo y de la readmisión.

Hemos conseguido anular el proyecto Logístico que Coca Cola puso unilateralmente al modificarse la sentencia, quedando anulado ese centro/gueto de maltrato laboral y psicológico con el que hemos estado obligados a convivir durante 3 años, el cual,  COCA COLA ha reconocido que no necesita y que sólo tenía el objetivo de liquidación de la plantilla de Fuenlabrada y terminar con los procesos judiciales con está planilla. Nuestra lucha y objetivo durante 5 años nunca ha sido para vivir maltratados en un gueto laboral.

Está victoria que pone fin al conflicto de Fuenlabrada, es un triunfo de toda la clase trabajadora y social, de todos/as que desde la cercanía o lejanía nos habéis ayudado a que nuestra plantilla evitase un ERE ilegal, anuláramos los despidos, recuperásemos nuestro centro de trabajo y que nadie quedará al desamparo de la exclusión social. Ello será posible por la vía del compromiso fabril, o en su defecto,  por las garantías individuales del Plan Social, una victoria para la clase trabajadora y que debe servir de esperanza e ilusión  para no someterse y luchar ante las injusticias y adversidades como las reformas laborales. Además de escarmiento para las empresas/multinacionales que no respetan los derechos de sus trabajadores. Estamos seguros que Coca Cola ha tomado nota por el coste que le ha supuesto este conflicto en todos los sentidos, lo cual debe servir como aviso para el capital salvaje, irresponsable y sin escrúpulos que tenemos en nuestro País.

El fin del conflicto debería llegar por el Proyecto fabril en esa fase temporal de dos años, sería lo razonable social y laboralmente, de no ser así, nuestro futuro y el de nuestras familias estará garantizado.

“Que viva la lucha de la clase Obrera”

“GRACÍAS”