POR UNA EUROPA SOCIAL. LLAMAMIENTO SINDICAL ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS DE MAYO DEL 2019

En el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 26 de mayo la atención mediática se concentra en los resultados que pueden obtenerse en las grandes ciudades, y en especial en aquellas en las que hace cuatro años triunfaron las candidaturas ciudadanas impulsadas por la izquierda política y movimientos sociales de todo tipo, o en las elecciones autonómicas que se van a celebrar y el posible vuelco de las mayorías hasta el momento vigentes en el gobierno de las mismas. Una atención muy residual se destina a las elecciones europeas, cooperando así a la idea de que se trata de un proceso electoral de segundo orden que ayuda a conformar un órgano de escasas competencias e influencia.

Esta desatención ha hecho que cayera en el vacío el importante llamamiento que tanto UGT como CCOO han efectuado a sus afiliados y al resto de la sociedad para expresar los contenidos que a su juicio deben ser defendidos en la conformación del nuevo Parlamento europeo en el 2019, que se prolongará por cinco años hasta las siguientes elecciones. El llamamiento, que reivindica una Europa progresista y democrática, es especialmente valioso en un contexto político en el que el empoderamiento de la extrema derecha en cada vez más países de la Unión Europea tampoco ha sido resaltado ante la opinión pública. En efecto, el mítin que se ha realizado el sábado 18 de mayo en Milán, que ha entronizado a Matteo Salvini  - presidente del consejo de ministros italiano, no lo olvidemos - como líder indiscutible de las derechas soberanistas y xenófobas, ante formaciones políticas correspondientes a 11 países europeos entre los que sobresalía Francia y Marine Le Pen, es un dato extremadamente preocupante del que seguramente entre nosotros no se ha querido dar el relieve que se merecía esta amenaza autoritaria por el hecho de que Vox, el partido ultraderechista español, no haya participado en él, posiblemente porque dudaba entre su impulso neoliberal y su discurso nacionalista y autoritario. La falta de conexión con la realidad política española es suficiente por tanto para que los grandes medios obvien esta noticia, como si la situación de la correlación de fuerzas que se está desarrollando en Europa tras la larga etapa de las políticas de austeridad no influyera decisivamente en el desarrollo de las estrategias y programas de gobierno en este país.

No es por tanto casual que este llamamiento sindical de las dos grandes confederaciones más representativas españolas, efectuadas por separado con arreglo sin embargo a unos objetivos comunes, apenas haya tenido cabida ni repercusión en las noticias del momento, centradas en lo que se interpreta como una “segunda vuelta” de las elecciones generales de abril de 2019 en las que se juega la definición de la potencia de las fuerzas de la derecha, la confirmación de un apoyo significativo al PSOE y la subsistencia de las candidaturas ciudadanas propulsadas por la izquierda que ahora se presenta dividida en varios puntos clave.

Sin embargo, es evidente que las listas electorales que los distintos partidos han presentado al parlamento europeo están compuestas por importantes personalidades muy relevantes dentro del pensamiento político de las respectivas formaciones políticas. Dejando de lado el caso de Dolors Montserrat, cuya presencia en la cabeza de lista del PP se debe interpretar como una dulce recompensa a sus dislates parlamentarios, tanto Luis Garicano por Ciudadanos como Josep Borrell por el PSOE son indicativos de los idearios que ambos partidos pueden desempeñar en la Eurocámara, el primero desde la defensa de las posiciones más liberales y continuistas de las políticas de austeridad y las libertades económicas, la oposición a un sistema fiscal europeo y la reducción del gasto público, el segundo, recuperando las propuestas socialdemócratas que intentan concretar el pilar social en iniciativas de alcance, como el salario mínimo europeo y una vaga promesa de una prestación por desempleo “complementaria” que relanzarían la idea de una Europa Social.

La lista de Unidas Podemos es, sin duda, la más atractiva para una perspectiva democrática y de progreso, tanto por la presencia de Maria Eugenia Rodriguez Palop, una intelectual respetada y activa en el desarrollo de los derechos humanos, que conecta con la necesidad de una Europa con más democracia y derechos y con políticas de inmigración que respeten los textos internacionales en esta materia, como por la de Ernest Urtasun, que tiene ya una experiencia parlamentaria europea y que se concentra en la necesidad de una transición ecológica y ambiental que revaloriza la problemática del cambio climático y la adopción de medidas correctoras de este desastre que se avecina. Esta lista electoral es sin duda la que personifica el compromiso con una Europa democrática, solidaria e igualitaria, que es uno de los puntos centrales del llamamiento sindical, junto con las medidas que se agrupan bajo la rúbrica que defiende una Europa de las personas, y no solo de los mercados, una Europa de los derechos de ciudadanía y de los servicios públicos. Una Europa feminista y que camine hacia una transición justa hacia la economía digital y por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

En los debates sobre Europa esta dimensión política y ciudadana es la que prevalece. Y en gran medida la focalización de las discusiones sobre el problema de la inmigración, que es el caballo de batalla de la extrema derecha, obliga justamente a revalorizar este enfoque de derechos de ciudadanía. Igualmente es decisivo el debate sobre la imposibilidad de concebir el futuro desde una posición puramente nacional y soberana, sino a partir de una concepción supranacional que se asiente sobre un fuerte sistema democrático de contrapesos y poderes y sobre un sistema potente de derechos. Sobre ambos temas ha intervenido con gran contundencia Rodriguez Palop en debates y entrevistas. Pero es también conveniente recordar la importancia que debe tener una Europa de los y las trabajadoras, una Europa social. CC.OO. y UGT han señalado con claridad algunas propuestas desde la reivindicación del restablecimiento de un nuevo “contrato social”. Estas propuestas son muy concretas y evidentes.

A)     El Pilar Europeo de Derechos Sociales no puede agotarse en vagas declaraciones genéricas sino incluir un catálogo preciso de derechos mínimos y vinculantes para todos los Estados miembros que tenga una dotación económica suficiente. No basta con que se haya revitalizado la producción de normas europeas en política social, como la directiva sobre desplazamiento de trabajadores o la Directiva sobre transparencia en las condiciones contractuales de trabajo. Es preciso avanzar en la consecución de objetivos centrales de respeto y garantía de un mínimo de derechos que se relacionen con los reconocidos en la Carta De derechos fundamentales de la Unión europea y le den efectividad a los mismos en el ámbito europeo.

B)     Incorporar un “Protocolo de progreso social en el Tratado de la UE”, que garantice que las libertades económicas y las reglas de la competencia no tengan prioridad sobre los derechos sociales fundamentales y el progreso social, y que en caso de conflicto los derechos sociales tengan prevalencia sobre los económicos. Se trata de una reivindicación esencial que el movimiento sindical europeo lleva reivindicando desde la restricción de derechos de acción colectiva frente a las libertades económicas de establecimiento y de prestación de servicios que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de justicia en el llamado “Cuarteto Laval”, y sobre el que ya hay propuestas técnicamente muy avanzadas. En el próximo número de la Revista de Derecho Social que aparecerá en junio de este año, el profesor Antonio García Muñoz publicará un artículo en el que aparece esta propuesta detalladamente explicada.

C)     Creación de un “Semestre económico y social”  - en paralelo al semestre europeo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los miembros de la UE como regla proveniente de la gobernanza europea tras la crisis- donde se establezcan al mismo nivel obligaciones de carácter presupuestario y económico y de carácter social; con indicadores de cumplimiento y sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia social, tal y como ya existen para la inobservancia de las obligaciones económicas.

A estas tres reivindicaciones muy concretas, los sindicatos ponen también en valor una Europa del Trabajo Decente, en consonancia con el centenario de la OIT y la vigencia universal de esta noción, que se tiene que incorporar a las reglas y prácticas de la Unión Europea. Esta mirada sobre la Europa social lleva consigo también tres objetivos muy claros.

A)     Debe garantizarse una negociación colectiva fuerte y eficiente, lo que pasa por una Legislación de la UE y nacional que refuerce la capacidad de los interlocutores sociales para fortalecer la negociación y la aplicación de los convenios colectivos y ampliar su cobertura entre las y los trabajadores. Los sindicatos deben poder ejercer libremente sus actividades como actores sociopolíticos. No puede limitarse el derecho a la huelga, ni a la defensa colectiva de los derechos laborales, ni coartar la acción de los sindicatos.

B)     Debe garantizarse un salario mínimo en la UE que establezca un nivel de ingresos digno para todos y todas las trabajadoras, y además evite el dumping social y la discriminación salarial y de condiciones de trabajo entre la ciudadanía de la Unión Europea.

C)     Debe asegurarse la protección social, incluida la protección por desempleo, a toda la ciudadanía de la Unión Europea. No se trata por tanto solo de consolidar y perfeccionar el principio básico de la seguridad social europea previstos en los Reglamentos comunitarios sobre la base de favorecer la libre circulación de trabajadores dentro de la UE, sino de saltar a una concepción más plena de la protección social que impulse la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que en concreto también debe llevar aparejada la creación de una prestación europea de protección del desempleo.

La defensa de este programa es una condición necesaria para poder edificar la Europa democrática, igualitaria, feminista y sostenible que constituye el eje de las fuerzas del cambio y del progreso. Situar en el primer plano del debate estas reivindicaciones permitirá que la problemática europea se enlace fácilmente con las necesidades de una existencia social cotidiana que solo adquieren sentido en una perspectiva multiescalar, desde el ámbito de lo local al supranacional, pasando por lo regional y nacional-estatal. Es fundamental señalarlo y hacerlo conocer entre la ciudadanía que está convocada a las urnas el domingo 26 de mayo.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y MADRID. HABLA JOAQUIN APARICIO

Estamos en pleno proceso electoral. Se pone en juego el gobierno democrático de municipios, Comunidades Autónomas y la orientación política que queremos imprimir a la Unión Europea. En ese panorama, la lucha por algunas "plazas fuertes" es decisiva. Una de ellas, posiblemente la más emblemática, es la de Madrid. Joaquín Aparicio nos traslada una reflexión sobre este asunto que la blogosfera de Parapanda repica con enorme júbilo. Para el buen entender de nuestras lectoras y de nuestros lectores. 

LA BATALLA DE LAS DERECHAS POR MADRID. Y LLEGÓ CAYETANA “LA HECHIZADA”

Joaquín Aparicio Tovar

Madrid siempre ha sido una pieza codiciada por la derecha, no solo por el valor simbólico que da ser la sede de la capital del Estado, sino también, y sobretodo, por las oportunidades de negocio que al socaire de lo público se ofrecen a la oligarquía de siempre, que junto con otros arribistas, se mueven con un pie en el fango de la delincuencia económica y el otro en las instituciones en las que se supone se gestiona la cosa pública. El tamayazo, que llevó allá por 2003 a Esperanza Aguirre al poder de la Comunidad de Madrid, mostró que medios torticeros están dispuestos a utilizar si las urnas no dan el poder político a quienes han sido elegidos previamente en los altos despachos de los poderes económicos. Eso si, critican de puertas afuera hasta el ridículo a la burguesía catalana por su inclinación al negoci.

Más de veinte años lleva el PP gobernando la Comunidad de Madrid y casi otro tanto el Ayuntamiento de la capital hasta que en 2015 fue desalojado por la candidatura Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente. En esos años la corrupción ha sido rampante. Un alto número de altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluidos presidentes, están investigados en diversos procedimientos judiciales y tras pasar por la prisión preventiva se hayan en libertad provisional. El PP venía acusando un desgaste tan alarmante que las élites a las que sirve decidieron que era hora de ir preparando un recambio, y ahí están ahora las tres derechas. Las dos nuevas derechas no ha tenido tiempo de meterse de lleno en grandes operaciones de corrupción (aunque sí alguna menor, como que algún dirigente haya cobrado sueldos públicos sin justificación alguna), de ahí que una de sus banderas (a parte de agitar el espantajo de la ruptura de España)  sea la de presentarse como gente “limpia”. Ahora bien, en lo que toca al negoci,  que es sobretodo lo importa a sus patrones, las tres derechas tienen claras coincidencias.

La Comunidad de Madrid es una de las más ricas de España, si no la que más, pero es la menos invierte en educación pública y la que, en consecuencia, tiene mayor segregación escolar entre ricos y pobres. Eso es gravísimo porque una educación igualitaria es una base esencial de la democracia, del estado social y democrático de derecho. “Puesto que toda ciudad tiene un solo fin, es claro que también la educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos”, nos recuerda Aristóteles en su Política, pero aunque no se llegue a realizar por completo la propuesta aristotélica, parece claro que la segregación trae un empobrecimiento de la vida colectiva, mayor desigualdad y perpetuación de las diferencias de clase. No se puede enclaustrar a los seres humanos en el estrecho espacio social de la familia en la que nacen, y es ahí donde la escuela, la educación pública, abre un espacio a la sociabilidad y la libertad. En el deterioro de la escuela pública y por tanto en sus consecuencias, las tres derechas coinciden y, por cierto, este es un terreno en que la corrupción ha florecido.

También la Comunidad de Madrid es una de las que menos invierte en sanidad pública, lo que lleva a un deterioro de la otrora muy buena red sanitaria, especialmente acusado en la atención primaria, que es pieza central de un buen sistema sanitario. En coherencia con esa política, desde lo público se incentiva el negocio privado sanitario. Ahí también coinciden las tres derechas y ahí también hay un nido de corrupción.

La política fiscal del PP ha convertido a la Comunidad de Madrid en un paraíso fiscal para las clases más pudientes. Ha reducido al mínimo o ha hecho prácticamente inexistente la tributación por sucesiones, donaciones y patrimonio que a quien más beneficia es esas clases precisamente. También es una de las que menos recauda por el tramo autonómico del IRPF, lo que da lugar a que sea una comunidad con una deuda superior a la que por su riqueza podría tener de haber puesto en marcha una política fiscal más justa y menos complaciente con los ricos.

El caso de Ayuntamiento de Madrid es paradigmático. En 2015 los gobiernos de Gallardón y Botella dejaron una disparatada deuda de más de 5.600 millones de euros, vendieron viviendas sociales a fondos buitres a precios irrisorios, contrajeron deudas con entidades financieras mediante mecanismos complejos que beneficiaban a esas entidades a costa de lo público (estas dos últimas operaciones están hoy, por cierto, bajo la lupa de los tribunales), firmaron contratos de alquiler de edificios con entes privados sin que se les diese un uso para satisfacer una necesidad pública, se pagaban cantidades exorbitantes a determinadas compañías para el mantenimiento de los túneles de la M 30, y resultó que ese mantenimiento no se hacía. Al cierre del ejercicio de 2018 el Ayuntamiento de Carmena había rebajado la deuda a ¡2.700! millones y eso sin que se haya parado en el esfuerzo, con magnificas realizaciones, de hacer una ciudad más humana.

No es extraño en este panorama que las derechas estén dando una gran batalla por retener la Comunidad de Madrid y recuperar el Ayuntamiento. Ahora ha entrado en liza la sra. Álvarez de Toledo, marquesa de no se sabe qué, cuya arrogancia es tan fuerte que la ignominiosa derrota sufrida en Cataluña, en vez de cura de humildad, no la ha hecho modificar un ápice de sus modos de comportamiento. Esta señora cuando habla, más bien ordena. Es como si cuando se dirige a la ciudadanía se estuviese dirigiendo al servicio, sobre el que ella, of course, está por encima. Entre otras lindezas, ha llamado senil a Manuela Carmena. Manuela siempre ha estado orgullosa de su edad, de lo que ha vivido, precisamente porque con el paso del tiempo ha aprendido a ser paciente y a escuchar a los demás, sin dejar de seguir luchando por el ideal de una ciudad amable, inclusiva, tolerante, que se refleje en la estatura de Juan Genovés “El abrazo”, que está en Antón Martín, frente al despacho de abogados de Atocha 55, en donde unos pistoleros fascistas asesinaron a algunos de sus compañeros. Cayetana Álvarez de Toledo  representa bien a esa derecha española que hace ascos de aquel proceso de la Grecia clásica de la formación del ser humano, la paideia, en el que las personas mayores de la ciudad tenían un papel relevante en la educación de los jóvenes. De Cayetana se dice que es experta en la historia española del siglo XVII, ¿será por eso que tiene un notable parecido con el Carlos II, “el hechizado”, que retratara Carreño de Miranda?

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE EL CONTROL DE JORNADA. PRIMERAS IMPRESIONES

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de su Gran Sala de 14 de mayo de 2019, en el asunto C- 55/18, ha resuelto un cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional que se preguntaba sobre la adecuación del derecho europeo de la doctrina del Tribunal Supremo que interpretó, en una muy criticada decisión, que no era necesario el registro de la jornada por parte de las empresas, para delimitar la diferencia entre jornada  ordinaria y la realización de horas extraordinarias, interpretando de ese modo el art. 35.5 ET.

En el origen de la cuestión prejudicial está la promoción por CC.OO. de un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra el Deutsche Bank colectivo para que se planteara cuestión prejudicial por entender que esta interpretación del 35.5 ET no era conforme con la Directiva relativa al tiempo de trabajo, (Directiva 2003/88/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo) ni garantizaba tampoco el cumplimento efectivo, es decir, el efecto útil de las obligaciones establecidas en la Directiva relativa a la seguridad y salud en el trabajo,  de la Directiva 89/391 C.E. del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Por último, esta interpretación del Tribunal Supremo sobre el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, al no exigir un registro de control de la jornada ordinaria, no garantizaba el cumplimiento del derecho a la limitación de jornada establecida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de manera que estos preceptos constitucionales deberían tener aplicación en el ordenamiento interno español. Todos estos argumentos han sido acogidos por la STJUE de 14 de mayo de 2019.

La decisión favorable del TJ era ya segura, tras conocer el informe del Abogado General el 31 de enero de este año, que fueron comentadas diligentemente en este blog por Francisco Trillo en este enlace al que nos remitimos para una mejor comprensión del contenido del asunto El registro de jornada es una obligacion, y a su vez eso forzó al gobierno de Pedro Sánchez a anticipar una modificación legal mediante el RDL 8/2019 de 8 de marzo, según el cual  “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”, pero la organización concreta del registro y su documentación la tiene que realizar la negociación colectiva, el acuerdo de empresa o, si no se llega a un acuerdo o éste no se produce, la decisión unilateral del empresario. Las críticas empresariales a este precepto, pese a su ligereza en la imposición de este deber legal que entró en vigor a partir del domingo 12 de mayo pasado, han sido muy numerosas, la gran mayoría de ellas basadas en lo obsoleto de ese tipo de regulación que se equipara con el método de control de la presencia en la fábrica de la organización fordista y por tanto plenamente superado. La Sentencia del Tribunal de Justicia por el contrario da una respuesta contundente a estas opiniones y, lo que es más importante, sugiere pautas de interpretación a los agentes de producción del derecho que pueden ser desarrolladas de manera inteligente como fórmulas de regulación muy sugerentes.

No es ahora el momento de hacer un análisis en profundidad del texto de la Sentencia, pero sí de resaltar algunos aspectos importantes de la misma. En primer lugar, la relación directa que se establece con el cumplimiento de la jornada de trabajo y la preservación de la salud laboral. La Directiva interpretada pertenece al ámbito de la regulación de la salud y seguridad de los trabajadores, porque “ la armonización en el ámbito de la Unión Europea en materia de ordenación del tiempo de trabajo tiene como fin promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, permitiendo que estos disfruten de períodos mínimos de descanso —en particular, de períodos de descanso diario y semanal—, así como de períodos de pausa adecuados, y estableciendo una duración máxima del tiempo de trabajo semanal”, por lo que los Estados miembros tienen la obligación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Directiva 2003/88, de adoptar las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, respectivamente, de un período mínimo de descanso, diario y semanal, y “un tope de cuarenta y ocho horas respecto de la duración media del trabajo semanal, quedando expresamente incluidas en este límite máximo las horas extraordinarias, límite a cuya aplicación (…) no cabe, en ningún caso, establecer excepciones, ni siquiera en el supuesto de que el trabajador afectado dé su consentimiento”. Por ello es necesario es necesario que los Estados miembros garanticen el respeto de esos períodos mínimos de descanso e impidan que se sobrepase la duración máxima del tiempo de trabajo semanal.

La limitación de jornada constituye además un derecho fundamental de la ciudadanía europea que tiene que ser preservado necesariamente. “El derecho de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal no solo constituye una norma del Derecho social de la Unión de especial importancia, sino que también está expresamente consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que a los Tratados”. Por tanto se puede leer la Directiva como una norma de desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta: “las disposiciones de la Directiva 2003/88, en especial sus artículos 3, 5 y 6, precisan ese derecho fundamental y, por lo tanto, deben interpretarse a la luz de este”.  Esto tiene una gran importancia en orden a plantear la aplicación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La transcendencia de estas conexiones – aplicación del principio de solidaridad, confirmación de un derecho fundamental ligado directamente a la condición de la persona que trabaja, que compromete directamente la salud y la seguridad de esta persona – explican que no se pueda subordinar la puesta en práctica de cualquier medida de tutela del mismo al coste económico de ésta, porque “la protección eficaz de la seguridad y de la salud de los trabajadores no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”. Una afirmación que conviene no olvidar en un tiempo en el que la principal objeción a las reformas laborales que amplíen los derechos laborales es precisamente la perniciosa influencia que el incremento de costes que lleva consigo el incremento de derechos produce sobre la economía. Los debates sobre el aumento del salario mínimo primero y ahora sobre el registro de jornada se apoyan en esta consideración que el Tribunal de Justicia rechaza enérgicamente.

Finalmente, el cuerpo de la STJUE de 14 de mayo de 2019 se dedica a desmontar con claridad el argumentario que empleó el Tribunal Supremo español en la interpretación del art. 35.5 ET. Lo hace en los párrafos 51 y 52 de la misma.  “Carece de incidencia a este respecto el hecho de que la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en este caso por el Derecho español sea, como sostiene el Gobierno español, más favorable para el trabajador que la contenida en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, ya que, como ha subrayado de hecho este mismo Gobierno, las disposiciones nacionales adoptadas en la materia transponen al ordenamiento jurídico interno dicha Directiva, cuyo respeto deben garantizar los Estados miembros definiendo los criterios necesarios a tal efecto. Por lo demás, sin un sistema que permita computar la jornada diaria efectiva, sigue resultando igualmente difícil, cuando no imposible en la práctica, que un trabajador logre que se respete efectivamente la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, independientemente de cuál sea esa duración”. Y añade en el párrafo siguiente: “Esta dificultad no se ve atenuada en absoluto por la obligación que incumbe a los empresarios en España de establecer, en virtud del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, un sistema de registro de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores que hayan prestado su consentimiento a este respecto. En efecto, la calificación de horas «extraordinarias» presupone que se conozca, y por lo tanto que se haya computado de antemano, la duración de la jornada laboral efectiva de cada trabajador afectado. La obligación de registrar únicamente las horas extraordinarias realizadas no ofrece a los trabajadores un medio eficaz capaz de garantizar, por un lado, que no se sobrepasa la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en la Directiva 2003/88, que incluye las horas extraordinarias, y, por otro lado, que se respetan en todas las situaciones los períodos mínimos de descanso diario y semanal contemplados en esta Directiva. En cualquier caso, esta obligación no permite paliar la inexistencia de un sistema que, por lo que respecta a los trabajadores que no hayan aceptado realizar horas extraordinarias, pueda garantizar el respeto efectivo de las normas relativas, en particular, a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal”. Todo un correctivo a las tesis mayoritarias de la Sala IV del Tribunal Supremo en la desafortunada sentencia hoy enmendada con contundencia por el TJ.

Es una decisión que constata, de un lado, la importancia de un sistema multinivel de tutela de derechos que incorpora la dimensión supranacional a la nacional y genera relaciones de intersección entre ambas, que han dado lugar a una cierta conflictividad entre las instancias judiciales de los ordenamientos internos. En nuestro caso, la vicisitud de los contratos temporales y la doctrina Porras ha sido emblemática de este encrespado enfrentamiento que se ha saldado con la victoria de las tesis del Tribunal Supremo español. En una cierta medida, la STJUE de 14 de mayo de 2019 sobre el registro de jornada vuelve a iniciar un juego de interpretación y aplicación que posiblemente abrirá una nueva saga de decisiones. Pero a la vez este hecho denota la utilización por la acción sindical del mecanismo de tutela jurisdiccional europeo como forma de encauzar o de reorientar los pronunciamientos de la jurisprudencia nacional que se posicionan cada vez más claramente a favor de los intereses empresariales. Una tendencia que llama la atención ante el escoramiento conservador de nuestros altos Tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo.

Por último, y se trata de una apreciación oportuna por cuanto estamos todavía inmersos en un proceso electoral en el que elegiremos nuestros representantes en el Parlamento europeo, es evidente que la recuperación y el impulso de la dimensión social de la Unión Europea y la reversión de las políticas de austeridad resultan decisivos para cada uno de los países que componen ésta, y en especial para aquellos que como el nuestro han padecido reformas laborales que han degradado fuertemente el alcance y el contenido de los derechos individuales y colectivos. Elegir por tanto los representantes que apuesten por una Europa Social que preserve un espacio de derechos fundamentales de la ciudadanía social, es un deber democrático que tiene que manifestarse en las urnas el próximo 26 de mayo.