jueves, 11 de febrero de 2016

OTRA EUROPA



En el blog hermano En campo abierto se incluye hoy un llamado a estar atentos a la celebración en Madrid, del 19 al 21 de febrero, de un encuentro en el que se debatirá sobre la necesidad de otra Europa frente a la que se está consolidando desde la gobernanza económica y la crisis de los refugiados. El post se denomina "Un fantasma recorre Europa" y se reproduce a continuación

UN FANTASMA RECORRE EUROPA

Entre el 19 y el 21 de febrero próximos, se celebrará en Madrid la primera conferencia “Por un Plan B en Europa” o DiEM25 (Democracia Europea para 2025). Se trata de un movimiento no partidista y paneuropeo que trata de reconducir la Europa actual de los mercaderes, hacia otra donde imperen los valores de ciudadanía y se defiendan los intereses de las personas por encima del dictado de la tecnoestructura capitalista comunitaria y mundial.

El movimiento está promovido por eurodiputados de izquierdas y cuenta con la portavocía y el apoyo de intelectuales como Yanis Varoufakis, Susan George, Ken Loach, Asange o Noam Chomsky, entre otros, y se aprecia con la firma de organizaciones múltiples, altereconomistas, verdes, pacifistas, y con la de todos los alcaldes y alcaldesas que forman las mareas municipalistas españolas.
Se trata, como se dijo en el acto fundacional en Berlín el martes 9, de “generar un espacio de confluencia en el que todas las personas, movimientos y organizaciones que nos oponemos al modelo actual de Unión Europea y consensuar una agenda común de objetivos, proyectos y acciones, con el fin último de romper con el régimen de austeridad de la UE y democratizar radicalmente las Instituciones Europeas, poniéndolas al servicio de la ciudadanía”.

Se trata de devolver a la palabra democracia su pleno sentido: poder del pueblo; se trata nada más y nada menos que de democratizar Europa, liberarla de las políticas nacionalistas y neoliberales que combinadas condenan a la pobreza a la mayoría social. Se trata de resolver de una vez por todas el indignante fenómeno de los refugiados, de impedir que las decisiones de las transnacionales pesen más que las de los gobiernos, de que el capital especulativo oculto en paraísos fiscales sea regulado y sometido fiscalmente.

Para saber más sobre el tema, puede leerse el manifiesto en este enlace La UE ha de democratizarse

El sitio web es el siguiente http://diem25.org/      

Se trata de una iniciativa ante la que no sólo deben estar atentos los partidos de izquierdas y las personalidades sociales de relieve, sino que debería interesar activamente al sindicalismo y a organizaciones como la Cumbre social, puesto que el cambio en Europa es una condición imprescindible para mantener el sistema democrático y los derechos sociales que le son anexos en nuestro país. 

Seguiremos informando. 


martes, 9 de febrero de 2016

LOS 8 DE AIRBUS


Hoy comienza, como todos saben, un juicio en el Juzgado nº 1 de Getafe en el que están encausados ocho personas, todas ellas sindicalistas y representantes de los trabajadores de una empresa importante, AIRBUS. De hecho el juicio se conoce como el de los 8 de Airbus, y su desarrollo se ha visto acompañado de una importante movilización sindical.En Getafe, parará la empresa y por la mañana una manifestación acompañará a los procesados hasta el juzgado.

El delito por el que se les acusa a estos 8 dirigentes sindicales es el de coacciones a otros trabajadores para que secundaran la huelga. La realidad es que con ocasión de la huelga general convocada contra las primeras medidas de austeridad del gobierno Zapatero, en el 2010, a las puertas de la fábrica en Getafe – una fábrica en la que se han desarrollado extensas prácticas de negociación permanente entre la dirección y los sindicatos y en donde el conflicto se canaliza a través de procedimientos de participación y consulta – se congregó  pacíficamente un piquete de huelga en el que estaban, entre otros, los encausados. Una dotación de la policía nacional se presentó a las puertas de la empresa y comenzó a cargar contra los congregados, hiriendo a varios. Incluso algún policía disparó cinco tiros al aire, cuyos casquillos fueron presentados luego en la rueda de prensa por Fernando Lezcano, del secretariado de CCOO, como muestra de la violencia policial. A partir de ahí, tomó cuerpo la denuncia de la policía que identificó a quienes habían incurrido en el doble delito de coacciones y de atentado a la autoridad por el hecho de haber acudido a la enfermería a curarse de las lesiones producidas por la carga policial. El resto es conocido, el ministerio fiscal califica los hechos de manera que solicita ocho años de prisión para cada uno de estos representantes de los trabajadores, y tras una larga instrucción, durante la cual se hicieron propuestas a los imputados para rebajarles la pena para que no ingresaran en prisión, se celebra hoy el juicio oral, puesto que los sindicalistas se han negado a aceptar que cometieran ningún delito con su actuación.

El juicio oral será largo. A él asistirán observadores y abogados, y el propio Secretario General de CCOO se sentará en la sala en este primer día. En él se tendrá que dilucidar no tanto la aplicación concreta de los preceptos penales y su interpretación restrictiva en razón de que no se puede castigar penalmente el ejercicio de un derecho fundamental de manera desproporcionada y arbitraria, con arreglo a cánones de interpretación que no se inspiren en el cuadro de derechos sancionados constitucionalmente, sino algo más importante, la participación real de estas personas en los hechos que se imputan como delictivos. La autoría de los ocho de Airbus en las supuestas coacciones y atentado a la autoridad es muy dudosa. Se basa exclusivamente en la declaración policial, que se origina a partir de la carga violenta con heridos entre los trabajadores y los disparos intimidatorios que efectuaron algunos agentes, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. El informe policial no tiene entidad en estas circunstancias para determinar quienes fueron los supuestos agresores, puesto que se identificaron exclusivamente en la medida en que fueron a la enfermería o, como en el caso de José Alcázar, cuando el mismo se identificó ante la policía como presidente del Comité.

En el homenaje que se dio a Jaime Sartorius el pasado viernes en el Círculo de Bellas Artes, contaba él que bajo el franquismo el informe policial era la única prueba de cargo frente al TOP, y que bastaba leerlo para saber la pena que iba a caer al reo, es decir, una persona que luchaba por la consecución de las libertades democráticas. En un sistema democrático no pueden reiterarse estas prácticas execrables.

Y sin embargo, parece que retornan tiempos oscuros para la acción sindical y el derecho de huelga. El paralelismo que la campaña de movilización en favor de la absolución de estos sindicalistas ha realizado entre el proceso 1001 y el juicio de los 8 de Airbus quiere indicar esta relación viciada entre uno y otro momento represivo. El uso antisindical de los preceptos penales ha sido denunciado por la propia Confederación Europea de Sindicatos, que ve además en este proceso penal un elemento simbólico de la agresión neoliberal al derecho de huelga en toda Europa. Y ha obtenido, como no podía ser menos, la solidaridad de muchos sindicatos en todas partes del mundo.

En el ámbito interno, la campaña de movilización ha obtenido el apoyo de intelectuales y artistas, de profesionales de derecho y de universitarios en general, y  ha generado una larga espiral de solidaridad entre los trabajadores, que no están dispuestos a que se cercene el ejercicio del derecho de huelga por la aplicación de la norma penal. Más difícil sin embargo resulta conseguir que los medios de comunicación reflejen esta lucha. Reforzar la presión también para obtener la visibilidad mediática de este atentado a los derechos fundamentales es importante, aunque conocemos el "empotramiento" de una buena parte de estos medios en el poder privado económico que los patrocina y dirige.

La huelga está bajo presión, lo que resulta especialmente grave en un país en el que el número de parados es insostenible y las políticas de austeridad están generando un panorama de desertización industrial y de trabajo precario como regla.  En ese paisaje desolado, muchos querrían desterrar la huelga como medida de acción colectiva, de afirmación de un interés y de un  proyecto de regulación concreta de las relaciones de trabajo. No lo van a conseguir. El juicio de Airbus es ya un juicio con un referente simbólico fundamental, la defensa del derecho de huelga y el gobierno sindical de las facultades de autotutela. Mientras tanto, y a la espera de su sentencia final, la solidaridad activa con los 8 de Airbus es obligada, para hacer que se conozca esta lucha y su significado profundo que pone en peligro el sistema de derechos y libertades democráticos que tantas vidas truncadas dejo en el camino.


domingo, 7 de febrero de 2016

LA RESPONSABILIDAD LABORAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS


La desconexión entre las figuras mercantiles o civiles y su aplicación en derecho laboral es una constante que ha permitido manipular y anular una buena parte de las garantías que la normativa laboral adoptaba para hacer efectivo el goce de los derechos laborales, en especial en lo relativo a la estabilidad en el empleo y a la equiparación de las condiciones de trabajo. Este es el caso de los fenómenos de concentración empresarial conocidos como “grupo de empresas” – frente a la noción doctrinal italiana, más expresiva, de “empresa de grupo” – que implica un cambio del “tipo” de empleador, de su posición jurídica, a través de una nueva estructuración organizativa de la empresa y una configuración diferente del poder de dirección. Es una aplicación más de la idea de “flexibilización” a la idea de empresa, que sirve tanto para centralizar como descentralizar los criterios de formación de decisiones en el seno de la empresa, desconcentrar o concentrar su estructura o unificar o diversificar sus funciones, lo que desde luego incide en la simetría presente en la lógica contractual que subyace a las relaciones laborales y disocia la noción de personalidad jurídica de la realidad del empresario efectivo, “la sustancia real del poder organizativo” que no coincide con la personificación jurídica de éste.

El tema ha sido objeto de análisis por parte de la doctrina laboral desde hace tiempo, y ha dado lugar a elaboraciones muy interesantes sobre el “empresario complejo” que han ayudado a precisar las relaciones de cooperación entre empresas con personalidad jurídica propia en el interior de un centro de decisión de una estructura organizativa compuesta. El eje de estas propuestas pasa necesariamente por el problema de determinar el alcance de la imputación de responsabilidades por las decisiones adoptadas por el grupo. Sin embargo, no ha habido una propuesta normativa “completa y adecuada” de esta realidad económico-empresarial, y pese a ello – o justamente gracias a lo cual - sobre este tema ha recaído una ya larga serie de decisiones jurisprudenciales no sólo de los Tribunales Superiores de justicia, sino de la Audiencia Nacional y de la Sala 4ª del Tribunal Supremo, cuya producción ha sido incrementada, en cantidad y en intensidad, en los últimos años, especialmente al socaire de la interpretación de los preceptos del largo proceso de reformas laborales del 2010 al 2015 que hemos padecido en nuestro país.

Este es el tema que aborda el libro de la profesora Ramos Quintana, catedrática de la Universidad de La Laguna, sobre la base de considerar correctamente que la responsabilidad separada las empresas que origina la dislocación del grupo oculta las verdaderas relaciones de dominio y control de la empresa dominante sobre las demás. Desde el cuestionamiento por tanto de lo que define como una verdadera “interposición” de un sujeto empresarial con capacidad de influencia decisiva que sin embargo no resulta el titular de los contratos de trabajo afectados por la misma, Ramos Quintana hace un estudio exhaustivo de la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la que aprecia una cierta evolución, que parte de la conocida tesis del “levantamiento del velo” en las que se establecía una responsabilidad única frente a conductas irregulares o abusivas, para desarrollarse con ocasión de la muy numerosa jurisprudencia que interpreta la reforma laboral del 2012 en materia de despidos colectivos, en donde la autora percibe un cambio de orientación jurídica que se aparta de los esquemas de la responsabilidad separada y establece la responsabilidad solidaria derivada de la “inescindibilidad de los vínculos” que unen a las empresas del grupo. La nueva corriente interpretativa podría evolucionar en dos direcciones diferentes, bien extendiendo la responsabilidad solidaria entre todas las empresas del grupo, bien ampliar la responsabilidad de la empresa titular del contrato de trabajo que corresponde a la empresa dominante por poseer la mayoría del capital y ser la única administradora de las sociedades del grupo.

Por último el libro estudia la relación entre esta construcción unitaria de las relaciones de empresa y el ejercicio del derecho de huelga, puesta de manifiesto en numerosos asuntos en donde la intervención sindical en el despido colectivo se manifiesta a través del conflicto y la disidencia frente al plan empresarial, y frente a cual la estructura de grupo encuentra la manera de obstaculizar el ejercicio del derecho o hacerlo ineficaz. La autora recuerda oportunamente que para dicha jurisprudencia, las prácticas de esquirolaje interno y externo no pueden prevalecerse de la estructura del grupo de empresas. Las prácticas de sustitución de huelguistas mediante el recurso a la prestación de servicios por trabajadores de otros centros o empresas del grupo vacían de contenido el derecho de huelga y son “particularmente ilícitas cuando la huelga pretende ser utilizada como medio de presión en un proceso de conflicto colectivo”, cuestión que ha merecido por cierto una atención mediática relevante en casos de grupos de empresas transnacionales como el de Coca Cola.


Se trata en resumidas cuentas de un trabajo excelente que permite hacerse cargo de la evolución doctrinal de la producción normativa realizada a través de las decisiones de nuestro Tribunal en un campo especialmente necesitado de integración supletoria del carácter asistemático e incompleto de la ley, y que ha sido a su vez transitado de forma importante con ocasión de la reinterpretación de la reforma laboral del 2012 en materia de despidos colectivos, a través de una reconstrucción de la misma que en una cierta medida ha corregido los elementos más profundamente desreguladores y autoritarios de la misma.

LA RESPONSABILIDAD LABORAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS
Margarita I. Ramos Quintana. Editorial Bomarzo, Albacete,  2015,  127 pp., 25 €

    INTRODUCCIÓN.
    Capítulo 1. La tardía y deficiente recepción de la categoría “grupo de empresas” por el Derecho del Trabajo.
    Capítulo 2. El concepto de “grupo de empresas”: de la noción mercantil a la creación de la categoría “grupo de empresas de efectos laborales”.
    Capítulo 3. La falta de personalidad jurídica del grupo de empresas: alcance y consecuencias materiales y procesales en el ámbito de las relaciones de trabajo.
    Capítulo 4. El tratamiento de los grupos de empresas en la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo y la delimitación de su responsabilidad.
    Capítulo 5. Cambios en la configuración de los elementos definitorios del grupo de empresas en la doctrina “rectificada” del Tribunal Supremo.
    Capítulo 6. Los elementos “adicionales” o “patológicos” de los grupos de empresas: análisis y evolución jurisprudencial.
    Capítulo 7. Nueva perspectiva hermenéutica sobre los límites de la responsabilidad de los grupos de empresas: la relevancia del “empresario real” como criterio interpretativo.
    Capítulo 8. Derechos fundamentales y grupos de empresas: alcance y límites del ejercicio del derecho de huelga.
    BIBLIOGRAFÍA.
    SELECCIÓN DE SENTENCIAS.

    martes, 2 de febrero de 2016

    LA RE-REGULACIÓN DEL TRABAJO Y EL CARTISMO SOCIAL COMO PROPUESTA SINDICAL



    La puesta en práctica de las políticas de austeridad en Europa ha supuesto una inaplicación selectiva de los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por las propias constituciones de los respectivos ordenamientos internos respecto de los países sobre endeudados del Sur de Europa. Para ellos, la austeridad ha significado que el campo de los derechos era un obstáculo para la recuperación económica. Como se ha constatado, la autoridad política de gobierno en estos países – y especialmente en España – ha procedido a “despolitizar” el espacio de la producción mercantil y la capitalización financiera, inmunizándolo respecto de las decisiones democráticas y de las garantías de los derechos ciudadanos, los cuales – especialmente los derechos sociales – no pueden interferir en este campo ni impedir las políticas que lo gobiernan. Se ha puesto en marcha una “arquitectura institucional” que degrada el sistema democrático nacional – estatal.

    Esta situación debe cambiar necesariamente. Es imprescindible un gobierno de progreso que reoriente las políticas hasta ahora puestas en pie por el gobierno del Partido Popular y que libere a los ciudadanos españoles de un estado de cosas profundamente injusto que genera cada vez mayor desigualdad, degrada las condiciones de existencia y se apoya sobre la corrupción como rutina de partido. No es posible mantener un gobierno provisional en manos de una fuerza política que ha perdido las elecciones – como lo demuestra su incapacidad para formar gobierno – y se encuentra en la soledad política de la defensa del modelo nefasto que ha ido realizando en estos cuatro años.

    Posiblemente un nuevo gobierno de progreso no podría ir más allá de algunas reformas importantes que estabilicen la situación en torno a parámetros democráticos muy básico, y que prepare un cambio constitucional importante, para a continuación disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones con arreglo a otra ley electoral en un año y medio.

    La percepción colectiva de la necesidad de un cambio lleva a la elaboración de toda una serie de propuestas de regulación alternativa tanto a nivel macro como en diseños más específicos. Diversas figuras sociales, especialmente los sindicatos, pero también otros movimientos y centros de pensamiento, y grupos políticos de referencia para la “nueva política” así como aquellos más clásicos como IU, trabajan sobre modelos de democracia expansiva, definiendo los términos de un nuevo contrato social que articule una nueva forma de concertación política y social. En concreto, esta mirada concibe la Unión Europea como un espacio de libertad no sólo de mercado, sino de derechos, y pretende recomponer un bloque de países que redefinan las políticas de austeridad y renegocien la deuda externa. Para este bloque de pensamiento, el crecimiento económico sostenible no es sinónimo de restricción de derechos. Eso también conduce al fortalecimiento y desarrollo del federalismo político europeo, cifrado en un sistema fiscal para la UE, control parlamentario real de las decisiones de gobierno, aumento del gasto y un amplio plan de inversiones sociales, como ha reivindicado la CES. En el ámbito interno, una revigorización del espacio estatal – nacional desde la revisión del Estado social y del trabajo que construye figuras representativas del mismo desde el conflicto y dotadas de amplio poder contractual.

    Son todos ellos proyectos que enlazan con la concepción de la globalización de los derechos y la construcción de espacios de emancipación más amplios en todo el mundo. Esta aproximación teórica ha generado además una específica reacción en el sindicalismo de los países del sur de Europa, donde existe un movimiento sindical fuerte, una implantación significativa medida en términos de representación y con una alta tasa de cobertura de negociación pese a la permanencia de la crisis y las políticas de austeridad. En ellos la estrategia sindical pasa por una re-regulación de las relaciones laborales que implica la derogación de las normas más señaladas en la aplicación de las reglas dictadas por las políticas de austeridad y que coincide en reforzar el centro de imputación normativo clave en la asignación y reconocimiento de derechos de ciudadanía. Para Portugal o para España, la Constitución, para Italia, además, el Statuto dei Lavoratori de 1970.

    En España, el sindicalismo confederal ha intentado revalorizar ese momento político a través de una propuesta de una “Carta de Derechos” que reforzara los contornos garantistas de los derechos sociales, individuales y colectivos, y por tanto que funcionara como protección acentuada del catálogo de derechos reconocidos constitucionalmente. Este “cartismo” ha sido también asumido en los programas del PSOE, de IU y de Podemos, como una reivindicación practicable en un nuevo marco institucional.

    Más interesante es sin duda la iniciativa en la que se ha embarcado la CGL italiana como reacción al proceso de reformas laborales llevado a cabo por el Gobierno Renzi sintetizado principalmente en la llamada Job Act. Se trata de proponer una Carta de Derechos Universales del Trabajo, que se someterá a debate de los afiliados de la central hasta mayo de 2016 y cuyos ejes fundamentales son los siguientes. La Carta pretende “reconstruir el derecho del trabajo” extendiendo la protección del mismo a la totalidad de las personas que trabajan, con independencia de las tipologías contractuales que los clasifican y definen: trabajadores por cuenta ajena clásicos, trabajadores atípicos, autónomos, del sector público o privado y de empresas grandes, medianas y pequeñas. Allí donde se ha expandido el precariado, la CGIL propone reunificar.

    La Carta tiene tres partes. En una primera, se garantizan los derechos que deben corresponder a todos los trabajadores  y trabajadoras con independencia de su adjetivación. Se garantiza así el derecho a la maternidad / paternidad, a una pensión digna, a la formación continua, a ser informados sobre las propias condiciones de trabajo, a la salud y seguridad, a la libertad de expresión, a los derechos de autor derivados de su trabajo. Se establece la readmisión del trabajador en el caso de despido improcedente, retornando a la fórmula original del art. 18 del Statuto dei Lavoratori que había modificado y anulado primero la reforma Fornero bajo el gobierno Monti y luego el gobierno Renzi con la Jobs Act. La Carta propone reconducir las 47 tipologías de contratos precarios, incluido el llamado “de tutela en aumento” de la Jobs Act  (una secuela de nuestro “contrato único”) que ha creado la categoría de los “establemente precarios” incentivada con fondos públicos, y su reconducción a la categoría general de “desarrollo del trabajo”, porque todos los trabajadores deben gozar de los mismos derechos.

    La Carta además cuenta con una importante parte en la que se prevé un mecanismo de desarrollo del art. 39 de la Constitución italiana, que regula el derecho de negociación colectiva de eficacia general o “erga omnes” y que nunca había sido puesto en práctica, puesto que el movimiento sindical italiano había optado en la década delos cincuenta del siglo pasado, bajo la influencia de la CISL, por un modelo de negociación colectiva “de derecho común” y efectos contractuales, sólo ponderado jurisprudencialmente por la aplicación del principio de trato igual en las unidades de producción. Esta propuesta que ahora incorpora la Carta de Derechos Universales de la CGIL  implica fundamentalmente el establecimiento de mecanismos de verificación de la representatividad de los firmantes, tanto sindicatos como empresariado, y supone un verdadero giro radical en la cultura sindical italiana, urgido sin duda por la división sindical existente y la utilización de la misma como fórmula de adhesión al proyecto empresarial blindada frente al disenso de un sindicato en la empresa o en la rama de producción, como ha sucedido en Italia a partir de la nueva política de gestión empresarial llevada a cabo por la Fiat desde 2010 en adelante, que ha merecido el reproche constitucional de la Corte Constitucional italiana en el 2012 y algunos intentos no muy efectivos a partir de un acuerdo firmado por las tres confederaciones italianas en el 2014.

    Habrá tiempo para volver a analizar más en detalle la propuesta de la CGIL, a partir del debate que se propulsa por la dirección del sindicato y que hará que se pronuncie una parte significativa de sus cinco millones y medio de afiliados. El texto se puede consultar en este enlace: La Carta Universale dei diritti dei lavoratori e delle lavorattrici


     Lo más relevante es la importancia que en el sindicalismo de contestación del Sur de Europa se da a la declaración de derechos laborales como forma de expresar un proyecto de reforma que cancele la experiencia vivida en estos últimos cinco años en materia de recorte de derechos laborales y sociales, segmentación y precarización del trabajo y debilitación del poder contractual del sindicato, y construya a partir de estas cartas de derechos un escenario de libertad y de democracia en y para el trabajo.


    miércoles, 27 de enero de 2016

    EL DIA DE LA MEMORIA



    El 27 de enero de 1945 se cerraron para siempre las verjas del campo de Auschwitz, tras la liberación del mismo por el Ejército soviético. Esa fecha ha servido como referencia para recordar mundialmente a las víctimas del holocausto.

    En Italia, el 27 de enero es el día de la memoria que más allá de las víctimas del holocausto, se extiende a todas aquellas producidas por la barbarie nazifascista. El componente antifascista de esta efeméride se enlaza asimismo con la identidad democrática de la República, y en los actos oficiales intervienen, con gran relieve, las altas instituciones del Estado. No sólo la Presidencia de la República, sino las personas que encarnan la presidencia de los órganos legislativos y  el presidente del consejo de ministros, entre otros. Es un día además que se conmemora en las escuelas públicas con actos especiales, obras de teatro, proyecciones de cine. Recordar aquellos actos criminales que produjeron un genocidio planificado como solución final, su marcado carácter étnico – con una especial fijación en los hebreos, pero que alcanzó a gitanos y a poblaciones eslavas, además de la represión asesina de comunistas, socialistas y otros demócratas y a la comunidad homosexual – es hoy más que nunca necesario, mucho más ante las tendencias políticas y de opinión en una buena parte de la Europa del centro y del Norte que reeditan pautas de conducta xenófobas y discriminatorias.

    En España el día de la memoria no se celebra. Pero tampoco hay en perspectiva una jornada oficial en la que se señale la victoria contra el fascismo como una conquista democrática. Tampoco se honran las víctimas de la represión franquista. Los problemas de la memoria histórica son bien conocidos. No hay una identidad democrática basada en el antifranquismo.

    El contraste es terrible. El 24 de enero de 1977 se produjo el asesinato de los abogados de Atocha. El momento temporal del crimen, en plena transición política, permitiría una convergencia no conflictiva entre todos los demócratas en la consideración de este día como una fecha que pudiera simbolizar el rechazo al terror fascista de quienes querían mantener la dictadura y la dominación de clase que el franquismo había llevado a cabo durante los cuarenta años de existencia. Y sin embargo nunca se ha planteado por ningún gobierno democrático no sólo la posibilidad de instaurar una fecha que recordara a la ciudadanía española que el fascismo es criminal y que nunca más se instalará en nuestro país, sino la mera cobertura oficial de estos actos de memoria de la matanza.

    Durante años y años, ha sido CCOO y su Fundación Abogados de Atocha, junto con el PCE e IU,  principalmente, quienes han mantenido el recuerdo, con los supervivientes de aquel acto criminal cuyos inductores reales, como se sabe, permanecen impunes. La Fundación ha instituido un premio que permite, cada año, asociar a la memoria antifascista la lucha por la conquista de los derechos, en España y fuera de ella. Ningún gobierno español, desde 1978 al 2006, consideró oportuno recibir a la Fundación Abogados de Atocha como un signo de reconocimiento de lo que ésta significaba en la construcción de un sistema democrático. Sólo el gobierno de Rodríguez Zapatero, en un gesto que debe ser reconocido y recordado, procedió a recibir en el palacio de La Moncloa al Patronato de esta Fundación, expresando públicamente su desolación por esa larga ausencia de reconocimiento público a unos héroes de la libertad y pidiendo excusas públicas en nombre de los sucesivos gobiernos de España que no lo hicieron.

    Más aún, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, bajo la presidencia de José Bono, instituyó en el 2005 un premio Abogados de Atocha que recordaba su memoria honrando a aquellas personas o instituciones que se habían destacado, en el Estado español o fuera de sus fronteras, en la defensa de las libertades democráticas. Este reconocimiento público fue inmediatamente cancelado a la llegada al poder, en mayo de 2011, del Partido Popular, con Maria Dolores de Cospedal como presidenta de la Junta. Las excusas fueron ridículas, el recorte presupuestario, el contenido del mensaje extremadamente nítido: retirar cualquier implicación del poder público en la exaltación de la figura de los abogados comunistas que dieron su vida por la defensa de los derechos de los trabajadores.

    A partir del 2012, el premio Abogados de Atocha en aquella región, lo otorga unilateralmente la Unión Regional de Castilla La Mancha de CC.OO. Ha proclamado como personalidades premiadas a Manolo López a título póstumo, a Manuela Carmena y a J.A. Martín Pallín. El premio de este año ya se está preparando y se dará cuenta en este blog con profusión de la decisión, del personaje premiado, y de la entrega del galardón. Pero lo relevante es que de nuevo la memoria antifascista queda en manos de un colectivo sindical, al margen del espacio reservado a la acción y al reconocimiento público, que nunca se produce.

    Sólo este año, en el que se ha cumplido el 39º aniversario del asesinato, la Alcaldesa de Madrid y exponentes importantes de los diferentes partidos políticos (desde el PSOE al PCE e IU, junto con Podemos) - pero no del PP ni de Ciudadanos, demostrando una enorme insensibilidad democrática - han expresado públicamente su admiración por el sacrificio terrible de aquellos jóvenes fusilados por los fascistas y han reconocido la importancia política de este hecho, que resultó decisivo en la consolidación de la democracia española, con la legalización del PCE en abril de ese mismo año y la convocatoria de elecciones generales en junio. Pero el recuerdo que va ligado a la lucha por los derechos y libertades democráticas no es percibido como un patrimonio común de todos los sujetos políticos que pugnan en el espacio público electoral. No lo es, y es extremadamente grave, para el Partido Popular y para la figura emergente de Ciudadanos. Es un dato muy revelador.


    Se necesita un día de la memoria histórica en este país. Que en todos los medios de opinión, en las escuelas y en los actos oficiales se rememore la brutalidad del franquismo, su carácter criminal, la decisión democrática que impide volver atrás y paraliza cualquier “puesta al día” de sus postulados autoritarios. El 24 de enero podría ser una buena fecha para ello, uniendo el rechazo a la barbarie del asesinato de Atocha la memoria  toda de las víctimas del franquismo.

    domingo, 24 de enero de 2016

    HOMENAJE A JAIME SARTORIUS


    Jaime Sartorius es bien conocido porque su actuación y trayectoria vital se ha desenvuelto en la defensa de las libertades democráticas bajo el franquismo y en su preservación una vez proclamada la Constitución de 1978. Los abogados de Madrid y del resto del Estado tienen un enorme respeto por su biografía y su proceder, siempre íntegro. Sus camaradas – de entonces y de hoy – le profesan una enorme devoción porque además de su itinerario de lucha por las libertades, es una persona encantadora, llena de anécdotas deliciosas y de un buen hacer personal que resalta su caballerosidad y su compañerismo.

    Sin embargo, no ha sido una persona a la que le gustara tener el protagonismo que merecía. Si se rastrea en google, hay principalmente dos referencias de él. Respecto de los asesinatos de sus camaradas del bufete de Atocha, del que en este domingo se cumplen ya 39 años, en relación con la obstinada negativa de los cuadros políticos y policiales de la Transición de continuar las investigaciones más allá de los que fueron autores materiales del asesinato, previsiblemente, instancias muy importantes del franquismo y de sus aparatos de Estado. En segundo lugar, cómo encabezó una protesta del colectivo de abogados comunistas frente a las iniciativas de territorialización que el PCE puso en marcha en 1978-79, desarticulando las organizaciones sectoriales que hasta entonces encuadraban la política comunista y en la que los abogados habían sido muy importantes. Dos noticias sueltas, pero que permiten hacerse una idea de quien es el personaje que le habita.

    Para cualquiera que haya acudido a alguna charla o conferencia en la que Jaime Sartorius haya intervenido, seguramente que recordará su aguda ironía y su extraordinaria capacidad de relatar los hechos, muchos de ellos desconocidos del gran público. Sus últimas intervenciones rememorando su intervención en expandir la solidaridad ante el proceso 1001 y su viaje a Estados Unidos, al ser el único del grupo de abogados que sabía inglés, está repleto de anécdotas formidables sobre sus encuentros en Nueva York y en California, la posición de los sindicatos americanos y del Partido Demócrata, la real solidaridad que se dispensó en América a los dirigentes de CCOO, pese a su militancia comunista aireada por la prensa del régimen. 

    Jaime Sartorius es parte de la historia viva de este país. De su historia democrática, la de aquellas personas que han trabajado tanto y en condiciones tan duras contra la dictadura, por traer la democracia y la libertad a la mayoría de la población. Su trayectoria vital es impresionante. Los archivos de su despacho – y las trazas de los derechos peleados y afirmados a través de los expedientes jurídicos de tantas personas – se pueden hoy consultar en la Fundación 1 de Mayo. Y podemos aún contar con su presencia, su elegante ironía y su calidez personal. Por eso un grupo de amigos de Jaime Sartorius ha convocado un acto de homenaje al mismo para el 5 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A continuación se copia la carta de convocatoria y las instrucciones  para aquellos que quieran participar. Será un acto maravilloso, muy recomendable, democráticamente saludable.

    Esta es la carta:

    Querid@ amig@,

    Los abajo firmantes, todos amigos y compañeros de Jaime Sartorius, hemos considerado, por la trayectoria de nuestro querido Jaime, por su aportación a la libertad y a la democracia en este país, por su compromiso por la reconciliación nacional en los periodos duros de la dictadura y de la transición a la democracia y por su intachable dedicación profesional al ejercicio de la abogacía, hoy todavía en activo, convocarte para el día 5 de febrero de 2016 en el Círculo de Bellas Artes, Sala Valle Inclán, con el fin de dedicarle un homenaje en agradecimiento por su limpia trayectoria en la lucha por las libertades.

    En el acto intervendrán amigos de todos conocidos, como Nicolás Sartorius, José María Mohedano, Carlos Alonso de Zaldívar, Ignacio Fernández Toxo, Manuela Carmena y Emilio Lledó.

              El acto se iniciará a las 19,00 horas y finalizará con un catering, de bebidas y aperitivos, para que todos aquellos que llevamos tiempo sin vernos podamos intercambiar impresiones, recuerdos y afectos hasta que el Círculo de Bellas Artes nos invite a marcharnos, que será aproximadamente a las 23,00 horas.

               La Sala en la que se celebra el evento tiene una capacidad para doscientas personas sentadas, por lo que agradeceríamos que, si deseas asistir, confirmes tu asistencia, contestando a este correo, debido a que el Círculo de Bellas Artes nos pide que se le facilite con antelación el número de asistentes al acto.

              Como el catering, el alquiler de la Sala y el regalo que hemos previsto entregar a nuestro querido Jaime tiene un coste, que hemos cuantificado en treinta y un euros  por asistente, te agradecemos que transfieras dicha cantidad a la cuenta corriente abierta en el Banco Popular con el número 0075 0322 80 0600480098 a nombre de Génova 16 Abogados SLP, indicando en la transferencia tu nombre y apellidos y en el concepto: homenaje a Jaime Sartorius.

              Sin otro particular, te enviamos un afectuoso saludo



    Marcos Peña                          Ricardo Bodas                          Pepe Garrido




    Enrique Lillo                  José María Mohedano                    Juan Puig de la Bellacasa

    sábado, 23 de enero de 2016

    EXPLICAR COMO SE GOBIERNA: NOTICIA DE UN VIDEOBLOG





    Los cambios políticos que se produjeron en las elecciones de mayo del 2015 llevaron a los ayuntamientos de ciudades muy importantes del país a ser gobernadas por candidaturas ciudadanas que imponían una transformación profunda de los moldes políticos por los que había discurrido la política municipal y una sustitución muy significativa de las personas y de las biografías de quienes la habían protagonizado hasta el momento.

    Han cambiado muchas cosas en los Ayuntamientos democráticos y ciudadanos. Pero justo por ello se enfrentan a muchas acechanzas y sufren una agresividad insidiosa por una buena parte de los medios de comunicación. La necesidad de ofrecer una información que contraste la desinformación mediática impulsada por los poderes económicos ha sido algo necesario para las nuevas autoridades de gobierno local. En Madrid y en Barcelona, pero en general en las grandes ciudades en donde se ha producido el cambio político: Valencia, Cádiz, Santiago, Ferrol, y tantas otras. Se recurre a unas páginas web o portales muy completos, al uso intensivo de las redes sociales, a la extensión de las iniciativas mediante la promoción de la participación popular, y así sucesivamente. También se utilizan cada vez más blogs de concejales independientes de los oficiales del ayuntamiento para ofrecer aspectos más personales o reflexiones sobre la tarea de gobierno o los proyectos emprendidos.

    Una iniciativa de este tipo la he emprendido en el Ayuntamiento de Barcelona quien es su primer teniente de alcalde, y profesor universitario de derecho constitucional, Gerardo Pisarello. Ha creado un videoblog que alimenta una vez por semana en la que - son palabras suyas en la presentación - quiere crear un espacio de diálogo sobre la experiencia de las "revueltas democráticas" que se han plasmado en las nuevas corporaciones municipales en tantos lugares del Estado español, El objetivo preciso del videoblog es comunicar no tanto las realizaciones concretas que el Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo, sino reflexionar sobre los problemas que suscita al colectivo que dirige la ciudad llevar adelante la función de gobierno manteniendo un impulso utópico y permitiendo por tanto que la gente en general, los vecinos de Barcelona, puedan aproximarse a una situación nueva asistiendo al proceso de problematización de las opciones presentes en la acción institucional del ayuntamiento. 

    La dificultad de actuar en un horizonte que solicita y exige medidas y planes a medio y largo plazo pero también decisiones inmediatas, se quiere trasladar a un espacio público, como el videoblog, en el que además se examinan brevemente temas de reflexión más general, como abordar el tema de Europa, la estabilidad presupuestaria y la dificultad de hacer políticas de nivelación social ante las exigencias de la gobernanza europea. En este tema además, anima el debate extractos de la conversación entre Varoufakis y el propio Pisarello. 

    El campo de la ciudad es un espacio en el que se desenvuelve actualmente un complicado equilibrio que debe permitir nivelar las desigualdades cada vez más fuertes entre barrios y zonas urbanas profundamente desiguales, que debe desarrollar un discurso que supere la precarización de las relaciones de trabajo mediante la externalización y privatización de los servicios y que tiene que romper las barreras mediáticas que impiden su divulgación y conocimiento por parte de la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad.

    A alimentar estas reflexiones se dirige el video blog de Pisarello. Hablado en catalán, tiene un formato adecuado y cumple eficazmente su propósito. Hay que dar a conocer su existencia, como fuente de información y de discusión sobre aspectos cruciales para definir el alcance - y los limites - de la acción de gobierno por obra de las autonomías locales.    

    Que lo disfruten.