sábado, 18 de octubre de 2014

SOBRE LOS CÓDIGOS ÉTICOS EN POLÍTICA


Se trata de un comentario propiciado por el documento colgado en la última entrada en este blog que está discutiendo Guanyem Barcelona sobre la adopción de un nuevo código de ética política. Algo de lo que está muy necesitada la política española en general, y si no, vean la foto que ilustra este post.

Más allá de que el documento se inscriba en una precisa relación entre los códigos éticos y el municipalismo – lo que es de por si muy significativo – el documento tiene un alcance más amplio, representa una forma de intervención política e ideológica alternativa que se funda en una percepción clara de un estado de irritación y de indignación ciudadana respecto de lo que se conceptua como la “clase política”, los dirigentes de los partidos políticos, los candidatos y elegidos en órganos legislativos, los componentes de los diferentes gobiernos, y naturalmente los concejales y los alcaldes. Es mucho más que  “una distancia insalvable entre las élites políticas profesionales y la ciudadanía”, como señala el documento de Guanyem Barcelona (GB) , posiblemente sea un “estado de ira contenida”, acentuada por el desgranarse de escándalos en los últimos dos años.

En efecto, generan alarma social  los casos de corrupción presentados, aireados y comentados por los medios de comunicación en un cruce de informaciones frecuentemente contradictorias, en donde lo característico es responder a un escándalo de la “derecha” con otro mayor de la “izquierda”, cuando no, como en el caso de las tarjetas de Caja Madrid, mediante la exposición de un cuadro global de corrupción que afecta a todos los partidos políticos representativos, las asociaciones empresariales y los sindicatos, mostrando por tanto un cuadro desolador en el que nadie queda exento. Las causas de la corrupción pueden ser muchas, desde los que están ligadas a la financiación de los partidos – y a su vez en diversos grados y mediante diferentes medios – o al propio beneficio privado del cargo representativo, hasta “la utilización de los espacios institucionales como fuente para la acumulación de privilegios”, como señala el texto de GB. En el caso concreto del poder local en los municipios, la intercambiabilidad de posiciones políticas respecto de los intereses de constructoras, industriales y otros grupos privados de presión, es notoria, como asimismo el recurso indiferenciado desde la “izquierda” o la “derecha” a formas de organización de los servicios que privatizan su uso y degradan su calidad.

La corrupción es grave, pero no lo es menos la debilitación del nexo representativo entre la ciudadanía, el partido político y el programa que este esgrime como proyecto de gobierno, y la lista de elegidos y sus alianzas. Por no decir que este nexo se ha degradado de forma muy intensa, mediante la continua desvinculación de los representantes políticos de sus compromisos electorales y programáticos una vez resultan elegidos. A ello se refiere correctamente el documento GB como “falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos”, o la banalización del hecho electoral como un acontecimiento más emocional que político, del que resulta una preferencia general que reacciona positiva o negativamente al gobierno padecido, y que, en el mejor de los casos, procede a efectuar una “delegación de responsabilidades cada cuatro años”.

Frente a ello se reacciona mediante la revalorización de un código ético como parte del nuevo contrato que los movimientos sociales y las fuerzas políticas alternativas quieren efectuar con la ciudadanía para transformar la sociedad y las condiciones de vida de las personas. Las fuentes en las que se basa el documento GB son muy significativas del área cultural y política de referencia en el que este compromiso moral forma parte de su manera de representar a la ciudadanía.

Es significativa la importancia que se da al código ético como compromiso que asume una fuerza política a la hora de articular la representación con la ciudadanía que asume su programa de acción y su discurso ideológico. En el recurso a la ética, hay un cierto paralelismo con el proceder de las empresas transnacionales a la hora de elaborar sus códigos de conducta, que los laboralistas conocemos bien. En efecto, el hecho decisivo conforme al cual las empresas transnacionales adoptaron estos compromisos unilaterales sobre el respeto de determinados derechos laborales y medioambientales, era el del perjuicio reputacional que su actuación contraria a los mismos había producido en los países en los que éstas se habían aposentado, donde habían generado miseria, corrupción y sobre-explotación del trabajo asalariado. La analogía en este caso sirve para una actividad política que se percibe cada vez más como un espacio de privilegio personal y de servicio para los grupos económicos, cada vez menos susceptible de encarnar un interés general y público con la participación real de la ciudadanía. Por eso el Partido Popular enarbola la bandera de la “regeneración”, como un compromiso moral que le permita evitar el desprestigio y el daño que la opinión pública tiene de la actividad política, y mantener la reputación de su actuación en ese campo, justamente por el hecho de haber sido uno de los sujetos más activos en su envilecimiento y putrefacción.

Es un hecho indudable que la asunción de un código ético para la actuación “en política” pretende restañar la confianza ciudadana en una institucionalidad determinada – que se quiere transformar en un sentido democrático – y en el mecanismo de representación política. También se podría entender que para determinadas fuerzas políticas alternativas, o simplemente situadas fuera del círculo bipartidista, el código ético ofrece una “ventaja competitiva” ante la competición electoral, demasiado lastrados los dos grandes partidos por el excesivo peso de los innumerables supuestos de connivencia con los poderes económicos y la confusión entre lo público y lo privado.

Pero lo más importante es que en el momento presente el código ético integra una forma precisa, esencialmente democrática y transformadora, de actuar políticamente. Y una “narrativa” de la manera de hacer política alternativa. Es decir, de un modo de estar en el espacio político y de (re)construir el vínculo representativo entre el agente y la ciudadanía. Es por tanto un elemento estratégico del modelo democrático de la representación política. Y no se conforma unilateralmente, como un código de conducta que engendra el sujeto político, sino como un contrato entre el sujeto que quiere representar al colectivo complejo y los movimientos sociales y grupos políticos que integran el proyecto de transformación social y del territorio y sus servicios. Es por consiguiente un elemento estratégico de este proyecto y habría que añadir que de cualquiera que pretenda presentarse ante la opinión pública con un impulso reformista que defienda y garantice derechos democráticos y participación ciudadana.

Es cierto sin embargo que en el nuevo código de conducta que presenta GB hay un primer apartado que realmente no supone un compromiso moral, sino un conjunto de medidas muy trascendentes por la manera en la que definen la relación de representación política. La “democratización de la acción política”, la “fiscalización y rendición de cuentas” de la acción de los representantes, son compromisos ofrecidos como base de ese contrato directo con la ciudadanía sobre la base de una visión estratégica de la democracia participativa ligada al mecanismo representativo. Por eso es la parte más interesante – y generalizable – del documento. El segundo apartado sobre “financiación, transparencia y control de los gastos” tiene el valor decisivo de abordar de manera directa el problema de la financiación de los partidos y en general de la actuación política. Se trata de un conjunto de medidas que se presentan como obligaciones éticas pero que tienen otro valor prescriptivo y colectivo, y sobre las que es muy productivo reflexionar y extrapolar – modificando el entorno – a otros ámbitos. La independencia económica y la dificultad de encontrar un campo de inmunidad del agente político frente a las exigencias de financiación de su actividad, es uno de los problemas que deben ser abordados en el contexto más general de un proyecto de reforma social.

El último de los apartados de este documento se intitula “profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción”, y es la parte en la que se aprecia una mayor incidencia de las emociones negativas que suscita el estado de opinión contra la corrupción de “los políticos”, es decir, de una realidad “que ha extendido la indignación entre una ciudadanía que percibe que la política sirve básicamente para hacer dinero y que es el dinero el que controla la política”. Algunas de estas medidas sugieren ciertas reflexiones complementarias, porque en general puede decirse que profesionalización en la política, privilegios y desviación de poder, son problemas que no se plantea la derecha económica y la derecha política, puesto que los tiene resueltos previamente al establecimiento del nexo formal de la representación.

Se quiere decir, por ejemplo, que la limitación de retribuciones de un cargo público a términos estrictos – el triple del salario mínimo, por ejemplo – no afecta a quienes pueden ejercer la política “ad honorem” en razón de su patrimonio o de sus expectativas de futuro tras cesar en el cargo – las “puertas giratorias”- pero si puede tener efectos negativos en el sentido de hacer improponible este compromiso a una amplia capa de personas que saben que la representación política exige una dedicación muy importante. Lo señala el propio documento de forma sintética, cuando recuerda que “la remuneración digna y justa de los representantes ha sido una conquista democrática histórica, ya que permite que todos puedan dedicar tiempo a las funciones públicas y no sólo los que tienen suficiente dinero o patrimonio”.

El problema de una perspectiva desequilibrada en este punto es el de su utilización demagógica o falseada. En la que han sido pioneros los altos dirigenes del Partido Popular, los mismos que se beneficiaban de la trama Gürtel. Y puede alentar opiniones equivocadas. Últimamente, se ha criticado en los medios que Pablo Iglesias, como eurodiputado que viaja continuamente a Bruselas, haya dejado de utilizar Ryanair como forma de transporte  low cost y lo haya sustituido por Iberia, que ofrece un precio del billete superior. Las justificaciones que ha dado Podemos se basan en algo tan obvio como la incomodidad del vuelo de la aerolínea low cost y el mayor tiempo de los desplazamientos. Pero además – y sería interesante que se recordara – Ryanair ofrece precios más convenientes sobre la base de negar derechos sindicales a sus empleados y practicar el dumping social, por lo que ha sido condenada en Francia y existe un proceso abierto en Italia (http://baylos.blogspot.com.es/2013/10/dumping-social-en-el-transporte-aereo_21.html) . Se puede comprar ropa barata y zapatos a buen precio frente a otros productos más caros, pero es recomendable que antes averiguemos si se han confeccionado con trabajo infantil o por inmigrantes obligados a trabajar forzosamente hasta que no paguen su deuda con la empresa que les contrató en origen y los suministró al nuevo amo. Negarse a comprar más barato no es un despilfarro si con ello se alienta la vulneración de derechos y la negación del trabajo decente.

jueves, 16 de octubre de 2014

EL DOCUMENTO DE GUANYEM BARCELONA SOBRE “GOBERNAR OBEDECIENDO”







La corrupción en diferentes formas y niveles ha cobrado un protagonismo enorme en la conciencia de la opinión pública. Hay una reformulación de propuestas éticas como eje de una nueva institucionalidad política. A continuación se inserta un documento de trabajo que se está discutiendo en el movimiento Guanyem Barcelona en el contexto de una definición de la administración local de las ciudades como un gobierno que obedece a sus ciudadanos. El texto  no es muy conocido fuera de este espacio político, pero representa posiblemente un estado de ánimo muy extendido entre la ciudadanía. En un momento posterior se integrarán algunos comentarios al mismo, en especial a su último apartado, pero por el momento, conozcamos el texto.

 

Bibliografia

Este documento ha sido redactado por Guanyem Barcelona a partir de material escrito y debates sobre código ético y municipalismo realizados a lo largo de dos meses en un espacio de confluencia con diferentes fuerzas políticas. Para la redacción de este texto se han utilizado documentos diversos aportados por compañeros y compañeras de:


 

Para un nuevo código de ética política


En los últimos años ha crecido de manera exponencial la percepción de que existe una distancia insalvable entre las élites políticas profesionales y la ciudadanía. Las causas de este fenómeno son numerosas: la denuncia sistemática de casos de corrupción ligados a la financiación de los partidos, la utilización de los espacios institucionales como fuente para la acumulación de privilegios, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, la reducción de las elecciones a un simple mecanismo de delegación de responsabilidades cada cuatro años.

Esta realidad ha extendido la indignación entre una ciudadanía que percibe que la política sirve básicamente para hacer dinero y que es el dinero el que controla la política. El descrédito está tan extendido que incluso los mismos que han provocado la actual situación han empezado ya a hablar de regeneración democrática y de la necesidad de generar nuevas formas de hacer política.

Últimamente, el PP ha decidido utilizar la excusa de la regeneración para llevar a cabo reformas que sólo buscan debilitar los espacios legítimos de representación y de participación directa de la ciudadanía, dejar la financiación de la política en manos de los grandes grupos privados y convertirla en una actividad reservada exclusivamente a los que tienen suficiente dinero y patrimonio.

Una candidatura que quiera gobernar y transformar la ciudad debe denunciar esta estrategia. Y, al mismo tiempo, debe abrir una discusión crítica, que atienda a la complejidad y carente de demagogia, sobre lo que deberían ser las nuevas formas de hacer política.

En estas jornadas queremos reflexionar sobre algunos temas básicos que nos permitan avanzar en una propuesta de confluencia: la fiscalización y el control democrático de la política; su financiación; los problemas y las exigencias derivadas de su profesionalización. No nos proponemos tratar ahora todas las cuestiones que este reto conlleva (como por ejemplo, los mecanismos de elaboración de listas u otros). Es un proceso que estamos iniciando.

 

1. Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas

 

Muy a menudo las elecciones funcionan como una forma de delegación de la actividad política en unas élites que se acaban perpetuando y separando de los intereses reales de la sociedad. Cuando esto ocurre, el voto se limita a ser una herramienta de ratificación o de impugnación de un ciclo político, pero no permite a la ciudadanía verificar de manera continuada y desde abajo hacia arriba lo que hacen sus representantes.

Para superar esta realidad, se debe abandonar la idea de que unos nuevos representantes lo harán todo bien por simple virtud moral. Ganar no puede ser delegar el poder y la soberanía en unas nuevas élites. Una candidatura democratizadora debe plantear medidas concretas que aseguren una gestión transparente, con mecanismos eficaces de rendición de cuentas y con espacios reales de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Para alcanzar este objetivo, evidentemente, no podemos partir de la creencia idílica en una ciudadanía dispuesta a implicarse las 24 horas del día en los problemas comunes. En una sociedad con una división desigual del trabajo asalariado, voluntario y de cuidado, los mecanismos de fiscalización y de participación deben ser razonables y estar al alcance de todos. Los representantes políticos deben poder realizar su tarea con eficacia, pero deben estar obligados a rendir cuentas y a someterse a la supervisión ciudadana y de otros espacios institucionales. Por su parte, la ciudadanía debe tener derecho a fiscalizar la gestión pública y a intervenir en sus posibles desviaciones sin necesidad de mantener un estado permanente de movilización.

En realidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana pueden verse no sólo como mecanismos de control sino también de protección de los representantes. Desde esta perspectiva, la implicación y la corresponsabilidad ciudadana reducen la capacidad de otros poderes no democráticos para presionar sobre los representantes institucionales y condicionar las políticas públicas a favor de sus intereses.

Estamos convencidas de que existen muchas formas sostenibles de garantizar un control sostenido de los representantes electos, una mayor transparencia y una participación ciudadana en los asuntos públicos mucho más amplia y efectiva que la que existe actualmente.

Así, por ejemplo, los cargos electos y de libre designación deben comprometerse:

– A facilitar todos sus ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales, así como todos aquellos datos necesarios para la elaboración de auditorías ciudadanas.

– A hacer públicas sus agendas, para hacer visible con quien se reúnen y para protegerlos ante las presiones de los lobbies.

– A rendir cuentas periódicamente de sus actuaciones en asambleas de barrio abiertas a toda la ciudadanía.

Una candidatura que se proponga transformar la ciudad también tiene que establecer, como mínimo, mecanismos digitales y presenciales que permitan a la ciudadanía:

– Censurar (y revocar, en su caso) a concejales y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa.

– Participar en la toma de decisiones relevantes como los acuerdos postelectorales o la realización de grandes proyectos urbanísticos y de infraestructuras.

– Finalmente, y para evitar prácticas como las de las puertas giratorias, los miembros de una candidatura deben comprometerse a no acceder, durante un periodo de al menos 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas o supervisadas en virtud de las funciones que el cargo confería, y durante 10 años a los consejos de administración.

 

2. Financiación, transparencia y gestión de los gastos

El modelo de financiación de los partidos es fundamental para determinar quién puede llegar a las instituciones y con qué independencia.

Actualmente el sistema legal de financiación de los partidos permite obtener recursos de dos fondos principales: la financiación proveniente de las arcas públicas derivada de la presencia institucional (votos y cargos); y la financiación privada (derivada de donaciones, créditos o préstamos, cuotas de la militancia y aportaciones de los cargos públicos del partido a partir de sus sueldos).

Según entidades sociales como Cuentas Claras, este modelo es excesivo, ya que no se establecen topes máximos al importe global de las subvenciones públicas; y excluyente, ya que se privilegia en exceso a los partidos con representación, en detrimento de los que a pesar de obtener una cantidad considerable de votos no obtienen ningún escaño.

Como han demostrado los casos Bárcenas, Millet, Pallarols, Mercuri, Pujol (o antes, Filesa) muchos partidos han recurrido a la financiación irregular para garantizar su crecimiento político, para pagar estructuras organizativas y campañas electorales exorbitantes o con un fin de enriquecimiento personal de sus miembros.

Otros, por su parte, han tenido que pedir créditos a entidades financieras que conllevan una dependencia excesiva de ciertos bancos y que coartan la independencia de sus actuaciones políticas (según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, los partidos deben 275 millones a las entidades de crédito y según el mismo informe, el valor patrimonial de 17 formaciones es negativo).

Una candidatura que se proponga hacer política de otro modo ha de acabar con estas prácticas. Para ello, es fundamental defender una financiación pública suficiente que asegure la independencia de las formaciones políticas frente a los grandes grupos económicos. Asimismo, se debe otorgar un mayor peso a la autofinanciación mediante cuotas de simpatizantes, pequeñas donaciones, micromecenazgo, bonos o préstamos personales.

Para alcanzar este objetivo, es importante discutir las siguientes medidas:

– Una apuesta clara por una limitación drástica del gasto en campañas electorales.

– La renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura.

– La publicación de datos desagregados que expliquen qué administraciones contribuyen, de donde provienen las donaciones, cuál es el gasto que genera el grupo municipal, etcétera (esta transparencia, de hecho, debería exigirse también a las empresas y los sindicatos).

– Un compromiso claro con el micromecenazgo finalista, es decir, el pequeño mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas.

– La introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular.

Actualmente, muchas fuerzas minoritarias que no tienen vínculos directos con los grandes poderes económicos se financian no sólo a través de aportaciones de sus afiliados o simpatizantes, sino también mediante una parte del sueldo de cargos públicos y eventuales. Es importante abrir una discusión sobre el destino de ese dinero: si debe ir destinado a pagar campañas electorales, a reforzar la propia actividad política, a apoyar a movimientos y entidades sociales, etcétera.

3. Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción

Una candidatura que se proponga gobernar la ciudad debe llevar a las instituciones a personas capaces de hacer bien su tarea y de ponerse al servicio de la ciudadanía. No puede ser que haya cargos electos o eventuales que hagan de la política institucional una profesión desvinculada de los intereses de la ciudadanía. Una excesiva profesionalización de la política, y la creación de carreras políticas, puede ser un fenómeno patológico que termina degradando la democracia.

Un fenómeno así, de hecho, es la causa de muchos males públicos: impide la renovación de personas y de ideas en la gestión de lo que es común, aumenta la dependencia de los movimientos políticos y sociales respecto de sus representantes institucionales y favorece la generación de verdaderas castas alejadas de la ciudadanía.

Una candidatura transformadora debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre estos dos elementos:
– Debe reconocer, por un lado, que las instituciones son maquinarias que no se transforman si no se conocen y que esto exige tiempo, experiencia y saberes técnicos específicos.
– Pero también debe tener clara la importancia de la rotación de cargos, de la renovación de caras y de ideas y de la conveniencia de descansar de la función institucional.

Junto con los mecanismos de fiscalización y control institucional y ciudadano ya mencionados anteiormente, una limitación razonable de mandatos puede contribuir a evitar una perpetuación indeseable en la política institucional, sin necesidad de malgastar la experiencia y el conocimiento institucional que cualquier proyecto de transformación exige.

No es fácil determinar cuáles deberían ser exactamente estos límites:
– Hay quien considera que basta con mandatos de ocho años para concejales y cargos de libre elección.
– Hay quien cree que estos límites podrían extenderse, en casos excepcionales (o mediante un referéndum abierto a los simpatizantes), durante un mandato más, hasta llegar a los doce años.
– También debería pensarse si, una vez agotado este tiempo máximo, la experiencia de estas personas podría aprovecharse en otros espacios institucionales o si habría llegado la hora de tomarse un descanso, al menos temporal.

Lo que es cierto, en todo caso, es que una práctica política institucional que no se eternice facilita el retorno de las personas que hayan participado a sus ocupaciones laborales anteriores, de las que habrán estado desconectadas menos tiempo. El problema es que no resuelve el reto de fondo del retorno a la vida profesional una vez finalizada la etapa de dedicación a la política institucional.

Ser concejal o alcalde puede dificultar o favorecer el reciclaje o la actualización profesional. Además, no siempre se puede retomar una vida profesional cuando se acaba la función pública, o porque no se tiene o porque se llevaba tiempo sin empleo remunerado. Por ello, junto a medidas como la incorporación de límites estrictos a la ley de incompatibilidades que impidan las puertas giratorias, también se debe considerar la necesidad de que los cargos electos tengan derecho al paro.

Estas consideraciones permiten ligar la cuestión de la profesionalización con la de los sueldos:
– La remuneración digna y justa de los representantes ha sido una conquista democrática histórica, ya que permite que todos puedan dedicar tiempo a las funciones públicas y no sólo los que tienen suficiente dinero o patrimonio.
– Por otra parte, unos ingresos exorbitantes pueden comportar privilegios inaceptables que alejen a los cargos públicos de la realidad y que estimulen una indeseable perpetuación en la función pública.

En los últimos años, el debate sobre la limitación de sueldos ha acaparado buena parte del debate sobre la “nueva política”. El PP, una vez más, lo está convirtiendo en uno de sus principales argumentos para la “regeneración de la política”. Así, está planteando de manera demagógica reducciones extremas de la financiación pública de cargos y partidos, con el objetivo de que el sistema de representación acabe dependiendo de los grandes intereses económicos. En Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal impulsó la eliminación de los sueldos de los diputados, de manera que los electos sólo cobran dietas por asistencia a plenos y comisiones. En muchos ayuntamientos, los alcaldes del PP también están reduciendo el número de concejalas y concejales con dedicación exclusiva, perjudicando a las fuerzas con menos representación.

También aquí una candidatura que quiera gobernar y transformar la ciudad tiene que encontrar un punto de equilibrio:
– Las retribuciones deben reflejar, ciertamente, las responsabilidades asumidas y deben permitir que las personas con hijos o con otras personas a su cargo también se puedan dedicar a la actividad política.
– Pero eso no justifica que muchos concejales ganen entre 5.000 y 7.000 euros brutos al mes, mucho menos cuando una parte importante de la población está en paro o cobra poco más que el salario mínimo interprofesional.

Es verdad que muchas concejalas y concejales destinan parte de este sueldos a mantener o promover sus partidos o a dar apoyo a entidades y movimientos sociales. Y es verdad, también, que estas aportaciones pueden llegar al 25 o al 30% de sus ingresos. Sin embargo, una candidatura transformadora debería ser capaz de alcanzar diferentes objetivos al mismo tiempo:
– Garantizar condiciones dignas de ejercicio de la función pública.
– Erradicar privilegios.
– Evitar la acumulación innecesaria de cargos.

Desde esta perspectiva, parece de sentido común plantear:
– Que los concejales de una candidatura transformadora no dupliquen sueldos y remuneraciones.
– Que si una persona percibe una retribución, no puede cobrar por asistir a reuniones, como ocurre ahora.

Asimismo, deben idearse fórmulas para evitar el absentismo (como sanciones económicas internas) así como un sistema transparente de compensaciones económicas para los gastos de transporte y alimentación ocasionados por el ejercicio de sus funciones.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y que el costo de vida en Barcelona es más alto que en otros lugares, no es fácil establecer los límites a lo que un cargo electo o eventual debería ingresar por su labor. Se han propuesto diferentes criterios de referencia, como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 641 euros en España) o el Salario Medio Bruto (SMB, 1700 euros en Cataluña). Lo que pasa es que ambos se encuentran entre los más bajos de Europa: en Francia, el salario mínimo son 1.430 euros; en Irlanda, el salario medio son 2.600 euros y en Alemania 2.574 euros, por poner algunos ejemplos). También se plantea como referencia la mediana del sueldo y la posibilidad de establecer las retribuciones a partir de una escala salarial de 1 a 3.

Hay quien considera que, en un contexto de paro y de precariedad elevados, unos 1.600 euros netos (2,5 Salarios Mínimos Interprofesionales) más compensaciones por transporte y alimentación sería una cantidad razonable para desarrollar correctamente tareas de gestión o de gobierno. Hay quien considera, en cambio, que todas las compensaciones deberían formar parte del sueldo y que el trabajo institucional debería equipararse a otros trabajos con responsabilidades similares. Así, por ejemplo, una concejala debería poder vivir con lo mismo que un director de instituto, es decir, alrededor de unos 2.600 euros netos.

En cualquier caso, sería importante que cargos electos y eventuales:
– No dupliquen funciones de manera innecesaria.
– Hagan público su patrimonio anual.
– Renuncien a los regalos o privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.

También se debe prohibir que los políticos procesados por delitos de corrupción con penas de tres años o más puedan formar parte de listas electorales.

 

martes, 14 de octubre de 2014

EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO. DESARROLLOS Y CONTENIDOS EN EUROPA Y EN ESPAÑA


La Universidad de Castilla La Mancha organiza en el mes de enero unos cursos de postgrado en derecho que este año (2015) conocen su decimoquinta edición. Se trata de unos Cursos que nacieron para aprovechar el parón de los exámenes de enero y ofertar al área cultural jurídica de Latinoamérica la posibilidad de unos cursos de tres semanas de duración en los que se emitía un título de posgrado en materias de interés para los que en ellos participaban. En estos cursos ha participado desde su inicio el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM, que durante mucho tiempo gozó de la subvención de la Consejería de Empleo y Trabajo de la JCCM como forma de lograr becas de participación de profesionales latinoamericanos en estos Cursos. 

En esta 15ª edición de 2005,  el Curso de postgrado del área de Derecho del Trabajo que lleva por nombre Oscar Ermida Uriarte en homenaje al gran maestro y amigo uruguayo prematuramente desaparecido,   dedica sus sesiones al estudio del Derecho Constitucional del Trabajo. Se trata de abordar de forma rigurosa y comparada las normas que las constituciones y los textos internacionales sobre derechos humanos dedican al trabajo, así como su capacidad para incidir en los procesos que con ocasión de la crisis económica se ciernen sobre el ordenamiento laboral.

A las actividades presenciales desarrolladas en forma de conferencias o ponencias se suma la utilización de una plataforma virtual que permitirá al estudiante la participación e interrelación con el resto de integrantes del curso y naturalmente el acceso a un conjunto muy completo de materiales legales, jurisprudenciales, doctrinales y docentes oportunamente actualizados.

A continuación, se inserta el cronograma del programa, en el que se da cuenta de los contenidos de éste. Algunos ponentes no han confirmado su disponibilidad para el día indicado, por lo que es posible que se produzcan algunos cambios en el orden de actuación, aunque no en los ponentes ni en los temas.

PRIMERA SEMANA
LUNES 12 DE ENERO
Llegada de los alumnos de posgrado y recogida de materiales

MARTES 13 DE ENERO
9,45-11,45: El derecho constitucional del trabajo. Crisis y desarrollos en Europa y en España.
Presentación del curso.
Antonio Baylos
Catedrático de Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real)
Joaquín Pérez Rey
Titular de Derecho del Trabajo UCLM (Toledo)
12,15-14,15: Constitucionalismo social: trabajo, Estado y democracia.
Antonio Baylos UCLM

MIÉRCOLES 14 DE ENERO
9,45 – 11,45: Constitución social y transiciones políticas. España (1931 y 1978)
Sebastian Martín
Profesor Contratado Doctor Historia del Derecho
Universidad de Sevilla
12,15 – 14,15: Los derechos sociales son derechos exigibles.
Gerardo Pisarello
Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Barcelona

JUEVES 15 DE ENERO
9,45 – 11,45: El panorama de derechos laborales y sociales en la Constitución española de 1978 y sus referencias en el constitucionalismo europeo de post-guerra.
Nunzia Castelli
Ayudante Doctor Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real)
12,15- 14,15: Libertad de prestación de servicios en el mercado unificado y derechos laborales. La nueva directiva de desplazamiento de trabajadores y el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversiones (TTIP)
Joaquín Aparicio
Catedrático de Derecho del Trabajo UCLM (Albacete)


VIERNES 16 DE ENERO
9,45-11,45: Declaraciones supranacionales europeas de derechos laborales y políticas de austeridad: los senderos que se bifurcan.
Joaquín Pérez Rey UCLM
12,15-14,15:  CONFERENCIA
“La incidencia de la Unión Europea en el sistema de derechos laborales de la Constitución española”
Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
Catedrático de Derecho del Trabajo UAH. Consejero de Estado y ex Presidente del Tribunal Constitucional español.


SEGUNDA SEMANA
LUNES 19 DE ENERO
9,45 – 11,45: Los derechos fundamentales de carácter colectivo: La libertad sindical.
Rosario Gallardo
Titular de Derecho del Trabajo. UCLM (Toledo)
12,15 – 14,15: El derecho de negociación colectiva y sus expresiones legales e informales.
Amparo Merino
Titular de Derecho del Trabajo. UCLM (Cuenca)

MARTES 20 DE ENERO
9,45 – 11,45: Participación de los trabajadores en la empresa y representación colectiva. El marco europeo y nacional.
Natividad Mendoza
Titular de Derecho del Trabajo. UCLM (Talavera de la Reina).
12,15- 14,15: Huelga y conflicto. Marco constitucional y desarrollo legal
Antonio Baylos (UCLM)

MIERCOLES 21 DE ENERO
9,45 – 11,45: El principio de no discriminación y su aplicación en las relaciones laborales.
Laura Mora Cabello de Alba
Profesora Contratada Doctora Derecho del Trabajo. UCLM (Toledo)
12,15 – 14,15: Los derechos civiles en las relaciones laborales: libertad ideológica y religiosa, vida privada e intimidad, libre expresión e información.
Milena Bogoni
Ayudante y doctora en Derecho del Trabajo. UCLM (Albacete)

JUEVES 22 DE ENERO
9,45 – 11,45: El dereho del trabajo: estabilidad y flexiseguridad en el empleo como identidad de los contrarios.
Joaquín Pérez Rey. UCLM (Toledo)
12,15 – 14,15. CONFERENCIA
“La reforma de la Constitución antes la crisis del Estado Social”
Maria Emilia Casas Baamonde
Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad Complutense de Madrid. Ex – presidenta del Tribunal Constitucional español.

VIERNES 23 DE ENERO
9,45 – 11,45: Salario mínimo y jornada máxima. El tiempo de trabajo como objeto de derecho constitucional del trabajo.
Francisco J. Trillo
Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo.UCLM (Ciudad Real)
12,15 – 14,15: CONFERENCIA
“La interpretación jurisdiccional de la Constitución del Trabajo”
Fernando Valdés Dal-Re
Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Complutense de Madrid. Magistrado del Tribunal Constitucional español.

TERCERA SEMANA
LUNES 26 DE ENERO
9,45 -11,45: Nuevas tecnologías y derechos laborales. Protección de datos y control informático.
Elena Desdentado Daroca.
Profesora Contratada Doctora Derecho del Trabajo (Ciudad Real)
12,15 – 14,15: Las garantías procesales de la Constitución del Trabajo. El sistema español .
Maria Jose Romero Rodenas
Titular de Derecho del Trabajo. UCLM (Albacete)

MARTES 27 DE ENERO
9,45 – 11,45: Derecho a la tutela judicial efectiva y garantía de indemnidad.
Juana Mª Serrano
Titular de Derecho del Trabajo UCLM (Talavera de la Reina)
12,15 – 14,15: La tutela jurisdiccional  del derecho de libertad sindical y otros derechos fundamentales.
Jose Javier Miranzo
Titular de Derecho del Trabajo. UCLM (Cuenca)

MIERCOLES 28 DE ENERO
9,45 – 11,45: Una visión multinivel de los espacios de garantía: el diálogo entre los organsimos internacionales y europeos.
Joaquín Pérez Rey (UCLM)
12,15 – 14,15: La contracción del Estado Social: tendencias contrapuestas en un cambio de época.
Antonio Baylos (UCLM)

JUEVES 29: ENTREGA DE DIPLOMAS.



viernes, 10 de octubre de 2014

ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA EN LA UNION EUROPEA Y REEMBOLSO DE GASTOS


El derecho a la salud en los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y la asistencia sanitaria se liga directamente a la promoción de los mercados abiertos, como una condición para la movilidad de trabajadores y ciudadanos en el espacio mercantil unificado.

Desde hace más de 50 años, en virtud de los Reglamentos de coordinación de la UE en materia de Seguridad Social, es posible recibir asistencia en el sistema sanitario de otro Estado miembro. También es factible, en virtud de la libre prestación de servicios sanitarios, acudir a la sanidad pública o privada de otro Estado miembro, adelantar el pago del tratamiento y conseguir un reembolso total o parcial de los gastos sanitarios soportados, en muchas ocasiones sin necesidad de autorización previa.

Esta segunda vía se ha recogido recientemente en el Real Decreto 81/2014 que incorpora al Derecho español la Directiva 2011/24/UE. Es una normativa que se inscribe en una larga línea interpretativa  llevada a cabo por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre libre prestación de servicios sanitarios iniciada con los asuntos Kohll C-158/96 y Decker C-120/95.

Sobre estos aspectos se ha organizado en Madrid un seminario en el marco de FRESSCO (Free Movement of Workers and Social Security Coordination) una red de expertos internacionales financiada por la Unión Europea, coordinada por la Universidad de Gante y Eftheia, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1098   coordinada por Lola Carrascosa, profesora de Derecho del Trabajo en ICADE y en la Universidad Rey Juan Carlos, experta asimismo de la red FRESSCO. El seminario ha tenido lugar en la sede de la Universidad de Comillas, en el edificio histórico de Areneros, ante una nutrida concurrencia.

Se ha analizado la primera vía de reembolso de esta asistencia sanitaria a través de los reglamentos de coordinación de la seguridad social, examinando los supuestos de cobertura previstos en los Reglamentos de coordinación y la experiencia práctica en España del reembolso o cobertura de gastos sanitarios en su marco, que han llevado a cabo Andrés Trillo,  Letrado Jefe del Servicio Jurídico Delegado Central en el INSS y Maria Teresa López, Consejra Técnica del Area Internacional INSS. En segundo lugar, se ha procedido al estudio de la Directiva 2011/24/UE y el RD 81/2014, analizando de forma exhaustiva la jurisprudencia del TJUE sobre asistencia sanitaria y libre prestación de servicios – con una ponencia de Lola Carrascosa – y el sistema de reembolso establecido en la norma reglamentaria española, cuestión que ha desarrollado el magistrado del TSJ de Galicia Fernando Lousada. La experiencia de reembolso de gastos en el sistema nacional y en concreto el tema de la urgencia vital en otro Estado miembro y su articulaciín jurídica la desarrolla el magistrado del Tribunal Supremo Jesús Guyón, que tiene como moderador a Aurelio Desdentado, magistrado jubiulado de dicho tribunal. El seminario se ha cerrado con el examen de los procedimientos de reclamación en via judicial – con una ponencia de Elena Lasaosa , profesora de la Universidad Rey Juan Carlos,  - así como una visión general de la experiencia concreta que se tiene al respecto, llevada a cabo por expertos de FRESSCO como Carlos García de Cortázar y Bernd Schulte.

El seminario se centra en responder a las preguntas más insistentes que la propia propaganda del mismo ponía de relieve: ¿Puedo ir a operarme a un hospital privado en otro Estado miembro y pedir un reembolso de gastos a mi servicio sanitario público? ¿Procede tal reembolso por acudir a un centro público o privado de otro Estado miembro para realizar una prueba médica o visitar a un especialista? ¿Qué gastos estarían cubiertos? ¿Qué sucede si hay copago? ¿Qué factores tengo que valorar antes de tomar la decisión de tratarme en otro Estado miembro? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué validez tiene una receta extranjera? ¿Qué puedo hacer si se deniega el reembolso o la autorización para ser tratado en otro Estado miembro? ¿Cuales son las vías judiciales y extrajudiciales de defensa? ¿Qué peculiaridades hay si soy un trabajador fronterizo o un pensionista de otro Estado miembro residente en las costas españolas?. Cuestiones estas más acuciantes por dos circunstancias: la de ser España un pais fundamental para el turismo y la de ser lugar central de aposentamiento de pensionistas de otras naciones.

En suma, una iniciativa interesante, avalada por la editorial Francis Lefebvre, que ha llevado a cabo exitosamente la profesora Carrascosa, reconocida experta en la materia.

 

 

 

jueves, 9 de octubre de 2014

EL ELOGIO DE LA FLEXSECURITY COMO PROGRAMA DE GOBIERNO EN ITALIA


En este otoño del 2014, se han convocado algunos encuentros informales entre los expertos científicos y sociales de Parapanda, con vistas a ir presentando un cuadro global de pronósticos de futuro (aunque también se da muy bien el pronóstico de pasado) ante la gran cantidad de eventos previstos con incidencia importante en la vida social y política. En la imagen, tres exponentes de la blogosfera parapandiana, a la llegada a la taberna en la que se inscriben los participantes.

Los acontecimientos se suceden en este otoño del 2014. Mientras en España todo se desmorona – la cada vez más evidente interrelación entre el establishment financiero, el enriquecimiento injusto y la degradación democrática se presenta como un hecho insoportable para la sensibilidad de la mayoría, junto con otros recientes escándalos especialmente simbólicos, el último de los cuales el de la presencia del virus del Ébola en Europa – se cierra el período electoral europeo mediante la constitución de un gobierno basado en exponentes fuertes de la política de austeridad y de los lobbies empresariales más agresivos, como en el caso del comisario español, que nace bajo el auspicio del bipartidismo popular / socialista a nivel europeo y que por tanto no permite abrigar esperanzas respecto del cambio de política económica.

No sólo porque Moscovici haya explicitado su apoyo en líneas generales a la que había llevado a cabo la Comisión Barroso (aunque posiblemente aligeren las exigencias de la reducción del déficit para los países en dificultades) , sino porque la nueva Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, conservadora belga, no se ha pronunciado en su comparecencia sobre la necesidad de dinamizar la dimensión social europea y, lo que es muy llamativo, ni siquiera conocía ni había oído hablar de la propuesta de la CES sobre un nuevo plan de inversiones en Europa como forma de recuperar el empleo, ni respondió a la relación que debía establecerse entre los derechos fundamentales de los trabajadores y las libertades económicas en el mercado interior. (Puede consultarse el resultado de la comparecencia de la nueva Comisaria en http://www.elections2014.eu/es/new-commission/hearing/20140918HEA65204 ).

A su vez, los gobiernos de los respectivos estados nacionales europeos se reúnen en Milán, convocados por el presidente del gobierno Renzi, que presenta Italia bajo una nueva luz, liberada de las tinieblas berlusconianas y de las sombras del interregno Bersani – Letta. En esa nueva reivindicación de uno de los países fundadores de la Europa Unida, que debe por tanto por derecho propio estar entre los Estados realmente dirigentes de la Unión – con Alemania y con Francia, fundamentalmente – las reformas laborales constituyen un elemento muy decisivo. Siempre con esa propensión a escribir en inglés las palabras que serían muy difíciles de explicar en italiano, en Milán, Italia ha blasonado de impulsar, contra una resistencia mínima de la izquierda de su propio partido y del SEL, la Job Act que la canciller alemana, Angela Merkel, se ha apresurado a comentar favorablemente: “Es un paso importante” en la buena dirección, ha señalado.

El proceso ha sido costoso pero su realización rápida. Mediante un voto de confianza, se ha adoptado en el Senado una Ley delegante en el Gobierno que detalla aspectos como permisos parentales y funcionamiento de centros de empleo, pero deja una amplísima discrecionalidad al gobierno en la regulación de los contratos precarios y temporales, las garantías de la relación laboral y los llamados “amortizadores sociales”, la suspensión de las relaciones laborales y la percepción de subsidios públicos a través de la llamada “Cassa Integrazione” y la prestación de desempleo. Se establece pues una norma en blanco que autoriza al gobierno a regular las diversas formas contractuales de trabajo. Se supone que es el comienzo de este tan reputado “contrato de protección en aumento” que se pretende la piedra de toque del nuevo derecho del trabajo. Lo que para Pergiovanni Alleva es una norma inconstitucional por tratarse de una delegación en blanco ( ver http://ilmanifesto.info/articolo-18-la-delega-in-bianco-e-incostituzionale/ ), para uno de sus principales ideólogos, Pietro Ichino, la norma marca el desplazamiento “coherente e incisivo”, de un sistema fundado en la job property a otro regido por la idea de la flexsecurity.( http://www.pietroichino.it/?p=32937) .

Son reformas que los sindicatos estiman incorrectas y contraproducentes. Al menos la CGIL, que ha re-encontrado una unidad de acción con la FIOM-CGIL, bastante descompuesta en los últimos tiempos. Ambas organizaciones – que como señala López Bulla se unen cuando hay un ataque fuerte a las estructuras básicas de la tutela de los derechos de los trabajadores (ver  http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/10/de-la-unidad-de-trinchera-la-unidad-de.html )- están preparando para el 25 de octubre una importante manifestación en Roma, cuyo seguimiento será muy importante.

Descubrir a estas alturas la importancia de la flexiseguridad más allá de su importancia como fórmula retórica empleada frecuentemente en textos europeos, es bien decepcionante, porque en el tiempo de las políticas de austeridad, se sabe que la supuesta “seguridad” ha sido sustituida por la desigualdad salarial y la precariedad laboral, sin que la llamada flexibilidad sea algo diferente de la capacidad del empleador de poder modificar las concretas condiciones de trabajo sin someterse a ningún condicionamiento contractual colectivo. Y que a la postre, elementos de un simbolismo decisivo, como la readmisión forzosa en el caso de los despidos improcedentes, son hitos culturales y políticos que si el poder público los destruye es porque pretende lanzar una señal indubitada del cambio de época.

Son muchas las resistencias, sin embargo. Que requerirán fundamentalmente un esfuerzo de coordinación y de actuación conjunta más allá de las acciones que van a emprender los sindicatos italianos. Un esfuerzo de coordinación sindical y de presencia de sujetos políticos en torno a un proyecto compartido y discutido. Cosas que se están haciendo, que se van desarrollando. Hay que estar atentos y comentarlas, participar en esas iniciativas. Que van desde el conocimiento y el rechazo del Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversiones, hasta la discusión sobre el diseño del derecho al trabajo en nuestras sociedades post-crisis. En ello estamos.