EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA ERA DEL POPULISMO. HABLA ANTONIO GARCIA-MUÑOZ

Se ha celebrado en la Universidad de Heidelberg un simposio europeo sobre el derecho transnacional en la era de los nacionalismos emergentes que ha reunido a un heterogéneo número de especialistas en la regulación de las relaciones laborales europeas. Antonio Garcia -Muñoz Alhambra, profesor de la UCLM, ha asistido al mismo y envía, en rigurosa primicia para la blogosfera de Parapanda, esta interesante crónica.

El Derecho del Trabajo en la era del populismo

Por Antonio Garcia-Munoz Alhambra

Aunque una traducción literal más fiel al título del evento seria “derecho transnacional del trabajo en la era del nacionalismo emergente”, el término populismo refleja mejor el contexto político en el que nos situamos, en palabras de Alan Bogg. En su intervención tras una agradable cena en la universitaria ciudad de Heidelberg, Bogg destacó la importancia de caracterizar de forma rigurosa el término “populismo”, o mejor las políticas populistas, para que la reiteración de su uso en diferentes contextos y con distintos propósitos no acabe por convertirlo en un concepto vacío, como le ha sucedido a tantos otros.

¿Qué caracterizaría a las políticas populistas?, precisamente su carácter excluyente, en nombre de un “pueblo”. Los políticos populistas se presentan como los representantes legítimos del pueblo frente a unas elites corruptas que se aprovechan de la democracia para realizar sus propios intereses en contra de los del “pueblo”, y el “pueblo” es únicamente el que está de acuerdo con las políticas propuestas por el populismo, dado que los demás, los inmigrantes, pero también las supuestas “elites” o las personas que critican el discurso populista, están en un no-lugar donde se agrupan los que no pertenecen al pueblo. Serian ejemplos de populistas que han alcanzado el poder los gobiernos de Polonia, Hungría o Turquía, el gobierno de Trump en los Estados Unidos, el gobierno de Theresa May en Reino Unido o el recientísimo gobierno Italiano caracterizados por un discurso antinmigración, contrario a las elites (cualquiera que sea el significado de las elites en estos ejemplos, repárese en el absurdo de un Trump clamando contra el establishment al que pertenece), contrario a las sociedades abiertas y hostil a los derechos de las minorías, los sindicatos y las formas democráticas. No se trata, sin embargo, de un fenómeno limitado a los ejemplos señalados, sino que se encuentra presente o en incipiente desarrollo en la mayoría de los países Europeos.

Pero además este discurso político busca apoyarse en el “pueblo trabajador”, el buen trabajador, honrado y no sindicalizado, cuyas condiciones de vida y las de su familia se ven amenazadas por la globalización y los inmigrantes.  Así pues, planteaba Bogg, el derecho del trabajo se enfrenta a un reto: identificar el discurso populista, denunciarlo, y recuperar un discurso que señale las carencias materiales de las clases trabajadoras y populares como el germen de un descontento que pone en riesgo la democracia. Más democracia para representar adecuadamente los intereses de estas clases frente a la cada vez mayor desigualdad y precariedad, más democracia para una mejor redistribución de la riqueza como base de unos derechos sociales robustos y eficaces que bloqueen el discurso del miedo y el odio hacia los más vulnerables de la sociedad. Delimitar los conceptos de populismo, nacionalismo y nación, una tarea nada fácil pero necesaria.

Y es que, como proponía Adele Blackett desde Canadá (gracias a las telecomunicaciones), la globalización en su actual forma genera descontento, el descontento de los perdedores de un proceso de acumulación global de capital y beneficios a costa de la desposesión y explotación de inmensas masa de personas a lo largo y ancho del mundo. Pero este descontento global, que hasta ahora solo ha sido capaz de expresarse de manera local y que alimenta las políticas populistas, no puede desembocar en resistencias y solidaridades locales y excluyentes, sino que se debe articular en solidaridades transnacionales e incluyentes. Aquí la propuesta es el desarrollo de un derecho transnacional del trabajo que permita construir y articular dichas solidaridades, otra forma de cortocircuitar el discurso populista. Es comprensible que los perdedores de la globalización se sientan decepcionados y amenazados, las ventajas de las sociedades abiertas no tienen significado para ellos, pues se les niega el acceso a las mismas, pero la respuesta a sus preocupaciones no se haya en las solidaridades locales y excluyentes.

El carácter interdisciplinar del evento, con juristas de empresa junto a laboralistas, miembros de organismos internacionales y “policy makers” junto a sindicalistas y académicos, resulto en propuestas y debates interesantes y complejos. Una valoración muy crítica de los Acuerdos Internacionales de Inversiones (Keith Ewing) y de los Acuerdos de Libre Comercio (Jeffrey Vogt), señalando sus carencias y limitaciones, no impidió reivindicar la posible utilidad de los mismos para generar nuevas dinámicas e Instituciones que permitan garantizar unos niveles adecuados de protección social, que no debe confundirse con proteccionismo. 

Igualmente, un debate en general crítico con la Responsabilidad Social Empresarial, no impidió propuestas, como la de Nina Boeger, basadas en la cooperación y la sostenibilidad como condiciones de una economía estable capaz de ofrecer crecimiento y protección social a los trabajadores al mismo tiempo que limitar el impacto ecológico de las actividades económicas. Así, frente a lo que se percibe como un fallo en el diseño de las reglas económicas a nivel global, se defiende una colaboración entre laboralistas y especialistas en el derecho de la empresa para diseñar un mercado incluyente y sostenible con empresas responsables.

Anne Trebilcock, desde la perspectiva del rol a desempeñar por las Instituciones Públicas en pos de un mercado más igualitario y sostenible describió las experiencias en el seno de Naciones Unidas, comparando el desarrollo de los Planes de Acción Nacionales desarrollados en algunos Estados bajo las premisas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y la propuesta de un nuevo Tratado vinculante para las Empresas Transnacionales, llegando a la conclusión de que no se trata de iniciativas excluyentes, sino complementarias.

Por su parte, en una propuesta de gran profundidad y alcance teórico, Anne Peters, esbozo las claves de una dimensión social para el constitucionalismo global, que se basaría en una reconstrucción de algunas partes y funciones de un derecho constitucional global que sea capaz de aportar argumentos para el desarrollo de un marco Institucional dirigido a una globalización democrática y social. Una propuesta que en cierto sentido ya ha dado sus primeros pasos, apartándose elementos que demuestran la introducción de un cierto “welfarianismo” en varias ramas del derecho internacional.  En este sentido, llamaba la atención a los trabajos de Naciones Unidas, considerando la agenda 2030 como un punto de inflexión.

Los problemas de aplicación y ejecución de los Instrumentos Transnacionales de regulación (tanto públicos como privados) a lo largo de las cadenas de producción globales se pusieron de manifiesto en varias de las intervenciones, señalando además que este tipo de problemas se encuentran también en el ámbito, en principio más garantista, de la Unión Europea, como demuestra el estudio de Tonia Novitz y Rutvica Andrijasevic sobre la fallida protección de los trabajadores desplazados en las Unión Europea, centrándose en el estudio del caso de las empresas de alta tecnología que deslocalizan su producción a Eslovaquia y utilizan mano de obra serbia.

Finalmente, Julia López y Chelo Charcartegui presentaron el caso de la reforma laboral en España y los intentos de reacción local y regional, centrándose en Cataluña y País Vasco como experimentos de construcción de solidaridades regionales. De alguna manera sus intervenciones ilustraban la afirmación de que el descontento de la globalización es global pero se expresa a nivel local, en resistencias basadas en solidaridades que se construyen sobre identidades, planteando preguntas muy interesantes sobre la simultaneidad de fenómenos de integración supranacional y desintegración nacional, las relaciones entre identidad y solidaridad , la reproducción de desigualdades territoriales centro-periferia a nivel regional, nacional y supranacional y el impacto de las medidas de austeridad en la comunidad política.

En definitiva, un evento extremadamente interesante donde los organizadores, Franz Ebert y Tonia Novitz han conseguido reunir a un importante número de académicos de distintas disciplinas, sindicalistas y activistas que han generado un debate extremadamente interesante sobre el papel del derecho laboral (y no solo) para asegurar unas condiciones sociales dignas en el marco de una globalización generadora de grandes desigualdades de la que se nutren discursos populistas excluyentes y antidemocráticos.

REIVINDICAR JURÍDICAMENTE LA HUELGA COMO DERECHO

La regulación sobre la huelga integra dos grandes equívocos, el que enfrenta la realidad fáctica del conflicto y su organización colectiva con la regulación legal, de una parte, y de otra la disociación entre un modelo constitucional de huelga- derecho y los modelos legales ajenos a esta construcción que pretenden absorber y anular una buena parte de las potencialidades de la huelga como derecho. En el caso español, además, la anomalía histórica que ha impedido el desarrollo constitucional del art. 28.2 CE, volcando sobre las decisiones judiciales el control de las pautas colectivas y sindicales sobre el ejercicio de huelga, es otro factor que complica el cuadro resultante.

La realidad del conflicto exige atender a la organización concreta de la producción de bienes y de servicios para adecuar a ella el formato y el alcance de la medida de acción colectiva. Necesariamente por tanto se tienen que integrar en la dinámica del conflicto como hecho extranormativo los fenómenos de segmentación laboral y la división entre estables y precarios, así como la fragmentación de la bilateralidad empresario / trabajador a través de las prácticas de subcontratación y externalización de la actividad productiva, de cadenas de valor o de nuevas formas de concentración empresarial a través de redes de empresa. Estas figuras hacen emerger la nueva forma de una empresa compleja y revalorizan por tanto el reforzamiento de un principio de solidaridad básicamente a través del gobierno sindical del conflicto, puesto que la idea de solidaridad entre los distintos tipos de trabajadores es consustancial a la propia noción de sindicato. La huelga aquí funciona como un agente de reunificación de las colectividades que pueblan el mundo de trabajo, y contrarresta la división entre trabajadores que consolida la temporalidad en el trabajo o la fragmentación del mismo a través de los mecanismos de la subcontratación.

El derecho de huelga se confía a los trabajadores en general, es decir, en razón de su posición social cualificada por su pertenencia en tanto prestadores de servicios para otro, en una situación de subordinación o de dependencia sea cual fuera la forma con arreglo a la cual se presente en la regulación jurídica específica. Trabajador o trabajadora como categoría general no necesariamente ligada a una relación contractual, a una relación de servicio o a la pertenencia a una empresa en concreto o a una dependencia administrativa. La huelga es un hecho colectivo organizado autónomamente, y en donde la intervención sindical resulta decisiva. La dimensión individual y colectiva del derecho de huelga se conectan a través de la forma de organizar el trabajo o de la ordenación concreta de las formas que adopta la empresa y su gestión en el mercado de bienes y de servicios. Las variaciones en esta dimensión empresarial o en las propias transformaciones de los sectores anunciados, necesariamente repercuten en las reglas y pautas de organización del disenso en la producción, que busca incidir negativamente sobre la continuidad y visibilidad de este proceso de elaboración de bienes y de servicios. Pero a su vez, las reglas que se han recogido en la normativa vigente y sobre la que elabora sus líneas de actuación la jurisprudencia ordinaria, no tiene en cuenta de ninguna manera estas alteraciones del tejido productivo y los cambios organizativos que se han inducido.

A ello se une que la reabsorción del concepto y la función de la huelga en razón del modelo que establece nuestro texto constitucional se produce a través de la incorporación a la norma laboral   y especialmente a la interpretación judicial, de modelos de encuadramiento y de regulación que niegan la capacidad potente de la autotutela colectiva y sindical reconocida como el fundamento básico del sistema de huelga-derecho. De un lado, se asume un modelo contractual o bilateral privado estricto, según el cual la huelga tiene sentido sólo en el marco de una relación contractual múltiple que reproduce los respectivos contratos de trabajo de los trabajadores con sus empresarios correspondientes y que genera una dimensión colectiva plasmada en el convenio colectivo que se aplica a esta multiplicidad de relaciones contractuales. De esta manera, la huelga es un instrumento de la negociación colectiva, no un medio de acción colectiva autónomo para la defensa de los trabajadores en cuanto tales, es decir, en cuanto miembros de una clase social subalterna. Este es un modelo de fuerte ascendencia en las cartas de derechos europeas, como la Carta Social o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde la huelga se contempla como una medida de presión en el seno de un proceso de negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Esta contractualidad se prolonga en la importación de las reglas de equilibrio recíproco en el intercambio de prestaciones que es típico del contrato y que por tanto instaura la ficción de la simetría entre los huelguistas y el empresario deduciendo reglas de conducta y orientaciones de acción “equilibradas”, como las que en el sistema español ampara el principio jurisprudencial de “proporcionalidad de los sacrificios”, o las elaboraciones consecuentes sobre el abuso del derecho referidas a las modalidades de huelga.

El otro modelo que intenta reapropiarse del contenido y alcance del derecho de huelga es el que se podría denominar modelo comunitario, que gira sobre el interés de empresa como un elemento que se impone a las posiciones de ambos contratantes, y genera una suerte de comunidad de intereses que la huelga no puede perturbar. La “adecuación “ de la huelga, su configuración como “ultima ratio” en el marco de una procedimentalización extensa que tienda a retrasar y a “enfriar” el conflicto, el control de la modalidad de la huelga sobre la base del interés de empresa – lo que se viene a indicar como un principio de no alterar sustancialmente la organización de la producción – son manifestaciones de este desplazamiento del derecho de huelga a un ambiente en el que se niega su función disruptiva, esencialmente de rechazo y subversión del orden en la producción. De manera más tosca, esta modelización de la huelga extiende su argumento más allá de la empresa, al ámbito de la economía de mercado, y defiende que el derecho de huelga no puede limitar las prerrogativas que al empresario le otorga la libertad de empresa, de manera que la huelga se resume en el acto individual de un grupo más o menos numeroso de trabajadores y trabajadoras de rehusar prestar su actividad productiva, pero sin que esto implique modificación ni restricción alguna de las libertades y poderes que configuran el status de la empresa en una economía de mercado. Ese es el camino que siguen las muy criticadas decisiones del TJUE en el cuarteto Laval según las cuales la huelga debe ser una medida adecuada y proporcional para poder ser admitida en el espacio europeo, porque las libertades económicas básicas, la de establecimiento y la de prestación de servicios, no pueden quedar comprometidas por el ejercicio de una huelga transnacional.

Estas modelizaciones , tan arraigadas en la producción teórica y la interpretación de la huelga por parte de los operadores jurídicos, deben ser consideradas incompatibles con un sistema pleno de huelga-derecho. La huelga fundamentalmente implica la subversión del orden en la producción de bienes y servicios, articula un rechazo colectivo del trabajo asalariado en cuanto éste se configura como un “artículo de comercio” sometido exclusivamente al arbitrio de la oferta y la demanda y reivindica un derecho al trabajo en mejores condiciones, una existencia social que garantice tendencialmente la igualdad en las opciones básicas de ciudadanía como la sanidad o la educación. La huelga afirma negativamente su rechazo del trabajo subordinado para reivindicar un trabajo digno, lo que se conoce como trabajo decente, y por tanto es un instrumento fundamental de realización concreta del derecho al trabajo reconocido en el art. 35 CE. Más en general, se caracteriza por ser un medio efectivo de creación de derechos individuales y colectivos sobre la base de la aplicación en cada momento concreto y en la medida en que la correlación de fuerzas lo permita, de los principios guía de la solidaridad y de la igualdad.

Por eso no es posible oponer, como intencionada y equivocadamente hacen exponentes políticos y medios de comunicación y lo recogen algunos jueces, “el derecho al trabajo” de los no huelguistas como una categoría que se confronta al ejercicio del derecho de huelga. Por el contrario, son los trabajadores y las trabajadoras que participan en la huelga quienes reclaman la actuación del derecho reconocido en el art. 35 CE y de los derechos reconocidos como consecuencia del mismo en el art. 4 del Estatuto de los Trabajadores. La huelga no extingue el contrato, sino que lo suspende y por tanto todos los trabajadores, hagan o no huelga, mantienen su relación laboral en concreto, sin que por tanto desde ese punto de vista el derecho al trabajo entendido como ocupación de un puesto de trabajo quede afectado. Los no huelguistas no ejercitan ningún derecho en positivo, y mucho menos el que tiende a garantizar un trabajo digno, sino que se posicionan en la abstención – no ejercitar el derecho – que rompe la solidaridad colectiva y obstaculiza la efectividad del derecho de huelga.

Las consecuencias jurídicas de esta opción no pueden trascender el plano individual,  porque carece de una dimensión colectiva como la que por el contrario caracteriza el derecho de huelga, y es una situación jurídica desconectada plenamente del cuadro de derechos constitucionales en cuanto medios e instrumentos de realización de un trabajo decente y garantizar condiciones de existencia suficientes y necesarias. Los no huelguistas no pueden tener por consiguiente un estatuto de protección superior al que gozan las personas que ejerzan el derecho fundamental de huelga, ni pueden entender inalterados sus derechos individuales como trabajadores aislados en la medida en que éstos colisionen con el derecho de huelga. Aunque el sistema jurídico efectúe estas limitaciones a través de la restricción de los poderes del empleador – fundamentalmente a través de la prohibición de utilizar las facultades de movilidad de funciones para sustituir a huelguistas, lo que se conoce como “esquirolaje interno” – es asimismo evidente que a los no huelguistas no puede garantizárseles el derecho a la ocupación efectiva del art. 4.2 a) ET y por tanto, correlativamente,  no se les aplicaría el art. 30 ET sobre la imposibilidad de la prestación y la obligación empresarial de retribuir el tiempo no trabajado por causa imputable a él mismo. La densidad del elemento colectivo que lleva consigo el ejercicio del derecho de huelga tiene que repercutir necesariamente en la limitación de las posiciones abstencionistas y obstruccionistas de los trabajadores individuales que se resisten a la acción de la mayoría de sus compañeros de trabajo o que se sitúan al margen de una acción de conflicto esencialmente solidaria o igualitaria.

Es necesario por tanto una revisión en profundidad de las coordenadas dentro de las que se mueve el derecho de huelga como categoría jurídica. Se requiere un esfuerzo teórico que posibilite la recuperación plena de las facultades de autotutela colectiva que este derecho supone, y que a la vez proceda a encajarlo con plena autonomía junto al resto de los derechos colectivos y sindicales que regula nuestro sistema jurídico. Es un trabajo en el que la experiencia sindical y las pautas de conducta que se está llevando a cabo en el desarrollo de los conflictos, resultará decisiva. Todo un campo de estudio y de análisis por delante.

BRUNO TRENTIN EN CASTELLANO: LA PUBLICACIÓN DE LOS DIARIOS (1988-1994)

Después del verano, la editorial El Viejo Topo publicará, en coedición con la Fundación 1 de Mayo, una selección de los diarios que Bruno Trentin escribió durante su mandato como secretario general de la CGIL italiana. Se trata de una selección de los mismos que han llevado a cabo, de manera cuidadosa, Javier Aristu y Paco Rodriguez de Lecea,  con un prólogo de Ramón Górriz y una introducción de Antonio Baylos. Es un libro que contiene apreciaciones muy interesantes sobre la izquierda, la crisis y el sindicato además de un relato sobre los acontecimientos que marcaron ese período en Italia y en Europa. Sobre esta obra los lectores y lectoras que quieran anticipar su curiosidad pueden acudir a la reseña que sobre los Diarios publicó Umberto Romagnoli en la revista digital Pasos a la Izquierda nº 11, que puede consultarse  en Leyendo los diarios de Bruno Trentin y el comentario más extenso que publicó Juan Moreno en Nueva Tribuna de 19 de abril de 2018 , en Bruno Trentin, con la furia de un ragazzo . A continuación se publican algunas notas introductorias sobre el autor y su importancia evidente como intelectual y como sindicalista, confiando en que ello pueda inducir a la compra y lectura del libro tras las vacaciones de verano.

Vivimos un tiempo en el que no se estila leer documentos sindicales. No sólo porque éstos se restringen al círculo de los cuadros sindicales que luego deben traducirlos en indicaciones precisas en su acción colectiva cotidiana, sino porque el interés por el sindicato como un lugar de reflexión y análisis de la realidad social ha desaparecido del espacio que frecuenta la opinión pública. Los ejemplos recientes son abundantes. En nuestro país, la discusión en el seno del sindicato de CCOO de un documento que se titulaba “repensar el sindicato” a través del cual se canalizaba un proceso de debate sobre la propia consideración del sindicato como instrumento de organización y de acción colectiva, no ha sobrepasado el círculo de los afiliados a este sindicato que participaban en el proceso congresual que culminó con un importante cambio de la dirección confederal y la elección de Unai Sordo como secretario general, ni ha merecido atención alguna más allá de esta dimensión. Si no se atienden los documentos sindicales, la literatura en torno al sindicalismo escrita desde el sindicalismo resulta prácticamente reducida a un grupo selecto de lectores a los que a lo sumo se les concede la categoría de especialistas en un tema alejado de los que se consideran centrales en la discusión pública que afecta a un país determinado.

Sin embargo, desde el sindicalismo y precisamente a partir de la reflexión que han concitado algunos de sus exponentes más relevantes, se han elaborado textos de un interés primordial para comprender el entramado político, social y económico de determinadas sociedades en un tiempo histórico concreto. En España, es en el tiempo de la transición a la democracia cuando se desborda esta producción de textos, especialmente destinados al examen de la experiencia histórica del movimiento – organización de clase y su papel extraordinariamente relevante en la construcción del marco democrático y social que se habría de consolidar a partir de 1978. En Italia hay una tradición mayor de publicistas sindicales que resultan figuras clave en el debate intelectual y político del país, y el sindicalismo se ha dotado de una larga serie de instrumentos editoriales y de difusión que permiten la permeabilidad social de sus elaboraciones.

Bruno Trentin es una de estas figuras emblemáticas, y aunque su trayectoria personal e intelectual desborda desde luego su rol de dirigente sindical, lo cierto es que su producción teórica no se entendería sin su inserción en el seno de la CGIL y en los procesos históricos del movimiento de delegados, el otoño caliente y la unidad de acción sindical, que hicieron del sindicalismo italiano un punto de referencia fundamental para todas las izquierdas europeas. Trentin es un personaje histórico, pero también literario. Un hombre de un tiempo ya extinto, en cuya biografía caben todas las facetas posibles de un dirigente obrero y de un intelectual riguroso que ha tomado partido decididamente por el socialismo y la democracia en el convulso siglo XX. Una persona de gran estatura, no solo física, participó muy joven en la resistencia al fascismo y al nazismo – su “diario de guerra” sobre ese período ha sido publicado recientemente y es una verdadera joya literaria e histórica - y fue un dirigente sindical extremadamente influyente e importante en la conformación tanto del “sindicato de los consejos” como del proceso de “autorreforma” de la CGIL, además de desarrollar una intensa y extensa reflexión teórica y política sobre el trabajo y su subjetividad colectiva.

Bruno Trentin ha sido una gran personalidad del sindicato y de la izquierda europea, no sólo italiana. Un protagonista que contribuyó a construir la historia del sindicalismo confederal italiano y que influyó decisivamente en el debate interno del PCI y de la izquierda en aquel país. Alguien en quien se personificó la noción de militancia, larga e intensa, en la que se fusionaron las figuras del sindicalista y del intelectual, el pensamiento y la acción. Un dirigente querido por los y las trabajadoras, con una gran autoridad moral y política y enormemente firme en la defensa de sus ideas y de sus posiciones en el seno de las organizaciones de clase en las que militaba.

El conocimiento en España de la figura y la obra de Bruno Trentin se liga directamente con las consideraciones que se han hecho sobre una literatura sindical separada de las grandes líneas de análisis que influyen en la opinión pública, sin que tampoco haya adquirido presencia en la nueva literatura política alternativa. No ha sido “redescubierto” como otros autores, posiblemente por su doble condición de sindicalista y comunista, referencias cruzadas que no resultan una buena tarjeta de visita ni para la cultura del establishment ni para las nuevas coordenadas de la ilustración alternativa e indignada.

La difusión y traducción de su obra se debe realmente a la pedagogía activa de otro gran dirigente sindical, Jose Luis López Bulla, y a su capacidad de influencia sobre el espacio cultural propio del sindicato. Identificado como un elemento decisivo en la explicación de la crisis del sindicato en los años 80 en relación con la crisis del fordismo, unido a la capacidad de sus escritos de analizar la realidad social y de definir un proyecto alternativo en el que la autonomía sindical resultaba decisiva, la aportación teórica de Trentin se imbricaba perfectamente en el esfuerzo de reflexión, análisis y debate que el sindicalismo confederal español debía efectuar.

En efecto, se podía decir que Trentin llegaba tarde al panorama de lecturas y referencias “a la moda” en la izquierda de la modernización española, mucho más centrada en discusiones sobre la tercera vía y el derrumbe del socialismo real y por tanto en la necesidad de un nuevo maridaje entre liberalismo económico y democracia social, porque su rasgo identitario como teórico se relacionaba excesivamente con la problemática del trabajo y de la explotación, que colocaba en el primer plano de las urgencias del análisis, a la vez que reivindicaba la libertad como requisito de la realización de las personas que trabajaban, en una construcción especulativa en la que el sindicato aparecía como el gran agente del interés colectivo en la democratización de la economía y la asignación de derechos individuales y colectivos como eje de la acción organizada sindical. Un punto de vista laboral que enlazaba con el cuestionamiento de aspectos centrales de la política sindical mediante la necesidad de afrontar nuevas reglas en la negociación colectiva y en la política de redistribución de rentas, poniendo el énfasis en la relación entre desarrollo, crecimiento y naturaleza y ambiente y en la exigencia de democracia en las empresas.

Trentin entra por tanto en el panorama cultural de referencias ineludibles en nuestro país no a través de una reivindicación de su obra por el saber oficial o académico, sino como un autor rescatado desde el saber colectivo y sindical, y ese sesgo específico es una característica relevante. Es un descubrimiento tardío, casi coetáneo con su muerte, que se produce a través de publicaciones sindicales. En efecto, la Fundación Sindical de Estudios, en el 2007, publicó una antología de textos de Bruno Trentin que habían sido traducidos por López Bulla y Rodriguez Lecea , pero resultó fundamental la traducción y publicación de “La ciudad del Trabajo” en el 2012 por la fundación 1 de Mayo que posteriormente fue coeditada con la editorial Bomarzo, siempre bajo la traducción de López Bulla . En ese mismo año, un seminario organizado conjuntamente por la Fundación de Investigaciones Marxistas, la Fundación para la Europa de los Pueblos y la Fundación 1º de mayo,  coordinado por Eddy Sánchez, se dedicó al “Sindicalismo y conflicto social hoy: a propósito de Bruno Trentin”, en el que se debatió de manera muy extensa sobre diversas lecturas de su obra, todas ellas muy centradas en la que acababa de publicarse por la 1 de mayo.

La razón por la que su figura y sus obras son muy valoradas no sólo tiene que ver con esa biografía de honestidad política, lucidez intelectual y compromiso estratégico con la transformación social, lo que ya de por sí es un elemento especialmente valorable. Trentin en sus obras ofrece un análisis poderoso y muy sugerente sobre la crisis de la izquierda y la necesidad de rearmar ideológica y teóricamente el pensamiento teórico y reformista europeo. De manera resumida se podría decir que las razones profundas de la incapacidad de la izquierda europea para proponer una alternativa creíble al neoliberalismo tienen que ver con la influencia hegemónica del fordismo, de la organización científica del trabajo sobre la concepción del progreso como un fenómeno no político externo a la democracia y la separación de las nociones de la política de reformas de la situación material en que se produce la explotación del trabajo. Eso implica la “indiferencia” de la política de los partidos progresistas – socialdemócratas pero también de la izquierda plural, en especial de cultura comunista o post-comunista, y de los ecologistas - ante la “cuestión del trabajo”, la sumisión de esta política a los imperativos de la gobernabilidad.

El error de la izquierda europea y del pensamiento emancipador de las organizaciones de trabajadores consiste en posponer el problema de la abolición de la explotación a la conquista del Estado. “La temática de la liberación del trabajo y la acción para cambiar la organización del trabajo han sido casi siempre relegadas a un campo secundario de la acción política y social”, de manera que el trabajo y los modos de organizarlo en los lugares de producción y en la sociedad ha sido una temática periférica en las ideologías dominantes de los movimientos reformistas. Trentin lo señala de manera elegante al recordar que la búsqueda de la ampliación de la democracia – de las fronteras de la democracia política – se ha detenido en el umbral de la sociedad civil y en los “lugares privados” de trabajo en los que se desarrolla, para una gran parte de la humanidad, un trabajo subordinado y subalterno.

No es necesario decir que ese discurso es extremadamente actual, puesto que señala la relación directa entre libertad, derechos democráticos en el espacio público y el autoritarismo en el que se expresa la situación de explotación laboral, la carencia de derechos en la concreta realización del trabajo. Esta desconexión de la problemática de la libertad y de los derechos civiles del trabajo y su complejidad social y política es hoy un elemento central del debate democrático en el que estamos inmersos tras la crisis. En positivo, se habla de derechos civiles ligados a la persona que no está marcada por su posición subalterna derivada del trabajo, y en negativo, se piensa en garantizar los derechos cívicos, pero velando los lugares de trabajo como espacio opaco a los mismos. Una especie de “externalidad” democrática que hace del trabajo un elemento “privado” sometido por tanto a un espacio de autoridad privada sin límites. Desde otra perspectiva, pues, resulta difícil encontrar un discurso político sobre la violencia de la explotación como pérdida de la identidad ciudadana, sobre la necesidad de cambiar un trabajo cada vez menos libre, más sometido, sin derechos materiales ni formales de ciudadanía, única forma de superar la democracia bloqueada en la que nos encontramos.