viernes, 24 de junio de 2016

¿QUÉ HACER CON EUROPA AHORA? HABLA JOAQUIN APARICIO


El resultado del referéndum británico tiene muchas lecturas, y entre éstas, conviene destacar aquella que no considera el mismo como la consagración de una vocación anti-europea congénita a los británicos, sino cómo un efecto derivado de la consideración negativa por parte de la mayoría de ciudadanos de aquél país de la opacidad de la burocracia de Bruselas y la propia evolución de la política europea en la fase actual que atraviesa toda la Unión y en la que el establishment político-financiero que dirige estas políticas no puede imponer una línea de acción que se revela como fracasada y contraproducente. Joaquín Aparicio ha realizado una corta reflexión de urgencia sobre el tema que este blog ofrece a sus lectores en primicia absoluta. 

¿Y AHORA QUÉ? ¿QUÉ HACEMOS CON LA UNIÓN EUROPEA?

Joaquín Aparicio Tovar

Era previsible. La reacción de una parte de los medios de persuasión dominantes partidarios del si en el referéndum británico de ayer aprovechan para atacar a las fuerzas de izquierda que ponen en cuestión la políticas de la austeridad y la falta de democracia en la Unión Europea metiéndolas en el mismo saco con los partidos de extrema derecha antieuropeistas y xenófobos.  Al mismo tiempo, de forma un tanto contradictoria, alaban las “virtudes británicas”, casi como lo hacen algunas fuerzas ultranacionalistas  que propugnaban el abandono. Al mismo tiempo no dejan de reconocer que son necesarios profundos cambios para recuperar el proyecto europeo y para ello apelan a los lideres actuales a ponerse manos a la obra.

Pero hay que aclarar varias  cosas, como, entre otras,  definir el proyecto integrador europeo, encarar  el arrastrado por años  “déficit democrático” , y quienes tienen que liderar el nuevo proyecto.

Sobre la primera de las cuestiones es conveniente recordar que el Reino Unido se sumó al proyecto europeo en 1973 y desde entonces ha sido un socio incómodo, egoísta y retardatario o directamente boicoteador de “una unión más estrecha entre los pueblos de Europa”. En el nacimiento de las Comunidades Europeas, allá por 1951, El Reino Unido no quiso formar parte de las mismas que, siendo una unión funcional en torno a objetivos concretos, implicaban una cesión de competencias soberanas desde los Estados a las recién creadas instituciones supranacionales, sino que por el contrario impulsó la creación de una zona de libre cambio (la EFTA) que no repugnaba incluir en su seno al Portugal de la dictadura salazarista. Pero la EFTA fracasó y la Comunidades Europeas fueron un éxito cuyo magnetismo atraía más y más socios. En importante medida ese magnetismo tenía mucho que ver con el impulso ético que animó el proyecto de integración europea: la paz y el reconocimiento de derechos sociales, el respeto por el Estado Social y Democrático de Derecho, que convivía, no sin tensiones, con los objetivos económicos de construir un mercado interior sin fronteras.  Ese impulso ético era producto de la correlación de fuerzas entre las clases sociales europeas traumatizadas por la experiencia de la primera y la segunda guerra mundial, de la que nuestra guerra civil fue el prólogo.  Desde la caída del muro de Berlín el proyecto europeo ha ido desdibujándose en un claro desequilibrio a favor de las libertades económicas frente a los derechos sociales pareciéndose, cada vez más y poco a poco, a una zona de libre cambio comercial. Bruselas se ha convertido en una sentina del capital financiero. Por ahí es por donde hay que empezar la reconstrucción para que la Unión sea espacio de solidaridad mediante el respeto y defensa de los derechos humanos, en especial de los derechos sociales. Los movimientos xenofóbicos y nacionalistas tendrían la hierba segada bajo sus pies cuando los trabajadores de Europa viesen que Bruselas es la proa en defensa del trabajo y la protección social decente frente al capital globalizado, que a través de tratados como el TTIP o el TiSA quiere imponer sus reglas.

Esa reconstrucción no puede hacerse de forma oculta a espaldas de la ciudadanía. Las élites europeas se han acostrumbrado en estos años a funcionar sin transparencia, blindadas por un entramado burocrático que aleja los controles democráticos,  a pesar de los intentos del Parlamento Europeo. Los ejemplos son muchos, pero basta citar que el llamado eurogrupo, cuyas decisiones son de extremada importancia para la vida de los ciudadanos, funciona prácticamente sin reglas y toma sus decisiones en secreto.

Se les pide en la prensa oficial a los lideres políticos de Europa que se pongan a la obra para reverdecer el proyecto europeo, pero esos mismos líderes no están legitimados para ello después de haber llevado a la Unión Europea al estado en que se encuentra por su sometimiento servil a los intereses del gran capital globalizado, en el que también participan capitalistas europeos. La crisis de 2008 mostró el fracaso del modelo neoliberal pero la UE no fue capaz de dar una respuesta que no haya sido más neoliberalismo con el consiguiente aumento de desigualdad, pobreza,  precariedad y exclusión social. Otros lideres europeos deben conducir el proyecto integrador de una nueva Unión Europa que sea ejemplo para un orden mundial respetuoso con el medio ambiente, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social, pues sigue siendo válido lo que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo pregonaba en 1919, que la paz mundial solo es posible si se construye sobre la justicia social. Las elecciones españolas del 26 son una buena oportunidad para esa renovación.

Es de lamentar que el 52 % de los británicos no quieran participar de esta hermosa aventura, pero nadie puede ser obligado a ello, porque solo con socios fiables se puede emprender ese camino.  ¡Allá ellos!




lunes, 20 de junio de 2016

SOBRE EL TRADE (UN LIBRO SOBRE SU RÉGIMEN JURÍDICO)


Ya no se habla apenas del trabajador autónomo económicamente dependiente, el TRADE. Un libro reciente rescata esta problemática, y la siguiente nota lo comenta.

La gran novedad de la LETA del 2007 fue la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, popularmente conocido como TRADE. En su momento, fue objeto de un aluvión de comentarios doctrinales que se explayaban sobre las características de la misma y sus implicaciones, e incluso su vis atractiva pasó a otras culturas jurídicas, siendo esgrimido como una creación normativa original y útil para explicar la gradación de las tutelas de un trabajo en vías de transformación que además permite rebajar los niveles de protección típicos del trabajo asalariado y hacerlo más sugerente para los empleadores sin expulsar al trabajo en régimen de autonomía del círculo de protección que brinda el derecho laboral. Como era previsible, también fue objeto de crítica por quienes veían en él un subterfugio para escapar a la inclusión de ciertos supuestos dudosos dentro del perímetro protector del derecho laboral, junto a otras posiciones que explicaban la opción de política del derecho efectuada en el 2007 como una forma limitada de reversión de los procesos de expulsión de la norma laboral que se habían producido en la reforma de 1994 respeto de categorías precisas como la de transportistas o agentes comerciales.

Desde el sindicato, además, esta figura generó un amplio debate sobre la base de la forma de encuadramiento de este tipo de trabajadores y la necesidad (o no) de desplegar una estrategia de acción sindical en este sector, en relación con la forma en la que el proyecto de tutela de los derechos laborales que lleva a cabo el sindicato concebía al trabajo autónomo – más allá de que fuera económicamente dependiente – y los medios de acción que podía poner a su disposición. Este tema se extendía asimismo al asociacionismo de los trabajadores autónomos de referencia sindical, es decir, en aquellas asociaciones que mantenían un ligamen orgánico o funcional con las grandes confederaciones.

En su desarrollo concreto, por otra parte, muchos de sus aspectos problemáticos fueron abordados por una jurisprudencia no muy numerosa pero si efectiva en cuanto a la fijación de pautas interpretativas de las disposiciones legales. Pasado su momento, la llegada de la crisis impactó posiblemente de manera negativa sobre el desarrollo posible de una figura sobre la que se habían depositado tantas expectativas, de forma que mientras que el trabajo autónomo creció fundamentalmente a partir de la puesta en práctica de la reforma laboral, con el desplazamiento de una amplia serie de trabajadores asalariados al ámbito de la autonomía y de la exclusión laboral, el contingente de TRADEs siguió siendo exiguo y muy minoritario dentro del universo del trabajo prestado fuera de la regulación laboral. Pese a ello la segregación normativa que la crisis ha efectuado sobre el emprendimiento como fórmula áurea de la recuperación económica y la promoción del mismo ha llevado también a modificar esta figura, en especial a través de la relativamente reciente Ley 31/2015, de 9 de septiembre.

Era por tanto conveniente llevar a cabo una suerte de recapitulación de la situación jurídica por la que atravesaba en la actualidad el TRADE. Y esa tarea la ha acometido el profesor Pérez Rey en un libro de la Colección básicos de la editorial Bomarzo, en el que aborda, con gran efectividad y concisión inteligente, la totalidad de los aspectos laborales que esta figura planta, desde su propia y compleja definición, hasta el examen del contrato que liga al TRADE con el cliente principal y las condiciones que éste puede contener, los elementos más llamativos del régimen jurídico de este tipo de trabajador autónomo, las causas de interrupción justificada y, muy especialmente, las características de la extinción del contrato, con las consecuencias indemnizatorias que de ello se siguen. Se examina asimismo la débil capacidad contractual colectiva que la ley dispone para estos trabajadores autónomos, los apenas utilizados Acuerdos de Interés Profesional y los problemas importantes que éstos plantean desde una visión correcta del principio de autonomía colectiva, para finalizar con unas consideraciones sobre la competencia jurisdiccional del orden social y la posibilidad de solución autónoma de conflictos. La obra se cierra con una bibliografía seleccionada muy indicativa de la pasión doctrinal que el tema despertó entre los cultivadores del derecho laboral, y ello sin abordar otro de los puntos más álgidos de la cuestión que son los relativos a los derechos de protección social y en concreto la promesa del desempleo para esta categoría de trabajadores, que queda fuera del campo del estudio propuesto.

El libro, por tanto, permite conocer con perfección el estado de la cuestión y los puntos problemáticos que identifican en la actualidad a esta figura, por lo que con toda seguridad le hace merecedor de atención por parte tanto de los estudiosos de la materia como de los juristas prácticos que analizan este sector del ordenamiento.

EL RÉGIMEN PROFESIONAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE: NOVEDADES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

Joaquín Pérez Rey. Editorial Bomarzo, Albacete, 2016, 116 pp.

sábado, 18 de junio de 2016

EUROPA A LA ESPERA: REFERENDUM EN REINO UNIDO, ELECCIONES EN ESPAÑA



Es un mes de junio importante para Europa. En la semana que viene se cumplen dos citas electorales cruciales, la que decide la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, y la que viene a suponer una segunda vuelta de las elecciones españolas de diciembre pasado. Dos hechos que con toda seguridad pueden marcar el futuro inmediato de la Unión europea.

No sólo, desde luego. El proceso de movilización en Francia que se desarrolla en la actualidad, es un preludio de nuevos sobresaltos para la gobernanza europea que previsiblemente asomarán ya en octubre en Italia, con ocasión del referéndum, tras unas elecciones regionales y comunales  que también culminan en este fin de semana y en las que parece haberse producido un duro golpe al partido de Renzi.

Son temas importantes, que se abordan por separado desde voces diferentes y no siempre bien orientadas. En el último número de Insight, un almacén de textos e intervenciones que se expresa en varias lenguas, se ha hecho un esfuerzo por ofrecer una visión de conjunto sobre el Brexit, explicando las diferentes opciones que se enfrentan y los intereses que éstas sostienen, junto al análisis de tantos otros problemas que se localizan en Europa y en USA en este tiempo convulso de la crisis permanente. Todo ello con cargo a firmas bien conocidas de pensadores y analistas especializados bajo la dirección de Antonio Lettieri.

A continuación se inserta la descripción del último número de Insight



 

Junio 2016 / En este número

Insight  (www.insightweb.it) es una página multilingüe que habla de la crisis y de sus consecuencias sociales y políticas
Los lectores interesados en recibir en el futuro el boletín Insight deben registrarse en la página.
Artículos Este número está dedicado en gran medida al Brexit. Sobre este asunto escriben  Mario Nuti, Ruggero Paladini, Paul Mason. Jeff Faux  por su parte discute el rol que desempeña Irán en el Oriente Medio. Carlo Clericetti escribe sobre la posible inaplicación de la negociación colectiva sectorial de ámbito nacional en el sur de Italia como fórmula de recorte salarial, mientras que Dean Baker aborda la problemática salarial en Estados Unidos. Además, hay artículos de Umberto Romagnoli, Antonio Baylos, John Weeks  y de Antonio Lettieri sobre la regulación del trabajo, el golpe de estado institucional en Brasil, la economía europea y las migraciones.

En la sección de Papers: Desigualdad y New Deal (Belabed, Christian A); Oriente Medio (Roberto Toscano); El retroceso del Derecho del trabajo en Italia (Umberto Romagnoli); El modelo “Uber” de relaciones económicas y sociales (Lawrence Mishel); el salario mínimo en Alemania (Schulten)
A continuación, el sumario detallado de este fascículo:


Articles and Opinions

         D. Mario Nuti
        
Brexit (1) - Why to vote Leave
  • Ruggero Paladini
  • Paul Mason

  • Jeff Faux

  • Carlo Clericetti

  • Antonio Lettieri
  • Dean Baker

  • Umberto Romagnoli

  • Antonio Baylos
  • Ruggero Paladini

In the Papers
Inequality and the New Deal (Belabed, Christian A.)

Ross Eisenbrey and Lawrence Mishel

The German Minimum wage after one year (Marc Amlinger, Reinhard Bispinck, Thorsten Schulten)

In the
Views: Brexit; Sanders; Italy; Greece (and more...)_____________________________________________________

Editor Antonio Lettieri, Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos
Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone;Carlo Clericetti; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro;Stuart Holland; Jesper Jespersen; Mario Nuti; Ruggero Paladini;Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Hartmut Seifert



jueves, 16 de junio de 2016

REPENSAR EL SINDICATO EN BILBAO



Las “Escuelas de Verano” sindicales son clásicamente un espacio de debate y discusión más distendido y productivo que el que normalmente se produce en los órganos regulares del sindicato. CCOO está además emprendiendo un proceso de reflexión y de debate interno muy acentuado que coincide con una reivindicación de su propia historia - 50 años de la creación de las primeras experiencias organizativas, la Inter ramas -  y que quiere proyectarse sobre una interrogación acerca del presente y el futuro del sindicato, en torno a una iniciativa de consulta y apertura de un diálogo con los militantes de CCOO.

La Escuela “Pedro Gómez” de las CCOO de Euskadi, dedica su XIV edición a este tema, la reconsideración de cuáles pueden ser los elementos cruciales para la determinación del sindicato en el inmediato futuro. Para ello, han contado con la colaboración de la Fundación José Unanue y la organización confederal de CCOO en Euskadi, y han arbitrado un programa en dos días, que se ha estimado lo suficientemente atractivo como para logar más de doscientos inscritos. En la primera sesión del día 14, por la mañana, han intervenido Bruno Estrada hablando sobre los nuevos modelos de gestión y de organización de empresa y su repercusión sobre la acción sindical, Antonio Baylos explicando el nuevo y desfavorable marco legal en el que se desenvuelve la acción sindical y se produce la “balcanización” de la negociación colectiva, para, tras un breve descanso durante el cual se ha producido una concentración en protesta por el fallecimiento de otro obrero por accidente laboral, intervenir Imanol Zubero que sugirió algunas propuestas para preservar la identidad de clase en una sociedad fraccionada. A cada intervención siguió un debate muy animado por parte de los asistentes.

Acabada esta sesión, a la que asistió además del nutrido grupo de sindicalistas entre los que se encontraba el Secretario General de CCOO y amigo de la blogosfera de Parapanda, Unai Sordo y el director de la Fundación José Unanue, Oskar Arenas, se formaron por la tarde una serie de grupos de discusión que deberían proceder a una discusión abierta sobre los textos y documentos previamente entregados a los asistentes, sobre cada uno de los temas objeto del debate. Al día siguiente, la Escuela continua con una sesión matinal en la que se aborda el tema de la acción sindical en la globalización, que llevará a cabo Juan Blanco, y una mesa redonda que moderará la responsable de comunicación de CCOO junto con tres periodistas que presentarán las visiones que desde la prensa escrita y digital se tiene del sindicato. Finalmente, Unai Sordo cerrará el encuentro y presentará las conclusiones del mismo.

La Escuela aprovecha además sus actividades para realizar un homenaje especial a Tomás Tueros, fundador de CCOO de Euskadi y miembro histórico del EPK / Partido Comunista de Euskadi, al que ha asistido su familia  y todos los que han sido secretarios generales de CCOO de Euskadi. Tambien ha contado con la participación de Ignacio F. Toxo y otros dirigentes sindicales, entre los que estaban Ramón Górriz. y Fernando Lezcano. Un homenaje importante a un luchador comunista y demócrata que marcó de manera muy importante las señas de identidad de CCOO en el Pais Vasco. Una semblanza del mismo, muy interesante por lo que implica de memoria y de reivindicación, puede seguirse en este artículo de Unai Sordo : http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/CC_OO-sindical-secretario_general-capital-La_Naval-dictadura_6_499810046.html


lunes, 13 de junio de 2016

CARTA SOCIAL EUROPEA Y LIBERTAD SINDICAL


La Carta Social Europea reconoce, como se sabe el derecho de libertad sindical. En este texto, obra de Nunzia Castelli y del titular de este blog, se analizan las declaraciones de derechos que reconocen la libertad sindical en un programa multinivel de garantía de derechos. El texto se ofrece en primicia a los lectores de la blogosfera de Parapanda. (La foto, cortesía de Antonio Ojeda, retrata un seminario italo-español sobre representatividad sindical en Nápoles, en 1988, donde pueden verse una serie de laboralistas famosos hace 28 años, aunque tres de ellos, lamentablemente han ya desaparecido)

El artículo 5 de la Carta Social Europea, bajo la rúbrica de “Derecho Sindical” afirma textualmente que “para garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de constituir Organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas Organizaciones, las Partes Contratantes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las Fuerzas Armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas deberán ser determinados por las Leyes y Reglamentos nacionales”. Se trata por consiguiente del reconocimiento de la libertad de asociación sindical y de asociacionismo empresarial que la CSE obliga a garantizar y promover en todas las naciones europeas que formen parte del Consejo de Europa, al hallarse dentro del núcleo duro de aceptación preceptiva junto con el derecho de negociación colectiva (y huelga) del art. 6 CSE.

Es un texto legal que, proclamado en 1961, se sumaba a una serie de instrumentos internacionales que habían considerado la libertad sindical como un elemento central en la configuración de un orden democrático libre e igualitario surgido tras la derrota de las potencias del eje tras la Segunda Guerra Mundial, lo que implicaba la proscripción de los elementos autoritarios del nazifascismo que negaban la capacidad de organización autónoma de la clase obrera como sujeto colectivo. Desde luego lo había sido explícitamente para la OIT tras la Declaración de Filadelfia de 1944 y posteriormente a partir del Convenio 87 OIT (1948) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación pero también para las Naciones Unidas en la  propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que en su art. 23.4 prescribía de manera taxativa que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, que luego encontrará su continuación y desarrollo en el art. 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966.

A nivel europeo, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 reconocería en su artículo 11 el derecho de asociación sindical en términos paralelos a cómo lo habría de reconocer el presente artículo 5 CSE analizado, tanto en cuanto al contenido de esta libertad como a sus límites. En efecto, el art. 11 CEDH establece en su apartado primero que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”, para a continuación establecer los límites a estos derechos en su párrafo segundo, según el cual “el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado”.

La libertad sindical por tanto se asumía como un elemento crucial en la determinación de los derechos humanos que debían ser garantizados y reconocidos por todos los Estados en razón de sus compromisos internacionales, y en concreto como un elemento central en la definición de la Europa democrática occidental, a la que la CEDH prestaba cobertura ideológica y legitimación precisamente desde la proclamación de estos derechos. Este elemento constituía la razón de ser de las democracias europeas, y como tal se correspondía con las constituciones nacionales de los países continentales que habían derrotado al nazifascismo, desde Italia y Francia hasta la Ley Fundamental de la República Federal Alemana.

Pero al lado de esta aproximación estatal / internacional a partir de los años sesenta va tomando fuerza la agregación de Estados en la Comunidad Económica Europea que forma a su vez un nuevo conglomerado supranacional con cesiones de soberanía por parte de los Estados que progresivamente van consolidando un espacio de integración que avanza hacia un compuesto casi federal con una marcada asimetría entre la vertiente política y la económica en el que lo decisivo será la formación de un mercado abierto mediante el desarrollo de las libertades (económicas) fundamentales de circulación, concurrencia y libre prestación de servicios. Conforme este proceso de comunitarización se fortalecía, especialmente a partir del Acta Única de 1986, surge la necesidad  de dotarse de un marco enunciador de derechos fundamentales en este marco integrado, lo que en efecto se produce en 1989 con la llamada Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, inspirada, como dice el preámbulo de la misma, “en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta Social Europea del Consejo de Europa”, en cuyo punto 11 se establece que “los empresarios y trabajadores de la Comunidad Europea tienen derecho a asociarse libremente a fin de constituir organizaciones profesionales o sindicales de su elección para defender sus intereses económicos y sociales”, añadiendo que “todo empresario y todo trabajador tiene derecho a adherirse o no libremente a tales organizaciones, sin que de ello pueda derivarse ningún perjuicio personal o profesional para el interesado”.

La Carta Comunitaria sin embargo no tuvo más trascendencia que la de ser una “declaración solemne” sin valor jurídico en el interior del derecho comunitario, pese a las intenciones de sus propulsores y a la idea de “replicar” en el ámbito del derecho comunitario los contenidos de la Carta Social en el Consejo de Europa. Para obtener por fin un texto de referencia en este ámbito europeo habrá que esperar a la Carta de Niza, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que si tuvo, tras largas vicisitudes, el valor normativo correspondiente a los Tratados y por tanto su pleno reconocimiento jurídico en el interior de la Unión Europea. Aunque alejándose de la estructura típica de las declaraciones de derechos humanos europeas, en el art. 12 de la misma, dentro del apartado de “Libertades”, se reconoce que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”, prescripción ésta que aparece separada del grueso de los derechos fundamentales de carácter laboral que se sitúan en el título denominado “Solidaridad”.

Al margen de los distintos niveles de desarrollo de este reconocimiento, lo cierto es que la libertad sindical aparece de esta manera enmarcada como un derecho humano fundamental que debe ser preservado por los poderes públicos y privados en todo el ámbito europeo e internacional, a lo que se une finalmente su consideración plenamente universal a partir de la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que fija cuatro grandes principios de alcance universal a todas las personas y a todos los países que forman parte de la OIT aunque no hayan ratificado los Tratados en los que se regulan estos derechos. Entre ellos, como es sabido, se encuentran, al lado de la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil y el respeto al principio de igualdad de oportunidades, el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva (Convenios 87 y 98 OIT).

Por consiguiente, la libertad sindical se entrecruza en un haz de declaraciones que se traduce en una diversidad de niveles en donde ésta se desarrolla y es específicamente considerada para su tutela por parte de los poderes públicos en diferentes dimensiones. Ello conduce a la problemática de la protección “multinivel” de los derechos fundamentales laborales que desemboca en una perspectiva de “pluralismo constitucional” con legitimidad compartida y sin que quepa apreciar una articulación de éstos en términos de supremacía o de jerarquía. Este hecho genera a su vez un “diálogo judicial” entre los distintos órganos jurisdiccionales de que disponen los diferentes instrumentos de reconocimiento de derechos para su garantía, y que se materializa en relaciones de coordinación y de comunicación pero también de conflicto entre ellos entre sí y con respecto a los tribunales nacionales.

La problemática es muy amplia y en el caso europeo más complicada al enfocar tres órdenes jurisdiccionales separados, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales, correspondientes a las declaraciones de derechos correlativos, la Carta de Derechos Fundamentales, la Convención Europea y la Carta Social. Pero posiblemente a ello habría que añadir otro tipo de instancias internacionales que se acumulan a las mismas y que en materia de libertad sindical revisten una importancia muy relevante, en particular el Comité de Libertad Sindical de la OIT cuyas orientaciones también intervienen forzosamente en la base de las argumentaciones de ese “diálogo” entre las instituciones judiciales de garantía del derecho de libertad sindical.


En todo caso a los efectos de este comentario, la consideración de la interpretación del art. 5 CSE por el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene la consideración plena de jurisprudencia en el sentido tradicional de la palabra, pese a que el Comité no tenga stricto sensu el carácter de órgano jurisdiccional. Es en efecto el órgano que, a través de los procedimientos previstos, asume la protección materialmente jurisdiccional de los derechos sociales de la CSE, y esta es una opinión prácticamente unánime en la doctrina española al respecto.

sábado, 11 de junio de 2016

PROBLEMAS LABORALES DE LA EXTERNALIZACIÓN Y DE LA REVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA




Se han celebrado en Albacete la 50ª edición de las Jornadas de Estudio del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, organizadas conjuntamente por este organismo y la Universidad de Castilla La Mancha, con la colaboración de la Editorial Bomarzo y el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de unas Jornadas con gran tradición entre los iuslaboralistas españoles, que se desdoblan en otras celebradas en Madrid, en enero, cuya organización la comparte el GEJUR con la asociación  Jueces para la Democracia, y que en esta ocasión alcanzaba la cifra redonda de la Jornada número 50.

El tema seleccionado era uno muy importante y de gran interés, el relativo a la problemática laboral de la externalización de la actividad productiva a través de los mecanismos de subcontratación – lo que en otras áreas culturales se conoce con el término de terciarización - , con especial incidencia en los procesos de privatización que se han ido desarrollando en el área de las administraciones públicas, así como las hipótesis de reversión que en los supuestos de cambio político tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, podrían ser planteadas por los nuevos gobiernos de progreso.

Para ello se había diseñado por los directores de las Jornadas, Jesús Rentero Jover, Magistrado de lo Social del TSJ de Castilla – La Mancha y Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM, un programa en el que se desgranaba en varias intervenciones los múltiples aspectos de esta “problemática laboral”. La Jornada del día 9 partía de una intervención de Maria Fernanda Fernández López, Catedrática de la Universidad de Sevilla, a la que presentó Antonio Baylos, catedrático de la UCLM, que enmarcaba en el sistema constitucional y en el cuadro legal general la externalización productiva y sus repercusiones en el modelo de relaciones laborales. Se trataba de una intervención densa, sugerente y muy potente que desarrollaba el concepto de empresario complejo a la búsqueda de un empresario real y posible como un concepto disponible legal y doctrinalmente para hacer frente a las alteraciones importantes que la externalización productiva genera en el esquema bilateral clásico de la relación de trabajo. Desde una crítica muy bien fundada a la jurisprudencia constitucional de la crisis y su pobre noción de libertad de empresa, la profesora Fernández López fue desgranando los distintos campos en los que era necesario intervenir en ocasiones desarrollando preceptos y reglas ya establecidas en la ley, como en materia de interposición en el mercado de trabajo, la subcontratación en el sector de la Construcción o lo relativo a la coordinación de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en otros actuando de manera muy incisiva el principio igualdad y no discriminación, y, en fin, desarrollando la temática de las cláusulas sociales en la contratación pública y la extensión de reglas sobre sucesión de contratas sin las interferencias de algunas últimas decisiones del Tribunal Supremo que colisionan con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Esta primera intervención que desmontaba el uso de la estructura empresarial como forma de inaplicar la legislación laboral, fue seguida por la intervención de la Magistrada de lo Social de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Lourdes Arastey Sahún, que fue presentada y moderada por el Magistrado Emérito de la misma sala y tribunal, Mariano Sampedro Corral, en la que se procedió a desarrollar la doctrina del Tribunal Supremo en matera de reversión de contratas, con una importante aportación de la jurisprudencia europea al respecto. Ya por la tarde, presentado por la profesora de la Universidad de Murcia Belén García Romero, el Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas Martín, efectuó un recorrido por las decisiones judiciales más relevantes en materia de sucesión, extinción o reducción de las contratas tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, y, para terminar ese primer día, Emilio Palomo Balda, Magistrado del TSJ del Pais Vasco, al que presentó Eloy Hernández Lafuente, Magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, enfocó el candente tema de la externalización a través de las empresas multiservicios y las cooperativas.

El viernes 10, por la mañana, se abordaba el tema muy específico de la reversión de los servicios externalizados a las Administraciones Públicas para su gestión directa. Debería haber intervenido para esta ponencia el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Alfonso Mellado, que precisamente tiene un artículo publicado en la Revista de Derecho Social 73 (2016) en el que aborda este punto ( y que puede obtenerse aquí http://editorialbomarzo.es/comprar/articulo/la-reversion-a-la-gestion-directa-de-servicios-publicos-problemas-laborales-atencion-especial-a-las-entidades-locales-y-a-las-sociedades-mercantiles-de-capital-publico/) pero una operación quirúrgica le ha impedido estar presente en las Jornadas y ese cometido lo llevó a cabo Francisco Gualda Alcalá, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, que fue presentado por Petra García Márquez, magistrada del TSJ de Castilla La Mancha. La última ponencia, moderada por Henar Merino Senovilla, magistrada del Juzgado de lo Social de Murcia, corrió a cargo del también Magistrado de lo social del TSJ de Catalunya, Miquel Falguera Baró, quien precisamente ha publicado un muy interesante libro sobre los límites a la externalización en el que enuncia los fundamentos doctrinales y judiciales de éstos y efectúa propuestas de regulación muy novedosas ( y que puede obtenerse en este enlace http://editorialbomarzo.es/comprar/titulo/la-externalizacion-y-sus-limites/), que procedió  a la recapitulación de los principales problemas planteados, su crítica y la necesidad de una nueva regulación de estos mecanismos desde el Derecho del Trabajo.

Casi 300 personas se dieron cita en esta Jornada, en su gran mayoría abogados laboralistas y sindicalistas, aunque con una importante presencia de jueces y magistrados – la Jornada está incluida entre los Cursos de Formación del CGPJ – y de profesores universitarios. En la apertura, en el aula magna del Edificio Melchor de Macanaz,  edificio polivalente que acoge los estudios de Relaciones Laborales, Economía y Derecho, han intervenido la nueva decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Mª José Romero, junto al secretario general de CCOO en Albacete, Francisco de la Rosa, y el decano saliente de la Facultad, Joaquín Aparicio. En la sesión de tarde, sin embargo, la Jornada se trasladó al auditorio de la Facultad de Farmacia, para poder soportar mejor el rigor climático de la jornada.

La decana fue la encargada de dar la bienvenida a las jornadas, destacando de las mismas, tanto la calidad de sus ponentes como la de los temas a tratar, en donde resaltó el debate político que se ha generado sobre la posibilidad de que las Administraciones públicas recuperen la gestión de servicios públicos que estaban siendo objeto de gestión por entidades privadas, en la medida en que frente a la indicación legal y normativa – también política -  de eliminar la prestación directa de servicios públicos para derivarla hacía entidades privadas que ha acompañado la gestión de los entes públicos durante los años del bipartidismo, en los últimos tiempos se viene observando una reversión a la gestión directa de estos servicios, aunque la legislación vigente pone importantes escollos a esta reversión que plantea fundamentalmente problemas en el área pública respecto de la estabilidad en el empleo de los y las trabajadoras de las contratas, como recientemente se ha señalado respecto de Castilla La Mancha y del que se ha hecho eco este blog ( como puede comprobarse en este enlace http://baylos.blogspot.com.es/2016/05/estabilidad-laboral-y-pliego-de.html)  


La Jornada de Estudio ha resultado muy provechosa e intensa. El sesgo evidente de la misma hacia la actuación en los tribunales y la defensa letrada de los planteamientos individuales y colectivos que genera la externalización de servicios por un lado o los problemas laborales de la reversión de los servicios privatizados por otro, ha acentuado la presentación del tema a partir de su judicialización. Es por tanto la doctrina judicial la que ha sido sometida de manera muy exhaustiva a conocimiento, desarrollo y crítica, lo que es plenamente coherente con el patrocinio del CGPJ a esta iniciativa. Las limitaciones evidentes que este enfoque tiene, sin embargo, han sido relativamente paliados no sólo mediante la ponencia de enfoque general a cargo de la profesora Fernández López, sino también en el debate – siempre rico y plural – que se ha ido desarrollando en cada una de las ponencias y las sugerencias y propuestas de acción sindical, en la negociación colectiva y en los pliegos de condiciones, deshaciendo equívocos y posiciones erróneas por parte de algunos abogados y sindicalistas, pero también en la necesidad de regulaciones autonómicas que dieran solución a algunos problemas irresueltos por la norma estatal que han sido desatendidos por el control judicial. Y ello sin olvidar las propuestas de re-regulación de este punto en la hipótesis – en la que prácticamente todo el auditorio asumía como la más positiva para el futuro de la nación – de un gobierno de progreso a partir de las elecciones del 26 de junio próximo.



jueves, 9 de junio de 2016

ESPAÑA: SE VIOLAN REGULARMENTE LOS DERECHOS LABORALES


A mediados de cada año, la Confederación sindical Internacional (CSI) hace público un informe que denomina Índice Global de los Derechos en el que se clasifican a las naciones mundiales en función del grado de incumplimiento de los derechos laborales individuales y colectivos. El Informe se efectúa conforme a 97 indicadores que arroja una puntuación final que a su vez permite clasificar a cada Estado en uno de los seis grupos prefijados.

El Indice Global de los Derechos de este año 2016 es extremadamente negativo. Como señala el comunicado de la CSI / ITUC, “el deterioro de los derechos de los trabajadores en la mayoría de las regiones se ha visto agravado por serias campañas de represión contra el derecho la libertad de expresión y de reunión, incluyendo intensas campañas de represión en algunos países, lo que hizo que se incrementaran en un 22% las restricciones de estos derechos, registrándose restricciones severas a los mismos en 50 de los 141 países considerados”. La represión sistemática no solo de las acciones colectivas de organización, negociación y conflicto, sino de las libertades básicas de manifestación y de expresión, constituyen el rasgo distintivo de la afirmación de una tendencia autoritaria y represiva como acompañamiento del capitalismo globalizado.

Sharah Burrow, la secretaria general de la CSI, ha sido muy categórica al respecto al afirmar que "estamos siendo testigos del cierre de espacios democráticos y un aumento de la inseguridad, el temor y la intimidación hacia los trabajadores y trabajadoras. El ritmo al que se están intensificando los ataques contra los derechos, incluso en algunas democracias por ejemplo las propuestas del Gobierno en Finlandia o la nueva ley de sindicatos en el Reino Unido, indica una alarmante tendencia para los trabajadores/as y sus familias”.  Aunque la región de Oriente Medio y Norte de África ha sido  una vez más la peor región para los trabajadores y trabajadoras, con el sistema de la kafala en los países del Golfo que impone condiciones de esclavitud a millones de personas,  “en el otro extremo de la balanza, prosigue el deterioro de los derechos en Europa, tradicionalmente la región mejor situada en el Índice. Pese al fracaso evidente de las políticas de austeridad, muchos Gobiernos europeos continúan socavando los derechos de los trabajadores. El incumplimiento por parte de la mayoría de los países europeos respecto a sus obligaciones hacia los refugiados, incluyendo el derecho al trabajo, está agravando aún más el problema”. Lo que no quiere decir otra cosa que las políticas de la gobernanza económica europea no sólo implican un impulso decidido contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, sino que éstas vienen acompañadas de acciones sistemáticas de reducción de derechos civiles y de restricciones de la participación democrática, además de llevar a cabo una sistemática operación de violación de derechos humanos con la criminal política respecto de los refugiados.

Los diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras son Belarús, China, Colombia, Camboya, Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Con la aprobación de una nueva Ley Sindical, el Gobierno camboyano ha limitado aún más la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones de trabajo y salarios, mientras que la policía en India ha empleado una violencia desproporcionada para reprimir manifestaciones de trabajadores/as, muchos de los cuales fueron detenidos por el simple ejercicio de los derechos legalmente garantizados. En Irán se han dictado duras sentencias de prisión contra trabajadores por llevar a cabo actividades pacíficas, y Turquía se está ensañando contra los trabajadores/as del sector público que intentan participar en acciones sindicales, con al menos 1.390 funcionarios públicos sometidos a investigaciones. El Gobierno turco se ha convertido también en sinónimo de ataques contra la libertad de expresión, con la expulsión de diez periodistas extranjeros desde al pasado mes de octubre y los periodistas turcos enfrentándose a una severa represión incluyendo juicios y encarcelamiento en base a falsos pretextos, incluyendo la "seguridad nacional". En esas pésimas condiciones democráticas, la Unión Europea ha subcontratado con este Estado la represión y contención de los flujos de refugiados que huyen de la guerra en Siria.

Las conclusiones del informe son desoladoras:

 82 países excluyen a trabajadores de la legislación laboral
.              Más de dos tercios de los países no conceden a los trabajadores el derecho a hacer huelga.
.              Más de la mitad de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores/as la negociación colectiva.
.              De los 141 países, el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando de 41 a 50, con Argelia, Camerún, Estados Unidos y Pakistán sumándose a la lista.
.              De los 141 países, el número en que los trabajadores/as están expuestos a violencia física y amenazas se incrementó en un 44% (de 36 a 52) e incluyen a Colombia, Egipto, Guatemala, Indonesia y Ucrania.
.              Se ha asesinado a sindicalistas en 10 países, incluyendo Chile, Colombia, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.

La clasificación de las naciones del mundo en función de los indicadores citados que dan como resultado el mayor o menor respeto de los derechos individuales o colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras globalmente considerado es el siguiente:

El Grupo 1 agrupa a los países donde las violaciones de los derechos se efectúan de manera excepcional o irregular. Es el grupo por tanto de los países en donde por líneas generales se respetan, salvo casos determinados, los derechos derivados del trabajo. En este grupo hay 13 países, normalmente europeos, como Alemania, pero también un país latinoamericano gobernado desde hace ya tiempo por la izquierda, Uruguay .  El grupo 2 incluye los países donde se dan repetidamente agresiones a los derechos de los trabajadores. Suele discurrir por países desarrollados ya fuera de la Unión Europea, y era el grupo en el que normalmente se encontraba España. En la edición del 2016, en este grupo se hallan 22 países incluyendo Brasil, Canadá, Irlanda y Japón

Es a partir del Grupo 3 cuando se puede hablar ya de una situación muy negativa para el sistema de derechos humanos laborales. Este grupo supone que en los países en él incluidos se producen con regularidad violaciones de estos derechos: En él se localizan 41 países incluyendo Australia e Israel., pero también Gran Bretaña y España. El grupo 4 agrupa a los países en donde la violación de derechos es sistemática, y este colectivo incluye a 30 países, entre ellos Polonia y EE.UU.

Por último, la CSI establece dos grupos para recoger aquellos países en los que los derechos humanos laborales no están garantizados en absoluto. En un primer grupo se sitúan 25 paises, incluidas Belarús, China y Nigeria, y en un sexto o cinco plus se colocan aquellos países en los que los derechos laborales no están garantizados por la desintegración del Estado de derecho. Este grupo lo componen 10 países, en donde se encuentran los dos Sudanes, Burundi, Siria y Palestina.

El dato más llamativo para nosotros es la calificación del Estado español como un país en el que se violan con regularidad los derechos laborales. La criminalización de los piquetes de huelga y la ley de seguridad ciudadana son efectos evidentes de un proyecto político de desarticulación de la protesta sindical y social y de su represión organizada, a lo que se une un panorama de degradación de derechos obra de las reformas de estructura puestas en marcha a partir de la crisis en un crescendo de 2010 al 2012 y hasta la actualidad.


Este dato debe ser conocido y comentado, puesto que da cuenta de una realidad evidente, la que enfrenta la recuperación de la tasa de ganancia y el beneficio en un momento de “crecimiento” económico que cada vez más agranda la desigualdad, con un sistema de derechos basado sobre el trabajo. O lo que es lo mismo, la incompatibilidad funcional entre el marco político e ideológico del neoliberalismo y el esquema democrático que funda un sistema de derechos fundamentales derivados del trabajo y exige que éstos sean protegidos y garantizados. Es una conclusión a la que se debe dar visibilidad mediática y política en todo caso, pero mucho más cuando da inicio un período electoral en el que la ciudadanía debe expresar sus opciones en orden a un proyecto de gobierno del país. Un país que se declara democrático y social y en el que desde hace demasiado tiempo se niega desde el poder público y los poderes económicos a las clases subalternas su condición de sujetos políticos portadores de derechos fundamentales como requisito de ciudadanía plena. Es hora por tanto de cambiar y de dejar atrás esta etapa de degradación social y de deconstrucción de la democracia.