sábado, 22 de julio de 2017

CONSIDERACIONES SOBRE EL DESPIDO



El despido es la rescisión unilateral por el empresario del contrato de trabajo. Desde hace mucho tiempo, en los creadores de la opinión pública el despido es presentado como un coste económico para las empresas, y la indemnización del mismo, un elemento central en la toma de decisiones del empresario respecto a su decisión de crear empleo. La idea que se expande es la de que el coste del despido provoca la inhibición del empresario a la hora de crear empleo. El corolario de esta opinión es que si el despido fuera libre, la creación de empleo sería plena y eficiente. Los más moderados plantean la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en el abaratamiento del despido que no induzca a la retracción en la creación de empleo. No es ahora el momento de refutar este discurso por lo demás ominosamente presente en todos los medios de comunicación y en los documentos oficiales sobre la crisis, sino de ofrecer algunas generalidades sobre el despido desde su conceptuación jurídica como las que siguen a continuación.

En el despido hay siempre dos aspectos muy íntimamente unidos, que no siempre se saben yuxtaponer bien. El primero es su vertiente puramente contractual, lo que normalmente exige un tratamiento desde las reglas del intercambio mercantil de los contratos, y en donde la rescisión unilateral del contrato requiere siempre una causa, sea el incumplimiento del mismo por parte del trabajador (en el despido disciplinario), sea una causa “objetiva” que no depende de la voluntad del trabajador, sino que se impone a la lógica del contrato y habilita al empresario a rescindir el mismo por “excesiva onerosidad” o bien por desaparición del negocio. En estos últimos casos, el despido implica siempre el resarcimiento indemnizatorio del trabajador, al estar la causa del despido alejada de una conducta transgresora de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. En el otro supuesto, no basta con cualquier incumplimiento del contrato para “romperlo” (en la terminología anglosajona, breach of contract), sino sólo aquellos que tengan la suficiente gravedad y culpabilidad como para que se desencadene el efecto rescisorio, que por tanto se construye como una “sanción” al incumplimiento. Resaltando este carácter sancionatorio, el despido se asocia al poder disciplinario del empleador como facultad derivada del contrato, pero que tiene que objetivarse en una tipificación de causas – o una causalización abierta que permita en todo caso hablar de la gravedad y culpabilidad del acto, el “motivo real y serio” que establece el Código del Trabajo francés – y una cierta proporcionalidad entre la gravedad del incumplimiento y la gravedad de la respuesta. La exigencia de causa requiere la constatación de la misma de manera fehaciente, por lo que la forma de expresión del despido debe necesariamente que formar parte de la configuración del mismo, y su ausencia puede dañar la validez y la eficacia de este acto jurídico unilateral. 

Naturalmente que este esquema traslada inmediatamente el espacio de conflicto o de disenso sobre el acto concreto del despido a los tribunales, puesto que son éstos quienes deben valorar la causa alegada, su gravedad y la proporcionalidad de la sanción civil. Tal esquema de control judicial lleva por tanto a que la resolución del conflicto se sitúe en una óptica civilista según la cual la ruptura del contrato sin causa justa deberá dar lugar al resarcimiento económico de la parte lesionada por esta rescisión injustificada. El problema se traslada entonces a la cuantía de la indemnización, los criterios para fijarla, y, finalmente, a la importante temática de la ejecución procesal de esta resolución sobre los bienes del empresario. En el caso de los despidos colectivos, en los que la crisis de empresa o las dificultades en la gestión de la misma, dificultan o imposibilitan la realización del objeto del contrato de toda o una parte de la plantilla, las soluciones pueden ser diferentes, no sólo en cuanto a que siempre en esos casos el despido lleva consigo una indemnización compensatoria de la rescisión del contrato, sino que el control y la verificación de estos procesos pueden exigir la intervención de la administración del trabajo y la mediación sindical en la conducción de los mismos, privilegiando estos lugares de resolución del conflicto sobre la remisión al control judicial.

Pero junto a esta versión contractual del acto de despido se superpone otra, que se inserta en el diseño constitucional de los derechos fundamentales reconocidos tanto internacionalmente como en el plano nacional por nuestras respectivas constituciones. Esta indicación político-democrática se impone a la dinámica contractual y la sitúa ante unos límites derivados no de la dinámica interna del intercambio mercantil a través del consenso de voluntades, sino mediante la consideración de los derechos de ciudadanía garantizados tanto en el plano público como entre los sujetos privados.

La primera indicación consiste en establecer que determinados actos rescisorios del empleador no pueden ser considerados ni válidos ni eficaces por el derecho, al tratarse de acciones que vulneran directamente derechos fundamentales reconocidos por la constitución y las normas internacionales o conculcan el principio de no discriminación en las relaciones de trabajo. Cuando el despido se produce como respuesta al ejercicio de un derecho fundamental o busca imponer un trato discriminatorio, no cabe que entre en juego la dinámica contractual de la rescisión indemnizada. La técnica apropiada es la de la nulidad del acto jurídico inválido que por tanto tiene que ser ineficaz, y la consecuencia tiene que ser necesariamente la reposición del trabajador o trabajadora en el lugar de trabajo en las mismas condiciones en las que estaba antes de producirse la vulneración de sus derechos o de ser discriminada o discriminado. Se trata por consiguiente de una categoría de despidos prohibidos o vetados en función del principio democrático según el cual la vigencia de los derechos fundamentales – derechos humanos – laborales debe garantizarse de manera absoluta tanto en la actuación del poder público como en la conducta de los sujetos privados en el tráfico económico y social. Esta categoría por tanto de despidos tiene que considerarse inmune ante el mecanismo contractual de la resolución de contrato que predomina en la visión doctrinal del despido.

La siguiente indicación constitucional es más profunda, porque se articula en torno al reconocimiento del derecho al trabajo como derecho internacional y constitucionalmente reconocido. El derecho al trabajo tiene un contenido complejo, al estar en directa dependencia del sistema de libre empresa que configura la constitución económica de nuestros países, de manera que se conoce que la vigencia del principio de economía de mercado obstaculiza de manera profunda la satisfacción del derecho al trabajo. Este es un derecho que se configura en una doble dimensión,  la que se sustancia en el sistema de empleo que las políticas públicas van construyendo desde la formación y la ocupación hasta los estímulos hacia el pleno empleo y la protección ante las situaciones de pérdida del mismo, y la que establece para aquellos que ya tienen un trabajo estable, su consideración como derecho fundamental ejercitable en el plano concreto de la relación laboral que le une, activamente, a través de un contrato de trabajo, con la empresa pública o privada en la que despliega su actividad para otro. El principio de estabilidad en el empleo se conecta directamente con esta vertiente del derecho del trabajo.

En esta relación concreta el derecho al trabajo impone una serie de condiciones a la lógica contractual, la más importante de las cuales es que no puede ser privado un ciudadano o ciudadana cualquiera de su derecho al trabajo sin un motivo justificado, de forma que la privación injustificada del derecho al trabajo – a través del despido – tiene que ser considerada una vulneración de un derecho fundamental, lo que conduciría a que el ordenamiento jurídico pudiera establecer unas consecuencias muy incisivas respecto de la recomposición del contrato y la readmisión obligatoria del trabajador injustamente despedido, más allá de los supuestos antes mencionados de despidos prohibidos o vetados. En la medida en que la noción constitucional democrática del derecho al trabajo se asiente y se extienda en la legislación laboral, la restricción al despido injustificado será mayor y más intensa. El ejemplo paradigmático en Europa lo constituyó durante mucho tiempo el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores italiano que imponía la readmisión forzosa del trabajador injustificadamente despedido.

El cuestionamiento de esta última dimensión constitucional del trabajo mediante la fragilización del derecho al trabajo en su contenido concreto se ha ido produciendo a través de múltiples vías indirectas, en especial mediante la terciarización o descentralización productiva y el uso intensivo de la contratación temporal, de manera que a través de la fragmentación del proceso de producción y la precarización del empleo se vaciaran de contenido las garantías concretas del derecho al trabajo, concebidas sobre la base de un principio de correspondencia entre actividades permanentes y estables de la empresa y la forma jurídica del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Esta nueva y generalizada de organización productiva que induce además una cierta metamorfosis de la empresa ha sido privilegiada frente a otras tendencias de “huida” del derecho del trabajo sobre la base de la definición de la actividad laboral como una prestación gestionada y responsabilizada por cuenta propia del sujeto que la pone a disposición de otro si entrar en el círculo de organización y dirección de esa persona. Unas y otras fragilidades siguen presentes en nuestras realidades laborales e incluso se nota un repunte reciente del impulso a la “deslaboralización” respecto de los nuevos trabajos que se despliegan en el marco de una llamada “economía colaborativa” que se sirve de plataformas digitales, pero son tendencias que se refuerzan ante las transformaciones “estructurales” que han sufrido los sistemas de relaciones laborales en Europa – y, de forma más incisiva, en importantes países de Latinoamérica – y si desplazamiento del eje político democrático del trabajo precisamente como elemento central del “condicionamiento político” de las ayudas económicas a los países sobre endeudados europeos.

En efecto, las últimas reformas laborales producidas en el sur de Europa han profundizado en la debilitación de la función democrática del derecho al trabajo, porque se han situado en un plano incorrecto de “desconstitucionalizar” el trabajo, es decir, han partido de la necesidad de reducir su virtualidad política como fundamento de la sociedad y como condición de ciudadanía para volcarlo en su pura consideración mercantil de intercambio de tiempo de trabajo por salario, lo que en definitiva viene a querer preservar únicamente a la versión contractual del despido, donde sin embargo banaliza el componente resarcitorio sobre la base de la consideración económica de la incidencia del coste de la indemnización sobre la creación de empleo en la crisis. Sólo resiste por tanto la primera indicación proveniente de la constitución que niega validez y eficacia a los actos de despido que conculquen derechos fundamentales de los trabajadores o que impliquen un trato discriminatorio, a la vez que de manera contradictoria degradan la potencia limitativa que el derecho fundamental al trabajo encuentra en el trabajo concreto a partir de su reconocimiento constitucional.

No puede aceptarse la desconsideración del derecho al trabajo como derecho humano reconocido internacionalmente y también en la mayoría de nuestras constituciones, y que por tanto no es posible abandonar la óptica constitucional en la regulación del mismo, como sin embargo exige la opinión pública construida mediáticamente y los documentos oficiales sobre la crisis, que niegan de hecho  la caracterización política y social que supone el reconocimiento del derecho al trabajo, y apuntan implícitamente a la destrucción del pacto social que construyó la democracia sobre bases de cohesión social.  Se echa de menos una posición conservadora y liberal – pero no autoritaria, como la que prevalece hoy entre nosotros - que intente plantear modificaciones en la regulación del despido manteniendo una perspectiva de “re-equilibrio” del derecho al trabajo sobre una ampliación de la libertad de empresa en una situación de crisis, lo que en definitiva situaría el tratamiento de este tema desde el prisma de los derechos fundamentales y sus garantías en un estado social y de derecho.


Las reacciones a esta deriva autoritaria, especialmente apreciable en el caso del despido, han surgido fundamentalmente de las fuerzas sociales, y en concreto de los sindicatos, en un esfuerzo de propuesta de (re) regulación de las relaciones laborales en donde el tema del despido resulta fundamental. Ya se ha hecho referencia en este mismo blog a algunas de ellas, como el Manifiesto británico, la nueva propuesta de Código del Trabajo en Francia, o la Carta de derechos fundamentales universales de la CGIL, a lo que sin duda hay que unir el documento de CCOO sobre un modelo más democrático de relaciones laborales. En España se empiezan de nuevo a dar las condiciones para reconsiderar de manera importante las reformas laborales del 2010 y 2012, y, con ello, una nueva y más democrática regulación del despido que abandone la visión mercantilista que se ha incorrectamente llevado a cabo a partir de las políticas de austeridad en nuestro país. Este será sin duda uno de los espacios en los que el sindicalismo español tiene que lograr la discontinuidad con su pasado – que es un término que resalta Jose Luis López Bulla -  en el sentido de que cada nueva reforma laboral degradatoria del despido sea, en términos generales, irreversible. 

jueves, 20 de julio de 2017

DOS SEMANAS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE EXPERTOS LATINOAMERICANOS Y EUROPEOS SOBRE NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA.



En medio de la década de los 80, cuando en toda Latinoamérica apretaba con fuerza las primeras medidas del neoliberalismo pujante, un antiguo funcionario de la OIT y militante socialista chileno, Pedro Guglielmetti, concibió un curso para expertos latinoamericanos en relaciones laborales en el marco de una colaboración entre la OIT y la Universidad de Bolonia, gracias a la mediación de Umberto Romagnoli. Los asistentes a estos cursos se organizaron a su vez en un colectivo de “becarios” que se reunían en algún país de América una vez al año. Este curso, que atrajo a una buena parte de las élites laboralistas de América Latina – abogados, profesores, magistrados, políticos – con una orientación democrática y pluralmente progresista, tuvo varios altibajos, debidos a la falta de financiación, y a partir de 1999, contó con la participación de la UCLM, por lo que Turin, Bolonia y Toledo compartieron las sedes del mismo. Finalmente, ha sido Toledo la sede final del Curso, a la que acuden profesores italianos la segunda semana en colaboración con la UCLM, que es la anfitriona de estas dos semanas de trabajo conjunto, bajo la dirección de Joaquín Aparicio y Laura Mora Cabello de Alba.

Este año, el Curso de Especialización para Expertas/os  Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales empieza en un día emblemático, el 11 de septiembre de 2017. Es, como se ha dicho, una iniciativa que cuenta con más de treinta años de historia y que ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. El Curso de este año viene a dar cuenta de ella y expresa la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesadas/os potenciales. Es de destacar que la edición actual continúa y profundiza la colaboración entre las Universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia, Verona y Castilla-La Mancha, con una ya larga vinculación al Curso, a las que se suman la Universidad Complutense de Madrid, la de Granada y el Consejo de Estado del Reino de España y el sindicato IndustriALL Global Union. Como en otras ocasiones, también cuenta con la importante participación de destacados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 

Lo que de manera clara asemeja la edición 2017 con sus precedentes son sus características de fondo. También ésta ha sido concebida y decidida por sus tradicionales socios académicos. En efecto, la de 2017, una vez más, pretende transmitir el sentido de una iniciativa participada por el núcleo fundador del Curso.

Los modos en que se está organizando la producción de bienes y servicios, los efectos que está produciendo en la manera de trabajar y la regulación que del trabajo se está haciendo, centra la atención en esta ocasión. Para ello se han elegido algunos temas que se han considerado  más destacados con la conciencia de que hay otros muchos que no pueden ser abordados. La construcción del Derecho del Trabajo, con toda coherencia, ha tenido como eje central la figura del trabajador que tiene su contraparte en el empresario, que es el titular de la empresa y de los poderes directivos y disciplinarios. El Derecho del Trabajo es un producto de la historia del siglo XX que tuvo en la Revolución de Octubre un hito fundamental que, sin duda, influyó en su desarrollo. En los últimos años la forma de empresa está transformándose, hasta el punto que afecta a los poderes y responsabilidades del empresario y a los derechos de estos en la relación de trabajo. El valor político constitucional del trabajo está también en un proceso de cambio. El centenario de la citada Revolución de Octubre en una buena ocasión de mirar todas estas transformaciones del mundo del trabajo con ese telón de fondo. 

Al tratar esta materia se mantiene una continuidad con el “espíritu” del Curso, que no es otro que la consideración de que, si bien el Derecho del Trabajo (utilizado en su sentido más amplio) es el más eurocéntrico de los Derechos, no deja de ser cierto que en Latinoamérica ha echado raíces y, por ello, las transformaciones que sufra tienen un potencial efecto global. 

El Curso, como en años anteriores, está dirigido a juristas, economistas, sociólogas/os y psicólogas/os  expertas/os en relaciones laborales que desarrollen sus actividades en las Universidades, en la Administración del Estado, en la Judicatura, como profesionales por cuenta propia o como asesores de Organizaciones sindicales o  empresariales. Se han seleccionado mediante un concurso abierto en función de su curriculum y origen nacional, procurando compensar a aquellas naciones normalmente infrarrepresentadas en el mismo. Hay un  “numerus clausus” que se establece en 30 personas como máximo, reservándose 5 a ex-participantes que deseen cursar la presente Edición.

El Curso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la ciudad de Toledo, en el antiguo Convento de San Pedro Mártir, que hace una década se amplió con la anexión del también antiguo Convento de la Madre de Dios, en el que durante su restauración aparecieron ruinas romanas y de otras civilizaciones que han quedado integradas en el edificio. Esta Facultad es una joya arquitectónica que, desde el siglo XIV al XVII, ha ido sumando construcciones que forman un soberbio conjunto adaptado con singular maestría a las necesidades universitarias actuales. 

Habrá traducción simultánea para las ponencias que se impartirán en italiano. Este es el programa del mismo, que habla por si solo de la calidad y el interés de estas enseñanzas.

PROGRAMA DEL CURSO 2017
Nuevos modelos de organización productiva y de regulación del
        trabajo cien años después de la Revolución de Octubre

Lunes, 11 de septiembre

10.00-10.30: Entrega de materiales y Acto de bienvenida en la Universidad de Castilla-La Mancha. Saludo a los y las participantes por autoridades académicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

10.30-11.30:Un poeta habla de la dignidad del trabajo. Luis García Montero. Poeta. Catedrático de Literatura Española, Universidad de Granada.
11.30-12.00: Debate
12.15-13:00: Claves feministas para hacer posible una vida digna trabajando.Yayo Herrero, Directora de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

13.00-13.30: Debate

13.45: Almuerzo de bienvenida

16.00: Puesta en común de las realidades nacionales

21.00: Cena


Martes, 12 de septiembre

10.00-11.00:La onda larga de la revolución bolchevique: El Estado Social y Democrático de Derecho y el proceso de integración europea. Joaquín Aparicio Tovar. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha.
11.00-11.45. Debate

11.45-12.00. Pausa

12.00-13.00. Del siglo XX corto al inicio de un siglo XXI incierto ¿Una parábola del valor político-constitucional del trabajo?Antonio Baylos Grau. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla- La Mancha.

13.00-13.45.- Debate

14.00: Almuerzo

16.30: Trabajo en grupos

21.00: Cena


Miércoles, 13 de septiembre

10.00-11.00. Un siglo después, el trabajo en proceso constituyente. Laura Mora Cabello de Alba. Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-la Mancha.
11.00-11.45.- Debate

11.45-12.00. Pausa

12.00-13.00.-. ¿Qué fue del Nuevo Orden Económico Internacional del que se hablaba en los años 70 del pasado siglo?Carlos Berzosa Alonso-Martinez. Catedrático de Economía Aplicada. Ex rector de la Universidad Complutense de Madrid



13.00-13.45. Debate

14.00.- Almuerzo

17:15.- El trabajo en la fábrica del mundo: La producción textil y del calzado en China e India. Isidor Boix. Ingeniero industrial y jurista. Sindicalista excoordinador del Acuerdo Marco Global de IndustriALL Global Union con Inditex.
21.00: Cena.


Jueves, 14 de septiembre

10.00-11.00. Economía digitalizada y relaciones laborales. Francisco Trillo Párraga, Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha.


11.00-11.45. Debate

11.45-12.00. Pausa
12.00-13.00.- La metamorfosis del poder de control y dirección en el trabajo. Rosario Gallardo Moya. Profesora Titular de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha.

13.00- 13.45. Debate


14.00. Almuerzo.
16.30.- Trabajo en grupos
21.00: Cena.


Viernes, 15 de septiembre

10.00-11.00. El Derecho del Trabajo entre dos muros: auge y caída de la estabilidad en el empleo. Joaquín Pérez Rey. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-La Mancha
11.00-11.45.- Debate

11.45.-12.00.-  Pausa

12.00- 13.00.-Migraciones, mujer y cuidados. Nunzia Castelli. Profesora doctora ayudante de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla-La Mancha.
13.00- 13.45.- Debate

14.00. Almuerzo
21.00. Cena para quienes se queden en Toledo.


Lunes, 18 de septiembre


10.00-11.00.- La división internacional del trabajo hoy. Raymond Torres. Exdirector del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT. Ginebra.

11.00-11.45.- Debate

11.45-12.00.- Pausa

12.00-13.00.- El futuro del trabajo. Joaquín Nieto. Director de la Oficina de la OIT en España.

13.00-13.45. Debate

14.00. Almuerzo

16.30. Mesa Redonda con representantes de los sindicatos, organizaciones empresariales y de la Administración Laboral.

21.00. Cena.



Martes, 19 de septiembre

10.00-11.00.- La dimensión social de los tratados internacionales. Donata Gottardi, Professoressa ordinaria. Universidad de Verona, ex parlamentaria europea.
11.00-11.45.- Debate

11.45-12.00.- Pausa

12.00-13.00.- El trabajo en la empresa-red y las redes de empresa. Laura Calafà, Professoressa ordinaria, Universidad de Verona.

13.00-13.45.- Debate

14.00.- Almuerzo

16.30.- Trabajo en grupos

21.00.- Cena


Miércoles, 20 de septiembre

10.00- 11.00.- El sindicato y la segmentación del interés colectivo. Andrea Lassandari, Professore ordinario, Universidad de Bolonia.

11.00-11.45. Debate.

11.45-12.00.- Pausa.

12.00-13.00.- Externalización del proceso productivo y tutela del trabajo. Federico Martelloni. Ricercatore confermato. Universidad de Bolonia.

13.00-13.45. Debate

14.00.- Almuerzo.


16.30.- Trabajo en grupos

21.00.- Cena


Jueves, 21 de septiembre.


10.00-11.00.- Del trabajo a domicilio al teletrabajo (a propósito de continuidad y discontinuidad).Luigi Mariucci. Professore ordinario. Universidad de Venecia

11.00-11.45.- Debate.


11.45-12.00.- Pausa

12.00-13.00.- Ascenso y declive de los derechos sociales. Gian Guido Balandi. Professore ordinario. Universidad de Ferrara.

13.00-13.45.- Debate.

14.00.- Almuerzo


16.30.- Trabajo en grupos.

21.00.- Cena de clausura


Viernes, 22 de septiembre


10.30- 11.45.- El papel de los poderes públicos en la construcción del Derecho del Trabajo. Un dialogo entre Umberto Romagnoli, Professore ordinario de la Universidad de Bolonia y Miguel Rodriguez-Piñero, Consejero de Estado, ex presidente del Tribunal Constitucional.

11.45.- Foto de familia

12.00.- Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo y entrega de diplomas.


martes, 18 de julio de 2017

18 DE JULIO: FASCISMO Y DICTADURA



Hace 81 años se produjo la sangrienta rebelión militar contra la II República, dando inicio a una larga guerra civil de tres años y a la instauración de una feroz y desatada represión contra los vencidos. La dictadura franquista se prolongó demasiado tiempo, favorecida por el anticomunismo de la guerra fría, y sólo fue abolida como régimen legal a partir de diciembre de 1978, con la promulgación de la Constitución democrática y la amplia disposición derogatoria de la misma. El franquismo sin embargo mantuvo su violencia sobre la memoria y la política y ha prolongado su vigencia cultural y política hasta hoy mismo. Las resistencias y los obstáculos a la memoria histórica, a la recuperación de los cuerpos de los fusilados, la negativa a poder localizar los lugares y los restos de las personas “desaparecidas” por haber sido asesinadas por los vencedores, es actualmente un lugar común en el debate político de nuestros días. Lo que subyace en la inmanencia del franquismo en la sociedad democrática actual es la permanencia de una visión de vencedores y vencidos que es inmutable y que la democracia no puede modificar ni siquiera simbólicamente. La idea en fin de la irreversibilidad de los fines cumplidos por la dictadura, la defensa de la dominación de clase y la derrota de una profunda reforma social y económica.

Hubo un tiempo en el que esta inmanencia del franquismo en la democracia se expresaba a través de un eufemismo: “el régimen anterior”. Todo para evitar hablar de dictadura y sobre todo para erradicar el término “fascismo”, que lo relacionaba con la derrota militar del nazifascismo (1939 – 1945) y, aún peor, con algunos episodios importantes de resistencia popular frente al mismo en Italia y en Francia o en los Balcanes y en Grecia, y que es una ideología considerada aberrante por las democracias occidentales europeas. Lo que trae a la mente el debate intenso en los años sesenta y setenta sobre la “naturaleza” del franquismo, que Ismael Saz Campos, en su interesante monografía “Fascismo y Franquismo “ (Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2004), resumió de manera muy útil. En efecto, en 1964, en pleno desarrollismo franquista, el sociólogo español J.J. Linz, desde la universidad de Yale en USA sostuvo que el franquismo no era una dictadura fascista sino un régimen autoritario. El franquismo se situaba así en un “limbo autoritario” intermedio entre el totalitarismo (que era la categoría acuñada para colocar en el mismo espacio al nazismo y al comunismo estalinista, lo que era funcional al discurso de la guerra fría) y los bienes de la democracia representativa de los países del occidente europeo y de los Estados Unidos. Esta definición del franquismo tuvo una gran aceptación, y fue repetida por muchos especialistas en ciencia política, aunque con algunos matices, como los que diferenciaban entre una fase “semifascista” en los primeros años del régimen (entre 1939 y 1953, es decir entre el comienzo de la posguerra y el cese de las cartillas de razonamiento y la firma del acuerdo con los Estados Unidos sobre las bases militares) y el sistema autoritario posterior, como sostuvo Stanley G. Payne.

Pero para otros muchos, lo determinante en el franquismo es su carácter de dictadura de clase, lo que permite en efecto definirlo correctamente como fascismo, aunque adopte una forma peculiar debido a la fuerte presencia de la Iglesia y el tradicionalismo católico y el peso determinante del Ejército, como recordarán Carmen Molinero y Pere Ysàs. Esta perspectiva, lo que caracteriza a este régimen político es su defensa frente a un orden social amenazado, lo que subraya el contenido de clase de la dictadura.

Puede en efecto examinarse la composición concreta de los grupos que sostienen la dominación de clase durante la dictadura, su alargamiento y su relativa transformación, pero no conviene olvidar, porque allí no hay ninguna duda, quienes fueron los perdedores del régimen que inició su sangrienta andadura mediante la rebelión del 18 de julio. Y éstos fueron ante todo la clase obrera organizada y el campesinado, así como las fracciones republicanas y liberal-demócratas de la burguesía. “Franquismo y fascismo – escribirá, apropósito de las primeras manifestaciones de aquél Luis Mariano González, de la UCLM, en su monografía del 2009 – son inseparables especialmente en los duros años de la posguerra, aunque formas y modos fascistas pervivieron en España hasta la muerte del dictador en 1975”.

Para los laboralistas, la dictadura mantuvo siempre ese rasgo distintivo, el de combatir y proscribir la vertiente colectiva de las relaciones de trabajo, arrasando a los sindicatos creados y presentes en el mundo laboral desde la etapa liberal, que se habían fortalecido de manera importante durante la II República. No sólo se disolvieron todas las organizaciones obreras – partidos y sindicatos – sino que se procedió al exterminio físico de aquellos dirigentes y militantes que no murieron en la guerra o que no se exilaron. Los bienes de estas organizaciones fueron confiscados y el aparato represivo en donde el fascismo como ideología y como violenta expresión del poder tuvo una especial presencia, reprimió con saña cualquier intento de recomposición de estas organizaciones libres. La creación de organizaciones católicas obreras fue casi inmediatamente motivo de sospecha y de persecución justamente por situarse en un espacio social que la dictadura castigó especialmente. La persecución de las centrales históricas, especialmente la UGT, pero también la CNT, corrió en paralelo a la incriminación penal de las que se pretendieron crear nuevas, como la Oposición Sindical Obrera (OSO) y semejantes. No es necesario recordar que la aparición de las Comisiones Obreras como forma peculiar de organización y defensa de los trabajadores, fue rápidamente reprimida policialmente y mediante la acción del Tribunal Supremo que las declaró asociación ilícita con la correspondiente sanción penal del Código Penal y su enjuiciamiento a través del Tribunal de Orden Público.

En cuanto  la huelga o  cualquier medida de acción colectiva, su misma evocación implicaba la triple reacción de castigo: la más eficaz sanción del despido, a cargo de los empresarios, la detención policial y, en muchos casos, la incriminación penal, aunque más frecuente mediante los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal que mediante el delito de sedición que castigaba la huelga. Y recordemos que hasta en 1975 se efectuaron consejos de guerra, en donde la participación del ejército faccioso se requería como una prueba de fuerza, para condenar a prisión a sindicalistas por haber participado en una manifestación en defensa de su convenio, como sucedió en el Ferrol.

El odio y la violencia de la dictadura se proyectaba fundamentalmente frente a la clase obrera organizada, la única que podía poner en peligro la dominación de las sucesivas “coaliciones” de los poderes económicos que gobernaban el país impidiendo de manera permanente cualquier alteración de las posiciones de privilegio y de sometimiento de las que gozaban y que a su vez permitía la construcción de amplias capas de apoyo a la dictadura en las clases medias  mediante un capitalismo asistido y el ascenso social de grupos leales. La represión de sectores importantes de otras clases medias ilustradas, en donde el factor generacional resultaba muy importante, nunca tuvo la contundencia que sin embargo buscaba y obtenía la dictadura respecto al movimiento obrero con conciencia de tal.

Esa hostilidad permanente, a la que sólo se podrá fin mediante la amnistía laboral y la constitución, que son los ejes del cambio democrático en esta materia, se materializó asimismo en la politización indudable de este conflicto, que es el conflicto central sin el cual no se explica el franquismo ni la lucha contra la dictadura. La democracia en el Estado español, y es siempre necesario recordarlo, la trajo la lucha abierta del movimiento obrero y sus aliados de clase contra un sistema cuyo aparato represivo – fundamentalmente policía y magistratura, custodiados por las fuerzas armadas – actuó hasta el final de sus días (1977) como instrumentos directos de la dictadura de clase contra la clase trabajadora organizada.


El fascismo anidó siempre en el franquismo. Y conviene recordar que la violencia terrible de ese sistema se ejercitaba como sometimiento cultural, económico y social de los y las trabajadoras de este país. El 18 de julio no sólo fue una rebelión fascista contra un sistema democrático que quería, con sus contradicciones, llevar adelante un proceso de reformas sociales avanzadas. Fue también y de manera especial, el comienzo de un diseño de contención y disciplinamiento de los sujetos colectivos que representaban a la clase obrera española y que pretendían poner fin a tantos años de atraso y sujeción económica y social en este país. 81 años después, recordar estas verdades es siempre conveniente, más aun frente al negacionismo que tantas personas y hasta grupos políticos mantienen al respecto.