jueves, 28 de agosto de 2014

UNA OJEADA AL SIGLO XX DESDE RUSIA: LEYENDO A ILIÀ EHRENBURG


Antes del verano la editorial El Acantilado publicó un denso volumen de memorias de Ilià Ehrenburg, con el título “Gente, años, vida (Memorias 1891 – 1967)”. En siete libros y en lo que parece ser por primera vez una versión íntegra, se ofrecen al lector, en la traducción de Marta Rebón, más de dos mil paginas de narración de una vida que comienza a finales del siglo XIX y se despliega durante el posterior a lo largo de dos guerras mundiales, la revolución y la construcción del socialismo en un solo país, la guerra fría y el movimiento por la paz. Es un libro apasionante no sólo por lo que narra, sino por la especial mirada que muestra sobre lo narrado, no habitual en las historias sobre esta parte de la historia. Ehrenburg habla desde el Este, es un ciudadano soviético que explica e interpreta el curso de las cosas desde esta posición, a lo que no está acostumbrado el lector occidental.

La gente de mi generación seguramente recuerdan dos libros de Ilià Ehrenburg que se publicaron con ocasión del boom editorial de la transición política y postrimerías. Era su recopilación de artículos sobre la España de la II República que llevaba por título, de forma sarcástica, el enunciado de la Constitucion de 1931, España, república de trabajadores, que publicó en 1976 las llamadas “Ediciones Hispanoamericanas”, y luego en 1979 la Editorial Júcar, con portadas diferentes. Hoy la obra puede comprarse en la edición de la editorial Melusina (2008) en cualquier página de libros. El tono y el estilo eran inolvidables, y es un libro que sirvió para confrontar el desarrollo democrático republicano con una realidad social de un clasismo atroz, con las fuertes presencias autoritarias de la Iglesia y el ejército, que preludiaban una polarización del conflicto en términos fundamentalmente de clase como así se comprobaría dramáticamente en 1936. El segundo libro, menos leido en la época, fue una novela, la de las aventuras de Julio Jurenito y sus discípulos, que hace un año re-editó la siempre inteligente firma editorial Capitán Swing y en la que Ehrenburg abordaba de forma sarcástica todos los dogmatismos de entre guerras, en un estilo plenamente desenfadado, en lo que entonces nosotros pensábamos que era típico del vanguardismo ruso, aunque sólo conocíamos a Maiakokovski en la antología imprescindible de Visor, y ni siquiera habíamos podido leer la traducción de Margarita y el maestro de Bulgákov. Leyendo hoy las memorias de Ehrenburg se puede comprobar que el florecimiento de tantos y tantos poetas, novelistas y autores teatrales en la Rusia revolucionaria no ha tenido prácticamente seguimiento ni repercusión en las traducciones al español. E incluso en los casos que fueron traducidos, su repercusión en términos culturales ha sido mínima.

Una debilidad literaria por el autor, por consiguiente, que era a la vez periodista, novelista y poeta, y que había vivido el cambio de época más importante después del tránsito de la modernidad a finales del siglo XVIII. El cual contempla y describe en primera persona los acontecimientos más relevantes y las personas más señaladas del siglo XX en los que participó y a las que conoció, trató y en muchas ocasiones, tuvo como amigas.

Ehrenburg nació en 1891 – le gusta repetir que él forma parte del grupo de personas “del siglo pasado” – fué compañero de estudios y de actividades clandestinas con Bujarin y es encarcelado y deportado a los 17 años a Paris, donde estaba Lenin. En las memorias desfila la vida en Paris y en la bohemia de pintores y artistas hasta el estallido de la primera guerra mundial, el desarrollo de ésta y la revolución rusa, los años 20 y 30 a lo largo de toda Europa, pero el elemento central que va caracterizando esta etapa de entreguerras es el crecimiento del fascismo y la necesidad – no lograda entonces – de enfrentarse a él y derrotarle. La guerra de España es un hito clave en esta encrucijada, pero la derrota de las fuerzas populares se acompaña de otros momentos terribles no sólo para el autor, sino para la revolución y el socialismo: la gran purga de 1938, que se lleva por delante a varios amigos del autor – Meyerhold, Bábel, Chlénov, Bujarin – y el pacto germano-soviético de 1939-41.

La invasión de Rusia por las tropas nazis y la resistencia terrible por el coste en vidas y en bienes del pueblo ruso, es el momento en el que Ehrenburg despliega una actividad infatigable como periodista denunciando la acción criminal, el racismo y el genocidio de los invasores. La victoria de los aliados y la efímera unión de los mismos deja paso al inicio de la guerra fría, las últimas  purgas de Beria de 1948, la muerte de Stalin y el deshielo – título por cierto que proviene de la novela de Ehrenburg – y el gran desarrollo del movimiento por la paz en la década de los cincuenta. Las memorias acaban realmente con el inicio del gobierno de Jruschov, entre 1959 y 1962. El autor muere en Moscú en 1967.

En Gente, años, vida, se intercalan las historias sobre la historia con los retratos de los personajes históricos que se incrustan como medallones en los procesos sociales que se describen. Existen referencias amplísimas a la literatura rusa clásica y moderna, a la poesía, a la producción artística y en especial a la pintura, el teatro y el cine. Grandes nombres de poetas apenas conocidos, obras cuyo argumento es bien sugerente,  muchos versos felizmente incorporados al texto de las memorias, cuadros, decorados, guiones de cine. Pero lo que se desprende es la incomunicación extrema del ámbito cultural en español respecto del espacio cultural soviético de la revolución y de las vanguardias de la primera generación, como también de la que eclosiona tras la segunda guerra mundial. El anticomunismo se proyecta también y especialmente sobre un ámbito en el que la libertad de creación era especialmente intensa, y que trascendía el estricto ámbito social y colectivo de la expresión literaria, como dramáticamente atestiguan los escritores y poetas presos, deportados o asesinados por el régimen estalinista.

Lo que sobresale de estas memorias es la reivindicación de dos grandes líneas fundamentales. El antifascismo y el pacifismo como señas de identidad del trabajo cultural del autor. Antifascismo como expresión no sólo del desarrollo agresivo del capitalismo frente al avance del socialismo, sino como ejemplo de la brutalidad del ser humano, de la irracionalidad de las clases dirigentes y de la ideología que les alimenta, de la violencia del dominio sobre las personas. El antifascismo se recrudece como antinazismo ante la invasión de Rusia y como antisemitismo cruel y sanguinario. Ehrenburg obtuvo un protagonismo enorme en la guerra como propagandista antinazi y fue vituperado frecuentemente por el mando alemán por su doble condición execrable de judío y comunista. Se le acusó de incitar a los soldados rusos a violar a las mujeres alemanas, y esta afirmación, que el autor desmiente rotundamente en sus memorias, explicando quien y cómo la propagó como contrapropaganda nazi,  se puede todavía encontrar repetida por algunos autores, formando parte de la campaña antisoviética de la guerra fría. La lucha contra el antisemitismo le llevó a involucrarse en la creación de una Alianza Antifascista Judía, con incidencia importante en USA, y junto con Grossman y un equipo de colaboradores realizó el Libro Negro en el que documentaron las masacres de los nazis respecto a los judíos rusos. Es ésta una obra escalofriante que puede leerse en español precisamente en una traducción de la misma editorial El Acantilado, que sin embargo fue censurada en Rusia cuando estaba a punto de ser publicada, en 1948, en el marco de una condena al “cosmopolitismo” contrario al “espíritu ruso” – del que fue acusado el propio Ehrenburg, desde luego – que ocultaba a duras penas una purga antijudía llevada a cabo por el último estalinismo que protagonizó Beria.

El segundo vector que se proyecta en la actuación de Ehrenburg ya maduro es su compromiso por el movimiento por la paz. En un contexto de guerra fría y de escalada de violencia y de tensiones, cuando las poblaciones europeas y americanas estaban siendo arrastradas por la propaganda respectiva a la guerra atómica, la movilización contra ésta, por el desarme y la desnuclearización, por la paz, era un esfuerzo considerable. Fundamentalmente porque, como se sabe, el movimiento quería ser transversal a oriente y occidente, contaba con personalidades religiosas, profesionales, artistas y científicos, pero fue siempre denunciado por la prensa occidental como una maniobra del comunismo. El Congreso de la Paz en Paris, en 1949, fue calificado como hábil maniobra de Moscú, como un “lema comprensible por todos” que favorecía a los comunistas. La actuación de Ehrenburg en el movimiento, su continuo activismo en la paz, son narrados de forma muy sentida en su recuerdo. Viéndolo desde hoy, sorprende que la reducción del pacifismo a la condición de táctica militar del enemigo para debilitar las defensas propias en una guerra no formalmente declarada, sea aún un rasgo cultural del capitalismo occidental que desde luego se manifiesta durante toda la década de los años cincuenta, pero que luego continuará en el movimiento anti-guerra de Vietnam, o en las posteriores contiendas locales que se han ido generando. A partir de 1989 y la caida del régimen soviético, el pacifismo ha dejado de asociarse al enemigo rojo, pero sigue siendo presentado a la opinión pública como un signo de debilidad y de infliltración del enemigo que impide la victoria del bando partidario de la libertad y del orden. La última gran onda pacifista contra la guerra de Irak fue condenada en estos términos.

Tras la muerte de Stalin – y el capítulo que dedica a este punto es especialmente interesante (pp. 1793 ss.) – comienza el “deshielo”. El estado de choque que produjo el informe del XX Congreso del PCUS no sólo en Rusia sino en todos los paises europeos, fue impresionante. La crónica de Ehrenburg no es muy piadosa con la burocracia que recoge la herencia estalinista y en especial la figura de Jurschov, sus posteriores elogios del estalinismo ante Mao, su concepción estrecha del socialismo. Comenzaron las “rehabilitaciones” de los escritores fusilados o deportados, pero también las “orientaciones” sobre las formas de escribir y las “buenas” y “equivocadas” obras, un “estilo de trabajo burocrático” que Ehrenburg considera con razón inadmisible. De hecho había sido considerado siempre un “compañero de viaje”, criticado como un miembro “de derechas”, un novelista pequeño burgués, decadente, “cosmopolita”. Pudo por tanto haber sido víctima él también del destino de tantos de sus amigos, pero tuvo suerte – en las memorias confiesa que no sabe explicar por qué – y, como tantos otros, sobrevivió y pudo luchar como ciudadanos soviético por sus ideales de socialismo y comunismo mientras desarrollaba su tarea artística y literaria.

Esta ambivalencia de Ehrenburg – entendiendo por tal la defensa del estado soviético pese a los crímenes del estalinismo - parece que irrita incluso a la editorial que le publica. En efecto, en la solapa de presentación, el autor es presentado como un esbirro estalinista. “Colaboró sin reservas con el régimen soviético” (…) “relevante periodista oficial” (…) “describió a Stalin como un capitán que permanece junto al timón”, en suma unas memorias que “no dejan de ser los recuerdos de alguien que, en su relación con los más relevantes intelectuales europeos, inentó atraerlos a la propaganda del comunismo”. Anticomunismo burdo que no se corresponde con el contenido de las memorias y que se impone al propio sentido comercial del libro, puesto que con esta presentación es previsible que los lectores no se sientan muy atraidos por la obra.

Que sin embargo, como se puede comprobar, es extraordinariamente interesante y de lectura absorbente. Al final de la misma, se incluye un índice onomástico muy completo. Se echa de menos tan sólo una lista de libros del autor traducidos al castellano. Da muchas ganas de seguir leyéndole.


GENTE, AÑOS, VIDA. (MEMORIAS 1981-1967). Ilià Ehrenburg. Traducción de Marta Rebón. El Acantilado, Barcelona, 2014. 2058 pp.. 55€


miércoles, 27 de agosto de 2014

LAS PREVISIONES ERRADAS DE LOS ECONOMISTAS RESPECTO DE LA COPA DEL MUNDO


 
La tecnocracia y sus ritos, las certezas de los procedimientos macroeconómicos y las previsiones de futuro son confrontadas en este texto con un suceso reciente cuyos resultados se conocen. Es un interesante ejercicio para poner al descubierto la inconsistencia de tantos discursos tecnocráticos que se presentan como irrefutables y "científicos". El blog hermano lo ha publicado, con la traducción de Tito Ferino y se reproduce ahora en esta bitácora por su indudable interés.

Goldman Sachs y la Copa del Mundo de Fútbol: las previsiones erróneas de los economistas


 

Los economistas de la Goldman Sachs aplicaron a la Copa del Mundo de Fútbol las metodologías “científicas” que utilizaron para hacer sus previsiones. Y, tal como sucede incluso para las previsiones de la Comisión Europea, se han equivocado estrepitosamente.

 


 

Puede parecer un juego que los economistas se dediquen a prever los resultados –con el vencedor incluido--  de la Copa del Mundo de Fútbol; tal vez se trataba tan sólo de un juego. Pero de ello se puede sacar conclusiones no banales que van más allá del mundo del fútbol. Goldman Sachs se ha dedicado a ello.  Lo de esta empresa merecen atención porque es el banco de negocios más importante del mundo y sus operaciones y decisiones tienen con frecuencia  un efecto sobre millares –si no millones--  de personas que pueden perder el trabajo o también hacerse ricos.

 

Pues bien, Goldman Sanchs ha hecho un espantoso ridículo. En un primer informe analizaba catorce mil partidos desde 1960 hasta hoy. La conclusión para el Mundial que hicieron fue: victoria de Brasil contra Argentina; Italia llegaría a cuartos y España estaría en la semifinal. Vista la desastrosa performance sentenciaron que Brasil habría vencido a Holanda. Nueva metedura de pata. Incluso en Italia hay quienes lo ha intentado: Luciano Canova y Andrea De Capitani –en http://www.lavoce.info/vincera-mondiale-in-brasile/-- explican la metodología que han usado:

«La técnica de análisis que hemos utilizado utiliza un instrumento típico de la estadística multivariante: el análisis factorial. Se procede, de hecho, a la agregación de datos multidimensionales para la construcción de un indicador sintético.  Se trata de lo siguiente: un conjunto de variables que se refieren a las performances  futbolísticas  comparten un factor latente que es la fuerza y la potencialidad de un equipo. El análisis factorial permite calcular el peso de cada una de las variables agregadas en su contribución al factor latente. En este caso, el indicador que emerge del análisis e un número único (para cada equipo) con valores crecientes del equipo menos fuerte al más fuerte». Sin embargo, no han tenido más éxito que los de Goldman Sachs.

No nos pondremos a recapitular las previsiones –quien esté interesado debe leer el artículo--  pero nos importa decir que se han equivocado.  Brasil debía jugar la final (pero, como se sabe, no fue así) y habría perdido. ¿Contra quién? ¡Contra España!  Pero los presuntos campeones del mundo fueron eliminados en la primera tanda.  ¿Qué conclusión sacamos? ¿Nos partimos de risa sobre la incapacidad de los economistas de prever un campeonato de fútbol? Claro que no, hay muy poco para reír.

 

Los economistas de la Goldman Sachs y los italianos aplicaron a la Copa del Mundo las metodologías “científicas” que utilizan en su oficio. Por lo demás, examinaron un solo sector, casi un pequeño universo cerrado con un número de actores muy limitado. Teóricamente las condiciones ideales para que una previsión tenga éxito. Sin embargo, erraron clamorosamente; la Goldman incluso cuando los actores eran un número muy restringido como los partidos pendientes.

 

Llamarles ignorantes o incapaces sería desacertado. De hecho, no creen haber cometido errores metodológicos o que hay aplicado mal sus fórmulas: ahí está el detalle. Las metodologías y las fórmulas (junto a otras del mismo género) son las que se usan para sentenciar cómo va la economía, cómo debería ir y, sobre todo, qué políticas deben ponerse en marcha. Aplicándolas no a un pequeño grupo de equipos de fútbol, sino a Estados, a un conjunto de Estados (como la Unión europea) y al mundo entero. ¿Cuántos actores y cuántas variables deberían tener en cuenta para tener alguna probabilidad de adivinarla?

 

Naturalmente se puede objetar que una cosa es intentar prever un concreto resultado y otra cosa es señalar los factores que, incluso en grandes líneas, pueden influenciar una tendencia de un modo o de otro. Lo que a veces puede ser cierto (incluso sobre factores determinantes se pueden dar enormes errores) otras veces podría ser al contrario. Pensemos en los datos de la Comisión Europea en su cálculo del “PIB potencial” y en el método de que, tras las cuentas públicas, el resultado de sus fórmulas se corresponde hasta el céntimo. Pero ¿y si se descarta un decimal, como en el caso italiano, y salta sobre Finlandia y se les reclama a estos que hagan otro Presupuesto y más recortes? … ¿Nos hemos vueltos locos? Albert Einstein escribió: «Aunque las leyes de las Matemáticas se refieran a la realidad, no tienen una veracidad absoluta, y en el caso de que la tuvieran no se referirían a la realidad». ¿Verdad que es una cosa sabia?.

 

¿Qué debemos hacer, entonces, tirar todas las fórmulas y los modelos econométricos por el retrete?  Claro que no, aunque en algunos casos sería de lo más oportuno.   Hay que restituirles su justo valor: una ayuda para formular hipótesis y políticas, no como si fuesen el Evangelio.  Si voy caminando por un terreno abrupto puede serme útil un bastón. Pero aquí todos parecen haberse olvidado de que son las piernas las que me sostienen.  Si no tuviera el bastón me sería más cansado, pero sin las piernas el bastón sólo es bueno para hacer fuego. Las piernas, en este caso, son la observación de la realidad y teorías que no son falsificadas por la experiencia, como muchas de las que hoy se pretende aplicar.

 

En conclusión, las previsiones sobre los mundiales de fútbol no son una broma, sino que nos dicen cosas muy importantes. Que no existe fórmula –o modelo— que pueda hacerse cargo de la complejidad de la realidad. Que la economía no se gobierna con fórmulas. Que los técnicos pueden equivocarse tanto y quizá más que los políticos, sobre todo si creen ciegamente en sus metodologías. Que el «juicio de los mercados» --del que tanto se habla--  puede ser equivocado, como ha demostrado clamorosamente Goldman Sachs, la reina de los mercados. Que es un craso error dejar que los mercados tengan más poder que las instituciones democráticas, no porque estas últimas tomen siempre decisiones justas sino porque sin ellas se acaba la democracia. Sí, las previsiones sobre los campeonatos hay que tomarlas en serio.


 

Traducción, Tito Ferino (Parapanda)

APRENDIENDO SOBRE DERECHOS HUMANOS




Las lecturas de verano son las mejores. Hay más tiempo y más aprovechamiento, como se decía antes. No todas son susceptibles de recomendación, sin embargo, tanto porque en cada vez mas ocasiones se coincide en libros de moda o, pro el contrario, porque el gusto del lector le conduce a textos ya antiguos y conocidos. En esta ocasión sin embargo, el libro recomendado aúna oportunidad e interés. Se recomienda vivamente su lectura y discusión en los foros habituales.

Se trata de un libro que, como se dice de manera provocadora en la solapa del mismo, no es un libro de “predicación y promoción de derechos humanos”, se dedica por el contrario a “su historia hasta el presente”. El título del mismo es bien expresivo: Derecho global. Por una historia verosímil de los derechos humanos. El autor estuvo dudando entre éste y el de la fecha de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Con esa cifra abre el prólogo al mismo. Se dedica a la historia de estos derechos, “convencido de que nada, ni siquiera los derechos, escapa a la historia”, en el entendimiento que “la historiografía del derecho internacional en general y, muy en particular, de aquella que concierne a los derechos humanos, no suele hacerse mucho eco de incertidumbres ni de perplejidades”, y, en lo que se refiere a esta última “no resulta por lo común muy realista”. Confrontada con las “evidencias palmarias” de la historia, “la historiografía convencional de los derechos humanos suele ser, sencillamente, inverosímil”. Y añade: “las formas idealizadas de escapismo cultural guardan una especial capacidad de resistencia frente a la dura realidad. Bien estaría si resultasen inocentes. Mas el caso es que, igual que encubren la historia de un ayer más o menos remoto, puede que igualmente ofrezcan cobertura a los peores desafueros de hoy” (…) “ A estas alturas, la historia idealista de los derechos humanos es uno de los mecanismos que sirven más eficazmente, como mínimo, para enervar y como máximo, para neutralizar su defensa y promoción”.

El autor es Bartolomé Clavero, profesor y estudioso de historia del derecho, que ha desempañado numerosas misiones internacionales y tiene una larga trayectoria en el comparatismo entre Europa y América, la relación colonial y los derechos de los pueblos indígenas, el genocidio y el etnocidio, y que más recientemente ha escrito sobre lo que él denomina “la increíble y triste historia” de la memoria democrática en España: El árbol y la raíz (Crítica, Barcelona, 2013) y La amnesia constituyente (Marcial Pons, Madrid, 2014).

El libro permite aprender mucho y críticamente del proceso de creación jurídica y normativa de los derechos humanos, de la estructura y alcance de la universalidad de los mismos. Un primer capítulo sobre la Declaración Universal de Naciones Unidas (de 1945 a 1966), impresiona por los datos y el ritmo de la exposición, la crítica de la universalidad abstracta, la relación entre igualdad y no discriminación, la afirmación del principio de “no se hará distinción alguna”. Un segundo capítulo se dedica a la descolonización y la evolución de los derechos humanos en este proceso histórico. El tercero tras preguntarse sobre la globalización del constitucionalismo, anuncia que se dedicará a examinar la transnacionalidad de las empresas “entre poderes y derechos” en el marco de tiempo que va de 1947 al 2002, estudiando el tema de la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional en relación con la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la elación entre empresas transnacionales, responsabilidad social, los “principos Ruggie” y las garantías de los derechos de los pueblos indígenas. En el cuarto y último capítulo se enfoca de nuevo directamente el problema de los derechos humanos como historia.

Gran parte de estos textos son la remodelación de un trabajo constante en el Centro de Historia del Pensamiento Jurídico Moderno de la Universidad de Florencia, y de la serie Quaderni Fiorentini, revista anual del mismo. La editorial que acoge el libro es Trotta, con cuya “política cultural distintiva” sintoniza el trabajo que lleva a cabo el autor. Y que merece la pena leer y reflexionar para aprender  realmente sobre los derechos humanos.

DERECHO GLOBAL. POR UNA HISTORIA VEROSÍMIL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Bartolomé Clavero. Editorial Trotta. Madrid, 2014, 236 pags. 18 €.




lunes, 18 de agosto de 2014

DESIGUALDADES SALARIALES








El verano es tiempo de lecturas más que de periódicos. Acostumbrados además a los digitales, apenas se consultan los periódicos locales, más que nada para comprobar el tiempo que se avecina, las fiestas patronales próximas, los conciertos anunciados, la cartelera de algún cine. Pero de vez en cuando en la playa, algún amigo recién llegado trae a la arena algún ejemplar de los grandes medios y entre los gritos de los bañistas y el sonido del mar, se leen sus páginas. Y surgen entonces las noticias del verano. La primera que se propone a esta blogosfera estival es la relativa a la constatación de las desigualdades salariales. No es nada nuevo, pero es un fenómeno cada vez más intenso.


El consejo de Administración de DAMN recibió – según informa El Pais de 17 de agosto en las páginas salmón  - una “compensación conjunta” de 4.863 millones de euros para el primer semestre del 2014. Es un incremento del 20,7% respecto de la cantidad percibida el año pasado. La partida que más subió en las remuneraciones de los consejeros fue la de atenciones protocolarias. La alta dirección de la compañía incrementó su nómina un 12% más. El presidente de la compañía, Demetrio Carceller recibió la remuneración más alta, en el año 2013 percibió 2,35 millones de euros, de forma que su trabajo vale 260 veces mas que el de un trabajador no cualificado (como término de referencia, un catedrático de universidad con seis sexenios gana ocho veces el salario anual de un trabajador no cualificado. El señor Carceller gana casi 33 veces más que un profesor senior al que le han reducido el sueldo primero y luego congelado su retribución desde el 2012). No es más que un ejemplo de la tendencia generalizada. Los altos directivos de las empresas y de la banca, con independencia del éxito o fracaso de sus empresas, ganan mucho más que cualquier trabajador o cualquier alto funcionario. Son ostentosamente retribuidos e incrementan sus retribuciones pese a la crisis y a la austeridad que se preconiza para toda la sociedad y el trabajo.

Para un reciente informe del BBVA, solo los recortes salariales – que se llama, piadosamente, moderación salarial – reducen los desequilibrios económicos. Sin embargo, y co mo recuerda en su última entrada del blog Juan Laborda, “en el último informe del "High Pay Centre" en el Reino Unido,  se afirma que el sueldo de los directores ejecutivos de las empresas del FTSE 100 representaba alrededor de 20 veces el sueldo del trabajador medio del Reino Unido en la década de 1980, pasando a 60 veces en 1998, y a 160 veces en 2012, el año más reciente del que se dispone de completos”. Los estudios económicos de que se disponen –pero que no se hacen públicos ni se divulgan por los grandes medios de comunicación en propiedad de los grandes bancos y de las grandes firmas – señalan que hay una clara relación entre los ingresos de los directivos, incluido el pago de bonus, es decir el incremento exponencial de las retribuciones de los que más ganan y el hundimiento de los salarios reales de los trabajadores, en especial de la parte inferior de la tabla, de los que menos ganan.

En la valoración de CCOO en julio de 2014 sobre los resultados de la negociación, se establecía que ésta ha conseguido “resistir a los embates” de la reforma laboral y en líneas generales, pese a su “debilitación”, mantener con escasas reducciones su ámbito de cobertura (más de ocho millones de personas), más aun teniendo en cuenta la extensa destrucción de empleo y desaparición de empresas que se ha ido produciendo a partir de 2012. Pero en ese mismo informe se señalaba que la devaluación salarial era la regla y que los recortes salariales se habían generalizado en todas las ramas y empresas junto con el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Es tambien seguro que el salario pactado en convenio no es un elemento determinante en el salario real percibido por los trabajadores y trrabajadoras precarios, a tiempo parcial e irregulares ( falsos autónomos, falsos becarios, o sencillamente trabajadores clandestinos) que en la crisis van constituyendo una forma-tipo de la utilización de la fuerza de trabajo por las empresas y que por definición es un sector de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados y ajenos a las pautas de la determinación colectiva de las condiciones de trabajo. Este hecho innegable no solo pone en crisis la representación sindical – e impone el planteamiento de este asunto como un punto central en el diseño de la estrategia sindical - , sino que además precariza salarialmente tanto el trabajo no cualificado, como  sectores importantes de profesiones con fuerte presencia de trabajo cognitivo. Las últimas estadísticas han señalado que una considerable cohorte de trabajadores asalariados se deben considerar inmersos en el sector de la pobreza, y la expresión “trabajadores pobres” no solo se refiere a un concepto científico, sino a una realidad en crecimiento.

La relación entre desempleo y pobreza es el extremo final de la desigualdad. Crece la pobreza y casi el 25% de los hogares españoles están por debajo del umbral de la pobreza. Las prestaciones sociales que podrían aminorar este panorama son insuficientes y se están agotando. Frente a ello,  ¿es demagógico recordar que el señor Carceller ha sido remunerado durante 2013 por su gestión al frente de su empresa, con dos millones trescientos cincuenta mil euros y que su caso no es sino uno más de una tendencia repetida por tantas grandes empresas mercantiles y financieras españolas?

Romper esta tendencia es imprescindible. No basta efectuar juicios morales sobre el crecimiento de la desigualdad o considerar la insolencia del dinero como un dato inamovible. Los sindicatos y los partidos políticos de izquierda tienen que comenzar a plantear iniciativas expropiatorias de las ganancias empresariales que no consideran la funcionalidad social de la libertad de empresa y acentúan conscientemente la desigualdad social y económica que la Constitución española en su artículo 9.2 se compromete a ir reduciendo paulatinamente. Tomarse en serio la declaración política del pueblo español que se cristaliza en el texto constitucional implica combatir seriamente el incremento de la desigualdad sobre la base de la violencia de la crisis, la desertización de los derechos laborales y el desempleo masivo, la desvalorización del trabajo como eje en torno al cual se construye la ciudadanía y la solidaridad, la degradación del salario a medio de subsistencia sin dignidad. Y es una lucha que se debe sostener en el plano económico y social, pero también en el directamente político y, finalmente, en el cultural e ideológico, rompiendo el silencio y la desinformación, combatiendo la manipulación de una opinión pública que se pretende corromper y desinformar.




viernes, 15 de agosto de 2014

TRABAJO Y EMPLEO EN EL MARCO DE ESTRATEGIAS ECOSOCIALES DE TRANSICIÓN



(Se trata de un borrador que recoge en lo esencial las notas para la intervención en La Casa Encendida, 4 de junio de 2014, en un ciclo de intervenciones que tenian como hilo conductor el relativo a las reflexiones sobre “trabajo y empleo en el marco de las estrategias ecosociales de transición”, al que me condujo una cadena de afectos, desde Laura Mora y Lola Santos a Yayo Herrero).

I

Gran parte de esta problemática se situa fuera de las competencias de un jurista del trabajo. El cual sin embargo puede intentar realizar una reflexión a partir de la regulación del trabajo y de los sujetos colectivos que lo representan, en especial de los sindicatos, en relación con la cuestión ecosocial. No es útil a efectos de estas notas enfocar el tema desde la perspectiva del empleo, que sin duda requiere un análisis más centrado en las actividades económicas que procuran un tipo y una cantidad determinada de empleo, en un contexto eso sí de desigualdades sociales crecientes y de desempleo de masa, y que seguramente exigiría pensar en una reformulación de la acción productiva y económica que eliminara o redujera algunas actividades y que por el contrario reformulara otras exigiendo más trabajo.

El trabajo conoce una doble situación. Es contemplado en un espacio acotado por un lugar y un tiempo determinado, en el que se desenvuelve el trabajo asalariado. La regulación del trabajo se limita a estas coordenadas,  que son las que delimitan el campo de aplicación de los instrumentos que se emplean en ese regulacionismo, sean éstas la ley, la negociación colectiva o el contrato de trabajo. Pero a su vez requiere igualmente una condición más amplia ligada a la existencia social de las personas que trabajan, sus condiciones de vida, sus pautas y procesos de reproducción social.

Es decir que en lo que aquí interesa resaltar, es un relato que atraviesa, en primer lugar, la propia configuración del espacio y del tiempo de trabajo como un espacio de derechos, y por consiguiente como un espacio de conflicto y de lucha en donde se localizan fenómenos de representación colectiva – el sindicato, la representación electiva y unitaria de los trabajadores, la asamblea – que son determinantes de la creación y aplicación de las reglas sobre el trabajo.

En segundo término se encuentra la conformación de un espacio social formalmente asociado a la condición “libre” de las personas que la pueblan (libres en cuanto no formalmente subordinados en un trabajo asalariado) y formalmente igualados en cuanto a su posición de ciudadanía en una comunidad estatal determinada aunque sea ésta una condición desigual, fragmentada y dependiente desde el punto de vista económico y cultural, y la capacidad abstracta de decidir e intervenir en los asuntos públicos esté gravemente obstaculizada, manipulada y degradada. Es éste un espacio social en confrontación con la lógica de la capacidad adquisitiva del mercado que requiere la intervención del poder público: servicios, prestaciones sociales y desmercantilización de las necesidades sociales.

Las dos dimensiones convergen en la problemática del Estado social y en el principio de autonomía colectiva.

En este esquema, ¿cómo se integra la problemática ambientalista y ecológica?. En primer lugar como un aspecto ligado directamente al espacio concreto del trabajo (pero no a su cuantificación en términos de empleo) pero también en lo que se refiere al espacio de la ciudadanía social. Uno se presenta como un espacio privado-contractual o, más frecuentemente, como privado-organizativo, dentro del círculo de la organización empresarial, y el otro como un espacio público – ciudadano.

En ambos entornos se registra el valor político del trabajo, emancipatorio y reactivo frente a la desigualdad y a las asimetrías de poder. La institucionalización de las reglas y la emanación de las políticas públicas que se refieren a ambos espacios no acoge sin embargo normalmente estos valores político-democráticos. La intervención normativa o en general los mecanismos de producción de reglas se producen desde el interior de la lógica de la producción, de una parte, y, desde fuera, a través de políticas sociales y ambientales de carácter público en el contexto y con los límites de los recursos estatales posibles.

Estos procesos sin embargo se suelen presentar desde un cierto “ambientalismo” oficial como movimientos de institucionalización progresivamente afirmados sin excesivas contradicciones ni contrastes. La Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, relaciona el crecimiento económico con el aumento de la protección ambiental, avanza la necesaria transformación de los empleos mediante un cierta destrucción creadora de empleo, ligando estos procesos con la innovación tecnológica, la capacidad performativa de los emprendedores que hacen de lado a viejas empresas y a viejos modelos de negocio, y en fin, el uso positivo de la flexibilidad, interna y externa, como medio necesario para una progresiva transformación productiva y laboral. El desarrollo sostenible apuntala un tipo de crecimiento económico que transforma el empleo y garantiza una buena relación de este con la tutela del medio ambiente y objetivos ecológicos.

II

Sin embargo esta narrativa no permite comprender bien la tensión conflictiva que se da en el interior de estos espacios y en la dinámica de los mismos.

En el espacio de la empresa se encuentra el terreno clásico de regulación de la salud laboral y del ambiente de trabajo. Aunque el artículo 40 de la Constitución española sólo tiene una referencia pequeña a la obligación de los poderes públicos de velar por “la seguridad e higiene en el trabajo”, que es una expresión que parece conectarse exclusivamente con la forma de desarrollar el trabajo y no con la persona que trabaja ni con el espacio ambiental que rodea este trabajo, la salud laboral y el medio ambiente de trabajo se encuentran recogidos como derecho en el art. 4 del Estatuto de los Trabajadores, derecho “a su integridad física y a una adecuiada política de seguridad e higiene” y por tanto plenamente inserto en el campo de regulación del derecho laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la trasposición de las múltiples directivas de protección frente a riesgos laborales específicos integra el marco regulador con un amplio detalle de derechos y obligaciones. Aquí se han producido, especialmente desde los años 90 del siglo pasado, importantes cambios que han incidido especialmente en la descontractualización de estas materias, y por consiguiente, la consideración negativa de la compensación económica por insisitidoel daño – humano o ambiental – que se producía, junto con un paralelo crecimiento de la norma estatal imperativa como fórmula prioritaria de regulación de este aspecto. En su lugar, ha habido un fuerte impulso de la cultura prevencionista, en donde es muy relevante la participación colectiva de los trabajadores y la instalación de estructuras de representación ad hoc, además de la incoproración paulatina de este tema a la negociación colectiva. Además en lo que respecta a las enfermedades profesionales, se viene a abrir la perspectiva de los destinatarios y de los efectos de los compuestos que se utilizan en la producción no sólo a los trabajadores y trabajadoras.

Pese a la evolución percibida, es evidente que existen amplias insuficiencias y escasos desarrollos de elementos regulativos que podrían implicar poner en práctica un movimiento contrario o ajeno a la lógica empresarial en la regulación de la salud laboral en el lugar de trabajo, tanto desde la norma imperativa de orgien estatal como respecto el control sindical o la participación de los trabajadores, lo que sin embargo no se ha producido en los términos convenientes. Como tampoco el uso intenso de la negociación colectiva como fórmula directiva de la política empresarial en materia de seguridad y de tutela del medio ambiente.

Además, las decisiones de la empresa sobre las repercusiones de su actividad productiva sobre el medio ambiente o la salud pública se consideran acciones no controlables colectivamente mediante los mecanismos y las formas de participación o de representación de los trabajadores, sólo pueden ser limitadas o encuadradas mediante la norma estatal que tiene su origen en el poder público.

Se configura por tanto una autonomía fuerte en este aspecto de la empresa y del poder privado que la ordena y organiza. Por eso se ha insistido desde finales de siglo, con especial hincapie en el primer quinquenio del siglo XXI en la necesidad de que la empresa funcionalice su interés a un objetivo socialmente relevante, como la protección medioambiental. La llamada responsabilidad social de las empresas, noción plenamente afirmada por la Unión Europea de manera completa en 2007, acompaña como un elemento caracterizador a las grandes empresas europeas en el marco de esa estrategia de desarrollo sostenible a la que se ha hecho referencia. En el caso español esta ecuación entre economía sostenible, tutela del medio ambiente y responsabilidad social empresarial aparece explícitamente en una ley hoy olvidada, la Ley de Economía Sostenible del 2011. A su vez desde la noción de responsabilidad social, se abre la perspectiva global o universal que recogen varios textos y decisiones internacionales, desde las Naciones Unidas y la OCDE hasta las más importantes declaraciones sobre derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de 1998 y la relativa al trabajo decente del año posterior.

En estas decisiones ancladas en la decisión unilateral del empresario, construida ésta sin embargo sobre un imperativo moral de funcionalizar su interés al interés social de preservar el medio ambiente y tutelar la salud laboral en la empresa entre otros derechos laborales, no sólo participan los sindicatos, sino otras organizaciones no gubernamentales consideradas como stakeholders, como público o entorno interesado. Por esta vía, se enlazan espacios de representación social en la acción empresarial orientando su conducta en estos temas.

La vertiente global es en este punto cada vez mas determinante. La transformación que se ha producido de los códigos de conducta de las empresas transnacionales en acuerdos marcos globales, refleja de forma muy evidente la unión en una misma perspectiva del respeto de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, la salud en el lugar de trabajo y la defensa del medio ambiente. Hay algunos ejemplos realmente significativos al respecto.

La acción sindical o colectiva que abre el lugar del trabajo a un espacio de derechos incide también desde esta posición en la orientación y en los compromisos de las empresas – autodefinidas como socialmente responsables – para no dañar o preservar el medio ambiente. Esta posición de partida conjunta debe ser observada como un elemento apreciable en una estrategia de futuro, porque implica la capacidad de elaborar y construir conjuntamente las categorías de trabajo, salud colectiva e individual y medio ambiente en un proyecto de regulación de derechos y de participación colectiva.

III

Sin embargo la acción pública directa en este asunto se caracteriza por no propiciar una intervención social incisiva, puesto que la institucionalización de la misma es muy débil en términos de derechos ciudadanos. El art. 45 de la Constitución española establece que “todos tienen derecho  a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, afirmando a continuación que “los poderes públicos velarán por la uilización racional e todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. El texto de este precepto es muy pocas veces citado, pese a configurarse como un derecho ciudadano y desde luego no ha encontrado un desarrollo legislativo en lo que podría ser el elemento más interesante del principio rector de las políticas públicas ambientales, que sería la referencia a la “solidaridad colectiva”, que requiere una concreción técnica no sólo a través del reconocimiento de fenómenos de representación de intereses sociales, sino de mecanismos de participación ciudadana que tuvieran potestades de control y de decisión en esta materia.

En cualquier caso, el precepto constitucional ha sido objeto de un tratamiento político más retórico que efectivo, orientado legislativamente por menciones muy genéricas a estándares nominales prestados de la política de la Unión Europea, que culminan con las afirmaciones de “cambio de modelo productivo” en la Ley de Economía Sostenible de 2011 tan bien intencionadas como inconsecuentes con la política económica, industrial y financiera llevada a cabo por los poderes públicos. En general, en este aspecto se acentúan los dos grandes grupos de problemas que impiden la eficacia del derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado y la conservación del mismo. Problemas de financiación, de un parte, y problemas derivados de la carencia de fuerza imperativa de las normas que disciplinan el control sobre el ambiente.

La dificultad de un impulso público frente a elementos centrales del modelo de crecimiento que lo acompañan dramáticamente, como la especulación inmobiliaria y la corrupción consecuente es el elemento decisivo de la explicación de la causa de la pérdida de vigencia de este derecho, pese a su consagración retórica en la constitución y en muchas declaraciones internacionales. No se han generado tampoco en la sociedad sujetos sociales con suficiente fuerza para llevar adelante un programa que fuerce cotas de eficacia de los derechos. Es importante destacar la progresiva convergencia del movimiento sindical con planteamientos ecologistas, de manera que la “sacralización” del empleo a toda costa que el movimiento ecologista denunciaba respecto de la acción colectiva de los sindicatos, se encuentra actualmente muy mitigada, como la afirmación del productivismo que la acompañaba. En los casos concretos de colisión de intereses (empleo / medio ambiente), se ha avanzado mucho en el trabajo conjunto y en la elaboración de plataformas de acción convergentes. La reivindicación del empleo por parte del movimiento sindical se precisa que es un empleo con derechos, y dentro de ellos desde luego, el derecho a la salud y al medio ambiente, encuentran un lugar fundamental.

IV

Es evidente sin embargo que la crisis obstaculiza gravemente el tránsito hacia un nuevo modelo productivo, impide la transición hacia el mismo desarrollada en términos igualitarios y participativos. La crisis y las políticas que se han generado a partir de la misma está causando daños irreparables.

En el espacio-empresa, porque se normaliza en la práctica de las relaciones laborales y se reconoce expresamente en las normas legales, el intercambio entre empleo y derechos, lo que afecta fundamentalmente al ámbito de la salud laboral y del ambiente de trabajo. No hay derecho a la salud sin empleo, pero el empleo no conlleva el derecho a la salud. Ya hay datos estadísticos muy evidentes que señalan este giro dramático. Por otra parte, el desapoderamiento sindical que llevan a cabo las normas y la desertización sindical que se produce en pequeñas y nuevas empresas, conduce a una desprotección colectiva y a la imposición de condiciones de trabajo en las que el derecho a la salud física y psíquica de las trabajadoras y trabajadores es  ignorado. En especial el aumento de la jornada laboral real,  la flexibilización plena del trabajo y la reducción salarial de una parte, el desempleo masivo y la necesidad de encontrar una renta de subsistencia de otro, está produciendo daños irreparables a toda una generación, como se aprecia asimismo en la renuncia forzada a la maternidad como hecho equivalente a perder (o no encontrar) trabajo.

En el espacio social, los recortes presupuestarios y la regla del equilibrio del mismo han asfixiado a muchas administraciones públicas, con el paulatino incremento de la terciarización de los servicios y la práctica eliminación de las inversión y el gasto público en energías renovables, o recuperación de residuos. Con mayor incidencia en este ámbito, se ha producido asimismo un  extenso proceso de desregulación y de pérdida de imperatividad y de control público en áreas importantes, como la protección de la costa o la protección del medio ambiente. En último término, la privatización de recursos naturales actua de manera muy intensa erosionando tanto los derechos de los ciudadanos como la explotación de estos. La privatixación del agua, de los saneamientos por una parte, las prospecciones petrolíferas en áreas ecológicamente sostenidas, son ejemplos terribles de la capacidad del capitalismo privado subsidiado por el poder público de destruir el ambiente vital y el tejido social.

Es cierto que muchos de estos problemas se incorporan a la agenda de fuertes movilizaciones por la contracción del Estado Social, y que en ocasiones la propia reivindicación ambientalista genera respuestas populares masivas (en Canarias ante las prospecciones de Repsol, últimamente). Pero es evidente que es oportuno discutir e incorporar al discurso alternativo que se inserta en la necesidad de un nuevo proceso constituyente social y político las nociones clave que avalan una transición ecológica, que no es lo mismo que la reivindicación de un cambio de modelo productivo. Es difícil desarraigar una cultura del crecimiento económico como base del bienestar social, pero sin embargo resulta más fácil encontrar terrenos de convergencia en otras materias, como el del reparto del empleo y del tiempo de trabajo, una nueva proyectualidad social de las actividades, un modelo más participativo de la acción pública. En definitiva, incorporar trabajo y medio ambiente y la problemática de la transición ante la crisis eco-social presente a la nueva narrativa que debe alimentar el discurso alternativo de un nuevo proyecto político y social.


lunes, 4 de agosto de 2014

DECLARACION CONTRA EL CASTIGO DE LA POBLACION CIVIL EN GAZA




Mi amigo y compañero Jose Carlos González me pone sobre la pista de esta declaración sobre la ofensiva israelí en Gaza que han firmado 142 expertos en derecho internacional y relaciones internacionales. El texto es un alegato jurídico que ofrece las razones del derecho frente a la realidad de la violencia, la ocupación y la guerra con sufrimiento inmenso de la población civil en la franja de Gaza. Este es el texto de la declaración.
 
La comunidad internacional debe poner fin al castigo colectivo de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza
 
Como académicos de Derecho Internacional y Penal, defensores de derechos humanos, juristas y personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de su respeto en tiempos de paz, y aún más, en tiempos de guerra, sentimos el deber intelectual y moral de denunciar las violaciones graves, la mistificación y falta de respeto por los principios más básicos del Derecho relativo a los conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza. Condenamos también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra población civil, con independencia de la identidad de los autores, que no sólo es ilegal según el Derecho Internacional, sino también moralmente intolerable. Sin embargo, como también implícitamente señala el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en conflicto no pueden ser considerados iguales, y sus acciones —una vez más— parecen ser de una magnitud incomparable.
Una vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las que se encuentran en el centro de la tormenta. La población civil de Gaza ha sido victima de la falsa interpretación del derecho a la legítima defensa, en medio de una escalada de violencia provocada delante de toda la comunidad internacional. La llamada operación Margen Protector empezó durante un conflicto armado en curso, en el contexto de una larga ocupación beligerante que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto continuado, miles de palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de Gaza desde el año 2005, durante los recurrentes y aparentes períodos de “alto el fuego”, y después de la “desconexión” unilateral de Israel de la Franja de Gaza. Las muertes causadas por los actos de provocación de Israel en la Franja de Gaza y anteriores a la última escalada de las hostilidades, no deben ser tampoco ignorados.
Según fuentes de la ONU, en las dos últimas semanas, casi 800 palestinos han sido asesinados en Gaza y más de 4.000 heridos, de los cuales la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el 15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, han sido blanco de los ataques y severamente dañados. En un solo día, el domingo 20 de julio, más de 100 civiles palestinos fueron asesinados en Shija‘iyeh, un barrio residencial de la ciudad de Gaza. Siendo esta una de las operaciones más sangrientas y más agresivas jamás llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye una falta de respeto total a la inocencia civil. Lamentablemente, a esta le siguió, sólo un par de días más tarde, un ataque igualmente destructor sobre Khuza‘a, al este de Khan Younis.
Además, la ofensiva ha causado ya la destrucción generalizada de edificios e infraestructuras: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas han sido objetivo de los ataques resultando en su destrucción o gravemente dañadas.
Como denuncia la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (MINU) sobre el conflicto en Gaza, resultado de la operación israelí “Plomo Fundido” en 2008-2009: “Mientras el Gobierno israelí ha tratado de presentar sus operaciones esencialmente como una respuesta a los ataques con cohetes en el ejercicio de su derecho a la defensa propia, la Misión considera que el plan se ha dirigido, al menos en parte, a un objetivo diferente: el pueblo de Gaza en su conjunto”. (A/HRC/12/48, párrafo 1883). Lo mismo puede decirse de la ofensiva israelí en curso.
A la población civil de la Franja de Gaza la están atacando directamente y muchos han sido forzados a abandonar sus hogares. Lo que ya era una crisis de refugiados y humanitaria, se ha agravado con una nueva ola de desplazamientos masivos de la población civil: el número de desplazados internos llega casi a los 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas ya rebasadas de la UNRWA, que por desgracia tampoco son zonas seguras como lo han demostrado los reiterados ataques contra la escuela de la UNRWA en Beit Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y viven en un estado de terror constante. Este resultado es intencionado, ya que Israel se apoya de nuevo en la “doctrina Dahiya”, que recurre deliberadamente al uso desproporcionado de la fuerza para infligir sufrimiento a la población civil con el fin de lograr objetivos políticos (ejercer presión sobre el Gobierno de Hamas) en lugar de objetivos militares.
Haciendo esto, Israel viola repetida y flagrantemente el Derecho de los conflictos armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares pueden ser atacados, es decir, “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o uso contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una ventaja militar definida”. La mayoría de los intensos bombardeos infligidos recientemente sobre Gaza carecen de una justificación militar aceptable. Por el contrario, parecen estar diseñados para aterrorizar a la población civil. Como aclara el Comité Internacional de la Cruz Roja, provocar deliberadamente el terror es, sin lugar a dudas, ilegal según el Derecho internacional consuetudinario.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, relativa a las armas nucleares, declara que el principio de distinción, que obliga a los estados beligerantes a distinguir entre civiles y combatientes, es uno de los “principios cardinales” del Derecho Internacional Humanitario y uno de los “principios de Derecho consuetudinario internacional inviolables”.
El principio de distinción está codificado en los artículos 48, 51 (2) y 52 (2) del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, al que no se ha hecho ninguna excepción. De acuerdo con el Protocolo Adicional I, “ataques” hace referencia a los “actos violentos contra el adversario, sean ofensivos o defensivos” (artículo 49). De acuerdo con el Derecho Internacional consuetudinario y el Derecho sobre Tratados internacionales, la prohibición de dirigir ataques contra la población civil o bienes civiles, es absoluta. No hay discrecionalidad susceptible de invocar como justificación una necesidad militar.
Contrariamente a las reivindicaciones que Israel hace, los errores que resulten en muertes de civiles no pueden justificarse: en caso de duda acerca de la naturaleza del objetivo, la ley establece claramente que un bien que normalmente se dedica a fines civiles (como escuelas, viviendas, lugares de culto e instalaciones médicas), presuntamente no se utilizan con fines militares. Durante estas últimas semanas, funcionarios y representantes de la ONU han pedido de manera reiterada a Israel que acate el cumplimiento estricto del principio de precaución en la realización de los ataques en la Franja de Gaza, donde los riesgos se agravan en gran medida por la altísima densidad de población, y que la máxima contención debe ser ejercida para evitar víctimas civiles. Human Rights Watch (HRW) señala que estas normas existen para minimizar errores, “cuando tales errores se repiten, eleva la preocupación sobre si dichas reglas se están violando”.
Es más, incluso cuando los objetivos militares son claros, Israel viola sistemáticamente el principio de proporcionalidad: esto es particularmente evidente en lo que respecta a los cientos de casas de civiles destruidas por el ejército israelí durante la operación militar en curso sobre Gaza. Con la intención declarada de atacar a un solo miembro de Hamás, las fuerzas israelíes han bombardeado y destruido casas ocupadas para uso residencial, por docenas de civiles, incluidas mujeres, niños y familias enteras.
Es inherentemente ilegal según el Derecho internacional consuetudinario, atacar de manera intencionada bienes de carácter civil. La violación de un principio de Derecho tan fundamental puede constituir un crimen de guerra. Emitir una ‘advertencia’ —tal como Israel indica en relación a la llamada técnica de golpe en el techo o enviar un mensaje de texto cinco minutos antes del ataque— no exime de dicha violación: sigue siendo ilegal atacar intencionadamente una vivienda civil sin demostrar la necesidad militar, ya que significa la violación del principio de proporcionalidad. Además, estas “advertencias” generalmente no sólo son ineficaces, sino que incluso pueden dar lugar a más fatalidades, y parecen ser una excusa prefabricada de Israel para mostrar a las personas que permanecen en sus hogares como “escudos humanos”.
Los ataques indiscriminados y desproporcionados, los blancos de los objetivos que no proporcionan ninguna ventaja militar efectiva, y el ataque intencionado sobre civiles y viviendas de civiles, son rasgos persistentes de la política que Israel utiliza desde hace mucho tiempo, de castigar a toda la población de la Franja de Gaza, y la que desde hace más de siete años, es en la práctica prisionera del cierre impuesto por Israel. Este régimen equivale a una forma de castigo colectivo que vulnera la prohibición incondicional establecida en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra y que ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, a pesar de la oposición efectiva de los actores internacionales, la política ilegal de cierre absoluto que Israel impone sobre la Franja de Gaza, ha continuado sin descanso, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de los Estados.
***
Como afirmaba en el año 2009 la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto en Gaza: “La justicia y el respeto del estado de derecho son el fundamento indispensable para la paz. La prolongada situación de impunidad ha creado una crisis de justicia en el territorio palestino ocupado que justifica la la adopción de medidas” (A/HRC/12/48, párrafo 1958). En efecto: “la impunidad de larga data ha sido un factor esencial en la perpetuación de la violencia en la región y en la repetición de violaciones, así como en el deterioro de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes en cuanto a las perspectivas de justicia y solución pacífica al conflicto” (A/HRC/12/48,. Párrafo 1964).
Por lo tanto,
  • Damos la bienvenida a la Resolución adoptada el 23 de julio 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se estableció una comisión internacional independiente para investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.
  • Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe, a la Unión Europea, y a los demás Estados, en particular los Estados Unidos de América, y a la comunidad internacional en su totalidad y con su poder colectivo, para actuar en virtud de la máxima urgencia y poner fin a la escalada de violencia contra la población civil de la Franja de Gaza, y para activar los procedimientos para la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones de Derecho internacional, incluidos los líderes políticos y comandantes militares. En particular:
-Todos los actores regionales e internacionales deben apoyar la conclusión inmediata de un acuerdo de alto el fuego duradero, integral y de mutuo acuerdo, que debe asegurar el rápido acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las fronteras de entrada y salida a Gaza.
-Todas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra deben ser llamadas urgente e incondicionalmente a que cumplan con sus obligaciones fundamentales, vinculantes en todo momento, para actuar de acuerdo con el Artículo 1 común a todas ellas, y a tomar todas las medidas necesarias para la eliminación de las infracciones graves, claramente definidas por el artículo 146 y el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra; reglas que son aplicables también por todas las partes interesadas;
 
  • Además, denunciamos las vergonzosas presiones políticas ejercidas por varios Estados miembros de la ONU y la ONU en sí misma sobre el presidente Mahmoud Abbas, para disuadirle de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), e instamos a los líderes gubernamentales de Palestina a apelar a la jurisdicción de la CPI, mediante la ratificación del Tratado de la CPI y en el interim, al someterse a la declaración prevista en el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, con el fin de investigar y enjuiciar los delitos internacionales graves cometidos en el territorio palestino por todas las partes en el conflicto; y
  • El Consejo de Seguridad de la ONU, por último, debe ejercer sus responsabilidades en relación con la paz y la justicia remitiendo la situación en Palestina ante la Fiscalía de la CPI.
***
Nótese que la afiliación institucional tiene únicamente un fin de identificación:
1. John Dugard, Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied Palestinian Territory
2. Richard Falk, Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied Palestinian Territory
3. Alain Pellet, Professor of Public International Law, University Paris Ouest, former Member of the United Nations International Law Commission, France
4. Georges Abi-Saab, Emeritus Professor of International Law, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Former Judge on the ICTY
5. Vera Gowlland-Debbas, Emeritus Professor of International Law, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland
6. Chantal Meloni, Adjunct Professor of International Criminal Law, University of Milan, Italy (Rapporteur, Joint Declaration)
7. Roy Abbott, Consultant in International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Australia
8. Lama Abu-Odeh, Law Professor, Georgetown University Law Center, USA
9. Susan M. Akram, Clinical Professor and supervising attorney, International Human rights Program, Boston University School of Law, USA
10. Taris Ahmad, Solicitor at Jones Day, London, UK
11. Maria Anagnostaki, PhD candidate, Law School University of Athens, Greece
12. Antony Anghie, Professor of Law, University of Utah, USA
13. Nizar Ayoub, Director, Al-Marsad, Arab Human Rights Centre in Golan Heights
14. Valentina Azarov, Lecturer in Human Rights and International Law, Al Quds Bard College, Palestine
15. Ammar Bajboj, Lecturer in Law, University of Damascus, Syria
16. Samia Bano, SOAS School of Law, London, UK
17. Asli Ü Bali, Professor of Law, UCLA School of Law, USA
18. Jakub Michał Baranowski, Phd Candidate, Universita‘ degli Studi Roma Tre, Italy
19. Frank Barat, Russell Tribunal on Palestine
20. Emma Bell, Coordinator of the European Group for the Study of Deviance and Social Control, Université de Savoie, France
21. Barbara Giovanna Bello, Post-doc Fellow, University of Milan, Italy
22. Brenna Bhandar, Senior lecturer in Law, SOAS School of Law, London, UK
23. George Bisharat, Professor of Law, UC Hastings College of Law, USA
24. Barbara Blok, LLM Candidate, University of Essex, UK
25. John Braithwaite, Professor of Criminology, Australian National University, Australia
26. Michelle Burgis-Kasthala, lecturer in international law, University of Edinburgh, UK
27. Eddie Bruce-Jones, Lecturer in Law, University of London, Birkbeck College, UK
28. Sandy Camlann, LLM Candidate, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France
29. Grazia Careccia, Human Rights Advocate, London, UK
30. Baris Cayli, Impact Fellow, University of Stirling, UK
31. Antonio Cavaliere, Professor of Criminal Law, University Federico II, Naples, Italy
32. Kathleen Cavanaugh, Senior Lecturer, Irish Center for Human Rights, National University of Ireland, Galway, Ireland
33. Elizabeth Chadwick, Reader in International Law, Nottingham, UK
34. Donna R. Cline, Attorney at Law, USA
35. Karen Corteen, Senior Lecturer in Criminology, University of Chester, UK
36. Andrew Dahdal, Lecturer, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
37. Teresa Dagenhardt, Reader in Criminology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
38. Luigi Daniele, PhD candidate in Law, Italy
39. Alessandro De Giorgi, Professor of Justice Studies, San Josè State University, USA
40. Paul de Waart, Professor Emeritus of International Law, VU University, Amsterdam, The Netherlands
41. Gabriele della Morte, Senior Lecturer in International Law, University Cattolica, Milan, Italy
42. Max du Plessis, Professor of Law, University of Kwazulu-Natal, and Barrister, South Africa and London, UK
43. Noura Erakat, Georgetown University, USA
44. Mohammad Fadel, Associate Professor of Law, University of Toronto Faculty of Law, Canada
45. Mireille Fanon-Mendés France, Independent Expert UNO, Frantz Fanon Foundation, France
46. Michelle Farrell, lecturer in law, School of Law and Social Justice, University of Liverpool, UK
47. Daniel Feierstein, Professor and President International Association of Genocide Scholars (IAGS), Argentina
48. Eleonor Fernández Muñoz, Costa Rica
49. Tenny Fernando, Attorney at Law, Sri Lanka
50. Amelia Festa, LLM Candidate, University of Naples Federico II, Italy
51. Katherine Franke, Professor of Law, Columbia Law School, USA
52. Jacques Gaillot, Bishop in partibus of Patenia
53. Katherine Gallagher, Vice President FIDH, senior attorney, Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
54. Avo Sevag Garabet, LLM, University of Groningen, the Netherlands
55. Jose Garcia Anon, Professor of Law, Human Rights Institute, University of Valencia, Valencia, Spain
56. Irene Gasparini, PhD candidate, Universitá Cattolica, Milan, Italy
57. Stratos Georgoulas, Assistant Professor, University of the Aegean, Greece
58. Haluk Gerger, Professor, Turkey
59. Hedda Giersten, Professor, Universitet I Oslo, Norway
60. Javier Giraldo, Director Banco de Datos CINEP, Colombia
61. Carmen G. Gonzales, Professor of Law, Seattle University School of Law, USA
62. Penny Green, Professor of Law and Criminology, Director of the State Crime Initiative, King‘s College London, UK
63. Katy Hayward, Senior Lecturer in Sociology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
64. Andrew Henley, PhD candidate, Keele University, UK
65. Christiane Hessel, Paris, France
66. Paddy Hillyard, Professor Emeritus, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
67. Ata Hindi, Institute of Law, Birzeit University, Palestine
68. Francois Houtart, Professor, National Institute of Higher Studies, Quito, Ecuador
69. Deena R. Hurwitz, Professor, General Faculty, Director International Human Rights Law Clinic, University of Virginia School of Law, USA
70. Perfecto Andrés Ibánes, Magistrado Tribunal Supremo de Espagna, Spain
71. Franco Ippolito, President of the Permanent People‘s Tribunal, Italy
72. Ruth Jamieson, Honorary Lecturer, School of Law, Queen‘s University, Belfast, Northern Ireland
73. Helen Jarvis, former member Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), member of IAGS, Cambodia
74. Ioannis Kalpouzos, Lecturer in Law, City Law School, London, UK
75. Victor Kattan, post-doctoral fellow, Law Faculty, National University of Singapore
76. Michael Kearney, PhD, Lecturer in Law, University of Sussex, UK
77. Yousuf Syed Khan, USA
78. Tarik Kochi, Senior Lecturer in Law, School of Law, Politics and Sociology, University of Sussex, UK
79. Anna Koppel, MSt Candidate in International Human Rights Law, University of Oxford, UK
80. Karim Lahidji, President of the International Federation for Human Rights (FIDH) and lawyer
81. Giulia Lanza, PhD Candidate, Università degli Studi di Verona, Italy
82. Daniel Machover, solicitor, Hickman & Rose, London, UK
83. Tayyab Mahmud, Professor of Law, Director of the Centre for Global Justice, Seattle University School of Law, USA
84. Maria C. LaHood, Senior Staff Attorney, CCR, New York, USA
85. Louise Mallinder, Reader in Human Rights and International Law, University of Ulster, UK
86. Triestino Mariniello, Lecturer in International Criminal Law, Edge Hill University, UK
87. Mazen Masri, Lecturer in Law, The City Law School, City University, London, UK
88. Siobhan McAlister, School of Sociology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
89. Liam McCann, Principal Lecturer in Criminology, University of Lincoln, UK
90. Jude McCulloch, Professor of Criminology, Monash University, Melbourne, Australia
91. Yvonne McDermott Rees, Lecturer in Law, University of Bangor, UK
92. Cahal McLaughlin, Professor, School of Creative Arts, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
93. Araks Melkonyan, LLM Candidate, University of Essex, UK
94. Antonio Menna, PhD Candidate, Second University of Naples, Caserta, Italy
95. Naomi Mezey, Professor of Law, Georgetown University Law Center, USA
96. Michele Miravalle, PhD candidate, University of Torino, Italy
97. Sergio Moccia, Professor of Criminal Law, University Federico II, Naples, Italy
98. Kerry Moore, Lecturer, Cardiff University
99. Giuseppe Mosconi, Professor of Sociology, University of Padova, Italy
100. Usha Natarajan, Assistant Professor, Department of Law & Centre for Migration and Refugee Studies, The American University in Cairo, Egypt
101. Miren Odriozola Gurrutxaga, PhD Candidate, University of the Basque Country, Donostia – San Sebastián, Spain
102. Georgios Papanicolaou, Reader in Criminology, Teesside University, UK
103. Marco Pertile, Senior Lecturer in International Law, Faculty of Law, University of Trento, Italy
104. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Professor of Law and Theory, LLM, The Westminster Law and Theory Centre, UK
105. Antoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Spain
106. Joseph Powderly, Assistant Professor of Public International Law, Leiden University, The Netherlands
107. Tony Platt, Visiting Professor of Justice Studies, San Jose State University, USA
108. Scott Poynting, Professor in Criminology, University of Auckland, New Zeeland
109. Chris Powell, Professor of Criminology, University S.Maine, USA
110. Bill Quigley, Professor, Loyola University, New Orleans College of Law, USA
111. John Quigley, Professor of Law, Ohio State University
112. Zouhair Racheha, PhD Candidate, University Jean Moulin Lyon 3, France
113. Laura Raymond, International Human Rights Advocacy Program Manager, CCR, New York, USA
114. Véronique Rocheleau-Brosseau, LLM candidate, Laval University, Canada
115. David Rodríguez Goyes, Lecturer, Antonio Nariño and Santo Tomás Universities, Colombia
116. Alessandro Rosanò, PhD Candidate, Università degli Studi di Padova, Italy
117. Jamil Salem, Director Institute of Law, Birzeit University, Palestine
118. Mahmood Salimi, LLM Candidate, Moofid University, Iran
119. Nahed Samour, doctoral fellow, Humboldt University, Faculty of Law, Berlin, Germany
120. Iain GM Scobbie, Professor of Public International Law, University of Manchester, UK
121. David Scott, Senior Lecturer in Criminology, Liverpool John Moores University, UK
122. Phil Scraton, Professor of Criminology, Belfast, Ireland
123. Rachel Seoighe, PhD Candidate, Legal Consultant, King‘s College London, UK
124. Tanya Serisier, School of Sociology, Queen‘s University Belfast, Northern Ireland
125. Mohammad Shahabuddin, PdD, Visiting researcher, Graduate School of International Social Sciences, Yokohama National University, Japan
126. Dean Spade, Seattle University School of Law, USA
127. Per Stadig, lawyer, Sweden
128. Chantal Thomas, Professor of Law, Cornell University, USA
129. Kendall Thomas, Nash Professor of Law, Columbia University, USA
130. Gianni Tognoni, Lelio Basso Foundation, Rome, Italy
131. Steve Tombs, Professor of Criminology, The Open University, UK
132. Paul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, UK
133. Valeria Verdolini, Reader in Sociology, University of Milan, Italy
134. Francesca Vianello, University of Padova, Italy
135. Aimilia Voulvouli, Assistant Professor of Sociology, Fatih University, Turkey
136. Namita Wahi, Fellow, Centre for Policy Research, Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India
137. Sharon Weill, PhD, Science Po, Paris/ CERAH, Geneva, Switzerland
138. Peter Weiss, Vice President of Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
139. David Whyte, Reader in Sociology, University of Liverpool, UK
140. Jeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Distinguished Professor of Law, Loyola University College of Law, New Orleans, USA
141. William Thomas Worster, Lecturer, International Law, The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands
142. Maung Zarni, Judge, PPT on Sri Lanka and Visiting Fellow, London School of Economics and Political Science

sábado, 2 de agosto de 2014

LLEGA AGOSTO

 
 


Llega agosto y comienzan las vacaciones. Lecturas aplazadas durante meses para poder encontrar el tiempo justo para ellas. Libros de muchas páginas. Novelas, memorias, historias y poemarios.

El blog por tanto se resiente de este tiempo de ocio. En demasiadas ocasiones no se pone al día, no sigue el ritmo (irregular) que le caracteriza y  del que sus amables lectores y seguidores conocen sus rutinas.

Hay sin embargo algunos temas que seguro que asoman, aunque sea tarde, a esta ventana. No la sigan demasiado, pero echen un vistazo de vez en cuando.

Felices vacaciones. Y recuerden que 33 días -continuados - es el período requerido científicamente para poder recomponer la capacidad de trabajo de cada cual.

Saludos y recuerdos al comienzo de este período estival. Parafraseando al titular de nuestro blog decano en Parapanda, Metiendo bulla, no nos lean a la hora de la siesta.