miércoles, 18 de julio de 2018

LA HUELGA DE AMAZON Y LOS ESFUERZOS POR IMPEDIR SU EFICACIA



En diciembre del 2017 este blog se ocupó de la huelga de los trabajadores italianos de Amazon, que hicieron coincidir su acción colectiva con el black Friday, es decir uno de los días en los que la producción de esta empresa transnacional incrementa de manera importante sus pedidos. En esa entrada, Luigi Mariucci reflexionaba sobre la fractura entre los trabajadores derivada de sus condiciones de inserción en la empresa, temporales o estables y con derecho o no a la readmisión en caso de despido ilegítimo, como una característica del conflicto (La entrada se puede consultar en La huelga de Amazon y el velo de la modernidad) En la huelga de los trabajadores de Amazon en el centro de San Fernando de Henares de Madrid, que se ha extendido por tres días, coincidiendo con el llamado “Prime Day”, también se dan estas fragmentaciones.

Se trata de un conflicto en el seno de la gran transnacional del e-comercio, un ámbito en el que se nos ha repetido hasta la saciedad que los instrumentos clásicos de la acción colectiva no tienen sentido porque la integración del trabajo en el seno del proceso de producción se efectúa fundamentalmente a través de circuitos organizativos flexibles y objetivos que repelen la lógica de la contratación típica de la acción sindical, y que solo admiten la dinámica de la participación adhesiva al proyecto empresarial que estructura la producción. Y sin embargo el conflicto existe, se expresa de manera clásica y, lo que es más relevante, la empresa utiliza todos los medios posibles para sofocar la huelga y hacer inefectivo este medio de acción.

El origen del conflicto es el decaimiento del convenio colectivo de empresa y la imposición unilateral por parte de la transnacional del convenio de sector. La primera huelga se convocó en marzo de este año, y resultó un éxito en cuanto a su seguimiento. La segunda, de tres días es la que se está realizando en julio. Las reivindicaciones sindicales a través del comité de empresa con representantes de CCOO, CGT y UGT, se cifran fundamentalmente en aspectos salariales, aumentos salariales del 1% sobre el IPC en estos tres años con cláusula de revisión salarial, temas sobre antigüedad y reivindicaciones sobre salud laboral y conciliación de la vida familiar con el trabajo. Las negociaciones con la empresa se demoran porque la dirección española alega que tiene que consultar con la central en USA y los plazos se alargan, queriendo enfriar el conflicto, para finalmente concluir en propuestas siempre inferiores a las que exigen los trabajadores. Pero a Amazon el conflicto no sólo le ha estallado en España. También en Alemania y en Polonia los trabajadores de esta transnacional se han declarado en huelga coincidiendo con el Prime Day

La negociación entre una empresa transnacional y los trabajadores a su servicio es siempre asimétrica, pero debe tender a mantener un cierto respeto por las medidas de presión que sirven para intentar nivelar el desequilibrio de poder. No ha sucedido así en el caso de Amazon.

 La empresa se empeña, muy especialmente durante esta huelga, en intentar romper los efectos de la misma a través de una serie de medidas de dudosa legalidad. La primera tiene que ver con el porcentaje de trabajadores temporales contratados normalmente a través de ETTs. Éstos, como sucedió en Italia, no secundan la huelga no porque no se hallen de acuerdo con sus objetivos, sino porque la naturaleza temporal de su contrato y la facilidad absoluta para prescindir de ellos por parte de la ETT que les contrata por tiempo determinado, genera una precariedad en el empleo tan acentuada que les impide de hecho el ejercicio de cualquier derecho colectivo. La empresa, conocedora de la convocatoria de huelga, parece que ha contratado de forma exorbitante una larga serie de contratados temporales para este período de producción. En las cuatro semanas previas a la huelga Amazon ha contratado hasta 350 trabajadores temporales nuevos para reforzarse ante este Prime Day. Si este hecho se prueba, resulta claro que Amazon ha vulnerado la prohibición de sustitución de huelguistas por trabajadores contratados para ello y la específica de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal que impide poner a disposición de una empresa trabajadores para sustituir a los huelguistas. La excusa formal de la empresa será que la finalidad expresa de esas contrataciones exuberantes no ha sido la de la huelga, pero ese incremento de personal temporal justo en el momento en el que se convoca la huelga hace presumir la conducta antisindical de la empresa.

Además de ello, Amazon ha destinado mercancía durante el último mes a la planta de Barcelona, desviando por tanto la producción de Madrid, donde durante los días de huelga prácticamente no han entrado camiones y no se ha movido mercancía. Esta previsión organizativa claramente indica una voluntad empresarial de restar efectividad a la medida de huelga convocada, por lo que asimismo supone un acto que colisiona con el libre ejercicio del derecho de huelga. Hay otros indicios claros de antisindicalidad, como la negativa a que miembros del comité de huelga entraran en la fábrica tanto para verificar el seguimiento de la huelga como para comprobar el mantenimiento de la producción que Amazon decía que era casi total. Esta negativa al ingreso del comité de huelga es asimismo un acto contrario al desarrollo de esta medida de presión.

Finalmente, y como cuestión típicamente española, en el segundo día de huelga la empresa ha llamado a la Policía para proteger sus instalaciones, lo que se ha traducido en una carga policial contra el piquete de huelga, con violencia desproporcionada y algunos detenidos. En este caso las fueras de seguridad no actúan para defender un derecho fundamental como el de huelga, sino como agentes delegados de la empresa transnacional para romper el piquete de huelga, que constituye la expresión conjunta de los derechos de huelga y de manifestación, y que tiene la máxima protección constitucional. Las fuerzas y cuerpos de seguridad sin embargo someten su actuación al dominio del poder privado de la empresa y se constituyen en sus guardianes, poniendo a disposición de Amazon la violencia institucional del Estado democrático y social para impedir el ejercicio de un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. La severa protesta de CCOO ante este hecho pone de manifiesto el uso ilegítimo de la fuerza pública en este supuesto.

El conflicto de Amazon es muy significativo. Pero también plantea una serie de interrogantes frente a los cuales los y las trabajadoras de la empresa tienen serias dificultades para responder. Uno es un interrogante general, sobre la dificultad de trascender los conflictos de empresa en torno a un convenio colectivo mediante la solidaridad entre los trabajadores de otros centros de la misma empresa en el mismo país. La propia estructura concreta de la reivindicación – un convenio de empresa que realmente lo es de centro de trabajo – dificulta la solidaridad material entre los trabajadores de otros centros. Otro tiene que ver con la estructura transnacional de la empresa y la posibilidad de coordinar acciones colectivas en diferentes países sobre la base de algunas reivindicaciones comunes o sencillamente como fórmula de coordinar de manera más eficiente las respectivas acciones colectivas. Nada sabemos en principio de si éste ha sido el modus operandi de Amazon Madrid respecto de los conflictos que se han convocado en Polonia y Alemania. Ello llevaría a la creación de una red sindical de Amazon en Europa y la posibilidad por tanto de un planteamiento sindical global respecto del tratamiento de ciertas cuestiones fundamentales sobre ritmos y tiempos de la producción y condiciones de trabajo, sin perjuicio de dejar la determinación salarial a cada una de las filiales en los respectivos países implicados.

Una última observación sobre la incidencia de estas noticias sobre la opinión pública. El conflicto social aparece siempre en un segundo plano cuando no invisibilizado en los noticiarios y en los medios de comunicación. Es difícil desde luego conocer los antecedentes del conflicto o el desarrollo concreto del mismo, como tampoco quienes son los protagonistas del mismo. Incluso la prensa digital no considera oportuno dar relieve a estas manifestaciones importantes de las relaciones sociales que dan la clave de la calidad democrática de un país determinado. Sólo parece atenderse a este tipo de medidas de acción colectiva si se trata de huelgas generales o de huelgas en servicios cuya interrupción genera molestias importantes en los usuarios y que por consiguiente se publicitan con un claro matiz negativo. Mañana 19 de julio está convocada una huelga general en el sector del textil. Veremos qué cobertura informativa recibe un acto de trascendencia evidente desde el punto de vista de las relaciones sociales. Al menos tanto o más que la corrupción de las altas magistraturas del Estado.



lunes, 16 de julio de 2018

UN REPASO POR LA ÚLTIMA ACTUALIDAD LABORAL



Puntual a su cita trimestral, acaba de publicarse el número 82 de la Revista de Derecho Social, el órgano de expresión de los juristas del trabajo que sostiene una clara idea emancipadora del trabajo desde una amplia pluralidad teórica y práctica. La RDS ha ocupado un espacio importante entre las revistas especializadas en Derecho del trabajo y de la Seguridad Social desde su nacimiento en 1998, hace ya veinte años, y se proyecta no sólo sobre la comunidad académica sino sobre el conjunto de los actores que construyen el derecho y las reglas colectivas sobre las relaciones de trabajo. Se ha revelado en todo momento como un instrumento de discusión y debate tanto sobre políticas gubernamentales y tendencias legislativas, como las líneas jurisprudenciales y las posiciones de los actores sociales a través de la negociación colectiva y del conflicto.

El presente número, que corresponde al verano del 2018 mantiene la estructura tradicional de la misma, con un editorial conectado con la sección de debate. En este caso, el editorial incide en lo que se viene a denominar la temporalidad insoportable de nuestro sistema de empleo, la necesidad de arbitrar medidas de reforma radical y eficaz contra la misma, como la que ha diseñado el grupo parlamentario de Unidos Podemos – En Comú Podem y En Marea, y derogando consiguientemente algunas figuras especialmente negativas como el llamado contrato de apoyo a los emprendedores, que el Comité Europeo de Derechos Sociales había denunciado como contrario a la Carta social Europea. Precisamente sobre esta figura se despliegan los dos textos que aparecen en el apartado de debate configurado como una doble aportación a este tema. De un lado Oscar Requena enfoca este tema desde el rechazo doble tanto de la decisión del CEDS como de la virtualidad que a ésta ha asignado la jurisprudencia, constitucional y ordinaria, española, frente a las correctas decisiones que inaplicaban la norma sobre la base de su inadecuación con la normativa europea. De otro Antonio Costa insiste en la producción de precariedad que implica el despido libre durante el primer año del contrato relacionándolo críticamente con el paradigma normativo del “emprendimiento” como fórmula ideológica y encubridora de una derogación permanente de derechos, a lo que une además la regulación del tiempo parcial con esa misma orientación.

En la sección de estudios, Carlos L. Alfonso Mellado escribe sobre la nueva ley de contratos públicos en un aspecto muy polémico, la sucesión de contratistas y la reversión a la gestión pública, un texto de obligada referencia en este tema central en las relaciones laborales en la Administración Pública. A propósito de este tema se ha originado una interesante polémica entre los juristas especializados, que han sabido escrutar la oscura normativa presupuestaria. Así, el siempre atento Eduardo Rojo ha titulado una entrada de su blog de manera interrogativa “La doble difícil tarea del jurista: investigar qué normas cambian con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y además qué significa el cambio (o qué pretenden sus redactores). Una nota a la disposición final trigésima cuarta de la LPGE 2018. ¿No aplicación de la normativa laboral -- europea y estatal -- al personal laboral incorporado a una Administración Pública?”  El artículo de Carlos Alfonso mantiene razonadamente sin embargo que siguen siendo aplicables las normas sobre sucesión en estos casos.

Un segundo estudio, obra de Amparo Esteve, analiza la figura de los contratos de cero horas, una aportación a la precariedad desenfrenada de origen británico, que la autora encuadra críticamente como la flexibilidad absoluta en la era digital, y este trabajo se relaciona indirectamente con el análisis que Juan Pablo Bohoslavsky y Franz Christian Ebert ofrece a los lectores y lectoras de la Revista sobre el sentido y el alcance de las políticas de austeridad y las reformas laborales desarrolladas en estos últimos años en Europa, un estudio clásico y elegante que sintetiza muy bien las situaciones de excepción en las que las reformas de estructura han sumido a los respectivos marcos nacionales de derecho del trabajo.

El último de los ensayos es el de Antonio Álvarez del Cuvillo que propone redefinir el marco teórico de los derechos constitucionales de los extranjeros en España, un tema de evidente actualidad. La perspectiva es jurídico-constitucional y de lege data, partiendo intentado del marco general que establece la Constitución, como prólogo para otros estudios que se centren de manera más específica en la legislación social. En este trabajo el autor es muy crítico con la llamada "teoría tripartita", que no se está utilizando como una herramienta para resolver casos concretos, sino como un mero artificio retórico que oculta la ponderación real de los bienes jurídicos en juego, y, coherentemente, propone un modelo alternativo de interpretación de la Constitución.

Los apartados destinados a la jurisprudencia contienen también aportaciones muy significativas. La jurisprudencia europea es objeto de mayor atención con dos comentarios muy interesantes. Por una parte, Edurne Terradillos examina las definiciones de “discapacidad” y “ajustes razonables” en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su consonancia con la reciente doctrina del TJUE con especial atención al despido, y Jonathan Gallego comenta una doctrina también del TJUE de indudable proyección práctica sobre si deben considerarse las guardias domiciliarias o de localización tiempo de trabajo, la STJUE de 21 de febrero de 2018. Asunto Matzak. En cuanto a la doctrina jurisprudencial interna, Joaquin Pérez Rey valora la importante decisión del Tribunal Supremo de 11 de junio del 2018, sobre los derechos retributivos de los profesores interinos durante los períodos no lectivos de verano, un tema decisivo para la enseñanza que sin embargo las administraciones públicas han convertido en costumbre, y que pese a esta doctrina, parecen reincidir en la misma.

El apartado dedicado a negociación colectiva y conflictos lo ocupa Antonio Baylos con una reflexión, asada en los últimos acontecimientos de este año, sobre lo que denomina replanteamientos y novedades en la regulación de la huelga, una materia sobre la que la realidad social proporciona ejemplos continuamente renovados, y que requieren en un sistema plenamente judicializado como el nuestro, una labor de resistematización y cuestionamiento a la espera de que la autonomía colectiva y sindical pueda recuperar la gestión plena del ejercicio de este derecho también en los servicios esenciales, hoy enajenada por el autoritarismo de la intervención de la “autoridad gubernativa”.

Finalmente la revista contiene la clásica sección de libros en la que se reseñan algunas obras significativas de la literatura iuslaboralista aparecidas en el año. En esta ocasión, se han dado noticia del trabajo de Jose Luis Monereo y Belén López Insúa sobre el suicidio del trabajador como accidente de trabajo, el de Borja Suárez Corujo sobre la revalorización de las pensiones configurada cono derecho de los pensionistas, y el muy oportuno y original estudio de Margarita Miñarro Yanini sobre el contenido laboral del derecho de asilo, en el que se analiza el estatuto de garantías de integración socio-laboral de los “refugiados”, un texto especialmente interesante en los momentos actuales.

En resumen, un repaso a la actualidad laboral en una larga serie de temas de indudable interés teórico y práctico, que hace de la RDS un preciado medio de expresión y de discusión de un pensamiento neolaboralista que consigue ofrecer un análisis incisivo de las tendencias presentes en el sistema jurídico español y europeo actualmente.



Revista de Derecho Social número 82

ESTUDIOS
Crisis económicas, medidas de austeridad y reformas laborales. Juan Pablo Bohoslavsky y Franz Christian Ebert.
ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA
1. TRIBUNALES EUROPEOS
2. TRIBUNAL SUPREMO
Notas a sentencias de TS.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONFLICTOS
DEBATE









viernes, 13 de julio de 2018

HACER CUMPLIR LO ACORDADO Y REVITALIZAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA



En el campo de las reglas del derecho privado, el principio de “estar a lo pactado” o el complimiento de aquello a lo que ambas partes se han obligado integra la buena fe negocial y es un principio que sustenta la autonomía contractual y la seguridad jurídica. En el campo de las reglas del derecho colectivo y sindical del trabajo, el principio de autonomía colectiva va más allá de su concreción en el derecho de negociar convenios colectivos con fuerza vinculante, normativa y general, y abarca otras formas de acuerdos, típicos y atípicos o informales, pero en todos ellos la regla del cumplimiento de lo acordado es una conclusión ineludible de este principio de creación de reglas que se encomienda a los actores sociales que representan los intereses de las empresas y de los trabajadores en las relaciones laborales.

En el Estado español hay una larga variable de acuerdos “en la cumbre” entre las asociaciones empresariales y los sindicatos más representativos a nivel estatal. Se podrían establecer algunas líneas caracterizadoras de la concertación social y del diálogo social atendiendo tanto a la etapa de división sindical durante la década de los 80, la recomposición después de la huelga general de 1988, la respuesta a la reforma del 1994 mediante los tres grandes acuerdos de 1997, la serie continuista de acuerdos sobre negociación colectiva a partir del 2001 en la época del crecimiento desmesurado y especulativo de la economía española bajo los gobiernos de Aznar y la primera parte del gobierno Zapatero y, finalmente, los Acuerdos que nacieron como forma – fallida – de conjurar las reformas legales en aplicación de las políticas de austeridad que implicaron la contracción del Estado Social, la extensa devaluación salarial y la degradación del derecho al trabajo y la capacidad de acción de la negociación colectiva sindical. Frente al carácter defensivo o limitado de los últimos Acuerdos entre CEOE-CEPYME y UGT y CCOO, este IV AENC que acaba de ser firmado, tiene un contenido fuerte – que se ha descrito y analizado en este blog en la serie de comentarios recientemente publicado – que, según la práctica de los acuerdos anteriores, tiene una eficacia directa entre las partes firmantes, que se comprometen a mantener sus postulados en los procesos de negociación colectiva. La eficacia “obligacional” de las prescripciones pactadas vinculan a las organizaciones confederales que deben transmitir por tanto a sus federaciones y agrupaciones territoriales la obligación de asumir y respetar los contenidos de lo pactado, en los términos en los que se ha materializado el acuerdo.

No se ha reflexionado mucho sobre el contenido de esta obligación, que tradicionalmente se reduce a un deber de influencia de las organizaciones pactantes sobre cada una de las organizaciones que están federadas o forman parte de éstas, en el entendimiento que es en función de la concreta correlación de fuerzas que se de en las unidades de negociación cómo se precisa el alcance y la efectividad de los compromisos asumidos “en la cumbre”. Por lo demás éstos solían tener una horquilla de aumento salarial dentro de la cual se podía mover la negociación colectiva, y muchas de las obligaciones pactadas tenían un amplio margen de indeterminación que requerían una especificación a la hora de incorporarse al convenio colectivo de que se tratara. El IV AENC por el contrario contiene acuerdos muy precisos que no admiten demasiadas matizaciones en materia salarial. La horquilla dentro de la cual se deben mover los negociadores tiene un suelo inmodificable, el 2%, y se deja la posibilidad de subir hasta el 3% en función de las circunstancias del sector o de la empresa. Pero lo más relevante de este acuerdo es la prescripción que establece un salario mínimo de convenio de 14.000 € que estaría vigente en el año 2020, un mandato que sólo admite la graduación de los aumentos fijados en los dos años en los que se pueden pactar los incrementos respectivos.

Los efectos de la firma del IV AENC, ya incluso desde el 25 de junio, cuando se suscribió el principio de acuerdo que debía ser refrendado por las organizaciones que lo aprobaron, mediante los distintos procedimientos por los que éstas optaron, se pudieron comprobar con el cierre de varios convenios colectivos que se estaban negociando en medio de una fuerte conflictividad, como el de Comercio de Sevilla o la hostelería de Málaga, o que llevaba abierto un largo tiempo como el de Químicas, sólo por mencionar algunos más señalados, pero este impulso a la negociación también se sigue manteniendo actualmente, como ha acaecido con la firma del convenio del campo en Sevilla y otras noticias que se vienen sucediendo.

Sin embargo, es también conocido que una serie de asociaciones empresariales adheridas a CEOE y a CEPYME, partes firmantes del acuerdo, mantienen una seria resistencia a aplicarlo y lo han llegado a manifestar explícitamente, como la patronal asturiana, o de manera más indirecta, mencionando la “dificultad” de su aplicación,  la de Castilla La Mancha, y esas negativas a cumplir lo pactado se trasladan también a importantes patronales de sector. En el argumentario de esta repulsa a cumplir lo pactado se alega como pretexto que el empresariado no ha superado la crisis, que los costes salariales son muy altos y que no hay posibilidad de mantener ese nivel salarial para las categorías más bajas. Implícitamente este rechazo de las obligaciones a las que están compelidos se fundamenta en la impunidad de su resistencia, es decir, en creer que las personas que trabajan siguen afectadas por un desempleo masivo e instaladas en la precariedad como forma de existencia, lo que implica enormes dificultades para construir una respuesta colectiva que intimide a los empresarios. O, por decirlo de una forma más tosca, las asociaciones empresariales que se oponen a honrar los compromisos a los que han llegado con los sindicatos, lo hacen porque entienden que éstos son incapaces de imponérselos.

Es cierto que en la teoría clásica, la sanción al incumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones que han asumido consiste en la convocatoria de medidas de acción colectiva que paralice la actividad productiva y mediante esta presión, se logre recomponer el cumplimiento del acuerdo. Y como veremos, será la forma ordinaria en la que respondan los sindicatos ante los incumplimientos patronales. Pero el punto nodal de la cuestión no es ese, sino la capacidad de las organizaciones representativas de intereses colectivos de respetar los propios acuerdos a los que ha llegado, lo que tiene que ver con su capacidad de representación, la legitimidad que ofrece una organización que no es capaz de hacer cumplir lo acordado a las entidades que la componen, y la propia credibilidad de la misma en orden a unas relaciones laborales articuladas. Es evidente que una asociación empresarial que no respeta los acuerdos a los que llega o que inmediatamente después de firmarlos los condiciona a que no haya incrementos del impuesto de sociedades o de las cotizaciones de Seguridad Social, carece de la solvencia institucional que se requiere en un momento en el que se exige una responsabilidad política en el interés general de recuperar cuotas de igualdad y de justicia que habían sido negadas a partir de la legislación de excepción de la crisis y que ha beneficiado directamente al estamento empresarial.

La ruptura de la obligación de influencia puede tener también consecuencias más allá del campo de la confianza de los interlocutores sociales, cuestión por otra parte decisiva institucional y políticamente. Es posible en efecto explorar si el incumplimiento de una obligación asumida colectiva y públicamente por las asociaciones empresariales más representativas puede generar daños exigibles a la organización que se niegue a cumplirla. Cuando el representante de la patronal asturiana dice que el AENC “no obliga a nada ni a nadie”, al margen de la inexactitud de ese mensaje impensable en alguien que ostenta esa representación institucional,  es evidente que está rompiendo las reglas básicas del diálogo social y que la asociación que dirige y en cuyo nombre actúa incurre en responsabilidad, definida como la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido a éste. Un campo de reflexión que merecería ser desarrollado ante cada situación en concreto.

Hacer cumplir lo acordado debe ser por consiguiente una preocupación de la CEOE-CEPYME en la que debería estar profundamente implicada. Naturalmente que el sindicalismo confederal hará valer con firmeza los objetivos del acuerdo mediante la movilización y las convocatorias de acciones colectivas. Por su importancia, un ejemplo inmediato es la huelga general del sector del textil que se prepara para el 19 de julio, un sector especialmente feminizado y por tanto también precarizado y con bajos salarios que requiere de la ofensiva sindical para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Pero, como ha señalado la Comisión Ejecutiva confederal de CCOO en su comunicado del 12 de julio pasado, “si los empresarios cumplen con su parte de lo acordado los convenios colectivos pueden resolverse con cierta celeridad, dando certidumbres a las empresas, y garantizando una recuperación salarial muy necesaria para consolidar el crecimiento económico y el empleo en los próximos años”. Estos elementos, la consolidación de la confianza en las relaciones colectivas y la seguridad en la realización de los compromisos, resultan decisivos si se quiere superar, en el campo de las relaciones colectivas, el desgarro de la crisis y el fortalecimiento del unilateralismo y autoritarismo del poder privado de los empresarios.

La condición necesaria para que el curso de las cosas conduzca a un período de recuperación de derechos se encuentra fundamentalmente en la revitalización de la negociación colectiva a través de una amplia participación de todas y todos los trabajadores en los distintos sectores, territorios y empresas. Lo que a su vez lleva a la necesidad de fortalecer el aspecto organizativo y sindical, a crecer sindicalmente entre todas las personas asalariadas, en especial las más precarizadas y con menores salarios, como fórmula de fortalecer y tensionar la negociación colectiva, en definitiva, revitalizarla como el instrumento decisivo para la regulación de las relaciones de trabajo en nuestro país.






miércoles, 11 de julio de 2018

EL IV AENC 2018-2020: ALCANCE Y CONSECUENCIAS (II) EL ÁMBITO TRIPARTITO DE DESARROLLO DEL ACUERDO



La firma del IV AENC con vigencia trianual desde el 2018 al 2020, llevaba consigo un anexo en el que se explicitaban “los acuerdos alcanzados en el ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el gobierno de España”. Es decir, una serie de compromisos adoptados entre el asociacionismo empresarial y los sindicatos más representativos CCOO y UGT que debían posibilitar la apertura de un diálogo social a tres con el gobierno de España para concretar los compromisos asumidos. El martes 10 de julio se celebró en La Moncloa un encuentro de alto nivel de las direcciones de CEOE-CEPYME y UGT y CCOO con la ministra de trabajo y el presidente del gobierno en el que se acordó iniciar este proceso de diálogo ya en el mes de julio fijando las diferentes mesas de negociación con sus correspondientes materias y los tiempos del proceso de negociación.

La nueva situación política abierta a partir de la moción de censura que permitió expulsar del gobierno al Partido Popular y dejar sin cobertura ideológica a Ciudadanos, ha influido directamente en la apertura de un nuevo proceso de diálogo social tripartito para modificar aspectos importantes del marco institucional que regula las relaciones laborales. Las circunstancias actuales revisten una cierta originalidad respecto de las que tradicionalmente han acompañado al curso de la concertación social tripartita en nuestro país, que normalmente se efectuaba con un gobierno que gozaba de mayoría absoluta o de mayoría suficiente, apoyada desde fuera por grupos parlamentarios que la complementaban. En el momento actual, el gobierno socialista no cuenta con esas mayorías suficientes a priori, y le es preciso desarrollar una negociación política amplia tanto con Unidos Podemos como con los grupos nacionalistas catalanes y vascos, dando por supuesto que tanto el Partido Popular como Ciudadanos están enrocados en posiciones de desgaste y de deslegitimación de las iniciativas de reforma que se puedan plantear.

Esta cuestión hace que el punto de partida del intercambio político sea diferente del que en general la izquierda social y parlamentaria se había planteado en las elecciones de diciembre del 2015, donde se pretendía abordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, es decir, la regulación ex novo del conjunto de las relaciones laborales en una dirección opuesta y enfrentada a la que se había impuesto en la reforma del 2012. Las iniciativas sindicales de aquel momento, plasmadas en documentos que siguen siendo muy ilustrativos, como la declaración del consejo confederal de CC.OO. de octubre de 2015 sobre la necesidad de un marco más democrático de relaciones laborales, se acompasaban con otras más concertadas, como la que impulsó informalmente el PSOE bajo la dirección de Mari Luz Rodriguez y la más acabada del llamado Grupo FIDE, con participación de académicos, magistrados y asesores empresariales y sindicales, que dirigió Maria Emilia Casas en el 2016, pero todas tenían en común un enfoque global en la regulación de las relaciones de trabajo. Esta forma de contemplar el rechazo evidente a la normativa laboral producto de las políticas de austeridad iniciadas en el 2010 y exasperadas en el 2012, ha calado en las consignas sobre la “derogación” de la reforma laboral como palabra de orden, que tantos comentarios ha merecido sobre su significación y alcance real. Sin embargo, conviene recordar que a partir de la XII Legislatura que se abre en junio del 2016, las propuestas legislativas de la oposición de izquierdas al gobierno, tanto del PSOE como, muy señaladamente por su cantidad y calidad, de Unidos Podemos, se centran en aspectos concretos de las relaciones laborales, sin que se hayan abordado iniciativas que reformen un texto legal en su conjunto, con la excepción de la propuesta de ley de Unidos Podemos de un nuevo texto de la Ley General de la seguridad Social, obra de un equipo de profesores y expertos dirigido por Juan López Gandía. Por eso, aunque los sindicatos sigan entendiendo que el objetivo final debe ser el cambio de todo el marco institucional, la propuesta del gobierno en la reunión del 10 de julio de reformar el Estatuto de los Trabajadores mediante consenso social, es una oferta positiva por el cambio de actitud del poder público, pero es preferible acometer aspectos concretos para ir desarrollando iniciativas productivas y eficientes.

Por eso todas las partes han insistido en la importancia del tempo en el desarrollo de la negociación. Esa referencia a lo que puede obtenerse de inmediato y lo que por el contrario se debe dejar perfilado para un futuro próximo ha sido una constante en los discursos de los agentes sociales, pero fundamentalmente en las valoraciones de los sindicatos y del gobierno. El espacio de las materias que se quieren obtener en un plazo relativamente breve será disputado por la patronal, que, sin negar la posibilidad de seguir negociando, tenderá a “achicar” los temas que puedan salir adelante cuanto antes. Para el gobierno, el acuerdo concertado a tres bandas le garantiza una mayor facilidad en la obtención de los consensos políticos en el Parlamento, pero sabe que va a sentirse presionado por los sindicatos y por el que debe ser su socio principal en el Parlamento para adoptar otras medidas que los empresarios rechazan, y en ese equilibrio su capacidad de manejar convincentemente el tiempo de las reformas se revelará como un factor decisivo. Los sindicatos, por su parte, tienen también que moverse en una pluralidad de ámbitos, en primer lugar el de la negociación colectiva, pero en el contenido directamente relacionado con la concertación social, deberán presionar desde dentro del proceso pero también desde fuera, concordando posibles alianzas respecto de reformas concretas con otros grupos especialmente interesados en ellos, como Unidos Podemos.

Repasando las materias que deben desarrollarse en la negociación con el gobierno, es posible concluir que en este acuerdo tripartito se sigue manteniendo lo que constituye el leit motiv del entero proceso de negociación del AENC, es decir, colocar en primer plano la lucha contra la precariedad salarial y la fragmentación del trabajo, que cobra sentido precisamente a partir de la vigorización de la acción sindical en la negociación colectiva, en lo que supone una clara apuesta por consolidar la autonomía colectiva como forma predominante de regulación de las condiciones de la existencia social. Mediante lo que podría calificarse como centralidad de y en la negociación colectiva, que además se prolonga en la interlocución política en el proceso de diálogo social tripartito, el sindicalismo confederal refuerza implícitamente su condición de sujeto que representa globalmente al trabajo y que a través de sus medios de acción propios aborda tanto la condición social de las asalariadas y asalariados como la regulación de condiciones de vida generales de la ciudadanía.

Coherentemente, las reformas sobre la regulación de la negociación colectiva son muy importantes. Entre ellas, se han destacado el reconocimiento en el Estatuto de los Trabajadores del principio de ultra actividad una vez que se haya extinguido el convenio colectivo hasta lograr uno que lo sustituya, adoptado como compromiso bilateral pero con evidentes efectos sobre el art. 86 ET, y una reivindicación largamente esgrimida por los sindicatos, respecto de la eliminación de la regla de la preferencia aplicativa de los convenios de empresa que se establecía como de derecho necesario absoluto, en una evidente vulneración del principio constitucional de autonomía constitucional que sin embargo el TC degradó en una deplorable sentencia según la cual era el gobierno legislador quien podía en todo momento configurar los límites y el alcance de la negociación colectiva. Esta libertad para imponer la negociación de un convenio de empresa al margen de la articulación de conjunto de la negociación colectiva es la que ha permitido a tantas empresas subcontratadas y multiservicios encontrar un marco de regulación salarial y de condiciones de trabajo extremadamente peyorativo respecto de las que rigen en el sector o en la empresa principal, y ha dado lugar a fenómenos de competencia empresarial a la baja que tampoco son del agrado de CEOE-CEPYME, y por consiguiente pueden ser también objeto del grupo de reformas que se beneficiarían de un ritmo más acelerado. La tercera cuestión que se ha planteado en el ámbito de la reforma de la negociación colectiva, tiene que ver con la extensión de los criterios de crecimiento salarial – los 14.000 € anuales como salario mínimo de convenio y el crecimiento del 2% + 1 % variable – a la contratación administrativa y muy en especial a las contratas y subcontratas derivadas de la externalización de servicios de las Administraciones Públicas, lo que deberá exigir a su vez una modificación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

El segundo tema sobre el que se habla de “tiempos cortos” es la reforma del art. 42 ET en materia de subcontratación. El AENC quiere recomponer los usos que se han dado a la descentralización productiva para precarizar y abaratar los costes salariales, y por tanto requiere una nueva regulación de este texto que “garantice las condiciones laborales en los procesos de descentralización productiva”. Aunque el acuerdo no precise más, hay ya tramitándose una proposición de ley del PSOE para “garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados” – publicada en el BOCG de 9 de septiembre de 2016,  luego vetada por el gobierno sin fundamentar la conexión que esta propuesta tenía con los ingresos y gastos públicos, como señaló la STC 44/2018, de 26 de abril, y finalmente de nuevo en tramitación parlamentaria – por lo que es muy posible que sea éste el texto sobre el que se pueda llegar a concretar el compromiso alcanzado en el AENC.

Tiene también prioridad la búsqueda de mecanismos que, en caso de crisis de empresa, favorezcan el mantenimiento del empleo sobre el ajuste a partir de la contratación temporal y del despido. Para ello el Acuerdo propone acudir a las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, con la disposición de una prestación pública durante los mismos que no suponga la reducción de la prestación de desempleo de las y los trabajadores y que se conecte con episodios de formación durante el mismo, a la vez que se acepta explorar fórmulas de flexibilidad interna contratada. En esa línea, el AENC vuelve a incidir en la necesidad de considerar la importancia de las inversiones para la formación en el empleo y la formación dual, prácticamente eliminadas durante el gobierno del PP, y avanzar en la reforma del marco normativo en la línea de “reforzar el carácter laboral del sistema”.

El ámbito tripartito del acuerdo menciona otros asuntos, el más importante de ellos es el relacionado con el desarrollo de medidas integrales para favorecer la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, entre las que destaca el compromiso para la equiparación de las condiciones de disfrute de los permisos de paternidad/maternidad, lo que se relaciona directamente con la iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Congreso, junto con una atención al trabajo de cuidados y la necesidad de poner en marcha medios públicos de sostenimiento de estos trabajos de cuidados que no reposen en exclusiva sobre la mujer trabajadora, y medidas contra la brecha salarial a través también del examen del impacto de género que pueden desplegar ciertos componentes salariales sobre la negociación colectiva. También hay precisiones sobre el contrato de relevo, la creación de observatorios sobre el desarrollo de la negociación colectiva, el absentismo, y otros temas menores. Fuera de ese “desarrollo”, se han impulsado por los sindicatos, como ya venían haciendo antes, la necesidad de un acuerdo sobre la revalorización de las pensiones y la supresión del factor de sostenibilidad, y discusión de medidas contra la precariedad laboral que el gobierno quiere abordar desde un llamado Plan Director contra la Explotación Laboral.

Como puede comprobarse, se trata de un plan de trabajo muy extenso, en el que puede resultar tan importante marcar el ritmo de los procesos de negociación como la selección de las prioridades en la regulación final de las materias elegidas. No es tarea fácil porque en esa fase es seguro que el empresariado, consciente de que la situación política ha virado, quiere retrasar los cambios posibles, incluso amenazando con poner en cuestión los compromisos adquiridos. Acaba de suceder con la discusión sobre la necesidad de acrecentar la carga tributaria sobre las empresas, ante cuya posibilidad la CEOE ha advertido que en ese caso les será imposible honrar el acuerdo de la subida salarial pactada con los sindicatos, lo que desde luego es inadmisible no sólo porque la presión fiscal sobre las empresas españolas es bastante menor que en los países de la eurozona, sino porque no es factible condicionar un acuerdo ya efectuado a la discusión de otras materias de negociación que sí están abiertas y comprometen a un tercero, como el poder público. De nuevo la capacidad de integrar a los trabajadores y trabajadoras de un sector en torno a plataformas reivindicativas seguras que incorporen elementos básicos de recuperación salarial, con amplia participación de los mismos, es la llave de la consecución de estos objetivos a partir de la negociación colectiva, que es donde se localizan realmente.

Pero lo más relevante es que todas las partes saben, aunque no lo dicen, que no todo lo que se negocia acabará en acuerdo y que por consiguiente hay un espacio importante para jugar con la presión de uno y otro lado, que en gran medida se concluye en lo que el gobierno socialista ha llamado la “aritmética parlamentaria”. En este espacio la presión de Unidos Podemos tanto respecto de la negociación de las propuestas legislativas propias y las del PSOE y el control de las transacciones que puedan efectuarse sobre elementos importantes de la regulación del trabajo que están en marcha, resultará muy relevante y requerirá por consiguiente del sindicalismo confederal que también abra un canal de interlocución política directa en esta dirección, en paralelo con el que ha institucionalizado ya con el Gobierno. Lo que quiere decirse es que además de la relación con el gobierno a través del mecanismo de concertación social, el sindicalismo confederal deberá también intervenir en el espacio parlamentario como forma de complementar sus esfuerzos en llevar delante de la manera más plena sus propuestas sobre reformas – parciales pero sustantivas – del marco institucional laboral. Algo que ya ha sucedido en nuestra experiencia histórica, aunque de manera muy excepcional, con ocasión de la negociación del Proyecto de Ley de Huelga en 1992-1993, que los sindicatos CCOO y UGT negociaron directamente con los grupos parlamentarios, en especial con el grupo socialista que era el que tenía la mayoría absoluta para aprobarlo y que, una vez logrado, fue desbaratado por la convocatoria anticipada de elecciones por el presidente del Gobierno de la época, Felipe González.

Una partida que se juega en muchos campos, y cuyos resultados están en gran medida intercomunicados. Todo un reto para quienes están acostumbrados a una descripción simple, condicionada por desequilibrios argumentativos en favor de que el poder público sea el factor decisivo y prácticamente excluyente de la decisión política. Sin exacerbar las posiciones de cada cual, no hay duda de la trascendencia de la opción política de regulación basada en la autonomía colectiva que se ha podido plasmar en el AENC y su orientación contra la precariedad salarial y vital de una buena parte de la población trabajadora. Y a la vez del carácter extremadamente abierto – e inestable – de los compromisos a los que se puedan llegar con el poder público y de los que se le puedan arrancar mediante la presión sindical y política. Un tiempo marcado por matices y transacciones que no gustará a los partidarios de figuras regulativas netas, sin contraste, como los que nos ofrecía el gobierno del PP y su discurso sobre la realidad social de este país. De lo que no hay ninguna duda es que el IV AENC es un acuerdo importante y cuyo desarrollo y seguimiento van a marcar los acontecimientos de lo que queda de año. Como de costumbre, en este blog estaremos atentos a estas evoluciones y sus consecuencias.

sábado, 7 de julio de 2018

EL AENC 2018-2020: ALCANCE Y CONSECUENCIAS (I) EL ACUERDO BIPARTITO



El jueves 5 de julio se firmó en la sede del Consejo Económico y Social el IV Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva (2018-2020) por parte de CEOE – CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO. El acto contó con la presencia de la ministra de trabajo, Magdalena Valerio y como invitada también de la anterior ministra del gobierno del PP, Fátima Báñez. Durante la presentación pública del acto, el secretario general de CCOO Unai Sordo, colocó el chaleco de Arcelor en una silla como homenaje a Mercedes González, trabajadora y delegada de CCOO en esa empresa, y secretaria confederal de acción sindical que falleció el 8 de junio y que había participado en el inicio de las negociaciones del Acuerdo.

El AENC ha sido un pacto difícil en su gestación y en su resultado. La negociación del mismo ha sido larga, y conviene recordar que la intransigencia patronal ante las reivindicaciones salariales de los sindicatos provocó la convocatoria de una serie de movilizaciones expresadas en manifestaciones y concentraciones sindicales que, por cierto, apenas fueron recogidas por los medios de comunicación del momento, pese a la importancia y extensión de las mismas. El acuerdo se ha acelerado con el triunfo de la moción de censura contra Rajoy y la formación de un nuevo gobierno monocolor del PSOE, pero la clave de su contenido se encuentra en el proceso de movilización y de debate que le ha precedido.

La denominación del Acuerdo que mantiene al “Empleo” en su nomenclatura como un residuo de los primeros textos pactados a la defensiva en el 2010 y en el 2012 para evitar la intervención legislativa que imponía “reformas estructurales” cada vez más intensas, no tiene un pasado del que enorgullecerse. El primero y el segundo AENC fueron decididamente ignorados y contrariados por el legislador primero socialista y luego popular, y el III AENC, firmado en el 2015 tuvo un contenido extremadamente pobre basado casi exclusivamente, al margen de otro tipo de recomendaciones demasiado genéricas, en la fijación de la banda salarial que se debía mantener en la negociación colectiva. El IV AENC por el contrario tiene un contenido rico en propuestas y muy articulado en dos ámbitos, el que afecta a la negociación colectiva y el que incide en la concertación social tripartita con el gobierno. Posiblemente esta segunda parte habría sido muy diferente de continuar el gobierno del PP, pero el centro del acuerdo y su trascendencia pivota realmente sobre las consideraciones sobre la negociación colectiva.

Eso es así porque por vez primera desde hace tiempo se coloca a la negociación colectiva como protagonista de una presión activa para la consecución de mejoras sustanciales de las condiciones salariales y de trabajo en una orientación igualitaria muy precisa. Como es conocido, las previsiones del “acuerdo bipartito” consisten en un pacto sobre el crecimiento de los salarios del 2% anual con posibilidad de subir al 3% en atención al incremento de la productividad, resultados de la empresa, índice de absentismo o en razón de otros indicadores “cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes”. Los sindicatos habían pedido en su tabla reivindicativa un incremento de los sueldos del 3,1%, resultado de sumar la previsión de la inflación para este año, del 1,6%, más unos 1,5 puntos adicionales en concepto de recuperación del poder adquisitivo perdido. Ese crecimiento moderado de los salarios se acompaña de mecanismos de revisión salarial sobre los índices que las partes consideren, normalmente se tratará del IPC, pero existen en la negociación colectiva referencias al crecimiento del PIB, o a la evolución de los salarios o, de nuevo, a los resultados de la empresa.

El crecimiento salarial pretende reaccionar frente a la intensa devaluación salarial generada por las políticas de austeridad en todos los sectores de producción, que se ha cebado en los estratos salariales más bajos y que ha generado un incremento enorme de la desigualdad. Por eso la medida más llamativa del acuerdo es la que prescribe que gradualmente hasta el 2020 se deberá establecer un salario mínimo en todos los convenios colectivos de 14.000 euros, es decir, se garantiza un salario mínimo de 1000 euros mensuales en 14 pagas. Conviene recordar que el acuerdo firmado con el gobierno del PP sobre el salario mínimo interprofesional prevé que este se coloque en 850 euros en 14 pagas en 2020 (11.900 euros anuales), por lo que el salario mínimo de convenio supera esa cantidad en 150 euros mensuales y la acción sobre el incremento de los salarios más bajos corre en paralelo. La línea de intervención es muy clara, los sindicatos quieren actuar contra la precariedad retributiva que caracteriza el empleo creado, temporal y a tiempo parcial en su mayoría, y por tanto concentran la acción colectiva en elevar el mínimo de convenio en cualquier sector productivo y en cualquier empresa. Las partes firmantes son conscientes de los efectos micro y macro económicos del aumento de salarios en una etapa en la que hay una recuperación parcial de la economía española en un contexto de empleo de baja calidad y de creciente desigualdad. Pero lo más importante es que focalicen esa actuación a través de la negociación colectiva, porque es una opción que quiere fortalecer la autonomía colectiva como eje decisor de la producción de reglas sobre las relaciones de trabajo.

Es sabido sin embargo que una parte de la izquierda y otra buena porción de la derecha política tienen serias dudas respecto de la autonomía colectiva como método fundamental de la acción sindical para la mejora de las condiciones de trabajo. Unos, desde la derecha, piensan que la negociación colectiva sólo tiene sentido en el marco de una política de contención salarial con el acompañamiento de normas del gobierno que garanticen un statu quo favorable. Temen que la negociación colectiva “abierta” sea fuente de conflictos y por tanto tienden a concentrar y reducir los contenidos tratados en la misma, intentando por todos los medios llegar a acuerdos rápidos y beneficiosos sobre puntos muy limitados, preservando la unilateralidad empresarial sobre la organización del trabajo, y la flexibilidad interna en su conjunto fuera del área de la contratación. La desconfianza es mayor, paradójicamente, en las filas de la izquierda política. Sin necesidad de acudir a los planteamientos tópicos que parten de la burocratización sindical como un elemento constitutivo del carácter y de la psicología de los sindicatos más representativos y que por consiguiente o bien definen cualquier acción de CCOO y UGT como traición a la clase obrera o bien banalizan el acuerdo señalando que se trata de recomendaciones sin efectividad, está muy extendida una sensación, incluso entre los cuadros y militantes sindicales del sindicalismo confederal, de una cierta impotencia de la negociación colectiva ante una correlación de fuerzas que siempre y en toda circunstancia se estima desfavorable. En este sentido, esta percepción negativa sobre las capacidades de acción a través de la negociación colectiva converge con la posición patronal respecto de una negociación colectiva rápida, no participada y rutinaria.

Pero hay también recelo y un fuerte escepticismo respecto de la negociación colectiva en las posiciones que entienden que es el poder normativo del Estado quien impone las condiciones institucionales básicas de reproducción social y que por tanto debe garantizar directamente niveles mínimos de salarios, condiciones de trabajo decente y reparto equitativo del tiempo de trabajo y tiempo de vida. Estas posturas implícitamente conciben la autonomía colectiva como un elemento subsidiario de la acción política y reproducen inconscientemente la supremacía del poder público sobre la organización autónoma de la pluralidad de la clase trabajadora. Para este tipo de planteamientos, es el gobierno quien debe buscar en el Parlamento los consensos necesarios para modificar la ley permitiendo la recuperación de derechos que las reformas laborales acaecidas entre el 2010 y el 2014 se propusieron reducir y eliminar. Serían por tanto más partidarios de la parte segunda del IV AENC que del acuerdo bipartito de éste. El compromiso del Acuerdo de “instar” a las partes negociadoras de los convenios colectivos a alcanzar gradualmente en el 2020 un salario mínimo de convenio de 14.000 € preferirían que hubiese sido efectuado por el gobierno mediante un decreto de salario mínimo.

Otras posturas pueden resultar críticas con el Acuerdo porque éste virtualmente se dirige a la potencia transformadora de los convenios sectoriales, siendo así que para algunas opciones sindicales el eje de la acción colectiva debe centrarse en los convenios de empresa como medio de realizar un sindicalismo de afiliación excluyente y de demostración de fuerza colectiva exclusiva, mientras que fuera de la empresa el sindicato se debe fundir con los movimientos sociales en una especie de función dinamizadora y de sostén de las reivindicaciones socio-políticas que éstos esgrimen. El convenio colectivo de empresa es, así, el instrumento característico de la acción sindical donde el sindicato se “encarna” en un interés colectivo concreto, que logra además ventajas salariales y de condiciones de trabajo evidentes y materiales. La base de estas posiciones se encuentra en una concepción del sindicato como agente que organiza el interés colectivo exclusivamente en los lugares de trabajo, que es donde se hace presente la confrontación con el capital, mientras que fuera de ellos el sindicalismo se disuelve en la lucha político social en concurrencia con otras organizaciones, y la relación con el poder público se interpreta en el sentido de obtener del mismo una garantía institucional de esta acción sindical en la empresa.

Frente a estas maneras de ver el  problema desenfocado, la elección de la negociación colectiva como eje de la acción colectiva plantea una opción política de envergadura para el sindicalismo confederal. Ante todo porque lo pactado en el Acuerdo Bilateral en materia de crecimiento general de los salarios se interpreta por las asociaciones de empresarios como un compromiso en torno al 2% de crecimiento de salarios sin considerar de ninguna manera el 1% añadido, y en algunas regiones, como en Castilla La Mancha, o en asociaciones donde la pequeña y mediana empresa resulta muy importante, el acuerdo de crear un salario mínimo de convenio de 14.000 € es directamente contestado. Eso quiere decir que el sindicalismo tiene que lograr mediante la movilización y participación de los trabajadores y trabajadoras que los objetivos de dicho Acuerdo Bilateral se plasmen en convenios colectivos que incorporen de manera generalizada estos contenidos pactados. El mecanismo se descompone en dos tiempos. Hay un acuerdo concreto sobre salarios (2% fijo + 1% en los sectores con buenos resultados y salario mínimo mensual de 1000 € en el 2020) y ese compromiso tiene que ser incorporado en los convenios colectivos que se van a negociar fundamentalmente después del verano, a partir de septiembre. Para que por tanto se pueda cumplir el pacto, hay que garantizar su efectividad a partir de su reproducción en el entramado de la negociación colectiva existente. Pero eso es justamente lo que el sindicalismo confederal ha escogido correctamente como forma de intervenir socialmente y de organizar efectivamente al conjunto de trabajadoras y trabajadores del país.

Respecto de los procesos de negociación también el Acuerdo bilateral añade una serie de prescripciones enormemente interesantes que no han sido tan resaltadas como el tema salarial pero que tienen un alcance decisivo, incluso simbólicamente. En efecto, las partes se comprometen a incluir en los convenios colectivos reglas sobre vigencia y procedimiento negociador, pero reconocen la importancia de mantener la ultra actividad de los convenios hasta que el convenio denunciado sea sustituido por el nuevo convenio, y se proponen una serie de medidas que hagan realidad esta extensión de la ultra actividad negociada, lo que sin duda servirá para la derogación de los preceptos actuales del Estatuto de los Trabajadores que limitan ésta a un año a partir de la extinción del convenio y por tanto se inserta asimismo en los objetivos que persigue la segunda parte del AENC como acuerdo tripartito. La afirmación del Acuerdo según la cual las partes firmantes comparten “la necesidad de que durante la negociación de los convenios colectivos, éstos conserven su vigencia”, es un elemento importante en la deconstrucción de la configuración legal de la negociación colectiva que se produjo en el 2012 con la plena intención de forzar la asimetría de poderes en beneficio del empresariado y anular la capacidad de articulación de la resistencia colectiva en época de crisis.

El modus operandi del sindicato en la negociación colectiva tiene necesariamente que adecuarse a la nueva situación. La relativa apropiación exclusiva de la negociación sectorial por las federaciones debe posiblemente ser acompasada con una mayor coordinación de los procesos de negociación a nivel territorial para lograr una acción colectiva sostenida y que no atienda al conjunto de los procesos desarrollados. En determinados territorios donde la resistencia empresarial va a ser muy fuerte, la integración de la verticalidad del sector en una coordinación territorial con posibles plataformas reivindicativas comunes a las distintas ramas sobre puntos muy concreto del acuerdo, serán imprescindibles para obtener un buen resultado.

La clave de la consecución de los objetivos del acuerdo está además en la participación de las y los trabajadores, la determinación de los mismos en asambleas y a través de sus delegados, de las plataformas reivindicativas y el impulso de movilizaciones unitarias en torno a una plataforma bien discutida y asumida por la mayoría del sector. Los medios de comunicación no suelen relacionarlos entre sí, pero sólo en el último mes, las movilizaciones de trabajadores, con marchas y huelgas, han logrado cerrar convenios colectivos con subidas salariales importantes y con recuperación de derechos laborales, especialmente en sectores de una amplia precariedad, como hostelería y comercio, pero también en otras ramas clásicas, como el metal o químicas. Ese es el camino que señala el IV AENC del que este blog se seguirá ocupando en el siguiente post del mismo, ya después del fin de semana.







lunes, 2 de julio de 2018

¡VIVA MÉXICO DEMOCRÁTICO E INSURGENTE!

La izquierda por fin, tras un largo proceso de acumulación de fuerzas, ha vencido en México con la candidatura de López Obrador,  y ese triunfo es muy importante para toda América Latina, además de colocar a México en una posición de dignidad y de fuerza frente a la terrible presidencia de Trump en Estados Unidos. Hoy es un día de contento para nuestras amigas y amigos mexicanos y en general para todos nosotros que vemos que por fin el trabajo de resistencia de años ha logrado un resultado electoral positivo frente al cual las maniobras endémicas de fraude - que funcionaron robándole el triunfo a Cuathemoc Cárdenas hace años - y frente a las acusaciones de populismo que le ha dedicado la prensa conservadora de todo el mundo. Oscar Alzaga, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Demócratas (ANAD) y asesor del Sindicato Minero, amigo y colaborador asiduo de este blog y de Ciudad Nativa, ha escrito un texto sobre esta victoria en el que reivindica el constitucionalismo social como seña de identidad de esta nueva etapa y que publicamos en rigurosa exclusiva (para Europa y países satélites, ver el comentario de nuestra amiga cubana Lydia Guevara a este post).

El triunfo electoral irreversible, llega la hora del cambio
                                                                                                  Oscar Alzaga

Todos los factores políticos se han sumando en los últimos siete meses, para llegar al triunfo de la democracia en México, la hora del pueblo o de la votación mayoritaria a favor de Andrés Manuel López Obrador, o de cambiar la política de gobierno de derecha –neoliberal-, por el Constitucionalismo Social, surgido en 1917 producto de la Revolución de 1910, materializado por el Cardenismo de 1934 a 1940.

La enorme ventaja de AMLO y Morena frente a sus contendientes en los siete meses nunca varió, salvo matices sin importancia; ante un PRI y PAN que les hicieron crisis sus direcciones, estructuras y deserciones en ese lapso; y confrontados como nunca: PRI vs. PAN, cuya alianza fue y es fundamental para un fraude electoral. La crisis de los partidos  llega hasta los pequeños también, algunos a punto de desaparecer. Y queda muy desprestigiada la vía de los “independientes”.

Dos caras de la misma moneda subyacen en el triunfo: el enorme ánimo de muchos por AMLO y el hartazgo de otros del PRI y el PAN. Que juntos hacen la aplastante mayoría.

El fraude electoral ha estado al acecho en las elecciones, pero pierde fuerza conforme acaba el tiempo. Todavía en Toluca, Meade invocó “el triunfo” del PRI en el Estado de México de manera ladina, esperanzado en otro fraude para ganar. Como quedó claro para la opinión pública.

El fraude solo lo puede decidir Peña Nieto con el aparato del Estado, el apoyo de la oligarquía y el Ejército. Lo que de inmediato llevaría a una protesta social y nacional irrefrenable, peor aún a una masacre y brutal muerte de personas, para ahogar la democracia y la justicia. Solo un enfermo mental podría decidir el fraude. Que algunos oligarcas se desvivan por el fraude, solo habla de su degradación.

El miércoles 27 de junio, todas las encuestas eran favorables a AMLO, ni siquiera las de derecha daban esperanzas de ganar al PRI o al PAN. Y sobre todo el ánimo de la gente, ciudadanos o pueblo que es lo más importante en esta jornada histórica, iba en ascenso.

Diferencias entre el neoliberalismo y el Constitucionalismo Social

Al país lo rige el sistema capitalista en la etapa monopolista, cuando las trasnacionales dominan la economía y la sociedad, y lleva como lastre ser un capitalismo subdesarrollado y dependiente, impuestos por el imperialismo, antes europeo, hoy norteamericano.

El neoliberalismo es la política de gobierno de la extrema derecha del sistema, a favor de los grandes capitales o las trasnacionales, es la política de la derecha extrema.

O sea, las mismas leyes del país de otros tiempos, las maneja a favor del gran capital, y las modifica o reforma a favor de ellos, como fue la reforma energética, la educativa o la laboral. El neoliberalismo incluso acude a actos ilegales en tribunales y a fraudes electorales.

El Constitucionalismo Social es nuestro, surgió de la Revolución y del proyecto de nación plasmado en 1917. Es una política social en la que la participación activa de trabajadores de ciudades y campo, maestros, estudiantes, profesionistas y empleados, que son tomados en cuenta en las políticas de gobierno.

No es una política comunista o socialista, sino social y original de México; no es -ni ha sido- una política anti-patronal, sino social, justa.

El Constitucionalismo Social es para atacar la pobreza y la pobreza extrema. Así como los ilegales abusos patronales, solo exige que los patrones cumplan con la Ley y los derechos humanos y sociales. Ese es el cambio político y de gobierno al que nos referimos: que haya justicia para todos, no solo abusos para el gran capital nacional y extranjero.

Recientemente se denunció que el gobierno de Peña Nieto incumplió el compromiso que tenía con las Pymes, las empresas pequeñas y medianas del país en el 60%, para favorecer a las trasnacionales de los grandes oligarcas del país y extranjeros.

Parte esencial del neoliberalismo es la corrupción, no solo del gobierno, sino también de tribunales de justicia y de elecciones, al grado de que en 35 años parece una “costumbre” vivir con la ilegalidad, nos parece “normal” que hayamos vivido tres mega fraudes electorales en 1988, 2006 y 2012. Para los neoliberales es parte definitiva de su política de gobierno e imprescindible para ganar elecciones y dinero. Para nosotros no. No definitivamente, la corrupción y la ilegalidad van de la mano.

La política neoliberal es del enemigo principal del pueblo: la oligarquía y sus servidores o lacayos. Nuestra política es social y de justicia, no es populista, es popular porque es del pueblo. Aclaremos bien las cosas, lo popular es del pueblo, la injusticia y los fraudes son neoliberales.

Ellos, los neoliberales, establecieron los bajos salarios al extremo y los empleos precarios para que el gran capital tuviera ganancias extremas, llevaron en 35 años al sindicalismo charro a uno patronal, más dócil y adecuado a la nueva era: sindicatos y contratos colectivos de protección patronal. Salinas diseñó con el TLCAN los sindicatos “a la carta” y los contratos colectivos de trabajo, igualitos. Modificaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje para servir al patrón y la corrupción. Pero aún en el “año de Hidalgo”.

Los neoliberales anularon la soberanía popular, con sus gobiernos nos sometieron al Consenso de Washington: todo a favor del gran capital y las transnacionales. Con el Plan Mérida sometieron al país al narco y a los traficantes, porque Estados Unidos es el principal consumidor de drogas de América, principal financiero de la droga, y vendedor de armas a los narcos y al ejército del gobierno del país.

Ellos impusieron que no haya consultas populares o ciudadanas sobre los grandes problemas nacionales, para que las reformas estructurales pasen, “fast track”, sin consulta al pueblo para que no haya conciencia nacional e impusieron la mentira y la simulación como política nacional.

El cambio del nuevo gobierno consiste en que todos respeten las leyes en los diversos ámbitos de la realidad y las leyes. ¿Les parece poco una nación en la que se respeten y cumplan las leyes? ¿Un país que exija en todos los foros internacionales que respeten a los migrantes como seres humanos?
La gran diferencia radicará en la participación del pueblo, de las mujeres y los jóvenes, sobre todo de los trabajadores del campo y las ciudades. Porque los gobiernos del PRI y el PAN casi anularon esa presencia y ahora será distinto.