No es de extrañar que en la cultura jurídica laboralista
el tema de la inmigración destaque como una materia central sobre la que se
debe reflexionar tanto en relación con las políticas que disciplinan el flujo
migratorio como sobre las condiciones concretas que se aprecian en el trabajo
materialmente prestado por los inmigrantes, su relación con el llamado trabajo
irregular o informal, y la necesidad de no separar a este colectivo del resto
de identidades que pueblan el espacio del trabajo asalariado. Sobre esta tema se
ha discutido también en el campo de verano “Trabajando el futuro del derecho
del trabajo” que se comentaba en el post anterior del blog, y también
en esta ocasión nuestro cronista es el profesor de la UCLM Antonio García-Muñoz Alhambra. En ese debate hay que tener en
cuenta que las sensibilidades del sur y del norte pueden variar a la hora de
comprender “el lado laboral” de la inmigración, que sin embargo no puede
concebirse sin la afirmación de un radical principio de igualdad de trato en
las condiciones de trabajo y empleo con las y los trabajadores del Estado en el
que presten sus servicios, con independencia de si tienen o no permiso de
trabajo, como afirma la LOEX española – aunque este principio no se traslade
incorrectamente a la relación jurídica de seguridad social – y mediante el
fomento de la organización colectiva en sindicatos como forma de responder a las
vulneraciones cotidianas de derechos laborales y humanos que sufren estas
personas. Este es el resumen de los debates que se celebraron en el final del
verano:
La segunda jornada del encuentro en San Vito dei Normanni abordaba un tema
de completa (y en el caso italiano, trágica) actualidad: el fenómeno
migratorio. Se trata, sin duda, de un tema clave en el momento histórico
actual, con especial urgencia en Europa, donde la migración se ha convertido en
el centro del debate político en muchas elecciones nacionales y regionales,
como lo fue en el Brexit y lo será probablemente en la próxima campaña de las
elecciones europeas.
La coordinación de la sesión estaba a cargo de Manoj Dias-Abey (Universidad de Bristol) y Andrea Iossa (Universidad de Lund), que llevaron a cabo sendas
presentaciones en las que, por un lado, ponían en contexto global la realidad
de las migraciones y, por otro, analizaban como caso de estudio la evolución de
las políticas suecas de migración y asilo.
A diferencia de lo que sucedía en relación con el medio ambiente, la
migración no es un tema ajeno al pensamiento laboralista. El punto de partida del debate estaba en la
reflexión sobre las intersecciones entre derecho del trabajo y régimen
migratorio y la interacción entre ambos, que genera como es sabido distintos
niveles de vulnerabilidad y explotación de las personas migrantes y tiene un
mayor o menor impacto en el mercado de trabajo y su regulación.
En el análisis de esta intersección, la visión convencional de la
regulación del fenómeno migratorio puede, y debe, ser contestada desde una
óptica laboralista. En efecto, se trata de una visión excesivamente preocupada
en regular el fenómeno migratorio en sí mismo, sin una conciencia clara de su
impacto en el mercado de trabajo y mucho menos en las condiciones en las que
las personas migrantes acceden o se ven excluidos del mismo (o al menos no una
conciencia que se pueda expresar abiertamente, volveré sobre este punto). Así,
la regulación en materia de migración genera en muchas ocasiones situaciones de
vulnerabilidad laboral que deben ser combatidas: el estatuto de una persona de
acuerdo a la regulación migratoria no debería tener como consecuencia una
lesión de sus derechos laborales y, en este sentido, el discurso iuslaboralista
debería defender la independencia de las protecciones que ofrece el derecho
laboral a los trabajadores con independencia de su estatuto jurídico de acuerdo
a las leyes migratorias.
Gran parte del debate se centró en reflexionar sobre capacidad del derecho
para excluir/incluir a los individuos en una comunidad, y en como pensar una
relación entre derecho laboral y regulación de la migración que resulte
incluyente e integradora y disminuya la vulnerabilidad (y por lo tanto la
tendencia a ser explotados a niveles inaceptables) de las personas migrantes.
De alguna manera, la tensión entre comunidad y pertenencia (identidad,
podríamos decir) y migración es sumamente compleja. No obstante, la capacidad
de la realidad material del trabajo como herramienta de inclusión social es
incuestionable, por lo que evitar los estatutos diferenciados que fragmenten a
los trabajadores es una medida funcional a la inclusión de las personas
migrantes y a la creación de comunidad.
Sin embargo, el discurso no debe limitarse al impacto de la migración en
las sociedades de acogida (y en el mercado laboral receptor) sino que el
fenómeno migratorio se debe entender en una perspectiva más amplia, global,
donde se aplica sobre los propios trabajadores el principio de división
internacional del trabajo (se adivinan aquí divisiones estructuradas por
criterios como la raza, además del sexo y la clase, residuos del sistema
colonial). Es en esta perspectiva global donde las políticas migratorias de los
Estados se vuelven sospechosas en relación con la conciencia de su impacto en
el mercado de trabajo: parece que desde la perspectiva de la división global
del trabajo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes aparece
estructurada por los Estados en favor de sus propios intereses (por ejemplo, en
relación con los trabajos de cuidados, como una forma barata de welfare,
necesidad acentuada en la época de la austeridad) o de los intereses de los
empleadores. O en otras palabras: permitir un mayor nivel de explotación de los
trabajadores migrantes es funcional a la acumulación capitalista global. En un
sistema donde los movimientos de bienes y capitales son prácticamente libres y
muy fluidos a nivel global, el control selectivo y estructurado por las leyes
de migración del movimiento de trabajadores es uno de los atributos “normales”
de funcionamiento del sistema que hacen posible una mayor explotación del
factor trabajo.
En este sentido los laboralistas, más allá de la denuncia de casos extremos
de abuso en el discurso de la esclavitud moderna, deben denunciar la
vulnerabilidad estructural que generan los regímenes de regulación de la
migración y oponerse a que tengan un impacto negativo en los derechos de las
personas migrantes como trabajadores. No se trata necesariamente de una
política de fronteras abiertas, sino de inclusión y participación igualitaria
en la comunidad en la que se vive y trabaja.
De enorme interés resultó asimismo la segunda sesión abierta al público,
donde participaron la profesora de la Universidad de Foggia Madia D’Onghia, el abogado laboralista
(avvocato di strada, prefería definirse) Claudio
di Martino y la activista Rosa
Vaglio. Los tres invitados analizaron, desde distintos ángulos, la
situación de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola de Puglia, más
concretamente en la recogida del tomate, materia prima de la salsa de tomate
que, desde esta región italiana, se exporta a todo el mundo. En las charlas de
los invitados, donde se describía la realidad material de los inmigrantes, que
viven en auténticos guetos en mitad del campo (desmantelados periódicamente por
orden de los jueces), entre el rechazo
social al inmigrante (cuando es pobre) y la necesidad económica de su presencia
como mano de obra barata, y que trabajan por salarios de miseria debido a su
extrema situación de vulnerabilidad, se podía ver claramente la conexión entre
el sistema económico global (que impone precios, como ironizaba Claudio di Martino, de 0,39 céntimos de
euros por una lata de 700 gramos de tomate, lo que supone que el productor
recibe un precio aún menor) y la realidad material de unas personas que se hace
visible a nivel local, en este caso, en los campos y plazas (donde son
recogidos de madrugada por los caporales) de las localidades agrícolas de
Puglia.
Sin duda los insoportables niveles de explotación de estos trabajadores son
posibles por su estatuto jurídico de inmigrantes ilegales, que facilita la
inaplicación de cualquier tipo de legislación a su actividad, incluyendo
cualquier tipo de norma laboral. Si, de hecho, se aplicaran las normas
italianas vigentes en la recogida del tomate de la región de Puglia, como hacen
en la iniciativa Sfrutazero (#SfruttaZero) presentada por Rosa Vaglio, sus condiciones de vida mejorarían muchísimo (podrían,
por ejemplo, acceder a una vivienda) pero el precio de una lata de 500
gramos de tomate queda por encima de los
tres euros (aunque de momento las venden todas, gracias a los consumidores
concienciados, no parece una alternativa que pueda competir a gran escala con
los precios anteriormente señalados para los 700 gramos).
De nuevo la extensión de la crónica recomienda para aquí, aunque esta serie
finalizará, si el titular del blog lo tiene a bien, con una tercera y última
entrega.
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