En Argentina se ha vivido una movilización impresionante
de todos los sectores de la Universidad Pública en el marco de la negociación
colectiva de los salarios de los docentes que ha generado un largo conflicto, y
que se continua con los recortes presupuestarios a la Universidad y la carencia
de fondos para la investigación que ha efectuado el gobierno Macri. El 30 de agosto, coincidiendo
con la fuerte caída del peso argentino frente al dólar, hubo una gigantesca
manifestación en Buenos Aires en la que se cuestionó directamente esta política
de hundimiento programado de la Universidad Pública argentina.
Se trata de tendencias que son compartidas en este lado del océano. Entre
nosotros, el ataque a las Universidades Públicas efectuado fundamentalmente a
partir del gobierno del PP en el 2011, está creando enormes dificultades para
la investigación y la progresiva sustitución de las figuras docentes
contratadas que preveía la ley a tiempo completo por la convocatoria de
trabajos a tiempo parcial escasamente retribuidos que deben efectuar las
labores docentes sin posibilidad de acceder a una carrera académica. Estos
procesos de degradación de la universidad pública española tendrán que ser
necesariamente abordados en el curso académico que inicia, que ha sido
precedido de conflictos muy significativos, como la huelga de profesores
asociados de la Universidad de Sevilla.
A continuación, se postea en este blog un texto – bajo la forma de “carta
abierta” – que los docentes de Derecho del Trabajo de la Facultad de derecho de
la Universidad de Buenos Aires han hecho público con ocasión de la gran
manifestación del 30 de agosto. El autor del mismo, Guillermo Gianibelli, es ya conocido de los lectores y lectoras del
blog, y forma parte asimismo del consejo asesor del Centro europeo y
Latinoamericano para el Diálogo social (CELDS) de la UCLM. En ese documento se encontrará un conjunto de referencias muy ricas al significado profundo de las políticas neoliberales y sus implicaciones (anti)sociales. Pero el contenido
del mismo no sólo se debe leer como un alegato derivado del específico
contexto argentino, porque son evidentes las concomitancias con la situación
española tras las políticas de austeridad que han arrasado a la Universidad
pública española. De te fabula narratur.
De los docentes del Curso de Derecho del Trabajo, a cargo de Guillermo
Gianibelli (Facultad de Derecho, UBA).
1. Otra vez. Sí, otra vez, como una rémora, como un regreso a un tiempo
hostil, como si no tuviésemos suficiente memoria del pasado y sus efectos, otra
vez estamos, indirectamente, discutiendo sobre la Universidad Pública, sobre su
lugar, su presencia, su financiamiento, su subsistencia.
Indirectamente porque, como en cada oportunidad, lo último se enmascara en
una predefinida discusión sobre un presupuesto – económico – y sobre los –
escasos – recursos a su disposición.
Sin embargo, fiel a otros tiempos, lo que está en juego es más que eso. Lo
que se dirime es el rol de la universidad, de la educación pública como un
todo, en términos de un modelo de sociedad, o al menos de su función de cara a
promover y potenciar ese modelo, frente a los siempre reiterados intentos de su
subalternización. La Universidad Pública, con sus cánones enraizados en el
pluralismo, en el saber escindido de su valorización económica, como una
plataforma de igualdad y potencia democrática, se erige como disfuncional, como
un obstáculo, ante un régimen que postula al individualismo, al mercado y a la
privatización de los lazos sociales como su desiderátum.
En consecuencia no estamos sólo ante una “discusión presupuestaria”, que
también, sino a una discusión sobre el tipo de sociedad y de convivencia que
elegimos – y que se encuentra normado en nuestra Constitución –, sobre su
pervivencia, su defensa, la lucha por su expansividad.
Podríamos situar muchos momentos de esta disputa, algunos más lejanos y
oscuros, en que la noche de las dictaduras irrumpió también en la universidad,
otros más propios de lo que aquí se señala, el vaciamiento en los ´90, o los
desesperados intentos de brutales recortes de un ministro fugaz en el 2001. En
todos los casos, además de los recursos, lo que han pretendido es el ocaso de
la Universidad Pública. A pesar de ello, aún resiste.
2. ¿Por qué esta recurrencia?, ¿qué se dirime? La Universidad Pública,
anclada en un proyecto de inclusión, democratización y verdad, se opone a un
régimen de exclusión, de mercado, de pos-verdad. Una vez más se ponen en juego
las dilemáticas expresiones de un modelo democrático de convivencia, que en sus
distintas variantes y momentos históricos se expresa como Estado Social y
Democrático de Derecho, o el denominado Estado Neo-Liberal.
El modelo neo-liberal, entonces, a efectos de entender el modo con que
horada las manifestaciones democráticas del constitucionalismo social, en el
que la educación pública ejerce de savia que circula entre sus ramas, se
propone una mercantilización de esferas y prácticas, una succión de lo público
y su traslación al ámbito de la privatización excluyente. Con ello el sustento
igualador de cualquier proyecto democrático sucumbe frente a la
individualización de patrones de conducta propios de una competencia desigual,
creando un criterio de trayectoria individual que sólo puede encontrar destino
en el ámbito del mercado y con una lógica privatizada de cualquier componente
social.
La universidad no es ajena a esas tensiones y así como en nuestro medio se
verifican ciertas formas de mercantilización relativa de los estudios de
posgrado, en otros países se verifica un auge de la educación con fines de
lucro, una reconstrucción de las universidades a través de las “mejores
prácticas” corporativas y una cultura de las “competencias” en lugar de los
“certificados”, en las que la “inversión” se relaciona más con el destino para
el mercado y la actividad privada y menos, cada vez menos, con la función de
promulgar un principio de oportunidades igualitarias y una inserción
profesional más abarcativa y diversa (W. Brown).
3. Algunos ejemplos, como contraste, crítica, de éste estado de cosas.
Las relaciones entre Universidad y sistema político son conocidas. Una
veces más fluidas, otras más refractarias entre sí. Por momentos crujen, como
hace un tiempo el movimiento de los estudiantes chilenos puso en evidencia en
términos de acceso a la educación superior; por otros se articulan y tratan de
promover políticas de inclusión como las universidades creadas en el conurbano en
el gobierno anterior. Pero lo cierto es que el concepto y contenido político de
la Universidad Pública al menos en relación a los postulados neoliberales pone
en crisis e interpela, de manera constante, sus implicancias. Veamos algunos
ejemplos.
Por caso, una universidad que busca el “saber”, un saber no parcial, no
cerrado al círculo mercantilizado de relaciones económicas, se hace preguntas.
Y por qué entonces no preguntarse sobre el nuevo embate sobre el presupuesto
educativo, sobre los recursos, sobre los salarios docentes. ¿Por qué y de dónde
vienen la exigencias limitantes?.
Al menos, para no caer en la estúpida justificación sobre los límites en
los recursos, la “crisis” económica, las exigencias del acuerdo con el FMI,
etc., para evitar una suerte de naturalización de sus causas y sus efectos,
sólo refiramos algo previo, que tiene que ver con las decisiones de política
económica que desembocan luego en más exacciones y menos explicaciones.
De este modo es más fácil encontrar no sólo respuestas sino individualizar
destinatarios. Una fórmula de fuerte carácter explicativo es la que desarrolla
Mauricio Lazzarato y que identifica con lo que llama “economía de la deuda”, en
la que la deuda actúa como máquina de captura, de “depredación”, como un instrumento
de prescripción y gestión macroeconómica y como un dispositivo de
redistribución de ingresos, creando una relación de poder específica. Es
evidente que el gobierno del presidente Macri ha elegido este mecanismo de
redistribución, regresiva, de los ingresos, pero a la vez de fijación, intento
al menos, de las relaciones de poder social a partir de los requerimientos que
la deuda, por él creada, determina para nosotros y para el futuro.
Si las decisiones económicas pretenden determinar el desenvolvimiento de la
educación pública ello, a su vez, impacta inmediata y mediatamente, en su
función de igualación social. Por ello que, además de la reducción del sentido
movilizador que un graduado universitario proyecta en su espacio social, a la
par se promueve un modelo economizado de profesional, a integrarse en una
lógica permanente de emprendedurismo mercantil, precario, desintegrado, en el
que paralelamente se desarticulan redes sociales y estatales de protección.
Una universidad que se afinca en el pensamiento crítico y del mismo se vale
para cuestionar el espacio circundante genera o pone en movimiento tensiones
entre las reglas – establecidas – y cierta subversión a las mismas, al orden que conllevan. Sin embargo, algunas de
estas reglas, en lo que al menos en este punto destacamos, se convierten en
presupuestos básicos que, reflexivamente, permiten ese espacio de crítica. Nos
referimos a las reglas básicas democráticas y, en su razón normativa, expuestas
en el marco constitucional vigente.
Tratándose entonces de una clase en la Facultad de Derecho, asumamos al
menos por un momento la validez y eficacia de dichas normas básicas y, en
términos de los ejemplos que venimos enunciando, observemos que sucede con
ellas. Si encontrásemos que dichas reglas de ordenamiento se encuentran
atacadas, quizás también concluyamos que, con ello, se atacan los basamentos
sobre los que sostenemos, al menos, la enseñanza del Derecho en nuestra
Facultad de la Universidad Pública.
Sólo por un momento, y en una apretada y no exhaustiva enunciación,
confrontemos nuestros presupuestos normativos constitucionales, propios de
cualquier clase de derecho constitucional, con decisiones de nuestros poderes
institucionales en los que, por ejemplo, se decide premiar y exonerar al evasor
ilegal de obligaciones tributarias (blanqueo a través de la ley 27.260),
incluso aprovechado por los mismos sujetos vinculados a los gobernantes que la
impulsan (decreto 1206/2016); reducir los estándares de las prestaciones
sociales (ley 27.426); premiar al delator (ley 27.304); o poner patas para
arriba el sistema de garantías procesales penales a partir de la actuación de
un “súper juez” que en tándem con los “servicios” de “información” que provee
una prensa canalla, lo convierte en un evidente espejo con lo que viene
sucediendo en Brasil.
A modo reflexivo, entonces, preguntémonos ¿cómo es? y ¿cómo será? el
funcionamiento del sistema político y económico, y con ello el desenvolvimiento
de nuestra Universidad Pública, a partir de esas decisiones y de esos modos de
ejercer el poder institucional, escasamente democráticos.
4. En el marco de estas consideraciones, ¿qué cabe discutir como propuestas
para la acción?.
En primer lugar la afirmación del espacio democrático intrínseco a la
propia formulación de la universidad pública, este espacio de discusión y
reflexión del común, plural, abierto y participativo, del cual nos sentimos
obligados y tributarios, y al cual nos sometemos.
Entendido de ese modo, este mismo acto deliberativo es un ejercicio
performativo (J. Butler), se expresa y es, en tanto su corporeidad pública,
manifestación, una petición de rechazo, de acción, destinada a intervenir en la
esfera de decisión de los poderes públicos.
Las recientes y seguramente continuadas movilizaciones del movimiento de mujeres
por el aborto legal, seguro y gratuito sin duda han hecho de nuestro país una
Argentina mejor. Es un ejemplo de cómo intervenir en el espacio público y como
traccionar por más democracia y más libertad.
Como decía Fogwill “hay algo inexorable en todo y sin embargo la
contingencia prima”. Y tenemos suficientes experiencias sobre eso que podemos
denominar “acontecimiento”, aquello que en sus efectos parece exceder sus
causas (Zizek).
Por lo tanto, ni la inexorabilidad del ajuste, ni la “prisión” de la deuda,
ni los designios del mercado. Expresión del conflicto, porque hay más de una
manera de describir lo que es visible, pensable y posible. Esa otra manera
tiene un nombre: se llama política (Rancière).
Por la educación pública, por la Universidad Pública, por la dignidad y el
salario de los docentes universitarios.
Buenos Aires, 28 de
agosto de 2018.-
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