HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA

Mañana, 22 de mayo, está convocada una jornada de huelga general de la enseñanza y posteriormente manifestaciones en las capitales de provincia. Explicar a estas alturas las causas de la huelga no parece necesario, pero existe un manifiesto que está firmado por las gentes de la cultura en un amplio sentido y que por su claridad y eficacia expositiva merece la pena de ser traído a esta bitácora. Es el siguiente:

LA CULTURA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICAS

“Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrirnos que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas.” Julio Cortázar.

        Como profesionales del mundo de la cultura y como ciudadanos, quienes abajo firmamos queremos expresar nuestra preocupación y más decidido rechazo a los drásticos recortes que, con la excusa de la crisis, está llevando a cabo el Gobierno de la Nación en la educación y sanidad públicas. La primera, entendida en todos sus niveles, incluyendo el universitario –y, dentro de este, la investigación científica-, la cultura en sus más variados campos, la sanidad en todos sus ámbitos; todo ello, aunque con sus peculiaridades, no debe ser considerado como una acumulación de realidades separadas: siempre han sido, y son, la garantía de una sociedad plural, democrática, participativa y crítica, y por ende libre e igualitaria. Una educación y sanidad públicas de calidad constituyen una conquista irrenunciable de nuestra democracia, sin las que difícilmente puede hablarse de justicia social y menos aún de igualdad de oportunidades. Una educación de todos y para todos es un pilar básico para el crecimiento personal de cada individuo así como para el desarrollo de un país en su conjunto. Una sanidad de calidad y universal es una garantía de respeto del derecho inalienable que todo ciudadano tiene a una atención sanitaria digna. Por todo ello, resulta especialmente preocupante el modelo que quiere imponer el Gobierno, que tiende a crear guetos y a profundizar la brecha de las desigualdades económicas y sociales.

       Si bien los recortes se han presentado a los españoles como una consecuencia indeseable pero inevitable de la crisis económica, lo cierto es que se enmarcan en la política de sustracción de recursos a la escuela y sanidad públicas, que ya vienen llevando a cabo desde hace años algunos gobiernos autonómicos en beneficio de la escuela privada-concertada, y de aprobación de medidas fiscales injustas y desvertebradoras desde el punto de vista social, a favor de los centros educativos privados no sostenidos con fondos públicos, por un lado, o tendentes a lesionar la sanidad pública con la excusa de una pretendida, y en realidad falsa, eficiencia, beneficiando con ello a grupos empresariales sanitarios, por otro. El Gobierno de España ha decidido ahora unir a los recortes que ya venían aplicándose, otros aún mayores, materializándose en una reducción inversora de 10000 millones de euros -7000 en sanidad y 3000 en educación-. El reajuste, concretado en la promulgación de los Reales Decretos-ley 14/2012 y 16/2012, correspondientes a la segunda y primera respectivamente, además de en otras medidas paralelas, va a traer consigo las siguientes consecuencias: 

       En el ámbito educativo: masificación en las aulas, debida a la subida de las ratios de nuestros alumnos en primaria, secundaria obligatoria y bachillerato; sobrecarga de horas lectivas para el profesorado; la no cobertura de las bajas del mismo hasta pasados 10 días; una drástica y preocupante reducción de personal docente interino como consecuencia de todo ello aun mayor que la habida hasta ahora, viéndose perjudicadas seriamente así mismo las condiciones de trabajo tanto de este último como del ya funcionario fijo, deteriorándose por estos motivos de forma evidente y escandalosa la calidad del servicio; aplicación de grandes recortes en los ciclos formativos medios y superiores, en la educación infantil de 0 a 3 años y en la concesión de becas; endurecimiento de los requisitos para lograr ayudas al estudio; congelación de la oferta de empleo público; fuerte subida de las tasas universitarias, encontrándose estas ya por encima de la media europea, dificultando gravemente el acceso a estudios superiores de los alumnos procedentes de las clases trabajadoras y medias, además del parón en el desarrollo de programas de investigación afectando gravemente a diferentes proyectos. Destacamos también el ataque que supone al ejercicio responsable de la autonomía universitaria el apartado 3 del artículo 6 del citado Real Decreto y la posibilidad que abre el mismo para la privatización de servicios docentes de las universidades públicas (como manifiesta el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid). En definitiva, se ve afectada muy negativamente por estas y otras medidas la comunidad educativa en su conjunto en todos los niveles (alumnos, docentes, madres y padres, investigadores, etc.), y por ende la sociedad en general, y traerán consigo un retroceso histórico brutal de más de 30 años.

       En el ámbito sanitario, siendo la sanidad pública española uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía y de mayor nivel de eficiencia a nivel mundial: incremento de los conciertos privados y de la colaboración público-privada, al tiempo que se seguirán cerrando centros y servicios públicos (ambulatorios, plantas, servicios de urgencia nocturnos, camas hospitalarias, equipos diagnósticos y quirófanos,  especialmente en horario de tarde) y aumentando la privatización de hospitales inicialmente públicos y de servicios (opción que se presenta, erróneamente, como una solución a los problemas derivados de la gestión directa); supresión de transporte intrahospitalario; amortización de plazas de profesionales sanitarios; reducción drástica de personal interino; condena a los inmigrantes no regularizados que viven en España a no acceder a la tarjeta sanitaria, incumpliendo con ello el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen y tutelen la salud pública para toda la población, pudiendo afectar negativamente tal medida a dicha salud pública, incrementando además paradógica y absurdamente los gastos sanitarios; una nueva definición de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, pudiendo incorporar un repago según el tramo mediante el aseguramiento privado o el pago efectivo en el momento de la prestación, lo cual puede conducir a un sistema dual y la ruptura del principio de solidaridad que tiene nuestro SNS; significativa reducción de medios para la atención a enfermos de VIH; planteamiento por parte del Gobierno de fórmulas de copagos y repagos que recaen en los colectivos más débiles (los más enfermos y los pensionistas con menos ingresos); entre otros tantos efectos dependientes directamente del citado decreto o de medidas paralelas a este, siendo uno de los más graves el aumento de los riesgos para la salud individual y colectiva, incrementando consecuentemente los gastos de hospitalización. Hacemos también mención del deterioro, si no supresión, del apoyo a la atención a personas dependientes.

       La educación, y la pública en especial, es, sobre todo en época de crisis, una oportunidad vital de futuro y una garantía de cohesión social y de salud democrática. Y junto con la sanidad pública constituye, en definitiva, una de las bases fundamentales del estado social, democrático y de derecho, y si las lesionamos o desmantelamos, estamos minando la democracia misma y vulnerando gravemente el derecho que todo ciudadano tiene a recibir una EDUCACIÓN y ATENCIÓN SANITARIA DIGNAS y DE CALIDAD. Por otro lado, si además no potenciamos la INVESTIGACIÓN, el DESARROLLO y la INNOVACIÓN lo suficientemente y de forma decidida, estamos lanzando el futuro de nuestro país a la basura, precipitándonos, como en tiempos pretéritos lejanos y no tan lejanos, en la mayor de las oscuridades. 

       Tenemos el convencimiento, además, de que la única forma de salir de esta crisis, claramente sistémica, es sobre la base de un modelo sustentado en la VERTEBRACIÓN SOCIAL en el marco de un ESTADO DEMOCRÁTICO, y consideramos que las medidas que denunciamos en este manifiesto van en la dirección contraria, más aún: pretenden profundizar en otro modelo, ya en decadencia e ineficiente, como la realidad nos demuestra cada vez con más fuerza y evidencia, cuyos presupuestos ideológicos y prácticas, a nuestro juicio, nos han llevado a la situación actual. Ahí está la verdadera génesis de aquella.

       La defensa de la sociedad civil y de la democracia implica la de los derechos sociales y ciudadanos, y si hay políticas que los atacan se hace imprescindible, más aún, vital, luchar contra ellas.

       Por todo ello, mostramos nuestro mayor rotundo rechazo a los brutales recortes que nuestro Gobierno pretende aplicar en la EDUCACIÓN y SANIDAD PÚBLICAS y nuestro decidido apoyo a las movilizaciones de la ciudadanía en contra de los mismos.

¡Por una EDUCACIÓN y SANIDAD PÚBLICAS DE CALIDAD y de VERDADERA EXCELENCIA DE TODOS y PARA TODOS