Comenzar el curso académico el 3 de septiembre, como han hecho las universidades
madrileñas en la UAM, es un intento
claro de evitar la presencia de estudiantes, profesores y PAS, como miembros de
la comunidad universitaria especialmente castigados por las medidas del
gobierno. Se pretendía secuestrar la formalidad solemne del acto académico de
inicio de la actividad universitaria - la solemne apertura del curso 2012-2103,
el que el ministro Wert manifiesta
que será el mejor de todos - frente a posibles manifestaciones contrarias de la
generalidad del colectivo universitario. Por ello habían invitado a la
presidenta Aguirre y por eso mismo
ésta había aceptado, convencidos rectores y autoridades de gobierno de la CAM
que no habría incómodos testigos de este acto.
Sin embargo los sindicatos convocaron a los trabajadores y estudiantes a
manifestar su protesta en este día, y en Facebook se organizó una página para
que todos los estudiantes, profesores y personal de servicios y de
administración se concentraran en la Universidad Autónoma, en la Facultad de
Medicina, a declarar a la presidenta Aguirre
persona non grata para la Universidad.
El acto no se ha podido celebrar. Los gritos de estudiantes y trabajadores
de la enseñanza han impedido tanto la acostumbrada alocución de la secretaria
general de la UAM como maestra de ceremonias del acto como que se pronunciara
la lección magistral por una profesora de excelencia. Pero lo más importante ha
sido que, advertidos previamente de la existencia de una fuerte contestación,
ni la presidenta Aguirre ni la Consejera Figar han juzgado oportuno asistir al acto, delegando en el
Director General de Universidades de la CAM, el somnoliento Juaristi, el papel de la autoridad
oficial que debería declarar inaugurado el curso. No ha podido hacerlo, ni su
intento porque todos los presentes entonaran – o desentonaran – el gaudeamus igitur ha tenido ningún éxito.
Los rectores de la CAM parece que estaban desolados, y no porque la
representación del gobierno regional fuera de segundo nivel. Según
informaciones de prensa, el Rector Sanz
ha lamentado que los gritos y las manifestaciones impidan el libre ejercicio de
la palabra, y ha criticado a quienes "se llenan la boca" con la
autonomía universitaria pero luego boicotean un acto académico. El rector Peña,
ha afirmado entender el descontento de los alumnos y del personal laboral de
las universidades, pero ha coincidido en que no se gana nada impidiendo un acto
académico. "Yo no estoy de acuerdo con muchas de las medidas que se
toman, pero ésa es otra cuestión, es independiente del acto", ha
añadido. El rector Carrillo ha asegurado que lo ocurrido
"no contribuye a defender la universidad pública en este momento
tan grave".
Aunque los mismos vaticinan un curso "caliente" resultado de las
políticas de los gobiernos central y regional, que dan "prioridad a
los recortes y no a la inversión, que es lo que necesita la universidad",
no parecen entender que la movilización social está exigiendo una actitud más
firme y comprometida de las autoridades universitarias en la defensa del
derecho al estudio y a la preservación de las condiciones necesarias para poder
cumplir con el servicio público de enseñanza universitaria.
Las reformas educativas en materia universitaria se condensan en ir
desmontando – con ritmos diferentes según distintas comunidades, más rápidas y
decididas en Castilla La Mancha, más permanentes y alargadas en Madrid – la
actividad docente e investigadora de la universidad degradando las condiciones
de empleo y de trabajo del personal universitario y elevando los precios - ¿públicos? – de matrícula en grados y sobre
todo en másteres. Las autoridades gubernativas que están ejecutando esta
política de aniquilación progresiva de la universidad pública deben ser
declarados personas non gratas. Manos fuera de la universidad para la
presidenta Aguirre, para la
presidenta Cospedal y para su larga fila de servidores devotos.
Que no puedan penetrar en los recintos universitarios públicos no es, como
equivocadamente pretenden los rectores madrileños, un acto contrario a la
autonomía universitaria. Es exactamente lo contrario, una defensa cerrada de la
autonomía cultural, política y científica de la Universidad pública de calidad
que las autoridades académicas no están llevando a cabo con la energía,
inteligencia y firmeza que la comunidad universitaria les requiere.
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