ESTUDIO DE CASO: LA HUELGA DE LIMPIEZA DE MADRID

La huelga de limpiezas de Madrid ha sido objeto de numerosos comentarios y reflexiones en la blogosfera de Parapanda (LA HUELGA DE LAS LIMPIEZAS DE MADRID, CAPITAL DE LA GLORIA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/2013/11/la-huelga-de-las-limpiezas-de-madrid.html), y en otros blogs amigos, como En Campo Abierto, con intervenciones de Bruno Estrada http://encampoabierto.wordpress.com/2013/11/18/la-huelga-de-basuras-de-madrid-1/ (“Gracias, compañeros y compañeras de la limpieza de Madrid”) y de Héctor Maravall,  http://encampoabierto.wordpress.com/2013/11/18/la-huelga-de-basuras-de-madrid-3/ (“La lucha sindical sirve, y mucho”). Lo que a continuación sigue es un estudio de caso a modo recopilatorio.

Lo que conocemos por los variados medios de información: 

La limpieza viaria de la ciudad de Madrid es una competencia central del Ayuntamiento. Este servicio público es gestionado por empresas privadas, fundamentalmente constructoras a través de sus filiales de limpieza. En el verano del 2013 el Ayuntamiento modifica el pliego de condiciones del concurso y fija como suelo del mismo una rebaja de al menos 10% sobre el precio del 2012. Ganan el concurso tres empresas constructoras cuya oferta implica el 18% del precio anterior. Así OHL, Cespa (de Ferrovial), Valoriza (de Sacyr Vallehermoso) y Alfonso Benítez (FCC) se repartieron el contrato por casi 2.000 millones de euros, casi un 18% menos que el precio inicial. En el pliego de condiciones no hay  ninguna cláusula de estabilidad de la plantilla. Las empresas “madre”, o sea las constructoras OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC, son mencionadas en la trama Gürtel – tienen por lo que parece grandes afinidades selectivas con el PP -, y declaran haber tenido en 2012 beneficios por valor de mil doscientos cincuenta millones de euros. Comienzan en el verano los primeros despidos de contratados temporales ( 200 personas). Al inicio del otoño las empresas concesionarias inician un ERE en el que proponen, como condición de viabilidad de las empresas, 1.134  despidos y la rebaja del 40% del salario de los trabajadores restantes, además de una regulación temporal de empleo de 30 días para cada trabajador. Las asambleas de trabajadores y los sindicatos convocan la huelga indefinida.

La huelga arranca con una gran manifestación. El Ayuntamiento impone unos servicios mínimos. Los trabajadores designados comparecen pero las empresas no sacan los camiones, posiblemente temiendo que puedan ser averiados. La huelga deja las calles de Madrid en pocos días llenas de basura. Los vecinos y ciudadanos de Madrid no culpabilizan a los trabajadores. La alcaldesa de Madrid entiende al comienzo de la huelga que su dinámica y resolución es un “asunto privado” entre las concesionarios y los trabajadores. Conforme avanza la huelga, este cargo público es más virulento respecto del “vandalismo” sindical y el incumplimiento de los servicios mínimos. Sin embargo, el Ayuntamiento no es capaz de dar una cifra concreta sobre el grado de incumplimiento de estos servicios.   En la negociación del ERE, las empresas reducen la cifra de despedidos y el monto de la reducción salarial, pero son ofertas rechazadas por los sindicatos. La presión política interna del propio Partido Popular lleva al Ayuntamiento a anunciar que recurrirá a Tragsa, una empresa pública, para remplazar a los huelguistas y limpiar la basura que se amontona por doquier. Los sindicatos con presencia en esta empresa se niegan a esta posibilidad mediante un comunicado público al entender que es un acto ilegal que vulnera el derecho de huelga de los trabajadores de la limpieza viaria y jardinería. 

Los trabajadores y sus sindicatos negocian el ERE y llegan a un preacuerdo en el que las empresas se comprometen a no despedir a trabajadores ni a bajar el salario. Se llega a un compromiso de congelación salarial y de realización de un Expediente de Regulación de Empleo. Esa noche, una serie de trabajadores contratados la mayoría por una Empresa de Trabajo Temporal, Ranstad,  designada por el Ayuntamiento a 85 euros la jornada, comienzan la limpieza de las calles de Madrid, ante la tolerancia de los huelguistas que conocen el preacuerdo obtenido. Para justificar este hecho, prohibido por la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, el Ayuntamiento denuncia ante la Fiscalía que se han producido determinados actos vandálicos como desparramar las bolsas y quemar contenedores. Se produce un gran despliegue mediático del Ayuntamiento en esta operación de limpieza por trabajadores sustitutos de los huelguistas. 

A la mañana siguiente las empresas concesionarias se desdicen del pre-acuerdo y vuelven a plantear despidos y rebaja de sueldos. La reacción sindical y de los trabajadores es virulenta, amenazando con un salto cualitativo del conflicto. CCOO impugna el acto del Ayuntamiento de contratar trabajadores para sustituir a los huelguistas. Continua la huelga. Por fin, de madrugada, se consigue un acuerdo que es ratificado por las asambleas de trabajadores en el que las empresas renuncian a despedir a los 1.250 trabajadores y al recorte de salarios. A cambio se comprometen los trabajadores a la congelación de sus salarios durante el tiempo de vigencia del convenio y a un ERTE de 45 días por rotación en el plazo de estos mismos cinco años. El resultado concreto es el siguiente, tal como lo publican las páginas sindicales (no los periódicos ni la televisión, siempre tan prolija en explicar las normas emanadas del gobierno legislador): Retirada de los expedientes de regulación de empleo previstos para 1134 personas. No hay bajada salarial en tablas y se consolida el 5'9 adeudado desde hace tiempo.

Se pagarán atrasos en la nomina de noviembre.  Bajas voluntarias con 28 días por año con un tope de 22 mensualidades. Excedencias de hasta 10 años. El convenio no se rebaja ni modifica. Queda como estaba salvo en el periodo de vacaciones, que ahora se dividirán en 10 días en invierno y 21 en verano. La antigüedad se mantiene. ERTE de 45 días / año durante cuatro años. Las empresas se comprometen a no aplicar más despidos durante el periodo de concesión (ocho años). 

La huelga obtiene una resonancia mediática impresionante. Se considera con razón un éxito de los trabajadores y de sus sindicatos. Es percibida con simpatía por el pueblo de Madrid, que ha apoyado en su inmensa mayoría el conflicto, como inmediatamente se comprobó en las encuestas de opinión que manejaban los grupos políticos. La victoria de la huelga ha incomodado a los portavoces mediáticos de los poderes privados, así como al Partido Popular. La alcaldesa de Madrid, el Presidente de la CAM y la omnipresente ex presidenta Aguirre, han exigido una “ley de huelga” ante los abusos que permite la presente regulación, que, se recuerda, proviene de 1977. Aunque algunas voces hacen pedagogía de este tema, es general el desconocimiento patente de cuál es el sistema de regulación del derecho de huelga en España. 

Cómo ha sido posible la convergencia de una voluntad unitaria de los trabajadores en dar una respuesta contundente a una propuesta asiática por parte de empresas que implicaba una violencia excepcional, es un relato que se debe construir por parte de los propios protagonistas. Es un hecho importante, que posiblemente sea referente en los conflictos futuros, y conviene por consiguiente documentarlo en su cotidianeidad organizativa, en la descripción de los distintos momentos del proceso, de cómo superar los obstáculos y las dificultades en el camino hacia la solución final. 

Es interesante comprobar cómo en el discurso oficial no hay ningún espacio para la exigencia de responsabilidades, no sólo políticas. A las empresas, que sin duda hicieron una oferta en el concurso plenamente temeraria a la baja, conscientes que el precio de la concesión le serviría para subvencionar las indemnizaciones por despido a un quinto de la plantilla, en la idea que menos trabajadores, con casi la mitad de su salario, deberían cumplir los cometidos del servicio público. A la autoridad del ayuntamiento para la que cumplir con el servicio público de limpieza viaria no constituye un deber público sino una actividad económica que debe servir al lucro de empresas privadas, de manera que el servicio y su desarrollo no se guía por el interés general sino por la lógica del mercado: rebaja de costes para un servicio muy degradado e ineficiente. En la primera respuesta de la alcaldesa hay toda una filosofía del gobierno, la que ignora el servicio público como función de la actividad pública y lo confina en un intercambio mercantil sobe el precio del trabajo en el que el resultado de este proceso – la degradación de las condiciones de trabajo – no tiene relación con los objetivos de eficiencia, participación popular y respeto de los derechos de los ciudadanos. Tampoco hay responsabilidad por las continuas descalificaciones del hecho sindical y la declaración rimbombante de soluciones contrarias a la Constitución (las emisoras de derecha llegaron a preconizar la intervención militar) o el empleo de técnicas de restricción de la eficacia del derecho de huelga no permitidas, como sucede con el reemplazo de los huelguistas por empresas de trabajo temporal. 

La huelga de limpiezas de Madrid ha tenido una visibilidad muy importante. En los comentarios al conflicto de Madrid, los representantes de los trabajadores establecían un cierto axioma: “Se ha mostrado el camino para otros conflictos”. Y en efecto, se está produciendo una extensión evidente de conflictos en el campo de la limpieza viaria y de la limpieza pública en distintas partes del Estado español (ayuda a domicilio, trabajadoras de limpieza de escuelas públicas, residencias de tercera edad, etc). Pero además eso plantea el problema de las otras huelgas, los conflictos industriales que permanecen en una especie de espacio privado, opaco al conocimiento público, y cuya existencia y desarrollo son completamente ignorados por los ciudadanos. Este es un tema sobre el que deberemos insistir en adelante, sobre la base de las intuiciones muy valiosas que ofrece Jose Luis López Bulla en el blog hermano Metiendo Bulla (http://lopezbulla.blogspot.com.es/2013/11/la-visibilidad-del-conflicto-social.html ). 

En un momento histórico en el que el paro masivo y la gestión asiática de las relaciones laborales, unidas a un concienzudo ataque mediático antisindical, parece conducir a las relaciones laborales a un estado pre-democrático, la huelga y el conflicto aparecen como los instrumentos más idóneos para defender los derechos y limitar al máximo las lesiones que el poder privado inflige a los derechos laborales individuales y colectivos amenazando la dignidad de la existencia social del trabajo. Es sin embargo necesario abordar este recurso al conflicto en el contexto de la estrategia sindical y de la práctica concreta de las relaciones de poder en la empresa y en los sectores de producción de bienes y de servicios en un contexto de crisis y de cambio de paradigmas productivos. En esas coordenadas, el encuadre jurídico de la huelga es también importante, y la búsqueda de la eficacia de la huelga como medida de presión, imprescindible. La huelga de limpiezas de Madrid puede posiblemente ayudar a abrir un debate sindical amplio sobre este medio de acción en los momentos presentes.