Ha sido un lugar común en el
discurso político referirse a la “derecha civilizada” como un concepto que
implicaba la aceptación por las fuerzas del privilegio económico y social de un
compromiso en torno a la democracia y a la participación ciudadana y la conclusión
de un pacto social con las clases subalternas. La aceptación de estos
estándares de comportamiento político no impedía el juego dentro de ellos para
modificar en su favor la correlación de fuerzas y por tanto garantizar el
mantenimiento de las asimétricas relaciones de poder económico, social,
cultural y político frente a las posiciones contrarias de nivelación de las
mismas.
Durante un largo tiempo esta
posición de partida era aceptada, al menos en el espacio de las economías
desarrolladas y dominantes del planeta. La implantación progresiva y hegemónica
de planteamientos políticos ligados a un neoliberalismo económico y social en
las democracias de los países centrales, que vino acompañada de la
desestructuración profunda del socialismo democrático en las mismas y su
liquidación práctica como proyecto alternativo de sociedad, no cambió sin
embargo formalmente este punto de partida, sino que reformuló a su favor los
términos de ese acuerdo: acentuación de la formalidad de la democracia
representativa, limitación o incapacitación del pluralismo político mediante
leyes electorales y reglamentos parlamentarios, manipulación de la opinión
pública mediante el control de los medios de comunicación, fortalecimiento de
la violencia del intercambio salarial a través de la progresiva
remercantilización de la relación de trabajo, privatización creciente de los
servicios públicos.
Con la crisis que comienza en el
2008 y su permanente realidad, se ha producido un salto cualitativo. El que
enfrenta directamente la hegemonía económica y política neoliberal y el acuerdo
democrático en el que ésta se encuadraba. Boaventura
dos Santos lo ha explicado con gran elegancia en el análisis del caso
brasileño (http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2014/11/15/brasil-la-gran-division/):
El neoliberalismo aprovecha la crisis y sus efectos desoladores para “reconstruir
El Dorado, más mítico que real, de la acumulación del siglo XIX”, declarando
solemnemente que no existe alternativa política al capitalismo neoliberal y, en
consecuencia, que no tiene sentido la aceptación del pacto democrático que
permitiría acoplar la administración de la realidad y el proyecto de sociedad a
visiones diferentes de la que sostiene el propósito liberal. Un retorno al
pasado en el que la lectura de las grandes obras naturalistas que describían la
explotación obrera y el trabajo infantil durante la industrialización - Rosso Malpelo de Verga, La
Taberna de Zola, o David
Copperfield de Dickens –
funcionan como afrodisíacos que excitan la imaginación de los funcionarios del
capital, proporcionándoles un escenario de desprecio ante el embrutecimiento y
la miseria de las clases trabajadoras ante
cuya eventual resistencia solo
cabe enarbolar el bastón y la represión policial de una parte, y la
manipulación de la opinión pública de otro.
Son muchas las señales que
muestran este cambio profundo, y en Europa el rastro de las mismas se debe
seguir a través de la suscripción del tratado de estabilidad, los memorándums
de entendimiento, y la anulación del sentido democrático en los países con
sobreendeudamiento. Pero es también especialmente llamativa la pérdida de
“civilidad” que este proceso ha provocado en las formas de expresión política
de los poderes económico-financieros dominantes.
Lo estamos experimentando en los
últimos encuentros electorales. En USA, ya lleva tiempo creciendo la ideología
para-fascista y antidemocrática del Tea Party, que se ha apropiado del
republicanismo democrático original. En los análisis sobre este tema, se pone
el acento en la debilidad del partido demócrata americano, sus compromisos con
poderosos lobbies económicos y la incoherencia de la política del
presidente Obama, pero se deja en la
sombra el crecimiento exponencial de una forma autoritaria y excluyente de
concebir la política y el gobierno en USA que parece acumular victoria tras victoria. No es sólo
un fenómeno del norte. Las elecciones presidenciales que han tenido lugar en
Brasil y que han culminado con la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, se han caracterizado
por un nivel de agresividad y de violencia verbal contra el PT y sus candidatos
inconcebibles en una democracia, y la derecha perdedora presiona en las calles
y en las instituciones que controla, fundamentalmente los medios de
comunicación, para imponer su visión autoritaria del proceso democrático,
llegando incluso a exigir un golpe de estado para acabar con la “dictadura” del
PT. No se trata por tanto del continuo cerco sobre el gobierno y la presidencia
de Venezuela al que ya estábamos acostumbrados, sino de la degradación del
propio intercambio democrático, mediante la consideración del poder político
como patrimonio privativo de quienes detentan el poder económico. En estas
posiciones se abre paso un odio de clase verdaderamente atronador, que se
expresa además en consideraciones xenófobas o abiertamente racistas.
Europa no está a salvo de esa
pérdida de civilización de la derecha. Con grandes problemas porque la
reducción de los márgenes democráticos en una buena parte de los países de la
UE está generando una resistencia no sólo social, sino política, con la
presencia de nuevos sujetos que agregan consensos importantes de la ciudadanía
en torno a sus programas alternativos. También, ciertamente, otras figuras
representativas están rompiendo, desde perspectivas diferentes y
renacionalizadoras, la construcción del sistema de partidos sobre el que se
basa la democracia representativa de los países europeos. Estos otros elementos
irrumpen con gran fuerza en países importantes como Francia o Inglaterra, y
presentan plataformas políticas de exclusión social y de persecución xenófoba.
En España hemos padecido este
ataque a la democracia por parte del partido gobernante en demasiadas ocasiones
aliado al partido de oposición. La construcción del proceso de reformas en
torno al fortalecimiento del dominio autoritario en los lugares de producción –
el ecocentro de trabajo, como le gusta llamarlo a López Bulla – expande la negación de la participación y del
conflicto al espacio de los servicios públicos, privatizando y
remercantilizando las necesidades sociales, y, consecuentemente, desemboca en
la progresiva restricción de libertades públicas mediante la incriminación penal
o la actuación policial. El procesamiento en masa de huelguistas, con condenas
graves incluidas, o la regulación inconcebible en términos democráticos de la “seguridad
ciudadana”, no son sino señales de este proceso. Que se continua en el plano
electoral, con la aprobación de leyes y procedimientos electorales que quieren
impedir la emergencia de posiciones contrarias o diferentes de aquellas que
mantienen el único proyecto político coherente con las intenciones del
capitalismo financiero dominante.
La situación requiere por tanto
nuevas reglas que disciplinen democráticamente a los sujetos representativos de
las distintas fuerzas en juego, de la (re)presentación de las clases y
fracciones de clase que se disputan la hegemonía en la administración del curso
de las cosas realmente importantes para los ciudadanos y ciudadanas de un país
determinado. Por eso cada vez más se determina el campo de lo constituyente
como un espacio de lucha en el que se debe articular un proyecto político que
posibilite una ampliación profunda de los mecanismos democráticos. Que no sólo –
ni fundamentalmente – se localizan en el terreno de la participación política o
las libertades ciudadanas, sino que afectan directamente a las relaciones de
poder en los lugares de producción y en la configuración progresiva de
instrumentos de emancipación en los mismos.
En los próximos meses habrá tiempo
para ir precisando estas cuestiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario