LIBERALISMO AUTORITARIO (NOTAS DE LECTURA III)

En la revista European Law Journal vol.21, nº 3, de mayo del 2015, se han publicado una serie de artículos en torno al texto de Herman Heller de 1933 que llevaba por título “Liberalismo autoritario” en el que criticaba la trayectoria del gobierno alemán en el año inmediatamente anterior a la instalación del nazismo y el final de la República de Weimar, con la intención de compulsarlo con la situación europea actual que está generando la gobernanza económica de la crisis, especialmente después de la negociación del tercer rescate de Grecia y las circunstancias que han rodeado éste. El debate contiene ante todo referencias útiles para una discusión sobre la naturaleza del liberalismo, pero también, como era la intención de los editores de ELJ, para suministrar pautas de análisis respecto de la gestión de la crisis llevada a cabo por el conglomerado político y financiero que gobierna realmente la Unión Europea. Lo haremos en este blog en dos entradas, para que no sea demasiada tediosa su lectura.

La relectura del artículo de Heller se inserta en una perspectiva que da relevancia a la historia y a la memoria constitucional europea que ha sido olvidada en las últimas décadas, y especialmente desde el comienzo de la crisis en la eurozona, cuando se enuncia que la gestión de la crisis requiere medidas “radicalmente innovadoras”. El problema que se plantea es el de que en qué forma estas “medidas”, el nuevo marco institucional que las encuadra y la propia consideración de los actores políticos y económicos sobre este proceso, están inmunizando el capitalismo liberal respecto de la política democrática o, si se quiere, en qué medida el “proyecto Europa” no estará deviniendo un proceso de destrucción de la democracia y de la legalidad. Esta cuestión plantea de nuevo la vieja relación entre capitalismo y democracia y provoca ciertas dudas respecto a la noción de liberalismo que se maneja comúnmente.

Es pertinente remontarse al último período de la República de Weimar y al artículo que Heller publica en 1933 – inmediatamente antes de su exilio, que finalmente le lleva a Madrid, donde morirá de un ataque al corazón al año siguiente – criticando la deriva política del Gobierno Von Papen (1932) que pretendía utilizar la crisis económica muy intensa que sufría Alemania para transformar la democracia de Weimar en un estado autoritario edificado sobre los pilares de la gran industria y las finanzas, lo ricos propietarios agrarios, el ejército y los altos cargos de la administración. En el artículo se hace una específica crítica a la teorización que Carl Schmitt realiza de esta propuesta política en una conferencia pronunciada ante la plana mayor de los empresarios de la industria pesada con un título bien expresivo: “Una economía sana en un Estado fuerte”, en donde se establecía un verdadero programa pro empresarial en materia social y económica. El gobierno alemán de la época había puesto en marcha mediante decretos de emergencia o de urgente necesidad, con el Parlamento retirado de la escena, estrictas medidas de austeridad que por un lado desmantelaban la política social y los subsidios de desempleo, a la vez que tendían a la supresión de los sindicatos y fuerzas políticas resistentes, consideradas como parasitarias del sistema que impedían la realización del crecimiento que generaba riqueza, con la consiguiente dosis represiva de las mismas. El Estado reconocía sin embargo necesarios límites a su intervención, cuando se pudieran ver afectadas las prerrogativas fundamentales de la propiedad privada. La crítica de Heller se dirige a ese verdadero y propio “estado de excepción” permanente, concebido como forma ordinaria de acción del Estado, en el que el rol de las reglas jurídicas democráticas y de las normas que encuadran el ejercicio del poder público resultaban “insignificantes” para éste.

Lo que este texto sugiere es una reflexión sobre la verdadera naturaleza del liberalismo y su actitud respecto a la democracia. De forma sintética, el Estado liberal es simultáneamente un Estado fuerte y débil. Débil en relación con el funcionamiento de la economía capitalista, fuerte en la obstaculización y eliminación de las interferencias democráticas en esa operación, lo que fortalece sus facultades represivas y capacidad normativa de restringir derechos ciudadanos. El mercado libre, en efecto, no es un estado de naturaleza, sino una categoría que debe ser políticamente construida, institucionalizada públicamente, y reforzada por el poder del Estado. La no interferencia (pública) con el mercado – un dogma liberal – se construye desde el Estado como política pública. Y este específico uso de una propuesta política – que es una construcción ideológica y política- tiene que ser defendido cultural e ideológicamente pero también mediante la actividad partidista y de gobierno para impedir o imposibilitar la utilización del espacio público en una dirección no-liberal, que subvierta o interfiera la centralidad del mercado.

El Estado liberal es fuerte en su función de protección del mercado  y de la economía frente a exigencias democráticas de redistribución de la riqueza o que interfieran sacando del mercado determinadas necesidades sociales, y es débil en su relación con el mercado en cuanto espacio designado para la búsqueda del beneficio autónomamente por el capital, que la política de gobierno debe proteger y si es necesario extender, sin entrar a definir este proceso económico (que se presenta como un actor autónomo, sin coerciones estatales ni de otro tipo). Esta bipolaridad del Estado liberal construye un estado autoritario en lo social y en lo político para garantizar el orden económico de la acumulación del capital. Más allá de la etapa histórica que señala Heller y la conexión de ésta con el “ordo-liberalismo” alemán de la posguerra de la segunda guerra mundial, lo importante es que no se puede concebir una economía de mercado independiente de la autoridad del Estado. La economía de mercado no es nunca independiente de la acción del gobierno y del poder público. Éste  procede a despolitizar el espacio de la producción mercantil y la capitalización financiera,  inmunizándolo respecto de las decisiones democráticas y de las garantías de los derechos ciudadanos, que por tanto no sólo se mantienen “fuera” de este ámbito, sino que se restringen en su eficacia general en la medida en que ello puede originar cambios o interferencias en ese espacio inmune a la democracia.

Por eso un liberalismo autoritario, que en definitiva es el modelo predominante en circulación, hereda la repugnancia de la dogmática alemana de los años 30 hacia la democracia pluralista, es decir la consideración del sistema democrático como un espacio de confluencia de diversos grupos sociales y de la clase obrera organizada que confluyen y confrontan en el espacio público para la realización (o transacción) de sus respectivos intereses. La democracia pluralista es un peligro para la “distorsión” del espacio inmune de la economía de mercado ante exigencias de justicia social o de derechos sociales que necesariamente colisionan con la eficiencia económica y reducen la base de la administración unilateral de las relaciones económicas y los derechos de propiedad. El liberalismo autoritario es la forma en la que se expresa hoy la ideología y la práctica neoliberal, y por consiguiente se trata de la práctica política extendida  en el pensamiento liberal tal como se presenta realmente, más allá  de su concreción en determinados partidos políticos.

El cambio que se produce en esta concepción de un estado autoritario para una economía de mercado libre tiene que ver en Europa con la creación de un marco institucional nuevo que interactúa con la clásica dimensión estatal-nacional. El liberalismo autoritario busca la neutralización de la democracia, es decir, pretende situar la economía de mercado fuera de las decisiones institucionales democráticas. El fortalecimiento de la represión ciudadana para lograr esta inmunidad democrática se ha relajado. Es más conveniente desplazar la política económica y las decisiones claves sobre ésta a un nivel “donde la democracia no la pueda seguir”, diseñando espacios institucionales que no admitan cuestionamiento ni contestación, a los que se les dé una capacidad de decidir que no dependa de la autoridad de la fuerza, sino de la autoridad de la teoría económica científica, una nueva legitimación no democrática que es clave para profundizar en el proceso de despolitización del capitalismo que en la Unión Europea ha encontrado un marco de actuación muy acabado.

Es además conveniente señalar que el proceso de despolitización de la economía de mercado busca asimismo deslegitimar los espacios organizados colectivamente que interfieren en la relación de poder que está en la base de una relación económica y que se quiere inmune a estas mediaciones. Cobra más relieve el esfuerzo cultural para resaltar el carácter contraproducente de estos elementos de pluralismo social que se insertan en una lógica económica que es reacia a la mediación o contratación de las decisiones que la sostienen. Un consenso de opinión al margen de la ideología y de la posición social sobre la dirección que debe seguir el proceso económico “liberado” de las intromisiones de la política y guiado por consideraciones avaladas por la ciencia económica es asimismo un elemento importante en ese aislamiento democrático.

La crítica a la gobernanza económica surgida en la euro-zona con especial virulencia a partir del 2010 se inscribe en este discurso sobre autoritarismo y liberalismo. Y establece una relación entre la “arquitectura institucional” de la gobernanza económica y la degradación democrática del Estado Social y del propio Estado de derecho en una perspectiva multinivel.

(Continua en un próximo post)