APROBAR LOS PGE PARA 2016 ES UN ACTO ANTIDEMOCRÁTICO

Vuelve la normalidad cotidiana y se acaba el tiempo de las vacaciones. El relativo apagón informativo que se tiene durante este período se termina asimismo y retornan los viejos problemas esta vez ante un proceso electoral casi permanente, primero en Catalunya y luego a nivel de todo el Estado. A continuación, una reflexión sobre los presupuestos generales y las nuevas mayorías que pueden conformar los próximos procesos electorales.

El significado de los presupuestos generales del Estado es el de  acompañar una línea política determinada surgida de las mayorías que se han expresado en las elecciones generales. Desde el inicio de la democracia, el control del presupuesto ha sido un elemento central en la definición de un Estado moderno, y la manera en la que se adecuaba técnicamente la posición política de las mayorías democráticamente elegidas. Por consiguiente los Presupuestos del Estado materializan, año tras año, los programas de gobierno del partido o de la coalición de partidos que han sido votados por la población. Están directamente relacionados con los procesos de formación de las mayorías políticas que conforman el sistema democrático liberal.

La situación actual rompe claramente con este planteamiento básico en los sistemas democráticos. El martes 25 y miércoles 26 de agosto se han sometido a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados los PGE, con la defensa de las enmiendas a la totalidad – y su consiguiente rechazo por el partido que detenta la mayoría parlamentaria  - y antes del 4 de septiembre tendrá que estar aprobado el informe de ponencia, que se elevará a la Comisión. Esta tendrá hasta el 11 de septiembre para aprobar el dictamen, que deberá volver al Pleno del Congreso ente los días 14 y el 16 de septiembre. Una vez aprobado pasara al Senado.

El problema principal no es este calendario que reduce de forma inmediata la capacidad del parlamento de discutir a fondo sobre las posibles opciones de gasto público y por consiguiente del sentido real de un programa de gobierno, sino el de que el Partido Popular quiere expresamente impedir que el resultado de las elecciones generales que deben convocarse para su realización a finales de este año 2015 puedan decidir nada sobre la acción del estado durante un año, en el que se adoptan las decisiones más significativas del cambio. Es decir, el partido del gobierno quiere impedir que el nuevo Parlamento que surja del proceso electoral de noviembre del 2015 pueda establecer las condiciones técnicas de materialización de su programa de acción durante todo un año. El gobierno de Rajoy enajena así la voluntad democrática del pueblo, la anula temporalmente para que no pueda ser eficaz. Una vez más demuestra su pulsión autoritaria.

Poco importa que en esa operación Rajoy cuente con el aval de las autoridades financieras y políticas de Europa, y que actualmente, como ha señalado Tusk, las preocupaciones del Consejo Europeo sean mucho más políticas que económicas, intentando por todos los medios que en el Consejo se sienten opciones contrarias a las políticas de austeridad para lo que es preciso blindar la situación en los territorios colonizados por las orientaciones antisociales de la Troika, como señaladamente lo es la provincia española gobernada por el PP. Lo que es denunciable claramente es el desprecio a la democracia que estos gobernantes mantienen, y que no sólo se ha manifestado en el caso griego y su castigo expreso a la insolencia democrática de consultar al pueblo, sino que en el supuesto español acompañan la operación antidemocrática de anular el principal instrumento a través del cual se expresa el cambio político en un país tras las elecciones.

No se puede por consiguiente juzgar estos Presupuestos desde los parámetros habituales de los años anteriores, cuando la mayoría parlamentaria del PP imponía su ideario – ya que no su programa electoral, que en noviembre del 2011 lo ocultó conscientemente en una operación de fraude electoral bien conocida – año a año y recorte a recorte. Hay análisis muy interesantes y exhaustivos sobre la orientación actual de los PGE actualmente en debate, que restringen la inversión pública y el gasto social real – salvo los incrementos naturales del gasto en pensiones por el envejecimiento poblacional – a la vez que reducen los impuestos a quienes más tienen, y leer algunas de las enmiendas a la totalidad presentadas por la Izquierda Plural, o, dentro del Mixto,  por Amaiur, ERC, BNG, Compromís, o algunas reflexiones interesantes de la del Grupo Socialista o del PNV, permite hacerse una idea de los defectos importantes de esta Ley de Presupuestos y sus omisiones sintomáticas. Pero esa crítica, con ser importante, no alcanza a objetar de raíz lo que la operación implica: un hecho clamorosamente antidemocrático que quiere impedir la capacidad de acción de las nuevas mayorías que se expresen en las elecciones generales.

En un Parlamento que aprueba, según hemos sabido, una ley semanalmente, sin debate público, como una máquina de registrar las decisiones ya tomadas por un gobierno legislador que, como en los tiempos de la Ley Orgánica del Estado del extinto Caudillo, dirige y gobierna la actividad legislativa y normativa del país, la aprobación de la Ley de los Presupuestos generales del Estado para el 2016 significa no solo despreciar el mecanismo electoral que expresa el sentir de la mayoría de los españoles, sino desconfiar directamente del mismo y traicionar su fundamento. Un acto antidemocrático de excepcional relevancia que debe ser recordado y, en la medida de lo posible, enmendado tras el resultado de las elecciones generales que vienen.