Se abre un nuevo ciclo para pactos de investidura y de gobierno. Mantiene - con razón - Joaquín Aparicio en el artículo que hoy le publica Nueva Tribuna que "el pacto del PSOE con Ciudadanos, en lo que al trabajo se
refiere, si se mantiene en sus términos actuales, no puede ser la base de
coaliciones más amplias, porque desvaloriza y despolitiza el trabajo". Para facilitar la lectura a los adeptos a este blog, se transcribe a continuación íntegro el texto del artículo.(En la foto, el profesor Aparicio junto con el titular de este blog, comentan animadamente las opciones que se abren en esta etapa en la Taberna Nikolài Gogol, cerca de la Plaza Mayor de Parapanda. La fotografía es del tabernero, Jesús Rentero, que siempre ha admirado a Andy Warhol).
Por un Gobierno
comprometido con el trabajo decente
Joaquín Aparicio
Catedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha
Pasada la primera fase de búsqueda de coaliciones parlamentarias para
formar Gobierno, se abre otra nueva. No parece aventurado sostener que estamos
inmersos en un alarmante deterioro de la democracia y por ello cualquier
acuerdo de gobierno debe tener como objetivo central acabar con él. Para ello,
parece evidente que no se puede contar con el Partido Popular que con sus
políticas ha sido y es un agente clave de ese deterioro. Ahora que llega la
Semana Santa el PP debería emprender un largo camino por el desierto ataviado
con jirones de un pobre saco por toda vestimenta, arrojándose ceniza por la
cabeza en señal de expiación. Aunque la arrogancia que le caracteriza es casi
seguro le impedirá hacerlo. Un partido, además, altamente sospechoso de dejarse
atrapar, para obtener financiación ilegal, en una red tejida por poderosos
corruptores a cambio del reparto de prebendas desde el poder que le otorga el
dominio de instituciones públicas. Presuntamente ha concurrido a las elecciones
como la atleta Marta Domínguez, militante suya, hacía en las competiciones:
recurriendo al doping y por ello ha sido privada de las medallas que tan
torticeramente obtuvo. Debería de haber un mecanismo para privar de sus escaños
a los partidos tramposos cuando han recurrido al doping de la financiación
irregular.
Pero la única o principal amalgama de la nueva coalición no puede ser
mandar al PP a la travesía del desierto. Tendrá que ser construida en positivo,
es decir, hay que ponerse a “desfacer enturertos”. Muchas son las tareas que
hay que emprender, pero podrían resumirse en la urgente necesidad de limitar
los grandes poderes económicos y sociales (en especial mediáticos) que una
ínfima élite detenta generando una enorme desigualdad y un vaciamiento del
Estado Social y Democrático de Derecho en que, según nuestra constitución, España
se constituye. De todas esas tareas hay una esencial, cual es la dar al trabajo
el valor social y político que tiene. El trabajo con derechos, resultado de la
azarosa y heroica lucha de generaciones que nos han precedido, ha sido el
resultado de la construcción de un Derecho del Trabajo que tiene como esencia
la búsqueda de un reequilibrio (aún imperfecto) de la posición social y
económicamente desequilibrada entre empresario y trabajador. Reconocer derechos
a la persona que trabaja ha sido el pasaporte hacia la ciudadanía para quienes,
teniendo que vender su trabajo, no eran sino súbditos en un mundo de sujetos de
derecho solo formalmente iguales pero realmente muy desiguales. La imposible
separación de la persona que trabaja del trabajo que por el contrato se obliga
a prestar al empresario hace que, en una sociedad que aspire a un mínimo de
decencia, el trabajo no pueda ser considerado una mercancía.
Por esta razón el pacto del PSOE con Ciudadanos, en lo que al trabajo se
refiere, si se mantiene en sus términos actuales, no puede ser la base de
coaliciones más amplias, porque desvaloriza y despolitiza el trabajo. Por poner
algún ejemplo, el “contrato estable y progresivo”, inspirado en el programa de
Ciudadanos, de dos años de duración
máxima, es una contradicción en los términos pues ¿cómo puede ser estable lo
que es temporal?. Se presenta como una gran novedad para superar la precariedad
pero su grave error de partida es que con ese contrato se abandona de modo
definitivo la causalidad en la contratación, según la cual para necesidades
permanentes de las empresas deberían hacerse contratos indefinidos. Ahora este
contrato será el modo de ingreso ordinario al trabajo, pero, además, ignora que
hay necesidades en sí mismas temporales, como las obras o servicios
determinados, las circunstancias eventuales por razón de la producción o las
situaciones de interinidad. La precariedad viene de la amplia facultad de
disposición del contrato de modo unilateral en manos del empresario, ya sea
indefinido o temporal. Amplia disponibilidad que muestra toda su potencia
lesiva en la enorme facilidad para despedir. La confusión entre precariedad y
temporalidad se produce cuando, como ocurre ahora, hay fraude masivo en la
utilización de las figuras contractuales temporales. En vez de perseguir el
fraude, lo que se hace con este “contrato estable y progresivo” es
legalizarlo. La precariedad tiene otra
gran fuente en la banalización de la causa para despedir. La Constitución, el
Convenio 158 OIT, la Carta Social Europea, la carta de Derechos Fundamentales
de la UE y el propio Estatuto de los Trabajadores exigen que para que el
despido sea lícito tiene que, además de cumplir con requisitos de forma y poder
ser revisado ante un tercero neutral (jueces en nuestro caso), responder a una
causa lícita. Reducir el problema del despido al montante de la indemnización
es degradar la exigencia de causa. La indemnización, en los casos de despidos
declarados contrarios a derecho, solo tiene sentido cuando no hay posibilidad
de readmisión del trabajador a su puesto, que sería lo coherente. En la práctica se está instalando una cultura
de despedir sin causa a cambio de una indemnización tasada y limitada, cada vez
más limitada, cuando, de acuerdo a buena técnica jurídica, esos casos deberían
ser declarados nulos con opción para el trabajador por la readmisión o la
indemnización. Si optase por la indemnización (por temor al futuro clima
laboral, por ejemplo), además de la indemnización tasada y limitada, podría
reclamar por todos los daños que la decisión injusta de despedir del empresario
le ha causado, daños que tendrían que ser demostrados.
Nada de todo esto se refleja en el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, sino
que, por el contrario, se insiste en la línea de tendencia de enfangar la
problemática del despido, que es donde se pone más descarnadamente de
manifiesto “la violencia del poder privado” (BAYLOS y PÉREZ REY), en un asunto
de indemnización. La regla de “toma el dinero (poco) y corre” es una clara
expresión de tratar al trabajo (por tanto al trabajador) como una mercancía,
una commodity para decirlo en la jerga de los economistas que inspiran en los
últimos tiempos las reformas laborales. Si hay una voluntad de “regeneración
democrática” un partido como Ciudadanos, que ha sacado 3.500.446 votos y 40
diputados, debería estar de acuerdo en ceder en sus posiciones en materia
social frente a partidos como PSOE, Podemos, IU, PNV (que no tiene en materia
social una ideología neoliberal) y Coalición Canaria que suman más de
12.000.000 de votos y 168 diputados. Para ello sería bueno que trajeran a su
mente que, nacida como respuesta a la terrible experiencia de la 1ª Guerra
Mundial, la OIT cumplirá su centenario en 2019. Sigue vigente lo que su
Constitución establece: “que la paz universal y permanente sólo puede basarse
en la justicia social”, y que “si cualquier nación no adoptare un régimen de
trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los
esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en
sus propios países. Por ello, el primer
principio fundamental sobre los que se basa es que “el trabajo no es una
mercancía”
(Y aqui se puede ver mejor a Rentero, Baylos y Aparicio comentando algunas frases lapidarias del artículo transcrito)
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