Ya está aquí agosto y el titular de este blog se muda a
orillas del mar, para escribir con más sosiego las entradas al mismo desde un
chiringuito playero. El tiempo de entrega de los “post” posiblemente se relaje,
como corresponde a los momentos de calor que caracteriza la estación estiva y el contenido de los mismos se haga más
frívolo, como los suplementos de los periódicos de esta temporada. Como muestra
de ello, ahí va un comentario ligero sobre la actualidad, o más precisamente
sobre las consignas que nos han repetido mil veces en estos días de julio.
En los últimos días, los medios de comunicación que realmente cuentan – la televisión
y los grandes medios empotrados en el poder económico – insisten de manera
reiterada en la necesidad de un gobierno estable. Que se requiera un gobierno
es razonable, dado que ese es el mecanismo normal que debe presidir el resultado
electoral, un gobierno que obtenga las mayorías parlamentarias suficientes a
las que se refiere, en los términos por todos conocidos, la Constitución y el
Reglamento de las Cortes. Que este gobierno sea estable es un deseo que puede
inducir a confusión, porque “estable” puede contraponerse a “provisional”, y en
ese sentido puede con razón exigirse que se acabe con una situación demasiado
larga en la que el llamado gobierno provisional no se somete a control
parlamentario, continua emanando normas que determinan y comprometen el modelo
regulativo en educación, en sanidad o en materia de protección social y frente
a lo cual no existe ningún instrumento de responsabilización política o
jurídica de estas actuaciones. Pero cuando se habla de un gobierno estable de
manera tan reiterativa no es en el sentido de lograr que el ejecutivo se someta
al control democrático y que no siga desarrollando un proyecto político para el
que no cuenta con las mayorías suficientes. Se habla de un gobierno estable con
sólidas mayorías que dure los cuatro años de esta legislatura y no se vea
afectado por la fragmentación política que han generado las dos últimas
elecciones. Se trata de una recomposición política que atraviesa
horizontalmente el bipartidismo con el añadido de C’s como fuerza dinamizadora
y “mediadora” de PP y PSOE.
Es en este sentido en el que entra en juego la otra expresión, la de los “partidos
constitucionalistas”. Se detecta en estos una cierta identidad que se resume en
una defensa de la Constitución, de la que sin embargo solo se rescata su
artículo 2º, la “indisoluble unidad de la Nación Española”, a la que se añade
la “innegable vocación europeísta” y, tercer elemento definitorio, el
compromiso con una política antiterrorista. Los partidos que reciben por tanto
ese calificativo son los que encarnan el bipartidismo clásico español – PP y
PSOE – y el nuevo y emergente partido Ciudadanos, básicamente los mismos que
deben garantizar un gobierno estable. Esa identidad es la que debe producir un
gran acuerdo con todas las variantes que se han ido esbozando tanto por Rivera, que es uno de los líderes
políticos que más énfasis ha puesto en esta adjetivación partidaria, como por
el PP – en lo que un diario bien informado al respecto llama “el guión del
equipo de Rajoy”, como por las
denominadas “personalidades históricas” del PSOE.
Trazando esa línea entre “constitucionalistas” y quienes no lo son, quedan
fuera, por definición, los que objetan la “indisoluble unidad” de la Nación
española desde posiciones autonomistas o soberanistas, ante todo los partidos
nacionalistas de las tres grandes nacionalidades históricas – Catalunya, Pais
Vasco y Galicia – pero también de modo muy específico las mareas y confluencias
que se han ido desarrollando sobre la reivindicación de la autonomía y del
derecho a decidir en estos territorios que consideran España como una realidad
plurinacional. La primera consecuencia de ello es obvia, no son “constitucionalistas”,
es decir, no deben ser consideradas “conforme a la constitución” las fuerzas
políticas que cuestionen la estructuración territorial del Estado y la lógica
del mismo, sea desde perspectivas federalistas o soberanistas. El discurso
oficial, machaconamente repetido, los quiere colocar “fuera” del ordenamiento, “fuera
de la ley”, lo que no sólo es incorrecto técnica y políticamente – la democracia
ampara la idea de reforma y de transformación de la democracia – sino que
además parece excluir a estas fuerzas del ámbito del europeísmo y del pacto
anti-terrorista, lo que es una forma de decir que están en contra de Europa y
no cooperan en la lucha anti-yihadista. Pero el objetivo central de esta
expresión es la coalición electoral Unidos Podemos, en su doble compresión, IU
y Podemos. Es de estas formaciones de las que se quiere señalar que están fuera
de la constitución, que no la “defienden” – la “defensa de la Constitución” es
el título de la obra de Carl Schmitt y confiemos en que no sea este el sentido
de la expresión que se emplea – y que, desde luego, no tienen “talante
europeísta” ni apoyan el pacto anti-yihadista. La crítica a la Europa de la
austeridad se identifica con un ataque a la “idea de Europa” y su concreción
monetaria, el euro, y las críticas a la restricción indefinida de libertades
que lleva consigo el pacto anti – yihadista se confunde con la negativa a
colaborar en la persecución y represión del terrorismo.
Y este es el modelo, en el fondo, pero el que conocimos de manera tan
terrible en España a través de las acciones criminales de ETA. Se importa en el
discurso político los mismos elementos que se dieron en el Pais Vasco para
aislar a Herri Batasuna como fuerza política independentista que no condenaba
la violencia terrorista de ETA. Entonces se hablaba de los demócratas frente a
los violentos, y esa exclusión permitió no sólo un proceso de aislamiento
político sino de emanación legislativa de acoso que llevó a la ilegalización de
las mismas. En el presente caso la línea divisoria entre quienes se autodefinen
como constitucionalistas y quienes no gozan de tal condición – Unidos Podemos –
no puede llegar a cursar con la violencia con la que se desarrolló en su
antecedente, pero si quiere compartir un objetivo semejante, el aislamiento
político de las candidaturas de UP y de las confluencias; la formación por
tanto de un bloque “constitucionalista” que anule y haga ineficaz la potencia
reformista y de cambio que estas fuerzas políticas están representando. De esta
manera, solo un año después de que el PP estuviera acorralado y plenamente
aislado frente a todas las fuerzas políticas, amenazado por importantes
encausamientos penales respecto de un buen número de sus dirigentes por casos
de corrupción, y acosado socialmente mediante una deslegitimación muy amplia de
sus políticas laborales y sociales, ahora pretende recuperar la iniciativa
política a partir de un espacio de coincidencias muy amplio con C’s y el PSOE,
en el que están profundamente interesadas las más influyentes fuerzas
económicas del país. Y parece que
enfrente no hay nadie con fuerza para torcer ese diseño.
Romper este aislamiento inducido es importante, no sólo poniendo de
manifiesto que la expresión “constitucionalista” es profundamente incorrecta,
porque la constitución no se cierra en el artículo 2º - en relación con el art.
8 de la misma – sino que la cuestión crucial en ella es el sistema de derechos
y de libertades, en cuya defensa de las vertientes colectivas e individuales,
sociales y civiles, tanto IU como Podemos y las confluencias se han distinguido
especialmente, junto con los sindicatos y otros movimientos y plataformas
sociales. Son sin duda mucho más
constitucionalistas estos diputados que los que integran el grupo popular. Hay
en ese sentido un cierto espacio que compartir sobre la regeneración
democrática, reformas de la ley electoral y del procedimiento legislativo y
parlamentario, regulación de instrumentos participativos populares,
reformulación de elementos centrales en las relaciones laborales, en la
Seguridad Social y en el sistema de salud, junto con aspectos decisivos de la
enseñanza y de la justicia. Explorar a la izquierda un gobierno sobre la base
de un catálogo de reformas que se de un plazo razonable de un año y medio para
efectuarlas y a continuación volver a convocar elecciones puede ser una salida
perfectamente plausible todavía.
Mantener al PP con Rajoy o sin él al frente, que tan solo admite
compromisos con las otras fuerzas políticas “constitucionalistas” sobre la base
de las coincidencias con su programa – que parece que se han cuantificado en
125 puntos comunes, como informa el periódico más allegado a la Vicepresidencia
del Gobierno – no garantiza la estabilidad en este país. Al contrario, supone
el impulso de las pulsiones hacia la desigualdad y la desprotección social, la
impunidad de las grandes corrupciones de Estado, la progresiva consolidación de
un horizonte laboral anclado en un amplio desempleo y en el empleo precario, el
recorte de las libertades y la confrontación abierta con las fuerzas
nacionalistas ante la incapacidad de encontrar una propuesta federal avanzada
que permitiera recomponer la situación en la que nos encontramos.
A eso se están refiriendo cuando nos dicen que tenemos que apoyar un
gobierno estable entre las fuerzas constitucionalistas. Y por eso mismo deberíamos
trabajar intensamente para impedir que se lleve a cabo. Con todas nuestras
fuerzas. Hay mucho en juego.
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