Mientras se consuma el procedimiento para que el PP con Mariano Rajoy vuelva a gobernar el Estado
español merced a la abstención, con significativas resistencias internas, del
PSOE, se inician procesos de movilización que son el síntoma de que la
situación política, social y económica genera disensos fundamentales en una amplia
parte de la población.
La huelga en la enseñanza no universitaria de ayer, 26 de octubre, y las
impresionantes manifestaciones celebradas en todo el país – en la foto, tomada
por Alfonso Roldán, se ve la de
Madrid por la tarde – han visibilizado
el malestar existente entre estudiantes, APAS, profesores y sindicatos no sólo
ante la LOMCE y los recortes que devienen permanentes en la enseñanza pública,
con falta de plantillas y reposición mínima de vacantes y bajas, sino con la
inseguridad plena en la que se mueven los sujetos interesados en este espacio,
tras la desaparición de la selectividad – un objetivo estratégico de la derecha
ideológica de este país para comenzar a consolidar importantes dosis de
desigualdad en el acceso a la universidad – y la imposición de unas reválidas
que no sólo no garantizan el derecho a la educación de los jóvenes, sino que
imponen barreras en su acceso, con importantes efectos de exclusión fundamentalmente
basada en la situación de clase y la carencia de capital cultural de amplios
grupos de población. El caso es que no se ha previsto ningún período transitorio
y todavía no hay reglas claras para abordar esta nueva situación legislativa.
Eso explica el extraordinario seguimiento de la acción de ayer, 26 de
octubre, y que las calles de tantas ciudades españolas se abarrotaran de una
renacida marea verde que presiona para la modificación de la Ley y la
consideración de la enseñanza como un servicio público que debe ser atendido,
cuidado y promovido de manera diligente por el Estado y las Comunidades
Autónomas, y no sometido al torbellino de las restricciones y del recorte de
gastos en el que lleva inmerso desde el comienzo de la crisis, a lo que se unen
años anteriores de carencia de inversiones y de promoción de profesorado. La
devastación de la enseñanza, la inserción en los esquemas de desarrollo de la
formación académica de barreras segregacionistas de clase, la ominosa presencia
cada vez mayor de los sectores privados y la ideologización religiosa
(católica) en detrimento de los centros públicos y la calidad de la enseñanza,
están configurando un cuadro extraordinariamente negativo en un sector
fundamental para el país. Frente a lo que sucede en el sector de la enseñanza
universitaria, donde al silencio y la complacencia voluntaria de los organismos
institucionales – en especial la Conferencia de Rectores- se une una cierta
desmovilización de los agentes involucrados – estudiantes, profesores y PAS –
en Medias y Bachillerato se ha construido un movimiento fuerte que articula en
torno a las Mareas una contestación general a la vez que enarbola un proyecto
claro de recuperación de una “Escuela Pública de tod@s y para tod@s”, lo que
desborda por consiguiente los cauces institucionales clásicos compuestos tanto
por los Consejos Escolares como, informalmente, por las negociaciones entre el
Ministerio y los sindicatos, que necesariamente se ven condicionados por esta
fuerte presión social.
Lo que es importante resaltar es que la acción colectiva y las enormes
manifestaciones de ayer revelan un estado de insatisfacción que va a tener
continuación a través de otras zonas de conflictividad abierta en diferentes
espacios, el político- veremos cómo resulta la convocatoria del sábado próximo,
29 de octubre, frente al Congreso, para expresar el rechazo al golpe
oligárquico que ha entronizado a Rajoy de
nuevo al frente del gobierno – el social – que se reactivará previsiblemente en
la medida en que, como parece, se pretenda la regulación del sistema de
pensiones a la baja - , y, naturalmente, el laboral. En estos dos ámbitos, el
sindicato, como explicaba recientemente en su blog Unai Sordo, constituye la referencia organizativa más estable de
todas las formaciones sociales presentes en el panorama español. Y debe asumir
en el tiempo inmediato un mayor protagonismo en la conducción de un proceso de
contestación, liderando las alternativas de que dispone para la regulación
general del marco normativo en aspectos centrales tanto relacionados con la
preservación de elementos centrales del Estado Social – lo que supondrá de
nuevo confrontaciones con la reedición de las políticas de austeridad de la
gobernanza económica europea por el nuevo/viejo gobierno – como en la tutela
directa de unas condiciones de empleo y de trabajo cada día más degradadas por
la extensión inmensa del trabajo precario y del trabajo no declarado en el que
se imponen condiciones de indignidad marcadas por la necesidad.
En líneas generales, durante todo el último año, los sindicatos y los
movimientos sociales se han visto como congelados en sus pautas de acción por
un cierto attentisme , una actitud de
prudente espera ante las evoluciones de los acuerdos y pactos para poder
desalojar del gobierno al PP y forjar una mayoría de progreso. Este período ha
terminado, y de la peor de las maneras posibles, lo que no es precisamente una
garantía de una inmediata reacción social que en un breve plazo de tiempo recupere
los niveles de contestación que se alcanzaron entre el 2011 y el 2014, o, en lo
que se refiere al sindicato, en 2012 y 2013.
Es cierto que la UGT ha cambiado de dirección que posiblemente refuerce su
autonomía respecto del PSOE y que CCOO se encuentra en un período
pre-congresual en el que fundamentalmente se ha volcado dentro de su historia –
reivindicando su memoria – y de la organización y sentido de su acción colectiva,
en un amplio proceso de “repensar” el sindicato. Pero ambas organizaciones
deben ser conscientes de que se abre a partir de la semana que viene un momento
especialmente exigente en el que sectores de la ciudadanía cada vez más
castigados por las consecuencias de la crisis tenderán a exasperar su
situación, se multiplicarán conflictos locales y de sector no tradicionales, y
habrá una fuerte presión desde el ámbito de lo político hacia movilizaciones
populares en las calles. En ese contexto, el sindicalismo español debe
posicionarse con decisión y fuerza, sin dar la impresión que a veces se ha
producido de una cierta automarginación de esos procesos, de un extrañamiento
producido por el encierro del sindicato en una franja de la normalidad
productiva ajena a los fenómenos preocupantes de desestabilización de los
derechos mediante la precariedad o el trabajo sin derechos, no declarado ni
controlado – legal o sindicalmente- que caracterizan a amplios colectivos de la población trabajadora de nuestro país.
De nuevo todo comienza otra vez, y es conveniente estar preparado para
seguir este nuevo renacimiento del disenso organizado colectivamente y vigilar
la dirección que puede ir tomando en esta segunda versión las movilizaciones
sociales y los sujetos que las alientan y dirigen.
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