Ha terminado el largo Puente constitucional y religioso
que ha recorrido el inicio del mes de diciembre y que ha sometido a una cierta
inercia a los trabajos y los días, en especial en este blog. Se abre ahora una
semana que frente a la atonía de la anterior, promete acontecimientos importantes.
No referidos, claro está, al ronroneo de la política de personajes que pueblan
las páginas de los periódicos du régime
y también los digitales, sino a las opciones importantes que quieren discutir
el estado de las cosas y sacudirlo para que cambie.
La cuestión es conocida, los sindicatos confederales, CCOO y UGT han
convocado movilizaciones para el 15 de diciembre en todo el país, a lo que se
une una gran manifestación en Madrid el día 18 de diciembre. El origen de la
misma se encuentra en la reunión que los secretarios generales de ambas
centrales sindicales mantuvieron con el recién investido (de nuevo) presidente
de gobierno, en donde éste propuso la apertura de un ciclo de diálogo social
pero con enormes condicionantes, la más importante de todas ellas, la
intangibilidad de la reforma laboral del 2012. Sobre el catálogo de temas
posibles de negociación se encontraba el salario mínimo, que el gobierno ha
sacado unilateralmente del mismo al llegar a un acuerdo bilateral con el PSOE,
y el tema de las pensiones, que también entrará en juego con el debate sobre
los Presupuestos.
La situación es muy líquida en el plano de la política institucional,
porque el aislamiento de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, en
especial el más complejo de Catalunya, no impide que se desaten ciertas
contradicciones en lo que se pretende que sea el bloque de la gobernanza
económica, articulado en torno a PP, Ciudadanos y PSOE. Como hemos visto, el PP
y el gobierno privilegia dentro de este bloque el renacer del bipartidismo con
el PSOE pretendiendo formar una base de acuerdo en los temas fundamentales que
determina la Unión Europea y que actualmente se concretan en la negociación de
los presupuestos. Este movimiento desplaza
a una posición subsidiaria a C’s, pero no parece que ello tenga un coste
especial para el gobierno, dado que en principio esta era la opción de
“concentración” que el partido emergente de centro derecha defendía. Pero lo
que si hace es prolongar la crisis en el PSOE, cuya militancia y una parte de
su dirección no sólo está todavía afectada por la destitución del secretario
general, sino que no acepta desempeñar el rol de sostenedor del gobierno y de
sus políticas sociales y económicas, por lo que les es precisa un esfuerzo de
diferenciación, creando en el plano de la opinión pública un cierto espacio de
reivindicación que se solape con las posiciones de la izquierda política y
sindical. Esa ambivalencia socialista debería ser aprovechada por Unidos
Podemos, planteando plataformas comunes que obliguen al gobierno a
revocar las decisiones del Parlamento, como tiene por costumbre, y por
consiguiente a impulsar un proceso de enfrentamiento con el mismo en el que se
le desgaje al menos puntualmente del bloque de consensos que ha ido tejiendo con el decisivo apoyo,
claro está, de los medios de opinión y la aprobación de los poderes económicos.
En ello resultará decisivo aprovechar la ambivalencia en la que se debe mover
el PSOE, atrayéndolo a un espacio de convergencia que fuerce la reacción del
ejecutivo.
En este panorama político, el movimiento sindical debe y quiere tener
protagonismo. La modificación de aspectos importantes de la reforma laboral es
un aspecto irrenunciable, y hay materias, como la de la contratación temporal,
que requiere necesariamente una nueva regulación, por obra de la intervención
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante la cual los trabajos de la
llamada Comisión de Expertos no parece que estén logrando una posición
concluyente. Pero hay también iniciativas importantes, como el documento FIDE
dirigido por Maria Emilia Casas, que
ha surgido de espacios sociales y económicos relevantes y “transversales” de
abogados, juristas y magistrados de diferentes sensibilidades, que proponen
cambios importantes en el conjunto normativo laboral, y que sin duda deberán
ser objeto de debate en el marco de este proceso de (re) regulación del sistema
de relaciones de trabajo.
En el mismo sentido, el tema del salario mínimo, que ha obtenido relevancia
política al abordarse en el Parlamento con gran solvencia por el grupo Unidos
Podemos recogiendo la reivindicación sindical de los 800 euros, se ha subsumido
en el acuerdo PP-PSOE en una cantidad muy inferior que sin embargo ha sido
presentada por la prensa empotrada en el poder económico como “la mayor subida
en los últimos veinte años” y por consiguiente como un hecho excepcional y
meritorio. Pero la reivindicación de la lucha contra la pobreza salarial, que
es una constante en el discurso sindical, no puede terminarse con este dato,
sino que tiene que prolongarse en el análisis de la vulnerabilidad laboral, la
exclusión social y las medidas que se requieren para imponer garantías sociales
ineludibles que eviten estas situaciones de precariedad vital y de pobreza
laboral.
Un debate importante que también está abierto a la convergencia de las
fuerzas de centro izquierda y la izquierda es el de las pensiones. Dando por
descontado la quiebra de los sistemas de capitalización privados, hay que
evitar la asistencialización de las prestaciones de Seguridad social sobre la
base de la persistencia de una amplia bolsa de desempleados, la devaluación
salarial y las necias políticas del gobierno de subvenciones y de exenciones de
cotizaciones sociales que han cegado la vía de ingresos del sistema. Este es otro
de los elementos básicos de un programa de acción en el futuro inmediato.
Por todo ello, la presencia en asambleas y debates del sindicalismo
representativo de este país, haciendo valer su representatividad real entre los
asalariados y asalariadas del Estado, es importante. Es una convocatoria que
pretende “engrasar” el diálogo social, se ha dicho, pero sin duda va más allá
del binomio movilización – negociación que es tan conocido. Se trata de afirmar
la subjetividad colectiva que representa al trabajo como un actor también
político que interviene en el conjunto de los procesos sociales que se están
desarrollando dentro y fuera de las instituciones políticas, y que actúa,
siguiendo sus métodos tradicionales de acción, presionando para el cambio,
comenzando de nuevo el camino que conduce a la reformulación en positivo de
nuevas determinaciones normativas y de prácticas sociales adecuadas en una
línea de consolidación de derechos individuales y colectivos que están
manifiestamente amenazados o erosionados.
La participación en las movilizaciones del 15 de diciembre es por
consiguiente fundamental. Como lo es acudir a la manifestación en Madrid el 18
de enero. Allí nos encontraremos.
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