UN CIERTO MALESTAR: EL PROBLEMA CATALAN

La revista gallega Luzes prepara para el número de octubre un monográfico sobre “El laberinto catalán”. A través de un buen amigo que sugirió mi nombre, han tenido la amabilidad de solicitarme un texto en el que reflexionara de manera genérica sobre tres preguntas a propósito de cómo se ha desarrollado este tema hasta la actualidad, si su continuación puede originar fenómenos de regresión democrática y si cabría alguna solución dentro del marco constitucional al respecto. Este es el resultado.

I

Es un tema molesto, que genera a muchos de los que vivimos fuera de Catalunya un cierto desasosiego, que no comprenden los amigos y amigas que viven allí todos los días urgidos por las noticias y los sucesos que conforman lo que aquí llamamos “el problema catalán”. No basta con explicarles que la cuestión no radica en que “en el centro” no tengamos una información verosímil de lo que está sucediendo, porque nosotros también nos reímos de que televisión, radio y periódicos ofrezcan noticias y valoraciones de expertos formadores de opinión en las que continuamente se advierte sobre los peligros que acechan a la unidad de la patria y las provocaciones del independentismo frente a las que se requiere una compacta respuesta de los partidos que conforman el “bloque constitucional”. Ni tampoco porque no comprendamos que el problema de la identidad nacional se expresa con absoluta urgencia en una cierta graduación desde el independentismo y soberanismo hasta el federalismo, en una amplia mayoría de catalanes que lo consideran un elemento decisivo en la determinación de su inmediato futuro, que exige un cambio político en esa dirección.

Se trata más bien de la sensación de contemplar impotentes una estructura circular cerrada, en la que se están afrontando posiciones políticas de imposible realización presentadas por el contrario como inamovibles por las partes en liza, y en donde los planteamientos de transformación social que caracterizan a las posiciones de izquierda y progresistas resultan permanentemente bloqueadas y hostigadas. Tiene una gran virtualidad rupturista pero bloquea el desarrollo de otros procesos emancipatorios en el resto del Estado. Esa es la base del malestar con el que tantas personas contemplamos las vicisitudes del proceso de “desconexión” que se está planteando en Catalunya.

II

El impulso soberanista catalán se inscribe en el contexto de los procesos destituyentes que tuvieron lugar entre 2014 y 2015 en España y que se centraron en el cuestionamiento no sólo de las medidas concretas en las que se había encarnado la política de austeridad y la construcción autoritaria de la salida a la crisis, sino en la impugnación de aspectos esenciales del marco constitucional exigiendo un cambio político profundo que alcanzaba la forma y la estructuración del estado, pero también la opacidad de la política y la degradación de las condiciones de vida y de trabajo. La reivindicación del derecho a decidir sobre la integración de la nación catalana en el conjunto del estado español o como estado independiente implicaba afirmar no sólo el carácter plurinacional que se quería rescatar de la visión de España como “nación de naciones”, sino asimismo la pluralidad existente en la sociedad catalana que se proyectaba así sobre la “vieja” y la “nueva” política, constituyendo un punto de partida mayoritariamente aceptado por motivos sin embargo muy diferentes por los distintos sujetos políticos y sociales más relevantes en Catalunya.

El resultado electoral a nivel del Estado que se produjo en diciembre del 2015, mostraba una correlación de fuerzas muy inestable, pero con una presencia hasta el momento desconocida de las fuerzas partidarias de un cambio político profundo. Como se sabe, el desarrollo de ese período parlamentario no tuvo la solución que debería haber obtenido y la repetición de las elecciones en junio del 2016 desembocó en la peor de las fórmulas posibles, con la continuación del gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, que era plenamente inidóneo para enfocar, entre otros muchos temas, el problema catalán. Que a su vez iba conformando un polo independentista de manera irregular e inconstante, desde la declarada innecesariedad del referéndum al comienzo y las elecciones “plebiscitarias” después, que no lograron su objetivo, hasta la recuperación del referéndum posteriormente, con el compromiso de la desconexión del Estado español y la creación de una república catalana, acompañado de una reformulación de las identidades políticas de la antigua Convergencia y la explosión de fenómenos de corrupción asociados a esa “marca política” a través del fundador de la misma que se acumulaban al panorama general que asediaba al PP desde las diferentes operaciones judiciales que estaban en marcha.

Se ha ido produciendo a partir de ahí un proceso de apropiación del derecho a decidir como opción política que compartían amplias capas de la población catalana por parte de los grupos que conforman la mayoría parlamentaria del parlamento catalán, de manera que se ha presentado el referéndum convocado para el 1 de octubre como la expresión única de este derecho de autodeterminación. La pluralidad de opciones políticas soberanistas o federalistas que reivindicaron ese derecho a decidir han sido excluidas de este proceso, mientras que enfrente se fortalece un polo – dentro y fuera de Catalunya – que niega el referéndum y su virtualidad dirimente y que utiliza el mecanismo de apropiación empleado por el independentismo catalán para rechazarlo de plano. En ese proceso de condensación, las posiciones alternativas que reclaman que todas las opciones políticas se sientan llamadas a participar y que objetan que el referéndum convocado carece de garantías suficientes para poder ser aceptado tanto desde el punto de vista político como desde el reconocimiento internacional, son hostigadas por parte del independentismo como “traición” a la identidad nacional  - subrayando las coincidencias entre la izquierda y la derecha españolista – y por parte del otro polo conservador por su “ambivalencia cómplice”, en una convergencia que tiene en el Ayuntamiento de Barcelona su objetivo principal.

La operación de desconexión plantea problemas jurídicos muy importantes, que en el estado actual de las cosas sólo admite una resolución negativa por parte del Estado español con el aval del Tribunal Constitucional cuya ley ordenadora se ha reformado de manera expresa para poder dirigir y controlar estos movimientos. El gobierno de España desplaza al Tribunal Constitucional la responsabilidad en la toma de decisiones sobre este asunto, que por otra parte, al gozar de toda la atención mediática, impide que la opinión pública conozca la deriva cada vez más recentralizadora de este órgano en sus últimas decisiones sobre aspectos importantes de la asistencia sanitaria o del gasto farmacéutico, por ejemplo.  En cuanto a la producción jurídica de la Generalitat, la ley de convocatoria del referéndum, que no requiere un quorum de participación para considerar vinculante el resultado, y la ley denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, que la mayoría parlamentaria catalana ha impedido que se admitieran y debatieran enmiendas a la misma y cuya entrada en vigor se pospone a una publicación sin fecha cierta, son textos de eficacia jurídica incierta y de validez remota para el ámbito de aplicación al que van destinadas. A su vez, sin que exista una negociación sobre las materias competencias del Estado, es ilusorio afirmar una transición ordenada de prestaciones sociales y de impuestos desde el Estado español, y la relación con la Unión europea como futuro estado miembro es algo inconcebible sin que previamente se haya iniciado un proceso de organización de la posible secesión de Catalunya del Estado español.

Además, para un iuslaboralista, el problema de la independencia requiere considerar aspectos que normalmente no se mencionan en el debate político actual. Uno de ellos se refiere a la posición que Catalunya puede ocupar en el proceso avanzado de globalización, puesto que cada vez más los procesos globales pueden prescindir de la jerarquía de los estados-nación y articularse directamente con cierto tipo de territorios y de actores locales, lo que es especialmente cierto respecto de las ciudades globales, donde la economía global es organizada, gestionada y financiada. La reflexión sobre el soberanismo y sus consecuencias en orden a la conexión o desconexión del territorio de Catalunya respecto del resto del Estado español tiene que tener en cuenta esta relación con el sistema económico global y en qué medida la opción elegida es más funcional a la inserción en éste, lo que converge con la discusión sobre la incorporación a Europa y a la zona euro, pero lo trasciende y afecta fundamentalmente a los agentes económicos e instituciones financieras que contemplan el proceso en curso.

El segundo tema es el de la contigüidad histórica y material de las clases trabajadoras catalanas con las del resto del Estado español. Las figuras sociales a través de las cuales éstas se organizan son compartidas con el resto de España, en una perspectiva confederal que resulta muy interesante tener en cuenta en orden a comprender que una parte significativamente decisiva de la sociedad catalana no se expresa de manera diferente en los diversos territorios del Estado y que por tanto no pueden concebir una estructuración administrativa y política que escinda de manera definitiva los vínculos de nacionalidad entre Catalunya y España. El hecho de que los sindicatos más representativos, la Comisión Obrera Nacional de Catalunya y UGT – Catalunya, reivindicaran el derecho a decidir en el 2016 y en el momento presente hayan rechazado el referéndum del 1-0, revela los límites de este proceso de apropiación de una perspectiva plurinacional del Estado español por parte del independentismo catalán desde el punto de vista de los sectores organizados de las clases trabajadoras.

III

Todos los casos que se conocen de ejemplos democráticos de reivindicaciones de autodeterminación de territorios de un estado, como Quebec respecto de Canadá o Escocia respecto del Reino Unido, han sido precedidos de una negociación amplia y exhaustiva tanto sobre las condiciones del referéndum como, fundamentalmente, sobre los elementos transicionales que se pueden desarrollar si la consulta diera un resultado favorable a la separación del Estado al que antes pertenecía. Esta es asimismo la condición previa que requiere el reconocimiento internacional de estas consultas populares, además del envío de los correspondientes observadores de la imparcialidad del acto electoral. Estos presupuestos faltan en España, y el gobierno del PP no está dispuesto a entablar un diálogo que le sitúe más allá de los márgenes de autogobierno que establece el actual Estatuto de Autonomía, interpretados de la forma restrictiva que establece el Tribunal Constitucional. El gobierno sabe además que el manejo inteligente de este enfrentamiento institucional con la Generalitat refuerza las posiciones españolistas mayoritarias en el resto del Estado que el PP hegemoniza, por lo que no está tampoco interesado en abrir ninguna vía al diálogo, que no le reporta nada en términos de consolidar su base social. Desde el independentismo catalán, se está alentando un proceso que se da por seguro cuando es evidente que su realización es más que problemática y puede poner en riesgo a funcionarios y empleados públicos cuya participación en el referéndum no puede ser sino a título voluntario y no en función de su relación de empleo. Un creciente número de ciudadanos y ciudadanas catalanas han anunciado públicamente que no irán a votar en el referéndum del 1-0, y esa desafección voluntaria puede multiplicarse ante las dificultades evidentes para abrir las sedes electorales y custodiar las urnas.

Casi de común acuerdo, todos los actores políticos están pendientes de lo que vaya a suceder después del 1-0, perdiendo interés por lo que arroje un referéndum que todos dan por amortizado. Y mientras que para el gobierno del PP el resultado será en todo caso un triunfo de la legalidad nacional y de la posición de firmeza y autoridad sostenida, para la Generalitat marcará la convocatoria forzosa de unas elecciones en las que es muy posible que se produzca una polarización del voto en las listas de Esquerra Republicana, desplazando la hegemonía que en el nacionalismo catalán tenía CiU con el PdeCat como heredero forzoso, de una parte y de otra, en paralelo, un fortalecimiento de Ciudadanos como la lista no independentista más clara y radical, sin que haya un papel muy preponderante para las opciones socialistas o de Catalunya en Común aplazando por tanto la apertura de un proceso de discusión colectiva, política y social, sobre esta problemática.

La cuestión más complicada es que en ese momento la izquierda progresista carece de un proyecto al respecto que tenga influencia decisiva en la sociedad catalana ni en la española, más allá de sostener principios muy fuertemente anclados en valores de respeto democrático y de la pluralidad ideológica que la caracteriza. Tampoco a nivel del Estado tras el 1-0 se prevén cambios significativos en el horizonte político, sin que el previsible incremento de la conflictividad salarial en torno a la negociación colectiva, y la continuidad de las luchas contra la privatización y la precariedad, junto con la reivindicación de los servicios públicos en especial sanidad y educación, vaya más allá de esta dimensión socio-política en la que se despliegan y  pueda ser un detonante de un rumbo diferente que construya alianzas políticas capaces de alterar el equilibrio actual de poderes.

Ese estancamiento de la situación política, unida a la frustración de sectores del independentismo que han sido convencidos de la irreversibilidad de las decisiones adoptadas por su gobierno en torno a un nuevo estado catalán organizado en forma de república, contribuye al enrarecimiento evidente del clima de convivencia civil en Catalunya a partir de estos últimos acontecimientos y plantea serios interrogantes respecto a la solución democrática del mismo. La Constitución española tampoco ayuda a encontrar una salida, clausurada ante un esquema de organización territorial que ha sido progresivamente cerrado por una jurisprudencia extremadamente centralizadora y antiautonomista del Tribunal constitucional, cuya composición no parece poder desmentirse en años sucesivos y que está condicionado por un sistema de reforma que dificulta extraordinariamente cambios importantes en sus estructuras centrales.

No se ve por tanto cómo sea posible romper esa estructura circular cerrada en las circunstancias actuales. Pero hay que eludir las situaciones de anquilosamiento político porque suelen dar lugar a soluciones autoritarias que pretenden poner fin a las mismas. El sistema democrático tiene que encontrar formas de sortear esta posibilidad más que probable si el estancamiento persiste y el problema catalán no se reconduce a unos cauces de negociación y de debate del nuevo modelo de integración en el Estado español, como deseamos muchos.