En el Curso de Postgrado en Derecho que se está desarrollando en Toledo, en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, dedicado a la materia
iuslaboralista, y que, bajo la advocación de Oscar Ermida Uriarte, se dedica al análisis de los derechos humanos
laborales y al derecho transnacional del trabajo, del que ya se ha dado noticia
en las páginas de este blog, se ha desarrollado una sesión dedicada al estudio
del impacto de la crisis económica en los cambios de la legislación laboral que
se ha ido produciendo en los últimos tiempos.
Mientras que por la mañana Antonio
Baylos enunció los problemas más llamativos sobre la gobernanza económica
europea que supone una expropiación de la soberanía de los estados miembros al
imponer unas políticas – las “reformas
de estructura” sobre la base de la llamada austeridad – a cambio de permitir la solvencia y liquidez
financiera del Estado, y ello sobre la base de una “estricta condicionalidad
política” degradatoria del cuadro de derechos sobre el trabajo y la autonomía
colectiva. La gobernanza tiene como es lógico enormes repercusiones sobre la
situación española, en especial mediante la imposición de una excepcionalidad
normativa a través de la “urgente necesidad” del gobierno “legislador” y su
consolidación en la jurisprudencia constitucional que ha sustentado esta
posición sin fisuras, subrayando por otra parte que ésta continua a través del
derecho de veto del gobierno sobre las propuestas de ley del Congreso basado en
el art. 134.6 CE con el pretexto de que éstas pueden repercutir en el “aumento de los créditos o la disminución de los ingresos”, lo
que a fin de cuentas impone como práctica política la impotencia de la función
legislativa del Parlamento y la desvirtuación plena de la voluntad popular
expresada en unas mayorías parlamentarias que no pueden cumplir su función de
creador de normas. La hipótesis defendida por tanto es que el objetivo central
de las políticas de austeridad ha sido el desmantelamento de las garantías
estatales y colectivas del derecho del trabajo y la reconfiguración en clave
asistencialista de las estructuras de seguridad social, un modelo
neoautoritario en fin que vacía de contenido las instituciones democráticas e
incrementa las desigualdades sociales.
Esta línea de análisis tuvo continuidad en la mesa redonda sobre las
reformas de la legislación laboral y las crisis políticas y económicas de
América Latina que se celebró por la tarde. Bajo la moderación de Amparo Merino, que recreó en una
intervención primera un cuadro general sobre el impulso restrictivo de los derechos
laborales que se han ido cuajando en diversos países latinoamericanos, para desembocar
en una exposición sucesiva de tres ejemplos concretos: Puerto Rico, Brasil y
Colombia. Carlos Alá Santiago Rivera efectuó
una enérgica exposición sobre el caso portorriqueño, comenzando con las
reformas del 2006 sobre la “flexibilidad laboral” para seguir con la ley
PROMESA en el 2016 y la reforma laboral subsiguiente en el 2017, sobre las que
efectuó consideraciones muy críticas, para culminar con los terribles efectos
del huracán María en el archipiélago. Marisa
Barbato denunció los puntos más negativos de la reforma laboral y de
contención del gasto social que el gobierno golpista de Temer ha producido en Brasil, desligando esta orientación del hecho
de la crisis, relacionándolo directamente con la reversión democrática que se
está produciendo en aquel país. Finalmente, Karena Caselles describió el marco institucional colombiano
encuadrándolo en los parámetros neoliberales clásicos que actualmente se
quieren poner en práctica en otros países, pero puso mayor énfasis en la
posibilidad que el proceso de paz trae aparejado respecto a la necesidad de
considerar como condición necesaria de la paz inducir transformaciones sociales
profundas que se encaminen hacia la consecución de las coordenadas básicas de
la noción de trabajo decente, aunque criticó fuertemente los obstáculos que
desde varios poderes del Estado, incluido el poder judicial, han ido planteando
a esta tendencia.
Tras la exposición de los ponentes, se abrió un amplio debate entre los
asistentes, que aportaron experiencias y reflexiones desde Chile, México y
Argentina provenientes de las diferentes realidades nacionales y el estado de
la cuestión de las reformas de la legislación laboral pendientes, que han
confluido y enriquecido los términos generales de este debate. Un proceso de
discusión que resulta extremadamente valioso por poner en común perspectivas
comparadas que dan cuenta de situaciones bastante homogéneas originadas por lo
que se vino a denominar la fuerza normativa directa del capitalismo financiero
que actúa de manera muy incisiva en diversas coordenadas sociales y económicas.
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