SOBRE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO UNIVERSITARIO

Aunque la opinión pública no es consciente, porque se trata de un tema que no genera atención mediática, la Universidad pública española languidece lentamente en esta época post-crisis. Una lenta agonía de la universidad que se precipita, como tantas otras desgracias en nuestro país, a partir de los terribles recortes del 2010-2011 y la posterior gestión de ls mismos especialmente en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, como señaladamente sucedió  con la Universidad de Castilla La Mancha, durante el tiempo que gobernó la región Maria Dolores de Cospedal, hoy al parecer felizmente retirada de la política activa.

Por hacerlo corto, la investigación ha sido reducida a límites excepcionales, la incorporación de jóvenes a las tareas universitarias es un empeño titánico, en un panorama en donde el incremento de plantilla estable se entiende incompatible con el control del gasto público, el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda. Por ello se impide la creación de plazas de contratados estables y se fomenta la de contratados a tiempo parcial, falsos profesores asociados que hoy pueblan las aulas encargándose de partes importantes de la docencia mientras son conscientes de que jamás alcanzarán un puesto estable mientras dure esta virtual estabilización de plantilla entre los que salen por jubilación y fallecen y las nuevas contrataciones a tiempo completo. La consolidación por otra parte de la excelencia investigadora como pauta de asignación de recursos por un lado castiga a los estudios con menos doctores y de nueva creación, de otro ha generado una competencia individual sin cuartel entre los investigadores, en donde su carrera entendida como trayectoria personal basada en su valía, aparece directamente ligada a la consecución de los méritos ANECA con vistas a su acreditación, sin mayores referencias colectivas o de pertenencia a un grupo de trabajo. Tampoco los servicios universitarios están exentos de esa tendencia a la precarización. Es sabido el uso continuo de becarios en sustitución de puestos de trabajo estables en la administración de servicios, sobre los que la mera petición de que coticen por su tiempo de (falsa) formación ha provocado incluso la enérgica protesta de las autoridades universitarias, por el “enorme coste” que al parecer lleva aparejado cumplir con la legalidad. El recurso a la externalización de servicios es cada vez más practicado, y el desplazamiento de tareas administrativas hacia el personal docente e investigador es un hecho frente al que se producen cada vez más quejas.

Las condiciones de trabajo inestables e ilegales en la Universidad están atrayendo la mirada de los órganos de inspección y control de la actividad laboral, la Inspección de Trabajo, y cada vez son más numerosos los supuestos en los que la magistratura entra a considerar el caso de los profesores (falsos) asociados. Es el sindicalismo el que está interesado en este aspecto desde la temática de los derechos, recuperándola y extendiéndola a un sector, el de la docencia e investigación universitaria, que parece ignorarlo. En este blog recientemente nos hemos ocupado del tema al menos en dos ocasiones. La primera, dando cuenta de un seminario sobre los derechos del profesorado universitario y su carrera profesional (que se puede ver en este enlace Los derechos del profesorado universitario) la segunda, mediante el análisis de la nueva regulación del Personal Investigador en Formación (que se puede ver en El personal Investigador en Formación (PIF)). Hay que resaltar que son los sindicatos quienes reivindican la legalidad y defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras universitarias ante unas autoridades académicas que están empeñadas en ignorarlos o negarlos.

Las políticas de recortes que inauguró la crisis en nuestro país abortó la posibilidad de la negociación colectiva y por tanto la posibilidad de desarrollar autónomamente en cada universidad una serie de derechos sobre las condiciones de trabajo. Tradicionalmente la mediación sindical es mal considerada por los órganos de gestión universitaria, se entiende que es una rémora a los objetivos que debe cumplir la Universidad. Si antes lo sindical se consideraba un enemigo de lo excelente ahora a esa contraposición se une la de que el sindicato impide que cuadren las cuentas de los planes de inversión que pactan los Rectores con los gobiernos autonómicos.

Esta situación tan negativa se agravará en los próximos años. De un lado porque una buena parte del profesorado senior se jubilará en el arco temporal de cinco años, lo que reducirá de forma sensible el porcentaje de trabajo estable que no será compensado por la creación de nuevas plazas. Por otro, más inminente, porque hay un pesado clima anti universitario – entendido como universidad pública – que se extiende en las ideologías de extrema derecha tan presentes hoy en el panorama político español, que va a producir nuevos recortes de fondos públicos y, como enseñan las comunidades de Madrid y de Valencia, un repuntar de universidades privadas. Una tendencia al control de la autonomía universitaria tanto desde el poder publico como desde el mercado. A fin de cuentas, la excelencia se lee como capacidad de concurrir en el mercado de los productos derivados de la investigación, de la transferencia de conocimientos a las empresas y agentes privados.

En este panorama, se impone revalorizar la perspectiva sindical. Los sindicatos en la enseñanza universitaria, con todas sus carencias – que las tienen, comenzando por el grado excesivo de pluralización sindical – son los instrumentos que permiten entender el trabajo –también el universitario – como un espacio de derechos. Una labor democrática que debe ser entendida y participada por todos los miembros de la comunidad universitaria, empezando por las autoridades académicas.

Hoy, 8 de mayo, se celebran las elecciones a Juntas de Personal en la Universidad Castilla La Mancha. Iremos a votar – en mi caso la lista que presenta CC.OO. – con la convicción de que solo unos sindicatos fuertes permitirán que el trabajo universitario se dignifique y alcance los niveles que han sido degradados terriblemente como consecuencia de la legislación de la crisis.