LA TEMPORALIDAD ABERRANTE DEL PERSONAL SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El 2 de mayo es la fiesta de la Comunidad de Madrid, que el que fuera presidente de la Comunidad (CAM), Joaquin Leguina, instituyó en su día junto con la bandera roja y sus siete estrellas y el himno que nadie conoce con letra de García Calvo. Como antesala de esta festividad, y aprovechando el Primero de Mayo, las autoridades de la región y del municipio se dieron cita en IFEMA para celebrar el cierre del hospital de campaña que ha estado funcionando allí desde los primeros momentos de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. La reunión fue multitudinaria y desembocó en un gran acto institucional que congregó a más de mil personas que naturalmente incumplieron las medidas de seguridad impuestas y se apiñaron entre sí sin respetar la distancia personal a la que todos estamos obligados.

Las consecuencias de este incumplimiento de la normativa del estado de alarma no conducirán a nada, puesto que quienes lo promovieron son las máximas autoridades de la región y del municipio, y cualquier intento de sancionarles – como sin embargo sucedería a cualquier ciudadano – se interpretará como una muestra de acoso político hacia un gobierno regional como represalia por su posición crítica ante el gobierno central. Por otra parte, tanto el alcalde Almeida – al que una buena parte de la izquierda municipal y regional están insólitamente empeñados en configurarle como un pequeño Churchill ante la pandemia – como la beligerante presidenta Diaz Ayuso han pedido perdón por el “incidente”, sobre la base de que “nos dejamos llevar por un momento único” y por consiguiente el tema se considerará cerrado pese a que tímidamente la Delegación de gobierno haya abierto un expediente al respecto. Somos los ciudadanos los que podremos comprobar el diferente trato que se da a los que infringen la ley si son “autoridades” – más si pertenecen al Partido Popular  - y no necesitaremos un tuit del Vicepresidente Segundo del gobierno para que lo recordemos.

Pero lo importante de este acto es que se cerraba el hospital, festejado en multitud, y que lo que las autoridades públicas madrileñas han denominado el “milagro Ifema”, llegaba a su fin. U fin que coincidía con el de los contratos temporales del personal sanitario expresamente asumidos por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para poder hacer frente al desbordamiento del sistema sanitario de esa Comunidad. Son más de 10.000 profesionales contratados para trabajar en hospitales, SUMMA 112 y Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la falta de personal para poder hacer frente a la pandemia del COVID19. La prensa ha hablado de 8.620 contratos “de refuerzo”.

Pese a que todos los sindicatos han pedido que se prorroguen todos los contratos que se hicieron desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Consejería de Sanidad se escuda en la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2019 y asegura que “no hay posibilidad presupuestaria para mantener esos contratos más allá de la fecha estipulada en cada uno de ellos”, teniendo en cuenta que algunos de esos contratos vencieron el pasado 9 de abril. La decisión de la Consejería de sanidad de la CAM está por consiguiente fundada en la negativa del consejero de Hacienda de la región, Fernández – Lasquetty, antaño consejero él mismo de sanidad que destacó por la privatización de la sanidad en Madrid y la reducción de plantilla de los hospitales públicos.

La rescisión en cadena de los contratos temporales de estas personas que han trabajado duramente durante estos dos meses en Madrid haciendo posible la asistencia sanitaria a las personas cuya salud se encontraba más deteriorada, contagiadas por el virus, es un caso anómalo respecto de otras Comunidades Autónomas, como las de Andalucía o la de Castilla La Mancha, que han decidido prorrogar hasta finales de junio. Un fecha bastante razonable puesto que tras el fin del desbordamiento hospitalario durante el periodo álgido de la epidemia, hay que atender los retrasos de consultas, cirugías o pruebas diagnósticas que todos los servicios autonómicos de salud deben afrontar, tras el parón de la actividad asistencial en pacientes con otras patologías distintas al COVID19. En Madrid, esta reanudación complicada del servicio de asistencia sanitaria recaerá sobre un plantilla reducida y extenuada tras el esfuerzo realizado en estos dos últimos meses.

Las condiciones de empleo de este personal al que ahora se les expulsa han sido verdaderamente impactantes. Muchos de ellos han venido de otras comunidades autónomas y se les había ofrecido un contrato hasta el 30 de junio, lo que evidentemente no ha sido así. En una buena parte de las contrataciones, los contratos se han efectuado por una duración de 15 días renovables, con la intención de que en el caso que fueran infectados, se extinguiera el contrato y no tuvieran que pasar a una situación de Incapacidad temporal por enfermedad. Este personal sanitario renovaba quincenalmente su relación laboral, pese a que el objeto de la misma era el refuerzo de las estructuras sanitarias durante toda la duración de la crisis del Covid-19. Como se ha denunciado por todos los colectivos, han carecido además de las medidas de seguridad que deberían haberles protegido en su desempeño profesional, los PCR y test rápidos de anticuerpos. La propia situación de urgencia sanitaria imposibilitaba a su vez que este colectivo de personas pueda ejercitar una acción colectiva de defensa de sus intereses, forzando a la Administración a l prórroga de sus contratos.

No es necesario insistir mucho en la ignominia de este sistema. Un trabajo que es esencial, fundamental en la consecución del mantenimiento de la salud de los y las ciudadanas, ejecutado con enorme esfuerzo y desgaste físico y emocional, que se considera inmediatamente prescindible, aun a sabiendas que va a ser necesario inmediatamente para recuperar la normalidad tras la disminución de los contagios del Covid-19 y la reanudación de todas aquellas tareas que se habían suspendido ante la gravísima crisis sanitaria sufrida. Un trabajador, una trabajadora, de usar y tirar como un pañuelo de papel sucio. Una situación que no es coherente con el aplauso sincero que cada tarde se da desde los balcones a este personal – junto con el resto de las personas que llevan a cabo los trabajos esenciales durante el Estado de alarma – y que ha constituido un signo de identificación y de pertenencia a una comunidad ciudadana que defiende la función decisiva del Estado social.

Solo cabe una lectura crítica de esta decisión, porque en efecto, demuestra la aberración del pensamiento político que guía la actuación de la CAM, en una clara línea neoliberal que reduce el trabajo a una pura mercancía con independencia de la calidad del mismo, solo atendible en la cantidad con la que se le retribuye. El equipo de gobierno de la CAM no cree en el servicio público ni en la gestión de los bienes comunes, confía en la asignación de servicios a los capitales y empresas privados par sustituir la gestión directa de servicios sociales y sanitarios. Respecto de las residencias de mayores, que han atraído dramáticamente la atención del público durante estos meses, los datos sobre la titularidad privada de las mismas, y su mayor oferta respecto de las que exhibe la CAM, hablan claramente de la preferencia por el mercado y de la importancia de la prestación de servicios por empresas privadas.

Pero la crítica política a la privatización y a la visión puramente interesada y mercantilizada que conlleva el uso que ha hecho la CAM de estas contrataciones, no debe hacer olvidar que la consejería de Sanidad tiene esta conducta porque el marco legal se lo permite, con independencia de que se trate de una administración pública que debería estar guiada por los imperativos del interés general. La privatización de servicios, especialmente socio sanitarios, ha posibilitado la conclusión de contratos de obra o servicio por el tiempo de la duración de la contrata de servicios; en el interior de los servicios de salud, el personal interino y de duración determinada es extremadamente alto, y ello supone una regla que admite pocas excepciones, puesto que está directamente relacionada con la del equilibrio presupuestario y la regla de gasto que ha reducido cada año miles de empleos públicos con tasa de reposición cero o estrictamente contenida.  El término de los contratos temporales goza de enorme libertad en su determinación, que a la postre es unilateral, sin que los tribunales hayan actuado eficientemente atajando con un interpretación estricta el fraude de ley en la contratación temporal; por el contrario, la flexibilización judicial de las figuras de la temporalidad ha alentado la cultura del gestor de empresas y de recursos humanos que prefigura la política de personal y las nuevas contrataciones sobre la base de la conclusión de contratos por tiempo determinado, bajos salarios y coste muy limitado en la extinción, al calcularse la indemnización sobre el tiempo de antigüedad en la empresa en todo caso. Con ello se fomenta la rotación y sustitución de contratos temporales que se asienta sobre mujeres y jóvenes prioritariamente.

Ese cuadro normativo tiene como resultado la degradación de los derechos de los que deben gozar todas las personas que trabajan. No es posible seguir manteniendo esta cultura de la temporalidad ni en el empleo público ni en el privado, mucho menos ante la intensidad de la crisis que se presenta en los próximos meses. La idea de incorporar a los acuerdos de reconstrucción nacional en su dimensión socio-económica un gran pacto contra la temporalidad y por el empleo estable, que incluya también la restricción de la contratación temporal en todas sus manifestaciones en las Administraciones Públicas,  es un compromiso al que sindicatos, patronal y gobierno deberían llegar de manera inevitable.

Mientras tanto, la crítica política ante el uso aberrante de la temporalidad por parte de la CAM es también ineludible. No nos merecemos unos gobernantes que tratan a las personas que han dado todo su esfuerzo para proteger la salud de tantos y tantos ciudadanos, el trato de un artículo de comercio del que se puede uno desprender y dejarlo en la basura en cuanto no le de satisfacción inmediata.