Nadie
duda de la importancia de las próximas elecciones del 9 de Junio. Sin embargo,
como siempre sucede en estas citas electorales europeas, el debate local discurre
sobre acontecimientos estrictamente nacionales, de forma que el resultado de
las elecciones se valora exclusivamente en clave interna. En este caso como un
plebiscito dirigido contra la figura de Pedro Sánchez, blanco señalado
de todos los ataques de la derecha y ultraderecha - cada vez más difícil de
distinguir en sus planteamientos e incluso en sus formas de expresión - que por tanto borra por acumulación otras
referencias políticas a su izquierda y en especial la fuerza que forma parte de
la coalición de gobierno, SUMAR. En la semana que queda hasta el día de la
votación, en este blog se pretende analizar algunos de los elementos más
interesantes del debate necesario sobre las consecuencias que va a tener la
nueva formación del Parlamento europeo durante los próximos cinco años. Vamos
con el primero de ellos.
Todos los medios de comunicación
y en general los discursos de las fuerzas políticas activas en esta campaña que
tiene la gran ventaja de ofrecer un colegio electoral coincidente con el
perímetro del Estado español y en el que por tanto los 61 diputados por elegir
se repartirán en razón del voto proporcional, sin otras mediaciones como sucede
en las elecciones autonómicas o nacionales, es el del auge de las posiciones de
ultraderecha. Coincide con una situación internacional en la que estas
propuestas de regulación de la sociedad hostiles a planteamientos democráticos
y culturales progresistas pueden tener un mayor espacio de reconocimiento ciudadano,
especialmente en el caso de estados Unidos con la posible victoria de Trump en
las elecciones de noviembre. En Europa, se teme el avance de las extremas
derechas en los países fundadores, como Italia, Francia, Holanda y Alemania,
además del fortalecimiento de las posiciones de gobiernos muy reticentes a la supremacía
de las políticas de la Unión sobre las nacionales.
Sin embargo, la terrible masacre
que se lleva produciendo en Gaza por parte del gobierno de Netanyahu, un
criminal de guerra como le ha definido justamente Bernie Sanders , ha
irrumpido como hecho político relevante en el debate que se está desarrollando
en las elecciones europeas, y ello pese al apoyo decidido de Alemania y de los
grupos dirigentes de otros países europeos a la acción criminal y genocida de
Israel. Un debate en el que la izquierda está bien posicionada, como lo
demuestra que el reconocimiento de Palestina como Estado por España ha generado
un ataque desaforado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, focalizado
en la Vicepresidenta 2ª Yolanda Díaz, cuyo cese se exige como cómplice
del genocidio…del pueblo judío. Una postura que ha secundado la fuerza de
ultraderecha Vox con una reunión en Israel de apoyo decidido al gobierno israelita,
incluyendo por tanto este tema en la agenda diaria de los debates electorales
sobre Europa y la necesidad de que se de en este ámbito supranacional una
respuesta adecuada
En efecto, la situación
internacional y especialmente la masacre de Palestina que está llevando a cabo
el estado israelí, enjuiciado por el Tribunal Penal Internacional como
genocidio, plantea la necesidad de revisar el acuerdo de colaboración UE-
Israel, cuyo art. 2 compromete a las Partes a respetar los derechos humanos y
principios democráticos, algo que Israel está incumpliendo con sus ataques
contra Gaza. Piénsese que en 2022 el 28,8 % del comercio de mercancías de
Israel lo hizo con la UE, su principal socio comercial. Este objetivo concreto
no lo incorporan en sus programas ni el bloque de las derechas ni el PSOE, y no
es previsible que sea una postura que logre imponerse en la UE, pero su
popularización como medida de la exigencia
democrática que caracteriza las
relaciones comerciales de la Unión Europea, es muy importante, en el contraste
que se verifica a cada instante entre el tratamiento que se ha dado a Rusia por
el incumplimiento flagrante del Derecho Internacional ante su agresión militar
a Ucrania, y la impunidad de la que se rodea el comportamiento del estado de
Israel ante sus crímenes de guerra en Gaza.
La actualidad del peligro
ultraderechista se concentra sin embargo entre nosotros en su expresión
nacional, con sus secuelas de noticias falsas, utilización sesgada de la
judicialización de la política y estrategias de lawfare, exasperación creciente
del lenguaje y del discurso tanto en el ámbito parlamentario como en el de los
medios de comunicación, y acusaciones de corrupción contra la esposa del
presidente, unido a la adopción de la Ley de Amnistía y la imputación
consiguiente de lo que se proclama como acto inconstitucional decidido por las
mayorías parlamentarias. Aunque el discurso está salpicado por expresiones xenófobas,
claramente iliberales y antifeministas, el eje de este ataque ideológico estriba
fundamentalmente en elementos que buscan subrayar la degradación democrática
que prácticas de corrupción y de ilegalidad a la que está conduciendo el
gobierno surgido de las elecciones del 23 de julio de 2023. Y la respuesta es
justamente la contraria, es decir, insistir en la legitimidad democrática del
gobierno y de los actos legislativos producidos sobre la base un principio de
mayorías parlamentarias, negar la corrupción como un montaje sobre la falsedad
y la utilización sesgada del aparato judicial, y anunciar el peligro que supone
la previsible mayor audiencia de los planteamientos iliberales de las derechas
en la convocatoria electoral, tras un largo y frenético proceso de elecciones
autonómicas que han impedido que se desplegara el programa del gobierno durante
lo que va de legislatura y en donde es palpable el cansancio del electorado.
Es evidente que las contra argumentaciones
frente a las insidias de la ultraderecha y la derecha que funcionan al unísono,
aunque con un mayor diapasón los miembros de VOX, tienen sentido y son más que
razonables. Pero a su vez sitúa el espacio de debate de nuevo en la dimensión
cultural e ideológica de democracia/autoritarismo y progresismo/reacción. Y eso
impide hablar a fondo de los problemas reales que se plantean en la vida común
a las personas a las que se debe interpelar para que sigan optando por las
políticas que mejoren sus condiciones de existencia, además de hacer algo de
pedagogía explicando la relación que eso tiene con el destino electoral de su
voto, el Parlamento europeo.
Desde luego que es difícil escapar
al impulso centrípeto que conduce a la advertencia y a la crítica frente a la
ultraderecha, tanto en lo que respecta a nuestro país, como también en lo que
el avance de estas posiciones supondría en el conjunto del desarrollo de la
Unión Europea. Pero las fuerzas de la izquierda, y muy particularmente SUMAR
como expresión de una propuesta plurinacional de ámbito estatal, deberían desarrollar
un debate más articulado en torno al marco de regulación en el que se quiere interactuar
mediante la presencia en el Parlamento Europeo de las personas que forman parte
de esa candidatura.
Es cierto que en los mítines e
intervenciones públicas, muchos de estos aspectos son apuntados, dentro naturalmente
de la brevedad y el esquematismo que requieren estos actos electorales, pero
habría que hacer un esfuerzo por trasladarlos como elementos dominantes en la
opinión pública, y extenderlo a través de las mediaciones que se puedan
efectuar con movimientos sociales y sindicatos, a su vez éstos extremadamente
implicados en consolidar alternativas políticas que lleven a la Unión Europea
un desarrollo comprometido del Pilar Social Europeo.
Quizá el primer punto sobre el
que conviene insistir en el plan económico que han diseñado las reglas de la
nueva gobernanza económica que son extremadamente insatisfactorias. Laura
Pennacchi, desde las páginas de Il Manifesto subrayaba ayer la
necesidad de hacer frente a la obsolescencia del modelo productivo europeo,
caracterizado por el descuido de la demanda interna y la correspondiente
proyección excesiva hacia la exportación, la dependencia energética y de otras
materias primas, y el retraso tecnológico. Y añadía: “En esta situación de gran
convulsión, en la que, por declaración explícita de los gobiernos de los países
más poderosos, las reglas de la competencia ya no rigen las relaciones
económicas mundiales, sería desastroso que la futura Europa se aferrara a principios
restrictivos de gestión de las finanzas públicas y a una visión estrecha de la
competitividad y del dogma de la competencia. La «reforma de la gobernanza»,
que acaba de lanzarse, es errónea precisamente por la contradicción entre unas
nuevas reglas siempre muy restrictivas y la gran necesidad de inversión en la
transición ecológica y en la reorientación de la demanda interna hacia los
«bienes públicos europeos» (investigación básica, universidades, educación,
cultura, sanidad, medio ambiente y reordenación territorial) que habría que
satisfacer para hacer frente a la obsolescencia del modelo”.
Se trata de un aspecto no
mencionado en el discurso de las derechas pero tampoco en el del PSOE, que insiste en cuestiones más
genéricas o en propuestas de transición digital y ecológica que sin embargo
pueden estar lastradas por las rígidas limitaciones y condicionamientos de la
nueva gobernanza. En los mítines Yolanda Diaz insiste en la importancia
de frenar la austeridad 2.0 que se agazapa en este esquema, un planteamiento
que coincide por cierto con el que mantienen los sindicatos europeos y CCOO y
UGT entre nosotros. La apuesta por la Europa Social no es compatible con esta
constitución económica reforzada a través del acuerdo sobre la nueva gobernanza
que han aceptado los partidos del bloque popular, liberal y socialista, entre nosotros
tanto el PP como el PSOE. Es difícil comprender cómo podrían mantenerse los
principios de prohibición de ayudas estatales y de recurso al libre mercado financiero
ahora que la Unión Europea debe fijarse objetivos de sostenibilidad
medioambiental, tecnológica y social extremadamente exigentes y vinculantes,
incluso en términos temporales.
Además, y como señala también Laura
Pennacchi en el texto referido, hay problemas sin precedente en Europa referidos
a la dinámica de la productividad y se plantean principalmente en términos de
innovación: producto, proceso y estructura. “La atención debida a las
cuestiones de la productividad y el estancamiento de los salarios también
debería dar cabida a una relación inversa -del crecimiento de los salarios a la
productividad- a la tradicional (de la productividad a los salarios), porque la
productividad no puede crecer si los salarios no crecen. La cuestión de la
innovación, debe plantearse en términos radicales. La fase actual de la
evolución tecnológica conoce muchas turbulencias, vinculadas en particular a
los procesos asociados a la Inteligencia Artificial, de la que también hay que
señalar una militarización acuciante, y a los temibles monopolios de las Big
Tech, a los que, por supuesto, hay que oponerse. La Inteligencia Artificial
está siguiendo el mismo camino adoptado por el resto de las nuevas tecnologías,
es decir, la orientación de sus mejoras, en lugar de al aumento del bienestar
general y la expansión del empleo, a la reducción de costes y el ahorro de mano
de obra que, en última instancia, resultan ser un freno al crecimiento de la
productividad”. Por no señalar que la necesidad de la innovación tecnológica requiere
instrumentos públicos que la promuevan e impulsen, fuera de la aplicación de
los principios de la competencia.
Es esta una cuestión decisiva en
el debate sobre Europa que se hurta a la discusión política y a la opinión
pública. Jorge Uxó en una relativamente reciente intervención en la Revista
de Derecho Social 102 (2023), ha explicado de manera clara los límites de
esta reforma de las “reglas fiscales” y
la necesidad de evitar un segundo período de austeridad fiscal como el que se
produjo en el ciclo 2010-2012 y la necesidad de encontrar, en el plan
fiscal-estructural a medio plazo, el suficiente espacio para cada país para
poner en marcha el incremento de la inversión pública que se requiere para
hacer frente a la transición ecológica y digital, una necesidad que la
interpretación de las reglas aprobadas pude que reduzca de forma significativa
y con ello la posibilidad de lograr un bienestar más sostenible, ecológica y
socialmente para Europa en estos cinco próximos años.
Desplegar ante las personas que
tenemos que votar el 9 de junio este elemento crucial para avanzar en la
construcción de una Europa Social es imprescindible. Seguiremos en estas
páginas avanzando algunos análisis sobre estos retos de futuro que la izquierda
política y social afronta en esta ocasión.
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