Se habla
poco de América Latina, salvo que se trate de Venezuela, que es el trending
topic e estos primeros días del mes de vacaciones estivales en España. En
efecto, mientras se despliega agosto entre el calor del verano en estas
tierras, en el hemisferio sur acaban las vacaciones universitarias de invierno
y comienza el segundo semestre. En
Argentina, como en la universidad más importante de este país, la Universidad
de Buenos Aires (UBA), el curso no comenzó ante la huelga de docentes
universitarios en demanda de mejoras salariales y de condiciones de trabajo.
Como se puede inferir de la situación política en aquel país, la hostilidad ante
lo público se ha traducido en el desmoronamiento del uno de los sistemas
universitarios de mayor prestigio en América Latina y en Europa, con grandes y
frecuentes relaciones con la universidad española.
El 23 de abril de este mismo año,
una gran marcha federal universitaria en contra de los recortes y de la
privatización de la Universidad – de la que se hizo eco este blog en esta
entrada https://baylos.blogspot.com/2024/04/la-gran-marcha-federal-universitaria-en.html
, luego también reproducida en Insightweb.it http://insightweb.it/web/content/la-gran-marcha-universitaria-en-argentina
- consiguió que el Congreso detuviera los planes del Gobierno y se dotara a las
universidades de los recursos imprescindibles para poder mantener la normalidad
de las enseñanzas. Sin embargo, los gastos de funcionamiento representaron solo
el 3,3% del total del programa presupuestario durante 2022 y el 5,5% en 2023,
ya que “las universidades componen cerca del 85% de su presupuesto total en
masa salarial para el pago a docentes, investigadores, directivos y personal
administrativo no docente, destacándose la función de producción educativa como
fuertemente intensiva en mano de obra”, como explica un informe del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política.
Esto es lo que explica la emergencia
de la lucha salarial de los docentes universitarios cuya situación laboral no
fue atendida en la medida requerida. Hay que tener en cuenta que la inflación devora
los estipendios de los profesores de forma que los salarios reales docentes y
no docentes en las universidades nacionales han experimentado caídas mayores a
la del promedio del sector público y si no hay inversiones significativas en el
gasto público universitario, se puede estar hablando de que a finales de año se
podría caer a valores de 2005 con relación al PIB argentino. En el informe
citado se afirma que partiendo de los niveles vigentes a comienzos de diciembre
de 2023, “los salarios universitarios se ubican 55 puntos por debajo de la
inflación acumulada hasta julio de 2024”. Una pérdida de salarios reales
verdaderamente terrible. En moneda constante, el programa presupuestario
Desarrollo de la Educación Superior presenta una caída real en lo que va del
año del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual
período en 2022. Esta situación es la que explica el paro de tres días a
comienzo de la semana pasada y la huelga convocada en todas las universidades
argentinas para el 20 y 21 de agosto.
La Facultad de Derecho de la UBA ha
alertado, en un comunicado de su Junta Directiva, que la caída del poder
adquisitivo de los docentes universitarios representa una amenaza para la
continuidad de actividades como la docencia, la investigación y la extensión
universitaria. La Facultad insiste en el dato de que “los salarios docentes y
no docentes de las universidades nacionales han sufrido un deterioro del 40%
respecto a la inflación acumulada desde fin de año hasta el presente -señala el
comunicado- y a su vez han sido discriminados respecto a la pauta general de
aumentos en el sector público quedando un 20% por debajo de los aumentos
registrados en el sector”. Esta situación “pone en riesgo la continuidad de las
carreras académicas de cientos de docentes que sostienen las tareas de
formación de las nuevas generaciones de profesionales”. Además, pone en
entredicho no solo la práctica docente sino los “proyectos de investigación
científica y condiciona severamente las capacidades de intervención de la
universidad en sus comunidades a través de las acciones de extensión
universitaria, como por ejemplo el patrocinio jurídico gratuito de esta
Facultad”.
La falta de actualización del
presupuesto universitario y su corrección inmediata por los poderes públicos es
el objetivo de la convocatoria de una nueva Marcha Federal que se realizará en
septiembre, tras la escalada de huelgas que se van proclamando y que tienen el
apoyo unitario de todos los sindicatos del sector agrupados en el Frente
Sindical de Universidades Nacionales. La urgencia y la necesidad de esta actualización
ha recibido un apoyo en el Congreso de Diputados mediante la aprobación de una
moción con este texto: ““Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional a recomponer
los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir
del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la
variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo. Desde el mes siguiente a la
sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá
actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”. Contra ella votaron
los partidos en el gobierno, y pudo salir adelante por el apoyo de la UCR y
algunos independientes, pero se requiere su votación posterior en el senado
para que sea aprobada (por eso se viene a denominar “media sanción”.
El salario del profesor
universitario no solo garantiza las condiciones de existencia del personal que
se dedica a esta actividad docente e investigadora. Es un indicativo preciso
del valor que la sociedad asigna a la formación superior a través del
reconocimiento de la importancia de la función que desempeñan las personas que desarrollan
una actividad universitaria. Por eso la degradación de los salarios reales, la
desatención respecto de cualquier otra función del personal de los organismos
públicos, además de en el caso concreto de Argentina demostrar la inquina que el
Presidente y su círculo de poder tiene a la Universidad como expresión de un pensamiento
libre y crítico, supone una tragedia para toda la comunidad política de aquel país,
que ve cómo se desmorona un elemento central en su cultura y en su tradición
histórica, poniendo en peligro asimismo logros importantísimos en materia de
investigación y de transferencia de conocimiento a la sociedad. La huelga por
tanto de los docentes universitarios debe ser seguida con atención desde España
y generar una fuerte respuesta solidaria de los sindicatos y profesores de
nuestro país.
Ciertamente que el hundimiento
del sistema educativo argentino y el incremento feroz de la pobreza infantil no
se detiene en el perímetro de las universidades. El Congreso de los Diputados,
tras hacerse público el dato de que un millón de niños argentinos van a la cama
sin cenar (dato revelado por Unicef Argentina), votó un proyecto de ley en el
que no se propone ninguna medida frente al 70% de pobreza infantil, sino que
tampoco habla de invertir en infraestructura escolar, en comida para los
comedores, ni salario para los docentes que son quienes sostienen con su
esfuerzo la educación pública. Simplemente se optó por declarar servicio
esencial a efectos de huelga la educación primaria y secundaria, lo que supone
inmediatamente la restricción del ejercicio del derecho en cualquier acción huelguística
que se proclame en estos sectores. Como señaló el sindicato CONADU, “la
aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la Educación como
’servicio esencial’ es una decisión que atenta contra el derecho a la protesta
de las y los trabajadores del sistema educativo. Esto agravado por un
incremento de la brecha entre aumento salarial y aumento de la inflación que,
como hemos señalado, supera en general el 57% y llega al 101, 8 % en el cargo
inicial».
Todo un síntoma de cómo se aborda
por parte de los partidos Libertad Avanza y PRO el problema de la crisis social
y educativa en Argentina: reduciendo el gasto social, restringiendo cualquier
ayuda de tipo social y estableciendo restricciones severas a los derechos
democráticos. Un programa compartido en estos términos por la derecha y extrema
derecha de forma universal pero que en Argentina está adoptando su expresión
más violenta e injusta de la que lamentablemente nuestros medios de
comunicación no informan ni se interesan. En este blog estaremos atentos a la
evolución de estos procesos de resistencia colectiva y democrática.
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