LA MUY PREOCUPANTE INVESTIGACIÓN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

La Sala segunda del Tribunal Supremo se ha convertido en un verdadero actor político asumiendo una activa posición de deslegitimación de las decisiones del gobierno y del parlamento. Su posición rebelde frente a la ley de amnistía le ha llevado a una interpretación de la norma que es una pura “ficción jurídica”, como la definió la magistrada Ana Ferrer, para impedir su aplicación, y el recurso de inconstitucionalidad que ha planteado frente a la ley introduce argumentaciones ideológicas y políticas que revelan un claro desprecio por el principio de legalidad y la soberanía del Parlamento. A ello se ha unido un verdadero cerco al Fiscal General del Estado, aprovechando su participación en la nota que se publicó para defender la honorabilidad de la institución frente a las falsedades que el compañero sentimental de la presidenta de la CAM había deslizado para encubrir el delito de defraudación a Hacienda que había cometido. La sala de lo Penal y el juez instructor ha resuelto en este procedimiento la incautación de toda la información contenida en dispositivos y medios informáticos del Fiscal General, una decisión claramente desproporcionada que carece de sentido ante un delito menor como aquel del que se le acusa, pero que además resulta agravada porque, según informaciones de la prensa ya que el auto ha declarado secreta la instrucción sumarial, el magistrado ha ampliado desmesuradamente el período sobre el que se va a recabar esta información superando con mucho el que habían solicitado las acusaciones populares, y no ha acotado el objeto de la misma, por lo que todo un conjunto de datos y de informaciones de interés general y de índole reservada van a acabar en las manos del juez y de las acusaciones, ya veremos con qué gravísimas consecuencias que trascenderán este caso.

Se trata de una investigación exorbitante y que se inscribe claramente dentro de los procesos de lawfare que asolan las democracias en estos tiempos. La ciudadanía debe sin embargo ser informada de esta manipulación de la justicia a la que estamos asistiendo. Por eso en esta entrada se reproduce el artículo de opinión que hoy mismo, 5 de noviembre, hemos publicado un grupo de juristas en Eldiario.es y que se puede encontrar en este enlace https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/investigacion-penal-fiscal-general-causa-perplejidad-honda-preocupacion_129_11789983.html  Además de un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y antiguo miembro del CGPJ, firman el texto dos magistrados del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, uno de ellos ex Vicepresidente del CGPJ, tres magistrados de renombre y tres juristas del trabajo, dos de ellos académicos y otro bien reconocido abogado laboralista, cuyos nombres aparecen al final de este texto.

Cabría preguntarse por qué estos firmantes pertenecen al mundo laboral y reaccionan ante esta investigación penal. La respuesta es bien sencilla, porque el triunfo de esta intervención sesgada y antidemocrática contra el Fiscal General, con el terrible daño institucional que puede proyectar sobre el sistema democrático, solo puede ser aprovechado por las fuerzas más oscuras de la reacción conservadora cuyo primer objetivo, recuperado el gobierno por este tipo de traumas colectivos, será el desmantelamiento del espacio de dignidad en el trabajo que se ha ido pacientemente edificando en estos últimos años, poniendo en práctica reformas laborales  que buscan la creación y mantenimiento de un empleo de calidad en un clima de diálogo social y de promoción del hecho sindical y colectivo. Un horizonte de derechos en sintonía con la democracia social sobre la que se funda nuestra Constitución que sin embargo puede derrumbarse si el propósito desestabilizador al que estamos asistiendo llega a imponerse.

Por ello, republicamos en este modesto blog esta llamada de atención a la ciudadanía ante el grave y preocupante momento en el que nos encontramos

 

UNA INVESTIGACIÓN PENAL AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE CAUSA PERPLEJIDAD Y HONDA PREOCUPACIÓN

Las recientes actuaciones de la Sala II del Tribunal Supremo investigando al Fiscal General del Estado, y el modo en que se está llevando esta causa, nos causa perplejidad, como ciudadanos de a pie, como juristas que hemos servido durante largo tiempo como funcionarios del Estado y como demócratas conscientes de la importancia de contar con un Estado de Derecho fuerte y respetable que garantice los derechos de los ciudadanos y la fortaleza e integridad de las Instituciones que lo componen.

Los ciudadanos, a veces no alcanzan a entender los modos en que se administra justicia. Contribuye a ello la opacidad y los ritos en los que ésta se desenvuelve. Como tampoco se alcanza a entender que, en ocasiones, los órganos más importantes del Poder Judicial y de su gobierno, se convierten en actores políticos, hasta el punto de poner en entredicho la aplicación de las normas que el Parlamento aprueba. O se utilizan los procedimientos judiciales impulsados por acusaciones sedicentemente populares, para actuar con influencia en el marco político y social.

Es el caso en que se abre una investigación al Fiscal General del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de desconocido origen que, además, cabe pensar que se ha podido situar en múltiples intervinientes de ese proceso, con el grave riesgo de deslegitimar una figura esencial en el sistema democrático, y de este modo permitir que se dude de la rectitud de una Institución constitucional básica en el Estado de Derecho pues es la encargada, dentro del ámbito de la Justicia, de defender el interés público y promover ante los Tribunales el interés social. Quizás porque existen otros intereses que están en desacuerdo con la defensa de los intereses públicos y sociales que en este momento defiende este Fiscal General. Otros intereses que corresponden a los sectores reaccionarios de nuestra sociedad anclados, también, en instituciones públicas, como ocurre en los sectores más conservadores y corporativos de la judicatura y la fiscalía, que incluso han llevado a una asociación de ésta última, a ejercer la acción “popular” en este mismo proceso.

Y es en este proceso de investigación, donde parece incomprensible, la controvertida motivación por desigualitaria con los otros posibles implicados en la misma cuestionada filtración, así como con las actuaciones practicadas en los frecuentes supuestos de denunciadas vulneraciones del secreto de las deliberaciones de salas de justicia o en órganos constitucionales, la diligencia acordada por el instructor consistente en la entrada en el despacho del Fiscal General para incautar toda la información que se contenga en los dispositivos y medios informáticos, algo para lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es extremadamente cuidadosa exigiendo en su artículo 588 bis a) que dichas actuaciones de investigación sobre el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información que han de realizarse con "plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida" En este caso ni la excepcionalidad, ni la necesidad, ni la proporcionalidad de la medida parece encontrar su razón de ser como primera actuación instructora, y singularmente al ir dirigida contra las personas que ostentas cargos institucionales relevantes, aun conociendo la razonable existencia de otros posibles autores. ¿Qué ha podido ocurrir para actuar tan al margen de la razón común, de la razón jurídica y de la razón democrática?

La verdad es que ni los propios conocedores del mundo judicial alcanzamos a entender esta actuación, en la que se procede de modo tan insensible por la gravedad de lo que se promueve, que resulta extremadamente desproporcionado habida cuenta que la imputación lo es por un delito menos grave del art  497 CP y que la consecuencia inmediata es causar grave daño al prestigio de las Instituciones, y por ello a nuestro estado de derecho y a la democracia, a través del Fiscal General del Estado, por cierto, no del gobierno, poniendo bajo sospecha la actuación de todo el Ministerio Fiscal y su funciones constitucionales, entre las que se encuentra la de velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes.

Es por lo que pensamos que es necesaria una profunda reflexión sobre nuestro actual sistema de instrucción penal, y su adecuación a los modelos de los países de nuestro entorno, así como sobre la participación de acusaciones populares que no siempre pueden que estén movidas por el interés de la justicia. Y desde luego la consideración de que el adecuado funcionamiento de las Instituciones constitucionales, y los mecanismos de control de las mismas, es la base para una sociedad justa y democrática.

(A continuación, los firmantes del artículo)

Fernando Salinas Molina

Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado. Ex vicepresidente del CGPJ

Félix Pantoja García

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, jubilado. Ex vocal del CGPJ.

Antonio Baylos Grau

Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo UCLM

Joaquin Aparicio Tovar

Catedrático Emérito Jubilado de Derecho del Trabajo UCLM

Enrique Lillo Pérez

Abogado, Jubilado

Jorge Guillén Olcina

Magistrado. Jubilado.

Carlos Uribe Ubago

Magistrado, jubilado.

JuanMiguel Torres Andres

Magistado, jubilado

Jordi Agusti Juliá

Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado.

 

 

SEÑALAMIENTO PÚBLICO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS POR DEFENDER A LOS SINDICATOS EN ARGENTINA

 

El señalamiento público de personas para que posteriormente éstas sean perseguidas o agredidas por su ideología o creencias críticas con el poder establecido es una tradición heredada de las dictaduras y que en España la conocemos bien desde la experiencia franquista. Una práctica que luego han continuado los medios de comunicación empotrados con los poderes económicos y los partidos de la derecha y ultraderecha que han señalado a intelectuales, artistas, jueces o profesores de cómplices del terrorismo, o de incitación a desórdenes públicos o simplemente, en el caso de los profesores de universidad, al adoctrinamiento ideológico al alumnado. El objetivo de estos ataques no solo es el de incitar a una respuesta agresiva sobre estas personas, plenamente identificadas por el medio de que se trate, sino también el de obstruir su actividad profesional y provocar la represión institucional allá donde éstas la ejercen.

Uno de los motivos a los que acude este señalamiento mediático que precede a la agresión y a la represión de las personas denunciadas públicamente es el de cooperar, acompañar o impulsar la acción sindical y la respuesta ante las decisiones empresariales o de los poderes públicos que degradan o reducen los derechos de las personas que trabajan. El hecho de significarse en sintonía con el agente sindical es cada vez más considerado como un elemento de denuncia por parte de los medios conservadores y ultraderechistas, especialmente respecto de aquellas personas que se dedican a la enseñanza universitaria. Se parte de la convicción de que quienes actúan en unión del sindicato para la defensa de sus intereses o quienes defienden que el sindicalismo actúe en defensa de los intereses generales de las personas trabajadoras son incompatibles con la prestación de un servicio público como la enseñanza por representar intereses “de parte” y no mantener la neutralidad – cuando no la obediencia ciega - frente al Estado. Un Estado concebido por consiguiente como un enemigo del sindicalismo y viceversa, negando la construcción política del Estado Social de Derecho en la que el sindicalismo y sus derechos de acción son fundamento del pluralismo social y constituyen derechos de participación democrática que el Estado debe promover y garantizar, también en el seno de su estructura de servicios.

El argumento del “adoctrinamiento” es aún más extravagante cuando se refiere a profesores que enseñan Derecho del trabajo, en donde el estudio del sindicato como organización y sus medios de acción se despliega a través del análisis de la libertad sindical, los derechos de participación en la empresa, la negociación colectiva y el derecho de huelga, fundamentalmente. En este marco de regulación, la referencia al sindicalismo es continuo asi como la reflexión sobre sus resultados y los obstáculos que encuentra a su desarrollo. Sin embargo, desde la ideología predominante en el espacio de la información, detentado por el poder económico de la propiedad de los medios y la progresiva extensión de los discursos básicos de la extrema derecha, acompañados de la violencia cada vez más descontrolada con la que éstos se expresan, la acción sindical es estigmatizada como un elemento ajeno y contrario a la prosperidad económica y a la libertad individual de los consumidores y propietarios, que es el contenido que define la ciudadanía en la imagen que estos medios imponen. La deriva autoritaria y violenta que el discurso político conservador está adoptando en los últimos tiempos, marcado por una narrativa ultraderechista que recupera tópicos del fascismo, ha acentuado esta hostilidad ante el pensamiento crítico en el derecho y las posiciones reivindicativas de una alternativa regulatoria del trabajo en la que el sujeto colectivo sindical tenga un protagonismo decisivo.

Esto es lo que ha sucedido en Argentina, donde el presidente electo, Javier Milei, adopta un lenguaje de extrema violencia en sus comparecencias públicas en el que priva de características humanas a sus adversarios y procede a una retahíla de insultos en cada una de sus entrevistas televisivas. El avance del autoritarismo en aquel país es cada día más evidente, junto con la degradación de las condiciones de trabajo y de existencia de la mayoría de la población trabajadora. En ese contexto de violación masiva de derechos que afecta a la dignidad del trabajo, en un programa de televisión de cierto seguimiento, en el Canal La Nación + un periodista de renombre por su larga confrontación con el kirchnerismo, Luis Majul, dedicó una parte de su programa a acusar con nombres y apellidos a cuatro catedráticos y un profesor titular (en la terminología académica española) de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de “adoctrinamiento sindical” por el hecho de que estos profesores tienen una actuación profesional de defensa de los trabajadores y representan a sindicatos de trabajadores en los litigios abiertos ante los planes de privatización, despidos y reducción salarial que el gobierno está realizando.

La acusación de “adoctrinamiento” implica que estos docentes trasladarán al alumnado una concepción del derecho sesgada, no “imparcial”, y, lo que al presentador más le importaba, contraria a las medidas de recortes y privatizaciones impulsadas por el gobierno y su presidente. En todo el programa la difamación y el señalamiento público se acompañó de la manifiesta ignorancia de la altura intelectual de estos profesores, de su trayectoria universitaria, de sus publicaciones e investigaciones y de su reconocimiento internacional. Todo ese bagaje universitario no interesa a los medios de comunicación, que prefieren situar a estas personas como funcionarios siniestros de la organización sindical que se enfrenta al poder público para no perder sus privilegios y sus prebendas. Algo que en España conocemos muy bien, puesto que el discurso de la derecha extrema y la ultraderecha sigue hablando de manera delirante de los sindicalistas como “come mariscadas” que viven de las subvenciones del estado a costa de los trabajadores.

La denuncia de estos profesores ha sido condenada de manera abrumadora por una larga lista de instituciones cuya sola enunciación impresiona por su amplitud y la rapidez y contundencia en la respuesta.  Ante todo por las dos confederaciones sindicales CTA – de los Trabajadores y Autónoma, ahora en proceso de fusión – del Foro permanente de los Institutos del Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en su sede nacional, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Córdoba, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Foro Federal del Trabajo – colegios de abogados y de procuradores de la República Argentina – la Federación Judicial Argentina, la Facultad de Derecho de la UBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el sindicato de trabajadores del Subte de Buenos Aires, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, el Instituto de Derecho del Trabajo del colegio de Abogados de La Matanza, la Asociación Judicial Bonaerense, el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, la federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho.

En este blog resaltaremos el comunicado que ha efectuado la Asociación de Especialistas en Relaciones Laborales de Ex becarios de la Universidad de Bolonia, Centro Internacional de Formación de la OIT y de la Universidad de Castilla La Mancha, en su Sección Argentina, según el cual “desde la más supina de las ignorancias pretendidos comunicadores y una diputada nacional se atrevieron a cuestionar a varios de los más notables abogados laboralistas de la Argentina, titulares y adjuntos de cátedras de Derecho del Trabajo de la UBA, todos ellos concursados, sólo por ser también asesores legales de centrales u organizaciones sindicales” y “para justificar esta sorprendente y rancia acusación, estos remedos devaluados de inquisidores nada dicen de las intachables trayectorias docentes de décadas frente a los claustros; de las decenas de libros y artículos publicados en las más importantes revistas especializadas nacionales e internacionales; de las periódicas convocatorias de las más prestigiosas universidades de la región y de Europa y también de organizaciones públicas y privadas de nuestro país o de los organismos internacionales vinculados al mundo del trabajo y de la seguridad social, como, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o el Banco Mundial”.

Algunos comunicados evitan dar el nombre de estos docentes e investigadores de la UBA para evitarles una “sobre exposición”. Y posiblemente tengan razón, porque, como sigue diciendo el comunicado de la asociación de ex becarios del curso de especialistas en relaciones laborales que fundaron Umberto Romagnoli y el “Nonno” Pedro Guglielmetti, este señalamiento responde a una estrategia precisa: “No somos ingenuos y sabemos que tras la gratuita difamación a nuestros colegas se pretende encubrir el incomprensible y sistemático ataque del gobierno nacional a toda la universidad pública. También sabemos que ni nuestros colegas, ni nuestra Asociación, ni millones de argentinas y argentinos nos dejaremos amedrentar”.

Pero en este blog vamos a dar sus nombres, para que se pueda comprender la entidad de la infamia ultraderechista del señalamiento a exponentes de una generación de iuslaboralistas que suponen hoy un punto de referencia fundamental para explicar la doctrina argentina sobre el derecho del trabajo. Se trata de Juan Pablo Mugnolo, Pablo Topet, Hector Omar García, Mariano Recalde y Guillermo Gianibelli.  Son todos ellos amigos y compañeros desde hace mucho tiempo y con ellos hemos podido trabar un amplio contacto e intercambio de reflexiones y de puntos de vista sobre los problemas más acuciantes del derecho del trabajo en los diferentes marcos institucionales comparados que compartimos. Guillermo Gianibelli es además es un gran e inseparable amigo personal con el que hemos establecido una larga relación desde hace más de treinta años y con el que, como se podría comprobar fácilmente, mantenemos también una densa cooperación científica. Señalar a todos ellos como adoctrinadores y enemigos del estado es una muestra de la degradación de la esfera pública de la información y su servil puesta a disposición de los objetivos más inquietantes de un estado autoritario que busca anular la libertad de cátedra y el pensamiento crítico en materia de relaciones de trabajo.

El ataque, además, se produce en momentos del conflicto contra la universidad pública, el bloqueo a su financiación y el intento de acallar sus valores. La impresionante respuesta del sector universitario, gremial, judicial y sindical a este señalamiento personal es muy positivo, y permite ser consciente de la fuerza que la preservación de la democracia tiene todavía arraigada en una buena parte de la sociedad argentina junto a la defensa de la universidad pública y la enseñanza de calidad. Pero este hecho odioso, al margen de la solidaridad que debe producir entre nosotros y que desde ya enviamos a los afectados Mugnolo, Topet, Garcia, Recalde y Gianibelli, debe también servirnos para calibrar las pulsiones que en España se están produciendo en esta misma dirección, en una universidad pública debilitada y en algunos territorios claramente infrafinanciada. Por el momento, a través de denuncias anónimas sobre profesores “sesgados” a la izquierda o al sindicalismo, pero seguramente se irán ampliando cuando cuenten con el respaldo de un poder público que, como en Argentina, entienda que hay que silenciar a toda costa la reflexión crítica y el proyecto de reforma social. A costa de la calidad académica y de la seguridad de las personas que hacen de la creación y de la cultura libre su profesión. No queramos que el caso de nuestros colegas argentinos sea en el futuro una realidad posible en nuestro país.